Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: CARLOS M. RIVERA RODRÍGUEZ
1999 TSPR 45
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: CARLOS M. RIVERA RODRÍGUEZ
AB-1998-137
AB-98-137
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En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE:
CARLOS E. RIVERA RODRIGUEZ
Querellado
V.
Conducta
Profesional
99TSPR45
Número del Caso: AB-98-137
Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. María De Lourdes Rodríguez
Oficial Investigadora
Colegio de Abogados
Abogados de la Parte Recurrida: Por derecho propio
Abogados de la Parte Interventora:
Tribunal de Instancia: Superior
Juez del Tribunal de Primera Instancia:
Tribunal de circuito de Apelaciones:
Juez Ponente:
Fecha: 3/31/1999
Materia:
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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como un servicio público a la comunidad.
AB-98-137
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
AB-98-137
Carlos E. Rivera Rodríguez
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1999.
I.
El 19 de enero de 1999 emitimos una Opinión y Sentencia
suspendiendo indefinidamente del ejercicio de la abogacía y
notaría
al
Lcdo.
Carlos
E.
Rivera
Rodríguez
(colegiado
número 9957), por no haber respondido los requerimientos de
este Tribunal con relación a una queja presentada en su
contra
ante
el
Colegio
de
Abogados.
Dispusimos
que
su
suspensión sería “hasta tanto acredite su disposición de
cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y este Tribunal
disponga
lo
que
personalmente
el
proceda
en
derecho”.
29
de
enero,
Notificado
el
1
de
AB-98-137
3
febrero nos presentó Moción Informativa de Cumplimiento de
Orden y Acreditativa de Intención.
Solicitó, entre otros remedios, la reinstalación a la
profesión de la abogacía.
Asimismo, el 10 de febrero nos
informó, corroborado el 16 de febrero por el Colegio de
Abogados, que había contestado la queja que
presente caso.
originó el
El 17 de marzo presentó nuevamente una
moción solicitando reinstalación.
Aunque en su súplica del escrito del 1 de febrero nos
solicitó
la
reinstalación,
acogemos
la
misma
como
una
reconsideración, por estar la misma comprendida dentro de
los
diez
(10)
días
laborables
que
permite
nuestro
Reglamento.
II.
De entrada, hemos observado que existen ciertas dudas
en
torno
al
alcance
e
interpretación
nuestras opiniones en casos
del
lenguaje
de
de suspensiones de abogados.
Procede, pues, que pautemos este aspecto.
Con anterioridad explicamos la forma de computar los
términos
de
las
sanciones
medidas disciplinarias.
impuestas
En In re:
a
abogados
como
Francisco Valcárcel
Mulero, res. en 24 de marzo de 1997, indicamos que la
fecha de vigencia de una suspensión se computará de dos
maneras:
Este
Tribunal
no
se
ha
expresado
específicamente sobre la forma de computar los
términos de las sanciones impuestas a abogados
como medidas disciplinarias. En algunos casos
la suspensión ha sido inmediata; en otros, se
ha computado desde que la Sentencia advino
final y firme; y, en otros, como el de autos,
nada
hemos
dicho.
Las
primeras
dos
circunstancias, no presentan problema alguno,
ya que en la propia Sentencia el Tribunal
dispone la forma en que se efectuará el
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cómputo.
Es la tercera modalidad la que
presenta la falta de una norma clara a seguir.
A tenor con lo dispuesto en la Regla 45 del
RTS, contenida en la PARTE VIII sobre REGLAS
APLICABLES A TODOS LOS RECURSOS; DISPOSICIONES
MISCELANEAS, con relación a cualquier decisión o
resolución que emita este Tribunal, a partir de
la fecha en que las mismas sean notificadas, las
partes tendrán un término de diez (10) días
laborables
para
presentar
una
moción
de
reconsideración.
Denegada esta primera moción
de reconsideración, la parte afectada tendrá el
término de tres (3) días laborables, a partir de
la notificación de la resolución, para presentar
una segunda moción de reconsideración.
No se
permitirán
mociones
de
reconsideración
adicionales.
Mientras se encuentra pendiente una moción
de reconsideración o no haya transcurrido el
término para presentarla, el recurso o asunto
se entenderá sometido a la consideración del
Tribunal ya que la determinación no se ha
convertido en una final y firme.
Al advenir
final y firme la determinación del Tribunal,
comienza a decursar el término de suspensión
que fuere impuesto.
La incautación de los
protocolos es una medida cautelar que no
establece el comienzo de la sanción impuesta.
El cómputo del término de la sanción se hará de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 8.
A
pesar
de
la
norma
anteriormente
expuesta, el Tribunal, al amparo de su
facultad
inherente
para
reglamentar
y
fiscalizar el ejercicio de la profesión legal,
podrá, en casos apropiados, disponer que la
sanción
disciplinaria
entre
en
vigor
inmediatamente.
También
podrá
adoptar
cualesquiera otras medidas cautelares que
entienda necesarias, a la luz de los hechos
particulares de cada caso. K-Mart Corp. v.
Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988)
Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112
D.P.R. 540 (1982).
Se aprecia, pues, que podemos ordenar la suspensión
inmediata de un miembro de la profesión de la abogacía.
Su
efecto
es
que
dicha
que
es
persona
no
debidamente
puede
ejercer
notificado
de
la
profesión
desde
la
decisión.
Al igual que en otros casos, a partir de esa
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notificación
tiene
el
derecho
de
solicitar
una
reconsideración, y si el Tribunal reconsiderara, sería
entonces reinstalado.
Cuando eso ocurre, e incluso en
aquellas ocasiones en que el Tribunal deniega la moción
de
reconsideración,
el
suspensión comienza
cómputo
del
término
de
la
a partir de la notificación de la
Opinión del Tribunal, que por ser un trámite posterior no
necesariamente coincide con la fecha de la decisión.
En
In
re:
Francisco
Valcárcel
Mulero,
supra,
también expresamos que si no se dispone en la Opinión que
la suspensión será inmediata, el cómputo del término es
otro.
En
tales casos
al
notificar
al
abogado
de
la
Opinión suspendiéndolo, éste podrá seguir ejerciendo la
profesión
de
la
reconsideración
abogacía,
y
si
el
tendrá
tribunal
derecho
a
solicitar
reconsidera,
dejarse sin efecto la decisión anterior.
puede
Esto significa
que el abogado o abogada nunca fue suspendido porque la
decisión vigente no advino final y firme.
Distinto es si
se deniega la reconsideración, o si el abogado no la
solicita
transcurrido
el
término
de
diez
(10)
días
laborables para presentarla, en cuyo caso la Opinión se
convierte final y firme y es a partir de esa fecha que
comienza a decursar el término de la suspensión.
En cualquiera de las dos circunstancias explicadas,
una vez notificada la Opinión al abogado o abogada, la
misma será publicada por el Tribunal, independientemente
del trámite procesal posterior que pudiera ocurrir.
En
todos
la
los
casos
de
abogados
notarios
se
ordenará
incautación de la obra y sello notarial al momento de la
notificación y como medida cautelar, no pudiendo estos
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continuar
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con
la
circunstancia.
práctica
de
la
notaría
bajo
ninguna
La obra notarial será entregada a la
Directora del Oficina de Inspección de Notarías para que
ésta
la
inspeccione
informe.
Si
el
y
nos
presente
Tribunal
decide
el
correspondiente
reconsiderar
una
suspensión o reinstalar, también publicará su decisión.
De esta manera, en ambos casos, tanto el público como la
profesión, serán notificados de las decisiones de este
Tribunal.
III.
En el presente caso, el abogado Carlos E. Rivera
Rodríguez no contestó una queja presentada en su contra
en el Colegio de Abogados el 10 de noviembre de 1997.
La
Comisión
de
al
abogado
Rivera
Ética
de
dicha
Rodríguez
contestara la queja.
institución
varias
cartas
le
envió
para
que
éste
En vista de que no contestó, el 17
de agosto de 1998 el Colegio presentó ante este Tribunal
Moción
Informativa
de
Incumplimiento
de
Querellado
solicitándonos la acción que estimáramos pertinente.
El
28 de agosto de 1998 le concedimos al querellado quince
(15) días para contestar los requerimientos del Colegio y
para comparecer ante este foro y exponer las razones por
las cuales no debíamos sancionarlo por la conducta a la
que hizo referencia la moción del Colegio de Abogados.
También
le
apercibimos
que
su
incumplimiento
podía
conllevar sanciones disciplinarias en su contra.
Dicha
Resolución fue notificada personalmente al querellado el
2 de septiembre.
Este no contestó por lo cual le dimos
una segunda oportunidad y mediante Resolución con fecha
de
9
de
octubre,
notificada
el
19
de
octubre,
le
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concedimos
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bajo
apercibimiento
de
ser
suspendido,
un
término de treinta (30) días para cumplir con nuestra
orden del 18 de agosto.
El abogado no cumplió y el 19 de
enero de 1999 emitimos Opinión suspendiéndolo.
Este
desplegada
Tribunal
por
el
no
puede
abogado
tolerar
Carlos
E.
la
conducta
Rivera
Rodríguez.
Reconocemos el deber y la autoridad que tiene la Comisión
de
Ética
del
Colegio
de
Abogados
para
investigar
las
quejas que allí se presentan contra los miembros de la
profesión de la abogacía.
Aunque es el Tribunal Supremo
a quien le corresponde determinar finalmente las medidas
disciplinarias,
Comisión
de
no
contestar
Ética
es
y
podría
requerimientos,
los
como
requerimientos
no
tener
contestar
como
de
la
nuestros
consecuencia
la
imposición por este Tribunal de sanciones disciplinarias,
incluso la suspensión al ejercicio de la abogacía.
El
abogado Carlos E. Rivera Rodríguez fue contumaz al no
contestar los requerimientos tanto del Colegio como los
nuestros.
Compareció solo en reacción a la notificación
de su suspensión.
Incluso tiene otra queja pendiente
ante
la
este
foro
en
cual
tampoco
ha
cumplido
con
nuestras órdenes.
con
En el presente caso, el abogado no
fue suspendido
carácter
pudo
continuar
notificada
nuestra
ejerciendo
inmediato
por
lo
profesión
una
vez
la
que
decisión. Al acoger su moción como una de reconsideración
y tomando en cuenta su patrón de conducta, que no da una
explicación razonable ni justifica su incumplimiento con
las
órdenes
de
este
Tribunal,
se
deniega
la
moción
presentada y en reconsideración se ordena su suspensión
inmediata.
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Se dictará la sentencia correspondiente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
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Carlos E. Rivera Rodríguez
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1999.
Por las razones que se expresan en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se ordena la suspensión
inmediata del ejercicio de la abogacía de Carlos E.
Rivera Rodríguez.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria Tribunal Supremo
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