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Tribunal Supremo de Puerto Rico

RIMCO, INC. V PEREZ Y CIA DE PR

1999 TSPR 52

Poder Judicial de Puerto Rico

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RIMCO, INC. V PEREZ Y CIA DE PR

RE-1994-344

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

RIMCO, INC.

Demandante-Recurrido

Revisión

V.

99TSPR52

PEREZ Y CIA. DE PUERTO RICO,

INC.

Demandado-Recurrente

Número del Caso: RE-94-344

Abogados de la Recurrente: LCDO. JUAN A. LOPEZ-CONWAY

(CALVESBERT & BROWN)

Abogados de la Recurrida: LCDO. RAFAEL MAYORAL MORALES

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Flavio E. Cumpiano

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 4/12/1999

Materia:

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rimco, Inc.

Demandante-Recurrido

v.

RE-94-344

Revisión

Pérez y Cía. de Puerto Rico,

Inc.

Demandado-Recurrente

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente, señor Andréu García

San

Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 1999

I

La

demandante-recurrida,

Rimco,

Inc.,

presentó esta causa de acción contra la demandadarecurrente,

Pérez

&

Cía.

de

P.R.,

Inc.,

(en

adelante “Pérez & Cía.”), reclamándole el pago

adeudado,

más

intereses,

por

servicios

de

reparación, instalación y suministro de piezas de

repuesto

de

un

motor

Caterpillar

en

el

buque

“Alraigo”, del cual Pérez & Cía. era agente de

puerto.

deuda

Pérez & Cía. negó la existencia de la

reclamada

y

adujo

como

defensa

la

prescripción de dicha reclamación.

Atendidas las alegaciones de las partes y la

prueba documental y testifical vertida en la vista

en su fondo, el antiguo Tribunal Superior, Sala de

San Juan, resolvió que Pérez & Cía. contrató con

Rimco, Inc., la reparación del buque del cual era agente de puerto y que

le es responsable a Rimco, Inc., por los servicios prestados en la suma

principal de $12,379.57, e intereses al 7% anual, más las costas, gastos

y $1,850.00 en concepto de honorarios de abogado.

En la sentencia nada

expresó sobre la defensa de prescripción levantada por la demandada.

Oportunamente, Pérez & Cía. presentó recurso de revisión ante nos,

en el cual señaló:

Que “[e]rró el Tribunal Superior al determinar que la acción

entablada por la parte demandante no está prescrita.”

Que “[e]rró el Tribunal Superior al determinar que

contrató directamente con RIMCO la reparación del

“ALRAIGO”, y no como agente del armador.”

Pérez

buque

Habiendo expedido este tribunal el auto de revisión solicitado y

estando en condiciones de resolver, procedemos a hacerlo, pero no sin

antes exponer los hechos que fueron hallados probados ante el antiguo

Tribunal Superior, Sala de San Juan.

II

Por no haber sido impugnadas, a continuación transcribimos como

relación de hechos las determinaciones que dieron base a la sentencia

dictada por el tribunal sentenciador.

1.

“A. Pérez & Cía. de P.R., Inc. (Pérez & Cía.) fungía como

‘port agent’ o agente de puerto del buque ‘Alraigo’. El 31 de

marzo de 1987 el armador o dueño del buque remitió dos telex a

Pérez & Cía., dirigidos además a la atención del capitán del

buque.

En uno le indicaba que era preciso la asistencia

técnica de la firma Caterpillar a fin de reparar un motor

auxiliar del buque, señalaba los problemas que afectan al

motor, así como exponía los trabajos a ser realizados. Instaba

a agilizar todo lo posible a fin de no demorar la salida del

buque y solicitaba se le informara el costo de la reparación,

pero subrayaba que no se demorara la misma por el estimado. El

segundo telex instaba a preparar la reclamación por la avería

del motor para ser sometida a la compañía aseguradora.

2.

El mismo 31 de marzo de 1987, el señor Orlandi, Jefe de

Operaciones de Pérez & Cía., llamó por teléfono a RIMCO Inc.,

representantes exclusivos en Puerto Rico de los motores

Caterpillar, solicitándole que personal de RIMCO Inc. estuviera

presente para cuando el buque ‘Alraigo’ llegase a Puerto Rico

se reparase su motor. Luego Orlandi hizo llegar a RIMCO Inc.

los telex recibidos del armador. Para RIMCO el más importante

fue el telex indicativo de las averías y de las reparaciones a

efectuarse y de las piezas a suplirse.

3.

RIMCO Inc. realizó las reparaciones al motor del buque

‘Alraigo’, y suministró las piezas de repuesto requeridas,

durante los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 1987. Entre las cosas

que se encontraron estuvo el cilindro número 6 con el pistón

roto y las válvulas partidas.

Hubo también que reparar el

sistema de enfriamiento del motor y suplantarle algunas piezas.

Se hicieron numerosos otros trabajos, más o menos los

requeridos en el telex. El que le hubiesen adelantado a RIMCO

lo que el motor tenía adelantó el proceso.

Las hojas de

trabajo fueron firmadas y aceptadas por Ricardo Cementía en

representación del buque. El buque partió entonces de Puerto

Rico.

4.

El costo de la reparación efectuada por RIMCO ascendió a

$10,576.47 y el costo de las piezas de repuesto suplidas fue de

$1,803.10 para un total de $12,279.57.

5.

El Sr. Julián A. Ducat, tasador marino (surveyor) de la

compañía española aseguradora del buque visitó las oficinas de

RIMCO alrededor del 3 de abril para obtener copias de las

facturas de reparación del motor. Elló llevó a RIMCO a creer

que el pago de la factura sería procesado a través de la

aseguradora del buque por lo que, poco más tarde, le requirió

el pago a Julián A. Ducat. Este contestó que sólo actuaba de

recopilador de información para la aseguradora en España, pero

que no había sido él quien había ordenado las reparaciones ni

había indicado ser el responsable por el pago. Señaló que el

agente del buque ‘Alraigo’ era A. Pérez & Cía.

6.

Para junio de 1987 el Gerente de Crédito de RIMCO se comunicó

con funcionarios de Pérez & Cía. para reclamarle el pago de la

factura.

Pérez & Cía. manifestó no tener conocimiento de la

factura. RIMCO se la remitió el 30 de junio de 1987. Pérez &

Cía. indicó entonces que la factura no era procesable ni

pagable porque Pérez & Cía. no había ordenado ni autorizado la

reparación.

7.

Cuando el buque ‘Alraigo’ fue reparado en abril de 1987, su

agente era Pérez & Cía. Cuando RIMCO le remite la factura a

Pérez & Cía. el 30 de junio de 1987 ya Pérez & Cía. no era el

agente del buque pues desde el 20 de junio de 1987 el nuevo

agente era Island Stevedoring Inc.

La Sra. Mayra Villalón,

Gerente General de Island Stevedoring entonces empezó a ayudar

a RIMCO para tratar de obtener el pago de las facturas del

armador o dueño del buque (Navieras García Minaur, de España) o

de la compañía que lo tenía arrendado (Compañía Marítima de

Isla de Pascua, Chile), pero todas las gestiones fueron

infructuosas. El buque dejó de venir a Puerto Rico por lo que

no se pudo hacer gestión de cobro directamente sobre el buque.

8.

RIMCO continuó requiriéndole el pago a Pérez & Cía., haciéndolo

el 3 de febrero de 1988 y 8 de septiembre de 1988. Como las

facturas no fueron satisfechas, esta demanda se radicó el 25 de

marzo de 1991, menos de tres años después de la última gestión

acreditada de cobro de RIMCO Inc. a Pérez & Cía.

9.

Para el 31 de marzo de 1987 Pérez & Cía. y RIMCO Inc. no habían

hecho negocios entre sí y Pérez & Cía no tenía crédito con

RIMCO Inc. No obstante, este tipo de solicitud de servicio de

emergencia a buques por los agentes, incluyendo nuevos agentes,

era práctica frecuente y normal. La práctica y la política es

que quien es responsable del pago del servicio es el agente,

que lo solicita, el que está en Puerto Rico, y el buque no

tiene que ser detenido en Puerto Rico hasta efectuado el pago

por el servicio.

El buque se puede ir porque el agente en

Puerto Rico que solicitó el servicio es responsable frente a

quien lo prestó. Una vez se termina el trabajo en el buque, y

el trabajo se acepta por el capitán o por su representante, se

le autoriza al buque a partir y se le cobra al agente. Como

regla general, además, los suplidores de servicios, lidian y

contratan con el agente del buque y rara vez lo hacen

directamente con el capitán del buque o con su armero [sic].

10.

Al comunicarse con RIMCO Inc. y al solicitarle los servicios

para el buque, el representante de Pérez & Cía. no le hizo

resguardo o negativa alguna de su responsabilidad, ni le

advirtió ni le dirigió a la contratación directa con el capitán

del ‘Alraigo’.”

II

De entrada comenzamos nuestro análisis de la causa de acción de

marras evaluando la defensa de prescripción levantada por la demandadarecurrida, pues, como es harto conocido, si la causa de acción está

prescrita, procede la desestimación de la demanda.

Acosta Quiñones v.

Matos Rodríguez, op. del 5 de abril de 1994, 94 JTS 47; Ortega v. Pou,

op.

del

7

de

abril

de

1994,

94

JTS

51.

Al

hacer

este

análisis,

obligatoriamente comenzamos evaluando la naturaleza de la causa de acción

ejercida y el derecho aplicable a la misma.

Naturaleza de la causa de acción

En

el campo

del derecho

contractual la

determinación

de si un

contrato cae dentro del ámbito del derecho marítimo dependerá del objeto

y la naturaleza del contrato que se está considerando.

Así, cuando el

contrato regula servicios o transacciones relacionadas con el comercio

marítimo, el contrato es de naturaleza marítima y, en consecuencia, se

rige por las normas y principios aplicables a este campo del derecho.

Ahora bien, ¿cuáles son los servicios o transacciones relacionadas con el

comercio

marítimo?

En

términos

sucintos,

son

aquellos

que

están

relacionados con el uso de una embarcación como tal, con el comercio o la

navegación en aguas navegables, con la transportación marítima o con

empleos

marítimos;

todo

esto

independientemente

si

el

contemplado para ser ejecutado en tierra o en el mar.

contrato

está

I Benedict on

Admiralty § 182 a la pág. 12-4 (7ma ed. Revisada 1998); Herbert R. Baer,

Admiralty Law of the Supreme Court § 14-1 a las págs. 464 a 466 (3ra ed.

1979 Supl. 1985); Nicolas J. Healy and David J. Sharpe, Admiralty Cases

and Materials a las págs. 46 a 55 (2da ed. 1986);

León v. Transconex,

Inc., 119 D.P.R. 102, 105 (1987).

Siguiendo los principios esbozados, la jurisprudencia norteamericana

y los tratadistas especializados en el campo del derecho marítimo han

establecido que un contrato que tiene por objeto la reparación de una

embarcación cae dentro del ámbito del derecho marítimo.

Benedict on

Admiralty, supra, § 187 a la pág. 12-30 et seq; Admiralty Law of the

Supreme Court, supra, § 14-1 a la pág. 465.

Por tanto, es inescapable

concluir que la causa de acción que consideramos, donde se reclama el

pago

de

la

reparación

del

motor

auxiliar

del

buque

Alraigo,

definitivamente es de naturaleza marítima.1

Derecho aplicable

La naturaleza marítima de la causa de acción ejercitada por Rimco,

Inc., necesariamente conlleva la aplicación del Derecho Marítimo federal,

ya sea que se presente la causa de acción ante el foro federal o sea que

se presente ante el foro estatal.

Así lo han resuelto los tribunales

federales2 y así lo reconocimos en León v. Transconex, Inc., supra a la

pág. 114, donde hicimos la siguiente expresión citando de la obra de

Gilmore y Black3:

“En los casos en que se decide presentar la acción en el

foro estatal a base de la cláusula de saving to suitors, se

entiende que ‘[t]he same substantive law ought to be applied as

would have been applied had the same suit been brought in

admiralty.

Specifically, the general maritime law where

applicable, ought to rule, even though suit is brought in state

court.’”

En

conclusión,

en

toda

causa

de

acción

donde

se

presentan

controversias ligadas al derecho marítimo, independientemente del foro

que haya sido seleccionado por el reclamante, el derecho aplicable será

1

Véase también: North Pac. S.S. Co. v. Hall Bros. Co., 249 U.S. 119,

128-129 (1918), citado en Exxon Corp. v. Central Gulf Lines, Inc., 500

U.S. 603, 613 (1990).

2

Véanse casos citados en Admiralty Cases and Materials, supra, a las

págs. 72 a 99.

3

G. Gilmore y C. Black, The Law of Admiralty a las págs. 50 a 51 (2da

ed. 1974).

el derecho marítimo federal.

No obstante, esto no significa que el

derecho local sea totalmente inaplicable, pues existen casos en los que

puede resultar necesario poner en vigor legislación estatal que no sea

inconsistente con los principios del Derecho Marítimo federal.

En materia de prescripción de las causas de acción que surgen de

contratos

de

naturaleza

marítima,

hemos

resuelto

que

los

términos

recogidos en la legislación local pueden ser aplicados por analogía para

determinar cuál es el período dentro del cual un reclamante debe instar

su causa de acción.

A tales efectos, incluimos a continuación las

expresiones que hiciéramos hace varios años al determinar el término

prescriptivo aplicable a las acciones relativas al cobro de contratos de

fletes.

Mortensen & Lange v. S.J. Mercantile Corp., 119 D.P.R. 345

(1987).

Dijimos:

“En lo que respecta a la prescripción, el Derecho Marítimo

federal, por ser de creación de los tribunales de almirantazgo,

no tienen estatutos de prescripción para las diversas causas de

acción que surjan del mismo, excepto cuando la acción se funda

en alguna ley especial. Los tribunales aplican en estos casos

la doctrina en equidad de laches.

[Citas omitidas] La

aplicación de esta doctrina depende de un cuidadoso análisis de

la totalidad de los hechos en cada caso. [Citas omitidas] El

promovente de la acción tiene que demostrar que su tardanza no

fue irrazonable, y que no causó perjuicio debido al tiempo

transcurrido. [Citas omitidas] Para guiar su sana discreción

al determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido, los

tribunales suelen tomar como fundamento el término de

prescripción análogo de la legislación local. [Citas omitidas]

Sin embargo, el estatuto análogo estatal no obliga al tribunal;

ese término es sólo un elemento a considerar, entre otros, al

determinar si la tardanza constituyó laches o no. [Citas

omitidas]

Lo anterior, sin embargo, no es de aplicación en todo

caso.

Cuando una ley reglamenta una causa de acción y

especifica su término prescriptivo, el mismo gobierna dicha

reclamación.

En el caso de Puerto Rico, la Asamblea

Legislativa tiene facultad para legislar en materias marítimas.

[Citas omitidas]” Id a la pág. 357.

A tenor con el texto transcrito, resolvimos en aquella ocasión que

la parte reclamante tenía que ejercer su causa de acción dentro del

término de seis (6) meses establecido por el artículo 947 del Código de

Comercio, 10 L.P.R.A. § 1909, para las acciones que surgen al amparo de

un contrato de flete.

Del mismo modo, en la oportunidad que ahora se nos

presenta

que

establecemos

las

acciones

derivadas

de

un

contrato

de

reparación

de

un

buque

deben

ser

presentadas

dentro

del

término

de

prescripción que fije nuestro ordenamiento para estas causas de acción,

para así evitar que se determine que hubo una dilación irrazonable.

Pero, ¿cuál es este término?

Hoy, siguiendo la norma trazada en

Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, 116 D.P.R. 474 (1985), resolvemos que

es el término fijado por el artículo 948 del Código de Comercio, 10

L.P.R.A. § 1910, pues estamos ante una reclamación que surge al amparo de

la reparación de una embarcación destinada a la navegación comercial.

Como dijimos en esa ocasión:

“El artículo [948 del Código de Comercio] no es aplicable

a la reparación de toda clase de embarcaciones. El examen de

la definición del término ‘buque’ ilustra esta aseveración. Si

bien existe controversia sobre el particular, el término abarca

a todo género de embarcaciones destinadas a la navegación

comercial. [Citas omitidas]

[...] [D]ebe en consecuencia demostrarse que se trata de

un acto mercantil, esto es, que la nave posee la condición

jurídica de ‘buque’ por destinarse a la navegación comercial.”

Id a las págs. 480 a 481.

IV

Habiendo ya establecido el derecho aplicable al caso de autos,

procedamos a su solución.

El artículo 948 del Código de Comercio, supra, dispone en su primer

inciso:

“Prescribirán al año:

Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y

suministros de efectos o dinero, para construir, reparar,

pertrechar o avituallar los buques o mantener la tripulación, a

contar desde la entrega de los efectos y dinero o de los plazos

estipulados para su pago, y desde la prestación de los

servicios o trabajos, si éstos no estuviesen contratados por

tiempo o viaje determinados. Si lo estuviesen, el tiempo de la

prescripción comenzará a contarse desde el término del viaje o

del contrato que les fuere referente; y si hubiera interrupción

en éstos, desde la cesión definitiva del servicio.”

De una lectura simple de este artículo se desprende que la causa de

acción instada por Rimco, Inc., está sujeta al período prescriptivo de un

(1) que el mismo establece y que la misma está prescrita por no haber

sido ejercida en tiempo.

Recordemos que, como ya adelantamos, estamos

ante una reclamación que surge por la reparación y suministro de piezas a

una

embarcación

dedicada

al

comercio

marítimo;

dichas

labores

se

efectuaron los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 1987, y no fue hasta el 25 de

marzo de 1991 que se presentó la demanda reclamando su pago.

También

recordemos que aun si las gestiones de cobro que hizo Rimco, Inc.,

hubieran interrumpido el transcurso del término prescriptivo, asunto que

no estamos resolviendo, la última gestión de cobro registrada fue el 8 de

septiembre de 1988, casi tres años antes de la fecha en que finalmente se

presentó la demanda.

Por tanto, nos vemos en la obligación de ordenar la

desestimación de la demanda presentada por Rimco, Inc., contra Pérez &

Cía., sin necesidad de entrar a discutir el otro señalamiento de error

hecho por la recurrente.

V

Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia revocatoria de

aquella dictada por el antiguo Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se

ordenará la desestimación de la demanda.

José A. Andréu García

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rimco, Inc.

Demandante-Recurrido

v.

RE-94-344

Revisión

Pérez y Cía. de Puerto Rico,

Inc.

Demandados-Recurrentes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente sentencia, se expide el auto solicitado y se

revoca la sentencia emitida por el extinto Tribunal

Superior, Sala de San Juan, en el caso RIMCO, Inc. v.

Pérez y Cía de P.R., Inc., Civil Núm. KCD 91-0699(901).

En su lugar, se ordena la desestimación de la demanda.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton

no interviene. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo