LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FEDERACION DE PESCADORES PLAYA PICÚA V JUNTA DE PLANIFICACION

1999 TSPR 82

Poder Judicial de Puerto Rico

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FEDERACION DE PESCADORES PLAYA PICÚA V JUNTA DE PLANIFICACION

AA-1996-8

AA-96-8

1

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Federación de Pescadores de Playa Picúa

Apelante

Apelación

V.

99TSPR82

Junta de Planificación

Apelado

Número del Caso: AA-96-8

Abogados de la Parte Apeltante:

Lcdo. Luis E. Maldonado Guzmán

Lcdo. Armando Cardona Acaba

Abogado de la Parte Apelada:

Lcdo. César E. Mercado Vega

Agencia: Junta de Planificación

Fecha: 5/27/1999

Materia:

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

AA-96-8

2

2

En el Tribunal supremo de puerto rico

Federación de Pescadores de

Playa Picúa

Apelante

v.

AA-96-8

APELACIÓN

Junta de Planificación

Apelada

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LÓPEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 1999

Resolvemos en el presente recurso que la Junta

de

Planificación

imperativo

impacto

ley,

ambiental

reglamento

ello,

de

(“Junta”)

a

concluimos

efectuar

(“DIA”)

aplicable

estaba

una

antes

al

sector

el

que

de

obligada,

por

declaración

de

promulgar

un

Punta

Picúa.

Por

reglamento

impugnado

es

reseñar

hecho

que

nulo.

I

De

entrada,

debemos

el

de

este pleito tiene múltiples facetas. La antesala fue

Federación de Pescadores v. U.S. Industries, Opinión

y

Sentencia

de

14

de

marzo

actualmente

se

encuentra

de

1994.

pendiente,

Asimismo,

ante

la

consideración del tribunal de primera instancia, un

AA-96-8

3

recurso presentado por la Federación de Pescadores en el

que

se

cuestiona

la

constitucionalidad

de

la

ley

que

permitió la adopción del reglamento que nos concierne aquí.

En aras de la brevedad y claridad, procedemos a reproducir

sólo los hechos pertinentes a la controversia que hoy nos

atañe.

La

Ley

Núm.

121

de

1ro

de

noviembre

de

1994,

12

L.P.R.A. sec. 401 et seq., establece la “nueva” política

pública ambiental para el Sector de Playa Las Picúas. Dicha

ley, entre otras cosas, derogó la Ley Núm. 1 de 23 de

febrero de 1983, según enmendada.1 En lo pertinente a la

controversia ante nos, el Artículo 3 de la Ley Núm. 121, 4

L.P.R.A. sec. 403, ordenó a la Junta a adoptar, con el

asesoramiento

del

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales, un

“...plan de manejo y un reglamento especial para

el sector Playa las Picúas..., sin que se

menoscaben los derechos de los propietarios

privados de las fincas de veinticinco (25)

cuerdas o más inscritas en el Registro de la

Propiedad en el sector, en armonía con las

disposiciones aplicables a la zona comprendida

en la designación de la Reserva Natural del Río

Espíritu Santo y de cualquier zona adyacente que

la Junta estime necesario o conveniente incluir,

dentro de los once (11) meses siguientes a la

aprobación de este Capítulo. La Junta armonizará

el reglamento que aquí se le instruye adoptar

con su Reglamento Número 17 y con el Plan del

Manejo de Zona Costanera aprobado por el

Gobernador de Puerto Rico en el año 1978.”

1

La ley derogada ordenó la expropiación de la franja de

terrenos

ubicada entre el Camino Las Picúas y la zona

marítimo terrestre de esa playa. El estatuto fue derogado

por ausencia de fondos disponibles para la expropiación.

AA-96-8

4

Actuando

conforme

al

mandato

legislativo,

la

Junta

inició el proceso para confeccionar el Plan y Reglamento.

En síntesis, el proceso para adoptar el reglamento fluyó

así:

primero,

la

Junta,

en

vista

pública,

preparó

y

presentó un borrador preliminar del “Plan y Reglamento”.

Luego,

ofreció

la

oportunidad

de

participar

y

presentar

sugerencias a otras entidades gubernamentales, propietarios

de terrenos y grupos de interés, entre otros.

Merece señalarse que la Junta de Calidad Ambiental, a

través

de

su

presidente,

Héctor

Russe

Martínez,

hizo

constar que era necesario un “... análisis abarcador de los

aspectos ambientales del Plan y Reglamento propuestos, a

fin

de

reunir

elementos

de

juicio

que

puedan

aportar

material valioso para la toma de decisiones en este caso.”

A renglón seguido, añadió que la Junta, “...como agencia

proponente[,] tiene la prerrogativa de determinar el tipo

de documento ambiental a prepararse y circularse, para así

cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública

Ambiental.”2

Finalmente, en el 1995, la Junta aprobó el “Plan y

Reglamento Especial para el sector Punta Picúa”, el cual

fue aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 30 de

noviembre de 1995 y radicado ante el Departamento de Estado

2

Nótese que, según la Junta de Calidad Ambiental, la Junta

de Planificación tenía que cumplir con el Artículo 4(c) de

la Ley de Política Pública Ambiental; la prerrogativa

consistía en el tipo de análisis de realizaría la agencia

para cumplir con la Ley.

AA-96-8

5

el 23 de abril de 1996, Reglamento Núm. 5415. Al adoptar el

Reglamento la Junta no efectuó una "declaración de impacto

ambiental".

Así las cosas, la Federación de Pescadores de Playa

Picúa,

(“Federación”),

Junta.

Argumentó

que

solicitó

el

reconsideración

recién

estrenado

ante

la

Reglamento

fue

aprobado sin que se efectuara una declaración de impacto

ambiental. La Junta rechazó esta contención, despachando el

asunto con un escueto no ha lugar.

Inconforme, acudió ante este Tribunal la Federación de

Pescadores. Plantea ante nos el mismo error invocado ante

la Junta, a saber: que era necesaria la preparación de una

declaración de impacto ambiental antes de aprobar el Plan y

Reglamento especial para el sector Punta Picúa.

Le

concedimos

expresara

al

un

plazo

a

la

Junta

para

que

se

respecto.

Ésta

así

lo

hizo.

Evaluados

los

argumentos de las partes, resolvemos.

En

su

II

comparecencia ante

este

Tribunal,

la

Junta

plantea que, con relación al Sector de Playa las Picúas, no

estaba obligada a cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley de

Política Pública Ambiental. Arguye que aprobó el Reglamento

acorde con la Ley Núm. 1213 y el Reglamento Núm. 17 de

Planificación.

Plantea

que

la

Ley

de

Política

Pública

Ambiental, aplicable al Sector Playa las Picúas, cambió al

3

12 L.P.R.A. sec. 401 y ss.

AA-96-8

6

aprobarse la Ley Núm. 121 y que, como ésta no la obligaba a

hacer una DIA, no tenía que hacerla. Por último, la Junta

indica que todas las gestiones realizadas al aprobar el

Reglamento representan un equivalente a los resultados que

obtendrían de la DIA por lo que, a su juicio, cumplieron

sustancialmente con el requisito en cuestión. Veamos.

La

política

pública

III

ambiental

en

Puerto

Rico

quedó

establecida en el 1970. Para ese entonces, a través de la

Ley Núm. 94, se instrumentó, en parte, el mandato impuesto

por la Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución.

Misión Industrial v. Junta de Planificación, 98 TSPR 86;

Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723

(1974).

Como

expresáramos

recientemente,

este

estándar

constitucional “no es meramente la expresión de un insigne

afán,

ni

constituye

tampoco

sólo

la

declaración

de

un

principio general de carácter exhortativo. Se trata, ...,

de

un

mandato

que

debe

observarse

rigurosamente,

y

que

prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza

que sea contraria a éste.” Misión Industrial v. Junta de

Calidad Ambiental, 98 TSPR 85.

La Ley, luego de establecer los principios que intenta

salvaguardar, establece uno de los pilares de la Ley de

Política Pública Ambiental: el tan invocado Artículo 4. En

4

Aprobada el 18 de junio de 1970, 12 L.P.R.A. sec. 1121 et

seq..

AA-96-8

7

síntesis,

este

Artículo

ordena

reglamentos

deben

ser

administrados

en

estricta

Pública

Ambiental.

Política

que,

las

interpretados,

leyes

y

los

implementados

o

conformidad

con

la

de

El

(c)

del

Inciso

Ley

referido

Artículo 4 es el que impone la obligación, a la legislación

o

reglamento

propuesto,

de

que

se

realice,

“antes

de

efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión

gubernamental que afecte significativamente la calidad del

medio ambiente, una declaración escrita y detallada...”5 en

torno, entre otras cosas, al impacto ambiental.6

La frase "cualquier acción" refleja la intención del

legislador

de

abarcar

un

sinnúmero

de

actuaciones

que

llevan a cabo las agencias que pueden causar un impacto

sobre el ambiente. Sin embargo de existir duda en cuanto a

si determinada actuación de una agencia se considera una

"acción",

la

sección

2.1a

del

Reglamento

sobre

Declaraciones de Impacto Ambiental creado por la Junta de

Calidad Ambiental con el fin de implementar lo requerido

por el Art. 4, enumera varias actividades que se han de

5

La Junta de Planificación no cuestiona el hecho de que, al

aprobar

el

Plan

y

Reglamento,

no

se

afectará

significativamente el ambiente.

6

Nótese que el requisito nace de la ley, no de un

reglamento. En adición a dicho requisito de ley, la sección

5.2 del Reglamento sobre Declaración de Impacto Ambiental,

Reglamento Núm. 3106, requiere una DIA para cualquier

proyecto cuya ubicación sea en un humedal o que pueda

afectar, de forma significativa, el ambiente. El Sector

Punta Picúa es uno de los veintiseis humedales con que

cuenta nuestra Isla.

AA-96-8

8

consderar "acciones" para efectos de la Ley de Política

Pública Ambiental. Una acción incluye,

[l]a toma de decisiones o cualquier otro tipo de

actividad que auspicie, fomente o proponga una

agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

tales como, actividades de expedir licencias,

concesiones o permisos, reglamentar o formular

normas,

asignar

o

liberar

fondos,

realizar

cambios sustanciales en la política pública de

las agencias y sus programas, aprobar proyectos a

través de permisos o cualquier otra decisión

reguladora, zonificar, rezonificar y presentar

propuestas de legislación. (Énfasis suplido.)

El cumplimiento del mencionado Inciso (c) del Artículo

4 de la Ley de Política Pública Ambiental, recae en la

agencia que somete la acción propuesta. García Oyola v.

J.C.A., Opinión y Sentencia de 21 de febrero de 1997; Salas

Soler v. Srio. de Agricultura, ante. Al cumplir con la

declaración,

el

proponente

tiene

la

obligación

de

considerar y detallar por escrito todas las consecuencias

ambientales

significativas

propuesta.

Esto

tiene

un

consideren

a

fondo

las

vinculadas

propósito

a

la

acción

dual:

(1)

que

consecuencias

se

ambientales

significativas de la acción o proyecto que se contempla y

(2)

que

se

informe

a

las

partes

concernidas

de

las

consecuencias ambientales aludidas para que todos puedan

tomar la acción que estimen pertinente. Misión Industrial

v. Junta de Calidad Ambiental, ante.7

7

Recientemente, describimos la importancia de la Junta de

Calidad Ambiental con relación a la política pública

ambiental del país. Expresamos que “...la labor de

fiscalización no sólo queda en manos de una entidad

AA-96-8

9

Al determinar si cierta actividad tendrá un impacto

ambiental significativo, lo que se mide es

“[e]l efecto substancial (positivo o negativo)

... sobre uno o varios elementos del ambiente,

tales como, pero sin limitarse a, una población

biótica,

un

recurso

natural,

el

ambiente

estético o cultural, la calidad de la vida, la

salud pública, los recursos renovables y no

renovables; o que pueda sacrificar los usos

beneficiosos del ambiente a largo plazo a favor

de los usos a corto plazo o viceversa...”.

Reglamento

sobre

Declaraciones

de

Impacto

Ambiental, Junta de Calidad Ambiental de 1ro de

junio de 1984.

¿Tenía la Junta de Planificación que cumplir con el

aludido Artículo 4(c)?8

La contención principal de la Junta, como hemos visto,

es

que

la

Ley

Núm.

121,

de

facto,

enmendó

la

Ley

de

Política Pública Ambiental; esto, pues el Plan y Reglamento

fue aprobado acorde con las disposiciones de la Ley Núm.

121 la cual, en su Artículo 3, establece que “[l]a Junta

armonizará el reglamento que aquí se le instruye adoptar

distinta a la que propone el proyecto en cuestión, sino

además que queda en manos de una entidad especializada en

asuntos ambientales, cuya función principal es precisamente

velar por el fiel cumplimiento de la política pública

ambiental de Puerto Rico. Se asegura así la objetividad y

el profesionalismo que es necesario para que se lleve a

cabo el mandato constitucional y estatutario de usar y

conservar los recursos naturales adecuadamente. Se asegura

además, que cada declaración de impacto ambiental sea

objeto de un doble examen, lo cual es una garantía

adicional

para

al

cumplimiento

con

el

mandato

constitucional.” Misión Industrial v. Junta de Calidad

Ambiental, ante.

8

Para determinar si era necesaria la preparación de una

DIA, el proponente tenía que efectuar una Evaluación

Ambiental. Para un análisis detallado del proceso, véase

Rodríguez, Luis E., Derecho Ambiental, 67 Núm. 4 Rev. Jur.

U.P.R. 907 (1998).

AA-96-8

10

con su Reglamento Núm. 17 y con el Plan del Manejo de Zona

Costanera...”. El argumento de la Junta parte de la premisa

de que, al no exigirse que cumpliera con las disposiciones

de la Ley de Política Pública Ambiental9, ella no tenía que

hacer una DIA al reglamentar el Sector de Playa Picúas.

Argumenta

la

Junta,

además,

que

la

Federación

de

Pescadores se equivoca al interpretar el Artículo 4(c) de

la Ley de Política Pública Ambiental. Para “ilustrar” su

punto, la Junta plantea que “[l]a herramienta principal de

la Ley 9 lo es el Artículo 4(c) y éste sólo faculta a

J.C.A. a preparar un reglamento.” Añade, en su alegato, la

Junta, que “el proceso ambiental [al adoptar un reglamento]

es responsabilidad de la agencia proponente en este caso la

Junta y la J.C.A. no tiene facultad para decidir sobre la

deseabilidad

proponente

de

cuyo

un

reglamento

propósito

al

adoptado

por

una

agencia

adoptarlo

es

precisamente

establecer un balance entre los recursos naturales y el

desarrollo económico.”

No estamos de acuerdo. No hay duda que el responsable

del cabal cumplimiento del proceso ambiental, al adoptar un

reglamento,

es

la

agencia

proponente;

sin

responsabilidad

es

para

la

Política

con

Ley

de

embargo,

su

Pública

Ambiental y no queda a discreción de la agencia proponente

cumplir con ésta o no.10 No estamos ante dos reglamentos

9

Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 12 L.P.R.A. sec. 1121

et seq..

10

Además, véase nota al calce núm. 3.

AA-96-8

11

promulgados

por

distintas

agencias;

tampoco

ante

la

aparente imposición de reglamentos de la Junta de Calidad

Ambiental a la Junta de Planificación. Por el contrario,

nos

encontramos

ante

el

mandato

expreso

de

la

Asamblea

Legislativa para establecer la Política Pública del Estado

11

Libre Asociado.

Hace

unos

veinte

y

cinco

años,

este

Tribunal

se

enfrentó a una situación extremadamente similar a la que

hoy nos ocupa. En Salas Soler v. Srio. de Agricultura,

ante, a la pág. 720, resolvimos que cierto reglamento que,

al

igual

que

aquí,

tenía

el

potencial

de

afectar

significativamente al ambiente, tenía que cumplir, antes de

que fuera promulgado, con el Artículo 4(c) de la Ley de

Política Pública Ambiental.

Por ello, el asunto ante nos se reduce a determinar si

la Ley Núm. 121, al encomendar a la Junta de Planificación

la adopción de un reglamento para Playa Picúas, eximió a

dicho

sector

de

la

Ley

de

Política

Pública

Ambiental

diseñada para el país hace más de dos décadas. Si la Junta,

al promulgar el reglamento, estaba exenta de cumplir con el

11

El Artículo 2 de la Ley Núm. 9 describe los cuatro

propósitos de la Ley. Al esbozar sus argumentos, la Junta

aparenta entender que la Ley Núm.9 simplemente creó la

Junta de Calidad Ambiental y que es ésta, a través de su

Reglamento sobre DIA’s, quien intenta imponer su reglamento

sobre la Junta de Planificación.

AA-96-8

12

Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública Ambiental, el

12

mismo sería válido, de lo contrario, su nulidad es clara.

La correcta solución del presente caso hace necesario

que reseñemos brevemente algunos postulados de hermenéutica

legal.

Como

es

sabido,

las

diferentes

secciones

de

un

estatuto deben ser interpretadas las unas con las otras,

esto es, en conjunto, como un todo armónico y efectivo, y

no separadas o aisladamente.13 De igual forma, cuando se

trata de leyes que se refieren a una misma materia, o cuyo

objeto

sea

el

mismo,

éstas

deben

ser

interpretadas

refiriéndolas unas a las otras, por cuanto lo que sea claro

en una de las leyes pueda ser tomado para explicar lo que

resulte dudoso en otra.

14

Por último, al evaluar determinado

estatuto, tenemos el deber de interpretar las disposiciones

de

forma

armoniosa,

esto

para

no

llegar

a

resultados

absurdos.15

Estas

importantes

normas

en

de

casos

hermenéutica

como

el

de

son

autos,

especialmente

en

el

cual

la

12

Aunque nadie lo ha planteado, es obvio que “[l]as reglas

o reglamentos aprobados por las agencias administrativas,

..., están sujetos continuamente a la revisión judicial.”

D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Forum, 1993, pág.

147-148.

13

Pueblo en interés del menor L.R.R., 125 D.P.R.

(1989); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986).

14

78

Artículo 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18; Pueblo

v. Zayas Colón, Opinión y Sentencia de 9 de octubre de

1995; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, (1992);

Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733 (1989).

AA-96-8

13

Asamblea Legislativa, al encomendar la confección del Plan

y

Reglamento

de

Playa Picúas a la Junta de Planificación

--mediante la Ley Núm. 121-- no expresó categóricamente si

ésta venía obligada a cumplir con las disposiciones de la

Ley de Política Pública Ambiental de 1970. Es decir, no

tenemos

una

expresión

patente

de

la

intención

del

legislador cuando encomendó a la Junta de Planificación la

elaboración del Plan y Reglamento. En consecuencia, debemos

interpretar la legislación en cuestión, conforme las normas

de hermeneútica referidas.

A nuestro juicio, el hecho de que la Ley Núm. 121 no

obligara ni excluyera a la Junta de Planificación de la

obligación de, al adoptar el Plan y Reglamento de Playa

Picúas, cumplir con la Ley Núm. 9 --específicamente con el

Artículo 4(c)-- no significa que la Junta de Planificación

pueda ignorar dicho estatuto. El mero hecho de que la Junta

de Planificación sea la agencia encargada de velar por el

desarrollo integral de Puerto Rico no es justificación para

que haga caso omiso del requisito de las DIA’s. Más aún, el

hecho de que la Junta sea la encargada de tan importante

encomienda no la sitúa en un lugar más alto o prominente

dentro del complejo mundo administrativo. El responsable de

acatar el mandato vertido en el Artículo 4(c) no es sólo la

Junta de Calidad Ambiental; este mandato trasciende estos

15

PARDAVCO, Inc. v. Secretario de Hacienda, 104 D.P.R. 65

(1975).

AA-96-8

14

límites

y

adquiere

tangencia

en

todas

las

agencias

del

E.L.A. y, por disposición expresa, a toda la legislación.

Ni la intención legislativa ni el texto de la Ley Núm.

121

demuestran

el

deseo

o

intención

del

legislador

de

abandonar la hoy vigente Ley de Política Pública Ambiental.

Por el contrario, el historial legislativo de la Ley Núm.

121

demuestra

Picúa

y

el

el

alto

interés

valor

ecológico

legislativo

de

del

Sector

Punta

protegerlo

por

considerarlo un baluarte. Así, interpretando en armonía la

ley que habilitó el Plan y Reglamento junto a la Ley de

Política Pública Ambiental de 1970, tenemos que suplir la

laguna

de

aquélla

concluyendo

que

la

Junta

tenía

que

cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública

16

Ambiental antes de promulgar el Plan y Reglamento.

Esto,

ante la evidente realidad de que ambos estatutos persiguen

el mismo fin. Normas básicas de hermenéutica legal así nos

lo imponen.

Como

expresa

“[c]ualquier

Política

el

transgresión

Pública

profesor

a

Ambiental]

lo

Demetrio

pautado

respecto

a

Fernández

por

la

ley

[de

los

linderos

de

acción[,] constituye una acción ilícita.”17 Además, véase B.

16

Nótese que la única ley derogada fue la referente a la

expropiación. No encontramos forma de, mediante fíat

judicial, derogar la Ley de Política Pública Ambiental

cuando, claramente, esa no fue la intención de la Asamblea

Legislativa.

Además,

esa

no

es

nuestra

función

constitucional. E. Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación

e Interpretación de la Leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan, Publicaciones JTS, 1987, pág. 311.

17

D. Fernández Quiñonez, op cit., pág. 148.

AA-96-8

15

Schwartz, Administrative Law, 3rd ed., Little Brown & Co.,

1991, págs. 171-173.

Por último, debemos puntualizar que la idea salomónica

de requerir una DIA es insoslayable. Evidencia de ello lo

es el siguiente pasaje:

Una declaración de impacto ambiental o DIA,

asegura que la agencia, al llegar a una

decisión, tendrá disponible, y cuidadosamente

considerara, información detallada relacionada

con el impacto ambiental significativo; además,

la DIA garantiza que la información pertinente,

estará disponible para el público en general

quien también puede jugar un papel importante,

tanto en el etapa decisional como en la

implementación de la decisión. Edmonds Institute

v. Babbitt, 1999 WL 183802 (D.C. Cir.) citando a

Methow Valley Citizens Councel 490 U.S. at 349.

(Énfasis suplido.)

El Noveno Circuito federal se ha expresado en términos

similares:

El propósito de N.E.P.A. (génesis de nuestra Ley

de Política Pública Ambiental) es asegurarse de

que la agencia tenga a su disposición toda la

información

pertinente

sobre

el

impacto

ambiental de la acción propuesta antes que se

embarque en dicha acción. Bicycle Trails Council

of Marin v. Babbitt, 82 F. 3d 1445 (9th Cir.

1996). (Énfasis suplido.)

En

conclusión,

la

Junta

de

Planificación

no

podía

ignorar, arbitraria y caprichosamente, el requisito exigido

por

el

Artículo

4(c)

de

la

Ley

de

Política

Pública

Ambiental. Véase: Natural Resources Defense Council, Inc.

v. Herrington, 768 F. 2d 1355, 1432-1433 (D.C. Cir. 1985);

Public Citizen v. N.H.T.S.A., 848 F. 2d 256, 266 (D.C. Cir.

1988).

AA-96-8

Por

16

los

IV

fundamentos que

anteceden,

procede

dictar

Sentencia anulando el Plan y reglamento especial para el

sector

Punta

Planificación;

Picúas

ello

promulgado

por

por

incumplimiento

la

Junta

craso

con

Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública Ambiental.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

de

el

AA-96-8

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Federación de Pescadores de

Playa Picúa

Apelante

v.

AA-96-8

APELACIÓN

Junta de Planificación

Apelada

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente,

se dicta Sentencia anulando el Plan y reglamento

especial para el sector Punta Picúas promulgado por la

Junta de Planificación; ello por incumplimiento craso

con el Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública

Ambiental,

al

no

haber

preparado

la

Junta

una

declaración de impacto ambiental.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

señor Andréu García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo