Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE PR V CINTRON ANTONSANTI
1999 TSPR 49
Poder Judicial de Puerto Rico
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EL PUEBLO DE PR V CINTRON ANTONSANTI
CE-1994-764
CE-94-764
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Recurrido
Certiorari
V.
99TSPR49
WILLIAM CINTRON ANTONSANTI
Peticionario
Número del Caso: CE-94-764
Abogados de la Parte Peticionaria: LCDO. ARTURO NEGRON GARCIA
LCDO. JULIO EDUARDO TORRES
Abogados de la Parte Recurrida: LCDA. BRENDA N. LEON SUAREZ
FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Germán Brau
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 4/9/1999
Materia:
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CE-94-764
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs.
CE-94-764
CERTIORARI
William Cintrón Antonsanti
Acusado-peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 1999
El Fiscal Especial Independiente, Lcdo. Federico
Torres Jiménez (Q.E.P.D.), radicó ante la antigua Sala
de San Juan del extinto Tribunal Superior de Puerto
Rico un pliego acusatorio mediante el cual le imputó al
peticionario
William
Cintrón
Antonsanti
una
alegada
violación al Artículo 242 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4438. En el referido pliego se
le
imputó
a
Cintrón
Antonsanti
haber
presentado
documentos falsos ante la Administración de Servicios
Municipales. En varios de estos documentos aparecía la
firma del peticionario Cintrón Antonsanti, el cual para
esa fecha fungía como Alcalde del Municipio de Yauco.
Dicha documentación tenía que ver con negocios llevados
a cabo por el referido Municipio, en los cuales hubo
desembolso de fondos públicos.
¡Error!Marcador no definido.
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El día señalado para la vista del caso en su fondo, las partes
sometieron ante el tribunal de instancia una "alegación preacordada".
La
misma
consistió
en
la
reducción
del
delito
grave
originalmente
imputado a uno menos grave, esto es, una infracción al Artículo 214 del
citado Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4366, el cual castiga la "omisión
en el cumplimiento del deber". La alegación preacordada sometida ante
el foro de instancia contenía, además, una estipulación de las partes a
los efectos de que "la sentencia que dispone adecuadamente del cargo"
lo
era
una
multa
de
$500.00,
más
la
restitución
de
la
suma
de
$2,500.00, por concepto de los gastos periciales incurridos por el
Estado en la investigación y tramitación del caso.
Una
vez
notificado
de
la
referida
alegación
preacordada,
el
magistrado que presidía los procedimientos entendió procedente reunirse
"en cámara" con el representante del ministerio fiscal y el abogado
defensor.
Conforme
peticionario
el
Cintrón
resumen
que
Antonsanti
hace
la
--resumen
representación
que
no
legal
del
controvierte
el
Procurador General-- en dicha reunión ocurrió lo siguiente:
"Conforme nuestro recuerdo y notas, al entrar a cámara las
partes inmediatamente presentaron al Hon. Juez Brau Ramírez el
Escrito de Alegación Pre-Acordada. Este leyó el mismo y tan
pronto
terminó
de
leerlo
preguntó
al
Fiscal
Especial
Independiente, Honorable Federico Torres Jiménez, si éste
carecía de pruebas para probar las acusaciones. El fiscal
Torres Jiménez respondió que parecía que los jueces de
apelaciones tenían una opinión un tanto particular sobre lo que
era una alegación preacordada. Indicó que los abogados de
defensa actuarían irresponsablemente si conscientes de que el
fiscal no tiene evidencia para probar su caso, aceptaran hacer
alegación de culpabilidad por algún delito. Señaló que
igualmente actuaría irresponsablemente el fiscal si radicara un
cargo a sabiendas de que carece de prueba para sostenerlo.
Señaló que las alegaciones pre-acordadas se logran porque a
pesar de que prima facie el ministerio público tiene prueba
para probar el caso, la debilidad de ésta y/o la prueba de la
defensa podrían desvirtuar su prueba y lograr un veredicto
absolutorio. Además, que ese hecho, unido a la evaluación de
las circunstancias particulares del caso permiten y aconsejan
la alegación preacordada. Afirmó que ese análisis lleva a la
parte acusadora a concluir que se sirven mejor los intereses de
la justicia llegando a una alegación pre-acordada por un delito
menor
y/o
con
determinada
sentencia
y
particulares
circunstancias más favorables al acusado que las del delito
imputado. Así mismo al acusado le conviene hacer la alegación
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¡Error!Marcador no definido.
pre-acordada para evitar el riesgo de una convicción por el
delito imputado. Que en el caso de autos se conoce que la
defensa tiene pruebas y/o argumentos con el propósito de
desvirtuar aquellas que el ministerio público cuenta para
probar el caso. Manifestó además el representante del
ministerio público que en su opinión éste era un caso que había
sido altamente exagerado por los medios de comunicación y otras
personas.
Inmediatamente el juez le preguntó al fiscal, que si era
así porqué razón no archivaba el caso. Indicó el juez que
accedería a una petición del F.E.I. para archivar el caso, pero
no a una para rebajar los cargos a un delito menos grave.
El fiscal contestó que técnicamente él entendía que tenía
prueba para probar todos los elementos del delito, pero que no
era este un caso del tipo que usualmente se imputa por
infracción al Artículo 242 en los que existe un fraude, pues en
este caso él no contaba con prueba de fraude. Inmediatamente el
Juez manifestó que él entiende que este delito es del tipo de
delito que va dirigido a acusar a aquellas personas que
intentan ocultar actos de malversación
de fondos. El fiscal
indicó que no contaba con prueba alguna que tendiera a
establecer que el acusado participó en cualquier forma en la
malversación de fondos públicos. Que su prueba era en el
sentido de que si bien había documentos antedatados y/o que no
habían sido firmados por las personas cuyos nombres aparecían
firmando los mismos, su prueba también establecía que todas las
obras que habían sido contratadas habían sido realizadas
conforme a lo pactado, y que carecía de prueba para establecer
apropiación ilegal de cualquier suma de dinero.
El juez insistió que si era así el fiscal debía solicitar
el archivo de los casos, y que a tal cosa el accedería, más que
no accedería a la aprobación del pre-acuerdo radicado."
(Enfasis suplido.)
Terminada la reunión "en cámara", y ya en corte abierta, sucedió,
conforme así surge de la "minuta" que recoge lo acontecido en dicho día,
lo siguiente:
"El Tribunal hace constar que había discutido en Cámara la
propuesta
que
se
sometió
a
su
consideración
para
la
clasificación del delito a uno menos grave con una sentencia de
$500.00 de multa y le ha indicado a las partes que no va a
aceptar dicho acuerdo en el ejercicio de su discreción, tal
como lo contempla la Regla 72, y se procederá con el juicio."
(Subrayado en el original.)
Inconforme, acudió William Cintrón Antonsanti ante este Tribunal
imputándole al foro de instancia haber errado "...al rechazar de plano la
alegación preacordada sometida".
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Decidimos
revisar.
Estando
en
posición
de
resolver
el
recurso
radicado, procedemos a así hacerlo.
I
Es harto conocido el principio de que nuestro
"...encomienda
al
Poder
Ejecutivo
el
deber
ordenamiento jurídico
de
implantar
las
leyes
penales..."; esto es, y dicho de manera sencilla, son "...los fiscales
adscritos
al
Departamento
de
Justicia
quienes
tienen
la
función
de
procesar a todos los delincuentes por los crímenes y delitos de que pueda
conocer bajo la autoridad y en representación del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico...", Pueblo v. Quiñones Román y Rivera Sierra, Opinión y
Sentencia de fecha 17 de mayo de 1993.
Véase, en adición:
Pueblo v.
González Malavé, 116 D.P.R. 578, 583 (1985); Pueblo v. Tribunal Superior,
94 D.P.R. 59, 65 (1967).
Ello significa, entre otras cosas, que el poder judicial no tiene
inherencia alguna en la decisión original que hace el poder ejecutivo
sobre si procede, o no, acusar a determinada persona en relación con
hechos posiblemente delictivos.
Esto es, la determinación inicial sobre
si
criminales
se
radican,
o
no,
cargos
contra
una
persona
es
una
exclusiva del poder ejecutivo de nuestro Gobierno.
Otra es la situación, naturalmente, en la etapa posterior a la
radicación de la denuncia o acusación ante el foro judicial. En relación
con
esta
etapa,
el
poder
judicial
es
el
que
determina
no
sólo
la
culpabilidad o inocencia del acusado sino que, de ordinario, el delito
por el cual el imputado debe resultar convicto, si alguno.
La
situación
que
contempla
la
Regla
72
de
Procedimiento Criminal es una "híbrida" o intermedia.
las
Reglas
de
Se entendió que,
radicado un pliego acusatorio ante el tribunal de primera instancia por
determinado delito, resultaba conveniente a una sana administración de la
justicia
el
que
las
partes
pudieran
acordar
un
curso
de
acción,
o
¡Error!Marcador no definido.
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resultado,
que,
bajo
ciertas
circunstancias,
el
foro
judicial
está
"obligado" a seguir.1
Debe quedar claro que el tribunal de instancia siempre mantiene el
poder de rechazar la alegación preacordada por las partes.
La facultad
de no aceptar dicha alegación preacordada, sin embargo, no es, ni puede
nunca
ser,
irrestricta;
esto
es,
no
puede
respecto, en un "abuso de discreción".
el tribunal
incurrir, al
Dicho de otra forma, la decisión
del juez de instancia denegando la alegación preacordada a la que han
llegado
las
obligado,
partes
tiene
inclusive,
el
juez
de instancia
a
de
su
denegatoria;
ello,
fundamentos
en
apoyo
que
ser
una
fundada y
razonable,
vertir
con
para
el
viniendo
récord
obvio
los
fin
o
propósito de que el tribunal apelativo pueda en su día aquilatar, de
manera informada, su decisión denegatoria.
Las disposiciones del Inciso 7 de la Citada Regla 72 establecen, por
decirlo así, los parámetros que regulan la actuación del tribunal de
instancia en la referida situación.
Conforme el mencionado Inciso 7:
"(7) Al
decidir
sobre
la
aceptación
de
una
alegación
preacordada el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha
con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del
imputado, que es conveniente a una sana administración de
justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la
ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y del
abogado del imputado aquella información, datos y documentos
que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá
examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio
sea conveniente". (Enfasis suplido.)
Como podemos notar, el tribunal de instancia viene obligado, en
primer lugar, a cerciorarse de que la decisión del imputado, respecto a
la
alegación
preacordada,
es
una
informada
y
voluntaria.
Ello,
naturalmente, se logra examinando al imputado de delito sobre dichos
aspectos.
1
En segundo lugar, el tribunal tiene que cerciorarse que la
Sobre la "naturaleza contractual" de una alegación preacordada, una vez
aceptada por el tribunal de instancia, véase: Pueblo v. Figueroa García,
129 D.P.R. 798 (1992).
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alegación preacordada "...es conveniente a una sana administración de la
justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética". Hemos
resuelto, por último, que el foro de instancia debe cerciorarse de que
existe base suficiente en los hechos para sostener que el acusado sería
culpable del delito por el cual hizo alegación de culpabilidad si tales
hechos se probaran más allá de duda razonable en un juicio plenario.
Pueblo v. Santiago Agricourt, Opinión y Sentencia de 8 de diciembre de
1998.
La propia Regla 72 le provee al tribunal de instancia los mecanismos
necesarios para poder llegar a dicha determinación.
Como vemos, faculta
al tribunal de instancia para requerir de las partes la información o
documentación
que,
a
esos
efectos,
entienda
necesaria,
lo
cual
le
permitirá estar en posición óptima para poder pasar juicio sobre la
referida alegación.
II
En el presente caso, el juez de instancia no hizo nada de lo
anteriormente señalado. El abuso de discreción en que incurrió es claro y
evidente.
Debe recordarse que el fiscal especial independiente le informó al
magistrado
que
entendía
que
no
contaba
con
prueba
suficiente
para
sostener el cargo originalmente imputado en el pliego acusatorio radicado
y que, por el contrario, tenía prueba suficiente en derecho para sostener
una convicción por un delito menor incluido. A esos fines, le ofreció a
dicho magistrado las declaraciones juradas de los testigos de cargo;
dicho
ofrecimiento
magistrado
pudiera
tenía
el
claro
cerciorarse
de
y
evidente
propósito
de
que
el
la
propiedad
y
corrección
de
la
actuación del Estado.
El juez en cuestión, en lugar de examinar las declaraciones juradas
que se le ofrecían --esto es, en lugar de
cumplir
con
la
obligación
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que
le
impone
la
citada Regla 72-- no sólo rechazó dicho ofrecimiento
sino que expresó que, antes de así hacerlo, prefería archivar totalmente
los cargos radicados. A nuestro humilde entender, dicha actuación no sólo
constituye un abuso de discreción sino que un acto erróneo e impermisible
en derecho.
La prueba más evidente de ello la constituye el hecho de que el
referido magistrado no virtió para récord un sólo fundamento en apoyo de
su acción negándose a aceptar la alegación preacordada a la que las
partes habían llegado.
III
Deben
mantenerse
presente
las
expresiones
de
este
Tribunal,
en
Pueblo v. Ortega Santiago, ante, a los efectos de que:
"Discreción, naturalmente, significa tener poder para
decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o
varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el
mencionado concepto "....no significa poder para actuar en una
forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho,....".
Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia
incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin
embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial
está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la
razonabilidad. Como expresáramos en Sánchez González, ante,
discreción "....es, pues, una forma de razonabilidad aplicada
al discernimiento judicial para llegar a una conclusión
justiciera....". (Enfasis en el original.)
Un análisis sosegado de la situación nos convence de que en el
presente caso el juez de instancia incurrió en claro abuso de discreción
al negarse a aceptar la alegación preacordada que le sometieron las
partes, razón por la cual se dicta Sentencia revocatoria de la resolución
recurrida y se devuelve el caso al foro de instancia para procedimientos
ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en el
resultado con opinión escrita. Los Jueces Asociados señora Naveira de
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Rodón y señor Corrada del Río disienten sin opinión escrita. El Juez
Asociado señor Negrón García inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Demandante-Recurrido
vs.
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CERTIORARI
WILLIAM CINTRON ANTONSANTI
Demandado-Recurrente
Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado Señor FUSTER BERLINGERI
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 1999.
En este caso, el juez de instancia se negó a
aceptar una alegación preacordada, mediante la cual el
acusado aceptaba declararse culpable de un delito de
grado inferior al del que se le había imputado. La
alegación preacordada tenía la aprobación del Fiscal
Especial Independiente, quien representa al pueblo de
Puerto Rico en estos procedimientos.
Por conducto de
su representación legal, también tenía la aprobación
del
querellante,
contra
el
quien
acusado
ante
inicialmente
la
Comisión
presentó
para
cargos
Ventilar
Querellas Municipales.
En la reunión sostenida en cámara por el juez de
instancia con los fiscales y los abogados de la defensa
en relación a la referida alegación preacordada, salió
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¡Error!Marcador no definido.
a relucir que el Fiscal Especial Independiente tenía
serias reservas en cuanto a si el
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pueblo podía prevalecer
en el juicio, respecto a la particular acusación
que
peticionario.
obraba
contra
el
Ello
dio
lugar
a
que
el
juez
propusiese que el Fiscal retirase la acusación y solicitase archivar el
caso, indicando que él accedería a tal curso de acción.
Entonces, ante
la negativa del Fiscal a lo propuesto por el juez, éste le sugirió a la
defensa
que
viese
el
caso
por
tribunal
de
derecho,
con
lo
que
se
verificaría la aducida falta de prueba convincente para establecer el
delito imputado.
defensa.
Este otro curso de acción no fue acogido por la
En vista de lo anterior, el juez no aprobó la alegación
preacordada, y señaló fecha para comenzar el juicio.
A la luz de todo lo anterior, estimo que lo procedente judicialmente
era aceptar la alegación preacordada en cuestión.
Considerados los
criterios afines de los distintos abogados involucrados en el caso, y
particularmente en vista de la posición del Fiscal, me parece altamente
improbable que, en un juicio imparcial, el acusado pueda ser encontrado
culpable del delito imputado.
En esas circunstancias, los fines de la
justicia
la
se
sirven
aceptando
alegación
preacordada,
por
lo
que
concurro con el resultado al que llega la mayoría en su sentencia en el
caso de autos.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO