Tribunal Supremo de Puerto Rico
RUIZ RIVERA V. PEPSICO DE PR
1999 TSPR 93
Poder Judicial de Puerto Rico
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RUIZ RIVERA V. PEPSICO DE PR
CC-1997-0665
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Elizabeth Ruiz Rivera, etc.
Recurrentes
Certiorari
V.
99 TSPR 93
Pepsico de Puerto Rico, Inc., etc.
Recurridos
Número del Caso: CC-1997-0665
Abogados de la Parte Recurrente:
Ramos & Ramos-Cámara
Lcdo. Iván A. Ramos
Abogados de la Parte Recurrida:
Arias Cestero & Arias Guardiola
Lcdo. Amancio Arias Guardiola
Tribunal de Instancia, Sala Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Amneris Martínez de Cuevas
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. González Román
Fecha: 6/16/1999
Materia: Daños y Perjuicios
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Elizabeth Ruiz Rivera,
et als
Demandantes-recurrentes
CC-97-665
Certiorari
v.
Pepsico de Puerto Rico, Inc.,
et als
Demandados-recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1999
I
El 12 de mayo de 1997, Iván A. Ramos, co-abogado de
las demandantes Elizabeth Ruiz Rivera, et al. en un caso
de daños y perjuicios, al amparo de la Regla 63.1(3) de
Procedimiento Civil, solicitó bajo juramento la inhibición
de la Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, Hon. Amneris Martínez de Cuevas.
La
demanda
originalmente
fue
suscrita
el
20
de
diciembre de 1996 por la Lcda. Judith Soler Bechara de la
firma Ramos & Ramos-Cámara, quien hasta ese momento estuvo
a cargo de todos los trámites judiciales.
Antes de esa solicitud, la Juez Martínez de
CC-97-665
3
Cuevas había concedido prórroga a los demandantes, dictado
Sentencia
parcial
codemandado
y
de
desistimiento
resuelto
a
su
favor
en
un
cuanto
a
incidente
un
sobre
descubrimiento de prueba.
El Lcdo. Ramos adujo que estaría a cargo de litigar el
caso
en
sus
méritos
y
basó
su
pedido,
Martínez
de
Cuevas
conoció
de
su
participación
en
confirmación
como juez,1 por lo que
los
fines
de
contra
la
de
en
que
activa
y
su
administración
la
Juez
exitosa
renominación
era
de
la
y
“más saludable a
justicia”,
se
inhibiera. Adujo sentirse personalmente incómodo de postular
ante ella.
Referida la moción a la Juez Superior, Hon. Sonia I.
Vélez Colón, previa vista, negó la inhibición. A su juicio,
no existía apariencia de parcialidad y conducta tendente a
minar la confianza pública en el sistema de justicia. El
Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Ramos Buonomo,
González Román y Córdova Arone), confirmó. Sostuvo que la
incomodidad
personal
del
Lcdo.
Ramos
no
justificaba
la
inhibición. A su solicitud, revisamos2 vía certiorari.3
En dicha ocasión la Juez Martínez de Cuevas no fue
renominada al cargo.
1
2
Como único señalamiento discute:
“Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones
al decidir que los hechos bajo los cuales se
plantea y se solicita la inhibición es un asunto
judicial y no un asunto personal.”
El 23 de enero de 1998, presentó moción en auxilio de
jurisdicción. El 30 expedimos el certiorari y se paralizaron
los procedimientos en instancia.
3
CC-97-665
4
II
La Regla 63.1(e) de Procedimiento Civil establece que de
existir
“cualquier
[...]
arrojar
dudas
su
tienda
a
sobre
minar
la
causa
que
pueda
imparcialidad
confianza
para
pública
razonablemente
adjudicar
en
el
o
que
sistema
de
justicia”, el juez debe inhibirse de actuar en el pleito o
procedimiento.4
Sabido es que la imputación de parcialidad o prejuicio,
como punta de lanza para obtener la inhibición o recusación de
un juez, debe cimentarse en cuestiones personales serias, no
triviales
ni
judiciales;
es
decir,
una
actitud
originada
extrajudicialmente en situaciones que revistan sustancialidad.
Pueblo v. Maldonado, 96 D.P.R. 897 (1969). Su existencia ha de
determinarse a la luz de la totalidad de las circunstancias,
desde la perspectiva de la mítica figura del buen padre de
familia.
pág.
Cuevas
429.
Se
Segarra,
tutela
Práctica
además,
un
Procesal
interés
Puertorriqueña,
de
trascendental
importancia en nuestros días: la confianza del pueblo en los
tribunales llamados a impartir justicia.
III
La presente situación es novel: un abogado comparece a
postular ante un Juez, contra quien abogó activamente para que
no se renombrara al cargo. Evaluado el pedido en su justa
Cónsono con dicho mandato, el Canon I de Ética Judicial
exige a los tribunales mantener “a los más altos niveles”, la
fe del pueblo en la justicia, valor esencial de la democracia.
Subraya, que “[e]n el ejercicio de su delicada función,
aquellos llamados a impartir justicia, conscientes de la
posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su
misión, deben velar porque sus actuaciones respondan a normas
de conducta que honren la integridad e independencia de su
ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la
judicatura.”
4
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5
perspectiva,
concluimos
que
no
procede
la
inhibición.
el
Ramos
no
plantea
en
lo
Elaboremos.
Primero,
Lcdo.
absoluto
conducta de parcialidad o prejuicio personal en su contra de
parte
de
la
Juez
Tribunal
de
Instancia
“[l]a
moción
expresa
hecho
específico
presentada
no
Martínez
de
Cuevas.
Como
de
concluyó
inhibición
alguno
el
aquí
sobre
la
probabilidad o apariencia de parcialidad, por no existir el
o los mismos, según declaró el abogado. No existe el más
leve
indicio
de
evidencia
de
conducta
parcializada
o
actuación que provenga de la magistrado que tienda a minar
la confianza pública en el sistema de justicia”. (Énfasis
suplido).
Segundo,
Apelaciones,
como
el
consignó
Canon
10
el
de
Tribunal
Ética
de
Circuito
Profesional
exige
de
al
abogado velar (favoreciendo u objetando) que la selección de
jueces sea conforme los méritos profesionales, vocación para
impartir justicia, rectitud, entereza de carácter y honradez
indiscutible. El Lcdo. Ramos actuó según este canon, y luego
configuró su solicitud de inhibición, en “la incomodidad
personal” causada por su activa participación en el proceso
de nombramientos, según su creencia, razón para que no se
renombrara a la juez.
Aún
asumiendo
que
esa
fuese
la
situación,
la
incomodidad personal que ello genera no es suficiente para
forzar
una
inhibición,
contra
el
respetable
criterio
y
discreción de la juez. Acceder conllevaría inexorablemente
la inhibición en los casos en que, contrario al de autos, el
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6
abogado de una parte haya fomentado y favorecido activamente
un nombramiento judicial; a fin de cuentas, ello de igual
forma
podría
configurar
la
existencia
de
“incomodidad
personal” en la parte contraria o su abogado en el pleito.
Más allá de este escenario, en su proyección de stare
decisis, esa ruta decisoria potencialmente impondría sobre
todos los jueces la inhibición compulsoria en los casos que
comparezcan a postular abogados miembros de la Comisión de
Nombramientos Judiciales del Colegio de Abogados que, en el
pasado
o
al
negativamente
presente,
hayan
recomendado
positiva
o
aspirantes a la judicatura en renominación o
nuevo nombramiento. Igual acontecería con los abogados que
por su condición de miembros del Senado de Puerto Rico
participan y asumen una u otra postura durante el trámite
constitucional
de
confirmación.
Este
abanico
de
posibilidades desestabilizaría el esquema de nombramientos
judiciales
vigente,
afectaría
adversamente
el
mejor
reclutamiento y, sobre todo, la disponibilidad de jueces
para atender y ventilar casos, ello en detrimento de una
eficiente administración de justicia.
Somos conscientes de las ansiedades y preocupaciones
que produce este tipo de situación. Ahora bien, en todos sus
niveles
la
fortaleza
de
la
judicatura
puertorriqueña
descansa en la conciencia individual de sus integrantes,
cimentada en el más alto nivel de eticidad judicial. Esas
características, concretadas en decisiones bien fundadas,
razonadas,
explicadas
y
justas,
constituyen
el
mejor
antídoto contra las suspicacias o temores de este género.
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7
Se dictará Sentencia confirmatoria.
ANTONIO S. NEGRON GARCIA
Juez Asociado
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Elizabeth Ruiz Rivera,
et als
Demandantes-recurrentes
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Certiorari
v.
Pepsico de Puerto Rico, Inc.,
et als
Demandados-recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta sentencia y confirma la del Tribunal de
Circuito de Apelaciones de fecha 30 de septiembre de 1997.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Andréu García y el Juez Asociado señor Rebollo López no
intervienen. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no
intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo