LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

MIRIAM PEREZ SUAREZ V DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

1999 TSPR 17

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

MIRIAM PEREZ SUAREZ V DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

CC-1996-462

CC-96-462

1

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

MIRIAM PEREZ SUAREZ

EX PARTE

Certiorari

Recurrida

99TSPR17

V.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA,

PROCURADORA ESPECIAL DE

RELACIONES DE FAMILIA

Recurrida

MIRIAM SANTOS TORRES Y

ANGEL LOPEZ TAVERAS

Recurridos

V.

LYDIA LEON CRUZ

Peticionaria

Número del Caso: CC-96-0462

Abogados de la Parte Peticionaria: LCDO. BENJAMIN RIVALTA LOPEZ

LCDA. JOANNE BIAGGI MASCARO

Abogados de la Parte Recurrida: LCDA. ANA LOPEZ PRIETO

Abogados de la Procuradora Especial de Relaciones de Familia:

HON. CARLOS LUGO FIOL

PROCURADOR GENERAL

LCDA. CARMEN A. RIERA CINTRON

PROCURADORA GENERAL AUXILIAR

Abogado de la Secretaria del Departamento de la Familia:

LCDO. CARLOS PEREZ RODRIGUEZ

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, BAYAMON Y SAN JUAN

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. JOSE R.PARES MARTINEZ(BAY)

Hon. LOURDES V. VELAZQUEZ CAJIGAS(S.J.)

Tribunal de circuito de Apelaciones: CIRCUITO REGIONAL II BAYAMON

Juez Ponente: CORDERO

Panel Integrado Por: Presidente Juez Ortiz Carrión y los Jueces

Giménez Muñoz y Cordero

CC-96-462

2

Fecha: 2/17/1999

Materia:

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-96-462

3

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miriam Pérez Suárez

Ex parte

Recurrida

v.

Núm. CC-96-462

Departamento de la Familia,

Procuradora Especial de

Relaciones de Familia

Recurrida

Miriam Santos Torres y

Angel López Taveras

Recurridos

v.

Lydia León Cruz

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Naveira de

Rodón

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999

I

El 26 de abril de 1992, la Sra. Lydia León Cruz dio a luz a una niña en el Hospital Regional de Bayamón, a la cual

quería dar en adopción. El Hospital refirió el caso al Centro de Verificación y Tratamiento para Menores Víctimas de Maltrato

del antiguo Departamento de Servicios Sociales, hoy Departamento de la Familia (en adelante Departamento), Oficina Regional

de San Juan.

El Departamento, una vez enterado de que la señora León Cruz era drogadicta, procedió a preparar un plan de servicio

para que ésta aceptara a su hija. Este tipo de plan incluye el inscribir a los menores en el Registro Demográfico, reubicarlos en

hogares de crianza, proveer servicios de rehabilitación a los padres, además de brindar servicios médicos y psicológicos.

Se inscribió a la niña en el Registro Demográfico con el nombre de R.K.L.C.

Luego de intentar rehabilitar

infructuosamente a la señora León Cruz y de que ésta aceptara a su bebé, en mayo de 1992 el Departamento presentó en el

entonces Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Asuntos de Menores, una Petición de Privación de Custodia conforme a las

disposiciones de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 401 et seq., también conocida como

la Ley de Protección a Menores. La menor R.K.L.C. fue enviada al hogar de crianza de los esposos Víctor G. Camacho y

Miriam Pérez Suárez.

CC-96-462

4

El 8 de julio de 1993, la señora León Cruz dio a luz otra niña, la cual fue inscrita con el nombre de E.K.L. La señora

León Cruz manifestó su deseo de dar en adopción a la menor, ya que tenía otros tres hijos y no le podía brindar los cuidados

necesarios debido a su situación económica y a su problema de adicción a drogas.

El Departamento intervino con la señora León Cruz para privarla de la custodia de la menor E.K.L. bajo las

disposiciones de la Ley Núm. 75, supra, debido a su adicción a drogas, a no haber cumplido con el plan de servicios impuesto y a

su condición económica. La menor fue entregada al hogar de crianza de los esposos Ángel López y Miriam Santos.

Cuando se reubicó a las niñas también se diseñó un plan permanente dirigido a rehabilitar a la madre para que, en un

futuro, las menores R.K.L.C. y E.K.L. regresaran a su hogar biológico.

Se pautaron y celebraron por el tribunal las

correspondientes vistas de ratificación, revisión y seguimiento. Asimismo, se estableció un plan de pases y aproximaciones

sucesivas al hogar biológico bajo la supervisión del Departamento. Bajo este plan, la madre biológica ha estado relacionándose

con sus hijas.

En octubre de 1995, los esposos Víctor G. Camacho y Miriam Pérez Suárez y Ángel López y Miriam Santos

presentaron sendas peticiones de adopción de sus hijas de crianza. Como estas familias radican en distintos municipios, las

acciones se presentaron en dos salas diferentes del Tribunal de Primera Instancia: una en la Sala Superior de San Juan y otra en

la Sala Superior de Bayamón.

La señora León Cruz solicitó la desestimación de ambas acciones. La Sala Superior de Bayamón acogió esta petición y

desestimó la acción de adopción por ser prematura, ya que estaba pendiente de adjudicación el procedimiento de custodia bajo la

Ley Núm. 75, supra, en el Tribunal de Menores, aparte de que la señora León Cruz todavía ostentaba la patria potestad sobre la

menor. Por su parte, la Sala Superior de San Juan se negó a desestimar y decidió considerar las solicitudes que le fueron

presentadas.

La Sra. Miriam Pérez Suárez, madre de crianza de la menor R.K.L.C., presentó un recurso de apelación ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito), Circuito Regional II de Bayamón, donde señalaba que había

errado la Sala Superior de Bayamón al desestimar la petición de adopción por problemas de madurez. Por su parte, la señora

León Cruz presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito, Circuito Regional I de San Juan, donde alegaba que la

Sala Superior de San Juan no podía entender en la petición de adopción que había sido presentada.

El 20 de agosto de 1996, el Tribunal de Circuito, Circuito Regional II de Bayamón, ordenó la consolidación de ambos

recursos. Además, determinó que los casos consolidados serían resueltos por el Circuito Regional II de Bayamón.

Luego de los trámites de rigor, el 30 de septiembre de 1996 el Tribunal de Circuito, mediante sentencia, emitió, entre

otras, las siguientes órdenes: ordenó al foro de instancia celebrar un juicio de novo para que resolviera todas las controversias

surgidas, además ordenó el cese de “todas las visitas supervisadas hasta que el tribunal pueda hacer sus determinaciones en

cuanto [a]l efecto sobre los menores, si alguno, que hayan tenido dichas visitas, y el efecto, si alguno, que podrían tener las

visitas futuras....”; y resolvió que, bajo su poder supervisor, mantendría jurisdicción sobre los casos consolidados, y de tener

alguna de las partes que recurrir en alzada de cualquier situación surgida, lo haría utilizando el mismo caso y el mismo epígrafe.

CC-96-462

5

Oportunamente, la señora León Cruz presentó ante nos un recurso de certiorari contra la sentencia del Tribunal de

Circuito.1 Visto el escrito, el 23 de enero de 1997 emitimos una orden de mostrar causa limitando nuestra intervención a revisar

únicamente las dos órdenes antes mencionadas.

Las partes han cumplido, por lo que estamos en posición de resolver sin ulteriores procedimientos.2

II

La Ley Núm. 75, supra, se concibió con el propósito de que el Estado, ejerciendo su poder de parens patriae, velara por

la seguridad de los menores que están en Puerto Rico. Su finalidad es “lograr la protección de los niños que son víctimas del

maltrato o negligencia, por tanto, la actividad del funcionario, profesional o magistrado que intervenga en estos casos será, antes

que nada, de protección a los menores”. (Énfasis nuestro.) Ley Núm. 75, supra, Exposición de Motivos, Leyes de Puerto Rico,

pág. 195 (1980).

A tenor con esta ley se redactó el Reglamento Núm. 4 de la Ley de Protección de Menores. En su Sección III, relativa a

la política a seguirse, este Reglamento expresa que el hogar biológico es el lugar ideal para el desarrollo efectivo del niño.

Además, afirma que si hay que decidir entre los intereses de la familia biológica y la protección del menor, la prioridad será para

la protección del menor, recurriendo al tribunal de ser necesario. Sec. III, inciso C del Reglamento.

1

Alegó la comisión de ocho errores, los cuales pueden resumirse en los

siguientes:

1. Erró el Tribunal de Circuito al revocar la sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, Sala de

Relaciones de Familia.

2. Erró el Tribunal de Circuito al confirmar la resolución dictada por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, Sala de

Relaciones de Familia.

3. Erró el Tribunal de Circuito al ordenar el traslado y consolidación

de los casos de adopción con el de custodia para que sea el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, Sala de Relaciones

de Familia, el que resuelva el mismo (errores tres y cuatro).

4. Erró el Tribunal de Circuito al establecer un procedimiento sui

generis para la conducción y resolución de los casos cuya

consolidación ordenó.

5. Erró el Tribunal de Circuito al ordenar que comenzara de novo el

procedimiento de la Ley Núm. 75, supra.

6. Erró el Tribunal de Circuito al ordenar el cese de las visitas

materno filiales que estaban programadas para la señora León Cruz y

sus hijas.

7. Erró el Tribunal de Circuito al retener jurisdicción sobre los casos

consolidados.

2

Las partes recurridas presentaron dos mociones solicitando la

desestimación del presente recurso.

Ninguna de ellas tiene mérito.

Primero, el Art. 3.002(d)(1) del Plan de Reorganización Núm. 1 de la

Rama Judicial de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico de 1994 y la Regla 53.1(d)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap.

III,

disponen

que

cuando,

entre

otros,

alguna

de

las

instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea parte

en alguna acción, se tiene un término de sesenta (60) días para

presentar un recurso de certiorari en el Tribunal Supremo. Esta norma

fue interpretada en Sist. Univ. Ana G. Méndez v. C.E.S. II, P.C. de 21

de febrero de 1997, 142 D.P.R. ___ (1997), 97 JTS 22. Segundo, luego

de analizar la totalidad del expediente, hemos podido constatar que en

el mismo se encuentran todos los documentos necesarios para adjudicar

las controversias ante nuestra consideración.

CC-96-462

6

Permea a través de la legislación relativa a la protección de menores, incluyendo las leyes que regulan los hogares de

crianza, la filosofía de que el plan de permanencia ideal para todo niño removido de su hogar biológico es el retorno con sus

padres. Hidalgo v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 605 (1991). Como consecuencia lógica de esta filosofía, “un padre

tiene el derecho de relacionarse o visitar a un hijo que está en un hogar de crianza. Sólo cuando el plan de visitas envuelva

riesgos para el menor se podrá limitar o prohibir el mismo”. Id, pág. 619. Además, véase, Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R.

762, 775 (1985).

En Pueblo en interés de los menores R.P.S., M.P.S. y C.J.N.S., Op. de 22 de julio de 1993, 134 D.P.R. ___ (1993), 93

JTS 121, expresamos que en el ámbito federal, la filosofía también ha sido que el mejor lugar donde puede estar un niño es en el

hogar de sus padres biológicos y bajo el cuidado de éstos. Consignamos, además, que bajo la Ley Núm. 75, supra, dentro del

ámbito del derecho puertorriqueño, la política pública ha sido velar por la integridad familiar. Finalmente, establecimos que el

Estado es responsable de proveer los servicios necesarios para fortalecer los lazos familiares.

Al igual que en otras jurisdicciones, en su mayoría estatales norteamericanas, hemos reconocido que existe casi como

una presunción de que los menores estarán mejor al lado de sus padres biológicos. Pueblo en interés de los menores R.P.S.,

M.P.S. y C.J.N.S., supra, pág. 11041 y casos allí citados.

Cabe señalar que en los últimos años, la Asamblea Legislativa ha

enfatizado y, en cierta medida, reenfocado la política pública del

Estado en cuanto al bienestar de los niños maltratados.

Así, con la

aprobación de la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995, se enmendó la Ley

Núm. 75, supra, y se estableció como política pública lo siguiente:

[E]l hogar debe ser el medio por excelencia para lograr el óptimo desarrollo de un niño. Sin

embargo, cuando los padres o los que les sustituyen hacen a sus hijos o pupilos víctimas del maltrato o

negligencia, según dicho término se define en este Capítulo, es la obligación del Estado intervenir

inmediatamente para proteger a los menores antes de que el daño ocasionado, o en riesgo de suceder por

la acción u omisión de los padres o personas responsables del cuidado del menor, sea irreparable.

Es, asimismo la política pública del Estado establecer, fuera de toda duda, que su interés

preeminente es la protección y el bienestar del menor, y que, aún cuando el Estado tiene un deber de

proveer servicios sociales de diverso tipo, para prevenir la remoción de los menores de sus hogares y de

prestar servicios efectivos de rehabilitación a los padres, nunca pueden ser utilizados estos legítimos

propósitos, por ninguna agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para poner en riesgo de

maltrato, abandono o exponer a experiencias nocivas a su desarrollo físico, mental, emocional o moral a

ningún menor. (Énfasis nuestro.) 8 L.P.R.A. sec. 403.

Por su parte, el Informe del P. de la C. 1607 (que luego se convirtió en la Ley Núm. 8, supra) de la Comisión de lo

Jurídico del Senado expresa que, a la luz de la realidad actual puertorriqueña, fue necesario realizar un cambio en la política

pública del Estado. A estos efectos, se señaló que: “LA NUEVA POLITICA PUBLICA QUE SE ESTABLECE CON ESTA

MEDIDA ... ES QUE EL BIENESTAR DEL MENOR CONSTITUYE EL INTERES APREMIANTE PREDOMINANTE

DEL ESTADO, Y CUALQUIER DUDA O CONTROVERSIA DEBE RESOLVERSE A FAVOR DEL MENOR, y ni las

conveniencias administrativas, ni la necesidad de obtener fondos federales por parte del Estado pueden prevalecer sobre este

principio”. (Énfasis en el original.) Informe, pág. 11.

Fue el propósito del legislador asegurarse de que el interés primordial por el que siemprese debe velar es el del menor;

por su salud, bienestar y seguridad. Sin embargo, se debe destacar que esta política pública ya estaba presente en la Ley Núm.

75, supra, antes de ser enmendada. Esto surge claramente de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75, supra, citada

CC-96-462

7

anteriormente, donde desde la década del ochenta se había expresado que la función primordial de todo funcionario, profesional

o magistrado que intervenga en casos de maltrato o negligencia será, antes que nada, de protección a los menores.

En Pueblo en interés de los menores R.P.S., M.P.S. y C.J.N.S., supra, este Tribunal tuvo la oportunidad de expresarse

en torno a dicha filosofía. Allí discutimos lo que significa que el Estado realice esfuerzos razonables para preservar la unidad del

núcleo familiar. Establecimos que en situaciones de emergencia no es necesario que antes de la remoción de los menores del

hogar, el Departamento de la Familia demuestre que ha hecho esfuerzos razonables para mantener intacto el núcleo familiar.

Consignamos específicamente que esa decisión estaba “guiada exclusivamente por lo que entendemos es el mejor bienestar de

los más afectados en este proceso: los niños”. Id., pág. 11041. Asimismo, hemos resuelto que la reintegración de un menor a su

hogar biológico se debe llevar a cabo siempre y cuando no exista ningún tipo de riesgos para su salud y bienestar. Véase,

Hidalgo v. Depto. Servicios Sociales, supra.

Por último, debemos destacar que el “cambio” ocurrido en la política pública del Estado en cuanto a la protección de los

menores se debió principalmente a situaciones donde el Departamento de la Familia anteponía la recuperación y rehabilitación

de los hogares biológicos a la protección y bienestar de los menores; esto debido a una interpretación errónea de la ley y de la

jurisprudencia relacionada por parte de los funcionarios y empleados públicos encargados de implantar la Ley Núm. 75, supra.

Según surge del expediente que obra en autos en este Tribunal, parece existir una controversia sobre la situación actual

de la señora León Cruz y el efecto que esto pueda tener sobre las menores R.K.C.L. y E.K.L. Por un lado, las partes recurridas

alegan que, según ciertas evaluaciones psicológicas hechas a la señora León Cruz,3 ésta sufre de un trastorno bipolar I, abuso de

dependencia a sustancias mixtas y presenta un trastorno de personalidad NOS. Por otro lado, la técnica del Departamento de la

Familia, la Sra. Lida Morales, ha expresado que los hijos de la señora León Cruz que viven con ella están bien adaptados, son

felices y no tienen problema alguno. Del Apéndice del recurso, en específico de la petición de certiorari presentada por la señora

León Cruz ante el Tribunal de Circuito, también surge que ésta había finalizado su tratamiento de rehabilitación en el Centro de

Tratamiento para Adultos en San Juan de la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción el 6 de octubre de 1995. Las

pruebas periódicas que se le han realizado a la señora León Cruz demuestran que ésta no ha consumido sustancias controladas

desde el 3 de noviembre de 1993.

De otra parte, la Procuradora de Relaciones de Familia expresa en su escrito de mostrar causa que es el Tribunal de

Primera Instancia quien está en mejor posición para dilucidar si el plan de rehabilitación es el correcto y cuál sería su impacto

sobre los menores. Por ello, considera que fue acertada la decisión del Tribunal de Circuito de detener en este momento las

visitas entre la señora León Cruz y sus hijas hasta tanto no se celebre una vista evidenciaria en el Tribunal de Primera Instancia.

Sin embargo, el Departamento de la Familia expresa en su escrito de mostrar causa que el foro de instancia fue el que autorizó

las visitas supervisadas, y es dicho foro el que tiene a su disposición los medios necesarios para determinar el efecto que éstas

tengan, si alguno, sobre las menores. Por eso, indica que las visitas no deben ser suspendidas.

Luego

de

un

análisis

minucioso

del

expediente

hemos

podido

constatar que la única “evaluación psiquiátrica” que obra en autos es

la hecha por la Dra. Carmen T. Cuevas, que forma parte del Apéndice

3

Evaluación psicológica efectuada por el Dr. José A. Rivera Maldonado

el 26 de marzo y el 18 de abril de 1996, que supuestamente obra en

CC-96-462

conjunto

8

del

recurso

ante

el

Tribunal

de

Circuito.

En

una

carta

fechada 28 de junio de 1994, la doctora Cuevas expresa que luego de

examinar a la menor R.K.L.C., encontró que es una niña despierta, con

un

vocabulario

adecuado

estado de salud.

para

su

edad,

bien

desarrollada

y

en

buen

Asimismo, recomienda que el proceso de adopción debe

ser agilizado por el bienestar presente y futuro de la menor.

Como se

puede apreciar, en realidad esta carta no es un informe per se, sino

más bien una recomendación de que se dilucide lo más pronto posible si

la señora León Cruz va a tener la custodia permanente de sus hijas, o

si por el contrario, se le va a dar curso a las peticiones de adopción

presentadas.4

El resto de los argumentos esbozados por las partes sobre

la rehabilitación de la señora León Cruz, si su hogar es el mejor para

el desarrollo de las menores, o si tiene algún trastorno psicológico,

son solo alegaciones de las cuales no se ha presentado prueba alguna

ante este Tribunal.

Es por esto, y teniendo en cuenta que las menores

ya se estaban relacionando con su madre biológica mediante un plan

permanente y de pases y aproximaciones sucesivas bajo la supervisión

del Departamento de la Familia, que consideramos que se excedió el

Tribunal

de

establecidas.

Circuito

al

suspender

las

visitas

según

habían

sido

El Tribunal de Primera Instancia es el foro apropiado

para recibir toda la prueba testifical, pericial o documental que sea

pertinente para determinar cuál es el efecto, si alguno, que tiene este

plan de visitas en la salud y bienestar de las menores.

Recalcamos que

es

así

el

deber

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

como

del

Departamento, velar por el bienestar y seguridad de las menores por

encima de cualquier otro tipo de consideración, según es y ha sido la

política pública del Estado desde la década pasada.

Debemos destacar

autos en el Tribunal de Primera Instancia, pero de la cual no se le

proveyó copia a este Tribunal.

4

En específico, esta carta expresa lo siguiente: “[R.K.L.C.] está ahora

atravesando los [tres] 3 años más importantes dentro del desarrollo de

la confianza básica.

Es importante que no se le confunda con dos

madres, así pues, si su mamá biológica no ha podido desde su nacimiento

hasta el presente darle los cuidados que una niña necesita, se debe

CC-96-462

que

la

9

señora

menores

León

R.K.C.L.

obligaciones.

y

Cruz

aún

E.K.L.,

ostenta

la

lo

conlleva

que

patria

potestad

ciertos

sobre

las

derechos

y

Además, es un derecho indiscutible el que tienen los

hijos menores de conocer y relacionarse con sus padres biológicos.

Véase Hidalgo v. Depto. Servicios Sociales, supra.

Por último, hacemos

constar que no hemos encontrado en el expediente de este caso indicio

alguno que el plan de visitas supervisadas que se estaba llevando a

cabo envuelva algún tipo de riesgo para las menores.

En consecuencia, no amerita en estos momentos que se suspendan las

visitas que se estaban llevando a cabo entre la señora León Cruz y sus

hijas biológicas R.K.C.L. y E.K.L.

Sin embargo, debemos señalar que

los reclamos hechos por los padres de crianza sobre la condición de la

señora Cruz León y su efecto sobre las menores deben ser atendidos

prioritariamente por el tribunal de instancia, que es el foro apropiado

para dirimir este tipo de controversia que gira principalmente en torno

a hechos.

III

Procede que discutamos la corrección de la determinación del Tribunal de Circuito de mantener su jurisdicción sobre

este caso y de que las partes acudan bajo el mismo caso y epígrafe ante dicho tribunal de surgir cualquier controversia adicional.

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22 et seq., se creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones como un tribunal intermedio

entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.001 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. sec. 22j. A

dicho Tribunal se le dio competencia para entender en recursos de apelación, de certiorari y de revisión, según sea el caso, de

controversias surgidas en los tribunales de primera instancia o en los diversos organismos administrativos. Art. 4.002 de la Ley

de la Judicatura, 4 L.P.R.A. sec. 22k.

El Tribunal de Circuito, como todo tribunal en Puerto Rico, goza de la característica de ser uno rogado. Esto significa

que para entrar a resolver las controversias surgidas en los diferentes procesos judiciales, las partes que tengan interés y derecho

tienen por necesidad que pedirle a este tribunal que intervenga. Esto se logra mediante la presentación oportuna de los diferentes

recursos de apelación, certiorari o revisión. Asimismo, es necesario que dichos recursos sean perfeccionados según lo exigen la

ley y el Reglamento del Tribunal de Circuito.

agilizar el proceso de adopción

presente y futuro de [R.K.L.C.]”.

lo

antes

posible

por

el

bienestar

CC-96-462

10

El presentar un recurso de certiorari de casos civiles en el Tribunal de Circuito, no acarrea automáticamente la

paralización de los procedimientos en el tribunal de instancia. Para que esto ocurra, es necesario una actuación afirmativa del

Tribunal de Circuito, a saber: (1) que expida el auto de certiorari solicitado, excepto en el caso que se revise una resolución u

orden al amparo del Art. 4.002 (f) de la Ley de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22k(f); (2) que emita una orden, ya sea

motu proprio o a solicitud de parte, para paralizar.

En cuanto a los recursos de apelación en casos civiles, la Ley de la Judicatura de 1994 dispone que, una vez se presente

dicho recurso, los procedimientos quedarán suspendidos en el foro de instancia. Claro está, el Tribunal de Circuito, motu

proprio o a solicitud de parte, puede dejar sin efecto la paralización, de ser necesario. A pesar de esto, cualquier cuestión que no

esté comprendida en la apelación podrá seguir considerándose en el Tribunal de Primera Instancia.

Las normas enunciadas anteriormente en cuanto a los recursos de

certiorari o apelación en casos civiles no son absolutas.

Dispone el

Reglamento del Tribunal de Circuito que no se suspenderán los efectos

de una decisión apelada o recurrida, salvo orden en contrario, en las

siguientes situaciones: (1) una orden de injunction, de mandamus o de

hacer o desistir; (2) una orden de pago de alimentos; (3) una orden de

custodia

o

relaciones

filiales.

Reglas

18(2)

y

35

(A)(3)

del

Reglamento del Tribunal de Circuito, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.

Una vez se paralizan los procedimientos en el foro de instancia,

éste

pierde

su

jurisdicción

para

continuar

atendiendo

los

asuntos

relacionados a las controversias planteadas en el Tribunal de Circuito.

Si el tribunal de instancia resolviese o actuase sobre algún asunto

paralizado,

dicha

actuación

sería

nula.

Para

que

el

tribunal

de

inferior jerarquía adquiera nuevamente jurisdicción, es decir, poder y

facultad para continuar con los procedimientos, es necesario que el

Tribunal de Circuito le remita el mandato correspondiente.5

The mandate is directed to the district court, which upon receipt of the mandate can take

whatever further proceedings are appropriate or necessary in light of the mandate. Until the mandate

issues, however, the case ordinarily remains within the jurisdiction of the court of appeals and the district

court lacks power to proceed further with respect to the matters involved with the appeal. Wright, Miller

and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction 2d, sec. 3987, págs. 687-88 (1996).

De la misma forma, una vez se remite el mandato por el Secretario del Tribunal de Circuito, el caso que estaba ante la

consideración de dicho foro concluye para todos los fines. Así, el tribunal inferior adquiere la facultad de continuar con los

procedimientos según lo que haya dictaminado el tribunal apelativo.

5

“El propósito principal del mandato es lograr que el tribunal inferior

actúe en forma consistente con los pronunciamientos [del tribunal

apelativo]”.

Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241, 247

(1969).

CC-96-462

11

En el caso de autos, el Tribunal de Circuito resolvió que iba a mantener jurisdicción sobre los casos consolidados.6 Esta

determinación no se ajusta al esquema procesal establecido por la Asamblea Legislativa en la Ley de la Judicatura de 1994, ya

que una vez una parte con derecho acude al Tribunal de Circuito y logra que se paralicen los procedimientos en el foro de

instancia, este último foro pierde la facultad de resolver y adjudicar controversias relacionadas con lo planteado en el foro

apelativo. De la misma manera, una vez el foro apelativo resuelve y remite el mandato, no puede mantener indefinidamente el

caso ante su consideración, ya que por el momento pierde la facultad de adjudicar controversias en el mismo y le compete,

entonces, al foro de instancia continuar con los procedimientos.

Si surgiere cualquier controversia nueva que ameritase la intervención del Tribunal de Circuito, las partes procederán a

acudir a dicho foro presentando el recurso apropiado. Le corresponderá a la oficina de Secretaría del Tribunal de Circuito

asignarle un número control al recurso. Asimismo, las partes acudirán al Circuito Regional correspondiente, que en el presente

caso será el mismo que resolvió las controversias de las cuales se recurre aquí, ya que los casos se consolidaron y se remitieron

al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.

De surgir cualquier otra controversia, le tocará al Tribunal de Circuito, Circuito Regional de Bayamón, ejercer su

jurisdicción apelativa en ese momento, una vez así le sea pedido. Serán los jueces que en ese momento compongan dicho panel

a los que les competerá entender en las controversias que se planteen. Dichos jueces podrán ser los mismos que hoy componen

el panel de Bayamón o podrán ser otros, a tenor con la designación administrativa que se haga, según lo dispone el Art. V, Sec. 7

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., tomo 1.

Además, es preciso señalar que el sistema judicial de Puerto Rico es uno unificado en cuanto a jurisdicción, por lo que

le compete al Tribunal de Circuito, como tribunal, entender en las controversias que se presenten ante su consideración. Qué

jueces en específico van a entender en un recurso es una consideración meramente administrativa, que no debe incidir sobre la

resolución de los casos.

En fin, no puede el Tribunal de Circuito mantener su jurisdicción sobre un caso una vez ha resuelto todas las

controversias que tenía ante su consideración y le remite el mandato al foro de instancia con instrucciones específicas de cómo

continuar con los procedimientos. Actuar de otra manera crearía caos y desasosiego en la administración y resolución de los

casos, ya que una vez estos son resueltos en un foro en específico, quedarían ante la consideración de ese mismo foro y se

tendría la dicotomía de un foro de primera instancia y un foro apelativo con jurisdicción para entender en un mismo asunto a la

vez, sin que exista ninguna controversia real ante el susodicho foro apelativo.

Por

certiorari

los

y

fundamentos

antes

se

la

modifica

expuestos,

sentencia

del

se

expide

Tribunal

de

el

auto

de

Circuito

de

Apelaciones de 30 de septiembre de 1996 para eliminar de la parte

dispositiva lo concerniente al cese de las visitas supervisadas de la

señora León Cruz a sus hijas R.K.L.C. y E.K.L. Se elimina, también, lo

dispuesto en torno a mantener jurisdicción sobre los casos consolidados

y que de tener alguna de las partes que recurrir en alzada de cualquier

6

Según surge del expediente, mediante una resolución de 29 de abril de

1996, el Tribunal de Circuito paralizó los procedimientos en el

CC-96-462

12

situación

surgida,

lo

hará

utilizando

el

mismo

caso

epígrafe.

Así modificada, se confirma la sentencia recurrida.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

Tribunal de Primera Instancia.

y

el

mismo

CC-96-462

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE

PUERTO RICO

Miriam Pérez Suárez

Ex parte

Recurrida

v.

Núm. CC-96-462

Departamento de la Familia,

Procuradora Especial de

Relaciones de Familia

Recurrida

Miriam Santos Torres y

Angel López Taveras

Recurridos

v.

Lydia León Cruz

Peticionaria

_________________________________________________________

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999

Por los fundamentos antes expuestos, se

certiorari

solicitado

y

se

modifica

la

expide

sentencia

del

el

auto

de

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones de 30 de septiembre de 1996 para eliminar, de

la

parte

dispositiva,

lo

concerniente

al

cese

de

las

visitas

supervisadas de la señora León Cruz con sus hijas R.K.L.C. y E.K.L.

Se

elimina, también, lo dispuesto en torno a mantener jurisdicción sobre

los

casos

consolidados

y

que

de

tener

algunas

de

las

partes

que

recurrir en alzada de cualquier situación surgida, lo hará utilizando

el mismo caso y el mismo epígrafe.

Así modificada, se confirma la

sentencia recurrida.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

disidente.

El Juez Asociado señor Rebollo López emitió opinión

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

CC-96-462

14

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-96-462

15

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miriam Pérez Suárez,

Ex-parte

*

*

*

Recurrida

*

*

vs.

*

*

Departamento de la Familia

*

Procuradora Especial de

*

Relaciones de Familia

*

*

Recurrida

*

* * * * * * * * * * * * * * * *

Miriam Santos Torres y Angel *

López Taveras

*

*

Recurridos

*

*

vs.

*

*

Lydia León Cruz

*

*

Peticionaria

*

* * * * * * * * * * * * * * * *

CC-96-462

CERTIORARI

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999

La Opinión mayoritaria emitida en el presente caso enfatiza, y

recalca, "...que es el deber del Tribunal de Primera Instancia, así

como

del

Departamento

[de

la

Familia]],

velar

por

el

bienestar

y

seguridad de las menores [en controversia]] por encima de cualquier otro

tipo de consideración, según es y ha sido la política pública del

Estado desde la década pasada." (Enfasis suplido.)

Ello no obstante, desde este estrado apelativo y sin ninguna clase

de "expertise" en la materia, la Mayoría resuelve que "...no amerita en

estos

momentos

que

se

CC-96-462

16

suspendan las visitas que se estaban llevando a cabo entre la Sra. León

Cruz

y

sus

consideramos

hijos

biológicos....".

que

acción

la

tomada

No

por

podemos

el

estar

Tribunal

de

de

acuerdo;

Circuito

de

Apelaciones --a los efectos de ordenar la suspensión de dichas visitas

hasta

que

el

tribunal

de

instancia,

previa

vista

al

efecto,

pueda

determinar si las mismas son beneficiosas, o noscivas, para dichas

menores-- es un curso de acción mucho más sabio y correcto.

No podemos olvidar el hecho de que se trata de una persona --la

madre-- que ha sido adicta a las drogas por muchos años, y que, hasta

el momento presente, no ha podido liberarse de su adicción. De otro

lado,

tenemos

dos

matrimonios

serios

y

responsables

que

están

en

disposición de adoptar a dichas niñas. No sabemos --por razón de no ser

peritos en la materia-- si las referidas visitas le pueden causar, o

no, daño a dichas menores y/o a la relación establecida entre ellas y

las personas que solicitan adoptarlas .

Si es que en realidad el bienestar y seguridad de las referidas

menores va por encima de cualquier otra consideración, entonces no

entendemos

el

por

qué

Circuito,

que

dichas

no

ordenamos,

visitas

queden

como

lo

hizo

temporalmente

el

Tribunal

suspendidas

de

hasta

tanto el foro de instancia celebre una vista evidenciaria y, entonces,

determine qué es lo mejor y lo más conveniente para el bienestar de

dichas menores: 1) si declarar con, o sin, lugar las peticiones de

adopción; 2) si ello no obstante, las visitas a la madre biológica

deben, o no, continuar; 3) etc.

En

otras

palabras,

ambas

cuestiones

--la

procedencia

de

las

solicitudes de adopción y la de las visitas de la madre biológica-podrían ser resueltas a base de la celebración de una sola, o única,

vista evidenciaria. Ello no solo resulta en una clara economía procesal

sino que garantiza, dentro de lo que humanamente se puede, el bienestar

y seguridad de las menores; bienestar que es nuestra mayor prioridad.

CC-96-462

17

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado