Tribunal Supremo de Puerto Rico
HARGUINDEY FERRER V UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
1999 TSPR 48
Poder Judicial de Puerto Rico
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HARGUINDEY FERRER V UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
CC-1996-49
CC-96-49
1
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
JUAN HARGUINDEY FERRER
Demandante-Peticionario
Certiorari
V.
99TSPR48
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO
RICO Y FREDDIE MEDINA
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CC-96-49
Abogados de la Parte Peticionaria: LCDO. HECTOR VARGAS DIAZ
Abogados de la Parte Recurrida: LCDA. FRANCISCA SANTIAGO NEGRON
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior, San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Carmen Celinda Ríos
Tribunal de circuito de Apelaciones: San Juan - Panel IV
Juez Ponente: Hon. Miranda de Hostos
Panel integrado por: Pres. Jueza Alfonso de Cumpiano y los Jueces Broco
Oliveras y Miranda de Hostos
Fecha: 4/7/1999
Materia:
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CC-96-49
2
En el Tribunal supremo de puerto rico
Juan Harguindey Ferrer
Demandante-peticionario
v.
CC-96-49
CERTIORARI
Universidad Interamericana
de Puerto Rico y Freddie
Medina
Demandados-recurridos
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, 7 de abril de 1999
¿Tiene
el
editor1
de
la
traducción
de
una
obra
literaria, que ya está protegida por la Ley de Propiedad
Intelectual federal2, derecho a reclamar bajo nuestra Ley
de Propiedad Intelectual3 por el alegado daño moral que ha
sufrido al no reconocerse su trabajo como editor y no
compensarse dichos servicios? Esta es la interrogante a la
que nos enfrentamos hoy.
1
Está en controversia si, en efecto, el demandante fue el
editor. Este asunto no será objeto de determinación en
esta etapa pues el caso llega ante nos vía desestimación.
2
17 U.S.C. sec. 101 et seq..
3
Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, según enmendada, 31
L.P.R.A. sec. 1401, et seq.
I
Robert F. Hehman (“Hehman”) es el autor de la obra
“General Biology Laboratory Activities”4 y es quien posee
los derechos de autor de la misma. En el año 1988, Hehman
acordó
con
la
Universidad
(“Universidad”),
International
la
Group
Interamericana
Sra.
Blanca
(“Publicadora”),
de
Puerto
Riesco
y
que
obra
su
Rico
Burgess
sería
traducida y publicada en el idioma español.5 La versión en
español
sería
titulada
“Manual
de
Laboratorio
Biología
Moderna y Actividades de Laboratorio Zoología”.
El
Dr.
Juan
Harguindey
(“Harguindey”),
demandante-
peticionario, era empleado de la Universidad durante el año
académico 1988-89. Éste se desempeñaba como instructor en
el
Departamento
de
Biología.
Durante
dicho
periodo,
Harguindey “...participó en el proyecto de editar material
provisto de antemano consistente en las traducciones...”6 de
la obra en cuestión. La participación de Harguindey fue a
solicitud del Dr. Freddy Medina (“Medina”) quien también
laboraba para la Universidad.7 Es aquí donde comienza la
discrepancia entre las partes.
Alega
la
Universidad
que
Medina
solicitó
la
colaboración de Harguindey para “...editar las traducciones
que
se
horario
4
estaban
de
haciendo
trabajo
y
para
el
utilizando
Manual,
los
dentro
de
su
recursos
de
la
Vol. I, II, III.
Apéndice I de los recurridos.
6
Alegato de la demandada-recurrida, págs. 2-3.
7
Durante el año académico anterior, Medina fue el
supervisor
de
Harguindey.
Sin
embargo,
según
la
Universidad, cuando Medina solicitó la ayuda de Harguindey,
ya no fungía como su supervisor.
5
CC-96-49
4
Universidad,...”8.
Asimismo,
Medina
sostiene
que,
al
solicitarle la edición a Harguindey, no concertó acuerdo o
contrato alguno adicional al sueldo que recibía éste como
empleado de la Universidad.
Por su parte, indica Harguindey que, a solicitud de
Medina,
confeccionó
la
edición
del
Manual
de
Zoología
(“Manual”), y que se le prometió una retribución económica
por
el
trabajo
realizado.
Dicha
compensación,
según
Harguindey, sería adicional a su ingreso como profesor en
la Universidad por ser éste un trabajo adicional fuera de
sus funciones contratadas. “Específicamente se le señaló al
demandante
que
se
le
pagaría
lo
que
correspondiese
del
Harguindey
que
el
su
producto final de la obra...”.9
Sostiene,
además,
crédito
por
trabajo fue adjudicado a Medina. A su vez, Medina alega que
a Harguindey se le reconoció su labor como editor en la
página de “Reconocimientos” del Manual. Además, manifiesta
que
Medina
nunca
reclamó
derechos
de
autoría
sobre
el
Manual.10
Así las cosas, el 3 de noviembre de 1993, Harguindey
presentó
demanda
ante
el
antiguo
Tribunal
Superior
de
Puerto Rico, Sala de San Juan, contra la Universidad y
Medina. Además de los señalamientos expuestos previamente,
esbozó los siguientes hechos: que se le requirió “editar y
8
9
10
Alegato de la demandada-recurrida, pág. 3.
Solicitud de Certiorari, pág. 2.
Alegan los demandados-recurridos que, tanto el autor Hehman como Burgess, suscribieron
contratos para la traducción de la obra, por lo cual pagaron las regalías correspondientes a la Dra.
Anna Lavernia y Blanca Riesco.
CC-96-49
5
reorganizar
lingüísticamente
material
de
literatura...
y
hacer el mismo un trabajo publicable”; que la Universidad,
por medio de Medina, acordó otorgar a Harguindey “la parte
que
correspondiere
como
retribución
del
producto
económica
final
de
la
así
como
publicación
el
debido
reconocimiento de su propiedad intelectual allí expuesta”.11
Trabada la controversia, la Universidad solicitó que
se desestimara el pleito por alegada falta de jurisdicción.
Adujo
que
lo
reclamado
patrimoniales,
los
por
Harguindey
cuales
tenían
constituían
que
daños
dilucidarse
exclusivamente en el foro federal. El tribunal de primera
instancia accedió a lo solicitado, desestimando la demanda
por falta de jurisdicción.
Oportunamente,
Tribunal
de
Harguindey
Circuito
de
acudió
Apelaciones,
en
apelación
al
cuestionando
la
determinación del tribunal de instancia. El referido foro
apelativo confirmó la sentencia. El sustrato de su decisión
fue
que,
a
su
juicio,
al
ser
la
reclamación
una
“...puramente económica y por tal razón en lo que respecta
a
los
derechos
patrimoniales
de
propiedad
intelectual,
equivalentes a los derechos protegidos por la ley federal,
el campo está ocupado por lo cual no hay jurisdicción para
considerar la misma.”12
Inconforme, Harguindey acudió en certiorari ante este
Tribunal. El peticionario le imputa al Tribunal de Circuito
11
Párrafos 2 y 3 de la demanda.
Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, pág. 6
(KLAN9500716).
12
CC-96-49
de
6
Apelaciones
haber
errado
al
entender
que
no
había
jurisdicción en una controversia “...claramente contractual
y
a
una
acción
en
reclamo
patente
de
los
derechos
extrapatrimoniales del demandante.”13
Le concedimos término a la parte demandada-recurrida
para que mostrase causa por la cual no debíamos expedir el
auto
solicitado
emitida
por
y
el
dictar
Sentencia
Tribunal
de
revocatoria
Circuito
de
de
la
Apelaciones,
Circuito Regional de San Juan.
Dentro del plazo concedido, en cumplimiento de dicha
orden, ha comparecido la Universidad junto a Medina. En su
comparecencia, desmenuzan las alegaciones de Harguindey con
el objetivo de demostrar que el reclamo sólo le atañe al
foro
federal.
Añaden
que
los
argumentos
sobre
la
labor
realizada, y no pagada, no surgen de la demanda y que es en
la
oposición
a
la
moción
de
desestimación
donde,
por
primera vez, se levanta dicho punto.
II
El
primer
paso
en
todo
análisis
de
propiedad
intelectual es uno bastante sencillo: ¿posee el demandante
“propiedad intelectual” sobre el bien en cuestión?. Sólo
luego de contestar dicha interrogante es que procede, en
buena
metodología
adjudicativa,
ponderar
si
el
reclamo
versa sobre derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, y,
por
13
ende,
cuál
foro,
el
federal
Solicitud de certiorari, pág. 3.
o
el
estatal,
posee
CC-96-49
7
jurisdicción
para
atender
la
disputa.
Autoría
es
una
condición sine qua non para cualquier reclamo de derechos
de autor.14 En el caso ante nos, tanto las partes como los
dos foros judiciales antes mencionados omitieron el primer
paso.
El
derecho
del
autor
sobre
las
creaciones
de
su
inteligencia, para su publicación y explotación económica o
para
mantenerlas
inéditas,
constituye
“propiedad
intelectual”.15 En Cotto v. Ríos, Opinión y Sentencia de 17
de abril de 1996, este Tribunal, citando a Puig Brutau,
definió
la
propiedad
intelectual
como
"el
conjunto
de
derechos que la ley reconoce al autor sobre obras que ha
producido con su inteligencia, en especial los de que su
paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se
le permita difundir la obra, autorizando o negando en su
caso,
la
reproducción".
(Énfasis
suplido).
Como
norma
general, el autor es quien, como cuestión de hecho, crea la
obra; esto es, la persona que transforma una idea a una
expresión tangible, merecedora de protección por la ley de
14
Nimmer M.B., Nimmer on Copyright, 1993, Matthew Bender,
Vol. I, §5.01(A) pág. 5-4.
15
Miguel A. Del Arco Torres y Manuel Pons González,
Diccionario de Derecho Civil, T. II, 1984, Aranzadi, S.A.,
pág. 445 citando al tratadista Diego Espín Cánovas.
Por otro lado, el Black Law’s Dictionary define el
derecho de autor (“Copyright”) como “[a]n intangible,
incorporeal right granted by statue to the author or
originator of certain literary or artistic productions,
whereby he is invested, for a limited period, with the sole
and exclusive privilege of multiplying copies of the same
and publishing them.” Black’s Law Dictionary, 5th ed., 1979,
West Publishing, pág. 304. (Subrayado nuestro.)
CC-96-49
8
propiedad intelectual. Community for Creative Non-Violence
v.
Reid,
490
U.S.
730,
737
(1989).
¿Excluye
esto
la
posibilidad de que el editor16 de la obra posea propiedad
intelectual?
Esto
es,
¿es
el
editor
un
“autor”
para
propósitos de propiedad intelectual?.17
De un examen de nuestra Ley de Propiedad Intelectual18
se
desprende
que
la
propiedad
intelectual
de
una
obra
corresponde al autor por el solo hecho de su creación. En
esa misma corriente, el “Copyright Act” otorga al autor de
una obra el derecho “exclusivo”19 de adaptar la misma, esto
es, el derecho a crear obras derivadas (“derivative work”)
de la obra original. La ley federal de derechos de autor
describe el “derivative work” como:
“... a work based upon one or more pre-existing
works, such as a translation, fictionalization,
motion picture version, sound recording, art
reproduction, abridgement, condensation, or any
other form in which a work may be recast,
transformed or adapted...”20 Además, véase Nimmer
M.B., Nimmer on Copyright, 1993, Matthew Bender,
Vol. I, §3.01 y ss.
16
Volvemos a enfatizar que no estamos adjudicando, en esta
etapa, quién fue el editor de la obra; sólo nos ceñimos a
las alegaciones de la demanda.
17
Véase Russ Versteeg, Defining “author” for the purposes
of copyright, 45 Am. U. L. Rev. 1323 (1996).
18
Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. sec. 1401
et. seq..
19
Value Group, Inc. v. Mendham Lake Estates, L.P., 800 F.
Supp. 1228 (D.N.J. 1992).
20
17 U.S.C. sec. 106(2).
CC-96-49
9
La
obra
derivada
incluye
“...
editorial
revisions,
annotations, elaborations, or other modifications which, as
a whole, represent an original work of authorship.”21
Ahora bien, el hecho de que el “autor” de una obra
retenga sus derechos con respecto a “obras derivadas”22,
¿excluye
la
posibilidad
de
que
el
editor
de
la
obra,
entiéndase otra persona que no es el autor, posea propiedad
intelectual?
A
esos
fines,
el
tratadista
Lasso
de
la
Vega
nos
ilustra a los efectos de que:
“[l]os derechos y obligaciones del editor, su
mayor o menor complejidad, obran en función de
la doctrina jurídica que admitamos respecto del
concepto de propiedad intelectual en general.
[...]. [S]i, ..., la producción intelectual se
considera
propiedad
individual,
será
indispensable observar una serie de reglas
encaminadas a proteger al autor y al editor en
sus derechos respectivos.” J. Lasso de la Vega,
El contrato de edición, Estades, Artes Gráficas,
Madrid, Cap. IX, 1949, pág. 91.
21
17 U.S.C. sec. 101.
Esto no significa que otra persona, que no es el autor,
pueda crear una obra derivada al alterar la obra original.
En ese caso, el derecho de autor en obras derivadas se
extiende sólo a aportaciones de ese otro autor. Moore Pub.
Inc. v. Big Sky Marketing, Inc., 756 F. Supp. 1371, 1374
(D. Idaho 1991); Apple Computer Inc. v. Microsoft Corp.,
821 F. Supp. 616, 628 y ss., (N.D. Cal. 1993); 17 U.S.C.
sec. 103. “Derivative work is copyrightable if it is
sufficiently original; more than a modicum of originality
is required.” Waldman Pub. Corp. v. Landoll Inc., 43 F. 3d
775, 782 (2nd Cir. 1994). En el caso ante nos, según se
desprende del expediente, el autor (Hehman) autorizó el
trabajo en cuestión. La naturaleza de esa autorización
–contractual-; si fue a Medina y si éste, a su vez, podía
autorizar
o
ceder
el
derecho
a
otro
(Harguindey)
corresponde, en primer plano, al tribunal de instancia.
22
CC-96-49
10
Fernández Mourillo, abundando un poco más, nos ofrece
la
siguiente
tesis:
“la
propiedad
intelectual,
...,
se
atribuye y tiene como sujeto, no sólo a la persona que
produce rigurosamente la obra, sino también a otras que,
con la base de esa producción y con intervención espiritual
simultánea o posterior, o bien con intervención puramente
material
o
de
empresa,
contribuyen
a
su
publicación
y
difusión.”23 Al atender la edición, el comentarista expresa
que
“[e]n
otro
reconocimiento
orden
del
de
fundamentos,
derecho
de
pero
propiedad
también
con
[intelectual],
están los que, sin haber concebido la obra, [...] [se les]
denomina como editores, respecto de los cuales, también la
ley reconoce derecho de propiedad intelectual,...”.24
Al momento de decidir si la “obra” de una persona debe
recibir protección, las leyes sobre propiedad intelectual
nos remiten a un concepto básico: la protección de una
23
M.
Fernández
Mourillo,
Legislación
y
Propiedad
Intelectual, 1930, 1ra ed., Editorial Reus, Madird, Cáp.
XVII, pág. 86. Reseña el comentarista las distintas
gradaciones en el área de propiedad intelectual. Por
ejemplo, “[p]uede suceder que, existiendo publicada y
atribuida a un autor determinada obra, haya quien se
dedique a operar en ella alteraciones o cambios que,
purgándola de defectos, o ampliando y adaptando su
contenido a nuevas necesidades o circunstancias, vengan en
realidad a darle una vida, naciendo con ella otra categoría
de producciones literarias, a las que se les da el nombre
genérico de transformadores de obras...”. Id., pág. 87. No
estamos en posición de evaluar la labor que alega haber
realizado Harguindey, sin embargo reconocemos que hay una
gran gama de autorías sobre las que la ley concede
propiedad intelectual en virtud del derecho de atribución.
Éste es uno de los pilares del derecho moral de autor, el
cual será discutido más adelante.
24
Id., pág. 88.
CC-96-49
11
“expresión”.25 “La obra debe ser original del autor, en el
sentido de que no sea copia de la obra de otra persona.”26
Para ilustrar el criterio de originalidad, Puig Brutau nos
brinda el ejemplo del traductor. Al respecto, nos dice que
“no hay duda de que en la medida en que ha de expresar
ideas
en
un
idioma
distinto
de
aquel
en
que
han
sido
originalmente expresadas, ha creado en cierto modo una obra
original.”27
Un criterio análogo rige en la jurisdicción federal.
La ley federal alude al “original work of autorship”. Al
así hacerlo, lo que la ley federal requiere es una creación
independiente,
no
una
novedosa.
Así,
no
se
le
denegará
protección bajo la ley federal de propiedad intelectual a
una obra simplemente porque es sustancialmente similar a
una obra que fue producida previamente por otro autor y
que, por ello, no es novel.28 Originalidad, para fines del
“Copyright
Act”,
nacimiento
al
sólo
autor,
significa
que
la
obra
debe
esto
que
fue
una
creación
es,
su
independiente y no una copia de otras obras.29 Además de ser
una creación independiente, hace falta un grado “mínimo” de
creatividad. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone
Service Co. Inc., 499 U.S. 340, 345 (1991).
25
Para un análisis del alcance de la protección, véase el
artículo de Mahony, I.G., en Copyright Infringement;
Comparative Law Yearbook of International Business, Kluwer
Law International, London, 1997, pág. 396 y ss.
26
J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 1973, 2da
ed., Bosch, Barcelona, Tomo III, Vol. II, pág. 206.
27
Id., citando a Marvin, pág. 207.
28
Nimmer on Copyright, op. cit., § 2.01(a), pág. 2-7.
29
Id., pág. 2-9.
CC-96-49
12
En el caso de autos, ¿qué expresión original expuso
Harguindey en el Manual publicado que merezca protección?
Alegadamente,
original.
la
El
edición
de
trabajo
manifestaciones.
A
de
manera
la
traducción
edición
ilustrativa,
de
tiene
el
la
obra
diversas
Occupational
Outlook Handbook, al tratar el aspecto de la edición, nos
dice:
[e]ditors
select
and
prepare
material
for
publication
or
broadcasting
and
supervise
writers.
[...]
Editors frequently write and almost always
review, rewrite, and edit the work of writers.
However, their primary duties are to plan the
contents of books, magazines, or newspapers and
to supervise their preparation. They decide what
will appeal to readers, assign topics to
reporters and writers and oversee the production
of the publications.30 (Subrayado nuestro).
El
trabajo
de
edición
“expresión”.
De
hecho,
Presentación,
Depósito
el
e
cumple
con
propio
Reglamento
Inscripción
el
de
estándar
Obras
de
para
la
en
el
Registro de la Propiedad Intelectual31 reconoce la autoría
de la edición. En específico, el artículo 359(n)-23 reza:
“[l]os autores de obras derivadas, incluyendo
antologías, ediciones, traducciones o compendios
obtendrán la autorización escrita del autor o
autores de la obra original pre-existente o de
los derechohabientes acreditados cuyos derechos
no hayan prescrito.”
30
Ocupational Outlook Handbook, U.S. Bureau of Labor
Statistics, Washington, D.C., U.S. Department of Labor,
Bureau of Labor Statistic, ed. 1996-97, pág. 4 y 5. Sobre
las distintas acepciones de la “edición” véase The
encyclopedia of careers and vocational guidance, 8th ed.,
1990, J.G. Servicing Publishing, Chicago.
31
Reglamento Núm. 4750, efectivo desde el 10 de septiembre
de 1992.
CC-96-49
13
El hecho de que la edición es la criatura intelectual
del
editor
es
una
perogrullada.
Debe
señalarse
que
la
edición no usurpa la protección intelectual que el derecho
le da al autor del texto; por el contrario, se trata de una
autoría
independiente.
precisamente,
la
inteligencia.32
Puede
tangencia
propia
intelectual
La
edición
que
del
editorial,
“obra”
que
–en
fue
este
no
editor
producto
apariencia-
libro;
en
del
no
de
su
ostente
la
obstante,
caso
es,
aparenta
la
labor
ser
la
“depuración neta”33 del libro mismo. Por ende, esta creación
amerita
igual
protección.
“El
autor
al
transmitir
su
derecho para la edición no ha renunciado a la paternidad
32
Precisamente ese es el reclamo de “autoría” que hizo
Harguindey en la demanda. Véase la deposición que se le
tomara a éste, Anejo X, pág. 42. El planteamiento del
demandante es que Freddie Medina –no la publicadora- se
atribuyó la autoría de la edición cuando en realidad la
misma fue efectuada por Harguindey. Id., pág. 43.
33
Aunque el caso de marras se encuentra en ciernes, nos
parece que la labor “editorial” que alega haber realizado
Harguindey no es la que, en términos generales, aluden los
tratadistas al considerar “el editor”. Tampoco parece ser
la “edición” a que se refiere el Registro de la Propiedad
Intelectual que dice: “[e]ditor incluye a todo el que
publique libros con o sin discursos preliminares, notas
apéndices,
vocabularios,
glosarios
o
ilustraciones.”
Artículo 359(n)-2 inciso (p). En lugar de ser un tipo de
casa editora, que produce, publica y difunde el libro,
intimamos que la labor en controversia es la depuración del
libro. En la deposición que le fuera tomada a Harguindey,
éste señaló que al requerirle su labor se le dijo: “[m]ira,
te vamos a encargar que hagas la edición, que traspases,
que traslades a un castellano legible, correcto e incluso
elegante, si se puede decir, un libro de una norteamericana
que está traduciendo sus capítulos la Doctora Margot
Lavernia, ya se te pagará lo que corresponda”. Pág. 14 de
la deposición, Anejo X. Sin embargo, dado que la alegación
de Harguindey es que fue el editor, en función de ello
circunscribimos nuestro análisis.
CC-96-49
14
del libro. En consecuencia, el derecho –que es obligación
para el editor en este aspecto- a estampar su nombre como
autor
del
libro
le
corresponde,
en
principio,
él.”34
a
Concluimos pues, de esa misma forma, que el editor también
tiene derecho a que la autoría de su trabajo -edición- sea
reconocido
adicional
como
e
constituye
tal.
La
independiente
propiedad
edición
del
constituye
Manual
intelectual
de
“obra”
por
eso,
forjador.
Como
per
su
una
se;
señala Desantes:
“[l]a relación social autor–editor, que surge con
motivo de la publicación de un libro, es también
una relación jurídica a la que se accede por el
contrato de edición. [...] En tal relación
jurídica los sujetos son –normalmente- los mismos
del contrato, el contenido es el complejo de
situaciones en que los sujetos se encuentran
dentro de un entramado de derechos y obligaciones
y el objeto es la edición misma como continente
de una creación intelectual.” (Énfasis suplido).35
III
Habiendo
intelectual
34
resuelto
sobre
su
que
el
labor
editor
posee
editorial36,
propiedad
corresponde
J.M. Desantes, La relación contractual entre autor y
editor, 1970, Ediciones Universidad de Navarra, S.A.,
España, Cáp. I, pág. 143-144.
35
Id., pág. 29.
36
No nos compete aquí resolver si la labor en disputa
constituye una de co-autoría. Sobre el particular véase
Childress v. Taylor, 945 F. 2d 500 (2d Cir. 1991); Paul
Goldstein, Copyright: Principles, Law, and Practices, §
4.21.2, pág. 379, (1989); en contraste, véase la posición
de Nimmer al respecto, Nimmer on Copyright, op. cit., sec.
6.07, pág. 6-23. En específico, véase el análisis sobre co-
CC-96-49
15
dilucidar
si
dicho
derecho
es
vindicable
ante
el
foro
ante,
los
federal o el estatal.
Según
expresáramos
en
Cotto
v.
Ríos,
derechos de la comunidad intelectual de Puerto Rico están
protegidos por dos estatutos: la "Federal Copyright Act"37 y
la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico.38 Además, de
manera
supletoria,
Código
Civil
aplican
siempre
que
las
no
disposiciones
sean
de
incompatibles
nuestro
con
la
legislación federal. ¿Estamos ante un derecho patrimonial o
uno extrapatrimonial?
Aun cuando ha sido atacada por varios sectores39, “[e]n
Puerto Rico la propiedad intelectual está formada por la
imbricación
de
dos
derechos
de
naturaleza
diferente:
el
derecho moral, que de manera primordial protege el vínculo
personal entre el autor y su obra y el derecho patrimonial
que consiste en el monopolio de la explotación de la obra.”
Cotto v. Ríos, ante.40
De entrada, resulta meritorio señalar el hecho de que
la
protección
independiente
del
de
derecho
la
moral
protección
del
de
creador
sus
es
derechos
autoría de derechos morales hecho por P.H. Karlen, Joint
Ownership of Moral Rights, 38 J. Copr. Soc’y 242 (1991).
37
17 U.S.C. sec. 101 et. seq.
38
Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, 31 L.P.R.A. sec. 1401
et. seq..
39
C.f. Ramos, D.A., “Oh, Pretty Woman”, Luke took your
beauty away, may Nafta come to your rescue? Campbell v.
Acuff-Rose, can there ever be “Moral Rights” in the United
States or Puerto Rico?, 29 Núm. 1 Rev. Jur. U.I.P.R. 173
(1994), págs. 188-195.
40
Aún cuando la legislación federal ha comenzado a expandir
su alcance para abarcar los derechos morales –Visual
CC-96-49
16
patrimoniales.
Ley
Núm.
96,
supra,
31
L.P.R.A.
sec.
1401(b).
Al atender los derechos morales, el Reglamento para la
Presentación,
Depósito
e
Inscripción
de
Obras
en
el
Registro de la Propiedad Intelectual41 los define como:
“... aquellas prerrogativas exclusivas del autor
que lo facultan a defender la integridad de su
obra, a determinar bajo qué condiciones y
circunstancias
ésta
ha
de
divulgarse
o
publicarse,
a
atribuirse
su
autoría
o
a
retractarla cuando la obra ya no coincida con
sus convicciones intelectuales, artísticas o
éticas,...”. (Énfasis suplido).
Recientemente,
el
Profesor
Pedro
G.
Salazar
ha
analizado, de forma abarcadora, el derecho moral de autor
en Puerto Rico. Al respecto nos indica que:
“[e]l llamado ‘derecho moral’ del autor es la
contrapartida del derecho ‘patrimonial’ o de
explotación
que
le
permite
a
un
autor
beneficiarse económicamente de su creación. En
conjunto, ambos constituyen el derecho autoral
en toda su plenitud aunque, jurídicamente, son,
cada cual, de naturaleza muy distinta.”42
Asimismo, al atender el derecho moral del autor, Puig
Brutau,
citando
a
Kayser,
reseña
“[c]omo
aspectos
especialmente protegidos por el derecho moral de autor, ...
los
siguientes:
el
derecho
a
que
sea
reconocida
la
paternidad de su autor, el derecho a que no sea deformada o
alterada sin su consentimiento y el derecho de arrepentirse
Artists Rights Act of 1990- los libros no están incluidos.
17 U.S.C. sec. 101 (A)(i).
41
Artículo 359(n)-2(e).
42
Salazar, P.G., El derecho moral del autor en las
legislaciones puertorriqueña, norteamericana y española, 31
Núm. 3 Rev. Jur. U.I.P.R. 407 (1997).
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17
y a retirarla.”43 Se ha dicho que el derecho moral de autor
cobija cuatro grandes áreas; una de ellas es el derecho de
atribución.
A
esto
nos
referimos
cuando,
al
definir
propiedad intelectual, expresamos en Cotto v. Ríos, ante,
que es “el conjunto de derechos que la ley reconoce al
autor sobre obras que ha producido con su inteligencia, en
especial
los
de
respetada...”
que
(Énfasis
su
paternidad
suplido).
le
Éste
sea
es
reconocida
el
derecho
y
de
atribución.
De lo anterior resulta forzoso concluir que el reclamo
de Harguindey, de que otra persona se atribuyó la autoría
de su obra --la labor editorial--, es una alegada violación
al derecho moral de autor vindicable ante el foro estatal.
Este reclamo, como expresamos antes, está cimentado en uno
de los cuatro pilares básicos del derecho moral de autor:
el derecho de atribución. Esto, en términos generales, no
es otra cosa que el derecho del autor a que se le adjudique
la autoría de la obra, claro esta, si es que éste así lo
desea.44 Así pues, si Harguindey logra demostrar que fue él,
y no Medina, quien editó el Manual, el tribunal vendrá
obligado
a
atribuirle
la
edición
de
la
obra
a
quien
determine que fue su verdadero autor.45
43
J. Puig Brutau, op. cit., pág. 213. (Subrayado nuestro).
Nuestra interpretación del derecho de atribución no
restringe
los
linderos
de
tan
importante
derecho.
Simplemente, no debemos extender nuestros pronunciamientos
más allá de la controversia que nos compete.
45
Claro, como expresáramos en Cotto v. Ríos, ante, aunque
el derecho moral del autor, por no ser patrimonial, no es
cuantificable en dinero, puede reclamarse una indemnización
monetaria cuando el mismo sea lesionado.
44
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18
En fin, en cuanto al reclamo de autoría de la edición,
erró tanto el tribunal de instancia como el foro apelativo
intermedio al declararse sin jurisdicción. Resolvemos así,
teniendo como norte el estándar de revisión aplicable a
casos
que
se
dilucidan
a
través
de
una
solicitud
de
desestimación. Sabido es que, al entender en una moción de
desestimación debemos dar por ciertas y buenas todas las
alegaciones hechas en la demanda. Ramos v. Marrero, 116
D.P.R. 357, 369 (1985); First Federal Savings v. Asoc. de
Condómines,
114
D.P.R.
426
(1983).
de
la
manera
Unisys
v.
Ramallo,
interpretarlas
demandante.
Además,
hay
que
más
favorable
para
el
128
D.P.R.
842
(1991);
Romero v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991). Así, en casos como
el de autos, donde se plantea la desestimación por falta de
jurisdicción
en
la
materia,
es
necesario
determinar
si,
tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro
tiene jurisdicción para atender el reclamo. Examinadas las
alegaciones, concluimos que el tribunal tiene jursidicción
sobre la materia pues se trata, en primera instancia, de
uno de los pilares del derecho moral de autor: el derecho
de atribución.
Ahora bien, para gozar de los beneficios de nuestra
Ley
de
Propiedad
Intelectual
“...es
necesario
haber
inscrito el derecho y las obras que lo sustentan en el
Registro de la Propiedad Intelectual”.46 Sin embargo, en
46
Ley de Propiedad Intelectual, supra, 31 L.P.R.A. sec.
1402(d), según enmendada.
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19
situaciones
tan
peculiares
como
la
de
autos,
cuando,
precisamente, la alegación es que otra persona se atribuyó
la autoría de la obra (edición) resolvemos que no será
necesario que la obra esté inscrita. Como bien comenta el
profesor
Pedro
personalísimo
G.
del
Salazar,
derecho
“[d]ado
moral
no
el
carácter
parecería
necesario
condicionar su “reserva” a la inscripción de la obra que lo
sustenta en un Registro de Propiedad Intelectual. Ello se
justifica plenamente en el caso de los derechos económicos,
alienables y transferibles, para fines del establecimiento
de una clara cadena de titularidad o “tracto sucesivo” y
para facilitar la dilucidación judicial de controversias
mediante presunciones rebatibles de título. [...] Exigir
una
inscripción
moral,
como
registral
para
poder
hace
Ley
puertorriqueña,
lo
la
ejercer
el
derecho
parecería
contrario a la naturaleza misma de ese derecho.”47
Por otro lado, no debe albergarse duda sobre el hecho
de que no tenemos jurisdicción sobre el derecho a explotar
económicamente la obra; éstos son reclamos patrimoniales.
Es
decir,
si
la
reclamación
de
Harguindey
versa
sobre
reproducción; regalías; distribución; etc., el foro federal
será el que ostente la jurisdicción sobre la materia.48 Los
47
Salazar, P.G., El derecho moral del autor en las
legislaciones puertorriqueña, norteamericana y española, 31
Núm. 3 Rev. Jur. U.I.P.R. 407, 419 (1997).
48
En Cotto v. Ríos, ante, expresamos que “[l]a Ley Federal
de Derechos de Autor gobierna exclusivamente tan sólo los
derechos legales o en equidad equivalentes a cualquiera de
los derechos exclusivos, dentro del ámbito general del
derecho de autor, especificados en la sección 10618 de la
referida Ley, que en lo pertinente dispone:
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20
aspectos relacionados a la compensación de Harguindey sólo
pueden dilucidarse en el foro estatal si no comprenden los
mismos.
Desde
Pancorbo
(1984),
reconocimos
estaban
afectadas
v.
Wometco,
varias
por
el
115
acciones
“Copyright
D.P.R.
495,
500
estatales
que
no
Act”;
entre
éstas,
están las fundadas en la violación de un contrato o de una
relación fiduciaria, la difamación, y las violaciones al
derecho moral de autor, entre otras. Así pues, dado que el
reclamo de Harguindey aparenta ser de índole contractual,
el tribunal tiene jurisdicción para entender en él. Claro,
si se aparta de esos linderos y recae en las regalías,
reproducción, etc., debe desestimarse esa reclamación.
En
esa
misma
línea
--remuneración
económica--
como
expresamos antes, la Universidad alega que este asunto no
"Subject to sections 107 through 118, the owner
of copyright under this title has the exclusive
rights to do and to authorize any of the following:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
to reproduce the copyrighted work in copies
or phonorecords;
to prepare derivative works based upon the
copyrighted work;
to distribute copies or phonorecords of the
copyrighted works to the public by sale or
other transfer of ownership, or by rental,
lease, or lending;
in the case of literary, musical, dramatic,
and choreographic works, pantomimes, and
motion pictures and other audiovisual works,
to perform the copyrighted work publicly;
and
in the case of literary, musical, dramatic,
and choreographic works, pantomimes, and
pictorial, graphic, or sculptural works,
including the individual images of a motion
picture
or
other
audiovisual
work,
to
display the copyrighted work publicly.”
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21
fue planteado ni “mínimamente” en la demanda. De hecho, del
expediente surge que uno de los fundamentos para oponerse a
este asunto es que la Universidad entiende que esto es una
reclamación de salarios no devengados que está prescrita.
Debido
a
que
aún
no
se
ha
presentado
prueba
al
respecto, no podemos pasar juicio sobre tal alegación. De
un
examen
de
las
alegaciones
del
demandante,
no
puede
concluirse si cuando Harguindey “acordó...[una] retribución
económica”49 lo hizo desde una relación obrero patronal --y,
por
ende,
ejemplo,
es
una
reclamación
se
trata
de
un
de
salarios--
contrato
de
o
si,
por
servicios
profesionales. Así pues, aunque las alegaciones expuestas
por el demandante no son el mejor ejemplo a seguir, toda
vez que las alegaciones pretenden esbozar a grandes rasgos
la reclamación50, debe determinar el foro de instancia de
qué
tipo
de
reclamación
se
trata;
si
la
misma
está
prescrita o si, a solicitud de parte, puede enmendarse la
demanda conforme a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, R. 13.1.
IV
A tenor con todo lo antes expuesto, procede decretar
la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de
49
La alegación número tres de la demanda dice: “[q]ue la
parte allí requirente acordó, por medio del Sr. Freddie
Medina,
otorgar
al
Sr.
Harguindey
la
parte
que
correspondiere del producto final de la publicación como
retribución económica así como el reconocimiento de su
propiedad intelectual allí expuesta”.
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22
Circuito de Apelaciones, devolviéndose el caso al foro de
instancia para la continuación de procedimientos ulteriores
consistentes con lo aquí resuelto.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
50
Dorante v. Wrangler of P.R., Opinión y Sentencia de 27 de
abril de 1998.
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23
En el Tribunal supremo de puerto rico
Juan Harguindey Ferrer
Demandante-peticionario
v.
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CERTIORARI
Universidad Interamericana
de Puerto Rico y Freddie
Medina
Demandados-recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, 7 de abril de 1999
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida
por
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
devolviéndose el caso al foro de instancia para la
continuación de procedimientos ulteriores consistentes
con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Negrón
García inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo