Tribunal Supremo de Puerto Rico
FEDERACION DE PESCADORES PLAYA PICÚA V JUNTA DE PLANIFICACION
1999 TSPR 82
Poder Judicial de Puerto Rico
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FEDERACION DE PESCADORES PLAYA PICÚA V JUNTA DE PLANIFICACION
AA-1996-8
AA-96-8
1
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Federación de Pescadores de Playa Picúa
Apelante
Apelación
V.
99TSPR82
Junta de Planificación
Apelado
Número del Caso: AA-96-8
Abogados de la Parte Apeltante:
Lcdo. Luis E. Maldonado Guzmán
Lcdo. Armando Cardona Acaba
Abogado de la Parte Apelada:
Lcdo. César E. Mercado Vega
Agencia: Junta de Planificación
Fecha: 5/27/1999
Materia:
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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como un servicio público a la comunidad.
AA-96-8
2
2
En el Tribunal supremo de puerto rico
Federación de Pescadores de
Playa Picúa
Apelante
v.
AA-96-8
APELACIÓN
Junta de Planificación
Apelada
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO
LÓPEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 1999
Resolvemos en el presente recurso que la Junta
de
Planificación
imperativo
impacto
ley,
ambiental
reglamento
ello,
de
(“Junta”)
a
concluimos
efectuar
(“DIA”)
aplicable
estaba
una
antes
al
sector
el
que
de
obligada,
por
declaración
de
promulgar
un
Punta
Picúa.
Por
reglamento
impugnado
es
reseñar
hecho
que
nulo.
I
De
entrada,
debemos
el
de
este pleito tiene múltiples facetas. La antesala fue
Federación de Pescadores v. U.S. Industries, Opinión
y
Sentencia
de
14
de
marzo
actualmente
se
encuentra
de
1994.
pendiente,
Asimismo,
ante
la
consideración del tribunal de primera instancia, un
AA-96-8
3
recurso presentado por la Federación de Pescadores en el
que
se
cuestiona
la
constitucionalidad
de
la
ley
que
permitió la adopción del reglamento que nos concierne aquí.
En aras de la brevedad y claridad, procedemos a reproducir
sólo los hechos pertinentes a la controversia que hoy nos
atañe.
La
Ley
Núm.
121
de
1ro
de
noviembre
de
1994,
12
L.P.R.A. sec. 401 et seq., establece la “nueva” política
pública ambiental para el Sector de Playa Las Picúas. Dicha
ley, entre otras cosas, derogó la Ley Núm. 1 de 23 de
febrero de 1983, según enmendada.1 En lo pertinente a la
controversia ante nos, el Artículo 3 de la Ley Núm. 121, 4
L.P.R.A. sec. 403, ordenó a la Junta a adoptar, con el
asesoramiento
del
Departamento
de
Recursos
Naturales
y
Ambientales, un
“...plan de manejo y un reglamento especial para
el sector Playa las Picúas..., sin que se
menoscaben los derechos de los propietarios
privados de las fincas de veinticinco (25)
cuerdas o más inscritas en el Registro de la
Propiedad en el sector, en armonía con las
disposiciones aplicables a la zona comprendida
en la designación de la Reserva Natural del Río
Espíritu Santo y de cualquier zona adyacente que
la Junta estime necesario o conveniente incluir,
dentro de los once (11) meses siguientes a la
aprobación de este Capítulo. La Junta armonizará
el reglamento que aquí se le instruye adoptar
con su Reglamento Número 17 y con el Plan del
Manejo de Zona Costanera aprobado por el
Gobernador de Puerto Rico en el año 1978.”
1
La ley derogada ordenó la expropiación de la franja de
terrenos
ubicada entre el Camino Las Picúas y la zona
marítimo terrestre de esa playa. El estatuto fue derogado
por ausencia de fondos disponibles para la expropiación.
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4
Actuando
conforme
al
mandato
legislativo,
la
Junta
inició el proceso para confeccionar el Plan y Reglamento.
En síntesis, el proceso para adoptar el reglamento fluyó
así:
primero,
la
Junta,
en
vista
pública,
preparó
y
presentó un borrador preliminar del “Plan y Reglamento”.
Luego,
ofreció
la
oportunidad
de
participar
y
presentar
sugerencias a otras entidades gubernamentales, propietarios
de terrenos y grupos de interés, entre otros.
Merece señalarse que la Junta de Calidad Ambiental, a
través
de
su
presidente,
Héctor
Russe
Martínez,
hizo
constar que era necesario un “... análisis abarcador de los
aspectos ambientales del Plan y Reglamento propuestos, a
fin
de
reunir
elementos
de
juicio
que
puedan
aportar
material valioso para la toma de decisiones en este caso.”
A renglón seguido, añadió que la Junta, “...como agencia
proponente[,] tiene la prerrogativa de determinar el tipo
de documento ambiental a prepararse y circularse, para así
cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública
Ambiental.”2
Finalmente, en el 1995, la Junta aprobó el “Plan y
Reglamento Especial para el sector Punta Picúa”, el cual
fue aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 30 de
noviembre de 1995 y radicado ante el Departamento de Estado
2
Nótese que, según la Junta de Calidad Ambiental, la Junta
de Planificación tenía que cumplir con el Artículo 4(c) de
la Ley de Política Pública Ambiental; la prerrogativa
consistía en el tipo de análisis de realizaría la agencia
para cumplir con la Ley.
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5
el 23 de abril de 1996, Reglamento Núm. 5415. Al adoptar el
Reglamento la Junta no efectuó una "declaración de impacto
ambiental".
Así las cosas, la Federación de Pescadores de Playa
Picúa,
(“Federación”),
Junta.
Argumentó
que
solicitó
el
reconsideración
recién
estrenado
ante
la
Reglamento
fue
aprobado sin que se efectuara una declaración de impacto
ambiental. La Junta rechazó esta contención, despachando el
asunto con un escueto no ha lugar.
Inconforme, acudió ante este Tribunal la Federación de
Pescadores. Plantea ante nos el mismo error invocado ante
la Junta, a saber: que era necesaria la preparación de una
declaración de impacto ambiental antes de aprobar el Plan y
Reglamento especial para el sector Punta Picúa.
Le
concedimos
expresara
al
un
plazo
a
la
Junta
para
que
se
respecto.
Ésta
así
lo
hizo.
Evaluados
los
argumentos de las partes, resolvemos.
En
su
II
comparecencia ante
este
Tribunal,
la
Junta
plantea que, con relación al Sector de Playa las Picúas, no
estaba obligada a cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley de
Política Pública Ambiental. Arguye que aprobó el Reglamento
acorde con la Ley Núm. 1213 y el Reglamento Núm. 17 de
Planificación.
Plantea
que
la
Ley
de
Política
Pública
Ambiental, aplicable al Sector Playa las Picúas, cambió al
3
12 L.P.R.A. sec. 401 y ss.
AA-96-8
6
aprobarse la Ley Núm. 121 y que, como ésta no la obligaba a
hacer una DIA, no tenía que hacerla. Por último, la Junta
indica que todas las gestiones realizadas al aprobar el
Reglamento representan un equivalente a los resultados que
obtendrían de la DIA por lo que, a su juicio, cumplieron
sustancialmente con el requisito en cuestión. Veamos.
La
política
pública
III
ambiental
en
Puerto
Rico
quedó
establecida en el 1970. Para ese entonces, a través de la
Ley Núm. 94, se instrumentó, en parte, el mandato impuesto
por la Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución.
Misión Industrial v. Junta de Planificación, 98 TSPR 86;
Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723
(1974).
Como
expresáramos
recientemente,
este
estándar
constitucional “no es meramente la expresión de un insigne
afán,
ni
constituye
tampoco
sólo
la
declaración
de
un
principio general de carácter exhortativo. Se trata, ...,
de
un
mandato
que
debe
observarse
rigurosamente,
y
que
prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza
que sea contraria a éste.” Misión Industrial v. Junta de
Calidad Ambiental, 98 TSPR 85.
La Ley, luego de establecer los principios que intenta
salvaguardar, establece uno de los pilares de la Ley de
Política Pública Ambiental: el tan invocado Artículo 4. En
4
Aprobada el 18 de junio de 1970, 12 L.P.R.A. sec. 1121 et
seq..
AA-96-8
7
síntesis,
este
Artículo
ordena
reglamentos
deben
ser
administrados
en
estricta
Pública
Ambiental.
Política
que,
las
interpretados,
leyes
y
los
implementados
o
conformidad
con
la
de
El
(c)
del
Inciso
Ley
referido
Artículo 4 es el que impone la obligación, a la legislación
o
reglamento
propuesto,
de
que
se
realice,
“antes
de
efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión
gubernamental que afecte significativamente la calidad del
medio ambiente, una declaración escrita y detallada...”5 en
torno, entre otras cosas, al impacto ambiental.6
La frase "cualquier acción" refleja la intención del
legislador
de
abarcar
un
sinnúmero
de
actuaciones
que
llevan a cabo las agencias que pueden causar un impacto
sobre el ambiente. Sin embargo de existir duda en cuanto a
si determinada actuación de una agencia se considera una
"acción",
la
sección
2.1a
del
Reglamento
sobre
Declaraciones de Impacto Ambiental creado por la Junta de
Calidad Ambiental con el fin de implementar lo requerido
por el Art. 4, enumera varias actividades que se han de
5
La Junta de Planificación no cuestiona el hecho de que, al
aprobar
el
Plan
y
Reglamento,
no
se
afectará
significativamente el ambiente.
6
Nótese que el requisito nace de la ley, no de un
reglamento. En adición a dicho requisito de ley, la sección
5.2 del Reglamento sobre Declaración de Impacto Ambiental,
Reglamento Núm. 3106, requiere una DIA para cualquier
proyecto cuya ubicación sea en un humedal o que pueda
afectar, de forma significativa, el ambiente. El Sector
Punta Picúa es uno de los veintiseis humedales con que
cuenta nuestra Isla.
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8
consderar "acciones" para efectos de la Ley de Política
Pública Ambiental. Una acción incluye,
[l]a toma de decisiones o cualquier otro tipo de
actividad que auspicie, fomente o proponga una
agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
tales como, actividades de expedir licencias,
concesiones o permisos, reglamentar o formular
normas,
asignar
o
liberar
fondos,
realizar
cambios sustanciales en la política pública de
las agencias y sus programas, aprobar proyectos a
través de permisos o cualquier otra decisión
reguladora, zonificar, rezonificar y presentar
propuestas de legislación. (Énfasis suplido.)
El cumplimiento del mencionado Inciso (c) del Artículo
4 de la Ley de Política Pública Ambiental, recae en la
agencia que somete la acción propuesta. García Oyola v.
J.C.A., Opinión y Sentencia de 21 de febrero de 1997; Salas
Soler v. Srio. de Agricultura, ante. Al cumplir con la
declaración,
el
proponente
tiene
la
obligación
de
considerar y detallar por escrito todas las consecuencias
ambientales
significativas
propuesta.
Esto
tiene
un
consideren
a
fondo
las
vinculadas
propósito
a
la
acción
dual:
(1)
que
consecuencias
se
ambientales
significativas de la acción o proyecto que se contempla y
(2)
que
se
informe
a
las
partes
concernidas
de
las
consecuencias ambientales aludidas para que todos puedan
tomar la acción que estimen pertinente. Misión Industrial
v. Junta de Calidad Ambiental, ante.7
7
Recientemente, describimos la importancia de la Junta de
Calidad Ambiental con relación a la política pública
ambiental del país. Expresamos que “...la labor de
fiscalización no sólo queda en manos de una entidad
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9
Al determinar si cierta actividad tendrá un impacto
ambiental significativo, lo que se mide es
“[e]l efecto substancial (positivo o negativo)
... sobre uno o varios elementos del ambiente,
tales como, pero sin limitarse a, una población
biótica,
un
recurso
natural,
el
ambiente
estético o cultural, la calidad de la vida, la
salud pública, los recursos renovables y no
renovables; o que pueda sacrificar los usos
beneficiosos del ambiente a largo plazo a favor
de los usos a corto plazo o viceversa...”.
Reglamento
sobre
Declaraciones
de
Impacto
Ambiental, Junta de Calidad Ambiental de 1ro de
junio de 1984.
¿Tenía la Junta de Planificación que cumplir con el
aludido Artículo 4(c)?8
La contención principal de la Junta, como hemos visto,
es
que
la
Ley
Núm.
121,
de
facto,
enmendó
la
Ley
de
Política Pública Ambiental; esto, pues el Plan y Reglamento
fue aprobado acorde con las disposiciones de la Ley Núm.
121 la cual, en su Artículo 3, establece que “[l]a Junta
armonizará el reglamento que aquí se le instruye adoptar
distinta a la que propone el proyecto en cuestión, sino
además que queda en manos de una entidad especializada en
asuntos ambientales, cuya función principal es precisamente
velar por el fiel cumplimiento de la política pública
ambiental de Puerto Rico. Se asegura así la objetividad y
el profesionalismo que es necesario para que se lleve a
cabo el mandato constitucional y estatutario de usar y
conservar los recursos naturales adecuadamente. Se asegura
además, que cada declaración de impacto ambiental sea
objeto de un doble examen, lo cual es una garantía
adicional
para
al
cumplimiento
con
el
mandato
constitucional.” Misión Industrial v. Junta de Calidad
Ambiental, ante.
8
Para determinar si era necesaria la preparación de una
DIA, el proponente tenía que efectuar una Evaluación
Ambiental. Para un análisis detallado del proceso, véase
Rodríguez, Luis E., Derecho Ambiental, 67 Núm. 4 Rev. Jur.
U.P.R. 907 (1998).
AA-96-8
10
con su Reglamento Núm. 17 y con el Plan del Manejo de Zona
Costanera...”. El argumento de la Junta parte de la premisa
de que, al no exigirse que cumpliera con las disposiciones
de la Ley de Política Pública Ambiental9, ella no tenía que
hacer una DIA al reglamentar el Sector de Playa Picúas.
Argumenta
la
Junta,
además,
que
la
Federación
de
Pescadores se equivoca al interpretar el Artículo 4(c) de
la Ley de Política Pública Ambiental. Para “ilustrar” su
punto, la Junta plantea que “[l]a herramienta principal de
la Ley 9 lo es el Artículo 4(c) y éste sólo faculta a
J.C.A. a preparar un reglamento.” Añade, en su alegato, la
Junta, que “el proceso ambiental [al adoptar un reglamento]
es responsabilidad de la agencia proponente en este caso la
Junta y la J.C.A. no tiene facultad para decidir sobre la
deseabilidad
proponente
de
cuyo
un
reglamento
propósito
al
adoptado
por
una
agencia
adoptarlo
es
precisamente
establecer un balance entre los recursos naturales y el
desarrollo económico.”
No estamos de acuerdo. No hay duda que el responsable
del cabal cumplimiento del proceso ambiental, al adoptar un
reglamento,
es
la
agencia
proponente;
sin
responsabilidad
es
para
la
Política
con
Ley
de
embargo,
su
Pública
Ambiental y no queda a discreción de la agencia proponente
cumplir con ésta o no.10 No estamos ante dos reglamentos
9
Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 12 L.P.R.A. sec. 1121
et seq..
10
Además, véase nota al calce núm. 3.
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11
promulgados
por
distintas
agencias;
tampoco
ante
la
aparente imposición de reglamentos de la Junta de Calidad
Ambiental a la Junta de Planificación. Por el contrario,
nos
encontramos
ante
el
mandato
expreso
de
la
Asamblea
Legislativa para establecer la Política Pública del Estado
11
Libre Asociado.
Hace
unos
veinte
y
cinco
años,
este
Tribunal
se
enfrentó a una situación extremadamente similar a la que
hoy nos ocupa. En Salas Soler v. Srio. de Agricultura,
ante, a la pág. 720, resolvimos que cierto reglamento que,
al
igual
que
aquí,
tenía
el
potencial
de
afectar
significativamente al ambiente, tenía que cumplir, antes de
que fuera promulgado, con el Artículo 4(c) de la Ley de
Política Pública Ambiental.
Por ello, el asunto ante nos se reduce a determinar si
la Ley Núm. 121, al encomendar a la Junta de Planificación
la adopción de un reglamento para Playa Picúas, eximió a
dicho
sector
de
la
Ley
de
Política
Pública
Ambiental
diseñada para el país hace más de dos décadas. Si la Junta,
al promulgar el reglamento, estaba exenta de cumplir con el
11
El Artículo 2 de la Ley Núm. 9 describe los cuatro
propósitos de la Ley. Al esbozar sus argumentos, la Junta
aparenta entender que la Ley Núm.9 simplemente creó la
Junta de Calidad Ambiental y que es ésta, a través de su
Reglamento sobre DIA’s, quien intenta imponer su reglamento
sobre la Junta de Planificación.
AA-96-8
12
Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública Ambiental, el
12
mismo sería válido, de lo contrario, su nulidad es clara.
La correcta solución del presente caso hace necesario
que reseñemos brevemente algunos postulados de hermenéutica
legal.
Como
es
sabido,
las
diferentes
secciones
de
un
estatuto deben ser interpretadas las unas con las otras,
esto es, en conjunto, como un todo armónico y efectivo, y
no separadas o aisladamente.13 De igual forma, cuando se
trata de leyes que se refieren a una misma materia, o cuyo
objeto
sea
el
mismo,
éstas
deben
ser
interpretadas
refiriéndolas unas a las otras, por cuanto lo que sea claro
en una de las leyes pueda ser tomado para explicar lo que
resulte dudoso en otra.
14
Por último, al evaluar determinado
estatuto, tenemos el deber de interpretar las disposiciones
de
forma
armoniosa,
esto
para
no
llegar
a
resultados
absurdos.15
Estas
importantes
normas
en
de
casos
hermenéutica
como
el
de
son
autos,
especialmente
en
el
cual
la
12
Aunque nadie lo ha planteado, es obvio que “[l]as reglas
o reglamentos aprobados por las agencias administrativas,
..., están sujetos continuamente a la revisión judicial.”
D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, Forum, 1993, pág.
147-148.
13
Pueblo en interés del menor L.R.R., 125 D.P.R.
(1989); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986).
14
78
Artículo 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18; Pueblo
v. Zayas Colón, Opinión y Sentencia de 9 de octubre de
1995; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, (1992);
Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733 (1989).
AA-96-8
13
Asamblea Legislativa, al encomendar la confección del Plan
y
Reglamento
de
Playa Picúas a la Junta de Planificación
--mediante la Ley Núm. 121-- no expresó categóricamente si
ésta venía obligada a cumplir con las disposiciones de la
Ley de Política Pública Ambiental de 1970. Es decir, no
tenemos
una
expresión
patente
de
la
intención
del
legislador cuando encomendó a la Junta de Planificación la
elaboración del Plan y Reglamento. En consecuencia, debemos
interpretar la legislación en cuestión, conforme las normas
de hermeneútica referidas.
A nuestro juicio, el hecho de que la Ley Núm. 121 no
obligara ni excluyera a la Junta de Planificación de la
obligación de, al adoptar el Plan y Reglamento de Playa
Picúas, cumplir con la Ley Núm. 9 --específicamente con el
Artículo 4(c)-- no significa que la Junta de Planificación
pueda ignorar dicho estatuto. El mero hecho de que la Junta
de Planificación sea la agencia encargada de velar por el
desarrollo integral de Puerto Rico no es justificación para
que haga caso omiso del requisito de las DIA’s. Más aún, el
hecho de que la Junta sea la encargada de tan importante
encomienda no la sitúa en un lugar más alto o prominente
dentro del complejo mundo administrativo. El responsable de
acatar el mandato vertido en el Artículo 4(c) no es sólo la
Junta de Calidad Ambiental; este mandato trasciende estos
15
PARDAVCO, Inc. v. Secretario de Hacienda, 104 D.P.R. 65
(1975).
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14
límites
y
adquiere
tangencia
en
todas
las
agencias
del
E.L.A. y, por disposición expresa, a toda la legislación.
Ni la intención legislativa ni el texto de la Ley Núm.
121
demuestran
el
deseo
o
intención
del
legislador
de
abandonar la hoy vigente Ley de Política Pública Ambiental.
Por el contrario, el historial legislativo de la Ley Núm.
121
demuestra
Picúa
y
el
el
alto
interés
valor
ecológico
legislativo
de
del
Sector
Punta
protegerlo
por
considerarlo un baluarte. Así, interpretando en armonía la
ley que habilitó el Plan y Reglamento junto a la Ley de
Política Pública Ambiental de 1970, tenemos que suplir la
laguna
de
aquélla
concluyendo
que
la
Junta
tenía
que
cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública
16
Ambiental antes de promulgar el Plan y Reglamento.
Esto,
ante la evidente realidad de que ambos estatutos persiguen
el mismo fin. Normas básicas de hermenéutica legal así nos
lo imponen.
Como
expresa
“[c]ualquier
Política
el
transgresión
Pública
profesor
a
Ambiental]
lo
Demetrio
pautado
respecto
a
Fernández
por
la
ley
[de
los
linderos
de
acción[,] constituye una acción ilícita.”17 Además, véase B.
16
Nótese que la única ley derogada fue la referente a la
expropiación. No encontramos forma de, mediante fíat
judicial, derogar la Ley de Política Pública Ambiental
cuando, claramente, esa no fue la intención de la Asamblea
Legislativa.
Además,
esa
no
es
nuestra
función
constitucional. E. Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación
e Interpretación de la Leyes en Puerto Rico, 2da ed., San
Juan, Publicaciones JTS, 1987, pág. 311.
17
D. Fernández Quiñonez, op cit., pág. 148.
AA-96-8
15
Schwartz, Administrative Law, 3rd ed., Little Brown & Co.,
1991, págs. 171-173.
Por último, debemos puntualizar que la idea salomónica
de requerir una DIA es insoslayable. Evidencia de ello lo
es el siguiente pasaje:
Una declaración de impacto ambiental o DIA,
asegura que la agencia, al llegar a una
decisión, tendrá disponible, y cuidadosamente
considerara, información detallada relacionada
con el impacto ambiental significativo; además,
la DIA garantiza que la información pertinente,
estará disponible para el público en general
quien también puede jugar un papel importante,
tanto en el etapa decisional como en la
implementación de la decisión. Edmonds Institute
v. Babbitt, 1999 WL 183802 (D.C. Cir.) citando a
Methow Valley Citizens Councel 490 U.S. at 349.
(Énfasis suplido.)
El Noveno Circuito federal se ha expresado en términos
similares:
El propósito de N.E.P.A. (génesis de nuestra Ley
de Política Pública Ambiental) es asegurarse de
que la agencia tenga a su disposición toda la
información
pertinente
sobre
el
impacto
ambiental de la acción propuesta antes que se
embarque en dicha acción. Bicycle Trails Council
of Marin v. Babbitt, 82 F. 3d 1445 (9th Cir.
1996). (Énfasis suplido.)
En
conclusión,
la
Junta
de
Planificación
no
podía
ignorar, arbitraria y caprichosamente, el requisito exigido
por
el
Artículo
4(c)
de
la
Ley
de
Política
Pública
Ambiental. Véase: Natural Resources Defense Council, Inc.
v. Herrington, 768 F. 2d 1355, 1432-1433 (D.C. Cir. 1985);
Public Citizen v. N.H.T.S.A., 848 F. 2d 256, 266 (D.C. Cir.
1988).
AA-96-8
Por
16
los
IV
fundamentos que
anteceden,
procede
dictar
Sentencia anulando el Plan y reglamento especial para el
sector
Punta
Planificación;
Picúas
ello
promulgado
por
por
incumplimiento
la
Junta
craso
con
Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública Ambiental.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
de
el
AA-96-8
17
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Federación de Pescadores de
Playa Picúa
Apelante
v.
AA-96-8
APELACIÓN
Junta de Planificación
Apelada
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente,
se dicta Sentencia anulando el Plan y reglamento
especial para el sector Punta Picúas promulgado por la
Junta de Planificación; ello por incumplimiento craso
con el Artículo 4(c) de la Ley de Política Pública
Ambiental,
al
no
haber
preparado
la
Junta
una
declaración de impacto ambiental.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor Andréu García no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo