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Tribunal Supremo de Puerto Rico

RUIZ RIVERA V. PEPSICO DE PR

1999 TSPR 93

Poder Judicial de Puerto Rico

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RUIZ RIVERA V. PEPSICO DE PR

CC-1997-0665

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Elizabeth Ruiz Rivera, etc.

Recurrentes

Certiorari

V.

99 TSPR 93

Pepsico de Puerto Rico, Inc., etc.

Recurridos

Número del Caso: CC-1997-0665

Abogados de la Parte Recurrente:

Ramos & Ramos-Cámara

Lcdo. Iván A. Ramos

Abogados de la Parte Recurrida:

Arias Cestero & Arias Guardiola

Lcdo. Amancio Arias Guardiola

Tribunal de Instancia, Sala Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Amneris Martínez de Cuevas

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. González Román

Fecha: 6/16/1999

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Elizabeth Ruiz Rivera,

et als

Demandantes-recurrentes

CC-97-665

Certiorari

v.

Pepsico de Puerto Rico, Inc.,

et als

Demandados-recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1999

I

El 12 de mayo de 1997, Iván A. Ramos, co-abogado de

las demandantes Elizabeth Ruiz Rivera, et al. en un caso

de daños y perjuicios, al amparo de la Regla 63.1(3) de

Procedimiento Civil, solicitó bajo juramento la inhibición

de la Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia,

Sala de San Juan, Hon. Amneris Martínez de Cuevas.

La

demanda

originalmente

fue

suscrita

el

20

de

diciembre de 1996 por la Lcda. Judith Soler Bechara de la

firma Ramos & Ramos-Cámara, quien hasta ese momento estuvo

a cargo de todos los trámites judiciales.

Antes de esa solicitud, la Juez Martínez de

CC-97-665

3

Cuevas había concedido prórroga a los demandantes, dictado

Sentencia

parcial

codemandado

y

de

desistimiento

resuelto

a

su

favor

en

un

cuanto

a

incidente

un

sobre

descubrimiento de prueba.

El Lcdo. Ramos adujo que estaría a cargo de litigar el

caso

en

sus

méritos

y

basó

su

pedido,

Martínez

de

Cuevas

conoció

de

su

participación

en

confirmación

como juez,1 por lo que

los

fines

de

contra

la

de

en

que

activa

y

su

administración

la

Juez

exitosa

renominación

era

de

la

y

“más saludable a

justicia”,

se

inhibiera. Adujo sentirse personalmente incómodo de postular

ante ella.

Referida la moción a la Juez Superior, Hon. Sonia I.

Vélez Colón, previa vista, negó la inhibición. A su juicio,

no existía apariencia de parcialidad y conducta tendente a

minar la confianza pública en el sistema de justicia. El

Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Ramos Buonomo,

González Román y Córdova Arone), confirmó. Sostuvo que la

incomodidad

personal

del

Lcdo.

Ramos

no

justificaba

la

inhibición. A su solicitud, revisamos2 vía certiorari.3

En dicha ocasión la Juez Martínez de Cuevas no fue

renominada al cargo.

1

2

Como único señalamiento discute:

“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones

al decidir que los hechos bajo los cuales se

plantea y se solicita la inhibición es un asunto

judicial y no un asunto personal.”

El 23 de enero de 1998, presentó moción en auxilio de

jurisdicción. El 30 expedimos el certiorari y se paralizaron

los procedimientos en instancia.

3

CC-97-665

4

II

La Regla 63.1(e) de Procedimiento Civil establece que de

existir

“cualquier

[...]

arrojar

dudas

su

tienda

a

sobre

minar

la

causa

que

pueda

imparcialidad

confianza

para

pública

razonablemente

adjudicar

en

el

o

que

sistema

de

justicia”, el juez debe inhibirse de actuar en el pleito o

procedimiento.4

Sabido es que la imputación de parcialidad o prejuicio,

como punta de lanza para obtener la inhibición o recusación de

un juez, debe cimentarse en cuestiones personales serias, no

triviales

ni

judiciales;

es

decir,

una

actitud

originada

extrajudicialmente en situaciones que revistan sustancialidad.

Pueblo v. Maldonado, 96 D.P.R. 897 (1969). Su existencia ha de

determinarse a la luz de la totalidad de las circunstancias,

desde la perspectiva de la mítica figura del buen padre de

familia.

pág.

Cuevas

429.

Se

Segarra,

tutela

Práctica

además,

un

Procesal

interés

Puertorriqueña,

de

trascendental

importancia en nuestros días: la confianza del pueblo en los

tribunales llamados a impartir justicia.

III

La presente situación es novel: un abogado comparece a

postular ante un Juez, contra quien abogó activamente para que

no se renombrara al cargo. Evaluado el pedido en su justa

Cónsono con dicho mandato, el Canon I de Ética Judicial

exige a los tribunales mantener “a los más altos niveles”, la

fe del pueblo en la justicia, valor esencial de la democracia.

Subraya, que “[e]n el ejercicio de su delicada función,

aquellos llamados a impartir justicia, conscientes de la

posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su

misión, deben velar porque sus actuaciones respondan a normas

de conducta que honren la integridad e independencia de su

ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la

judicatura.”

4

CC-97-665

5

perspectiva,

concluimos

que

no

procede

la

inhibición.

el

Ramos

no

plantea

en

lo

Elaboremos.

Primero,

Lcdo.

absoluto

conducta de parcialidad o prejuicio personal en su contra de

parte

de

la

Juez

Tribunal

de

Instancia

“[l]a

moción

expresa

hecho

específico

presentada

no

Martínez

de

Cuevas.

Como

de

concluyó

inhibición

alguno

el

aquí

sobre

la

probabilidad o apariencia de parcialidad, por no existir el

o los mismos, según declaró el abogado. No existe el más

leve

indicio

de

evidencia

de

conducta

parcializada

o

actuación que provenga de la magistrado que tienda a minar

la confianza pública en el sistema de justicia”. (Énfasis

suplido).

Segundo,

Apelaciones,

como

el

consignó

Canon

10

el

de

Tribunal

Ética

de

Circuito

Profesional

exige

de

al

abogado velar (favoreciendo u objetando) que la selección de

jueces sea conforme los méritos profesionales, vocación para

impartir justicia, rectitud, entereza de carácter y honradez

indiscutible. El Lcdo. Ramos actuó según este canon, y luego

configuró su solicitud de inhibición, en “la incomodidad

personal” causada por su activa participación en el proceso

de nombramientos, según su creencia, razón para que no se

renombrara a la juez.

Aún

asumiendo

que

esa

fuese

la

situación,

la

incomodidad personal que ello genera no es suficiente para

forzar

una

inhibición,

contra

el

respetable

criterio

y

discreción de la juez. Acceder conllevaría inexorablemente

la inhibición en los casos en que, contrario al de autos, el

CC-97-665

6

abogado de una parte haya fomentado y favorecido activamente

un nombramiento judicial; a fin de cuentas, ello de igual

forma

podría

configurar

la

existencia

de

“incomodidad

personal” en la parte contraria o su abogado en el pleito.

Más allá de este escenario, en su proyección de stare

decisis, esa ruta decisoria potencialmente impondría sobre

todos los jueces la inhibición compulsoria en los casos que

comparezcan a postular abogados miembros de la Comisión de

Nombramientos Judiciales del Colegio de Abogados que, en el

pasado

o

al

negativamente

presente,

hayan

recomendado

positiva

o

aspirantes a la judicatura en renominación o

nuevo nombramiento. Igual acontecería con los abogados que

por su condición de miembros del Senado de Puerto Rico

participan y asumen una u otra postura durante el trámite

constitucional

de

confirmación.

Este

abanico

de

posibilidades desestabilizaría el esquema de nombramientos

judiciales

vigente,

afectaría

adversamente

el

mejor

reclutamiento y, sobre todo, la disponibilidad de jueces

para atender y ventilar casos, ello en detrimento de una

eficiente administración de justicia.

Somos conscientes de las ansiedades y preocupaciones

que produce este tipo de situación. Ahora bien, en todos sus

niveles

la

fortaleza

de

la

judicatura

puertorriqueña

descansa en la conciencia individual de sus integrantes,

cimentada en el más alto nivel de eticidad judicial. Esas

características, concretadas en decisiones bien fundadas,

razonadas,

explicadas

y

justas,

constituyen

el

mejor

antídoto contra las suspicacias o temores de este género.

CC-97-665

7

Se dictará Sentencia confirmatoria.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

CC-97-665

8

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Elizabeth Ruiz Rivera,

et als

Demandantes-recurrentes

CC-97-665

Certiorari

v.

Pepsico de Puerto Rico, Inc.,

et als

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta sentencia y confirma la del Tribunal de

Circuito de Apelaciones de fecha 30 de septiembre de 1997.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Andréu García y el Juez Asociado señor Rebollo López no

intervienen. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no

intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo