Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
1999 TSPR 83
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Luis Rolón García y otros
Recurrentes
Certiorari
V.
99 TSPR 83
Charlie Car Rental, Inc. y otros
Recurridos
Número del Caso: CC-1997-0773
Abogados de la Parte Recurrente:
Lcdo. Víctor M. Rivera Torres
Bufete Rivera Colón, Rivera Torres
& Ríos Berly
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. héctor Saldaña Egozcue
Abogados del Dpto. Del Trabajo:
Lcda. Marilyn Rodas Mulero
Tribunal de Instancia, Sala Superior de Carolina
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Ismael Almodóvar
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Rodríguez García
Fecha: 6/2/1999
Materia: Reclamación de Salarios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Rolón García y Otros
Demandantes-Recurrentes
vs.
CC-1997-773
Certiorari
Charlie Car Rental, Inc.,
y Otros
Demandados-Recurridos
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 1999.
La co-recurrida Charlie Leasing Company, Inc., en
adelante “Charlie Leasing”, se dedica principalmente al
alquiler de vehículos de motor en Puerto Rico.
La co-
recurrida Charlie Car Rental, Inc., es subsidiaria de
la primera y ambas realizan negocios similares.
última,
además,
de
manera
accesoria
disponía
Esta
de
la
flota de vehículos mediante venta al público cuando las
unidades no reunían los criterios establecidos por la
empresa para el negocio de alquiler.
El 20 de septiembre de 1985, el recurrente Luis
Rolón
García,
comenzó
a
trabajar
para
Rental
en
fase
del
negocio
que
la
Charlie
sólo
Car
CC-1997-773
3
comprendía la venta de vehículos antes mencionada.1
Tras
nueve (9) años de trabajar para las recurridas, el 10 de
mayo de 1994 Rolón García, su esposa Ruth Miriam Anaya
Crespo y la sociedad de gananciales integrada por ambos,
presentaron
una
Tribunal
Primera
de
querella
contra
las
recurridas
Instancia,
Sala
de
ante
Carolina,
el
para
reclamar el pago de horas extras trabajadas, y el pago
correspondiente
a
disfrutadas,
amparo
al
las
horas
de
tomar
de
Ley
de
la
alimentos
Horas
y
Días
no
de
Trabajo, Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A.
sec. 271 et seq.
Además, reclamaron igual cantidad en
concepto de penalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley
Núm. 379, supra.
Se acogieron al procedimiento sumario
para querellas laborales dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17
de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.
mayo
de
1994,
las
recurridas
contestaron
la
El 20 de
querella
y
expusieron como única defensa que al amparo de la referida
Ley Núm. 379, Rolón García era un administrador, según la
definición del Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario
Mínimo
de
Puerto
Rico,
infra,
razón
por
la
cual
no
le
aplicaban las disposiciones de la Ley Núm. 379, supra.
Luego de varios trámites procesales, el tribunal de
instancia celebró una vista a los fines de determinar si
Rolón
1
García
era
un
empleado
o
un
administrador.
El
El recurrente fue contratado por el entonces presidente de
la compañía, Charles Christensen.
Con anterioridad a ser
contratado, Rolón García tenía varios años de experiencia
en la venta de vehículos de motor.
CC-1997-773
4
tribunal referido también solicitó a las partes presentar
sus respectivos memorandos de derecho.
1996,
luego
documental,
de
el
evaluar
foro
de
la
El 20 de marzo de
evidencia
instancia
emitió
testifical
una
y
sentencia
parcial y resolvió que el recurrente era un empleado, razón
por la cual le aplicaban las disposiciones de la Ley Núm.
379,
supra.
esencia
Según
durante
querella,
Rolón
el
determinó
período
García
se
el
de
foro
tiempo
dedicaba
de
instancia,
en
comprendido
en
la
principalmente
a
la
venta de vehículos de motor para Charlie Car Rental y a los
trámites necesarios para ello.
Sus labores principales y
el tiempo dedicado a éstas eran las siguientes:
a.
Atendía
al
público
que
visitaba
el
establecimiento del patrono querellado con el
objetivo de comprar vehículos de motor que se
encontraban para la venta. (Venta: 50% del
tiempo de trabajo de Rolón García.)
b.
Llenaba y tramitaba toda la documentación
relativa a la venta, una vez ésta se
realizaba. Ello incluía gestiones encaminadas
al saldo de la deuda de la unidad, al
gravamen de ésta, al traspaso del título del
vehículo vendido en las instituciones y
agencias correspondientes. Estas labores de
llenar y tramitar documentos consumía 20% del
tiempo de trabajo del vendedor. Otro 20% se
dedicaba a hacer las gestiones correspondientes en las entidades financieras.
c.
Efectuar depósitos producto de la venta en el
Banco.
Estas labores bancarias ocupaban 5%
del tiempo de trabajo.
El restante 5% del trabajo de Rolón García se dedicaba
a tareas como las siguientes:
d.
Hacía contacto con los
publicación de anuncios.
periódicos
para
la
CC-1997-773
5
e.
Asistía a las reuniones que se celebraban los
miércoles o, en ocasiones, una vez al mes. A
las reuniones semanales asistían las personas
cuyos puestos eran de gerentes así como otros
empleados no clasificados como tales.
f.
Preparaba un expediente a cada automóvil del
área de alquiler.
El proceso consistía en
sacar fotocopia de la licencia, copia de
llaves, unir los documentos sobre garantía y
archivar.
g.
Lavaba y acondicionaba la unidad a ser
vendida en ocasiones, aun cuando no era su
función principal.
h.
Daba transportación a los clientes de Charlie
Leasing y Charlie Car Rental al aeropuerto,
una vez éstos entregaban la unidad que habían
arrendado, si existía la necesidad de que
[é]l diera ese servicio.
Al analizar las tareas del querellante, el foro de
instancia
concluyó
que
las
labores
que
Rolón
García
realizaba eran de naturaleza “manual”, tareas a las que
dedicaba el 95% de su tiempo de trabajo, y que no estaban
directamente relacionadas con las normas de la dirección de
la empresa.
También encontró probado que las funciones del
querellante no conllevaban ejercicio de discreción y juicio
independiente sino que se limitaba a “seguir las pautas
previamente establecidas para la venta de los automóviles
cuya
designación
Sierra”2.
y
precio
habían
fijado
Christensen
o
Aunque encontró probado que en los últimos años
al querellante se le consultaba sobre el precio sugerido
para la venta de las unidades, el precio mínimo final era
2
Charles Cristensen ocupó el puesto de Presidente de
Charlie Car Rental hasta el año 1989, año en el cual nombró
a Juan P. Sierra Benítez como nuevo Presidente.
CC-1997-773
6
establecido por el Presidente.
discreción
para
vender
el
El querellante sólo tenía
vehículo
sobre
el
precio
previamente establecido pero necesitaba el consentimiento y
la
autorización
unidad
a
un
determinó,
expresa
precio
además,
del
Presidente
menor.
que
El
Rolón
para
tribunal
García
vender
de
tenía
la
instancia
experiencia
dentro del campo de la venta de automóviles, trabajo que
desempeñó durante los últimos veinte años.
Inconforme,
apelación
ante
la
parte
querellada
el
Tribunal
de
presentó
Circuito
de
recurso
de
Apelaciones.
Alegó en síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia
había
errado
al
administrador.
no
El
resolver
13
de
que
el
noviembre
querellante
de
1997,
era
el
un
foro
apelativo expidió el auto solicitado y revocó al tribunal
de
instancia.
Resolvió
que
en
el
desempeño
de
sus
funciones, Rolón García cumplió con todos los requisitos
establecidos
Salario
en
Mínimo,
el
Reglamento
infra,
para
Núm.
ser
13
de
la
Junta
de
administrador.
Al
así
hacerlo, modificó varias de las determinaciones de hechos
de instancia y confirmó otras.
En primer lugar, determinó
que, una vez la compañía seleccionaba los vehículos que
serían
vendidos
y
establecía
el
precio
mínimo
para
la
venta, Rolón García era la persona encargada de dirigir
toda la operación sobre la venta de los vehículos.
razón,
el
foro
apelativo
concluyó
que
las
Por tal
funciones
principales del querellante no eran manuales como concluyó
el tribunal de instancia y que “[c]ualquier labor manual
CC-1997-773
7
que éste realizara era incidental o accesaria”.
Concluyó,
además, que ”[s]i bien Rolón García no participaba de la
determinación de qué vehículos se iban a vender, si se le
solicitaba su recomendación para la determinación de los
precios en los que habrían de venderse los vehículos”, por
lo
cual,
“tenía
necesariamente
que
ejercer
independiente al hacer estas recomendaciones”.
un
juicio
El tribunal
de apelaciones también modificó la determinación del foro
de instancia en cuanto a la distribución del tiempo según
las tareas realizadas por Rolón García y añadió una serie
de labores que, según razonó, no habían sido consideradas
por el tribunal.
Determinó, pues, contrario a lo resuelto
por el tribunal de instancia, que el querellante “invertía
la mayor parte del tiempo en labores (de naturaleza no
manual) relacionadas directamente con la dirección de la
empresa”.
El 22 de diciembre de 1997, Rolón García recurrió ante
nos.
Alegó,
en
síntesis,
que
el
foro
apelativo
había
errado al sustituir el criterio de apreciación de la prueba
del Tribunal de Primera Instancia por su propio criterio;
al acoger totalmente la versión de los hechos sometida por
el querellado en su alegato de certiorari sin el beneficio
de una exposición narrativa de la prueba; y al concluir,
contrario
al
dictamen
del
foro
de
instancia,
que
el
querellante era un administrador y no un empleado.
El 13 de marzo de 1998, expedimos el recurso.
El 30 de
junio de 1998, la parte peticionaria presentó su alegato.
CC-1997-773
8
El 31 de julio de 1998, la recurrida presentó el suyo. El 6
de agosto de 1998 la peticionaria presentó una dúplica a la
réplica.
Con
el
beneficio
de
la
comparecencia
de
ambas
partes, procedemos a resolver.
I.
Tanto el patrono como el empleado en el caso de autos
han
trabado
la
controversia
entre
ellos
al
amparo
estrictamente de la Ley de Horas y Días de Trabajo, supra,
que regula lo concerniente con la jornada de trabajo de los
empleados a quienes le aplica, así como el pago de horas
extras.
ante
La Ley referida bajo la cual ha surgido el pleito
nos,
dispone
cómo
se
pagará
a
los
empleados
que
trabajan en exceso de la jornada regular de ocho (8) horas
diarias e indica cuáles son las reclamaciones a las que
tienen
derecho.
No
obstante,
expreso,
esta
Ley
no
por
incluye
a
mandato
legislativo
los
“ejecutivos,
administradores ni profesionales, según estos términos sean
definidos por la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico”3.
29 L.P.R.A. 288.
Conforme a esta delegación, la Junta
referida definió los tres términos mencionados mediante el
Reglamento
Núm.
13,
infra.
Nuestra
intervención
en
esta
etapa de los procedimientos se limita, pues, a revisar si,
a la luz del Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario
3
Mediante la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, se
eliminó la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico y sus
poderes se transfirieron al Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos.
CC-1997-773
9
Mínimo, infra, Rolón García es “empleado” o “administrador”
de la parte querellada.4
En el Artículo III del Reglamento referido, aplicable a
los
hechos
del
caso
de
autos,
se
definía
que
reúna
el
término
“administrador” como:
Cualquier
requisitos:
empleado
los
siguientes
(a)
que desempeñe trabajos de oficina o trabajos
fuera de oficina que no sean de naturaleza
manual,
estando
el
trabajo
directamente
relacionado con las normas de la dirección de
la empresa o con las operaciones generales
del negocio del patrono o de los clientes del
patrono; y
(b)
que usual y regularmente ejerza discreción y
juicio independiente; y
(c)
1. que regular y directamente ayude al
dueño de la empresa, o a una persona
empleada
en
la
capacidad
de
“administrador” o de “ejecutivo”,
según estos términos se definen en
el presente reglamento; o
2. Que realice, solamente bajo supervisión general, trabajo de carácter
técnico o especializado que requiera
entrenamiento, experiencia o conocimientos especiales; o
3. que ejecute, solamente bajo supervisión general, encomiendas y tareas
especiales; y
(d)
4
que no dedique más del 20%, o en el caso de
un empleado de un establecimiento de comercio
al detal o de servicio, que no dedique hasta
el 40%, de las horas trabajadas en una semana
de trabajo, a actividades que no estén
directa o estrechamente relacionadas con el
desempeño del trabajo descrito los Incisos
(a), (b) y (c) de este Artículo III; y...
Como puede observarse de los hechos relatados, no está
ante nos el asunto que dilucidamos recientemente en Vega v.
Yiyi Motors, Inc., opinión del Tribunal de 30 de junio de
1998, 146 D.P.R. ___, 98 JTS 97.
CC-1997-773
10
El inciso (e) del Reglamento referido, que era alicable
al período de la querella que comprendía los años 1985 a
1990, disponía lo siguiente durante ese tiempo:
(e)
que
reciba
por
sus
servicios
una
compensación fija o a base de por ciento u
honorarios, equivalente a un sueldo semanal
no menor de ciento treinta y cuatro ($134)
dólares, excluyendo alimentos, vivienda u
otros
servicios.
También
significa
cualquier empleado cuyo trabajo cumpla con
los requisitos dispuestos en los incisos (a)
y (b) de este Artículo III y que reciba por
sus servicios una compensación fija, o a
base de por ciento u honorarios, equivalente
a un salario semanal no menor de doscientos
($200)
dólares,
excluyendo
alimentos,
vivienda
u
otros
servicios.
Tercera
revisión.
Al período de la querella que comprendía los años 1990
a
1994,
le
aplicaban
los
incisos
(e)
y
(f),
que
sustituyeron al anterior inciso (e), y que disponían lo
siguiente:
(e)
que reciba por sus servicios una compensación
fija o a base de por ciento u honorarios,
equivalente a un sueldo semanal no menor de
doscientos
dólares
($200),
excluyendo
alimentos, vivienda u otros servicios.
(f)
también significa cualquier empleado cuyo
trabajo cumpla con los requisitos dispuestos
en los incisos (a) y (b) de este Artículo III
y
que
reciba
por
sus
servicios
una
compensación fija, o a base de por ciento u
honorarios, equivalente a un salario semanal
no menor de doscientos noventa y cinco
dólares
($295),
excluyendo
alimentos,
vivienda u otros servicios. Cuarta revisión.
Debido a que la querella comprende los años 1985 a 1994, es
necesario
analizar
si
Rolón
García
cumplió
con
los
requisitos de “administrador” según definidos por las dos
CC-1997-773
versiones
11
del
Reglamento
Núm.
13
vigentes
durante
ese
período.
Anteriormente hemos señalado que la determinación de si
un
empleado
es
o
no
un
“administrador”
depende
de
la
concurrencia de los requisitos enumerados en el artículo
III del Reglamento Núm. 13. Almodóvar v. Margo Farms del
Caribe, Inc., opinión de 14 de abril de 1999; Medina Vega
v.
Unión
Obreros
Posteriormente,
y
Cervecería,
en
86
referencia
a
D.P.R.
los
642
(1962).
requisitos
que
definen el término “ejecutivo” que contempla el Reglamento
aludido, señalamos en López Santos v. Tribunal Superior, 99
D.P.R. 325, a la pág. 330 (1970):
[e]s por esta razón que la exclusión de un
empleado de los beneficios de la legislación
laboral debe ser clara y debe interpretarse
restrictivamente.
Esto
implica
que
los
requisitos
de
exclusión
del
Reglamento
del
Secretario del Trabajo, los cuales se encuentran
unidos por la conjunción "y", deben acreditarse
todos, no uno o algunos.
Veamos,
pues,
si
Rolón
García
cumplía
con
todos
los
requisitos para ser “administrador” vigentes durante los
períodos que comprende la querella.
II.
Un análisis cuidadoso del expediente del caso de autos,
nos lleva a concluir que Rolón García no cumplía al menos
tres de los requisitos reglamentarios para ser considerado
como un “administrador”.
CC-1997-773
1.
12
Naturaleza no manual del trabajo:
Inciso (a) del Art. III del Reglamento Núm. 13
A poco que analizemos las determinaciones de hechos
del foro de instancia en cuanto a las tareas realizadas por
el
querellante,
controvertidas
Rolón
por
García
naturaleza
acogidas
la
por
parte
realizaba
manual
no
en
apelativo
querellada,
relacionados
atender
foro
es
ordinariamente
dirección de la empresa.
consistía
el
con
las
y
no
evidente
que
trabajos
de
normas
la
de
Casi la totalidad de su trabajo
clientes
interesados
en
comprar
vehículos, y en tramitar los documentos y los formularios
necesarios
para
efectuar
las
ventas
de
los
incluyendo
sus
licencias.
El
querellante
vehículos,
firmaba
estos
documentos en calidad de vendedor y era necesaria la firma
del Presidente de la compañía para que tanto la venta como
el traspaso del vehículo fueran válidos. A Rolón García
también
le
correspondía
la
apertura
y
el
archivo
del
avalar
la
expediente del vehículo.
Con
arreglo
a
lo
anterior,
no
podemos
determinación del tribunal apelativo de que “... el señor
Rolón García era la persona encargada de dirigir toda la
operación sobre la disposición de los vehículos”, por lo
cual
“es
claro
que
sus
funciones
primordiales
no
eran
manuales” sino que consistían en “dirigir la operación de
la disposición de los vehículos”, por lo que “cualquier
labor manual que éste realizara era incidental o accesoria
a
esta
función
principal”.
Las
referidas
labores
del
CC-1997-773
13
querellado, catalogadas como incidentales y accesorias por
el
foro
apelativo,
constituían,
realmente,
la
principal
función del querellante.
También
erró
el
foro
apelativo
al
concluir
que
el
querellante era el responsable de dirigir la operación de
la disposición de los vehículos.
La fase crítica inicial
de tal operación estaba a cargo de la alta gerencia de la
compañía querellada así como las determinaciones finales
sobre la venta de vehículos.
de
apelaciones
transacciones
A pesar de ello, el tribunal
determinó
que
“el
realizadas
por
Rolón
hecho
de
García
que
las
estuvieran
sujetas a estos controles centrales en nada alteraban su
condición de administrador”. Apoyó esta determinación en
nuestras
expresiones
en
Abudo
Servera
v.
A.T.P.R.,
105
D.P.R. 728, 735 (1977), de que “[u]n empleado ejecutivo o
un administrador no deja de serlo, no obstante, por el mero
hecho de que sus decisiones y actuaciones estén sujetas a
la
aprobación
de
un
empleado
de
superior
rango.”
Pero
resulta que tales expresiones nuestras no tienen el alcance
que le dio el foro apelativo.
Los hechos de Abudo Servera
v. A.T.P.R., supra, son totalmente distintos a los del caso
ante
nos.
En
aquella
ocasión
nos
encontrabamos
ante
querellantes que “dirigían o estaban de hecho encargados de
las
fincas
que
administraban”.
Sus
funciones
incluían,
entre otras, la supervisión general y el cuido de la finca;
escoger a los trabajadores, asignarles las tareas concretas
a realizar y velar porque se hicieran correctamente; mandar
CC-1997-773
14
a los capataces y al listero; autorizar el trabajo de horas
extras; estar a cargo de la nómina; y prepar un presupuesto
quincenal, sujeto a aprobación central. Abudo Servera v.
A.T.P.R.,
supra,
a
las
págs.
734
y
735.
Fue
en
este
contexto particular que resolvimos que las obvias funciones
de
administración
referidas
no
dejaban
de
tener
tal
carácter por el mero hecho de que dichas funciones estaban
a su vez sujetas a la aprobación de un administrador de
rango superior.
En el caso de autos, si bien es cierto que el trabajo
realizado por Rolón García constituía un aspecto importante
del negocio de la querellada, era la alta gerencia de la
compañía la que tenía a su cargo las fases críticas y más
importantes de la venta de los vehículos. La labor del
querellante
se
limitaba
clientes,
facilitarle
a
la
los
rutina
de
documentos
atender
los
debidamente
cumplimentados una vez se realizaba una venta, y realizar
otras tareas afines para completar la transacción.
2.
Discreción y Juicio Independiente
Inciso (b) del Art. III del Reglamento
Las funciones de Rolón García no conllevaban ejercicio
de
discreción
regularmente.
y
juicio
Como
independiente
correctamente
de
manera
determinó
el
usual
y
foro
de
instancia, las labores del querellado:
se limitaban a seguir las pautas previamente
establecidas para la venta de los automóviles
cuya
designación
y
precio
habían
fijado
Christensen o Sierra. Rolón no tenía acceso a la
CC-1997-773
15
información
sobre
criterios
que
éstos
consideraban para la venta de la flota... sólo
los presidentes tenían acceso a esa información y
el contable en forma limitada.
Aunque en los últimos años al querellante se le consultaba
sobre el precio sugerido para la venta de las unidades, el
precio de venta final era establecido por el Presidente.
Rolón García sólo tenía discreción para vender el vehículo
por
encima
del
precio
previamente
establecido,
pero
necesitaba el consentimiento y la autorización expresa del
Presidente para vender la unidad a un precio menor.
Erró
el
foro
apelativo
al
determinar
querellante cumplía con el segundo requisito.
que
el
El hecho de
que Rolón García fuera consultado sobre el precio de venta
no
significaba
que
ese
sería
el
precio
final
a
ser
determinado. Precisamente, el foro de instancia estableció,
y no fue controvertido por el patrono, que el querellante:
no tenía acceso a la información sobre los
criterios que [los Presidentes] consideraban para
la venta de la flota.
Surge de la prueba
testifical que s[ó]lo los Presidentes tenían
acceso a esa información y el contable en forma
limitada. Dichos criterios[,] según Christensen,
eran: (a) el uso y la confiabilidad del carro (b)
el valor residual en los libros (c) disponibilidad de carros nuevos en el mercado (d) condición
de la compañía de poder o no renovar la flota.
Es evidente que las meras recomendaciones sobre el precio
para la venta de los automóviles que hacía Rolón García no
constituían el ejercicio de juicio independiente usual y
regularmente, al que se refiere el Reglamento Núm. 13. Eran
cuatro los criterios utilizados para determinar el precio
CC-1997-773
16
de venta y la suma sugerida por Rolón García no era uno de
ellos.
No dudamos que la recomendación del querellado era
tomada
en
la
determinación
final
del
precio
pero
ello,
según las propias declaraciones de Christensen, no era uno
de los criterios principales para fijarlo.
Por
otro
lado, si
ejercía
algún
grado
servicios
ajenos
acondicionar
las
a
bien
de
la
es
cierto
discreción
empresa,
unidades
para
que
cuando
con
la
Rolón
el
venta
García
contrataba
propósito
y
para
de
labores
relacionadas a su traspaso, es evidente que estas funciones
discrecionales
ocasionales
no
eran
ni
cuantitativa
ni
cualitativamente comparables con el resto de las tareas que
realizaba
realice
el
querellado.
alguna
labor
El
hecho
menor
de
de
tipo
que
un
trabajador
discrecional
convierte automáticamente en un “administrador”.
no
lo
Sobre el
particular, son acertados los comentarios de Delgado Zayas
cuando expresa que “la discreción y juicio independiente
que se exige debe ser real y sustancial sobre asuntos de
consecuencia.” R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio
de
la
legislación
protectora
laboral
puertorriqueño,
Ramallo
Brothers
del
trabajo
2da
ed.,
San
Printing,
Inc.,
1996,
en
Juan,
a
el
derecho
Puerto
la
Rico,
pág.
36.
Ciertamente, las labores realizadas por el querellado no
tienen el alcance que el Reglamento Núm. 13 requiere para
ser
catalogadas
como
ejercicio
de
independiente usual y regularmente.
discreción
y
juicio
CC-1997-773
2.
17
Tiempo en otras labores
Inciso (d) del Art. III del Reglamento
Conforme
instancia
a
sus
determinaciones
concluyó
que
previas,
Rolón
el
García
foro
de
dedicaba
aproximadamente 95% de su tiempo a trabajos manuales, por
lo que no se cumplía el requisito del inciso (d) referido.
Basándose en las funciones del querellado según detalladas
por
Christensen,
el
foro
aludido
determinó
que
esas
funciones se distribuían de la siguiente forma:
50% - venta (atender compradores potenciales)
20% - tarea de llenar papeles
20% - hacer gestiones con las entidades financieras
5% - ir a los bancos
5% - otras funciones no relacionadas con sus
funciones principales
No obstante, el tribunal de apelaciones revocó esta
determinación
tribunal
de
instancia
y
determinó
que
equivocado
al
hacer
distribución
del
tiempo de las labores realizadas por el querellante.
Al
éste
se
del
había
la
así hacerlo, dispuso lo siguiente:
[a]l determinar estos por cientos, el tribunal
[de instancia] no considera una serie de labores
que [Rolón García] realizaba tales como: a) el
tiempo invertido para determinar el precio que le
recomendaría al presidente para la venta de los
automóviles; b) la creación de estrategias de
venta; c) la contratación de servicios externos;
d) las reuniones con el presidente y demás
personal gerencial; entre otras.
Una vez más erró el foro apelativo. Si bien es cierto
que Rolón García realizaba algunas tareas que no eran de
naturaleza
manual,
la
mayor
parte
de
sus
labores
eran
manuales. El tribunal de apelaciones, basándose en meras
conjeturas, alteró las bien fundamentadas determinaciones
CC-1997-773
18
del ilustrado foro de instancia basadas en la prueba que
tuvo ante sí.
Lo hace sin siquiera haber tenido ante sí
una exposición narrativa de la prueba que desfiló ante el
foro sentenciador.
Es doctrina claramente establecida por este Tribunal
que
un
tribunal
determinaciones
de
apelativo
hechos
no
ni
intervendrá
con
la
con
las
adjudicación
de
credibilidad que hizo el juzgador de los hechos, salvo que
haya
mediado
pasión,
prejuicio,
parcialidad
o
error
manifiesto. Belk v. Martínez, Opinión de 30 de junio de
1998, 146 D.P.R. ___, 98 J.T.S. 92; López Vicil v. I.T.T.
Intermedia, supra; Méndez v. Morales, Per Curiam de 15 de
noviembre de 1996, 142 D.P.R. __, 96 J.T.S. 149; Oliveras,
Inc. v. Universal Ins. Co., Opinión de 7 de noviembre de
1996,
141
D.P.R.
__,
96
J.T.S.
145;
Quiñones
López
v.
Manzano Pozas, Opinión de 25 de junio de 1996 , 141 D.P.R.
___, 96 JTS 95; Monllor v. Soc. de Ganaciales, Opinión de
13 de junio de 1995, 138 D.P.R. __, 95 J.T.S. 77; Pueblo v.
Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987); Vélez v. Srio. de
Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Ortiz v. Cruz Pabón, 103
D.P.R. 939 (1975); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98
D.P.R. 579 (1970).
Recientemente enfatizamos que un foro
apelativo no puede descartar y sustituir por sus propias
apreciaciones,
basadas
en
un
examen
del
expediente
del
caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de
instancia. López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Per Curiam de
4 de abril de 1997, 142 D.P.R. __, 97 J.T.S. 42.
En este
CC-1997-773
19
caso, el foro apelativo sustituyó sus propias apreciaciones
de los hechos del caso por la del foro de instancia, sin
fundamento suficiente para ello.
III.
A la luz de lo señalado antes, es forzoso concluir que
se
cometieron
querellante.
los
Este
reglamentarios
errores
no
señalados
cumplía
para
ser
todos
ante
los
considerado
nos
por
el
requisitos
como
un
“administrador”.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
dictará
sentencia para revocar el dictamen del Tribunal de Circuito
de Apelaciones y confirmar la determinación del Tribunal de
Primera Instancia.
Se devuelven los autos al Tribunal de
Primera Instancia para que continúen los procedimientos,
conforme a lo aquí resuelto.
CC-1997-773
20
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis Rolón García y Otros
Demandantes-Recurrentes
vs.
CC-1997-773
Certiorari
Charlie Car Rental, Inc.,
y Otros
Demandados-Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 1999.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se
dicta sentencia revocando el dictamen del Tribunal de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VII de
Carolina y Fajardo, y se confirma la determinación del
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.
Se devuelven los autos al Tribunal de Primera
Instancia para que continúen los procedimientos, conforme
a lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Corrada del Río concurre sin opinión. Los Jueces
Asociados señores Negrón García y Hernández Denton están
inhibidos.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo