Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V. ORTIZ RODRIGUEZ
1999 TSPR 9
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V. ORTIZ RODRIGUEZ
CC-1996-227
AA-96-13
|
-1-
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
V.
99TSPR9
Antonio Ortiz Rodríguez
Peticionario
Número del Caso: CC-96-0227
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Miguel E.
Sagardía de Jesús
Abogados de la Parte Recurrida:
Fiol
Hon. Carlos Lugo
Procurador General
Lcda. Carmen Z.
Martínez Ortiz
Procuradora
General Auxiliar
Tribunal de Instancia: Superior de San Juan
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Miguel
A. Rivera Arroyo
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito
Regional I
Juez Ponente: Hon. Negroni Cintrón
Fecha: 1/29/1999
Materia: Art. 401 Sustancias Controladas
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CC-96-227
-2-
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Demandante-Recurrido
v.
Certiorari
CC-96-227
Antonio Ortiz Rodríguez
Demandado-Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Negrón García
San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1999
El
Ministerio
Público
acusó
a
Antonio
Ortiz
Rodríguez, (c.p. Toño Gorila), de dos (2) infracciones
al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas.1
Previa vista preliminar y la subsiguiente lectura de
1
Dispone:
“(a) Excepto en la forma autorizada
en [esta Ley], será ilegal el que
cualquier
persona,
a
sabiendas
o
intencionalmente:
(1)
Fabrique,
distribuya,
dispense, transporte u oculte, o posea
con
la
intención
de
fabricar,
distribuir, dispensar, transportar u
ocultar una sustancia controlada;
(2)
Produzca,
distribuya
o
dispense,
transporte
u
oculte o posea con la
intención de distribuir o
dispensar, transportar u
ocultar
una
sustancia
falsificada.”
CC-96-227
-3-
acusación, Ortiz Rodríguez solicitó
supresión de la
evidencia alegando que la orden de allanamiento era
insuficiente de su faz y no existió causa probable
para creer los fundamentos en que se basó. El Tribunal
de Instancia, Sala de San Juan (Hon. Miguel Rivera
Arroyo)
la
denegó.
El
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones (Hons. Rossy García, Negroni Cintrón y
Aponte
Jiménez),
declinó
expedir
el
auto
de
certiorari. Inconforme, Ortiz Rodríguez acudió ante
nos cuestionando la determinación de que los agentes
del orden público no necesitaban orden judicial para
penetrar áreas sobre las cuales “tenía una expectativa
legítima de intimidad, validando de esa manera los
subterfugios realizados por dichos agentes del orden
público para evitar obtener una orden judicial, siendo
insuficiente de su faz la orden de allanamiento en
virtud de la cual se ocupó la evidencia en este caso”.
En
su
correcta
perspectiva,
el
planteamiento
exige resolver si la policía, en el curso de una
investigación,
alquilar
un
está
legítimamente
apartamiento
con
el
facultada
para
propósito
de
penetrar libremente en los elementos comunes de uso
general
del
condominio,
sin
el
consentimiento
ni
conocimiento de su administrador sobre el propósito
investigativo, ni previa orden judicial.
I
En virtud de una confidencia, el 25 de abril de
1995
el
agente
Jorge
L.
Padró
le
informó
a
su
compañero Juan R. Berríos Silva -ambos de la División
de
Drogas
y
Narcóticos-,
de
unos
residentes
del
Edificio Núm. 615 de la Calle Condado, Santurce, que
traficaban en drogas y guardaban allí armas. Entre
estos se encontraba Ortiz Rodríguez. Al día siguiente,
CC-96-227
-4-
ambos agentes acudieron al Condominio y constataron
que Ortiz Rodríguez, aunque residía en el Apto. Núm.
682 del Edif. Núm. 33 del Residencial Luis LLoréns
Torres, ocupaba el Apto. Núm. 205 del Condominio y
poseía un vehículo Mitsubishi, color rojo, tablilla
BNT-482, inscrito a su nombre.
El Condominio en cuestión es un edificio privado
residencial de seis (6) apartamentos por piso, con
acceso controlado. Solo se necesita llave para entrar
al
primer
piso;
de
ahí
en
adelante,
las
personas
pueden moverse libremente. El acceso hacia el pasillo
del segundo piso, donde ubica el apartamento Núm. 205
de Ortiz Rodríguez, está restringido por un portón con
cerradura. No obstante, ese y demás portones de las
escaleras permanecen abiertos por reglamentación en
vigor del Cuerpo de Bomberos de manera que ante una
situación
de
innecesarios.
emergencia
no
representen
Consecuentemente,
el
obstáculos
portón
hacia
el
descanso de las escaleras en el segundo piso está
abierto y el usuario que se sitúa o detiene en dicho
descanso no tiene obstrucción para observar la entrada
del apartamento de Ortiz Rodríguez.
Los agentes consultaron al fiscal José Vázquez
Pérez, Director de la División de Drogas y Crimen
Organizado del Depto. de Justicia, sobre cómo obtener
acceso
legítimo
al
Condominio.
Vázquez
Pérez
les
explicó que tenían tres (3) alternativas: conseguir
una
orden
administración
apartamento.
judicial;
del
Para
confidenciali-dad
obtener
Condominio;
preservar
en
la
el
permiso
o
de
la
alquilar
un
mayor
investigación,
grado
los
de
agentes
optaron por alquilar el apartamento Núm. 305 el 4 de
CC-96-227
-5-
mayo de 1995, mediante el pago de una renta mensual de
$350.00.
El agente Berríos Silva acudió al área el 17 de
mayo de 1995. Después de observar el vehículo marca
Mitsubishi perteneciente a Ortiz Rodríguez estacionado
en una calle contigua, entró al edificio y procedió al
segundo piso. Desde el descanso en las escaleras del
edificio antes aludido, estableció vigilancia hacia la
entrada
del
apartamento
apartamento
tenía
un
de
portón
Ortiz
de
Rodríguez.
rejas
frente
a
El
la
puerta de entrada. Ese día el portón estaba abierto,
pero
la
puerta cerrada.
Ortiz Rodríguez salió del
apartamento cargando una bolsa blanca a las 3:50 p.m.
Berríos Silva lo siguió hasta llegar al Edificio Núm.
33 del Residencial Lloréns Torres. Ortiz Rodríguez se
desmontó
cargando
dicha
bolsa,
sacó
una
envoltura
pequeña de la bolsa, similar a las que se utilizan
para empacar heroína, y se la entregó a un individuo.
Al dar la vuelta, Berríos Silva vio a Ortiz Rodríguez
entrar al Edificio Núm. 33 con dinero en sus manos.
El
23
nuevamente
de
al
mayo,
Berríos
interior
del
Silva
se
Condominio
dirigió
después
de
observar el vehículo perteneciente a Ortiz Rodríguez
estacionado
cerca,
y
volvió
establecer
vigilancia
hacia la entrada del apartamento de Ortiz Rodríguez
desde
las
escaleras.
Esta
vez,
la
puerta
del
apartamento Núm. 205 se encontraba abierta, pero el
portón cerrado. A plena vista, pudo observar cuando
Ortiz Rodríguez a través del portón cerrado le entregó
a un individuo que estaba en el pasillo fuera del
apartamento un pequeño sobre plástico y transparente,
lleno
de
una
sustancia
blancuzca,
a
cambio
de
indeterminada cantidad de dinero. Más tarde, Ortiz
CC-96-227
-6-
Rodríguez salió del apartamento, cargando una bolsa de
papel de estraza y un bulto azul, abordó su vehículo y
se dirigió hacia el Residencial Lloréns Torres.
Berríos Silva continuó la vigilancia el 24 de
mayo de 1995. Ese día vio cuando Ortiz Rodríguez llegó
al Condominio, entró a su apartamento y salió cargando
una bolsa plástica transparente conteniendo lo que
aparentaban ser envolturas de heroína.
Berríos
Silva
prestó
declaración
jurada
con
relación a estos hechos. El 30 de mayo de 1995, el
Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable
y expidió orden para allanar el referido apartamento.
El allanamiento se realizó el 31 de mayo de 1995 y
produjo
sustancias
controladas.
Posteriormente,
se
radicaron las acusaciones y el planteamiento sobre
supresión que origina este recurso.
II
En momentos de violencia, alto uso de drogas,
criminalidad y su consabido desasosiego en nuestro
diario vivir, el fiel cumplimiento de la ley es de
interés apremiante. Conlleva una evaluación judicial
de aspectos difíciles y circunstancias complejas. De
este ejercicio, en lo posible, deben surgir juicios
certeros que reconcilien los intereses públicos y
privados envueltos y provean soluciones justas, sin
obstruir la labor de la policía en la persecución
legítima del crimen. Pueblo v. Muñoz Santiago, res.
en 6 de noviembre de 1992; Pueblo v. Pérez Pérez,
115 D.P.R. 827 (1984).
El Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución2 y
la Enmienda Cuarta federal, cobijan la intimidad y
2
En lo pertinente, reza:
CC-96-227
-7-
dignidad ciudadana como valores comunitarios de la
más alta jerarquía. Pueblo v. Meléndez Rodríguez,
res. en 13 de julio de 1994.
Su ámbito salvaguarda la vida íntima y santidad
del hogar, pero no defiende el Derecho a propiedad;
protege seres humanos, no lugares. Pueblo v. Vargas
Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976). Lo determinante es
”[s]i existe algún interés personal sobre el objeto
del allanamiento, registro o incautación de modo que
se exhiba una expectativa de intimidad". Olga Elena
Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Tomo
1,
Cap.
Derecho
8,
§8.4,
Procesal
pág.
Penal
207;
de
Chiesa
Puerto
Aponte,
Rico
y
E.L.,
Estados
Unidos, Tomo I, Cap. 6, Sec. 6.13, págs. 404-405.
Los residentes de condominios tienen derecho a la
intimidad en grado comparable a la que disfrutan los
residentes
de
casas.3
Pueblo
v.
Pérez
Pérez,
115
D.P.R. 827, 830 (1984). Allí establecimos que “[p]or
razones demográficas y de diversa índole se ha ido
desarrollando
en
Puerto
Rico
el
concepto
de
la
propiedad horizontal. No hallamos base para sostener
que en este país de mucha gente y poca tierra aquellos
que resuelvan vivir en condominios no tienen derecho
razonable a abrigar que su intimidad se respete a un
"[N]o se violará el derecho del pueblo a la protección de sus
personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y
allanamientos irrazonables.
...
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros,
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente
cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación,
describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a
detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta
sección será inadmisible en los tribunales”.
CC-96-227
-8-
grado comparable al de los habitantes de residencias
tradicionales.
Un
condómino
espera
que
por
los
pasillos y otras áreas comunes del mismo transiten
únicamente otros co-dueños y personas invitadas, en
casos como el presente, los co-dueños tienen
a
confiar
que
no
pululen
por
derecho
las zonas
protegidas invasores e intrusos. Los pasillos de los
condominios no son calles de la ciudad, ni su garaje
es menos privado que el de otro tipo de hogar”.
Diez (10) años después, en Pueblo v. Meléndez
Rodríguez, supra, enfatizamos que:
“Nuestra sociedad no está dispuesta a
tolerar el grado de intrusión que aquí
ocurrió con la intimidad de los apelantes
en su hogar. Entendemos que el apostarse
cerca de la puerta de una residencia con
el propósito de escuchar lo que adentro se
dice, independientemente del derecho de
tal
persona
de
estar
en
el
área
circundante a la misma, constituye un
atentado
intolerable
a
los
valores
personales y sociales que protege nuestra
Constitución. Ello es así sin importar que
tipo
de
residencia
esté
envuelta.
Rehusamos
limitar
las
protecciones
consagradas en Pérez Pérez, 115 D.P.R. 818
(1984), a los pasillos y áreas comunes de
condominios privados de acceso controlado.
No podemos negárselas a los ciudadanos que
viven en los residenciales públicos de
Puerto Rico.
Más
aún,
entendemos
que
resulta
irrelevante si el complejo de vivienda tiene
acceso controlado... para fines de determinar
si
existe
una
expectativa
razonable
de
intimidad. El acceso a los complejos de
vivienda se limita, no con el propósito
exclusivo de aumentar la intimidad de los que
viven
allí,
sino
principalmente
para
incrementar la seguridad de sus residentes
ante
el
avance
del
crimen.
Resultaría
incorrecto, entonces, utilizar este factor
como determinante para medir la expectativa de
intimidad de los residentes.”
La
expectativa
razonable
de
intimidad
implica
primero, que la persona haya exhibido una expectativa
3
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que la Enmienda
Cuarta también cobija apartamentos y áreas cerradas al público. Clinton v. Virginia,
377 U.S. 158 (1964).
CC-96-227
-9-
subjetiva de intimidad. No se trata de una simple
reserva
mental,
afirmativos
que
sino
de
una
demuestren,
conducta
de
actos
inequívocamente,
la
intención de alojar dicha expectativa. Y segundo, esa
expectativa individual así demostrada, tiene que ser
una que la sociedad reconozca como razonable.
El análisis para determinar la razonabilidad de
un registro y allanamiento debe tomar en cuenta que el
excluir cualquier actividad policíaca de la cubierta
constitucional significa sacarla también del control
judicial y del mandato de la razonabilidad. Por el
contrario, incluirla solo exige que sea razonable.4
Determinar si existe una expectativa razonable de
intimidad
requiere
examinar
siguientes
factores:
lugar
registrado
o
allanado;
naturaleza
y
de
intervención
policial;
objetivo
o
propósito
conducta
de
expectativa
barreras
grado
la
de
esa
intervención;
persona
era
indicativa
subjetiva
físicas
la
integralmente
que
de
intimidad;
restrinjan
la
los
si
de
la
una
existencia
de
entrada
la
o
visibilidad al lugar registrado; número de personas
que
tienen acceso
inhibiciones
legítimo
sociales
al lugar registrado;
relacionadas
con
el
e
lugar
registrado. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra.
Al aplicar estos factores al caso de autos es
evidente de que Ortiz Rodríguez no puede reclamar
una expectativa razonable de intimidad absoluta. El
4
Smith v. Maryland, 442 U.S. 735 (1979) incorporó el criterio esbozado por el Juez
Harlan en su opinión concurrente en Katz v. United States, 389 U.S., 1353 (1967).
“La pregunta no es si una persona tiene que cerrar las cortinas antes de cometer un
crimen. La pregunta es si una persona tiene que cerrar las cortinas cada vez que entra a un cuarto
en caso de que lo estén vigilando.” (Traducción nuestra). Anthony G. Amsterdam, Perspectives on
the Fourth Amendment, 58 Minnesota Law Review 349, 403 (1974).
“Por lo tanto, el verdadero examen para determinar si la práctica en cuestión es
constitucional es si el permitir la forma particular de vigilancia practicada por la policía
disminuye la intimidad y la libertad de los ciudadanos a un ámbito inconsistente con una
sociedad libre y abierta.” (Traducción nuestra). (Id., págs. 349-403).
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- 10 -
lugar “registrado” fue el pasillo y entrada visibles
de
un
apartamento
en
un
Condominio
con
acceso
controlado. La naturaleza y grado de la intervención
policíaca consistió en observar a plena vista, desde
el descanso en las escaleras del segundo piso, la
referida
entrada
Rodríguez.
El
del
apartamento
propósito
de
la
de
Ortiz
intervención
fue
investigar y detectar alegadas violaciones a la Ley
de
Sustancias
Controladas
objetos
de
una
confidencia, y así acumular suficiente prueba para
acudir
ante
un
registro
y
Rodríguez
no
legítima
tribunal
y
allanamiento.
de
obtener
una
conducta
La
indicaba
una
expectativa
intimidad,
pues
llevó
a
orden
de
de
Ortiz
subjetiva
cabo
varias
transacciones de drogas a través del portón, a plena
vista del agente Berríos Silva u otra persona que
pasase por el segundo piso. Todos los condóminos,
dueños,
inquilinos
y
sus
respectivos
invitados
tenían acceso a las escaleras. Desde el lugar donde
el agente Berríos Silva observó, no existía barrera
física
alguna
entrada
del
verse
“desde
cualquiera
que
impidiera
apartamento
de
el
de
pasillo,
los
cinco
la
Ortiz
la
visibilidad.
Rodríguez
escalera
apartamentos
o
La
podía
desde
restantes
ubicados en el piso.” Comunitariamente, existe un
grado de inhibición social en cuanto al pasillo y
las
escaleras
de
un
edificio.
Las
costumbres
sociales obligan a que las personas se comporten de
forma
prudencial
y,
más
restringidamente,
en
los
elementos comunes de uso general del condominio en
contraste con el interior de sus apartamentos, donde
gozan
de
una
mayor
expectativa
de
intimidad.
Ciertamente, no se discute, que el permitir tráfico
CC-96-227
- 11 -
de drogas en los pasillos y escaleras de un edificio
atenta contra el derecho de los demás condóminos al
uso y disfrute pacífico de los elementos de uso común.
Este análisis, nos permite concluir que Ortiz
Rodríguez
no
tenía
intimidad
sobre
una
los
expectativa
pasillos
y
las
razonable
de
escaleras
del
edificio mientras los utilizaba para llevar a cabo
transacciones ilegales.5
III
No pasamos por alto la doctrina de “curtilage”,
esto es, las "inmediaciones" o estructuras accesorias
de un hogar, hasta donde se extiende la protección del
derecho a la intimidad. Pueblo v. Meléndez Rodríguez,
supra.
Se trata del área considerada parte de la casa a
la cual se extiende la actividad íntima del hogar y la
persona.
Determinarlo
conlleva
examinar
si
un
individuo puede razonablemente esperar que el área
inmediata
al
consideración
hogar
permanezca
privada,
tomando
en
los
siguientes
cuatro
factores:
1)
proximidad a la zona reclamada como “curtilage”. Si
está muy próxima es mucho más probable que el área sea
considerada
como
“curtilage”;
2)
si
el
área
se
encuentra dentro de los linderos de la casa; 3) la
naturaleza y el uso que se le da a esa zona; y 4) las
medidas adoptadas por el residente para proteger esta
zona de observaciones que puedan hacer los transeúntes
5
En Lewis v. United States, 385 U.S. 206, 211 (1966), el
Tribunal resolvió que cuando “[e]l hogar es convertido en un centro
comercial al que forasteros son invitados para propósitos de tramitar
negocios ilícitos, ese negocio no tiene derecho a más santidad que la
que retuviese en una tienda, en un garaje, en un vehículo o en la calle.
Un agente gubernamental, de la misma forma que una persona
privada, puede aceptar una invitación para hacer negocios y puede
entrar en los predios para el mismo propósito contemplado por el
ocupante." (Traducción nuestra).
CC-96-227
que
- 12 -
por
allí
pasan.
Pueblo
v. Meléndez
Rodríguez,
supra.
En el pasado, hemos reconocido que en el descargo
de su función investigativa, la Policía puede entrar
en áreas del “curtilage” de una residencia que están
claramente
visibles
o
implícitamente
abiertas
público,
con
el
propósito
de
conversar
con
ocupantes
de
la
residencia
o
procurar
a
al
los
alguna
persona. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra; Pueblo
v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974); Pueblo v.
Alvarez Torres, 85 D.P.R. 789 (1968).
Sin embargo, “[c]uando un agente traspasa esa
zona como parte de una gestión de vigilancia para
observar a través de puertas y ventanas que no están
claramente
visibles,
eso
constituye
un
registro
irrazonable.” LaFave, Search and Seizure, 2d ed. Sec.
2.3(c), p. 394. Véase Texas v. González, 388 F. 2d 145
(5th Cir. 1968); People v. Cogle, 21 Cal. App. 3d 57
(1971); Olivera v. State, 315 So. 2d n487 (Fla. App.
1975); State v. Ragsdale, 381 So. 2d 492 (La. 1980).
La justificación de esta norma, es que al limitar la
visibilidad
de
su
hogar,
el
residente
tiene
una
razonable expectativa de intimidad en el interior de
su casa y no espera que las personas o agentes del
orden
público
estén
observando
a
través
de
Meléndez
Rodríguez,
las
ventanas.
En
Pueblo
v.
supra,
resolvimos que “[a]quella porción de los pasillos en
condominios
o
edificios
de
vivienda
múltiple
que
conduce a la entrada de apartamentos y, en especial,
el
área
inmediatamente
fuera
de
la
puerta
de
la
entrada a un apartamento, es parte del curtilage de la
vivienda
próxima
al
mismo.
Nos
parece
razonable
CC-96-227
- 13 -
concluir que a dicha área se ‘extiende la actividad
íntima asociada con la santidad del hogar’. Chiesa
Aponte, E.L., Tomo I, Cap. 6, ob. cit., Sec. 6.16,
pág. 432. Su proximidad al apartamento de vivienda
‘por sí solo hace mucho más probable que el área sea
considerada como curtilage’.” (Citas omitidas). Así,
en Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra, juzgamos como
“intrusión irrazonable en la vida íntima” la acción
del agente acercarse a la puerta de una residencia
para escuchar las conversaciones que se efectúan tras
puertas cerradas.”
“Cuando la policía, sin penetrar el ‘curtilage’
del acusado, recurre a medios extremos para lograr una
posición desde donde ni los vecinos ni el público en
general de ordinario lo esperaría, sus observaciones
constituyen un registro.” (Traducción nuestra). Wayne
R. LaFave, ob. cit., Volumen 1, §2.3(c), pág. 482.
Contrario
si
sensu,
sólo
utiliza
sus
sentidos
naturales desde un lugar donde tiene derecho a estar,
tales observaciones no lo son.
El
viviendas
residente
de
un
edificio
con
múltiples
tiene
una
expectativa
de
intimidad
justificada de no ser escuchado o visto desde un lugar
en el edificio el cual los otros residentes o el
público normalmente no utilizan o esperen se utilice.
“No obstante, una cosa es decir que un ocupante no
puede
reclamar
privacidad
en
cuanto
a
actividades
dentro de su residencia cuando la conducta se lleva a
cabo en una manera fácilmente al alcance
de la vista
y oídos de los vecinos o el público que por allí
transite. Es otra cosa exigir que los ciudadanos no
puedan
sentirse
cerrar
o
en
seguros
forma
dejando
alterna,
sus
cerrar
cortinas
toda
sin
posible
CC-96-227
- 14 -
apertura de su residencia.” Wayne R. LaFave, ob. cit.,
Volumen 1, §2.3(c), pág. 482 (Traducción nuestra).
Esa no es la situación en el caso de autos. Las
escaleras
son
utilizadas
constantemente
por
los
vecinos y otras personas, y podía la policía usarlas
apropiadamente
para
establecer
vigilancia.
Al
respecto, Berríos Silva permaneció en todo momento en
el
descanso
elementos
de
las
comunes
de
escaleras
uso
del
general
segundo
por
piso,
condóminos,
empleados, visitantes y otros. Consecuentemente, por
definición, dichas escaleras no formaban parte del
“curtilage” del apartamento de Ortiz Rodríguez, y por
ende no puede invocar su protección. Adjudicada su
falta de expectativa subjetiva de intimidad, evaluemos
su contención bajo la Regla de Exclusión.
IV
El Art. II, Sec. 10 de nuestra Ley Fundamental
prohibe
el
producto
inconstitucionales;
no
de
es
registros
prueba
y
allanamientos
admisible
en
los
tribunales. Pueblo v. Colón Rafucci, res. en 25 de
enero de 1996; Pueblo v. Santiago Alicea, res. en 18
de abril de 1995; Pueblo en interés del menor N.R.O.,
res. en 12 de septiembre de 1994; Pueblo v. Martínez
Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988); Pueblo v. Ramos
Delgado, 122 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. González
Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Pueblo v. Rodríguez
Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964).
A
su amparo, la legalidad
de tales registros
deben analizarse tomando en cuenta tres (3) aspectos
circunstanciales: 1) lugar objeto del registro; 2)
presencia
del
concepto
de
motivo
realizarlo; y 3) su razonabilidad.
fundado
para
CC-96-227
- 15 -
En Pueblo v. Pérez Pérez, supra, establecimos que
“[l]os condominios presentan a las fuerzas del orden
público
dificultades
especiales
para
el
establecimiento de una vigilancia ordenada. Como regla
general,
la
solución
radica,
cuando
la
vigilancia
exterior no basta, en que la Policía acuda ante un
magistrado y obtenga, tras el trámite de rigor, su
autorización para penetrar en las áreas comunes de la
propiedad
para
establecer
Este
satisfactorios”.
puntos
de
observación
pronunciamiento
exige
una
aclaración. La orden allí referida es la clásica de
Registro y Allanamiento, autorizada bajo las Reglas
229
a
233
de
Procedimiento
Criminal.
Nuestro
ordenamiento procesal todavía no provee expresamente
una orden especial que autorice una “vigilancia” de
áreas
comunes.
De
inmediato,
ello
plantea
el
problema del quantum de prueba necesario. No podría
ser ni exigirse el mismo de causa probable. Si así
fuera
no
tendría
sentido
ni
sería
necesaria
la
vigilancia. Bastaría obtener la orden de registro y
allanamiento.
La
vigilancia
previa
es
necesaria
porque se carece de esa prueba. En el caso de autos,
precisamente
la
vigilancia
y
sus
observaciones
fueron las que produjeron suficiente causa probable
sobre actos delictivos para justificar la orden de
registro y allanamiento.
Ortiz
Rodríguez
argumenta
que
la
orden
de
allanamiento fue insuficiente de su faz, pues ni de
ésta, como tampoco de la declaración jurada, surgía
el
derecho
comunes
del
de
los
agentes
condominio
a
a
penetrar
investigar
y
las
áreas
violar
su
expectativa legítima. Se basa en que al momento de
solicitarla, el agente de la policía no consignó en
CC-96-227
su
- 16 -
declaración
jurada
la
forma
en
que
él
obtuvo
acceso a las áreas comunes del edificio residencial,
desde donde pudo observar alegados actos delictivos.
No tiene razón.
En Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972), nos
enfrentamos a una situación bastante similar. Allí
se
atacó
la
validez
expedida
por
un
de
la
orden
magistrado
de
allanamiento
alegándose
que
“[e]l
Agente no hizo constar en su declaración jurada los
medios de que se valió para observar el patio de la
residencia de los apelantes.” Resolvimos que “[l]a
declaración jurada prestada por el agente Fuentes
Ortega cumple con la ley y la jurisprudencia. Expuso
el agente que las observaciones que hizo fueron el
resultado de labor de vigilancia hacia el patio de
la residencia de los acusados. Ello era suficiente
para
informar
al
información
sobre
expedición
de
razonamiento
magistrado
los
la
fue
hechos
orden
que
de
reiterado
como
obtuvo
la
justificaban
la
allanamiento.”
en
v.
Pueblo
Este
Bonilla
Romero, 120 D.P.R. 92, 108 (1987). En virtud de la
Regla 231 de Procedimiento Criminal, el quantum de
causa probable judicial como prueba necesaria para
una
orden
de
allanamiento,
significa
que
el
magistrado quede convencido. En el caso de autos,
las declaraciones juradas prestadas por el agente
Berríos Silva, revelan que entró al condominio y se
ubicó en el área de las escaleras del segundo piso,
donde observó lo que ocurría frente al apartamento
de Ortiz Rodríguez. Basado en esta información se
expidió
la
orden.
El
juez
se
convenció
que
los
hechos jurados, a su juicio, eran indicativos de que
probablemente
se
estaba
cometiendo
o
se
había
CC-96-227
- 17 -
cometido un delito. La misma no adolecía de ningún
defecto legal ni jurisprudencial.
Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 742, 747 (1956),
definió así el estándar para juzgar la existencia de
causa probable:
“El criterio o medida para juzgar si
existe causa probable no puede expresarse
en términos rígidos y absolutos: la
cuestión estriba en determinar si los
hechos y las inferencias que se derivan
de los mismos, a juicio de una persona
prudente y razonable, bastan para creer
que se está cometiendo o se ha cometido
el delito por el cual la ley autoriza la
expedición de una orden de allanamiento.
Carroll v. United States, 267 U.S. 132
(1925); Steele v. United States, 267 U.S.
498 (1925); Dumbra v. United States, 268
U.S. 435 (1925). Meras sospechas no
constituyen causa probable pero tampoco
es necesario que el juez quede convencido
fuera de toda duda razonable de que se
está violando la ley. Como indicó el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
Brinegar v. United States, 333 U.S. 160,
175 (1949): ‘Cuando nos referimos a causa
probable...
actuamos
a
base
de
probabilidades. Estas no son cuestiones
técnicas: se trata de consideraciones
prácticas y reales que surgen en la vida
cotidiana a base de las cuales actúan
hombres prudentes y razonables y no
técnicos en derecho. La norma o regla en
cuanto a la prueba, por consiguiente,
depende
de
la
cuestión
que
debe
6
probarse’.”
No era necesario pues, que el agente Berríos
Silva consignara en su declaración jurada el derecho
que tenía para estar en posición de presenciar los
actos
delictivos.
La
encomienda
judicial
es
armonizar el derecho e intervención a la intimidad
individual con el fundamental interés del Estado de
poner en vigor las leyes penales.
En ausencia de prejuicio, parcialidad, o error
manifiesto,
la
orden
6
1992.
el
juicio
–quien
tuvo
del
ante
magistrado que expide
sí
al
declarante
que
Ratio decidendi, reiterado en Pueblo v. Muñoz Santiago, res. en 6 de noviembre de
CC-96-227
prestó
- 18 -
la
declaración
jurada-,
merece
posterior
deferencia judicial, en cuanto a la credibilidad del
declarante y la determinación de causa probable.7
A la luz de la totalidad de las circunstancias y
demás factores pertinentes, concluimos que existió
base
sustancial
y
causa
probable
para
expedir
la
orden de allanamiento. Réstanos examinar el aspecto
del consentimiento a un registro, como excepción a
orden judicial previa.
V
“Si un agente del orden público primero obtiene
el consentimiento voluntario de alguien con autoridad
para controlar el acceso a los lugares o cosas a
registrarse,
no
necesita
autorizado,
puede
entrar
orden
y
hacer
judicial.
Así
observaciones
consistentes con el ámbito del permiso conferídole.”
Wayne R. LaFave, Search and Seizure, A Treatise on the
Fourth Amendment, Third Edition, Volume 1, §2.3(b),
pág. 475. (Traducción nuestra).
7
En Pueblo v. Meléndez Rodríguez, res. en 13 de julio de 1994 –
al analizar la determinación de causa probable de un magistrado al
expedir una orden de allanamiento a base de una confidencia que
denunciaba la venta de “bolita” en una propiedad-, citamos a Pueblo v.
Muñoz Santiago, supra, y señalamos:
“Aclaramos que al aplicar dichos criterios
siempre hemos exigido que la confidencia haya sido
corroborada por el agente ya sea mediante
observación personal o por información de otras
fuentes.’ Pueblo v. Muñoz Santiago, supra, a la pág.
10080 (énfasis en el original), 22 Reiteramos que el
análisis de la suficiencia de dichas declaraciones
juradas también debe tomar en cuenta los criterios que
hemos establecido respecto a los testimonios
estereotipados. Ahora bien, al ejercer nuestra facultad
revisora, no nos corresponde hacer una determinación
de novo de causa probable: ‘[s]ólo nos corresponde
estimar si la evidencia considerada en su totalidad
proveía una base sustancial para la determinación de
causa probable por el magistrado’.”
CC-96-227
- 19 -
Precisamente, en Pueblo v. Pérez Pérez, supra, al
cualificar la regla general de que la policía acudiera
al tribunal para obtener orden de entrada, aclaramos
vía
escolio
que
“[c]uando
el
administrador
de
un
edificio, su delegado u otro inquilino autorice la
entrada
de
un
policía
a
un
condominio...,
varios
tribunales reconocen entonces que la actuación de la
Policía
al
vigilar
áreas
comunes
es
legítima.”
(Traducción nuestra). Pág. 831 n. 2. Véase, Wayne R.
LaFave, ob. cit., Volumen 1, §2.3(b), pág. 478-479.8
En el caso de autos, la Policía, como parte de
una investigación legítima, alquiló un apartamento en
el
Condominio
para
poder
entrar
al
edificio
y
establecer vigilancia. Ni la Constitución ni la ley lo
prohiben; tampoco se trata de una decisión o actuación
irrazonable. Ese arrendamiento brindó a los agentes el
mismo acceso a las áreas comunes del condominio que le
brindaría a cualquier otro arrendatario. Entre éstos,
entrar al ascensor, escaleras y otras áreas comunes
del edificio, pero no, naturalmente al apartamento de
Ortiz Rodríguez.9
Aún así, Ortiz Rodríguez argumenta que Berríos
Silva nunca se identificó como agente del orden (o
encubierto), ante la Administradora del Condominio
al
alquilar
el
apartamento.10
Sostiene
que
dicho
8
Como regla general, si un agente entra legalmente al área
común de un predio, puede realizar allí su vigilancia. McDonald v. United
States, 335 U.S. 451, 69 S. Ct. 191, 93 L. Ed. 153 (1948).
9
Bajo la Ley de Propiedad Horizontal, las escaleras constituyen
elemento general del inmueble. 31 L.P.R.A. sec. 1291i (b). Cada
titular puede usar los elementos comunes conforme su destino, sin
impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás. 31 L.P.R.A. sec.
1291l, ¶1.
10
En Lewis v. United States, supra, 209, el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos sostuvo “[q]ue en la detección de muchos tipos de
delitos, el Gobierno tiene derecho a usar señuelos y el ocultar la
identidad de sus agentes. Las varias protecciones de la Carta de
CC-96-227
- 20 -
agente no utilizó el apartamento como residencia, u
otro fin que no fuese obtener libre acceso a los
elementos comunes de uso general, para así continuar
con su investigación sin obtener una previa orden
judicial, dado a que dicho condominio tenia control
de acceso. Tampoco tiene razón.
La
prueba
no
contradicha
demuestra
que
la
administradora del Condominio no fue informada sobre
el propósito del alquiler, debido a la posibilidad
de
que
ella
Rodríguez
estuviese
-lo
cual
involucrada
podía
con
Ortiz
comprometer
la
investigación- y de no ser así, en la alternativa,
temían por su seguridad, dado al gran riesgo que
presentaba
dicha
confidencialidad
investigación
requerido
y
para
alto
poder
nivel
de
vigilar
el
lugar, especialmente en el área del segundo piso.
Los
agentes
se
limitaron
a
alquilar
el
apartamento sin dar explicaciones al respecto, como
tampoco
comunicaron
ni
expusieron
su
condición
de
encubiertos.11 Nada hay de ilegal en esa conducta. El
alto grado de confidencialidad de la investigación,
las medidas de seguridad y el mecanismo de alquilar un
apartamento, no violan ninguna disposición de nuestra
Constitución.
Aplicable
el
siguiente
razonamiento:
Derechos, por supuesto, proveen control sobre tales engaños oficiales
para la protección del individuo.” (Traducción nuestra).
11
Ortiz Rodríguez añade que el ocultarle al agente Berríos Silva “su verdadera identidad
a la Administradora del condominio en cuestión, con el propósito de obtener de ella el ‘alquiler’ de
dicho apartamento, constituye un acto inpermisible desde el punto de vista de la protección
constitucional contra el derecho a la intimidad. U.S. v. Bosse, 898 F. 2d 113 (9th Cir. 1990)”.
Carece de razón.
U.S. v. Bosse, lo primero que estableció fue que “un agente
puede, de manera consistente con la Enmienda Cuarta, ocultar su
identidad para de ese modo, obtener una invitación para entrar al
hogar de un sospechoso... La entrada encubierta estará limitada a los
propósitos contemplados en la sospecha. Una vez dentro del hogar del
sospechoso, el agente no puede hacer un registro general en búsqueda
de materiales delictivos.” Pág. 211, (traducción nuestra y citas
omitidas).
CC-96-227
- 21 -
“[s]i fuéramos a sostener que la decepción del agente
en este caso está constitucionalmente prohibida, nos
aproximaríamos a una regla en la que el utilizar un
agente
encubierto
en
cualquier
forma,
sería
virtualmente inconstitucional per se. Una regla así,
por
ejemplo,
impediría
severamente
al
Gobierno
destapar esas actividades criminales organizadas, que
son caracterizadas por negocios secretos con víctimas
que
no
pueden
o
quieren
protestar.
Proveyendo
el
narcotráfico un principal ejemplo.” Lewis v. United
States, supra, 210. (Traducción nuestra).
Por último, Ortiz Rodríguez aduce que “el agente
Padró le omitió a sus superiores lo relacionado a la
alternativa
de
obtener
una
orden
judicial
para
penetrar las áreas comunes del edificio, induciendo
falsamente a sus superiores a creer que, de acuerdo
al Fiscal Vázquez Pérez, la única manera legal de
obtener
acceso
al
interior
del
condominio,
sin
obtener autorización de la persona encargada de la
administración
del
condominio,
era
alquilando
un
apartamento allí”. No nos convence.
Primero, el argumento no tiene que ver (ni es
pertinente)
Segundo,
con
es
la
doctrina
del
especulativo
consentimiento.
argumentar
que
el
memorándum del 27 de abril de 1995, contiene una
falsa representación al Teniente Juan Ortiz Díaz. En
dicho
documento,
el
agente
Padró
González
no
mencionó la posible obtención de una orden judicial.
Ello es irrelevante, pues en ese momento carecía de
la
información
válidamente
una
necesaria
orden
para
judicial
de
poder
obtener
acuerdo
a
los
requisitos de causa probable bajo la Regla 231 de
Procedimiento
Criminal.
Según
mencionáramos,
debe
CC-96-227
- 22 -
recordarse
que
penal
existe
no
en
nuestro
ordenamiento
procesal
per
una
judicial
se
orden
autorizando una vigilancia. Repetimos, su obtención
exigiría el quantum de prueba sobre causa probable.
VI
En resumen, reafirmamos que la protección contra
registros y allanamientos del Art. II Sec. 10 de
nuestra Constitución, se extiende a “los pasillos y
otras
áreas
comunes
pública,
sin
privados
con
hacer
de
estructuras
distinciones
acceso
de
entre
limitado
y
vivienda
condominios
residenciales
públicos. Nuestra Carta de Derechos brinda una misma
protección contra intrusiones irrazonables por parte
del Gobierno, ya seamos ricos o pobres, inocentes o
culpables”, Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra.
En
los
edificios
con
múltiples
unidades
de
vivienda el residente tiene un derecho a la intimidad
absoluto sólo sobre una porción; no sobre aquellas
áreas que, por su estructura son áreas adyacentes y
están abiertas o expuestas al público o al uso común.
En
reconocimiento
de
esta
realidad,
la
tendencia
judicial es sostener que sobre las mismas sólo hay una
expectativa de intimidad reducida. Wayne R. LaFave,
ob. cit.
Una vigilancia sobre un predio, aún cuando pueda
ser un registro, no está al mismo nivel de aquel que
conlleva la entrada física o a un escrutinio de los
objetos
que
vigilancia,
allí
la
se
regla
encuentren.
es
menos
En
materia
estricta.
Texas
de
v.
González, 388 F. 2d 145 (5th Cir. 1968); Borum v.
United States, 318 A. 2d 590 (D.C. App. 1974).
En
el
caso
que
nos
ocupa,
mediante
el
arrendamiento del apartamento, la policía validó su
CC-96-227
- 23 -
entrada a los elementos de uso común del edificio.
En
Meléndez
Rodríguez,
supra,
adoptamos
una
interpretación liberal del derecho a la intimidad
para
equiparar
los
residenciales
públicos
a
los
edificios con acceso controlado. En aquella ocasión
la práctica condenada fue que un policía escuchara
una conversación dentro de un apartamento a través
de una puerta cerrada. Esa no es la situación en el
caso
de
autos.
El
agente
Berríos
Silva
con
sus
observaciones nunca penetró dentro del apartamento.
Fue desde las escaleras que observó lo que cualquier
otro condómino hubiese percibido: unas transacciones
ilegales a simple vista realizadas desde la entrada
de un apartamento al pasillo. No se violó el derecho
de
intimidad de Ortiz Rodríguez.
Se
dictará
la
correspondiente
confirmatoria.
ANTONIO S. NEGRON GARCIA
Juez Asociado
sentencia
CC-96-227
- 24 -
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Demandante-Recurrido
v.
Certiorari
CC-96-227
Antonio Ortiz Rodríguez
Demandado-Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de
1999
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace
formar parte integrante de la presente,
se confirma la Resolución del Tribunal
de Circuito de Apelaciones de fecha 10
de mayo de 1996.
Lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo.
El
Juez
Asociado
señor
Hernández
Denton
emitió
Opinión
Concurrente en parte y Disidente en
parte. El Juez Asociado señor Rebollo
López disintió sin opinión escrita. El
Juez Presidente señor Andréu García se
inhibió.
Isabel
Zeno
Llompart
CC-96-227
- 25 -
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-96-227
Antonio Ortiz Rodríguez
Recurrente
Opinión Concurrente en parte y Disidente en parte emitida por
el Juez Asociado señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1999.
Por entender que la interpretación que hace hoy
este
Tribunal
contra
sobre
registros,
el
alcance
de
incautaciones
y
la
protección
allanamientos
irrazonables de nuestra Constitución en el contexto
de
las
erosiona
áreas
comunes
de
un
edificio
multipisos
significativamente
su
vitalidad,
estamos
impedidos de suscribirla. Por ello, disentimos de
los pronunciamientos de este Tribunal en relación a
que el mero hecho de arrendar un apartamento en un
edificio
multipisos
legitima
la
presencia
de
funcionarios del orden público en sus áreas comunes.
No obstante, estimamos que por otros fundamentos
CC-96-227
- 26 -
la Resolución recurrida debe ser confirmada. Por ello, concurrimos con
el resultado al cual llega la Opinión del Tribunal.
I.
Los hechos del caso son sencillos y no están en controversia. En
abril de 1995 el agente Jorge L. Padró González, miembro de la División
de Drogas y Narcóticos del Area Metropolitana de San Juan, recibió una
confidencia en términos de que en el condominio 615 de la Calle Condado
en Santurce residían varias personas que se dedicaban al trasiego de
sustancias controladas.
Luego de ello, en unión al agente Juan R.
Berríos Silva, Padró González obtuvo asesoramiento de la División de
Drogas y Crimen Organizado del Departamento de Justicia en torno a las
formas
adecuadas
evidencia
de
delictiva
realizar
que
la
investigación
eventualmente
permitiera
a
fin
de
obtener
obtener
una
orden
judicial para allanar y registrar el apartamento que fue objeto de la
confidencia.
En esa ocasión, el Director de dicha división, Fiscal José Vázquez
Pérez, les informó que para tener acceso al interior del edificio para
realizar gestiones investigativas debían obtener una orden judicial o
el consentimiento del administrador del edificio. En la alternativa,
les indicó que de no obtener la orden judicial o el consentimiento del
administrador, debían arrendar un apartamento en el condominio.
Luego
de
los
trámites
administrativos
requeridos,
la
Policía
alquiló por un mes el apartamento número 305 en el tercer piso del
condominio.
Desde
allí
la
Policía
realizó
gestiones
investigativas
conducentes a obtener evidencia delictiva que le permitiera gestionar
una
orden
para
registrar
el
apartamento
205,
propiedad
del
aquí
imputado. Parte de las observaciones vertidas en la declaración jurada
que sirvió de base a la expedición de la orden de registro fueron
realizadas desde el pasillo y escalera que conducía al apartamento del
imputado, áreas comunes de los residentes del condominio. Otras de las
observaciones de los agentes investigadores fueron realizadas a las
afueras del condominio, es decir en las vías públicas del país.
CC-96-227
- 27 -
Luego de expedida la orden de registro y allanamiento, la Policía
ocupó evidencia delictiva (sustancias controladas) en el interior del
apartamento del imputado. En el eventual procedimiento judicial por dos
cargos por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas,
(posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas),12
la defensa solicitó la supresión de la evidencia bajo el fundamento de
que la obtención de la evidencia que sirvió de base a la expedición de
la orden de allanamiento fue obtenida en violación de la Sección 10 del
Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado.
El foro de instancia denegó la supresión solicitada. El Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
a
su
vez,
denegó
expedir
el
auto
de
certiorari para revisar la determinación del foro de instancia.
Inconforme
con
esta
determinación,
Ortiz
este Foro mediante petición de certiorari.
Rodríguez
acudió
ante
En su único señalamiento
nos plantea que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver
que los agentes del orden público no necesitaban obtener una orden
judicial para lograr acceso a las áreas comunes del edificio y desde
allí realizar gestiones investigativas. Así pues, la única controversia
que
tenemos
ante
nuestra
consideración
es
si
la
obtención
de
la
evidencia que dio base a la expedición de la orden de allanamiento fue
obtenida en violación de la Sección 10 del Art. II de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
II.
La
protección
constitucional
contra
registros,
allanamientos
e
incautaciones irrazonables que provee la Sección 10 del Art. II de la
12
Dispone el referido Art., en lo pertinente:
(a) Excepto en la forma autorizada en [esta Ley], será
ilegal
el
que
cualquier
persona,
a
sabiendas
o
intencionalmente:
(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte
o posea con la intención de fabricar, distribuir, dispensar,
transportar u ocultar una sustancia controlada;
CC-96-227
- 28 -
Constitución
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
tiene
como
finalidad proteger la intimidad de las personas frente a actuaciones
irrazonables
y
arbitrarias
por
parte
del
Estado.13
Pueblo
v.
Yip
Berríos, Opinión y Sentencia de 30 de enero de 1997, 142 D.P.R. ___
(1997); Pueblo v. Santiago Alicea, Opinión y Sentencia de 18 de abril
de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995). Véanse, 1 Ernesto L. Chiesa, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos 283 (1991); 1 Olga Elena
Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal 203 et seq. (1990). De
este modo, y conforme a vasta jurisprudencia sobre el tema, bajo la
Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución, al Estado le está
vedado
intervenir
consentimiento
del
con
la
intimidad
intervenido,
una
individual
orden
judicial
en
ausencia
basada
en
del
causa
probable, la existencia de motivos fundados para creer que la persona
con la que se intervendrá ha cometido o esté en vías de cometer un
delito, o circunstancias excepcionales que le impriman razonabilidad a
la gestión gubernamental.14
(2) Produzca, distribuya o dispense, transporte u oculte
o posea con la intención de distribuir o dispensar,
transportar u ocultar una sustancia falsificada.
13
El texto constitucional dispone, en lo pertinente:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de
sus personas, casas, papeles y efectos contra registros,
incautaciones y allanamientos irrazonables.
...
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros,
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello
únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento
o afirmación, describiendo particularmente el lugar a
registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a
ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será
inadmisible en los tribunales.
Const. de P.R., Art. II, Sección 10.
14
Así, por ejemplo, en el pasado hemos validado los registros
superficiales incidentales a un arresto válido, Pueblo v. Zayas
Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987); los registros efectuados ante
circunstancias
apremiantes para preservar evidencia, Pueblo v.
González Román, 110 D.P.R. 651 (1972), los registros tipo inventario,
Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991); y los registros e
incautaciones realizados en donde en el balance de los intereses
involucrados la gestión gubernamental resulta razonable, Pueblo v. Falú
Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Yip Berríos, supra.
CC-96-227
- 29 -
En Puerto Rico, como en Estados Unidos bajo la Cuarta Enmienda de
la Constitución federal,15 el criterio rector para determinar si existe
protección bajo la disposición constitucional es si quien la reclama
tiene una expectativa legítima a que su intimidad sea respetada según
las circunstancias específicas que rodean ese reclamo. E.L.A. v. P.R.
Telephone Company, 114 D.P.R. 394 (1983). Así pues, ese análisis no se
da en abstracto, se da en el contexto específico de los hechos que
rodean
la
intervención
estatal
que
ha
sido
impugnada,
ya
sea
un
intimidad
es
registro, un allanamiento o una incautación.
Para
evaluar
si
un
reclamo
de
expectativa
a
la
razonable, es necesario examinar varios factores, ninguno de los cuales
es determinante per se.
En este sentido, es preciso examinar: (1) el
lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de intrusión de
la intervención; (3) el objetivo o propósito de la intervención; (4) si
la
conducta
intimidad
de
la
persona
subjetiva;
(5)
indica
la
que
albergaba
existencia
de
una
barreras
expectativa
de
que
el
impidan
acceso o visibilidad del lugar; (6) el número de personas que tienen
acceso
al
lugar
relacionadas
con
en
el
cuestión;
lugar
(7)
registrado.
y
las
Pueblo
inhibiciones
v.
Rivera
sociales
Colón,
128
D.P.R. 672 (1991).
Asimismo, en el pasado hemos reconocido que la protección constitucional contra
registros y allanamientos irrazonables se extiende a las áreas contiguas o adyacentes
a una residencia ("curtilage"). Id. El fundamento para ello consiste en que tales
áreas de ordinario se asocian con la actividad íntima que ocurre dentro de una
residencia. Es posible, sin embargo, el acceso de agentes del Estado a esas áreas
comprendidas
dentro
del
"curtilage"
cuando
tales
áreas
"est[án]
implícitamente
abierta[s] al público, mas ello ha de hacerse con el propósito de conversar con los
ocupantes
de
la
residencia
o
preguntar
por
alguna
persona".
Pueblo
v.
Meléndez
Rodríguez, Opinión y Sentencia de 13 de junio de 1994, 136 D.P.R. ___ (1994) (énfasis
suplido). Véanse, Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974) (en donde resolvimos
que no constituye un registro ilegal la entrada de la Policía a los predios de una
residencia en aparente estado de abandono, rodeada de una cerca de madera sin candado
15
ámbito
Como se sabe, la Cuarta Enmienda Federal establece sólo el
mínimo de protección que los estados y Puerto Rico están
CC-96-227
- 30 -
para conversar con sus posibles ocupantes); Pueblo v. Alvarez Solares, 85 D.P.R. 789
(1968) (en donde resolvimos que no constituye un registro ilegal la entrada de un
agente del Estado a través de un portón sin candado para tocar en la puerta de entrada
de una residencia cuando intentaba encontrar a una persona).
Ahora
bien,
hemos
reconocido
que
"[a]quella
porción
de
los
pasillos
en
condominios o edificios de vivienda múltiple que conduce a la entrada de apartamentos
y,
en
especial,
el
área
inmediatamente
afuera
de
la
puerta
de
entrada
a
un
apartamento, es parte del curtilage de la vivienda próxima al mismo". Pueblo v.
Meléndez Rodríguez, supra. Fundamentamos esta conclusión en la convicción de que a
esas áreas se extiende la actividad íntima que se asocia al interior del apartamento.
Por tal razón, además, hemos reconocido que la entrada de funcionarios del orden
público a tales áreas comunes de un edificio de vivienda múltiple, constituye un
registro bajo la parámetros de la Sección 10 del Art. II cuando las circunstancias
revelan que quienes residen en el edificio poseen una expectativa a que su intimidad
en esas áreas sea respetada.
Fue a la luz de este razonamiento que en Pueblo v. Pérez Pérez,
115
D.P.R.
expectativa
827
(1984)
a
intimidad
la
reconocimos
como
realizado
en
razonable
el
contexto
un
de
reclamo
las
de
áreas
comunes de un edificio multipisos. Allí destacamos que “los pasillos de
los condominios no son calles de la ciudad, ni su garaje es menos
privado que el de otro tipo de hogar”.
Al así actuar reconocimos que
un reclamo de expectativa a la intimidad efectuado por un ciudadano que
reside en un edificio multipisos con relación a las áreas comunes del
mismo resulta razonable a un grado comparable con la expectativa a la
intimidad de los ciudadanos que residen en residencias particulares.
Asimismo, recientemente, reafirmamos nuestros pronunciamientos en
Pérez Pérez al extender la norma a las áreas comunes de residenciales
públicos.
De
afirmamos
que:
Pérez
Pérez,
tal
en
Pueblo
v.
Meléndez
“[r]ehusamos
limitar
las
protecciones
pasillos
y
[...]
modo,
a
los
áreas
Rodríguez,
comunes
supra,
consagradas
de
en
condominios
privados de acceso controlado. No podemos negárselas a los ciudadanos
que viven en los residenciales públicos de Puerto Rico”.
obligados a reconocer.
CC-96-227
- 31 -
Claro está, las diferencias funcionales entre áreas comunes y el
interior de un apartamento podrían conducir al reconocimiento de una
mayor protección constitucional dentro de los apartamentos que en el
contexto de las áreas comunes.
Este análisis, sin embargo, deberá
hacerse caso a caso.
Conforme a estos pronunciamientos, la norma en Puerto Rico ha sido
que la validez de la entrada de funcionarios del orden público a las
áreas comunes de un edificio multipisos supone la previa obtención de
una
orden
judicial
circunstancias
residentes
basada
apremiantes,
del
referido
en
o
el
causa
probable,
la
consentimiento
de
edificio.
Ausente
existencia
algunos
alguna
de
de
de
los
estas
circunstancias, la entrada de funcionarios del orden público a lugares
en
los
cuales
resulta
razonable
un
reclamo
de
expectativa
a
la
intimidad por una persona está prohibida por nuestra Constitución.
Con la anterior discusión en mente, examinemos la controversia
específica que tenemos ante nuestra consideración y lo resuelto en la
Opinión del Tribunal.
III.
A.
En el caso de autos, la controversia central es si la Policía
violó la disposición constitucional contra registros y allanamientos
irrazonables de nuestra Constitución al alquilar un apartamento de un
edificio multipisos para realizar gestiones investigativas dentro de
sus áreas comunes.
Al respecto, la Opinión resuelve que "[e]n el caso que nos ocupa,
mediante el arrendamiento, la policía validó su entrada a los elementos
de uso común del edificio". Opinión del Tribunal, a la pág. 21. Añade
"[e]se arrendamiento brindó a los agentes el mismo acceso a las áreas
comunes del condominio que le brindaría a cualquier otro arrendatario.
Entre éstos, entrar al ascensor, escaleras y otras áreas comunes del
edificio [...]". Opinión del Tribunal, a la pág. 18.
CC-96-227
- 32 -
En términos prácticos, esta afirmación reconoce que el interés
propietario adquirido por el Estado al arrendar le confiere derecho a
realizar gestiones investigativas en zonas que de otro modo no hubiese
podido
lograr
acceso
sin
la
obtención
de
una
consentimiento de alguno de los residentes.
orden
judicial
o
el
Dicho de otro modo, la
Opinión concluye que, en el caso de autos, el derecho de arrendamiento
obtenido con el fin de realizar gestiones investigativas le permite al
Estado evadir el requisito constitucional de obtener una orden judicial
basada en causa probable para intervenir con la ciudadanía en zonas en
las cuales puede resultar razonable un reclamo de expectativa a la
intimidad.
Los peligros de la conclusión mayoritaria son evidentes.
derecho
propietario
le
confiere
validez
jurídica
a
la
Si el
entrada
de
funcionarios del orden público a áreas en las cuales éstos sólo podrían
entrar
legítimamente
luego
de
obtener
una
orden
judicial
o
el
consentimiento de los inquilinos, el Estado podría lograr acceso con
fines exclusivamente investigativos no sólo al tipo de área común del
caso de autos, sino también a una habitación de un hospedaje o a una
vivienda múltiple con sólo alquilar un cuarto, o en algunos contextos
aún más extremos, una cama. Esta práctica representa un serio atentado
al
derecho
a
la
intimidad,
más
aún
ante
la
amplitud
de
los
pronunciamientos de la Opinión del Tribunal.
La expectativa de intimidad que razonablemente pueden reclamar las
personas que residen en un edificio multipisos
con relación a las
áreas comunes ha sido caracterizada como una expectativa a la intimidad
compartida
entre
sus
residentes.
Se
ha
destacado
que
no
se
trata
meramente de unos propietarios que comparten unas áreas comunes, sino
más bien de residentes de una misma casa que esperan que su intimidad
no sea violada por extraños. People v. Garriga, 596 N.Y.S.2d 25 (1993)
("[W]e
believed
that
the
officers
here,
by
entering
the
internal
hallways of the defendants' rooming house to find him engaged in a
criminal transaction, entered the defendant´s home in a constitutional
CC-96-227
- 33 -
sense"); Reardon v. Wroan, 811 F.2d 1025 (7th Cir.1987); State v. Titus,
707 So.2d 706 (1998) ("The mere fact that certain rooms traditionally
associated with a home are shared by rooming house residents does not
render the structure any less a home to those residents", a la pág.
708).
Cada titular de un cuarto de hospedaje o de un apartamento en un
edificio
de
vivienda
múltiple
tiene
un
interés
legítimo
en
que
la
integridad y seguridad de la totalidad de la estructura sea respetada
por los extraños. Véase, McDonalds v. U.S., 335 U.S. 451 (1948). Esto
significa que quienes residen en una estructura en la que comparten
distintas
áreas
o
en
edificios
multipisos
cuyas
particularidades
impiden que extraños penetren en él, esperan que sólo entren a los
pasillos y áreas comunes del edificio los residentes y sus invitados.
De este modo, de ordinario, resulta razonable un reclamo de expectativa
a la intimidad por parte de un titular legítimo con relación a los
pasillos y áreas comunes de un edificio cuyas particularidades físicas
denotan un interés de evitar la entrada de extraños (“tresspasers”).
Ciertamente, al concebirse tal expectativa a la intimidad como una
compartida entre los inquilinos, podría resultar irrazonable reclamarla
en las áreas comunes en relación a las personas que tienen acceso
legítimo a dichas áreas.
Sin embargo, se ha afirmado que: "There is
still a reasonable expectation of privacy as to those without a right
of access. The accused only assumes the risk that a person with a right
of access will disclose and not that the police will enter without
permission
of
common
users."
1
John
Wesley
Hall,
Jr.,
Search
and
Seizures Sec. 11.2 (2da ed. 1991).
Claro está, la protección de esas áreas supone un análisis caso a
caso, de forma tal que pueda examinarse la expectativa a la intimidad
subjetiva que existe por quienes comparten esas áreas para proteger
adecuadamente el derecho a la intimidad de la ciudadanía y la potestad
legítima del Estado de investigar el crimen.
CC-96-227
- 34 -
En el caso de autos, no podemos reconocer que el Estado legitimó
su entrada a las áreas comunes del edificio por el mero hecho de haber
arrendado un apartamento.
Hacerlo, sería reconocer implícitamente que
el Estado se hizo partícipe de ese ámbito de intimidad que comparten
los residentes del edificio y que los coloca en una situación común
frente a extraños.
Como se sabe, el derecho a la intimidad de la ciudadanía, para
propósitos de la Sección 10 del Art. II de la Constitución del Estado
Libre Asociado, de ordinario, se reconoce frente a actuaciones del
Estado.
Por
lo
tanto,
reconocer
que
al
alquilar
un
apartamento
el
Estado se convirtió para todos los propósitos en un arrendatario, con
derecho
de
acceso
a
las
áreas
comunes
del
edificio
constituye
un
contrasentido. El Estado no tiene derecho a la intimidad. Por lo tanto,
no puede ser copartícipe de la expectativa a la intimidad que poseen
los arrendatarios del edificio, que es en última instancia lo que le
confiere legitimidad a su presencia en las áreas comunes. Dicho de otro
modo, el Estado no dejó de ser extraño para los residentes del edificio
al arrendar el apartamento.
No negamos que la utilización de agentes encubiertos por parte del
Estado
constituye
una
gestión
válida
para
investigar
y
evitar
el
crimen. Sin embargo, la conclusión a la que llega hoy este Tribunal le
confiere primacía al derecho propietario que pudiera obtener el Estado
sobre el derecho a la intimidad de la ciudadanía, razonamiento que
resulta extraño aún bajo la protección constitucional mínima que los
estados y Puerto Rico vienen obligados a reconocer a las personas en el
contexto
de
la
protección
constitucional
incautaciones y allanamientos irrazonables.
contra
registros,
De este modo, bajo la
noción simplista de que "[n]i la Constitución ni la ley lo prohiben",
Opinión del Tribunal, a la pág. 18 (énfasis omitido), la Opinión del
Tribunal cansagra un serio atentado a dicha protección constitucional
al validar una práctica que pudiera generar arbitrariedad por parte de
los funcionarios estatales al intervenir con la intimidad individual.
CC-96-227
- 35 -
B.
Existen otras razones que impiden que refrendemos la Opinión del
Tribunal. En primer lugar, contrario a la tesis mayoritaria, en el caso
de autos la razonabilidad del reclamo a la expectativa a la intimidad
no
depende
de
la
naturaleza
de
las
actividades
—delictivas
o
no—
realizadas por el imputado Ortiz Rodríguez. Por ello, es incorrecta la
conclusión del Tribunal en términos de que “Ortiz Rodríguez no tenía
una
expectativa
escaleras
del
razonable
edificio
de
intimidad
mientras
los
sobre
utilizaba
los
pasillos
y
las
para
llevar
a
cabo
transacciones ilegales”. Opinión del Tribunal, a la pág. 10 (énfasis
omitido).
Esta
aseveración
soslaya
claros
preceptos
jurídicos
que
postulan que el hecho de que una persona esté realizando actividades
delictivas no hace irrazonable un reclamo de expectativa de intimidad.
Véase, Wayne R. LaFave, Search and Seizures sec. 2 (1996).
En
segundo
lugar,
la
lectura
de
la
Opinión
del
Tribunal
al
discutir la razonabilidad del reclamo de expectativa a la intimidad de
Ortiz Rodríguez crea la falsa impresión de que nos encontramos ante un
edificio al cual el público puede tener acceso fácilmente. Se trata de
un edificio que tiene un portón de entrada principal que permanece
cerrado bajo llave. Sólo los inquilinos y sus invitados tienen acceso
al edificio. Ningún extraño, ni funcionario del orden público puede
entrar al edificio a menos que obtenga el consentimiento de alguno de
los residentes. Este dato ha sido considerado por diversos tribunales
como justificación adecuada para concluir que los residentes de un
edificio poseen una expectativa razonable a la intimidad en las áreas
comunes del edificio. Véanse, U.S. v. Carriger 541 F.2d 545 (6to Cir.
1976); U.S. v. Fluker, 543 F.2d 709 (9no Cir. 1976); U.S. v. Case, 435
F.2d 766 (7mo Cir 1970); U.S. v. Blank, 251 F.Supp. 166 (1966); People
v.
Trull,
380
N.E.2d
1169
(1978)
("[W]e
conclude
that
the
common
entries and hallways of a locked apartment building are protected by
the fourth
amendment"). Véanse además, People v. Farrow, 642 N.Y.S.2d
473 (1996) ("In this case there is no evidence to support a finding
CC-96-227
- 36 -
that the front door was locked or that ingress was limited to tenants
or authorized individuals via a doorman or some other means such as
signs or other posted notices", a la pág. 712). State v. Batista, 524
So.2d 481 (1988) ("[N]o resident of the unlocked and unsecured premises
[of the] apartment building in the present case could have had [...] a
reasonable expectation [to privacy] in shared areas", a la pág. 482).
Todo lo anterior, impide que refrendemos la Opinión del Tribunal.
Aún así, estimamos, que a la luz de los hechos específicos que tenemos
ante nuestra consideración, las declaraciones juradas que tuvo el juez
ante
sí
proveían
observaciones
de
la
suficientes
Policía
en
elementos
las
áreas
independientes
comunes
del
a
las
edificio
que
validan la expedición de la orden de allanamiento contra el apartamento
de Ortiz Rodríguez. Elaboremos.
IV.
Surge de los autos del caso que además de la vigilancia en el interior del
edificio, al cual la Policía logró acceso al alquilar el apartamento, la Policía
realizó amplia vigilancia en el exterior del mismo y en las vías públicas del país. En
este sentido, los funcionarios del orden público investigaron las actividades de Ortiz
Rodríguez en áreas públicas. Así por ejemplo, consta en la orden de allanamiento los
siguientes hechos que a nuestro juicio configuran el quantum de prueba necesario para
la expedición de la orden de allanamiento, aún si excluimos el testimonio en torno a
lo observado por los agentes en el interior del edificio.
Mediante declaración jurada, expresó el agente Berríos que el día
17 de mayo de 1995 se encontraba vigilando el edificio en donde residía
el
imputado.
imputado
Mientras
salió
del
lo
hacía,
edificio
con
entre
una
otras
bolsa
de
cosas,
observó
que
color
blanco.
Narró,
además, que:
pud[o] observar que [el imputado] abordó su vehículo [por lo
que] [...]proced[ió] a darle seguimiento hasta que llegó al
Residencial Luis Lloréns Torres. Que al llegar frente al
Edificio # 33, estacionó su vehículo y se desmontó del mismo
y [el agente Berríos pudo] observar que éste [Ortiz
Rodríguez]
cargaba
la
misma
bolsa
que
había
visto
anteriormente. Que al llegar frente a un grupo de personas
que estaban frente al Edificio # 33, los cuales aparentaban
ser adictos a drogas, sacó de la bolsa color blanco, una
bolsa plástica transparente bastante grande, la cual contenía
en su interior lo que aparentaba ser envolturas pequeñas
color azul claro parecidas a las utilizadas para empacar la
el
CC-96-227
- 37 -
sustancia controlada c/p Heroína. Este le entregó la bolsa a
una de las personas que estaban en el grupo y contin[uó el
agente] la marcha para no ser detectado. Que al pasar
nuevamente, [el agente pudo] [...] observar que c/p Toño
Gorila [Ortiz Rodríguez] tenía en sus manos lo que aparentaba
ser dinero y éste caminó hacia el interior del Edificio # 33,
hasta perderlo de vista. Apéndice de la Petición de
Certiorari, a la pág. 60.
Asimismo,
consta
en
la
orden
de
allanamiento
que
ante
el
Magistrado de instancia desfiló prueba en términos de que el 24 de mayo
de 1995 el agente Berríos observó que Ortiz Rodríguez salió en horas de
la tarde del edificio en donde residía, y:
[...] abord[ó] su vehículo y comenzó a retirarse del lugar.
Que inmediatamente, le inform[ó] lo sucedido al Agente Padró
y éste optó por quedarse en el lugar y [el agente Berríos]
comenzó a darle seguimiento al vehículo Mitsubishi, rojo.
Este se dirigió nuevamente como si fuera al Residencial Luis
Lloréns Torres, perdiéndolo de vista. Que al llegar al
residencial, el agente se dirigió al Edificio #33 y pud[o]
observar que el vehículo Mitsubishi, rojo estaba estacionado
frente al mismo y que c/p Toño se encontraba reunido con
otras personas y éste sostenía la misma bolsa que el agente
había visto anteriormente, la cual contenía algo en su
interior parecido a envolturas color anaranjado, las cuales
son utilizadas para endecar la sustancia controlada c/p
Heroína.
Que [el agente] continu[ó] la marcha para no ser
detectado, retirándose del lugar. Id.
Como puede apreciarse, estas observaciones configuran un cuadro de
hechos que parece revelar un patrón de transacciones ilegales que ubica
al
apartamento
de
Ortiz
Rodríguez
como
lugar
de
almacenamiento
de
sustancias controladas. En este sentido, los agentes, desde el exterior
del
edificio,
observaron
que,
en
varias
ocasiones,
Ortiz
Rodríguez
salió del interior del mismo en donde tenía su apartamento con bultos o
bolsas,
y
se
dirigía
a
otros
lugares
a
realizar
transacciones
con
sustancias controladas.
En el caso de autos, no se trata de una situación en la que se
expide una orden de registro de un apartamento cuando el agente del
Estado que declara ante el magistrado que expide la orden sólo tiene
motivos fundados para arrestar a una persona que de forma casual entra
a
un
apartamento
como
ocurrió
y
rechazamos
en
Pueblo
v.
Santiago
Alicea, Opinión y Sentencia de 2 de diciembre de 1998; ___D.P.R.___
(1998).
Contrario
a
éste,
en
el
presente
caso
hay
observaciones
CC-96-227
- 38 -
precisas, independientes a las observadas en el interior del edificio,
que razonablemente sugieren que Ortiz Rodríguez, el propietario del
apartamento en el cual fue diligenciada la orden de registro, utilizaba
su apartamento para almacenar sustancias controladas.
Estimamos que esa prueba configura base suficiente para expedir la
orden de registro del apartamento de Ortiz Rodríguez por lo que en
apelación no debemos alterar la determinación del foro de instancia.
Véase, 1 Ernesto L. Chiesa, supra, a la pág. 370. Por ello, estimamos
que no erró el foro de instancia al expedir la orden impugnada ante
nos, ni el foro apelativo al denegar la expedición del recurso de
certiorari solicitado por Ortiz Rodríguez.
Federico Hernández Denton
Juez Asociado