Tribunal Supremo de Puerto Rico
RIMCO, INC. V PEREZ Y CIA DE PR
1999 TSPR 52
Poder Judicial de Puerto Rico
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RIMCO, INC. V PEREZ Y CIA DE PR
RE-1994-344
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
RIMCO, INC.
Demandante-Recurrido
Revisión
V.
99TSPR52
PEREZ Y CIA. DE PUERTO RICO,
INC.
Demandado-Recurrente
Número del Caso: RE-94-344
Abogados de la Recurrente: LCDO. JUAN A. LOPEZ-CONWAY
(CALVESBERT & BROWN)
Abogados de la Recurrida: LCDO. RAFAEL MAYORAL MORALES
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Flavio E. Cumpiano
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 4/12/1999
Materia:
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rimco, Inc.
Demandante-Recurrido
v.
RE-94-344
Revisión
Pérez y Cía. de Puerto Rico,
Inc.
Demandado-Recurrente
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente, señor Andréu García
San
Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 1999
I
La
demandante-recurrida,
Rimco,
Inc.,
presentó esta causa de acción contra la demandadarecurrente,
Pérez
&
Cía.
de
P.R.,
Inc.,
(en
adelante “Pérez & Cía.”), reclamándole el pago
adeudado,
más
intereses,
por
servicios
de
reparación, instalación y suministro de piezas de
repuesto
de
un
motor
Caterpillar
en
el
buque
“Alraigo”, del cual Pérez & Cía. era agente de
puerto.
deuda
Pérez & Cía. negó la existencia de la
reclamada
y
adujo
como
defensa
la
prescripción de dicha reclamación.
Atendidas las alegaciones de las partes y la
prueba documental y testifical vertida en la vista
en su fondo, el antiguo Tribunal Superior, Sala de
San Juan, resolvió que Pérez & Cía. contrató con
Rimco, Inc., la reparación del buque del cual era agente de puerto y que
le es responsable a Rimco, Inc., por los servicios prestados en la suma
principal de $12,379.57, e intereses al 7% anual, más las costas, gastos
y $1,850.00 en concepto de honorarios de abogado.
En la sentencia nada
expresó sobre la defensa de prescripción levantada por la demandada.
Oportunamente, Pérez & Cía. presentó recurso de revisión ante nos,
en el cual señaló:
Que “[e]rró el Tribunal Superior al determinar que la acción
entablada por la parte demandante no está prescrita.”
Que “[e]rró el Tribunal Superior al determinar que
contrató directamente con RIMCO la reparación del
“ALRAIGO”, y no como agente del armador.”
Pérez
buque
Habiendo expedido este tribunal el auto de revisión solicitado y
estando en condiciones de resolver, procedemos a hacerlo, pero no sin
antes exponer los hechos que fueron hallados probados ante el antiguo
Tribunal Superior, Sala de San Juan.
II
Por no haber sido impugnadas, a continuación transcribimos como
relación de hechos las determinaciones que dieron base a la sentencia
dictada por el tribunal sentenciador.
1.
“A. Pérez & Cía. de P.R., Inc. (Pérez & Cía.) fungía como
‘port agent’ o agente de puerto del buque ‘Alraigo’. El 31 de
marzo de 1987 el armador o dueño del buque remitió dos telex a
Pérez & Cía., dirigidos además a la atención del capitán del
buque.
En uno le indicaba que era preciso la asistencia
técnica de la firma Caterpillar a fin de reparar un motor
auxiliar del buque, señalaba los problemas que afectan al
motor, así como exponía los trabajos a ser realizados. Instaba
a agilizar todo lo posible a fin de no demorar la salida del
buque y solicitaba se le informara el costo de la reparación,
pero subrayaba que no se demorara la misma por el estimado. El
segundo telex instaba a preparar la reclamación por la avería
del motor para ser sometida a la compañía aseguradora.
2.
El mismo 31 de marzo de 1987, el señor Orlandi, Jefe de
Operaciones de Pérez & Cía., llamó por teléfono a RIMCO Inc.,
representantes exclusivos en Puerto Rico de los motores
Caterpillar, solicitándole que personal de RIMCO Inc. estuviera
presente para cuando el buque ‘Alraigo’ llegase a Puerto Rico
se reparase su motor. Luego Orlandi hizo llegar a RIMCO Inc.
los telex recibidos del armador. Para RIMCO el más importante
fue el telex indicativo de las averías y de las reparaciones a
efectuarse y de las piezas a suplirse.
3.
RIMCO Inc. realizó las reparaciones al motor del buque
‘Alraigo’, y suministró las piezas de repuesto requeridas,
durante los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 1987. Entre las cosas
que se encontraron estuvo el cilindro número 6 con el pistón
roto y las válvulas partidas.
Hubo también que reparar el
sistema de enfriamiento del motor y suplantarle algunas piezas.
Se hicieron numerosos otros trabajos, más o menos los
requeridos en el telex. El que le hubiesen adelantado a RIMCO
lo que el motor tenía adelantó el proceso.
Las hojas de
trabajo fueron firmadas y aceptadas por Ricardo Cementía en
representación del buque. El buque partió entonces de Puerto
Rico.
4.
El costo de la reparación efectuada por RIMCO ascendió a
$10,576.47 y el costo de las piezas de repuesto suplidas fue de
$1,803.10 para un total de $12,279.57.
5.
El Sr. Julián A. Ducat, tasador marino (surveyor) de la
compañía española aseguradora del buque visitó las oficinas de
RIMCO alrededor del 3 de abril para obtener copias de las
facturas de reparación del motor. Elló llevó a RIMCO a creer
que el pago de la factura sería procesado a través de la
aseguradora del buque por lo que, poco más tarde, le requirió
el pago a Julián A. Ducat. Este contestó que sólo actuaba de
recopilador de información para la aseguradora en España, pero
que no había sido él quien había ordenado las reparaciones ni
había indicado ser el responsable por el pago. Señaló que el
agente del buque ‘Alraigo’ era A. Pérez & Cía.
6.
Para junio de 1987 el Gerente de Crédito de RIMCO se comunicó
con funcionarios de Pérez & Cía. para reclamarle el pago de la
factura.
Pérez & Cía. manifestó no tener conocimiento de la
factura. RIMCO se la remitió el 30 de junio de 1987. Pérez &
Cía. indicó entonces que la factura no era procesable ni
pagable porque Pérez & Cía. no había ordenado ni autorizado la
reparación.
7.
Cuando el buque ‘Alraigo’ fue reparado en abril de 1987, su
agente era Pérez & Cía. Cuando RIMCO le remite la factura a
Pérez & Cía. el 30 de junio de 1987 ya Pérez & Cía. no era el
agente del buque pues desde el 20 de junio de 1987 el nuevo
agente era Island Stevedoring Inc.
La Sra. Mayra Villalón,
Gerente General de Island Stevedoring entonces empezó a ayudar
a RIMCO para tratar de obtener el pago de las facturas del
armador o dueño del buque (Navieras García Minaur, de España) o
de la compañía que lo tenía arrendado (Compañía Marítima de
Isla de Pascua, Chile), pero todas las gestiones fueron
infructuosas. El buque dejó de venir a Puerto Rico por lo que
no se pudo hacer gestión de cobro directamente sobre el buque.
8.
RIMCO continuó requiriéndole el pago a Pérez & Cía., haciéndolo
el 3 de febrero de 1988 y 8 de septiembre de 1988. Como las
facturas no fueron satisfechas, esta demanda se radicó el 25 de
marzo de 1991, menos de tres años después de la última gestión
acreditada de cobro de RIMCO Inc. a Pérez & Cía.
9.
Para el 31 de marzo de 1987 Pérez & Cía. y RIMCO Inc. no habían
hecho negocios entre sí y Pérez & Cía no tenía crédito con
RIMCO Inc. No obstante, este tipo de solicitud de servicio de
emergencia a buques por los agentes, incluyendo nuevos agentes,
era práctica frecuente y normal. La práctica y la política es
que quien es responsable del pago del servicio es el agente,
que lo solicita, el que está en Puerto Rico, y el buque no
tiene que ser detenido en Puerto Rico hasta efectuado el pago
por el servicio.
El buque se puede ir porque el agente en
Puerto Rico que solicitó el servicio es responsable frente a
quien lo prestó. Una vez se termina el trabajo en el buque, y
el trabajo se acepta por el capitán o por su representante, se
le autoriza al buque a partir y se le cobra al agente. Como
regla general, además, los suplidores de servicios, lidian y
contratan con el agente del buque y rara vez lo hacen
directamente con el capitán del buque o con su armero [sic].
10.
Al comunicarse con RIMCO Inc. y al solicitarle los servicios
para el buque, el representante de Pérez & Cía. no le hizo
resguardo o negativa alguna de su responsabilidad, ni le
advirtió ni le dirigió a la contratación directa con el capitán
del ‘Alraigo’.”
II
De entrada comenzamos nuestro análisis de la causa de acción de
marras evaluando la defensa de prescripción levantada por la demandadarecurrida, pues, como es harto conocido, si la causa de acción está
prescrita, procede la desestimación de la demanda.
Acosta Quiñones v.
Matos Rodríguez, op. del 5 de abril de 1994, 94 JTS 47; Ortega v. Pou,
op.
del
7
de
abril
de
1994,
94
JTS
51.
Al
hacer
este
análisis,
obligatoriamente comenzamos evaluando la naturaleza de la causa de acción
ejercida y el derecho aplicable a la misma.
Naturaleza de la causa de acción
En
el campo
del derecho
contractual la
determinación
de si un
contrato cae dentro del ámbito del derecho marítimo dependerá del objeto
y la naturaleza del contrato que se está considerando.
Así, cuando el
contrato regula servicios o transacciones relacionadas con el comercio
marítimo, el contrato es de naturaleza marítima y, en consecuencia, se
rige por las normas y principios aplicables a este campo del derecho.
Ahora bien, ¿cuáles son los servicios o transacciones relacionadas con el
comercio
marítimo?
En
términos
sucintos,
son
aquellos
que
están
relacionados con el uso de una embarcación como tal, con el comercio o la
navegación en aguas navegables, con la transportación marítima o con
empleos
marítimos;
todo
esto
independientemente
si
el
contemplado para ser ejecutado en tierra o en el mar.
contrato
está
I Benedict on
Admiralty § 182 a la pág. 12-4 (7ma ed. Revisada 1998); Herbert R. Baer,
Admiralty Law of the Supreme Court § 14-1 a las págs. 464 a 466 (3ra ed.
1979 Supl. 1985); Nicolas J. Healy and David J. Sharpe, Admiralty Cases
and Materials a las págs. 46 a 55 (2da ed. 1986);
León v. Transconex,
Inc., 119 D.P.R. 102, 105 (1987).
Siguiendo los principios esbozados, la jurisprudencia norteamericana
y los tratadistas especializados en el campo del derecho marítimo han
establecido que un contrato que tiene por objeto la reparación de una
embarcación cae dentro del ámbito del derecho marítimo.
Benedict on
Admiralty, supra, § 187 a la pág. 12-30 et seq; Admiralty Law of the
Supreme Court, supra, § 14-1 a la pág. 465.
Por tanto, es inescapable
concluir que la causa de acción que consideramos, donde se reclama el
pago
de
la
reparación
del
motor
auxiliar
del
buque
Alraigo,
definitivamente es de naturaleza marítima.1
Derecho aplicable
La naturaleza marítima de la causa de acción ejercitada por Rimco,
Inc., necesariamente conlleva la aplicación del Derecho Marítimo federal,
ya sea que se presente la causa de acción ante el foro federal o sea que
se presente ante el foro estatal.
Así lo han resuelto los tribunales
federales2 y así lo reconocimos en León v. Transconex, Inc., supra a la
pág. 114, donde hicimos la siguiente expresión citando de la obra de
Gilmore y Black3:
“En los casos en que se decide presentar la acción en el
foro estatal a base de la cláusula de saving to suitors, se
entiende que ‘[t]he same substantive law ought to be applied as
would have been applied had the same suit been brought in
admiralty.
Specifically, the general maritime law where
applicable, ought to rule, even though suit is brought in state
court.’”
En
conclusión,
en
toda
causa
de
acción
donde
se
presentan
controversias ligadas al derecho marítimo, independientemente del foro
que haya sido seleccionado por el reclamante, el derecho aplicable será
1
Véase también: North Pac. S.S. Co. v. Hall Bros. Co., 249 U.S. 119,
128-129 (1918), citado en Exxon Corp. v. Central Gulf Lines, Inc., 500
U.S. 603, 613 (1990).
2
Véanse casos citados en Admiralty Cases and Materials, supra, a las
págs. 72 a 99.
3
G. Gilmore y C. Black, The Law of Admiralty a las págs. 50 a 51 (2da
ed. 1974).
el derecho marítimo federal.
No obstante, esto no significa que el
derecho local sea totalmente inaplicable, pues existen casos en los que
puede resultar necesario poner en vigor legislación estatal que no sea
inconsistente con los principios del Derecho Marítimo federal.
En materia de prescripción de las causas de acción que surgen de
contratos
de
naturaleza
marítima,
hemos
resuelto
que
los
términos
recogidos en la legislación local pueden ser aplicados por analogía para
determinar cuál es el período dentro del cual un reclamante debe instar
su causa de acción.
A tales efectos, incluimos a continuación las
expresiones que hiciéramos hace varios años al determinar el término
prescriptivo aplicable a las acciones relativas al cobro de contratos de
fletes.
Mortensen & Lange v. S.J. Mercantile Corp., 119 D.P.R. 345
(1987).
Dijimos:
“En lo que respecta a la prescripción, el Derecho Marítimo
federal, por ser de creación de los tribunales de almirantazgo,
no tienen estatutos de prescripción para las diversas causas de
acción que surjan del mismo, excepto cuando la acción se funda
en alguna ley especial. Los tribunales aplican en estos casos
la doctrina en equidad de laches.
[Citas omitidas] La
aplicación de esta doctrina depende de un cuidadoso análisis de
la totalidad de los hechos en cada caso. [Citas omitidas] El
promovente de la acción tiene que demostrar que su tardanza no
fue irrazonable, y que no causó perjuicio debido al tiempo
transcurrido. [Citas omitidas] Para guiar su sana discreción
al determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido, los
tribunales suelen tomar como fundamento el término de
prescripción análogo de la legislación local. [Citas omitidas]
Sin embargo, el estatuto análogo estatal no obliga al tribunal;
ese término es sólo un elemento a considerar, entre otros, al
determinar si la tardanza constituyó laches o no. [Citas
omitidas]
Lo anterior, sin embargo, no es de aplicación en todo
caso.
Cuando una ley reglamenta una causa de acción y
especifica su término prescriptivo, el mismo gobierna dicha
reclamación.
En el caso de Puerto Rico, la Asamblea
Legislativa tiene facultad para legislar en materias marítimas.
[Citas omitidas]” Id a la pág. 357.
A tenor con el texto transcrito, resolvimos en aquella ocasión que
la parte reclamante tenía que ejercer su causa de acción dentro del
término de seis (6) meses establecido por el artículo 947 del Código de
Comercio, 10 L.P.R.A. § 1909, para las acciones que surgen al amparo de
un contrato de flete.
Del mismo modo, en la oportunidad que ahora se nos
presenta
que
establecemos
las
acciones
derivadas
de
un
contrato
de
reparación
de
un
buque
deben
ser
presentadas
dentro
del
término
de
prescripción que fije nuestro ordenamiento para estas causas de acción,
para así evitar que se determine que hubo una dilación irrazonable.
Pero, ¿cuál es este término?
Hoy, siguiendo la norma trazada en
Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, 116 D.P.R. 474 (1985), resolvemos que
es el término fijado por el artículo 948 del Código de Comercio, 10
L.P.R.A. § 1910, pues estamos ante una reclamación que surge al amparo de
la reparación de una embarcación destinada a la navegación comercial.
Como dijimos en esa ocasión:
“El artículo [948 del Código de Comercio] no es aplicable
a la reparación de toda clase de embarcaciones. El examen de
la definición del término ‘buque’ ilustra esta aseveración. Si
bien existe controversia sobre el particular, el término abarca
a todo género de embarcaciones destinadas a la navegación
comercial. [Citas omitidas]
[...] [D]ebe en consecuencia demostrarse que se trata de
un acto mercantil, esto es, que la nave posee la condición
jurídica de ‘buque’ por destinarse a la navegación comercial.”
Id a las págs. 480 a 481.
IV
Habiendo ya establecido el derecho aplicable al caso de autos,
procedamos a su solución.
El artículo 948 del Código de Comercio, supra, dispone en su primer
inciso:
“Prescribirán al año:
Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y
suministros de efectos o dinero, para construir, reparar,
pertrechar o avituallar los buques o mantener la tripulación, a
contar desde la entrega de los efectos y dinero o de los plazos
estipulados para su pago, y desde la prestación de los
servicios o trabajos, si éstos no estuviesen contratados por
tiempo o viaje determinados. Si lo estuviesen, el tiempo de la
prescripción comenzará a contarse desde el término del viaje o
del contrato que les fuere referente; y si hubiera interrupción
en éstos, desde la cesión definitiva del servicio.”
De una lectura simple de este artículo se desprende que la causa de
acción instada por Rimco, Inc., está sujeta al período prescriptivo de un
(1) que el mismo establece y que la misma está prescrita por no haber
sido ejercida en tiempo.
Recordemos que, como ya adelantamos, estamos
ante una reclamación que surge por la reparación y suministro de piezas a
una
embarcación
dedicada
al
comercio
marítimo;
dichas
labores
se
efectuaron los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 1987, y no fue hasta el 25 de
marzo de 1991 que se presentó la demanda reclamando su pago.
También
recordemos que aun si las gestiones de cobro que hizo Rimco, Inc.,
hubieran interrumpido el transcurso del término prescriptivo, asunto que
no estamos resolviendo, la última gestión de cobro registrada fue el 8 de
septiembre de 1988, casi tres años antes de la fecha en que finalmente se
presentó la demanda.
Por tanto, nos vemos en la obligación de ordenar la
desestimación de la demanda presentada por Rimco, Inc., contra Pérez &
Cía., sin necesidad de entrar a discutir el otro señalamiento de error
hecho por la recurrente.
V
Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia revocatoria de
aquella dictada por el antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se
ordenará la desestimación de la demanda.
José A. Andréu García
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rimco, Inc.
Demandante-Recurrido
v.
RE-94-344
Revisión
Pérez y Cía. de Puerto Rico,
Inc.
Demandados-Recurrentes
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente sentencia, se expide el auto solicitado y se
revoca la sentencia emitida por el extinto Tribunal
Superior, Sala de San Juan, en el caso RIMCO, Inc. v.
Pérez y Cía de P.R., Inc., Civil Núm. KCD 91-0699(901).
En su lugar, se ordena la desestimación de la demanda.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton
no interviene. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
disiente sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo