LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

GARCIA DÍAZ V DAREX PR, INC.

1999 TSPR 79

Poder Judicial de Puerto Rico

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GARCIA DÍAZ V DAREX PR, INC.

CC-1998-34

CC-98-34

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Edwin R. García Díaz

Recurrente

Certiorari

V.

99TSPR79

Darex Puerto Rico, Inc.;

W.R. Grace & Compay

Recurrido

Número del Caso: CC-98-0034

Abogado de la Parte Recurrente:

Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Anita Montaner Sevillano

Mc Connell & Valdes

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Jesús Manuel Rosario Félix

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VI

Caguas-Humacao

Juez Ponente: Hon. Brau Ramírez

Fecha: 5/20/1999

Materia: Discrimen

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

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CC-98-34

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin R. García Díaz

Demandante y Recurrente

v.

CC-98-34

Certiorari

Darex Puerto Rico, Inc.;

W.R. Grace & Company

Demandado y Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández

Denton

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1999.

¿Puede un patrono despedir a un obrero durante

los

doce

(12)

meses

de

reserva

de

empleo

que

establece el Art. 5a de la Ley de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo, mientras éste continúa

inhabilitado, y bajo tratamiento en el Fondo del

Seguro del Estado?

nuestra

legislación

Tras analizar el Art. 5a y

laboral

vigente,

determinamos

que durante este periodo el patrono está obligado a

reservar el empleo del obrero y no puede despedirlo

a menos que tenga justa causa.

I

El Sr. Edwin García (en adelante “el obrero”)

comenzó a trabajar para Darex Puerto Rico Inc. (en

adelante “el patrono”) en la posición de chofer y

técnico en agosto de 1981.

El 26 de junio de 1995,

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3

el obrero sufrió un accidente del trabajo, lesionándose la cintura y el

cuello mientras montaba un carrete (“reel”) en un tanque.

Tras el

accidente se reportó al Fondo del Seguro del Estado (en adelante “el

Fondo”) el cual le suministró tratamiento y le ordenó que no trabajara.

Apenas cinco días después de comenzar tratamientos bajo el Fondo,

el obrero fue despedido de su empleo mediante una carta suscrita por el

Sr. Patrick McLaughlin, Gerente Regional del patrono demandado.

dicha

carta

el

despido

se

debió

a

provocada por pérdidas en el negocio.

era

el

empleado

de

una

reorganización

de

Según

personal

Al momento del despido el obrero

mayor

antigüedad

el

de

dentro

de

su

clasificación

el

obrero,

ocupacional.1

Así

las

cosas,

12

julio

de

1996

aún

bajo

tratamiento en el Fondo,2 instó la presente demanda ante el Tribunal de

Primera Instancia contra su patrono y W.R. Grace & Company.3

Alegó que

había sido ilegalmente despedido, en violación tanto del Artículo 5a de

la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 7

(en adelante “Art. 5a”), como de la Ley Núm. 44, la cual provee un

remedio contra el discrimen por impedimentos físicos o mentales, 1

L.P.R.A. secs. 501 y ss, supl. 1998, (en adelante “Ley Núm. 44”).

También

alegó

que

su

despido

había

constituido

discrimen

por

edad

conforme a la Ley Núm 100 de 29 de junio de 1969, 29 L.P.R.A. secs. 146

y ss.

El patrono contestó la demanda, negando las alegaciones.

Tras varios incidentes procesales, el obrero presentó moción de

sentencia

sumaria

parcial

solicitando

se

declarara

con

lugar

su

reclamación bajo el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes

1

El obrero tenía una antigüedad de 13.916 años de servicios y su

salario era de $30,550.00 al año.

2

El obrero continuó bajo tratamiento en el Fondo hasta el 4 de octubre

de 1996.

3

W.R. Grace & Company es la compañía matriz de Darex.

CC-98-34

4

del Trabajo.

El patrono se opuso4 a lo anterior y solicitó, a su vez,

la desestimación sumaria de las causas de acción bajo el Art. 5a5 de la

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y de la reclamación

bajo la Ley Núm. 44.

El Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia Sumaria Parcial,

determinando que el despido fue injustificado por ser contrario a la

reserva de empleo que provee el Art. 5a.

Determinó que el obrero debía

ser compensado con aquellos beneficios a los que hubiera tenido derecho

de no haber sido despedido y obligó al patrono a pagarle el dinero

adeudado por concepto del seguro por incapacidad a corto y largo plazo

contenido en el Manual de Empleados de la Empresa.6

El Tribunal dispuso

que las demás causas de acción incluyendo los daños al amparo del Art.

5a serían adjudicados posteriormente.

Inconforme, el patrono acudió al

Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

modificó

la

Sentencia

Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia limitando el remedio

concedido por dicho foro a los beneficios a los que el obrero hubiera

tenido derecho durante el plazo de doce meses que contempla el Art. 5a

de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para la reserva

de

su

empleo.

También

ordenó

la

desestimación

de

la

reclamación

presentada por el obrero bajo la Ley Núm. 44.

Inconforme con esta determinación, el obrero acude ante nos y

señala que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al reducir el

4

El patrono alegó que existía un genuina controversia de hechos en

cuanto a la existencia de justa causa para el despido del obrero que

impedía que se pudiese dictar sentencia sumaria.

5

Alegaba el patrono que al no haber sido dado de alta por el Fondo

dentro de los doce meses de reserva el obrero no tenía derecho a

remedio alguno bajo el Art. 5a.

6

Según determinó el Tribunal de Primera Instancia este remedio incluía

26 semanas de sueldo completo por concepto de seguro por incapacidad a

corto plazo, y el seguro por incapacidad a largo plazo desde la

terminación del seguro a corto plazo hasta el presente y mientras

continuara incapacitado conforme el Manual de la Empresa, descontando

la pensión del Seguro Social del seguro por incapacidad a largo plazo.

CC-98-34

remedio

5

que

le

había

sido

concedido

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia en virtud del Articulo 5a7.

Por su parte, en su comparecencia ante nos, el patrono señala que

erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver que García

tenía

una

causa

de

acción

bajo

el

Artículo

Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

5a

de

la

Ley

de

Alega el patrono que el

Art. 5a no cobija al obrero ya que éste no satisfizo los requisitos

establecidos en dicho artículo para solicitar reinstalación.

A

la

luz

de

los

errores

señalados

nos

corresponde

resolver

principalmente si el Artículo 5a prohíbe, absolutamente, el despido de

un empleado durante el periodo de reserva de 12 meses.

Veamos.

II

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su

Carta

de

Derechos,

Art.

II,

Sec.

16,

reconoce

el

derecho

de

todo

trabajador a estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo o

empleo.

“Este derecho puede entenderse incluye el que se provea al

trabajador

empleo”.8

de

un

sistema

de

seguridad

social

por

lesiones

en

el

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm.

45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. secs. 1 y ss.,

crea este sistema de seguridad social.

Dicha ley establece el deber de los patronos de compensar a sus

empleados

lesionados

o

accidentados

en

el

curso

de

su

empleo

y

establece un sistema de seguros y un método para proceder con las

7

En el caso de autos el obrero también alegó que una razón de su

despido había sido la de impedirle tener acceso al Seguro por

Incapacidad a Largo Plazo que establecía el Manual de Empleados de

Darex y Grace por lo cual el tiene derecho a que, como remedio, se le

concediesen

estos

beneficios.

Sin

embargo

el

patrono

aduce

correctamente, que de tener razón el obrero, en cuanto a la razón del

despido, este tenía que iniciar una acción en el Tribunal Federal bajo

la sección 510 la ley federal E.R.I.S.A., 29 U.S.C. sec. 1140, que rige

este tipo de seguro. Esta ley exige que cualquier reclamación judicial

que en sus alegaciones implique una violación a E.R.I.S.A. conforme la

sección 510 será de jurisdicción exclusiva de las cortes federales. 29

U.S.C. sec. 1132(e)(1). Véase, Ingersoll-Rand Company v. Mc. Cledon,

498 U.S. 133 (1990).

8

Ley Núm. 83 del 29 de octubre de 1992, Art. 1a, 11 L.P.R.A. sec. 1a.

CC-98-34

6

reclamaciones.

Véase, Ortiz Pérez v. FSE, res. el 31 de octubre de

1994, 137 D.P.R. ____ (1994).

Por medio de esta ley, tanto los patronos asegurados como los

obreros reciben importantes beneficios a cambio del libre ejercicio de

sus derechos y prerrogativas tradicionales.

Ley Núm. 83 del 29 de

octubre de 1992, Art. 1a, 11 L.P.R.A. sec. 1a.

Por un lado, el obrero

renuncia al derecho de demandar a su patrono y en su lugar recibe un

remedio seguro, libre de las complejidades de una acción ordinaria en

daños.

exige

Por otro lado, a cambio de esta inmunidad al patrono se le

cumplir

con

ciertas

obligaciones

que

Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

le

impone

la

Ley

de

Entre éstas se encuentra

asegurar a sus empleados en el Fondo del Seguro del Estado9 y cumplir

con

lo

dispuesto

en

el

Art.

5a

de

la

ley,

el

cual

le

impone

la

siguiente obligación:

En los casos de inhabilitación para el trabajo de

acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono

vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el

obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a

reinstalarlo

en

el

mismo,

sujeto

a

las

siguientes

condiciones:

(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para

que lo reponga en su empleo dentro del término de quince

días, contados a partir de la fecha en que el obrero o

empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho

requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses

desde la fecha del accidente;

(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente

capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que

solicite del patrono su reposición, y

(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el

obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que

el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe

otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba

vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o

empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en

que se hizo el requerimiento de reposición.)

Ley Núm. 45

del 18 de abril de 1935, Art. 5a, según enmendada, 11

L.P.R.A. sec. 7.

En

distintos

numerosas

aspectos

Compensaciones

9

por

ocasiones

hemos

relacionados

Accidentes

del

tenido

con

el

Trabajo.

oportunidad

Art.

5a

Véase,

de

de

examinar

la

Ley

de

v.

SK&F

Alvira

Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, Art. 18, según enmendada, 11

L.P.R.A. sec. 19.

CC-98-34

7

Laboratories Co., res. el 4 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___(1997);

Vélez Rodríguez v. Pueblo International Inc., res. el 18 de marzo de

1994, 135 D.P.R. ___ (1994); Torres v. Star Kist Caribe Inc., res. el

28 de enero de 1994, 134 D.P.R. ___ (1994); Carrón Lamoutte v. Compañía

de Turismo, 130 D.P.R. 70 (1992); Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763

(1992).

Hemos resuelto reiteradamente que “[e]l Artículo 5a establece dos

tipos de protección para el obrero que sufre un accidente del trabajo y

se reporta y acoge a los beneficios que ofrece la Ley de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo.

Primero, le impone al patrono el deber de

reservarle

doce

al

obrero

por

(12)

meses

el

desempeñaba al momento de ocurrir el accidente.

empleo

en

que

se

En segundo lugar, el

trabajador tiene derecho a que lo repongan en ese mismo empleo una vez

es dado de alta por el Fondo, [si] solicita del patrono que lo repongan

y si se dan las tres condiciones establecidas en dicho artículo”.

Santiago v. Kodak, supra; véase además, Torres v. Star Kist Caribe

Inc., supra y Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación

Protectora del Trabajo, págs. 188-189 (1998).

Hemos resaltado de esta

forma que en adición al derecho de reinstalación que provee el Art. 5a,

también se le impone la obligación al patrono de reservarle el empleo

al obrero lesionado o enfermo, por un periodo de 12 meses, desde la

ocurrencia del accidente o enfermedad. Alvira v. SK&F Laboratories Co.,

supra; Vélez Rodríguez v. Pueblo International Inc., supra.

Sin embargo, el patrono en este caso argumenta que la reserva que

establece el Art. 5a no es una obligación per se y que sólo se activa

si

el

obrero

reinstalación.

logra

satisfacer

los

requisitos

para

solicitar

su

A su entender la ley le permite a un patrono despedir a

un obrero lesionado y lo único que le requiere es reinstalarlo de éste

recuperarse y solicitar reinstalación dentro de los 12 meses que se

establecen en el Art. 5a.

El patrono intenta apoyar su interpretación

en que el Art. 5a no provee remedio alguno para aquel obrero que es

CC-98-34

8

despedido durante el periodo de reserva y no logra recuperarse a tiempo

para solicitar su reinstalación conforme el artículo.

No tiene razón.

Comenzamos por señalar que de ordinario, la inhabilitación de un

empleado para continuar llevando a cabo su trabajo constituye una razón

justificada para su despido. Torres v. Starkist Caribe, Inc. supra.

De

ahí que el propósito evidente del Art. 5a de la Ley de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo es requerirle al patrono que pase por alto

dicha facultad y que reserve la plaza de su empleado por un periodo de

doce (12) meses, para permitirle al empleado recuperarse.

De esta

forma, el Art. 5a garantiza que el obrero que sufre un accidente o

enfermedad

ocupacional

correspondiente

sin

acuda

temor

a

Compañía de Turismo, supra.

al

Fondo

para

ser

despedido.

el

tratamiento

Carrón

médico

Lamoutte

v.

La reserva de doce (12) meses logra que el

obrero no tenga que enfrentarse a la incertidumbre indeseable de que

por haber sufrido un accidente de trabajo su patrono lo despida, a la

vez que promueve un

ambiente de tranquilidad en el cual el obrero

puede recuperarse con mayor celeridad.

Por el contrario, la interpretación del Art. 5a que propone el

patrono fomenta que éste especule con el pronóstico de mejoría de sus

obreros y despidan a aquellos que parezca no habrán de reponerse a

tiempo para solicitar su reinstalación.

De esta forma el patrono burla

el efecto terapéutico que persigue la ley. Es evidente, por lo tanto

que ésta no fue la interpretación deseada por el legislador.

Por

permite

otro

lado,

que

el

no

olvidemos

patrono

que

contrate

nuestro

a

otro

ordenamiento

laboral

obrero

cubrir

para

temporeramente el puesto del lesionado mediante un contrato de empleo

bona fide de término cierto que satisfaga lo requerido por la Sec.

185k(a) de la Ley Núm. 80, 29 L.P.R.A. Sec. 185k(a).

Esta disposición

facilita el que los patronos concedan las licencias reconocidas por la

legislación laboral vigente.

Resolvemos

reserve

el

por

ende,

empleo

de

que

el

Art.

un

obrero

5a

le

exige

lesionado,

al

patrono

mientras

que

continúe

CC-98-34

9

inhabilitado y recibiendo tratamiento bajo el Fondo por un término de

12 meses desde la fecha del accidente de trabajo.

Esta reserva existe

con total independencia de si en el futuro el obrero cualifica para ser

reinstalado, e impide que el obrero sea despedido.

Claro está, del

propio Artículo 5a surge que si el obrero es dado de alta por el Fondo

antes

de

transcurrido

el

término

de

12

meses,

y

no

solicita

la

reinstalación conforme le exige el Art. 5a, el patrono queda liberado

de su obligación de reservar el empleo.

Sin embargo, el patrono en este caso también argumenta que el Art.

5a no provee remedio alguno para el obrero que es despedido durante el

periodo

de

reinstalado.

reserva

y

no

se

recupera

a

tiempo

para

requerir

ser

El patrono se equivoca.

En cuanto a los remedios a concederse por una violación a las

obligaciones que impone el Art. 5a el propio artículo dispone:

“...Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta

sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus

beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado

hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le

responderá

de todos los daños y perjuicios que le haya

ocasionado.

El obrero o empleado, o sus beneficiarios,

podrán instar y tramitar la correspondiente reclamación de

reinstalación y/o daños en corte por acción ordinaria o

mediante

procedimiento

para

reclamación

de

salarios,

establecidos en las secs. 3118 a 3132 del Título 32.” 11

L.P.R.A. sec. 7.

Como hemos visto, existen varios requisitos que el obrero debe

satisfacer antes de poder solicitar la reinstalación conforme el Art.

5a.

Un obrero que no satisface estos requisitos, de ordinario y aunque

haya sido despedido dentro del periodo de reserva, no tendrá derecho a

la reinstalación ni a los salarios que hubiere devengado de haber sido

reinstalado.

Sin embargo éste no es el único remedio que provee el

Art. 5a ante el incumplimiento del patrono con las obligaciones que

éste

le

impone.

El

Art.

5a

también

dispone

que

el

obrero

o

sus

beneficiarios, podrán reclamar todos los daños y perjuicios que le haya

ocasionado el incumplimiento del patrono.

Por

lo

tanto,

interpretamos

que

el

Art.

5a

sí

le

concede

un

remedio al obrero que ha sido ilegalmente despedido dentro del periodo

CC-98-34

10

de doce meses en que la ley le requiere a su patrono que reserve su

plaza, consistente en la compensación por los daños y perjuicios que

tal conducta de su patrono le ha ocasionado.10

señala

el

Tribunal

de

Circuito

de

Como correctamente

Apelaciones,

“resultaría

un

contrasentido sostener que el apelado tenía derecho a que la parte

apelante le reservara su plaza por doce meses a partir de su accidente,

pero que el incumplimiento de dicho deber no da base a remedio alguno

bajo dicho precepto porque el empleado nunca llegó a recuperarse de su

incapacidad”.

Por

lo

tanto,

y

conforme

legal

que

establece

interpretación

con

el

que

los

reconocido

principio

de

estatutos

remediales

se

interpretan con liberalidad,11 reiteramos que el Artículo 5a obliga al

patrono a reservar el empleo de su obrero enfermo o lesionado por un

periodo ininterrumpido de doce (12) meses, a contarse desde la fecha en

que

ocurre

la

lesión

que

lo

inhabilita.

Dicha

obligación

es

independiente de la que le impone al patrono reinstalar a un obrero

lesionado que satisfaga los requisitos que el artículo impone.

El

patrono que incumpla con el deber de reserva, despidiendo al obrero

lesionado,

le

responderá

por

todos

los

daños

y

perjuicios

que

su

incumplimiento produzca.

III

Ahora bien, la protección que ofrece el Art. 5a al obrero no es

absoluta.

10

Santiago v. Kodak, supra.

En nuestra legislación laboral

En la determinación de estos daños además de considerar los

sufrimientos y angustias mentales del obrero, el foro de instancia

deberá examinar si el contrato de trabajo del obrero contiene

beneficios para cuando estos se accidentan. Estos beneficios perdidos,

desde el momento del despido sin justa causa hasta que venza la

reserva, deberán considerarse al momento de fijar los daños y

perjuicios.

11

Anteriormente hemos establecido que la Ley de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo, por ser un estatuto remediador, ha de

interpretarse liberalmente a favor de aquellos a quienes intenta

proteger para que se cumplan sus amplios propósitos humanitarios y de

justicia social. Maisonet Felicié v. F.S.E., res. el 30 de diciembre de

1996, 142 D.P.R. ___ (1996); Vélez, Admor v. Comisión Industrial, 91

D.P.R. 480, 485; Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R.

196, 215 (1961); véase además, Agosto Serrano v. FSE, 132 D.P.R. 866

(1993); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R. 116 D.P.R. 522 (1985).

CC-98-34

11

todo patrono tiene el derecho de levantar la defensa de justa causa

cuando se le acusa de un despido injustificado.

Sobre este particular

señala Delgado Zayas:

[A]unque el despido de un empleado est[é] prohibido

(por encontrarse en una situación protegida) si existe justa

causa para despedirlo, dicha prohibición cede ante la

existencia de la justa causa. En otras palabras, en nuestra

legislación la prohibición de despido rige mientras no hay

justa causa para el despido de un empleado.

No hay legislación alguna presente, que establezca una

prohibición absoluta de despido de un empleado. La justa

causa siempre permite el despido, sin que el patrono incurra

en responsabilidad legal alguna por dicha acción. Delgado

Zayas pag. 115, supra.

Por lo tanto, “[p]uede darse el caso de que un patrono descubra

que un trabajador que ya ha sufrido un accidente del trabajo llevó a

cabo una conducta con anterioridad a sufrir dicho accidente que es

causa justificada para despedirlo y en este caso el patrono obviamente

no

estaría

obligado

a

reinstalar

en

su

puesto

a

dicho

trabajador,

pudiéndolo despedir por estos actos anteriores y no estando impedido

para ello por la prohibición de la ley.

Lo que no puede hacer es

despedirlo luego de sufrir el accidente o negarse a reinstalarlo en su

empleo

sin

que

haya

justa

causa

sin

embargo,

para

despedirlo”.

Delgado

Zayas,

supra, pag. 189.

Observamos,

que

la

Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes del Trabajo no contiene una definición de lo que constituye

justa

en

buena

hermenéutica, debemos recurrir a otras leyes in pari materia.

Báez

García

causa

v.

para

el

Coopper

despido.

Laboratories

Ante

Inc.,

esta

120

situación,

D.P.R.

145,

y

155

(1987);

Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522, 526-527 (1985). Por

ende, para determinar el significado de justa causa en el Art. 5a,

acudimos a las circunstancias enumeradas en el Art. 2 de la Ley Núm.

80,

29

L.P.R.A.

sec.

185(b),12

conocida

comúnmente

como

la

Ley

de

Despido Injustificado.

12

Según el Art. 2 de la Ley Núm. 80, “se entenderá por justa causa para

el despido de un empleado de un establecimiento:

CC-98-34

Por

12

lo

tanto,

concluimos

que

un

patrono

podrá

despedir

a

un

empleado inhabilitado y acogido al Fondo, durante los doce meses de

reserva que establece el Art. 5a, sólo si mediase justa causa conforme

ejemplificado por el Art. 2 de la Ley Núm. 80.

IV

Procede entonces analizar los hechos de este caso a la luz de los

principios reseñados.

La Sentencia inicial dictada en este caso fue

una Sentencia Sumaria Parcial, en la cual se determinó que el obrero

tenía derecho a un remedio bajo el Art. 5a.

Como se sabe, la Regla 36

de

III,

Procedimiento

Civil,

32

L.P.R.A.

AP.

R.

36,

permite

que

cualquiera de las partes en un pleito pueda solicitar que el Tribunal

emita

sentencia

sumaria

a

su

favor

tras

demostrar

que

controversia sustancial sobre los hechos pertinentes.

resuelto

que

discrecional

la

que

sentencia

sumaria

sólo

concederse

debe

es

un

no

existe

Así mismo hemos

remedio

cuando

no

extraordinario

hay

una

genuina

controversia sobre hechos materiales y el Tribunal se convence que

tiene ante sí la verdad de todos los hechos pertinentes.

Audiovisual

Language v. Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, res. el 15 de

diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___ (1997).

La

sentencia

sumaria

sólo

debe

dictarse

en

casos

claros

y

cualquier duda en cuanto a si hay hechos pertinentes en controversia

a)Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.

b)La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma

eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de

las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el

establecimiento.

c)Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos

razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento

siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado

oportunamente al empleado.

d)Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del

establecimiento.

e)Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de

estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja

por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al

público.

f)Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias,

anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.

CC-98-34

13

debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria.

Toda inferencia que se haga a base de los hechos y documentos que obren

en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que

se opone a la solicitud de sentencia sumaria.

Véase, Piñero v. A. A.

A, res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 140; Audiovisual Language v.

Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, supra; Medina v. M.S. & D.

Química de P.R. Inc., res. el 7 de abril de 1994, 135 D.P.R. ___

(1994); Rivera et al v. Superior Packaging, Inc., et al, 132 D.P.R. 115

(1992).

Por

ende,

y

conforme

a

las

reglas

de

Procedimiento

Civil,

el

Tribunal solamente procederá a emitir una sentencia sumaria si a la luz

de los documentos sometidos, además de los que contienen los autos, “no

hay controversia real en cuanto a ningún hecho material y como cuestión

de derecho procede dictarse[...]”.

Regla 26.3, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.

36.3; Mattei Nazario v. Vélez & Asoc., res. el 7 de mayo de 1998, 98

TSPR 54; Colegio de Ingenieros v. AAA, 131 D.P.R. 755 (1992); Méndez

Arocho v. El Vocero de P. R., 130 D.P.R. 867 (1992).

De la moción de sentencia sumaria parcial presentada por el obrero

y de la oposición a la misma radicada por la parte demandada, surge

como hecho incontrovertido, que las compañías demandadas se encontraban

en

un

proceso

incontrovertido

injustificado

ya

de

el

reorganización.

obrero

que

él

alega

tenía

que

mayor

Partiendo

de

despido

fue

evidentemente

antigüedad

que

otro

su

este

hecho

empleado

retenido por la compañía.

El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, en su inciso (f) establece que

sería justa causa para un despido “[r]educciones en empleo que se hacen

necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o

ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido”.

L.P.R.A. sec. 185b(f).

29

Sin embargo, el Artículo 3 de esta ley delimita

No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por

mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y

normal funcionamiento del establecimiento.” 29 L.P.R.A. sec. 185b.

CC-98-34

14

la forma y manera en que deben llevarse a cabo estos despidos.

Este

artículo establece:

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las

razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec.

185b de este título, el patrono estará obligado a retener

con preferencia en el empleo a los empleados de más

antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados

por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro de su

clasificación ocupacional que puedan ser desempeñados por

ellos, entendiéndose que se dará preferencia a los empleados

despedidos en caso de que dentro de los seis (6) meses

siguientes a su cesantía tuviere necesidad de emplear a una

persona

en

labores

iguales

o

similares

a

las

que

desempeñaban dichos empleados al momento de su despido y

dentro de su clasificación ocupacional siguiéndose también

el orden de antigüedad en la reposición excepto, y en ambas

situaciones, en aquellos casos en que haya una diferencia

clara o inconcursa en favor de la eficiencia o capacidad de

trabajadores

comparados

en

cuyo

caso

prevalecerá

la

capacidad. (énfasis suplido).

Como ya establecimos, los remedios que provee el Art. 5a ante un

despido durante el periodo de 12 meses de reserva, sólo se activan

cuando el empleado ha sido despedido sin justa causa.

Entendemos por

lo tanto, que para que la sentencia sumaria procediese a favor del

obrero en este caso, no podía existir duda en cuanto a los siguientes

hechos: 1) que se estaba llevando a cabo una reorganización en las

compañías

demandadas;

2)

que

el

obrero

era

el

empleado

de

más

antigüedad dentro de su clasificación ocupacional y 3) que no existía

otro empleado que fuese evidentemente más eficiente o capacitado que el

obrero.

Como

señalamos

anteriormente,

el

obrero

presentó

como

hecho

material incontrovertido, que había sido despedido de su empleo por

alegadas razones de reorganización aunque existían empleados con menos

antigüedad en su misma clasificación ocupacional que fueron retenidos.

Sin embargo, de los documentos ante nos surge que el patrono señaló

evidencia

obrante

en

autos

indicativa

de

que

el

obrero

había

sido

despedido conforme a los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 80 entiéndase,

que no le había sido honrada su antigüedad ya que, al momento de

llevarse a cabo las reducciones, existía otro empleado que era más

CC-98-34

15

eficiente y capacitado.13

El patrono alegó correctamente que debido a

esta controversia de hechos no procedía el que se dictase sentencia

sumaria.

En vista de que prevalecía una genuina controversia respecto a la

existencia

de

justa

causa

para

el

despido

del

obrero,

instancia erró al emitir la Sentencia Sumaria Parcial.

el

foro

de

Así mismo erró

el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver, que procedía la

sentencia sumaria basándose en que “no existe controversia que la parte

apelante violó su deber de reservar la plaza del apelado, despidiéndolo

apenas cinco días después de haberse éste reportado al Fondo de Seguro

del Estado”.

Como hemos establecido, para que procediera la sentencia

sumaria en este caso se requería, además, que no existiera controversia

en cuanto a la inexistencia de justa causa para el despido del obrero.

Por ende, el Tribunal de Circuito erró al resolver, partiendo de la

premisa de que procedía la sentencia sumaria.

V

Por último debemos determinar si erró el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al desestimar sumariamente la reclamación del obrero de

discrimen por impedimento bajo la Ley Núm. 44.

La Ley Núm. 44 fue

aprobada con el fin de proteger a las personas con impedimentos físicos

o mentales, para ampliar sus oportunidades de empleo y para prohibir el

discrimen

en

el

empleo

contra

tales

personas.

Ríos

v.

Cidra

Manufacturing Operations of P.R., res. el 15 de junio de 1998, 98 TSPR

74.

La Ley Núm. 44 fue enmendada en el 1991 con el propósito de

atemperar nuestro estatuto con la Ley Pública Federal de 26 de julio de

1990, 29 U.S.C.A. secs. 706, y ss. conocida comúnmente como A.D.A.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 105 de 20 de diciembre de 1991;

Ríos

v. Cidra Manufacturing Operations of P.R., supra; Rivera Flores

v. Compañía ABC, res. el 15 de febrero de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995).

13

Véase Oposición a Moción en solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y

solicitando que se dicte Sentencia Sumaria a favor de la parte

demandada y Anejos, presentados el 11 de abril de 1997 en los cuales se

CC-98-34

16

Esta enmienda a la Ley Núm. 44 introdujo la obligación de todo patrono

de proveerle acomodo razonable, en el lugar de trabajo, a las personas

con impedimentos.

La Ley Núm. 44 define acomodo razonable como:

...el ajuste lógico adecuado o razonable que permite o

faculta a una persona cualificada para el trabajo, con

limitaciones físicas, mentales o sensoriales ejecutar o

desempeñar las labores asignadas a una descripción o

definición ocupacional.

Incluye ajustes en el área de

trabajo, construcción de facilidades físicas, adquisición de

equipo

especializado,

proveer

lectores,

ayudantes

conductores o interpretes y cualquier otra acción que

razonablemente le facilite el ajuste a una persona con

limitaciones físicas, mentales o sensoriales en su trabajo y

que no representa un esfuerzo extremadamente oneroso en

términos económicos... 1 L.P.R.A. sec. 501(b)(Supl. 1998).

Para quedar cobijado por la Ley Núm. 44, y que su patrono esté

obligado a brindarle acomodo razonable conforme la ley, el empleado

tendrá que demostrar: primero, que es una persona con impedimento según

lo define la ley, y segundo, que está cualificado para llevar a cabo

las funciones básicas de ese trabajo, con o sin el acomodo razonable.

Véase Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985 (según enmendada), 1 L.P.R.A.

secs. 501 y ss. (Supl. 1998).

En el caso de autos el Tribunal Apelativo desestimó sumariamente

la reclamación del obrero de discrimen por impedimento por entender que

“no existe controversia real sustancial en torno a que a la fecha del

despido del apelado, éste se encontraba acogido a los beneficios del

Fondo del Seguro del Estado e incapacitado para llevar a cabo las

funciones básicas de su trabajo, por motivo del accidente del trabajo

sufrido

por

él

el

26

de

junio

de

1995.”

Esta

determinación

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones es errada ya que no considera la

posibilidad de que el brindarle a un obrero incapacitado tiempo para

reponerse

razonable.

de

un

accidente

de

trabajo

puede

constituir

un

acomodo

Véase, Interpretive Guidance on Title I of the Americans

with Disabilities Act, 29 CFR Pt. 1630 App.; Dockery v. North Shore

Medical Center, 909 F.Supp. 1550, págs. 1555-1556 (S.D. Florida 1995).

hace referencia a las deposiciones

McLaughlin, su supervisor.

del

obrero

y

del

señor

Patrick

CC-98-34

Por

17

esta

razón

entendemos

que

no

podía

dictarse

sentencia

sumaria

desestimando la reclamación del obrero bajo la Ley Núm 44.

Por los fundamentos que anteceden, procede revocar la Sentencia

del Tribunal de Circuito de Apelaciones emitida en el caso de epígrafe

y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia.

Dicho foro deberá

determinar, en primer lugar, si existió justa causa para el despido del

obrero.

De no existir justa causa para el despido procederá resolver

las alegaciones del obrero a la luz del derecho aplicable y lo aquí

dispuesto.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

CC-98-34

18

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin R. García Díaz

Demandante y Recurrente

v.

CC-98-34

Certiorari

Darex Puerto Rico, Inc.;

W.R. Grace & Company

Demandado y Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integral de la

presente, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que proceda a tenor con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-98-34

19