LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

BIRD CONSTRUCTION CORP. V. AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

2000 TSPR 189

Poder Judicial de Puerto Rico

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BIRD CONSTRUCTION CORP. V. AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

CC-2000-504

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bird Construction Corp.

Recurrida

v.

Certiorari

2000 TSPR 189

Autoridad de Energía Eléctrica

Peticionaria

Número del Caso: CC-2000-504

Fecha: 20/diciembre/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Guillermo Arbona Lago

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan A. Arsuaga Alvarez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Fernando Barnés Vélez

Lcda. Rebeca Barnés Rosich

Materia: Revisión Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bird Construction Corp.

Recurrida

vs.

CC-2000-504

CERTIORARI

Autoridad de Energía Eléctrica

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2000

El 1ro. de agosto de 1996 la Autoridad de Energía Eléctrica --en

adelante, A.E.E.-- y Bird Construction Company --en adelante, Bird-otorgaron un contrato de ejecución de obra mediante el cual esta última

se obligaba a construir un edificio de oficinas en Santurce para la

A.E.E. En la cláusula 4.5 del documento que evidencia dicho contrato

consta el acuerdo de las partes de someter a arbitraje cualquier disputa

que surgiera con relación a la ejecución del mismo. Textualmente, en

dicha cláusula se dispuso que:

“Any controversy or Claim arising out of or

related to the Contract, or the breach thereof, shall

be settled

by arbitration in accordance with the

Construction Industry Arbitration Rules of the American

Arbitration Association,

3

CC-2000-504

and judgment upon the award rendered by the arbitrator or

arbitrators may be entered in any court having jurisdiction

thereof, except controversies or Claims relating to aesthetic

effect and except those waived as provided for in Subparagraph

4.3.5. Such controversies or Claims upon which the Architect

has given notice and rendered a decision as provided in

Subparagraph 4.4.4 shall be subject to arbitration upon written

demand of either party. Arbitration may be commenced when 45

days have passed after a Claim has been referred to the Architect

as provided in Paragraph 4.3 and no decision has been rendered.

[. . .]

4.5.6 Claims and Timely Assertion of Claims. A party who

files a notice of demand for arbitration must assert in the

demand all Claims then known to that party on which arbitration

is permitted to be demanded. When a party fails to include a

Claim through oversight, inadvertence or excusable neglect, or

when a Claim has matured or been acquired subsequently, the

arbitrator or arbitrators may permit amendment.

4.5.7 Judgment on Final Award. The award rendered by the

arbitrator or arbitrators shall be final, and judgment may be

entered upon it in accordance with applicable law in any court

having jurisdiction thereof.”

Al amparo de dicha cláusula, y debido a ciertas controversias surgidas

entre las partes durante la construcción de la obra, el 25 de febrero de

1999, Bird instó una reclamación ante la Asociación Americana de Arbitraje.

La naturaleza de la disputa fue descrita en el documento titulado “Fifth

Ammended Demand for Arbitration”

en los siguientes términos:

“The construction of the project has been affected by

numerous changes in the work which have represented additional

costs, additional time required, and delay damages to Bird and

its subcontractors. Although, Bird has proceeded to perform the

work required in said changes, Bird and PREPA have not been able

to reach an agreement on the time and money that should be

apportioned to each of the proposed change orders (P.C.O.) in

controversy. All the P.C.O.’s submitted by Bird to PREPA,

included in this demand for arbitration, have been rejected by

PREPA as submitted, under the argument, either that the work

referred to was part of the original contract, or that its

reasonable value is only a fraction of the amount claimed by

Bird. There are some controversies which are mature, as of

today, and others which will probably mature in the near future,

and which will be added to the present arbitration

procedure.[...]”

Entre los remedios solicitados por Bird a la autoridad arbitral,

constaba su petición de que se declarara que no había incurrido en

incumplimiento, que la notificación de incumplimiento que le había hecho

la A.E.E. estaba errada y que tenía derecho a indemnización por daños.

4

CC-2000-504

En cambio, por medio de una reconvención, y enmienda a la misma, del

19 de marzo de 1999, la A.E.E. reclamó contra Bird:

-la reducción de su obligación de pagar por concepto de

modificaciones en labor y tiempo;

-la indemnización por daños causados al edificio anexo,

cuantificada en setecientos mil dólares ($700,000.00) como

consecuencia, alegadamente, de la negligencia de Bird en su

obligación de proteger la estructura contra daños y vandalismo;

-la indemnización por daños debido a la mora en la entrega

del proyecto;

-la indemnización por gastos en que tendría que incurrir

para corregir defectos en la obra atribuibles, alegadamente,

a Bird.

Estando pendiente dicha controversia ante la Asociación Americana de

Arbitraje, el 24 de agosto de 1999, el Jefe de la División de Suministros

de la A.E.E., Cesar I. Aldarondo Vélez, le notificó a Bird, mediante carta,

que había eliminado su nombre del Registro de Proveedores de la A.E.E..

Justificó dicha actuación en los siguientes términos:

“El Capítulo III, sección 3, artículo B, inciso 1a y 1b,

del Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía Eléctrica

(A.E.E.), establece lo siguiente:

1.

“Un proveedor que haya ingresado previamente al Registro

de Proveedores de la A.E.E., puede ser eliminado del mismo

por varias razones, entre las cuales se encuentran las

siguientes:

a.

“su patrón de conducta afecta los mejores intereses

de la A.E.E.”

b.

“incumplimiento contractual”

La experiencia con su compañía durante la construcción

del Nuevo Edificio de Oficinas en Santurce, no está a tono con

lo esperado en nuestro Reglamento. Las siguientes acciones han

afectado la realización del proyecto:

1.

Atraso del proyecto de aproximadamente siete (7) meses

provocado por el Contratista, lo que constituye un

incumplimiento contractual.

2.

Negativa a reconocer créditos a la A.E.E.

3.

Reclamos

irreales

del

Contratista

en

“extended

overhead”, acción reñida con la práctica en la industria.

4.

Retos continuos a la inspección de la A.E.E.

5.

Daños provocados por inundaciones al Edificio Anexo

ascendentes a unos $700,000 por no cumplir con lo

establecido en el contrato.”

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5

En dicha carta, el Jefe de la División de Suministros le señaló a Bird

que tendría un “término de 30 días para apelar ante el Jefe de la División

de Suministros”. Es decir, ante él mismo. El 22 de septiembre de 1999 Bird

“apeló” dicha determinación tal como le habían indicado. El 6 de octubre

fue denegada su petición y se le “instruyó” en relación al proceso que

alegadamente debía seguir en revisión de la determinación del Jefe de la

División de Suministros. Con ese objetivo, en la carta denegando la petición

de Bird, se le informó que:

“Tiene un término de 20 días para presentar una Moción

de Reconsideración. La A.E.E. se entenderá notificada de la

Solicitud de Revisión, únicamente por radicación del mismo ante

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos, Oficina 419,

Edificio Luchetti, Ave. Ponce de León 1110, Parada 17, Santurce,

P.R. o mediante correo de los E.U.A. dirigido únicamente al

apartado 363928, San Juan, P.R. 00936-3928. Las radicaciones

efectuadas fuera de lugar o apartado mencionado se tendrán por

no sometidas.”

De esa determinación de la agencia, el 27 de octubre de 1999, Bird

recurrió mediante recurso de revisión al Tribunal de Circuito de Apelaciones

imputándole a la A.E.E. la comisión de cuatro errores.1

El 24 de noviembre de 1999, la A.E.E. solicitó la desestimación del

recurso de revisión alegando falta de jurisdicción por la supuesta violación

a la doctrina de agotamiento de los recursos administrativos. Alegó, además,

que la determinación que se pretendía revisar era de carácter inicial y no

1

Alegó que erró la A.E.E. al suspender a Bird Construction Corp.

del Registro de Proveedores por cuanto:

-“[...] ello constituye una suspensión y/o exclusión

de licitar no autorizada por su Ley Habilitadora, por

lo cual la agencia carece del poder delegado para

ejercitar dicha acción.”

-“[...] no existe base racional para dicha

determinación resultando la misma en una actuación

arbitraria, caprichosa e irrazonable.”

-“[...] dicha decisión se tomó sin garantizar a la

peticionaria un debido proceso de ley.”

-“[...] el Reglamento bajo el cual se tomó la decisión

adolece de vaguedad de tal forma que, tanto de su faz,

como en su aplicación en el presente caso, resulta

arbitrario y caprichoso.”

6

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una final, con lo cual el Tribunal de Circuito de Apelaciones carecía de

jurisdicción para expedir el recurso.

El 31 de marzo de 2000 el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó

sentencia expidiendo el recurso de revisión y revocando la decisión

administrativa que excluía a Bird del Registro de Proveedores de la A.E.E.

Inconforme con dicha sentencia recurrió ante este Tribunal la A.E.E.,

alegando que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al:

-[...] asumir jurisdicción en el caso a pesar de que no

se habían agotado los remedios administrativos;

-[...] determinar que se había violado el debido proceso

de ley al no darse una notificación diáfana para el

entendimiento del lego;

-[...] determinar que la Autoridad había anticipado el

resultado del proceso de arbitraje en forma “ex parte” para

utilizarlo como punta de lanza y a destiempo en la eliminación

de Bird del Registro de Proveedores.

Examinada la solicitud de certiorari, y sus anejos, radicada por la

A.E.E. concedimos a Bird Construction Corp. el término de veinte (20) días

para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dictar

sentencia revocatoria de la emitida en este caso por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones.

Contando con la comparecencia de ambas partes resolvemos según lo

intimado.

I

Dentro del campo administrativo priva la norma de que los tribunales

han de mantener una actitud de deferencia al cauce que provea la agencia

para la solución de las controversias que se le presenten. Ante la ausencia

de una clara demostración de daño irreparable y la ausencia de remedio

adecuado,

debe

prevalecer

la

doctrina

de

agotamiento

de

recursos

administrativos. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Otero

Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); Mari v. Vicéns, 67 D.P.R.

473 (1947). Universidad del Turabo v. L.A.I., 126 DPR 497 (1990).

Recordemos que dicha doctrina, incorporada a nivel estatutario a

través de la Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,

3

L.P.R.A.

Sec.

2173,

atañe

a

la

etapa

dentro

del

procedimiento

administrativo en la cual los tribunales deben intervenir y ejercer su

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7

función revisora. Colón Ventura v. Méndez, 130 D.P.R. 433 (1992). Aguilú

Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988). "El agotamiento

contempla una situación en que alguna acción administrativa ha comenzado,

pero aún no ha finalizado[.]". Bernard Schwartz, Administrative Law Sec.

8.26, a la pág. 525 (3rd ed. 1991). Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo,

res. el 28 de junio de 1996, 141 D.P.R.__ (1996).

No se trata de que el Tribunal carezca de jurisdicción, sino de que

en deferencia al trámite administrativo, debe abstenerse de ejercerla hasta

tanto el mismo finalice.

Por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3

L.P.R.A Sec. 2172, dispone que:

“[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolución

final de una agencia y que haya agotado todos los remedios

provistos por la agencia o por el organismo administrativo

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de

revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro

de un término de 30 días contados a partir de la fecha del archivo

en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución

final de la agencia [...]”. (Enfasis suplido.)

Esta Ley claramente requiere, de forma jurisdiccional, que la orden

o resolución sobre la cual se solicita revisión, sea final. Obviamente, una

orden o resolución final es aquélla emitida por la última autoridad decisoria

o adjudicativa de la agencia administrativa. En los casos de la A.E.E., la

autoridad adjudicativa final no es su División de Suministros, sino la

Secretaría de Procedimientos Adjudicativos, conforme al Reglamento para la

Adjudicación de Querellas, aprobado por dicha agencia. Título 22 de

Reglamentos de Puerto Rico, Secs. 630.1, et seq. Dicho reglamento provee

para la adjudicación de querellas administrativas mediante la concesión de

un procedimiento adjudicativo formal conforme a las exigencias del debido

proceso de ley. Las decisiones finales de la Secretaría de Procedimientos

Adjudicativos, luego, pueden estar sujetas a un proceso de reconsideración

--cuya solicitud es de carácter jurisdiccional según los términos de su

reglamento-- y, posteriormente, están sujetas al proceso de revisión

judicial.

8

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II

En el caso de autos, Bird no recurrió al proceso formal de adjudicación

de la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la A.E.E.. Decidió

recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones en revisión de una

determinación que, a todas luces, no es final dentro de la A.E.E.. La decisión

del Director del Departamento de Suministros estaba sujeta a apelación,

mediante querella, ante dicha Secretaría de Procedimientos Adjudicativos.

En vista de que Bird no recurrió al tribunal apelativo intermedio en revisión

de una resolución final de la agencia administrativa, forzoso resulta

concluir que dicho tribunal carecía de jurisdicción para resolver la

controversia

pues

según

los

términos

de

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme, sólo puede recurrirse en revisión ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones con motivo de una orden o resolución final

administrativa.

En fin, el tribunal apelativo debió denegar el recurso de revisión

instado por Bird, pues la jerarquía adjudicativa de la A.E.E. dispone para

que las determinaciones adjudicativas finales del Jefe de la División de

Suministros

sean

apelables

ante

la

Secretaría

de

Procedimientos

Adjudicativos de la A.E.E. En el caso de autos Bird estaba obligado a agotar

dicho remedio administrativo, lo cual no hizo. Sin embargo, otra razón abona

a la conclusión de que la controversia no debió adjudicarse en el tribunal

apelativo: la vigencia del proceso arbitral.2

III

Nuestro ordenamiento legal dispone que "[d]os o más partes podrán

convenir por escrito en someter a arbitraje [...] cualquier controversia

2

Se ha dicho que:

“If one party to an arbitration commences litigation

against the other this does not terminate the arbitration nor

prevent the arbitrator from continuing to give directions which

require compliance. He could make no valid award on matters

covered by the litigation without the parties’ consent but there

is nothing to prevent their giving it. See Lloyd v. Wright, 2

All ER 969, (CA).

Similarly, the grant of a stay does not terminate the

action but simply puts it in cold storage; the existence of an

arbitration agreement operates as a reason for the court not

9

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que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del

convenio de someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito

una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia

que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con

el mismo.

Tal convenio será válido, exigible e irrevocable salvo por los

fundamentos que existieran en derecho para la revocación de cualquier

convenio". 32 L.P.R.A. sec. 3201.

En McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970),

expresamos que existe una fuerte política en favor del arbitraje y que toda

duda respecto a la existencia o no de dicho procedimiento debe resolverse

a su favor. Así lo reafirmamos recientemente en PaineWebber, Inc. V. Service

Concept, Inc., res. el 13 de junio de 2000, 2000 TSPR 85, y en World Films,

Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352 (1990).

En U.C.P.R. v. Triangle Engeneering Corp., 136 D.P.R. 133 (1994),

expusimos que ante un convenio de arbitraje lo prudencial es la abstención

judicial, aunque esa intervención no esté vedada. La propia ley dispone que:

"[s]i cualquiera de las partes de un convenio escrito de

arbitraje incoare acción u otro recurso en derecho, el tribunal

ante el cual dicha acción o recurso estuviere pendiente, una

vez satisfecha de que cualquier controversia envuelta en dicha

acción o recurso puede someterse a arbitraje al amparo de dicho

convenio, dictará, a moción de cualquiera de las partes del

convenio de arbitraje, la suspensión de la acción o recurso

hasta tanto se haya procedido el arbitraje de conformidad con

el convenio". 32 L.P.R.A. sec. 3203.

El

interés

solucionar

estatal

disputas

se

en

ve

promover

el

arbitraje

reflejado,

además,

en

como

la

método

para

presunción

de

arbitrabilidad cuando el contrato tiene una cláusula de arbitraje. En esas

circunstancias, las dudas deben resolverse a favor de dicha cobertura. AT&T

Technologies, Inc. v. Communications Workers, 475 U.S. 643, 650 (1985).

Además de esa presunción, hay un interés de promover las cláusulas

de arbitraje contractuales. AT&T Technologies, Inc. v. Communications

Workers, ante. "Es un corolario necesario del principio de que 'el arbitraje

es una materia de contrato' pues cuando las partes han provisto que un tipo

particular de disputa debería ser arreglada en arbitraje, en lugar de en

to exercise its jurisdiction.” Arbitration: Law and Practice,

10

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litigación, un tribunal no vulnerará dicho acuerdo decidiendo por sí mismo

la disputa."

(Traducción nuestra.) Nat. R. Passenger Corp. v. Boston and

Maine Corp., 850 F.2d 756, 759 (Cir. D.C. 1988), citado en World Films, Inc.

v. Paramount Pict.

Corp., ante.

En vista de ello, el correcto proceder de las partes en el caso de

autos es el de ceñirse al procedimiento de arbitraje expresamente pactado,

ya que la controversia surgida con relación a la eliminación de Bird de la

lista de suplidores es una relacionada con la ejecución del contrato y, por

lo

tanto,

arbitrable

según

la

cláusula

que

dispone

que

cualquier

controversia relacionada al contrato o a su quebrantamiento se resolverá

por medio de arbitraje. Con mayor razón debieron proceder de esta forma si

partimos del hecho de que ya habían activado el proceso arbitral para la

adjudicación de las controversias existentes con relación al contrato que

las vinculaba.

Al recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones estaban litigando

un asunto que era arbitrable según la cláusula contractual y, sobre todo,

que necesariamente llevarían al Tribunal, en el proceso de revisión, a hacer

determinaciones de hechos sobre materias posiblemente idénticas a las que

estaban ante la atención de un árbitro y sobre las cuales el mismo emitiría

conclusiones que sustentarían su laudo. Esto redundaría en la indeseable

situación de que las partes en el proceso arbitral, simultáneamente tendrían

que litigar lo mismo en un pleito judicial o en un proceso administrativo,

con la posibilidad de que se obtuvieran resultados contradictorios y se

encareciera la solución de las controversias. Es evidente que la actuación

administrativa de la A.E.E. que motivó el caso de autos descansa en

determinaciones de hechos que a su vez, son materia sobre la cual el árbitro

ha de expresarse en el proceso de adjudicación de la “demanda” y la

“reconvención” arbitral:

- si el contratista incurrió en mora;

- si las cuantías adeudadas son las que alegan las partes;

- si la obra se construyó conforme a lo pactado;

Rowland, Peter M.B., 1988, Pág. 8.

11

CC-2000-504

- si el Edificio Anexo

negligencia de Bird.

sufrió

daño

por

causa

de

la

En fin, el proceso administrativo y la supuesta revisión judicial

realmente versaban sobre asuntos que estaban sometidos a la adjudicación

arbitral. Ventilar la controversia en tales foros equivale a propiciar el

potencial de conflictos en la adjudicación de derechos y obligaciones.

En atención a nuestra fuerte política pública a favor de la eficacia

de las cláusulas contractuales de arbitraje, al hecho de que ya se había

iniciado dicho proceso arbitral en el caso de autos, y al ideal de promover

la más rápida y económica solución a las controversias existentes entre las

partes, éstas debieron limitarse a hacer efectivo y concluir el proceso de

arbitraje, previo a cualquier otra actuación administrativa o judicial.

IV

En vista de que, por los fundamentos antes expresados, el Tribunal

de Circuito de Apelaciones carecía de jurisdicción para acoger el recurso

de revisión del cual se recurre en este caso, procede dictar Sentencia

revocatoria de la dictada por dicho Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Bird Construction Corp.

Recurrida

vs.

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CERTIORARI

Autoridad de Energía Eléctrica

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se expide el auto y se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por

el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton disiente de

la Opinión del Tribunal por entender que la Sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones es esencialmente correcta y debió ser confirmada.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene. La Juez Asociada señora

Naveira de Rodón no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo