LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

HARGUINDEY FERRER V UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

1999 TSPR 48

Poder Judicial de Puerto Rico

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HARGUINDEY FERRER V UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

CC-1996-49

CC-96-49

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

JUAN HARGUINDEY FERRER

Demandante-Peticionario

Certiorari

V.

99TSPR48

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO

RICO Y FREDDIE MEDINA

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-96-49

Abogados de la Parte Peticionaria: LCDO. HECTOR VARGAS DIAZ

Abogados de la Parte Recurrida: LCDA. FRANCISCA SANTIAGO NEGRON

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Celinda Ríos

Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan - Panel IV

Juez Ponente: Hon. Miranda de Hostos

Panel integrado por: Pres. Jueza Alfonso de Cumpiano y los Jueces Broco

Oliveras y Miranda de Hostos

Fecha: 4/7/1999

Materia:

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-96-49

2

En el Tribunal supremo de puerto rico

Juan Harguindey Ferrer

Demandante-peticionario

v.

CC-96-49

CERTIORARI

Universidad Interamericana

de Puerto Rico y Freddie

Medina

Demandados-recurridos

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, 7 de abril de 1999

¿Tiene

el

editor1

de

la

traducción

de

una

obra

literaria, que ya está protegida por la Ley de Propiedad

Intelectual federal2, derecho a reclamar bajo nuestra Ley

de Propiedad Intelectual3 por el alegado daño moral que ha

sufrido al no reconocerse su trabajo como editor y no

compensarse dichos servicios? Esta es la interrogante a la

que nos enfrentamos hoy.

1

Está en controversia si, en efecto, el demandante fue el

editor. Este asunto no será objeto de determinación en

esta etapa pues el caso llega ante nos vía desestimación.

2

17 U.S.C. sec. 101 et seq..

3

Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, según enmendada, 31

L.P.R.A. sec. 1401, et seq.

I

Robert F. Hehman (“Hehman”) es el autor de la obra

“General Biology Laboratory Activities”4 y es quien posee

los derechos de autor de la misma. En el año 1988, Hehman

acordó

con

la

Universidad

(“Universidad”),

International

la

Group

Interamericana

Sra.

Blanca

(“Publicadora”),

de

Puerto

Riesco

y

que

obra

su

Rico

Burgess

sería

traducida y publicada en el idioma español.5 La versión en

español

sería

titulada

“Manual

de

Laboratorio

Biología

Moderna y Actividades de Laboratorio Zoología”.

El

Dr.

Juan

Harguindey

(“Harguindey”),

demandante-

peticionario, era empleado de la Universidad durante el año

académico 1988-89. Éste se desempeñaba como instructor en

el

Departamento

de

Biología.

Durante

dicho

periodo,

Harguindey “...participó en el proyecto de editar material

provisto de antemano consistente en las traducciones...”6 de

la obra en cuestión. La participación de Harguindey fue a

solicitud del Dr. Freddy Medina (“Medina”) quien también

laboraba para la Universidad.7 Es aquí donde comienza la

discrepancia entre las partes.

Alega

la

Universidad

que

Medina

solicitó

la

colaboración de Harguindey para “...editar las traducciones

que

se

horario

4

estaban

de

haciendo

trabajo

y

para

el

utilizando

Manual,

los

dentro

de

su

recursos

de

la

Vol. I, II, III.

Apéndice I de los recurridos.

6

Alegato de la demandada-recurrida, págs. 2-3.

7

Durante el año académico anterior, Medina fue el

supervisor

de

Harguindey.

Sin

embargo,

según

la

Universidad, cuando Medina solicitó la ayuda de Harguindey,

ya no fungía como su supervisor.

5

CC-96-49

4

Universidad,...”8.

Asimismo,

Medina

sostiene

que,

al

solicitarle la edición a Harguindey, no concertó acuerdo o

contrato alguno adicional al sueldo que recibía éste como

empleado de la Universidad.

Por su parte, indica Harguindey que, a solicitud de

Medina,

confeccionó

la

edición

del

Manual

de

Zoología

(“Manual”), y que se le prometió una retribución económica

por

el

trabajo

realizado.

Dicha

compensación,

según

Harguindey, sería adicional a su ingreso como profesor en

la Universidad por ser éste un trabajo adicional fuera de

sus funciones contratadas. “Específicamente se le señaló al

demandante

que

se

le

pagaría

lo

que

correspondiese

del

Harguindey

que

el

su

producto final de la obra...”.9

Sostiene,

además,

crédito

por

trabajo fue adjudicado a Medina. A su vez, Medina alega que

a Harguindey se le reconoció su labor como editor en la

página de “Reconocimientos” del Manual. Además, manifiesta

que

Medina

nunca

reclamó

derechos

de

autoría

sobre

el

Manual.10

Así las cosas, el 3 de noviembre de 1993, Harguindey

presentó

demanda

ante

el

antiguo

Tribunal

Superior

de

Puerto Rico, Sala de San Juan, contra la Universidad y

Medina. Además de los señalamientos expuestos previamente,

esbozó los siguientes hechos: que se le requirió “editar y

8

9

10

Alegato de la demandada-recurrida, pág. 3.

Solicitud de Certiorari, pág. 2.

Alegan los demandados-recurridos que, tanto el autor Hehman como Burgess, suscribieron

contratos para la traducción de la obra, por lo cual pagaron las regalías correspondientes a la Dra.

Anna Lavernia y Blanca Riesco.

CC-96-49

5

reorganizar

lingüísticamente

material

de

literatura...

y

hacer el mismo un trabajo publicable”; que la Universidad,

por medio de Medina, acordó otorgar a Harguindey “la parte

que

correspondiere

como

retribución

del

producto

económica

final

de

la

así

como

publicación

el

debido

reconocimiento de su propiedad intelectual allí expuesta”.11

Trabada la controversia, la Universidad solicitó que

se desestimara el pleito por alegada falta de jurisdicción.

Adujo

que

lo

reclamado

patrimoniales,

los

por

Harguindey

cuales

tenían

constituían

que

daños

dilucidarse

exclusivamente en el foro federal. El tribunal de primera

instancia accedió a lo solicitado, desestimando la demanda

por falta de jurisdicción.

Oportunamente,

Tribunal

de

Harguindey

Circuito

de

acudió

Apelaciones,

en

apelación

al

cuestionando

la

determinación del tribunal de instancia. El referido foro

apelativo confirmó la sentencia. El sustrato de su decisión

fue

que,

a

su

juicio,

al

ser

la

reclamación

una

“...puramente económica y por tal razón en lo que respecta

a

los

derechos

patrimoniales

de

propiedad

intelectual,

equivalentes a los derechos protegidos por la ley federal,

el campo está ocupado por lo cual no hay jurisdicción para

considerar la misma.”12

Inconforme, Harguindey acudió en certiorari ante este

Tribunal. El peticionario le imputa al Tribunal de Circuito

11

Párrafos 2 y 3 de la demanda.

Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, pág. 6

(KLAN9500716).

12

CC-96-49

de

6

Apelaciones

haber

errado

al

entender

que

no

había

jurisdicción en una controversia “...claramente contractual

y

a

una

acción

en

reclamo

patente

de

los

derechos

extrapatrimoniales del demandante.”13

Le concedimos término a la parte demandada-recurrida

para que mostrase causa por la cual no debíamos expedir el

auto

solicitado

emitida

por

y

el

dictar

Sentencia

Tribunal

de

revocatoria

Circuito

de

de

la

Apelaciones,

Circuito Regional de San Juan.

Dentro del plazo concedido, en cumplimiento de dicha

orden, ha comparecido la Universidad junto a Medina. En su

comparecencia, desmenuzan las alegaciones de Harguindey con

el objetivo de demostrar que el reclamo sólo le atañe al

foro

federal.

Añaden

que

los

argumentos

sobre

la

labor

realizada, y no pagada, no surgen de la demanda y que es en

la

oposición

a

la

moción

de

desestimación

donde,

por

primera vez, se levanta dicho punto.

II

El

primer

paso

en

todo

análisis

de

propiedad

intelectual es uno bastante sencillo: ¿posee el demandante

“propiedad intelectual” sobre el bien en cuestión?. Sólo

luego de contestar dicha interrogante es que procede, en

buena

metodología

adjudicativa,

ponderar

si

el

reclamo

versa sobre derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, y,

por

13

ende,

cuál

foro,

el

federal

Solicitud de certiorari, pág. 3.

o

el

estatal,

posee

CC-96-49

7

jurisdicción

para

atender

la

disputa.

Autoría

es

una

condición sine qua non para cualquier reclamo de derechos

de autor.14 En el caso ante nos, tanto las partes como los

dos foros judiciales antes mencionados omitieron el primer

paso.

El

derecho

del

autor

sobre

las

creaciones

de

su

inteligencia, para su publicación y explotación económica o

para

mantenerlas

inéditas,

constituye

“propiedad

intelectual”.15 En Cotto v. Ríos, Opinión y Sentencia de 17

de abril de 1996, este Tribunal, citando a Puig Brutau,

definió

la

propiedad

intelectual

como

"el

conjunto

de

derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha

producido con su inteligencia, en especial los de que su

paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se

le permita difundir la obra, autorizando o negando en su

caso,

la

reproducción".

(Énfasis

suplido).

Como

norma

general, el autor es quien, como cuestión de hecho, crea la

obra; esto es, la persona que transforma una idea a una

expresión tangible, merecedora de protección por la ley de

14

Nimmer M.B., Nimmer on Copyright, 1993, Matthew Bender,

Vol. I, §5.01(A) pág. 5-4.

15

Miguel A. Del Arco Torres y Manuel Pons González,

Diccionario de Derecho Civil, T. II, 1984, Aranzadi, S.A.,

pág. 445 citando al tratadista Diego Espín Cánovas.

Por otro lado, el Black Law’s Dictionary define el

derecho de autor (“Copyright”) como “[a]n intangible,

incorporeal right granted by statue to the author or

originator of certain literary or artistic productions,

whereby he is invested, for a limited period, with the sole

and exclusive privilege of multiplying copies of the same

and publishing them.” Black’s Law Dictionary, 5th ed., 1979,

West Publishing, pág. 304. (Subrayado nuestro.)

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8

propiedad intelectual. Community for Creative Non-Violence

v.

Reid,

490

U.S.

730,

737

(1989).

¿Excluye

esto

la

posibilidad de que el editor16 de la obra posea propiedad

intelectual?

Esto

es,

¿es

el

editor

un

“autor”

para

propósitos de propiedad intelectual?.17

De un examen de nuestra Ley de Propiedad Intelectual18

se

desprende

que

la

propiedad

intelectual

de

una

obra

corresponde al autor por el solo hecho de su creación. En

esa misma corriente, el “Copyright Act” otorga al autor de

una obra el derecho “exclusivo”19 de adaptar la misma, esto

es, el derecho a crear obras derivadas (“derivative work”)

de la obra original. La ley federal de derechos de autor

describe el “derivative work” como:

“... a work based upon one or more pre-existing

works, such as a translation, fictionalization,

motion picture version, sound recording, art

reproduction, abridgement, condensation, or any

other form in which a work may be recast,

transformed or adapted...”20 Además, véase Nimmer

M.B., Nimmer on Copyright, 1993, Matthew Bender,

Vol. I, §3.01 y ss.

16

Volvemos a enfatizar que no estamos adjudicando, en esta

etapa, quién fue el editor de la obra; sólo nos ceñimos a

las alegaciones de la demanda.

17

Véase Russ Versteeg, Defining “author” for the purposes

of copyright, 45 Am. U. L. Rev. 1323 (1996).

18

Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. sec. 1401

et. seq..

19

Value Group, Inc. v. Mendham Lake Estates, L.P., 800 F.

Supp. 1228 (D.N.J. 1992).

20

17 U.S.C. sec. 106(2).

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9

La

obra

derivada

incluye

“...

editorial

revisions,

annotations, elaborations, or other modifications which, as

a whole, represent an original work of authorship.”21

Ahora bien, el hecho de que el “autor” de una obra

retenga sus derechos con respecto a “obras derivadas”22,

¿excluye

la

posibilidad

de

que

el

editor

de

la

obra,

entiéndase otra persona que no es el autor, posea propiedad

intelectual?

A

esos

fines,

el

tratadista

Lasso

de

la

Vega

nos

ilustra a los efectos de que:

“[l]os derechos y obligaciones del editor, su

mayor o menor complejidad, obran en función de

la doctrina jurídica que admitamos respecto del

concepto de propiedad intelectual en general.

[...]. [S]i, ..., la producción intelectual se

considera

propiedad

individual,

será

indispensable observar una serie de reglas

encaminadas a proteger al autor y al editor en

sus derechos respectivos.” J. Lasso de la Vega,

El contrato de edición, Estades, Artes Gráficas,

Madrid, Cap. IX, 1949, pág. 91.

21

17 U.S.C. sec. 101.

Esto no significa que otra persona, que no es el autor,

pueda crear una obra derivada al alterar la obra original.

En ese caso, el derecho de autor en obras derivadas se

extiende sólo a aportaciones de ese otro autor. Moore Pub.

Inc. v. Big Sky Marketing, Inc., 756 F. Supp. 1371, 1374

(D. Idaho 1991); Apple Computer Inc. v. Microsoft Corp.,

821 F. Supp. 616, 628 y ss., (N.D. Cal. 1993); 17 U.S.C.

sec. 103. “Derivative work is copyrightable if it is

sufficiently original; more than a modicum of originality

is required.” Waldman Pub. Corp. v. Landoll Inc., 43 F. 3d

775, 782 (2nd Cir. 1994). En el caso ante nos, según se

desprende del expediente, el autor (Hehman) autorizó el

trabajo en cuestión. La naturaleza de esa autorización

–contractual-; si fue a Medina y si éste, a su vez, podía

autorizar

o

ceder

el

derecho

a

otro

(Harguindey)

corresponde, en primer plano, al tribunal de instancia.

22

CC-96-49

10

Fernández Mourillo, abundando un poco más, nos ofrece

la

siguiente

tesis:

“la

propiedad

intelectual,

...,

se

atribuye y tiene como sujeto, no sólo a la persona que

produce rigurosamente la obra, sino también a otras que,

con la base de esa producción y con intervención espiritual

simultánea o posterior, o bien con intervención puramente

material

o

de

empresa,

contribuyen

a

su

publicación

y

difusión.”23 Al atender la edición, el comentarista expresa

que

“[e]n

otro

reconocimiento

orden

del

de

fundamentos,

derecho

de

pero

propiedad

también

con

[intelectual],

están los que, sin haber concebido la obra, [...] [se les]

denomina como editores, respecto de los cuales, también la

ley reconoce derecho de propiedad intelectual,...”.24

Al momento de decidir si la “obra” de una persona debe

recibir protección, las leyes sobre propiedad intelectual

nos remiten a un concepto básico: la protección de una

23

M.

Fernández

Mourillo,

Legislación

y

Propiedad

Intelectual, 1930, 1ra ed., Editorial Reus, Madird, Cáp.

XVII, pág. 86. Reseña el comentarista las distintas

gradaciones en el área de propiedad intelectual. Por

ejemplo, “[p]uede suceder que, existiendo publicada y

atribuida a un autor determinada obra, haya quien se

dedique a operar en ella alteraciones o cambios que,

purgándola de defectos, o ampliando y adaptando su

contenido a nuevas necesidades o circunstancias, vengan en

realidad a darle una vida, naciendo con ella otra categoría

de producciones literarias, a las que se les da el nombre

genérico de transformadores de obras...”. Id., pág. 87. No

estamos en posición de evaluar la labor que alega haber

realizado Harguindey, sin embargo reconocemos que hay una

gran gama de autorías sobre las que la ley concede

propiedad intelectual en virtud del derecho de atribución.

Éste es uno de los pilares del derecho moral de autor, el

cual será discutido más adelante.

24

Id., pág. 88.

CC-96-49

11

“expresión”.25 “La obra debe ser original del autor, en el

sentido de que no sea copia de la obra de otra persona.”26

Para ilustrar el criterio de originalidad, Puig Brutau nos

brinda el ejemplo del traductor. Al respecto, nos dice que

“no hay duda de que en la medida en que ha de expresar

ideas

en

un

idioma

distinto

de

aquel

en

que

han

sido

originalmente expresadas, ha creado en cierto modo una obra

original.”27

Un criterio análogo rige en la jurisdicción federal.

La ley federal alude al “original work of autorship”. Al

así hacerlo, lo que la ley federal requiere es una creación

independiente,

no

una

novedosa.

Así,

no

se

le

denegará

protección bajo la ley federal de propiedad intelectual a

una obra simplemente porque es sustancialmente similar a

una obra que fue producida previamente por otro autor y

que, por ello, no es novel.28 Originalidad, para fines del

“Copyright

Act”,

nacimiento

al

sólo

autor,

significa

que

la

obra

debe

esto

que

fue

una

creación

es,

su

independiente y no una copia de otras obras.29 Además de ser

una creación independiente, hace falta un grado “mínimo” de

creatividad. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone

Service Co. Inc., 499 U.S. 340, 345 (1991).

25

Para un análisis del alcance de la protección, véase el

artículo de Mahony, I.G., en Copyright Infringement;

Comparative Law Yearbook of International Business, Kluwer

Law International, London, 1997, pág. 396 y ss.

26

J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 1973, 2da

ed., Bosch, Barcelona, Tomo III, Vol. II, pág. 206.

27

Id., citando a Marvin, pág. 207.

28

Nimmer on Copyright, op. cit., § 2.01(a), pág. 2-7.

29

Id., pág. 2-9.

CC-96-49

12

En el caso de autos, ¿qué expresión original expuso

Harguindey en el Manual publicado que merezca protección?

Alegadamente,

original.

la

El

edición

de

trabajo

manifestaciones.

A

de

manera

la

traducción

edición

ilustrativa,

de

tiene

el

la

obra

diversas

Occupational

Outlook Handbook, al tratar el aspecto de la edición, nos

dice:

[e]ditors

select

and

prepare

material

for

publication

or

broadcasting

and

supervise

writers.

[...]

Editors frequently write and almost always

review, rewrite, and edit the work of writers.

However, their primary duties are to plan the

contents of books, magazines, or newspapers and

to supervise their preparation. They decide what

will appeal to readers, assign topics to

reporters and writers and oversee the production

of the publications.30 (Subrayado nuestro).

El

trabajo

de

edición

“expresión”.

De

hecho,

Presentación,

Depósito

el

e

cumple

con

propio

Reglamento

Inscripción

el

de

estándar

Obras

de

para

la

en

el

Registro de la Propiedad Intelectual31 reconoce la autoría

de la edición. En específico, el artículo 359(n)-23 reza:

“[l]os autores de obras derivadas, incluyendo

antologías, ediciones, traducciones o compendios

obtendrán la autorización escrita del autor o

autores de la obra original pre-existente o de

los derechohabientes acreditados cuyos derechos

no hayan prescrito.”

30

Ocupational Outlook Handbook, U.S. Bureau of Labor

Statistics, Washington, D.C., U.S. Department of Labor,

Bureau of Labor Statistic, ed. 1996-97, pág. 4 y 5. Sobre

las distintas acepciones de la “edición” véase The

encyclopedia of careers and vocational guidance, 8th ed.,

1990, J.G. Servicing Publishing, Chicago.

31

Reglamento Núm. 4750, efectivo desde el 10 de septiembre

de 1992.

CC-96-49

13

El hecho de que la edición es la criatura intelectual

del

editor

es

una

perogrullada.

Debe

señalarse

que

la

edición no usurpa la protección intelectual que el derecho

le da al autor del texto; por el contrario, se trata de una

autoría

independiente.

precisamente,

la

inteligencia.32

Puede

tangencia

propia

intelectual

La

edición

que

del

editorial,

“obra”

que

–en

fue

este

no

editor

producto

apariencia-

libro;

en

del

no

de

su

ostente

la

obstante,

caso

es,

aparenta

la

labor

ser

la

“depuración neta”33 del libro mismo. Por ende, esta creación

amerita

igual

protección.

“El

autor

al

transmitir

su

derecho para la edición no ha renunciado a la paternidad

32

Precisamente ese es el reclamo de “autoría” que hizo

Harguindey en la demanda. Véase la deposición que se le

tomara a éste, Anejo X, pág. 42. El planteamiento del

demandante es que Freddie Medina –no la publicadora- se

atribuyó la autoría de la edición cuando en realidad la

misma fue efectuada por Harguindey. Id., pág. 43.

33

Aunque el caso de marras se encuentra en ciernes, nos

parece que la labor “editorial” que alega haber realizado

Harguindey no es la que, en términos generales, aluden los

tratadistas al considerar “el editor”. Tampoco parece ser

la “edición” a que se refiere el Registro de la Propiedad

Intelectual que dice: “[e]ditor incluye a todo el que

publique libros con o sin discursos preliminares, notas

apéndices,

vocabularios,

glosarios

o

ilustraciones.”

Artículo 359(n)-2 inciso (p). En lugar de ser un tipo de

casa editora, que produce, publica y difunde el libro,

intimamos que la labor en controversia es la depuración del

libro. En la deposición que le fuera tomada a Harguindey,

éste señaló que al requerirle su labor se le dijo: “[m]ira,

te vamos a encargar que hagas la edición, que traspases,

que traslades a un castellano legible, correcto e incluso

elegante, si se puede decir, un libro de una norteamericana

que está traduciendo sus capítulos la Doctora Margot

Lavernia, ya se te pagará lo que corresponda”. Pág. 14 de

la deposición, Anejo X. Sin embargo, dado que la alegación

de Harguindey es que fue el editor, en función de ello

circunscribimos nuestro análisis.

CC-96-49

14

del libro. En consecuencia, el derecho –que es obligación

para el editor en este aspecto- a estampar su nombre como

autor

del

libro

le

corresponde,

en

principio,

él.”34

a

Concluimos pues, de esa misma forma, que el editor también

tiene derecho a que la autoría de su trabajo -edición- sea

reconocido

adicional

como

e

constituye

tal.

La

independiente

propiedad

edición

del

constituye

Manual

intelectual

de

“obra”

por

eso,

forjador.

Como

per

su

una

se;

señala Desantes:

“[l]a relación social autor–editor, que surge con

motivo de la publicación de un libro, es también

una relación jurídica a la que se accede por el

contrato de edición. [...] En tal relación

jurídica los sujetos son –normalmente- los mismos

del contrato, el contenido es el complejo de

situaciones en que los sujetos se encuentran

dentro de un entramado de derechos y obligaciones

y el objeto es la edición misma como continente

de una creación intelectual.” (Énfasis suplido).35

III

Habiendo

intelectual

34

resuelto

sobre

su

que

el

labor

editor

posee

editorial36,

propiedad

corresponde

J.M. Desantes, La relación contractual entre autor y

editor, 1970, Ediciones Universidad de Navarra, S.A.,

España, Cáp. I, pág. 143-144.

35

Id., pág. 29.

36

No nos compete aquí resolver si la labor en disputa

constituye una de co-autoría. Sobre el particular véase

Childress v. Taylor, 945 F. 2d 500 (2d Cir. 1991); Paul

Goldstein, Copyright: Principles, Law, and Practices, §

4.21.2, pág. 379, (1989); en contraste, véase la posición

de Nimmer al respecto, Nimmer on Copyright, op. cit., sec.

6.07, pág. 6-23. En específico, véase el análisis sobre co-

CC-96-49

15

dilucidar

si

dicho

derecho

es

vindicable

ante

el

foro

ante,

los

federal o el estatal.

Según

expresáramos

en

Cotto

v.

Ríos,

derechos de la comunidad intelectual de Puerto Rico están

protegidos por dos estatutos: la "Federal Copyright Act"37 y

la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico.38 Además, de

manera

supletoria,

Código

Civil

aplican

siempre

que

las

no

disposiciones

sean

de

incompatibles

nuestro

con

la

legislación federal. ¿Estamos ante un derecho patrimonial o

uno extrapatrimonial?

Aun cuando ha sido atacada por varios sectores39, “[e]n

Puerto Rico la propiedad intelectual está formada por la

imbricación

de

dos

derechos

de

naturaleza

diferente:

el

derecho moral, que de manera primordial protege el vínculo

personal entre el autor y su obra y el derecho patrimonial

que consiste en el monopolio de la explotación de la obra.”

Cotto v. Ríos, ante.40

De entrada, resulta meritorio señalar el hecho de que

la

protección

independiente

del

de

derecho

la

moral

protección

del

de

creador

sus

es

derechos

autoría de derechos morales hecho por P.H. Karlen, Joint

Ownership of Moral Rights, 38 J. Copr. Soc’y 242 (1991).

37

17 U.S.C. sec. 101 et. seq.

38

Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. sec. 1401

et. seq..

39

C.f. Ramos, D.A., “Oh, Pretty Woman”, Luke took your

beauty away, may Nafta come to your rescue? Campbell v.

Acuff-Rose, can there ever be “Moral Rights” in the United

States or Puerto Rico?, 29 Núm. 1 Rev. Jur. U.I.P.R. 173

(1994), págs. 188-195.

40

Aún cuando la legislación federal ha comenzado a expandir

su alcance para abarcar los derechos morales –Visual

CC-96-49

16

patrimoniales.

Ley

Núm.

96,

supra,

31

L.P.R.A.

sec.

1401(b).

Al atender los derechos morales, el Reglamento para la

Presentación,

Depósito

e

Inscripción

de

Obras

en

el

Registro de la Propiedad Intelectual41 los define como:

“... aquellas prerrogativas exclusivas del autor

que lo facultan a defender la integridad de su

obra, a determinar bajo qué condiciones y

circunstancias

ésta

ha

de

divulgarse

o

publicarse,

a

atribuirse

su

autoría

o

a

retractarla cuando la obra ya no coincida con

sus convicciones intelectuales, artísticas o

éticas,...”. (Énfasis suplido).

Recientemente,

el

Profesor

Pedro

G.

Salazar

ha

analizado, de forma abarcadora, el derecho moral de autor

en Puerto Rico. Al respecto nos indica que:

“[e]l llamado ‘derecho moral’ del autor es la

contrapartida del derecho ‘patrimonial’ o de

explotación

que

le

permite

a

un

autor

beneficiarse económicamente de su creación. En

conjunto, ambos constituyen el derecho autoral

en toda su plenitud aunque, jurídicamente, son,

cada cual, de naturaleza muy distinta.”42

Asimismo, al atender el derecho moral del autor, Puig

Brutau,

citando

a

Kayser,

reseña

“[c]omo

aspectos

especialmente protegidos por el derecho moral de autor, ...

los

siguientes:

el

derecho

a

que

sea

reconocida

la

paternidad de su autor, el derecho a que no sea deformada o

alterada sin su consentimiento y el derecho de arrepentirse

Artists Rights Act of 1990- los libros no están incluidos.

17 U.S.C. sec. 101 (A)(i).

41

Artículo 359(n)-2(e).

42

Salazar, P.G., El derecho moral del autor en las

legislaciones puertorriqueña, norteamericana y española, 31

Núm. 3 Rev. Jur. U.I.P.R. 407 (1997).

CC-96-49

17

y a retirarla.”43 Se ha dicho que el derecho moral de autor

cobija cuatro grandes áreas; una de ellas es el derecho de

atribución.

A

esto

nos

referimos

cuando,

al

definir

propiedad intelectual, expresamos en Cotto v. Ríos, ante,

que es “el conjunto de derechos que la ley reconoce al

autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en

especial

los

de

respetada...”

que

(Énfasis

su

paternidad

suplido).

le

Éste

sea

es

reconocida

el

derecho

y

de

atribución.

De lo anterior resulta forzoso concluir que el reclamo

de Harguindey, de que otra persona se atribuyó la autoría

de su obra --la labor editorial--, es una alegada violación

al derecho moral de autor vindicable ante el foro estatal.

Este reclamo, como expresamos antes, está cimentado en uno

de los cuatro pilares básicos del derecho moral de autor:

el derecho de atribución. Esto, en términos generales, no

es otra cosa que el derecho del autor a que se le adjudique

la autoría de la obra, claro esta, si es que éste así lo

desea.44 Así pues, si Harguindey logra demostrar que fue él,

y no Medina, quien editó el Manual, el tribunal vendrá

obligado

a

atribuirle

la

edición

de

la

obra

a

quien

determine que fue su verdadero autor.45

43

J. Puig Brutau, op. cit., pág. 213. (Subrayado nuestro).

Nuestra interpretación del derecho de atribución no

restringe

los

linderos

de

tan

importante

derecho.

Simplemente, no debemos extender nuestros pronunciamientos

más allá de la controversia que nos compete.

45

Claro, como expresáramos en Cotto v. Ríos, ante, aunque

el derecho moral del autor, por no ser patrimonial, no es

cuantificable en dinero, puede reclamarse una indemnización

monetaria cuando el mismo sea lesionado.

44

CC-96-49

18

En fin, en cuanto al reclamo de autoría de la edición,

erró tanto el tribunal de instancia como el foro apelativo

intermedio al declararse sin jurisdicción. Resolvemos así,

teniendo como norte el estándar de revisión aplicable a

casos

que

se

dilucidan

a

través

de

una

solicitud

de

desestimación. Sabido es que, al entender en una moción de

desestimación debemos dar por ciertas y buenas todas las

alegaciones hechas en la demanda. Ramos v. Marrero, 116

D.P.R. 357, 369 (1985); First Federal Savings v. Asoc. de

Condómines,

114

D.P.R.

426

(1983).

de

la

manera

Unisys

v.

Ramallo,

interpretarlas

demandante.

Además,

hay

que

más

favorable

para

el

128

D.P.R.

842

(1991);

Romero v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991). Así, en casos como

el de autos, donde se plantea la desestimación por falta de

jurisdicción

en

la

materia,

es

necesario

determinar

si,

tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro

tiene jurisdicción para atender el reclamo. Examinadas las

alegaciones, concluimos que el tribunal tiene jursidicción

sobre la materia pues se trata, en primera instancia, de

uno de los pilares del derecho moral de autor: el derecho

de atribución.

Ahora bien, para gozar de los beneficios de nuestra

Ley

de

Propiedad

Intelectual

“...es

necesario

haber

inscrito el derecho y las obras que lo sustentan en el

Registro de la Propiedad Intelectual”.46 Sin embargo, en

46

Ley de Propiedad Intelectual, supra, 31 L.P.R.A. sec.

1402(d), según enmendada.

CC-96-49

19

situaciones

tan

peculiares

como

la

de

autos,

cuando,

precisamente, la alegación es que otra persona se atribuyó

la autoría de la obra (edición) resolvemos que no será

necesario que la obra esté inscrita. Como bien comenta el

profesor

Pedro

personalísimo

G.

del

Salazar,

derecho

“[d]ado

moral

no

el

carácter

parecería

necesario

condicionar su “reserva” a la inscripción de la obra que lo

sustenta en un Registro de Propiedad Intelectual. Ello se

justifica plenamente en el caso de los derechos económicos,

alienables y transferibles, para fines del establecimiento

de una clara cadena de titularidad o “tracto sucesivo” y

para facilitar la dilucidación judicial de controversias

mediante presunciones rebatibles de título. [...] Exigir

una

inscripción

moral,

como

registral

para

poder

hace

Ley

puertorriqueña,

lo

la

ejercer

el

derecho

parecería

contrario a la naturaleza misma de ese derecho.”47

Por otro lado, no debe albergarse duda sobre el hecho

de que no tenemos jurisdicción sobre el derecho a explotar

económicamente la obra; éstos son reclamos patrimoniales.

Es

decir,

si

la

reclamación

de

Harguindey

versa

sobre

reproducción; regalías; distribución; etc., el foro federal

será el que ostente la jurisdicción sobre la materia.48 Los

47

Salazar, P.G., El derecho moral del autor en las

legislaciones puertorriqueña, norteamericana y española, 31

Núm. 3 Rev. Jur. U.I.P.R. 407, 419 (1997).

48

En Cotto v. Ríos, ante, expresamos que “[l]a Ley Federal

de Derechos de Autor gobierna exclusivamente tan sólo los

derechos legales o en equidad equivalentes a cualquiera de

los derechos exclusivos, dentro del ámbito general del

derecho de autor, especificados en la sección 10618 de la

referida Ley, que en lo pertinente dispone:

CC-96-49

20

aspectos relacionados a la compensación de Harguindey sólo

pueden dilucidarse en el foro estatal si no comprenden los

mismos.

Desde

Pancorbo

(1984),

reconocimos

estaban

afectadas

v.

Wometco,

varias

por

el

115

acciones

“Copyright

D.P.R.

495,

500

estatales

que

no

Act”;

entre

éstas,

están las fundadas en la violación de un contrato o de una

relación fiduciaria, la difamación, y las violaciones al

derecho moral de autor, entre otras. Así pues, dado que el

reclamo de Harguindey aparenta ser de índole contractual,

el tribunal tiene jurisdicción para entender en él. Claro,

si se aparta de esos linderos y recae en las regalías,

reproducción, etc., debe desestimarse esa reclamación.

En

esa

misma

línea

--remuneración

económica--

como

expresamos antes, la Universidad alega que este asunto no

"Subject to sections 107 through 118, the owner

of copyright under this title has the exclusive

rights to do and to authorize any of the following:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

to reproduce the copyrighted work in copies

or phonorecords;

to prepare derivative works based upon the

copyrighted work;

to distribute copies or phonorecords of the

copyrighted works to the public by sale or

other transfer of ownership, or by rental,

lease, or lending;

in the case of literary, musical, dramatic,

and choreographic works, pantomimes, and

motion pictures and other audiovisual works,

to perform the copyrighted work publicly;

and

in the case of literary, musical, dramatic,

and choreographic works, pantomimes, and

pictorial, graphic, or sculptural works,

including the individual images of a motion

picture

or

other

audiovisual

work,

to

display the copyrighted work publicly.”

CC-96-49

21

fue planteado ni “mínimamente” en la demanda. De hecho, del

expediente surge que uno de los fundamentos para oponerse a

este asunto es que la Universidad entiende que esto es una

reclamación de salarios no devengados que está prescrita.

Debido

a

que

aún

no

se

ha

presentado

prueba

al

respecto, no podemos pasar juicio sobre tal alegación. De

un

examen

de

las

alegaciones

del

demandante,

no

puede

concluirse si cuando Harguindey “acordó...[una] retribución

económica”49 lo hizo desde una relación obrero patronal --y,

por

ende,

ejemplo,

es

una

reclamación

se

trata

de

un

de

salarios--

contrato

de

o

si,

por

servicios

profesionales. Así pues, aunque las alegaciones expuestas

por el demandante no son el mejor ejemplo a seguir, toda

vez que las alegaciones pretenden esbozar a grandes rasgos

la reclamación50, debe determinar el foro de instancia de

qué

tipo

de

reclamación

se

trata;

si

la

misma

está

prescrita o si, a solicitud de parte, puede enmendarse la

demanda conforme a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, R. 13.1.

IV

A tenor con todo lo antes expuesto, procede decretar

la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de

49

La alegación número tres de la demanda dice: “[q]ue la

parte allí requirente acordó, por medio del Sr. Freddie

Medina,

otorgar

al

Sr.

Harguindey

la

parte

que

correspondiere del producto final de la publicación como

retribución económica así como el reconocimiento de su

propiedad intelectual allí expuesta”.

CC-96-49

22

Circuito de Apelaciones, devolviéndose el caso al foro de

instancia para la continuación de procedimientos ulteriores

consistentes con lo aquí resuelto.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

50

Dorante v. Wrangler of P.R., Opinión y Sentencia de 27 de

abril de 1998.

CC-96-49

23

En el Tribunal supremo de puerto rico

Juan Harguindey Ferrer

Demandante-peticionario

v.

CC-96-49

CERTIORARI

Universidad Interamericana

de Puerto Rico y Freddie

Medina

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 7 de abril de 1999

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

devolviéndose el caso al foro de instancia para la

continuación de procedimientos ulteriores consistentes

con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Negrón

García inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo