Tribunal Supremo de Puerto Rico
GARCIA DÍAZ V DAREX PR, INC.
1999 TSPR 79
Poder Judicial de Puerto Rico
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GARCIA DÍAZ V DAREX PR, INC.
CC-1998-34
CC-98-34
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Edwin R. García Díaz
Recurrente
Certiorari
V.
99TSPR79
Darex Puerto Rico, Inc.;
W.R. Grace & Compay
Recurrido
Número del Caso: CC-98-0034
Abogado de la Parte Recurrente:
Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Anita Montaner Sevillano
Mc Connell & Valdes
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Caguas
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Jesús Manuel Rosario Félix
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional VI
Caguas-Humacao
Juez Ponente: Hon. Brau Ramírez
Fecha: 5/20/1999
Materia: Discrimen
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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CC-98-34
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Edwin R. García Díaz
Demandante y Recurrente
v.
CC-98-34
Certiorari
Darex Puerto Rico, Inc.;
W.R. Grace & Company
Demandado y Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández
Denton
San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1999.
¿Puede un patrono despedir a un obrero durante
los
doce
(12)
meses
de
reserva
de
empleo
que
establece el Art. 5a de la Ley de Compensaciones
por Accidentes del Trabajo, mientras éste continúa
inhabilitado, y bajo tratamiento en el Fondo del
Seguro del Estado?
nuestra
legislación
Tras analizar el Art. 5a y
laboral
vigente,
determinamos
que durante este periodo el patrono está obligado a
reservar el empleo del obrero y no puede despedirlo
a menos que tenga justa causa.
I
El Sr. Edwin García (en adelante “el obrero”)
comenzó a trabajar para Darex Puerto Rico Inc. (en
adelante “el patrono”) en la posición de chofer y
técnico en agosto de 1981.
El 26 de junio de 1995,
CC-98-34
3
el obrero sufrió un accidente del trabajo, lesionándose la cintura y el
cuello mientras montaba un carrete (“reel”) en un tanque.
Tras el
accidente se reportó al Fondo del Seguro del Estado (en adelante “el
Fondo”) el cual le suministró tratamiento y le ordenó que no trabajara.
Apenas cinco días después de comenzar tratamientos bajo el Fondo,
el obrero fue despedido de su empleo mediante una carta suscrita por el
Sr. Patrick McLaughlin, Gerente Regional del patrono demandado.
dicha
carta
el
despido
se
debió
a
provocada por pérdidas en el negocio.
era
el
empleado
de
una
reorganización
de
Según
personal
Al momento del despido el obrero
mayor
antigüedad
el
de
dentro
de
su
clasificación
el
obrero,
ocupacional.1
Así
las
cosas,
12
julio
de
1996
aún
bajo
tratamiento en el Fondo,2 instó la presente demanda ante el Tribunal de
Primera Instancia contra su patrono y W.R. Grace & Company.3
Alegó que
había sido ilegalmente despedido, en violación tanto del Artículo 5a de
la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 7
(en adelante “Art. 5a”), como de la Ley Núm. 44, la cual provee un
remedio contra el discrimen por impedimentos físicos o mentales, 1
L.P.R.A. secs. 501 y ss, supl. 1998, (en adelante “Ley Núm. 44”).
También
alegó
que
su
despido
había
constituido
discrimen
por
edad
conforme a la Ley Núm 100 de 29 de junio de 1969, 29 L.P.R.A. secs. 146
y ss.
El patrono contestó la demanda, negando las alegaciones.
Tras varios incidentes procesales, el obrero presentó moción de
sentencia
sumaria
parcial
solicitando
se
declarara
con
lugar
su
reclamación bajo el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes
1
El obrero tenía una antigüedad de 13.916 años de servicios y su
salario era de $30,550.00 al año.
2
El obrero continuó bajo tratamiento en el Fondo hasta el 4 de octubre
de 1996.
3
W.R. Grace & Company es la compañía matriz de Darex.
CC-98-34
4
del Trabajo.
El patrono se opuso4 a lo anterior y solicitó, a su vez,
la desestimación sumaria de las causas de acción bajo el Art. 5a5 de la
Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y de la reclamación
bajo la Ley Núm. 44.
El Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia Sumaria Parcial,
determinando que el despido fue injustificado por ser contrario a la
reserva de empleo que provee el Art. 5a.
Determinó que el obrero debía
ser compensado con aquellos beneficios a los que hubiera tenido derecho
de no haber sido despedido y obligó al patrono a pagarle el dinero
adeudado por concepto del seguro por incapacidad a corto y largo plazo
contenido en el Manual de Empleados de la Empresa.6
El Tribunal dispuso
que las demás causas de acción incluyendo los daños al amparo del Art.
5a serían adjudicados posteriormente.
Inconforme, el patrono acudió al
Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
modificó
la
Sentencia
Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia limitando el remedio
concedido por dicho foro a los beneficios a los que el obrero hubiera
tenido derecho durante el plazo de doce meses que contempla el Art. 5a
de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para la reserva
de
su
empleo.
También
ordenó
la
desestimación
de
la
reclamación
presentada por el obrero bajo la Ley Núm. 44.
Inconforme con esta determinación, el obrero acude ante nos y
señala que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al reducir el
4
El patrono alegó que existía un genuina controversia de hechos en
cuanto a la existencia de justa causa para el despido del obrero que
impedía que se pudiese dictar sentencia sumaria.
5
Alegaba el patrono que al no haber sido dado de alta por el Fondo
dentro de los doce meses de reserva el obrero no tenía derecho a
remedio alguno bajo el Art. 5a.
6
Según determinó el Tribunal de Primera Instancia este remedio incluía
26 semanas de sueldo completo por concepto de seguro por incapacidad a
corto plazo, y el seguro por incapacidad a largo plazo desde la
terminación del seguro a corto plazo hasta el presente y mientras
continuara incapacitado conforme el Manual de la Empresa, descontando
la pensión del Seguro Social del seguro por incapacidad a largo plazo.
CC-98-34
remedio
5
que
le
había
sido
concedido
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia en virtud del Articulo 5a7.
Por su parte, en su comparecencia ante nos, el patrono señala que
erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que García
tenía
una
causa
de
acción
bajo
el
Artículo
Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
5a
de
la
Ley
de
Alega el patrono que el
Art. 5a no cobija al obrero ya que éste no satisfizo los requisitos
establecidos en dicho artículo para solicitar reinstalación.
A
la
luz
de
los
errores
señalados
nos
corresponde
resolver
principalmente si el Artículo 5a prohíbe, absolutamente, el despido de
un empleado durante el periodo de reserva de 12 meses.
Veamos.
II
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su
Carta
de
Derechos,
Art.
II,
Sec.
16,
reconoce
el
derecho
de
todo
trabajador a estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo o
empleo.
“Este derecho puede entenderse incluye el que se provea al
trabajador
empleo”.8
de
un
sistema
de
seguridad
social
por
lesiones
en
el
La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm.
45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. secs. 1 y ss.,
crea este sistema de seguridad social.
Dicha ley establece el deber de los patronos de compensar a sus
empleados
lesionados
o
accidentados
en
el
curso
de
su
empleo
y
establece un sistema de seguros y un método para proceder con las
7
En el caso de autos el obrero también alegó que una razón de su
despido había sido la de impedirle tener acceso al Seguro por
Incapacidad a Largo Plazo que establecía el Manual de Empleados de
Darex y Grace por lo cual el tiene derecho a que, como remedio, se le
concediesen
estos
beneficios.
Sin
embargo
el
patrono
aduce
correctamente, que de tener razón el obrero, en cuanto a la razón del
despido, este tenía que iniciar una acción en el Tribunal Federal bajo
la sección 510 la ley federal E.R.I.S.A., 29 U.S.C. sec. 1140, que rige
este tipo de seguro. Esta ley exige que cualquier reclamación judicial
que en sus alegaciones implique una violación a E.R.I.S.A. conforme la
sección 510 será de jurisdicción exclusiva de las cortes federales. 29
U.S.C. sec. 1132(e)(1). Véase, Ingersoll-Rand Company v. Mc. Cledon,
498 U.S. 133 (1990).
8
Ley Núm. 83 del 29 de octubre de 1992, Art. 1a, 11 L.P.R.A. sec. 1a.
CC-98-34
6
reclamaciones.
Véase, Ortiz Pérez v. FSE, res. el 31 de octubre de
1994, 137 D.P.R. ____ (1994).
Por medio de esta ley, tanto los patronos asegurados como los
obreros reciben importantes beneficios a cambio del libre ejercicio de
sus derechos y prerrogativas tradicionales.
Ley Núm. 83 del 29 de
octubre de 1992, Art. 1a, 11 L.P.R.A. sec. 1a.
Por un lado, el obrero
renuncia al derecho de demandar a su patrono y en su lugar recibe un
remedio seguro, libre de las complejidades de una acción ordinaria en
daños.
exige
Por otro lado, a cambio de esta inmunidad al patrono se le
cumplir
con
ciertas
obligaciones
que
Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
le
impone
la
Ley
de
Entre éstas se encuentra
asegurar a sus empleados en el Fondo del Seguro del Estado9 y cumplir
con
lo
dispuesto
en
el
Art.
5a
de
la
ley,
el
cual
le
impone
la
siguiente obligación:
En los casos de inhabilitación para el trabajo de
acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono
vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el
obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a
reinstalarlo
en
el
mismo,
sujeto
a
las
siguientes
condiciones:
(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para
que lo reponga en su empleo dentro del término de quince
días, contados a partir de la fecha en que el obrero o
empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho
requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses
desde la fecha del accidente;
(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente
capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que
solicite del patrono su reposición, y
(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el
obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que
el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe
otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba
vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o
empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en
que se hizo el requerimiento de reposición.)
Ley Núm. 45
del 18 de abril de 1935, Art. 5a, según enmendada, 11
L.P.R.A. sec. 7.
En
distintos
numerosas
aspectos
Compensaciones
9
por
ocasiones
hemos
relacionados
Accidentes
del
tenido
con
el
Trabajo.
oportunidad
Art.
5a
Véase,
de
de
examinar
la
Ley
de
v.
SK&F
Alvira
Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, Art. 18, según enmendada, 11
L.P.R.A. sec. 19.
CC-98-34
7
Laboratories Co., res. el 4 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___(1997);
Vélez Rodríguez v. Pueblo International Inc., res. el 18 de marzo de
1994, 135 D.P.R. ___ (1994); Torres v. Star Kist Caribe Inc., res. el
28 de enero de 1994, 134 D.P.R. ___ (1994); Carrón Lamoutte v. Compañía
de Turismo, 130 D.P.R. 70 (1992); Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763
(1992).
Hemos resuelto reiteradamente que “[e]l Artículo 5a establece dos
tipos de protección para el obrero que sufre un accidente del trabajo y
se reporta y acoge a los beneficios que ofrece la Ley de Compensaciones
por Accidentes del Trabajo.
Primero, le impone al patrono el deber de
reservarle
doce
al
obrero
por
(12)
meses
el
desempeñaba al momento de ocurrir el accidente.
empleo
en
que
se
En segundo lugar, el
trabajador tiene derecho a que lo repongan en ese mismo empleo una vez
es dado de alta por el Fondo, [si] solicita del patrono que lo repongan
y si se dan las tres condiciones establecidas en dicho artículo”.
Santiago v. Kodak, supra; véase además, Torres v. Star Kist Caribe
Inc., supra y Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación
Protectora del Trabajo, págs. 188-189 (1998).
Hemos resaltado de esta
forma que en adición al derecho de reinstalación que provee el Art. 5a,
también se le impone la obligación al patrono de reservarle el empleo
al obrero lesionado o enfermo, por un periodo de 12 meses, desde la
ocurrencia del accidente o enfermedad. Alvira v. SK&F Laboratories Co.,
supra; Vélez Rodríguez v. Pueblo International Inc., supra.
Sin embargo, el patrono en este caso argumenta que la reserva que
establece el Art. 5a no es una obligación per se y que sólo se activa
si
el
obrero
reinstalación.
logra
satisfacer
los
requisitos
para
solicitar
su
A su entender la ley le permite a un patrono despedir a
un obrero lesionado y lo único que le requiere es reinstalarlo de éste
recuperarse y solicitar reinstalación dentro de los 12 meses que se
establecen en el Art. 5a.
El patrono intenta apoyar su interpretación
en que el Art. 5a no provee remedio alguno para aquel obrero que es
CC-98-34
8
despedido durante el periodo de reserva y no logra recuperarse a tiempo
para solicitar su reinstalación conforme el artículo.
No tiene razón.
Comenzamos por señalar que de ordinario, la inhabilitación de un
empleado para continuar llevando a cabo su trabajo constituye una razón
justificada para su despido. Torres v. Starkist Caribe, Inc. supra.
De
ahí que el propósito evidente del Art. 5a de la Ley de Compensaciones
por Accidentes del Trabajo es requerirle al patrono que pase por alto
dicha facultad y que reserve la plaza de su empleado por un periodo de
doce (12) meses, para permitirle al empleado recuperarse.
De esta
forma, el Art. 5a garantiza que el obrero que sufre un accidente o
enfermedad
ocupacional
correspondiente
sin
acuda
temor
a
Compañía de Turismo, supra.
al
Fondo
para
ser
despedido.
el
tratamiento
Carrón
médico
Lamoutte
v.
La reserva de doce (12) meses logra que el
obrero no tenga que enfrentarse a la incertidumbre indeseable de que
por haber sufrido un accidente de trabajo su patrono lo despida, a la
vez que promueve un
ambiente de tranquilidad en el cual el obrero
puede recuperarse con mayor celeridad.
Por el contrario, la interpretación del Art. 5a que propone el
patrono fomenta que éste especule con el pronóstico de mejoría de sus
obreros y despidan a aquellos que parezca no habrán de reponerse a
tiempo para solicitar su reinstalación.
De esta forma el patrono burla
el efecto terapéutico que persigue la ley. Es evidente, por lo tanto
que ésta no fue la interpretación deseada por el legislador.
Por
permite
otro
lado,
que
el
no
olvidemos
patrono
que
contrate
nuestro
a
otro
ordenamiento
laboral
obrero
cubrir
para
temporeramente el puesto del lesionado mediante un contrato de empleo
bona fide de término cierto que satisfaga lo requerido por la Sec.
185k(a) de la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. Sec. 185k(a).
Esta disposición
facilita el que los patronos concedan las licencias reconocidas por la
legislación laboral vigente.
Resolvemos
reserve
el
por
ende,
empleo
de
que
el
Art.
un
obrero
5a
le
exige
lesionado,
al
patrono
mientras
que
continúe
CC-98-34
9
inhabilitado y recibiendo tratamiento bajo el Fondo por un término de
12 meses desde la fecha del accidente de trabajo.
Esta reserva existe
con total independencia de si en el futuro el obrero cualifica para ser
reinstalado, e impide que el obrero sea despedido.
Claro está, del
propio Artículo 5a surge que si el obrero es dado de alta por el Fondo
antes
de
transcurrido
el
término
de
12
meses,
y
no
solicita
la
reinstalación conforme le exige el Art. 5a, el patrono queda liberado
de su obligación de reservar el empleo.
Sin embargo, el patrono en este caso también argumenta que el Art.
5a no provee remedio alguno para el obrero que es despedido durante el
periodo
de
reinstalado.
reserva
y
no
se
recupera
a
tiempo
para
requerir
ser
El patrono se equivoca.
En cuanto a los remedios a concederse por una violación a las
obligaciones que impone el Art. 5a el propio artículo dispone:
“...Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta
sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus
beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado
hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le
responderá
de todos los daños y perjuicios que le haya
ocasionado.
El obrero o empleado, o sus beneficiarios,
podrán instar y tramitar la correspondiente reclamación de
reinstalación y/o daños en corte por acción ordinaria o
mediante
procedimiento
para
reclamación
de
salarios,
establecidos en las secs. 3118 a 3132 del Título 32.” 11
L.P.R.A. sec. 7.
Como hemos visto, existen varios requisitos que el obrero debe
satisfacer antes de poder solicitar la reinstalación conforme el Art.
5a.
Un obrero que no satisface estos requisitos, de ordinario y aunque
haya sido despedido dentro del periodo de reserva, no tendrá derecho a
la reinstalación ni a los salarios que hubiere devengado de haber sido
reinstalado.
Sin embargo éste no es el único remedio que provee el
Art. 5a ante el incumplimiento del patrono con las obligaciones que
éste
le
impone.
El
Art.
5a
también
dispone
que
el
obrero
o
sus
beneficiarios, podrán reclamar todos los daños y perjuicios que le haya
ocasionado el incumplimiento del patrono.
Por
lo
tanto,
interpretamos
que
el
Art.
5a
sí
le
concede
un
remedio al obrero que ha sido ilegalmente despedido dentro del periodo
CC-98-34
10
de doce meses en que la ley le requiere a su patrono que reserve su
plaza, consistente en la compensación por los daños y perjuicios que
tal conducta de su patrono le ha ocasionado.10
señala
el
Tribunal
de
Circuito
de
Como correctamente
Apelaciones,
“resultaría
un
contrasentido sostener que el apelado tenía derecho a que la parte
apelante le reservara su plaza por doce meses a partir de su accidente,
pero que el incumplimiento de dicho deber no da base a remedio alguno
bajo dicho precepto porque el empleado nunca llegó a recuperarse de su
incapacidad”.
Por
lo
tanto,
y
conforme
legal
que
establece
interpretación
con
el
que
los
reconocido
principio
de
estatutos
remediales
se
interpretan con liberalidad,11 reiteramos que el Artículo 5a obliga al
patrono a reservar el empleo de su obrero enfermo o lesionado por un
periodo ininterrumpido de doce (12) meses, a contarse desde la fecha en
que
ocurre
la
lesión
que
lo
inhabilita.
Dicha
obligación
es
independiente de la que le impone al patrono reinstalar a un obrero
lesionado que satisfaga los requisitos que el artículo impone.
El
patrono que incumpla con el deber de reserva, despidiendo al obrero
lesionado,
le
responderá
por
todos
los
daños
y
perjuicios
que
su
incumplimiento produzca.
III
Ahora bien, la protección que ofrece el Art. 5a al obrero no es
absoluta.
10
Santiago v. Kodak, supra.
En nuestra legislación laboral
En la determinación de estos daños además de considerar los
sufrimientos y angustias mentales del obrero, el foro de instancia
deberá examinar si el contrato de trabajo del obrero contiene
beneficios para cuando estos se accidentan. Estos beneficios perdidos,
desde el momento del despido sin justa causa hasta que venza la
reserva, deberán considerarse al momento de fijar los daños y
perjuicios.
11
Anteriormente hemos establecido que la Ley de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, por ser un estatuto remediador, ha de
interpretarse liberalmente a favor de aquellos a quienes intenta
proteger para que se cumplan sus amplios propósitos humanitarios y de
justicia social. Maisonet Felicié v. F.S.E., res. el 30 de diciembre de
1996, 142 D.P.R. ___ (1996); Vélez, Admor v. Comisión Industrial, 91
D.P.R. 480, 485; Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R.
196, 215 (1961); véase además, Agosto Serrano v. FSE, 132 D.P.R. 866
(1993); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R. 116 D.P.R. 522 (1985).
CC-98-34
11
todo patrono tiene el derecho de levantar la defensa de justa causa
cuando se le acusa de un despido injustificado.
Sobre este particular
señala Delgado Zayas:
[A]unque el despido de un empleado est[é] prohibido
(por encontrarse en una situación protegida) si existe justa
causa para despedirlo, dicha prohibición cede ante la
existencia de la justa causa. En otras palabras, en nuestra
legislación la prohibición de despido rige mientras no hay
justa causa para el despido de un empleado.
No hay legislación alguna presente, que establezca una
prohibición absoluta de despido de un empleado. La justa
causa siempre permite el despido, sin que el patrono incurra
en responsabilidad legal alguna por dicha acción. Delgado
Zayas pag. 115, supra.
Por lo tanto, “[p]uede darse el caso de que un patrono descubra
que un trabajador que ya ha sufrido un accidente del trabajo llevó a
cabo una conducta con anterioridad a sufrir dicho accidente que es
causa justificada para despedirlo y en este caso el patrono obviamente
no
estaría
obligado
a
reinstalar
en
su
puesto
a
dicho
trabajador,
pudiéndolo despedir por estos actos anteriores y no estando impedido
para ello por la prohibición de la ley.
Lo que no puede hacer es
despedirlo luego de sufrir el accidente o negarse a reinstalarlo en su
empleo
sin
que
haya
justa
causa
sin
embargo,
para
despedirlo”.
Delgado
Zayas,
supra, pag. 189.
Observamos,
que
la
Ley
de
Compensaciones
por
Accidentes del Trabajo no contiene una definición de lo que constituye
justa
en
buena
hermenéutica, debemos recurrir a otras leyes in pari materia.
Báez
García
causa
v.
para
el
Coopper
despido.
Laboratories
Ante
Inc.,
esta
120
situación,
D.P.R.
145,
y
155
(1987);
Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522, 526-527 (1985). Por
ende, para determinar el significado de justa causa en el Art. 5a,
acudimos a las circunstancias enumeradas en el Art. 2 de la Ley Núm.
80,
29
L.P.R.A.
sec.
185(b),12
conocida
comúnmente
como
la
Ley
de
Despido Injustificado.
12
Según el Art. 2 de la Ley Núm. 80, “se entenderá por justa causa para
el despido de un empleado de un establecimiento:
CC-98-34
Por
12
lo
tanto,
concluimos
que
un
patrono
podrá
despedir
a
un
empleado inhabilitado y acogido al Fondo, durante los doce meses de
reserva que establece el Art. 5a, sólo si mediase justa causa conforme
ejemplificado por el Art. 2 de la Ley Núm. 80.
IV
Procede entonces analizar los hechos de este caso a la luz de los
principios reseñados.
La Sentencia inicial dictada en este caso fue
una Sentencia Sumaria Parcial, en la cual se determinó que el obrero
tenía derecho a un remedio bajo el Art. 5a.
Como se sabe, la Regla 36
de
III,
Procedimiento
Civil,
32
L.P.R.A.
AP.
R.
36,
permite
que
cualquiera de las partes en un pleito pueda solicitar que el Tribunal
emita
sentencia
sumaria
a
su
favor
tras
demostrar
que
controversia sustancial sobre los hechos pertinentes.
resuelto
que
discrecional
la
que
sentencia
sumaria
sólo
concederse
debe
es
un
no
existe
Así mismo hemos
remedio
cuando
no
extraordinario
hay
una
genuina
controversia sobre hechos materiales y el Tribunal se convence que
tiene ante sí la verdad de todos los hechos pertinentes.
Audiovisual
Language v. Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, res. el 15 de
diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___ (1997).
La
sentencia
sumaria
sólo
debe
dictarse
en
casos
claros
y
cualquier duda en cuanto a si hay hechos pertinentes en controversia
a)Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
b)La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de
las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el
establecimiento.
c)Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos
razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento
siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado
oportunamente al empleado.
d)Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del
establecimiento.
e)Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de
estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja
por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al
público.
f)Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una
reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias,
anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.
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13
debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria.
Toda inferencia que se haga a base de los hechos y documentos que obren
en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que
se opone a la solicitud de sentencia sumaria.
Véase, Piñero v. A. A.
A, res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 140; Audiovisual Language v.
Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, supra; Medina v. M.S. & D.
Química de P.R. Inc., res. el 7 de abril de 1994, 135 D.P.R. ___
(1994); Rivera et al v. Superior Packaging, Inc., et al, 132 D.P.R. 115
(1992).
Por
ende,
y
conforme
a
las
reglas
de
Procedimiento
Civil,
el
Tribunal solamente procederá a emitir una sentencia sumaria si a la luz
de los documentos sometidos, además de los que contienen los autos, “no
hay controversia real en cuanto a ningún hecho material y como cuestión
de derecho procede dictarse[...]”.
Regla 26.3, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.
36.3; Mattei Nazario v. Vélez & Asoc., res. el 7 de mayo de 1998, 98
TSPR 54; Colegio de Ingenieros v. AAA, 131 D.P.R. 755 (1992); Méndez
Arocho v. El Vocero de P. R., 130 D.P.R. 867 (1992).
De la moción de sentencia sumaria parcial presentada por el obrero
y de la oposición a la misma radicada por la parte demandada, surge
como hecho incontrovertido, que las compañías demandadas se encontraban
en
un
proceso
incontrovertido
injustificado
ya
de
el
reorganización.
obrero
que
él
alega
tenía
que
mayor
Partiendo
de
despido
fue
evidentemente
antigüedad
que
otro
su
este
hecho
empleado
retenido por la compañía.
El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, en su inciso (f) establece que
sería justa causa para un despido “[r]educciones en empleo que se hacen
necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o
ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido”.
L.P.R.A. sec. 185b(f).
29
Sin embargo, el Artículo 3 de esta ley delimita
No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por
mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y
normal funcionamiento del establecimiento.” 29 L.P.R.A. sec. 185b.
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14
la forma y manera en que deben llevarse a cabo estos despidos.
Este
artículo establece:
En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las
razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec.
185b de este título, el patrono estará obligado a retener
con preferencia en el empleo a los empleados de más
antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados
por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro de su
clasificación ocupacional que puedan ser desempeñados por
ellos, entendiéndose que se dará preferencia a los empleados
despedidos en caso de que dentro de los seis (6) meses
siguientes a su cesantía tuviere necesidad de emplear a una
persona
en
labores
iguales
o
similares
a
las
que
desempeñaban dichos empleados al momento de su despido y
dentro de su clasificación ocupacional siguiéndose también
el orden de antigüedad en la reposición excepto, y en ambas
situaciones, en aquellos casos en que haya una diferencia
clara o inconcursa en favor de la eficiencia o capacidad de
trabajadores
comparados
en
cuyo
caso
prevalecerá
la
capacidad. (énfasis suplido).
Como ya establecimos, los remedios que provee el Art. 5a ante un
despido durante el periodo de 12 meses de reserva, sólo se activan
cuando el empleado ha sido despedido sin justa causa.
Entendemos por
lo tanto, que para que la sentencia sumaria procediese a favor del
obrero en este caso, no podía existir duda en cuanto a los siguientes
hechos: 1) que se estaba llevando a cabo una reorganización en las
compañías
demandadas;
2)
que
el
obrero
era
el
empleado
de
más
antigüedad dentro de su clasificación ocupacional y 3) que no existía
otro empleado que fuese evidentemente más eficiente o capacitado que el
obrero.
Como
señalamos
anteriormente,
el
obrero
presentó
como
hecho
material incontrovertido, que había sido despedido de su empleo por
alegadas razones de reorganización aunque existían empleados con menos
antigüedad en su misma clasificación ocupacional que fueron retenidos.
Sin embargo, de los documentos ante nos surge que el patrono señaló
evidencia
obrante
en
autos
indicativa
de
que
el
obrero
había
sido
despedido conforme a los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 80 entiéndase,
que no le había sido honrada su antigüedad ya que, al momento de
llevarse a cabo las reducciones, existía otro empleado que era más
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15
eficiente y capacitado.13
El patrono alegó correctamente que debido a
esta controversia de hechos no procedía el que se dictase sentencia
sumaria.
En vista de que prevalecía una genuina controversia respecto a la
existencia
de
justa
causa
para
el
despido
del
obrero,
instancia erró al emitir la Sentencia Sumaria Parcial.
el
foro
de
Así mismo erró
el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver, que procedía la
sentencia sumaria basándose en que “no existe controversia que la parte
apelante violó su deber de reservar la plaza del apelado, despidiéndolo
apenas cinco días después de haberse éste reportado al Fondo de Seguro
del Estado”.
Como hemos establecido, para que procediera la sentencia
sumaria en este caso se requería, además, que no existiera controversia
en cuanto a la inexistencia de justa causa para el despido del obrero.
Por ende, el Tribunal de Circuito erró al resolver, partiendo de la
premisa de que procedía la sentencia sumaria.
V
Por último debemos determinar si erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al desestimar sumariamente la reclamación del obrero de
discrimen por impedimento bajo la Ley Núm. 44.
La Ley Núm. 44 fue
aprobada con el fin de proteger a las personas con impedimentos físicos
o mentales, para ampliar sus oportunidades de empleo y para prohibir el
discrimen
en
el
empleo
contra
tales
personas.
Ríos
v.
Cidra
Manufacturing Operations of P.R., res. el 15 de junio de 1998, 98 TSPR
74.
La Ley Núm. 44 fue enmendada en el 1991 con el propósito de
atemperar nuestro estatuto con la Ley Pública Federal de 26 de julio de
1990, 29 U.S.C.A. secs. 706, y ss. conocida comúnmente como A.D.A.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 105 de 20 de diciembre de 1991;
Ríos
v. Cidra Manufacturing Operations of P.R., supra; Rivera Flores
v. Compañía ABC, res. el 15 de febrero de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995).
13
Véase Oposición a Moción en solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y
solicitando que se dicte Sentencia Sumaria a favor de la parte
demandada y Anejos, presentados el 11 de abril de 1997 en los cuales se
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16
Esta enmienda a la Ley Núm. 44 introdujo la obligación de todo patrono
de proveerle acomodo razonable, en el lugar de trabajo, a las personas
con impedimentos.
La Ley Núm. 44 define acomodo razonable como:
...el ajuste lógico adecuado o razonable que permite o
faculta a una persona cualificada para el trabajo, con
limitaciones físicas, mentales o sensoriales ejecutar o
desempeñar las labores asignadas a una descripción o
definición ocupacional.
Incluye ajustes en el área de
trabajo, construcción de facilidades físicas, adquisición de
equipo
especializado,
proveer
lectores,
ayudantes
conductores o interpretes y cualquier otra acción que
razonablemente le facilite el ajuste a una persona con
limitaciones físicas, mentales o sensoriales en su trabajo y
que no representa un esfuerzo extremadamente oneroso en
términos económicos... 1 L.P.R.A. sec. 501(b)(Supl. 1998).
Para quedar cobijado por la Ley Núm. 44, y que su patrono esté
obligado a brindarle acomodo razonable conforme la ley, el empleado
tendrá que demostrar: primero, que es una persona con impedimento según
lo define la ley, y segundo, que está cualificado para llevar a cabo
las funciones básicas de ese trabajo, con o sin el acomodo razonable.
Véase Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985 (según enmendada), 1 L.P.R.A.
secs. 501 y ss. (Supl. 1998).
En el caso de autos el Tribunal Apelativo desestimó sumariamente
la reclamación del obrero de discrimen por impedimento por entender que
“no existe controversia real sustancial en torno a que a la fecha del
despido del apelado, éste se encontraba acogido a los beneficios del
Fondo del Seguro del Estado e incapacitado para llevar a cabo las
funciones básicas de su trabajo, por motivo del accidente del trabajo
sufrido
por
él
el
26
de
junio
de
1995.”
Esta
determinación
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones es errada ya que no considera la
posibilidad de que el brindarle a un obrero incapacitado tiempo para
reponerse
razonable.
de
un
accidente
de
trabajo
puede
constituir
un
acomodo
Véase, Interpretive Guidance on Title I of the Americans
with Disabilities Act, 29 CFR Pt. 1630 App.; Dockery v. North Shore
Medical Center, 909 F.Supp. 1550, págs. 1555-1556 (S.D. Florida 1995).
hace referencia a las deposiciones
McLaughlin, su supervisor.
del
obrero
y
del
señor
Patrick
CC-98-34
Por
17
esta
razón
entendemos
que
no
podía
dictarse
sentencia
sumaria
desestimando la reclamación del obrero bajo la Ley Núm 44.
Por los fundamentos que anteceden, procede revocar la Sentencia
del Tribunal de Circuito de Apelaciones emitida en el caso de epígrafe
y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia.
Dicho foro deberá
determinar, en primer lugar, si existió justa causa para el despido del
obrero.
De no existir justa causa para el despido procederá resolver
las alegaciones del obrero a la luz del derecho aplicable y lo aquí
dispuesto.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado
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18
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Edwin R. García Díaz
Demandante y Recurrente
v.
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Certiorari
Darex Puerto Rico, Inc.;
W.R. Grace & Company
Demandado y Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1999.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integral de la
presente, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones.
Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que proceda a tenor con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López no interviene.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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