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Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PR V CINTRON ANTONSANTI

1999 TSPR 49

Poder Judicial de Puerto Rico

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EL PUEBLO DE PR V CINTRON ANTONSANTI

CE-1994-764

CE-94-764

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

Certiorari

V.

99TSPR49

WILLIAM CINTRON ANTONSANTI

Peticionario

Número del Caso: CE-94-764

Abogados de la Parte Peticionaria: LCDO. ARTURO NEGRON GARCIA

LCDO. JULIO EDUARDO TORRES

Abogados de la Parte Recurrida: LCDA. BRENDA N. LEON SUAREZ

FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Germán Brau

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 4/9/1999

Materia:

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CE-94-764

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CE-94-764

CERTIORARI

William Cintrón Antonsanti

Acusado-peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 1999

El Fiscal Especial Independiente, Lcdo. Federico

Torres Jiménez (Q.E.P.D.), radicó ante la antigua Sala

de San Juan del extinto Tribunal Superior de Puerto

Rico un pliego acusatorio mediante el cual le imputó al

peticionario

William

Cintrón

Antonsanti

una

alegada

violación al Artículo 242 del Código Penal de Puerto

Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4438. En el referido pliego se

le

imputó

a

Cintrón

Antonsanti

haber

presentado

documentos falsos ante la Administración de Servicios

Municipales. En varios de estos documentos aparecía la

firma del peticionario Cintrón Antonsanti, el cual para

esa fecha fungía como Alcalde del Municipio de Yauco.

Dicha documentación tenía que ver con negocios llevados

a cabo por el referido Municipio, en los cuales hubo

desembolso de fondos públicos.

¡Error!Marcador no definido.

CE-94-764

El día señalado para la vista del caso en su fondo, las partes

sometieron ante el tribunal de instancia una "alegación preacordada".

La

misma

consistió

en

la

reducción

del

delito

grave

originalmente

imputado a uno menos grave, esto es, una infracción al Artículo 214 del

citado Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4366, el cual castiga la "omisión

en el cumplimiento del deber". La alegación preacordada sometida ante

el foro de instancia contenía, además, una estipulación de las partes a

los efectos de que "la sentencia que dispone adecuadamente del cargo"

lo

era

una

multa

de

$500.00,

más

la

restitución

de

la

suma

de

$2,500.00, por concepto de los gastos periciales incurridos por el

Estado en la investigación y tramitación del caso.

Una

vez

notificado

de

la

referida

alegación

preacordada,

el

magistrado que presidía los procedimientos entendió procedente reunirse

"en cámara" con el representante del ministerio fiscal y el abogado

defensor.

Conforme

peticionario

el

Cintrón

resumen

que

Antonsanti

hace

la

--resumen

representación

que

no

legal

del

controvierte

el

Procurador General-- en dicha reunión ocurrió lo siguiente:

"Conforme nuestro recuerdo y notas, al entrar a cámara las

partes inmediatamente presentaron al Hon. Juez Brau Ramírez el

Escrito de Alegación Pre-Acordada. Este leyó el mismo y tan

pronto

terminó

de

leerlo

preguntó

al

Fiscal

Especial

Independiente, Honorable Federico Torres Jiménez, si éste

carecía de pruebas para probar las acusaciones. El fiscal

Torres Jiménez respondió que parecía que los jueces de

apelaciones tenían una opinión un tanto particular sobre lo que

era una alegación preacordada. Indicó que los abogados de

defensa actuarían irresponsablemente si conscientes de que el

fiscal no tiene evidencia para probar su caso, aceptaran hacer

alegación de culpabilidad por algún delito. Señaló que

igualmente actuaría irresponsablemente el fiscal si radicara un

cargo a sabiendas de que carece de prueba para sostenerlo.

Señaló que las alegaciones pre-acordadas se logran porque a

pesar de que prima facie el ministerio público tiene prueba

para probar el caso, la debilidad de ésta y/o la prueba de la

defensa podrían desvirtuar su prueba y lograr un veredicto

absolutorio. Además, que ese hecho, unido a la evaluación de

las circunstancias particulares del caso permiten y aconsejan

la alegación preacordada. Afirmó que ese análisis lleva a la

parte acusadora a concluir que se sirven mejor los intereses de

la justicia llegando a una alegación pre-acordada por un delito

menor

y/o

con

determinada

sentencia

y

particulares

circunstancias más favorables al acusado que las del delito

imputado. Así mismo al acusado le conviene hacer la alegación

CE-94-764

¡Error!Marcador no definido.

pre-acordada para evitar el riesgo de una convicción por el

delito imputado. Que en el caso de autos se conoce que la

defensa tiene pruebas y/o argumentos con el propósito de

desvirtuar aquellas que el ministerio público cuenta para

probar el caso. Manifestó además el representante del

ministerio público que en su opinión éste era un caso que había

sido altamente exagerado por los medios de comunicación y otras

personas.

Inmediatamente el juez le preguntó al fiscal, que si era

así porqué razón no archivaba el caso. Indicó el juez que

accedería a una petición del F.E.I. para archivar el caso, pero

no a una para rebajar los cargos a un delito menos grave.

El fiscal contestó que técnicamente él entendía que tenía

prueba para probar todos los elementos del delito, pero que no

era este un caso del tipo que usualmente se imputa por

infracción al Artículo 242 en los que existe un fraude, pues en

este caso él no contaba con prueba de fraude. Inmediatamente el

Juez manifestó que él entiende que este delito es del tipo de

delito que va dirigido a acusar a aquellas personas que

intentan ocultar actos de malversación

de fondos. El fiscal

indicó que no contaba con prueba alguna que tendiera a

establecer que el acusado participó en cualquier forma en la

malversación de fondos públicos. Que su prueba era en el

sentido de que si bien había documentos antedatados y/o que no

habían sido firmados por las personas cuyos nombres aparecían

firmando los mismos, su prueba también establecía que todas las

obras que habían sido contratadas habían sido realizadas

conforme a lo pactado, y que carecía de prueba para establecer

apropiación ilegal de cualquier suma de dinero.

El juez insistió que si era así el fiscal debía solicitar

el archivo de los casos, y que a tal cosa el accedería, más que

no accedería a la aprobación del pre-acuerdo radicado."

(Enfasis suplido.)

Terminada la reunión "en cámara", y ya en corte abierta, sucedió,

conforme así surge de la "minuta" que recoge lo acontecido en dicho día,

lo siguiente:

"El Tribunal hace constar que había discutido en Cámara la

propuesta

que

se

sometió

a

su

consideración

para

la

clasificación del delito a uno menos grave con una sentencia de

$500.00 de multa y le ha indicado a las partes que no va a

aceptar dicho acuerdo en el ejercicio de su discreción, tal

como lo contempla la Regla 72, y se procederá con el juicio."

(Subrayado en el original.)

Inconforme, acudió William Cintrón Antonsanti ante este Tribunal

imputándole al foro de instancia haber errado "...al rechazar de plano la

alegación preacordada sometida".

¡Error!Marcador no definido.

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Decidimos

revisar.

Estando

en

posición

de

resolver

el

recurso

radicado, procedemos a así hacerlo.

I

Es harto conocido el principio de que nuestro

"...encomienda

al

Poder

Ejecutivo

el

deber

ordenamiento jurídico

de

implantar

las

leyes

penales..."; esto es, y dicho de manera sencilla, son "...los fiscales

adscritos

al

Departamento

de

Justicia

quienes

tienen

la

función

de

procesar a todos los delincuentes por los crímenes y delitos de que pueda

conocer bajo la autoridad y en representación del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico...", Pueblo v. Quiñones Román y Rivera Sierra, Opinión y

Sentencia de fecha 17 de mayo de 1993.

Véase, en adición:

Pueblo v.

González Malavé, 116 D.P.R. 578, 583 (1985); Pueblo v. Tribunal Superior,

94 D.P.R. 59, 65 (1967).

Ello significa, entre otras cosas, que el poder judicial no tiene

inherencia alguna en la decisión original que hace el poder ejecutivo

sobre si procede, o no, acusar a determinada persona en relación con

hechos posiblemente delictivos.

Esto es, la determinación inicial sobre

si

criminales

se

radican,

o

no,

cargos

contra

una

persona

es

una

exclusiva del poder ejecutivo de nuestro Gobierno.

Otra es la situación, naturalmente, en la etapa posterior a la

radicación de la denuncia o acusación ante el foro judicial. En relación

con

esta

etapa,

el

poder

judicial

es

el

que

determina

no

sólo

la

culpabilidad o inocencia del acusado sino que, de ordinario, el delito

por el cual el imputado debe resultar convicto, si alguno.

La

situación

que

contempla

la

Regla

72

de

Procedimiento Criminal es una "híbrida" o intermedia.

las

Reglas

de

Se entendió que,

radicado un pliego acusatorio ante el tribunal de primera instancia por

determinado delito, resultaba conveniente a una sana administración de la

justicia

el

que

las

partes

pudieran

acordar

un

curso

de

acción,

o

¡Error!Marcador no definido.

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resultado,

que,

bajo

ciertas

circunstancias,

el

foro

judicial

está

"obligado" a seguir.1

Debe quedar claro que el tribunal de instancia siempre mantiene el

poder de rechazar la alegación preacordada por las partes.

La facultad

de no aceptar dicha alegación preacordada, sin embargo, no es, ni puede

nunca

ser,

irrestricta;

esto

es,

no

puede

respecto, en un "abuso de discreción".

el tribunal

incurrir, al

Dicho de otra forma, la decisión

del juez de instancia denegando la alegación preacordada a la que han

llegado

las

obligado,

partes

tiene

inclusive,

el

juez

de instancia

a

de

su

denegatoria;

ello,

fundamentos

en

apoyo

que

ser

una

fundada y

razonable,

vertir

con

para

el

viniendo

récord

obvio

los

fin

o

propósito de que el tribunal apelativo pueda en su día aquilatar, de

manera informada, su decisión denegatoria.

Las disposiciones del Inciso 7 de la Citada Regla 72 establecen, por

decirlo así, los parámetros que regulan la actuación del tribunal de

instancia en la referida situación.

Conforme el mencionado Inciso 7:

"(7) Al

decidir

sobre

la

aceptación

de

una

alegación

preacordada el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha

con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del

imputado, que es conveniente a una sana administración de

justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la

ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y del

abogado del imputado aquella información, datos y documentos

que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá

examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio

sea conveniente". (Enfasis suplido.)

Como podemos notar, el tribunal de instancia viene obligado, en

primer lugar, a cerciorarse de que la decisión del imputado, respecto a

la

alegación

preacordada,

es

una

informada

y

voluntaria.

Ello,

naturalmente, se logra examinando al imputado de delito sobre dichos

aspectos.

1

En segundo lugar, el tribunal tiene que cerciorarse que la

Sobre la "naturaleza contractual" de una alegación preacordada, una vez

aceptada por el tribunal de instancia, véase: Pueblo v. Figueroa García,

129 D.P.R. 798 (1992).

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alegación preacordada "...es conveniente a una sana administración de la

justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética". Hemos

resuelto, por último, que el foro de instancia debe cerciorarse de que

existe base suficiente en los hechos para sostener que el acusado sería

culpable del delito por el cual hizo alegación de culpabilidad si tales

hechos se probaran más allá de duda razonable en un juicio plenario.

Pueblo v. Santiago Agricourt, Opinión y Sentencia de 8 de diciembre de

1998.

La propia Regla 72 le provee al tribunal de instancia los mecanismos

necesarios para poder llegar a dicha determinación.

Como vemos, faculta

al tribunal de instancia para requerir de las partes la información o

documentación

que,

a

esos

efectos,

entienda

necesaria,

lo

cual

le

permitirá estar en posición óptima para poder pasar juicio sobre la

referida alegación.

II

En el presente caso, el juez de instancia no hizo nada de lo

anteriormente señalado. El abuso de discreción en que incurrió es claro y

evidente.

Debe recordarse que el fiscal especial independiente le informó al

magistrado

que

entendía

que

no

contaba

con

prueba

suficiente

para

sostener el cargo originalmente imputado en el pliego acusatorio radicado

y que, por el contrario, tenía prueba suficiente en derecho para sostener

una convicción por un delito menor incluido. A esos fines, le ofreció a

dicho magistrado las declaraciones juradas de los testigos de cargo;

dicho

ofrecimiento

magistrado

pudiera

tenía

el

claro

cerciorarse

de

y

evidente

propósito

de

que

el

la

propiedad

y

corrección

de

la

actuación del Estado.

El juez en cuestión, en lugar de examinar las declaraciones juradas

que se le ofrecían --esto es, en lugar de

cumplir

con

la

obligación

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que

le

impone

la

citada Regla 72-- no sólo rechazó dicho ofrecimiento

sino que expresó que, antes de así hacerlo, prefería archivar totalmente

los cargos radicados. A nuestro humilde entender, dicha actuación no sólo

constituye un abuso de discreción sino que un acto erróneo e impermisible

en derecho.

La prueba más evidente de ello la constituye el hecho de que el

referido magistrado no virtió para récord un sólo fundamento en apoyo de

su acción negándose a aceptar la alegación preacordada a la que las

partes habían llegado.

III

Deben

mantenerse

presente

las

expresiones

de

este

Tribunal,

en

Pueblo v. Ortega Santiago, ante, a los efectos de que:

"Discreción, naturalmente, significa tener poder para

decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el

mencionado concepto "....no significa poder para actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho,....".

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).

No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia

incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin

embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial

está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad. Como expresáramos en Sánchez González, ante,

discreción "....es, pues, una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera....". (Enfasis en el original.)

Un análisis sosegado de la situación nos convence de que en el

presente caso el juez de instancia incurrió en claro abuso de discreción

al negarse a aceptar la alegación preacordada que le sometieron las

partes, razón por la cual se dicta Sentencia revocatoria de la resolución

recurrida y se devuelve el caso al foro de instancia para procedimientos

ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el

resultado con opinión escrita. Los Jueces Asociados señora Naveira de

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¡Error!Marcador no definido.

Rodón y señor Corrada del Río disienten sin opinión escrita. El Juez

Asociado señor Negrón García inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Demandante-Recurrido

vs.

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CERTIORARI

WILLIAM CINTRON ANTONSANTI

Demandado-Recurrente

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado Señor FUSTER BERLINGERI

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 1999.

En este caso, el juez de instancia se negó a

aceptar una alegación preacordada, mediante la cual el

acusado aceptaba declararse culpable de un delito de

grado inferior al del que se le había imputado. La

alegación preacordada tenía la aprobación del Fiscal

Especial Independiente, quien representa al pueblo de

Puerto Rico en estos procedimientos.

Por conducto de

su representación legal, también tenía la aprobación

del

querellante,

contra

el

quien

acusado

ante

inicialmente

la

Comisión

presentó

para

cargos

Ventilar

Querellas Municipales.

En la reunión sostenida en cámara por el juez de

instancia con los fiscales y los abogados de la defensa

en relación a la referida alegación preacordada, salió

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¡Error!Marcador no definido.

a relucir que el Fiscal Especial Independiente tenía

serias reservas en cuanto a si el

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pueblo podía prevalecer

en el juicio, respecto a la particular acusación

que

peticionario.

obraba

contra

el

Ello

dio

lugar

a

que

el

juez

propusiese que el Fiscal retirase la acusación y solicitase archivar el

caso, indicando que él accedería a tal curso de acción.

Entonces, ante

la negativa del Fiscal a lo propuesto por el juez, éste le sugirió a la

defensa

que

viese

el

caso

por

tribunal

de

derecho,

con

lo

que

se

verificaría la aducida falta de prueba convincente para establecer el

delito imputado.

defensa.

Este otro curso de acción no fue acogido por la

En vista de lo anterior, el juez no aprobó la alegación

preacordada, y señaló fecha para comenzar el juicio.

A la luz de todo lo anterior, estimo que lo procedente judicialmente

era aceptar la alegación preacordada en cuestión.

Considerados los

criterios afines de los distintos abogados involucrados en el caso, y

particularmente en vista de la posición del Fiscal, me parece altamente

improbable que, en un juicio imparcial, el acusado pueda ser encontrado

culpable del delito imputado.

En esas circunstancias, los fines de la

justicia

la

se

sirven

aceptando

alegación

preacordada,

por

lo

que

concurro con el resultado al que llega la mayoría en su sentencia en el

caso de autos.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO