LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

1999 TSPR 83

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Luis Rolón García y otros

Recurrentes

Certiorari

V.

99 TSPR 83

Charlie Car Rental, Inc. y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-1997-0773

Abogados de la Parte Recurrente:

Lcdo. Víctor M. Rivera Torres

Bufete Rivera Colón, Rivera Torres

& Ríos Berly

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. héctor Saldaña Egozcue

Abogados del Dpto. Del Trabajo:

Lcda. Marilyn Rodas Mulero

Tribunal de Instancia, Sala Superior de Carolina

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Ismael Almodóvar

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. Rodríguez García

Fecha: 6/2/1999

Materia: Reclamación de Salarios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Rolón García y Otros

Demandantes-Recurrentes

vs.

CC-1997-773

Certiorari

Charlie Car Rental, Inc.,

y Otros

Demandados-Recurridos

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 1999.

La co-recurrida Charlie Leasing Company, Inc., en

adelante “Charlie Leasing”, se dedica principalmente al

alquiler de vehículos de motor en Puerto Rico.

La co-

recurrida Charlie Car Rental, Inc., es subsidiaria de

la primera y ambas realizan negocios similares.

última,

además,

de

manera

accesoria

disponía

Esta

de

la

flota de vehículos mediante venta al público cuando las

unidades no reunían los criterios establecidos por la

empresa para el negocio de alquiler.

El 20 de septiembre de 1985, el recurrente Luis

Rolón

García,

comenzó

a

trabajar

para

Rental

en

fase

del

negocio

que

la

Charlie

sólo

Car

CC-1997-773

3

comprendía la venta de vehículos antes mencionada.1

Tras

nueve (9) años de trabajar para las recurridas, el 10 de

mayo de 1994 Rolón García, su esposa Ruth Miriam Anaya

Crespo y la sociedad de gananciales integrada por ambos,

presentaron

una

Tribunal

Primera

de

querella

contra

las

recurridas

Instancia,

Sala

de

ante

Carolina,

el

para

reclamar el pago de horas extras trabajadas, y el pago

correspondiente

a

disfrutadas,

amparo

al

las

horas

de

tomar

de

Ley

de

la

alimentos

Horas

y

Días

no

de

Trabajo, Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A.

sec. 271 et seq.

Además, reclamaron igual cantidad en

concepto de penalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley

Núm. 379, supra.

Se acogieron al procedimiento sumario

para querellas laborales dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17

de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.

mayo

de

1994,

las

recurridas

contestaron

la

El 20 de

querella

y

expusieron como única defensa que al amparo de la referida

Ley Núm. 379, Rolón García era un administrador, según la

definición del Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario

Mínimo

de

Puerto

Rico,

infra,

razón

por

la

cual

no

le

aplicaban las disposiciones de la Ley Núm. 379, supra.

Luego de varios trámites procesales, el tribunal de

instancia celebró una vista a los fines de determinar si

Rolón

1

García

era

un

empleado

o

un

administrador.

El

El recurrente fue contratado por el entonces presidente de

la compañía, Charles Christensen.

Con anterioridad a ser

contratado, Rolón García tenía varios años de experiencia

en la venta de vehículos de motor.

CC-1997-773

4

tribunal referido también solicitó a las partes presentar

sus respectivos memorandos de derecho.

1996,

luego

documental,

de

el

evaluar

foro

de

la

El 20 de marzo de

evidencia

instancia

emitió

testifical

una

y

sentencia

parcial y resolvió que el recurrente era un empleado, razón

por la cual le aplicaban las disposiciones de la Ley Núm.

379,

supra.

esencia

Según

durante

querella,

Rolón

el

determinó

período

García

se

el

de

foro

tiempo

dedicaba

de

instancia,

en

comprendido

en

la

principalmente

a

la

venta de vehículos de motor para Charlie Car Rental y a los

trámites necesarios para ello.

Sus labores principales y

el tiempo dedicado a éstas eran las siguientes:

a.

Atendía

al

público

que

visitaba

el

establecimiento del patrono querellado con el

objetivo de comprar vehículos de motor que se

encontraban para la venta. (Venta: 50% del

tiempo de trabajo de Rolón García.)

b.

Llenaba y tramitaba toda la documentación

relativa a la venta, una vez ésta se

realizaba. Ello incluía gestiones encaminadas

al saldo de la deuda de la unidad, al

gravamen de ésta, al traspaso del título del

vehículo vendido en las instituciones y

agencias correspondientes. Estas labores de

llenar y tramitar documentos consumía 20% del

tiempo de trabajo del vendedor. Otro 20% se

dedicaba a hacer las gestiones correspondientes en las entidades financieras.

c.

Efectuar depósitos producto de la venta en el

Banco.

Estas labores bancarias ocupaban 5%

del tiempo de trabajo.

El restante 5% del trabajo de Rolón García se dedicaba

a tareas como las siguientes:

d.

Hacía contacto con los

publicación de anuncios.

periódicos

para

la

CC-1997-773

5

e.

Asistía a las reuniones que se celebraban los

miércoles o, en ocasiones, una vez al mes. A

las reuniones semanales asistían las personas

cuyos puestos eran de gerentes así como otros

empleados no clasificados como tales.

f.

Preparaba un expediente a cada automóvil del

área de alquiler.

El proceso consistía en

sacar fotocopia de la licencia, copia de

llaves, unir los documentos sobre garantía y

archivar.

g.

Lavaba y acondicionaba la unidad a ser

vendida en ocasiones, aun cuando no era su

función principal.

h.

Daba transportación a los clientes de Charlie

Leasing y Charlie Car Rental al aeropuerto,

una vez éstos entregaban la unidad que habían

arrendado, si existía la necesidad de que

[é]l diera ese servicio.

Al analizar las tareas del querellante, el foro de

instancia

concluyó

que

las

labores

que

Rolón

García

realizaba eran de naturaleza “manual”, tareas a las que

dedicaba el 95% de su tiempo de trabajo, y que no estaban

directamente relacionadas con las normas de la dirección de

la empresa.

También encontró probado que las funciones del

querellante no conllevaban ejercicio de discreción y juicio

independiente sino que se limitaba a “seguir las pautas

previamente establecidas para la venta de los automóviles

cuya

designación

Sierra”2.

y

precio

habían

fijado

Christensen

o

Aunque encontró probado que en los últimos años

al querellante se le consultaba sobre el precio sugerido

para la venta de las unidades, el precio mínimo final era

2

Charles Cristensen ocupó el puesto de Presidente de

Charlie Car Rental hasta el año 1989, año en el cual nombró

a Juan P. Sierra Benítez como nuevo Presidente.

CC-1997-773

6

establecido por el Presidente.

discreción

para

vender

el

El querellante sólo tenía

vehículo

sobre

el

precio

previamente establecido pero necesitaba el consentimiento y

la

autorización

unidad

a

un

determinó,

expresa

precio

además,

del

Presidente

menor.

que

El

Rolón

para

tribunal

García

vender

de

tenía

la

instancia

experiencia

dentro del campo de la venta de automóviles, trabajo que

desempeñó durante los últimos veinte años.

Inconforme,

apelación

ante

la

parte

querellada

el

Tribunal

de

presentó

Circuito

de

recurso

de

Apelaciones.

Alegó en síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia

había

errado

al

administrador.

no

El

resolver

13

de

que

el

noviembre

querellante

de

1997,

era

el

un

foro

apelativo expidió el auto solicitado y revocó al tribunal

de

instancia.

Resolvió

que

en

el

desempeño

de

sus

funciones, Rolón García cumplió con todos los requisitos

establecidos

Salario

en

Mínimo,

el

Reglamento

infra,

para

Núm.

ser

13

de

la

Junta

de

administrador.

Al

así

hacerlo, modificó varias de las determinaciones de hechos

de instancia y confirmó otras.

En primer lugar, determinó

que, una vez la compañía seleccionaba los vehículos que

serían

vendidos

y

establecía

el

precio

mínimo

para

la

venta, Rolón García era la persona encargada de dirigir

toda la operación sobre la venta de los vehículos.

razón,

el

foro

apelativo

concluyó

que

las

Por tal

funciones

principales del querellante no eran manuales como concluyó

el tribunal de instancia y que “[c]ualquier labor manual

CC-1997-773

7

que éste realizara era incidental o accesaria”.

Concluyó,

además, que ”[s]i bien Rolón García no participaba de la

determinación de qué vehículos se iban a vender, si se le

solicitaba su recomendación para la determinación de los

precios en los que habrían de venderse los vehículos”, por

lo

cual,

“tenía

necesariamente

que

ejercer

independiente al hacer estas recomendaciones”.

un

juicio

El tribunal

de apelaciones también modificó la determinación del foro

de instancia en cuanto a la distribución del tiempo según

las tareas realizadas por Rolón García y añadió una serie

de labores que, según razonó, no habían sido consideradas

por el tribunal.

Determinó, pues, contrario a lo resuelto

por el tribunal de instancia, que el querellante “invertía

la mayor parte del tiempo en labores (de naturaleza no

manual) relacionadas directamente con la dirección de la

empresa”.

El 22 de diciembre de 1997, Rolón García recurrió ante

nos.

Alegó,

en

síntesis,

que

el

foro

apelativo

había

errado al sustituir el criterio de apreciación de la prueba

del Tribunal de Primera Instancia por su propio criterio;

al acoger totalmente la versión de los hechos sometida por

el querellado en su alegato de certiorari sin el beneficio

de una exposición narrativa de la prueba; y al concluir,

contrario

al

dictamen

del

foro

de

instancia,

que

el

querellante era un administrador y no un empleado.

El 13 de marzo de 1998, expedimos el recurso.

El 30 de

junio de 1998, la parte peticionaria presentó su alegato.

CC-1997-773

8

El 31 de julio de 1998, la recurrida presentó el suyo. El 6

de agosto de 1998 la peticionaria presentó una dúplica a la

réplica.

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas

partes, procedemos a resolver.

I.

Tanto el patrono como el empleado en el caso de autos

han

trabado

la

controversia

entre

ellos

al

amparo

estrictamente de la Ley de Horas y Días de Trabajo, supra,

que regula lo concerniente con la jornada de trabajo de los

empleados a quienes le aplica, así como el pago de horas

extras.

ante

La Ley referida bajo la cual ha surgido el pleito

nos,

dispone

cómo

se

pagará

a

los

empleados

que

trabajan en exceso de la jornada regular de ocho (8) horas

diarias e indica cuáles son las reclamaciones a las que

tienen

derecho.

No

obstante,

expreso,

esta

Ley

no

por

incluye

a

mandato

legislativo

los

“ejecutivos,

administradores ni profesionales, según estos términos sean

definidos por la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico”3.

29 L.P.R.A. 288.

Conforme a esta delegación, la Junta

referida definió los tres términos mencionados mediante el

Reglamento

Núm.

13,

infra.

Nuestra

intervención

en

esta

etapa de los procedimientos se limita, pues, a revisar si,

a la luz del Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario

3

Mediante la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, se

eliminó la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico y sus

poderes se transfirieron al Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos.

CC-1997-773

9

Mínimo, infra, Rolón García es “empleado” o “administrador”

de la parte querellada.4

En el Artículo III del Reglamento referido, aplicable a

los

hechos

del

caso

de

autos,

se

definía

que

reúna

el

término

“administrador” como:

Cualquier

requisitos:

empleado

los

siguientes

(a)

que desempeñe trabajos de oficina o trabajos

fuera de oficina que no sean de naturaleza

manual,

estando

el

trabajo

directamente

relacionado con las normas de la dirección de

la empresa o con las operaciones generales

del negocio del patrono o de los clientes del

patrono; y

(b)

que usual y regularmente ejerza discreción y

juicio independiente; y

(c)

1. que regular y directamente ayude al

dueño de la empresa, o a una persona

empleada

en

la

capacidad

de

“administrador” o de “ejecutivo”,

según estos términos se definen en

el presente reglamento; o

2. Que realice, solamente bajo supervisión general, trabajo de carácter

técnico o especializado que requiera

entrenamiento, experiencia o conocimientos especiales; o

3. que ejecute, solamente bajo supervisión general, encomiendas y tareas

especiales; y

(d)

4

que no dedique más del 20%, o en el caso de

un empleado de un establecimiento de comercio

al detal o de servicio, que no dedique hasta

el 40%, de las horas trabajadas en una semana

de trabajo, a actividades que no estén

directa o estrechamente relacionadas con el

desempeño del trabajo descrito los Incisos

(a), (b) y (c) de este Artículo III; y...

Como puede observarse de los hechos relatados, no está

ante nos el asunto que dilucidamos recientemente en Vega v.

Yiyi Motors, Inc., opinión del Tribunal de 30 de junio de

1998, 146 D.P.R. ___, 98 JTS 97.

CC-1997-773

10

El inciso (e) del Reglamento referido, que era alicable

al período de la querella que comprendía los años 1985 a

1990, disponía lo siguiente durante ese tiempo:

(e)

que

reciba

por

sus

servicios

una

compensación fija o a base de por ciento u

honorarios, equivalente a un sueldo semanal

no menor de ciento treinta y cuatro ($134)

dólares, excluyendo alimentos, vivienda u

otros

servicios.

También

significa

cualquier empleado cuyo trabajo cumpla con

los requisitos dispuestos en los incisos (a)

y (b) de este Artículo III y que reciba por

sus servicios una compensación fija, o a

base de por ciento u honorarios, equivalente

a un salario semanal no menor de doscientos

($200)

dólares,

excluyendo

alimentos,

vivienda

u

otros

servicios.

Tercera

revisión.

Al período de la querella que comprendía los años 1990

a

1994,

le

aplicaban

los

incisos

(e)

y

(f),

que

sustituyeron al anterior inciso (e), y que disponían lo

siguiente:

(e)

que reciba por sus servicios una compensación

fija o a base de por ciento u honorarios,

equivalente a un sueldo semanal no menor de

doscientos

dólares

($200),

excluyendo

alimentos, vivienda u otros servicios.

(f)

también significa cualquier empleado cuyo

trabajo cumpla con los requisitos dispuestos

en los incisos (a) y (b) de este Artículo III

y

que

reciba

por

sus

servicios

una

compensación fija, o a base de por ciento u

honorarios, equivalente a un salario semanal

no menor de doscientos noventa y cinco

dólares

($295),

excluyendo

alimentos,

vivienda u otros servicios. Cuarta revisión.

Debido a que la querella comprende los años 1985 a 1994, es

necesario

analizar

si

Rolón

García

cumplió

con

los

requisitos de “administrador” según definidos por las dos

CC-1997-773

versiones

11

del

Reglamento

Núm.

13

vigentes

durante

ese

período.

Anteriormente hemos señalado que la determinación de si

un

empleado

es

o

no

un

“administrador”

depende

de

la

concurrencia de los requisitos enumerados en el artículo

III del Reglamento Núm. 13. Almodóvar v. Margo Farms del

Caribe, Inc., opinión de 14 de abril de 1999; Medina Vega

v.

Unión

Obreros

Posteriormente,

y

Cervecería,

en

86

referencia

a

D.P.R.

los

642

(1962).

requisitos

que

definen el término “ejecutivo” que contempla el Reglamento

aludido, señalamos en López Santos v. Tribunal Superior, 99

D.P.R. 325, a la pág. 330 (1970):

[e]s por esta razón que la exclusión de un

empleado de los beneficios de la legislación

laboral debe ser clara y debe interpretarse

restrictivamente.

Esto

implica

que

los

requisitos

de

exclusión

del

Reglamento

del

Secretario del Trabajo, los cuales se encuentran

unidos por la conjunción "y", deben acreditarse

todos, no uno o algunos.

Veamos,

pues,

si

Rolón

García

cumplía

con

todos

los

requisitos para ser “administrador” vigentes durante los

períodos que comprende la querella.

II.

Un análisis cuidadoso del expediente del caso de autos,

nos lleva a concluir que Rolón García no cumplía al menos

tres de los requisitos reglamentarios para ser considerado

como un “administrador”.

CC-1997-773

1.

12

Naturaleza no manual del trabajo:

Inciso (a) del Art. III del Reglamento Núm. 13

A poco que analizemos las determinaciones de hechos

del foro de instancia en cuanto a las tareas realizadas por

el

querellante,

controvertidas

Rolón

por

García

naturaleza

acogidas

la

por

parte

realizaba

manual

no

en

apelativo

querellada,

relacionados

atender

foro

es

ordinariamente

dirección de la empresa.

consistía

el

con

las

y

no

evidente

que

trabajos

de

normas

la

de

Casi la totalidad de su trabajo

clientes

interesados

en

comprar

vehículos, y en tramitar los documentos y los formularios

necesarios

para

efectuar

las

ventas

de

los

incluyendo

sus

licencias.

El

querellante

vehículos,

firmaba

estos

documentos en calidad de vendedor y era necesaria la firma

del Presidente de la compañía para que tanto la venta como

el traspaso del vehículo fueran válidos. A Rolón García

también

le

correspondía

la

apertura

y

el

archivo

del

avalar

la

expediente del vehículo.

Con

arreglo

a

lo

anterior,

no

podemos

determinación del tribunal apelativo de que “... el señor

Rolón García era la persona encargada de dirigir toda la

operación sobre la disposición de los vehículos”, por lo

cual

“es

claro

que

sus

funciones

primordiales

no

eran

manuales” sino que consistían en “dirigir la operación de

la disposición de los vehículos”, por lo que “cualquier

labor manual que éste realizara era incidental o accesoria

a

esta

función

principal”.

Las

referidas

labores

del

CC-1997-773

13

querellado, catalogadas como incidentales y accesorias por

el

foro

apelativo,

constituían,

realmente,

la

principal

función del querellante.

También

erró

el

foro

apelativo

al

concluir

que

el

querellante era el responsable de dirigir la operación de

la disposición de los vehículos.

La fase crítica inicial

de tal operación estaba a cargo de la alta gerencia de la

compañía querellada así como las determinaciones finales

sobre la venta de vehículos.

de

apelaciones

transacciones

A pesar de ello, el tribunal

determinó

que

“el

realizadas

por

Rolón

hecho

de

García

que

las

estuvieran

sujetas a estos controles centrales en nada alteraban su

condición de administrador”. Apoyó esta determinación en

nuestras

expresiones

en

Abudo

Servera

v.

A.T.P.R.,

105

D.P.R. 728, 735 (1977), de que “[u]n empleado ejecutivo o

un administrador no deja de serlo, no obstante, por el mero

hecho de que sus decisiones y actuaciones estén sujetas a

la

aprobación

de

un

empleado

de

superior

rango.”

Pero

resulta que tales expresiones nuestras no tienen el alcance

que le dio el foro apelativo.

Los hechos de Abudo Servera

v. A.T.P.R., supra, son totalmente distintos a los del caso

ante

nos.

En

aquella

ocasión

nos

encontrabamos

ante

querellantes que “dirigían o estaban de hecho encargados de

las

fincas

que

administraban”.

Sus

funciones

incluían,

entre otras, la supervisión general y el cuido de la finca;

escoger a los trabajadores, asignarles las tareas concretas

a realizar y velar porque se hicieran correctamente; mandar

CC-1997-773

14

a los capataces y al listero; autorizar el trabajo de horas

extras; estar a cargo de la nómina; y prepar un presupuesto

quincenal, sujeto a aprobación central. Abudo Servera v.

A.T.P.R.,

supra,

a

las

págs.

734

y

735.

Fue

en

este

contexto particular que resolvimos que las obvias funciones

de

administración

referidas

no

dejaban

de

tener

tal

carácter por el mero hecho de que dichas funciones estaban

a su vez sujetas a la aprobación de un administrador de

rango superior.

En el caso de autos, si bien es cierto que el trabajo

realizado por Rolón García constituía un aspecto importante

del negocio de la querellada, era la alta gerencia de la

compañía la que tenía a su cargo las fases críticas y más

importantes de la venta de los vehículos. La labor del

querellante

se

limitaba

clientes,

facilitarle

a

la

los

rutina

de

documentos

atender

los

debidamente

cumplimentados una vez se realizaba una venta, y realizar

otras tareas afines para completar la transacción.

2.

Discreción y Juicio Independiente

Inciso (b) del Art. III del Reglamento

Las funciones de Rolón García no conllevaban ejercicio

de

discreción

regularmente.

y

juicio

Como

independiente

correctamente

de

manera

determinó

el

usual

y

foro

de

instancia, las labores del querellado:

se limitaban a seguir las pautas previamente

establecidas para la venta de los automóviles

cuya

designación

y

precio

habían

fijado

Christensen o Sierra. Rolón no tenía acceso a la

CC-1997-773

15

información

sobre

criterios

que

éstos

consideraban para la venta de la flota... sólo

los presidentes tenían acceso a esa información y

el contable en forma limitada.

Aunque en los últimos años al querellante se le consultaba

sobre el precio sugerido para la venta de las unidades, el

precio de venta final era establecido por el Presidente.

Rolón García sólo tenía discreción para vender el vehículo

por

encima

del

precio

previamente

establecido,

pero

necesitaba el consentimiento y la autorización expresa del

Presidente para vender la unidad a un precio menor.

Erró

el

foro

apelativo

al

determinar

querellante cumplía con el segundo requisito.

que

el

El hecho de

que Rolón García fuera consultado sobre el precio de venta

no

significaba

que

ese

sería

el

precio

final

a

ser

determinado. Precisamente, el foro de instancia estableció,

y no fue controvertido por el patrono, que el querellante:

no tenía acceso a la información sobre los

criterios que [los Presidentes] consideraban para

la venta de la flota.

Surge de la prueba

testifical que s[ó]lo los Presidentes tenían

acceso a esa información y el contable en forma

limitada. Dichos criterios[,] según Christensen,

eran: (a) el uso y la confiabilidad del carro (b)

el valor residual en los libros (c) disponibilidad de carros nuevos en el mercado (d) condición

de la compañía de poder o no renovar la flota.

Es evidente que las meras recomendaciones sobre el precio

para la venta de los automóviles que hacía Rolón García no

constituían el ejercicio de juicio independiente usual y

regularmente, al que se refiere el Reglamento Núm. 13. Eran

cuatro los criterios utilizados para determinar el precio

CC-1997-773

16

de venta y la suma sugerida por Rolón García no era uno de

ellos.

No dudamos que la recomendación del querellado era

tomada

en

la

determinación

final

del

precio

pero

ello,

según las propias declaraciones de Christensen, no era uno

de los criterios principales para fijarlo.

Por

otro

lado, si

ejercía

algún

grado

servicios

ajenos

acondicionar

las

a

bien

de

la

es

cierto

discreción

empresa,

unidades

para

que

cuando

con

la

Rolón

el

venta

García

contrataba

propósito

y

para

de

labores

relacionadas a su traspaso, es evidente que estas funciones

discrecionales

ocasionales

no

eran

ni

cuantitativa

ni

cualitativamente comparables con el resto de las tareas que

realizaba

realice

el

querellado.

alguna

labor

El

hecho

menor

de

de

tipo

que

un

trabajador

discrecional

convierte automáticamente en un “administrador”.

no

lo

Sobre el

particular, son acertados los comentarios de Delgado Zayas

cuando expresa que “la discreción y juicio independiente

que se exige debe ser real y sustancial sobre asuntos de

consecuencia.” R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio

de

la

legislación

protectora

laboral

puertorriqueño,

Ramallo

Brothers

del

trabajo

2da

ed.,

San

Printing,

Inc.,

1996,

en

Juan,

a

el

derecho

Puerto

la

Rico,

pág.

36.

Ciertamente, las labores realizadas por el querellado no

tienen el alcance que el Reglamento Núm. 13 requiere para

ser

catalogadas

como

ejercicio

de

independiente usual y regularmente.

discreción

y

juicio

CC-1997-773

2.

17

Tiempo en otras labores

Inciso (d) del Art. III del Reglamento

Conforme

instancia

a

sus

determinaciones

concluyó

que

previas,

Rolón

el

García

foro

de

dedicaba

aproximadamente 95% de su tiempo a trabajos manuales, por

lo que no se cumplía el requisito del inciso (d) referido.

Basándose en las funciones del querellado según detalladas

por

Christensen,

el

foro

aludido

determinó

que

esas

funciones se distribuían de la siguiente forma:

50% - venta (atender compradores potenciales)

20% - tarea de llenar papeles

20% - hacer gestiones con las entidades financieras

5% - ir a los bancos

5% - otras funciones no relacionadas con sus

funciones principales

No obstante, el tribunal de apelaciones revocó esta

determinación

tribunal

de

instancia

y

determinó

que

equivocado

al

hacer

distribución

del

tiempo de las labores realizadas por el querellante.

Al

éste

se

del

había

la

así hacerlo, dispuso lo siguiente:

[a]l determinar estos por cientos, el tribunal

[de instancia] no considera una serie de labores

que [Rolón García] realizaba tales como: a) el

tiempo invertido para determinar el precio que le

recomendaría al presidente para la venta de los

automóviles; b) la creación de estrategias de

venta; c) la contratación de servicios externos;

d) las reuniones con el presidente y demás

personal gerencial; entre otras.

Una vez más erró el foro apelativo. Si bien es cierto

que Rolón García realizaba algunas tareas que no eran de

naturaleza

manual,

la

mayor

parte

de

sus

labores

eran

manuales. El tribunal de apelaciones, basándose en meras

conjeturas, alteró las bien fundamentadas determinaciones

CC-1997-773

18

del ilustrado foro de instancia basadas en la prueba que

tuvo ante sí.

Lo hace sin siquiera haber tenido ante sí

una exposición narrativa de la prueba que desfiló ante el

foro sentenciador.

Es doctrina claramente establecida por este Tribunal

que

un

tribunal

determinaciones

de

apelativo

hechos

no

ni

intervendrá

con

la

con

las

adjudicación

de

credibilidad que hizo el juzgador de los hechos, salvo que

haya

mediado

pasión,

prejuicio,

parcialidad

o

error

manifiesto. Belk v. Martínez, Opinión de 30 de junio de

1998, 146 D.P.R. ___, 98 J.T.S. 92; López Vicil v. I.T.T.

Intermedia, supra; Méndez v. Morales, Per Curiam de 15 de

noviembre de 1996, 142 D.P.R. __, 96 J.T.S. 149; Oliveras,

Inc. v. Universal Ins. Co., Opinión de 7 de noviembre de

1996,

141

D.P.R.

__,

96

J.T.S.

145;

Quiñones

López

v.

Manzano Pozas, Opinión de 25 de junio de 1996 , 141 D.P.R.

___, 96 JTS 95; Monllor v. Soc. de Ganaciales, Opinión de

13 de junio de 1995, 138 D.P.R. __, 95 J.T.S. 77; Pueblo v.

Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987); Vélez v. Srio. de

Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Ortiz v. Cruz Pabón, 103

D.P.R. 939 (1975); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98

D.P.R. 579 (1970).

Recientemente enfatizamos que un foro

apelativo no puede descartar y sustituir por sus propias

apreciaciones,

basadas

en

un

examen

del

expediente

del

caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de

instancia. López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Per Curiam de

4 de abril de 1997, 142 D.P.R. __, 97 J.T.S. 42.

En este

CC-1997-773

19

caso, el foro apelativo sustituyó sus propias apreciaciones

de los hechos del caso por la del foro de instancia, sin

fundamento suficiente para ello.

III.

A la luz de lo señalado antes, es forzoso concluir que

se

cometieron

querellante.

los

Este

reglamentarios

errores

no

señalados

cumplía

para

ser

todos

ante

los

considerado

nos

por

el

requisitos

como

un

“administrador”.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

dictará

sentencia para revocar el dictamen del Tribunal de Circuito

de Apelaciones y confirmar la determinación del Tribunal de

Primera Instancia.

Se devuelven los autos al Tribunal de

Primera Instancia para que continúen los procedimientos,

conforme a lo aquí resuelto.

CC-1997-773

20

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Rolón García y Otros

Demandantes-Recurrentes

vs.

CC-1997-773

Certiorari

Charlie Car Rental, Inc.,

y Otros

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se

dicta sentencia revocando el dictamen del Tribunal de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII de

Carolina y Fajardo, y se confirma la determinación del

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.

Se devuelven los autos al Tribunal de Primera

Instancia para que continúen los procedimientos, conforme

a lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Corrada del Río concurre sin opinión. Los Jueces

Asociados señores Negrón García y Hernández Denton están

inhibidos.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo