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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARLOS M. RIVERA RODRÍGUEZ

1999 TSPR 45

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: CARLOS M. RIVERA RODRÍGUEZ

AB-1998-137

AB-98-137

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE:

CARLOS E. RIVERA RODRIGUEZ

Querellado

V.

Conducta

Profesional

99TSPR45

Número del Caso: AB-98-137

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. María De Lourdes Rodríguez

Oficial Investigadora

Colegio de Abogados

Abogados de la Parte Recurrida: Por derecho propio

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 3/31/1999

Materia:

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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como un servicio público a la comunidad.

AB-98-137

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AB-98-137

Carlos E. Rivera Rodríguez

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1999.

I.

El 19 de enero de 1999 emitimos una Opinión y Sentencia

suspendiendo indefinidamente del ejercicio de la abogacía y

notaría

al

Lcdo.

Carlos

E.

Rivera

Rodríguez

(colegiado

número 9957), por no haber respondido los requerimientos de

este Tribunal con relación a una queja presentada en su

contra

ante

el

Colegio

de

Abogados.

Dispusimos

que

su

suspensión sería “hasta tanto acredite su disposición de

cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y este Tribunal

disponga

lo

que

personalmente

el

proceda

en

derecho”.

29

de

enero,

Notificado

el

1

de

AB-98-137

3

febrero nos presentó Moción Informativa de Cumplimiento de

Orden y Acreditativa de Intención.

Solicitó, entre otros remedios, la reinstalación a la

profesión de la abogacía.

Asimismo, el 10 de febrero nos

informó, corroborado el 16 de febrero por el Colegio de

Abogados, que había contestado la queja que

presente caso.

originó el

El 17 de marzo presentó nuevamente una

moción solicitando reinstalación.

Aunque en su súplica del escrito del 1 de febrero nos

solicitó

la

reinstalación,

acogemos

la

misma

como

una

reconsideración, por estar la misma comprendida dentro de

los

diez

(10)

días

laborables

que

permite

nuestro

Reglamento.

II.

De entrada, hemos observado que existen ciertas dudas

en

torno

al

alcance

e

interpretación

nuestras opiniones en casos

del

lenguaje

de

de suspensiones de abogados.

Procede, pues, que pautemos este aspecto.

Con anterioridad explicamos la forma de computar los

términos

de

las

sanciones

medidas disciplinarias.

impuestas

En In re:

a

abogados

como

Francisco Valcárcel

Mulero, res. en 24 de marzo de 1997, indicamos que la

fecha de vigencia de una suspensión se computará de dos

maneras:

Este

Tribunal

no

se

ha

expresado

específicamente sobre la forma de computar los

términos de las sanciones impuestas a abogados

como medidas disciplinarias. En algunos casos

la suspensión ha sido inmediata; en otros, se

ha computado desde que la Sentencia advino

final y firme; y, en otros, como el de autos,

nada

hemos

dicho.

Las

primeras

dos

circunstancias, no presentan problema alguno,

ya que en la propia Sentencia el Tribunal

dispone la forma en que se efectuará el

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4

cómputo.

Es la tercera modalidad la que

presenta la falta de una norma clara a seguir.

A tenor con lo dispuesto en la Regla 45 del

RTS, contenida en la PARTE VIII sobre REGLAS

APLICABLES A TODOS LOS RECURSOS; DISPOSICIONES

MISCELANEAS, con relación a cualquier decisión o

resolución que emita este Tribunal, a partir de

la fecha en que las mismas sean notificadas, las

partes tendrán un término de diez (10) días

laborables

para

presentar

una

moción

de

reconsideración.

Denegada esta primera moción

de reconsideración, la parte afectada tendrá el

término de tres (3) días laborables, a partir de

la notificación de la resolución, para presentar

una segunda moción de reconsideración.

No se

permitirán

mociones

de

reconsideración

adicionales.

Mientras se encuentra pendiente una moción

de reconsideración o no haya transcurrido el

término para presentarla, el recurso o asunto

se entenderá sometido a la consideración del

Tribunal ya que la determinación no se ha

convertido en una final y firme.

Al advenir

final y firme la determinación del Tribunal,

comienza a decursar el término de suspensión

que fuere impuesto.

La incautación de los

protocolos es una medida cautelar que no

establece el comienzo de la sanción impuesta.

El cómputo del término de la sanción se hará de

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 8.

A

pesar

de

la

norma

anteriormente

expuesta, el Tribunal, al amparo de su

facultad

inherente

para

reglamentar

y

fiscalizar el ejercicio de la profesión legal,

podrá, en casos apropiados, disponer que la

sanción

disciplinaria

entre

en

vigor

inmediatamente.

También

podrá

adoptar

cualesquiera otras medidas cautelares que

entienda necesarias, a la luz de los hechos

particulares de cada caso. K-Mart Corp. v.

Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988)

Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112

D.P.R. 540 (1982).

Se aprecia, pues, que podemos ordenar la suspensión

inmediata de un miembro de la profesión de la abogacía.

Su

efecto

es

que

dicha

que

es

persona

no

debidamente

puede

ejercer

notificado

de

la

profesión

desde

la

decisión.

Al igual que en otros casos, a partir de esa

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notificación

tiene

el

derecho

de

solicitar

una

reconsideración, y si el Tribunal reconsiderara, sería

entonces reinstalado.

Cuando eso ocurre, e incluso en

aquellas ocasiones en que el Tribunal deniega la moción

de

reconsideración,

el

suspensión comienza

cómputo

del

término

de

la

a partir de la notificación de la

Opinión del Tribunal, que por ser un trámite posterior no

necesariamente coincide con la fecha de la decisión.

En

In

re:

Francisco

Valcárcel

Mulero,

supra,

también expresamos que si no se dispone en la Opinión que

la suspensión será inmediata, el cómputo del término es

otro.

En

tales casos

al

notificar

al

abogado

de

la

Opinión suspendiéndolo, éste podrá seguir ejerciendo la

profesión

de

la

reconsideración

abogacía,

y

si

el

tendrá

tribunal

derecho

a

solicitar

reconsidera,

dejarse sin efecto la decisión anterior.

puede

Esto significa

que el abogado o abogada nunca fue suspendido porque la

decisión vigente no advino final y firme.

Distinto es si

se deniega la reconsideración, o si el abogado no la

solicita

transcurrido

el

término

de

diez

(10)

días

laborables para presentarla, en cuyo caso la Opinión se

convierte final y firme y es a partir de esa fecha que

comienza a decursar el término de la suspensión.

En cualquiera de las dos circunstancias explicadas,

una vez notificada la Opinión al abogado o abogada, la

misma será publicada por el Tribunal, independientemente

del trámite procesal posterior que pudiera ocurrir.

En

todos

la

los

casos

de

abogados

notarios

se

ordenará

incautación de la obra y sello notarial al momento de la

notificación y como medida cautelar, no pudiendo estos

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continuar

6

con

la

circunstancia.

práctica

de

la

notaría

bajo

ninguna

La obra notarial será entregada a la

Directora del Oficina de Inspección de Notarías para que

ésta

la

inspeccione

informe.

Si

el

y

nos

presente

Tribunal

decide

el

correspondiente

reconsiderar

una

suspensión o reinstalar, también publicará su decisión.

De esta manera, en ambos casos, tanto el público como la

profesión, serán notificados de las decisiones de este

Tribunal.

III.

En el presente caso, el abogado Carlos E. Rivera

Rodríguez no contestó una queja presentada en su contra

en el Colegio de Abogados el 10 de noviembre de 1997.

La

Comisión

de

al

abogado

Rivera

Ética

de

dicha

Rodríguez

contestara la queja.

institución

varias

cartas

le

envió

para

que

éste

En vista de que no contestó, el 17

de agosto de 1998 el Colegio presentó ante este Tribunal

Moción

Informativa

de

Incumplimiento

de

Querellado

solicitándonos la acción que estimáramos pertinente.

El

28 de agosto de 1998 le concedimos al querellado quince

(15) días para contestar los requerimientos del Colegio y

para comparecer ante este foro y exponer las razones por

las cuales no debíamos sancionarlo por la conducta a la

que hizo referencia la moción del Colegio de Abogados.

También

le

apercibimos

que

su

incumplimiento

podía

conllevar sanciones disciplinarias en su contra.

Dicha

Resolución fue notificada personalmente al querellado el

2 de septiembre.

Este no contestó por lo cual le dimos

una segunda oportunidad y mediante Resolución con fecha

de

9

de

octubre,

notificada

el

19

de

octubre,

le

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concedimos

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bajo

apercibimiento

de

ser

suspendido,

un

término de treinta (30) días para cumplir con nuestra

orden del 18 de agosto.

El abogado no cumplió y el 19 de

enero de 1999 emitimos Opinión suspendiéndolo.

Este

desplegada

Tribunal

por

el

no

puede

abogado

tolerar

Carlos

E.

la

conducta

Rivera

Rodríguez.

Reconocemos el deber y la autoridad que tiene la Comisión

de

Ética

del

Colegio

de

Abogados

para

investigar

las

quejas que allí se presentan contra los miembros de la

profesión de la abogacía.

Aunque es el Tribunal Supremo

a quien le corresponde determinar finalmente las medidas

disciplinarias,

Comisión

de

no

contestar

Ética

es

y

podría

requerimientos,

los

como

requerimientos

no

tener

contestar

como

de

la

nuestros

consecuencia

la

imposición por este Tribunal de sanciones disciplinarias,

incluso la suspensión al ejercicio de la abogacía.

El

abogado Carlos E. Rivera Rodríguez fue contumaz al no

contestar los requerimientos tanto del Colegio como los

nuestros.

Compareció solo en reacción a la notificación

de su suspensión.

Incluso tiene otra queja pendiente

ante

la

este

foro

en

cual

tampoco

ha

cumplido

con

nuestras órdenes.

con

En el presente caso, el abogado no

fue suspendido

carácter

pudo

continuar

notificada

nuestra

ejerciendo

inmediato

por

lo

profesión

una

vez

la

que

decisión. Al acoger su moción como una de reconsideración

y tomando en cuenta su patrón de conducta, que no da una

explicación razonable ni justifica su incumplimiento con

las

órdenes

de

este

Tribunal,

se

deniega

la

moción

presentada y en reconsideración se ordena su suspensión

inmediata.

AB-98-137

Se dictará la sentencia correspondiente.

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9

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AB-98-137

Carlos E. Rivera Rodríguez

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1999.

Por las razones que se expresan en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se ordena la suspensión

inmediata del ejercicio de la abogacía de Carlos E.

Rivera Rodríguez.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria Tribunal Supremo

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