LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EMILIO PENA FONSECA Y OTRA V. EMIBEL PENA RODRIGUEZ Y SAMUEL CAPO GOMEZ

2000 TSPR 186

Poder Judicial de Puerto Rico

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EMILIO PENA FONSECA Y OTRA V. EMIBEL PENA RODRIGUEZ Y SAMUEL CAPO GOMEZ

CC-97-731 y CC-97-734

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Emilio Pena Fonseca y

Elizabeth Rodríguez Rivera

Demandantes-Peticionarios

v.

Emibel Pena Rodríguez y

Samuel Capó Gómez

Demandados-Recurridos

_______________________________________

Emilio Pena Fonseca y

Elizabeth Rodríguez Rivera

Demandantes-Recuridos

Certiorari

2000 TSPR 186

v.

Emibel Pena Rodríguez y

Samuel Capó Gómez

Recurridos

v.

Procuradora Especial de

Relaciones de Familia

Peticionaria

Número del Caso: CC-97-731

CC-97-734

Fecha: 15/diciembre/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II

Juez Ponente: Hon. José E. Broco Oliveras

Abogado de la Parte Demandantes-Peticionarios: Por Derecho Propio

Abogado de la Parte Demandados-Recurridos: Lcdo. Fidel E. Vélez Arcelay

Oficina del Procurador General:

Lcda. Edda Serrano Blasini

Abogado del Departamento de la Familia: Lcdo. Carlos Pérez Rodríguez

Materia: Custodia y Privación de Patria Potestad

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Emilio Pena Fonseca y

Elizabeth Rodríguez Rivera

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Demandantes-Peticionarios

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v.

Emibel Pena Rodríguez y

Samuel Capó Gómez

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Demandados-Recurridos

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Emilio Pena Fonseca y Elizabeth

Rodríguez Rivera

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Demandantes-Recurridos

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CC-97-731

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CC-97-734

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v.

Emibel Pena Rodríguez y

Samuel Capó Gómez

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Recurridos

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Procuradora Especial de

Relaciones de Familia

Peticionaria

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SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2000.

El 23 de febrero de 1996, los esposos Emilio Pena Fonseca y Elizabeth

Rodríguez Rivera (en lo sucesivo los demandantes) presentaron demanda contra

los esposos Samuel Capó Gómez y Emibel Pena Rodríguez (en lo sucesivo los

demandados).1 El eje de la controversia lo constituyen los tres (3) hijos de

los últimos y, a su vez, nietos de los primeros. Los demandantes alegaron que

Capó Gómez, además de representar un mal ejemplo para los menores, los

maltrataba. Así también, le imputaron negligencia a su hija Emibel por no hacer

gestión alguna para mejorar la situación. En vista de lo cual, los demandantes

solicitaron la custodia permanente y tutela de los tres niños, así como la

privación de la patria potestad de los demandados sobre los menores.

Por otra parte, el 8 de abril de 1996, los demandados, en su contestación,

negaron los hechos alegados y, a su vez, presentaron una reconvención. En esta

última, adujeron, en síntesis, que el pleito incoado era otro intento de los

demandantes, con el propósito de acosarlos, coaccionarlos y acusarlos

falsamente.

Luego de varios señalamientos e incidentes procesales, la controversia

quedó trabada cuando los demandantes, como parte del descubrimiento de prueba,

solicitaron la evaluación psicológica de los menores por un perito privado,

así como la toma de deposiciones a los funcionarios del Departamento de la

Familia a cargo de la investigación del caso. El Tribunal de Primera Instancia

denegó tales peticiones.

Inconformes, los demandantes acudieron, mediante recurso de certiorari,

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 29 de agosto de 1997 dicho

foro denegó la toma de deposiciones de los funcionarios del Departamento de

la Familia pero autorizó las evaluaciones psicológicas a los menores por

peritos privados. Oportunamente, tanto los demandantes como la Procuradora

1

La Sra. Emibel Pena Rodríguez es hija de los demandantes.

Especial de Relaciones de Familia, presentaron mociones de reconsideración,

las cuales fueron rechazadas por el foro apelativo intermedio.

En vista de ello, los demandantes y la Procuradora Especial de Relaciones

de Familia acudieron ante nos, vía certiorari, impugnando la sentencia del

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Los primeros solicitaron revisión de la

denegatoria de la toma de deposiciones; mientras que, la Procuradora de

Especial de Relaciones de Familia solicitó la revocación de la autorización

de las pruebas psicológicas a los menores.

Tras consolidar los recursos y evaluar los planteamientos esgrimidos por

las partes, revocamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones

y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para los procedimientos

correspondientes. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia

determinará si la información a ser obtenida mediante la toma de deposiciones

es necesaria para la resolución de la controversia y si la divulgación de dicha

información no milita contra los mejores intereses de los menores. De concluir

que la información es necesaria y que su divulgación no atenta contra los

mejores intereses de los menores, el tribunal determinará la información sobre

la cual los funcionarios pueden ser depuestos. De lo contrario, el tribunal

denegará la toma de las deposiciones. En segundo lugar, previa evaluación

psicológica de los menores por un perito del Tribunal, el Tribunal de Primera

Instancia permitirá, a su discreción, evaluaciones psicológicas adicionales

realizadas por peritos privados, de así solicitárselo la parte interesada y

demostrar la necesidad de las mismas.

Lo pronuncia, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del Río emite Opinión de Conformidad

a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera Pérez; el Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri está conforme con la parte de la sentencia relacionada con

las pruebas psicológicas a los menores, pero disiente en lo relativo a las

deposiciones, por cuanto ordenaría la toma de las mismas sin trámite ulterior;

el Juez Presidente señor Andréu García disiente sin opinión escrita; y el Juez

Asociado señor Rebollo López no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Emilio Pena Fonseca y

Elizabeth Rodríguez Rivera

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Demandantes-Peticionarios

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v.

Emibel Pena Rodríguez y

Samuel Capó Gómez

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Demandados-Recurridos

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Emilio Pena Fonseca y Elizabeth

Rodríguez Rivera

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Demandantes-Recurridos

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CC-97-731

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CC-97-734

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v.

Emibel Pena Rodríguez y

Samuel Capó Gómez

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Recurridos

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Procuradora Especial de

Relaciones de Familia

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Peticionaria

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Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río a la cual se une

el Juez Asociado señor Rivera Pérez

San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2000.

El caso de autos trata sobre un triste drama que data desde el año 1996, en el que los

padres y los abuelos maternos están enfrascados en una lucha interminable por la custodia

de tres menores de edad, quienes son las víctimas en esta lamentable situación. Este caso

presenta dos controversias, a saber: primera, si los abuelos tienen derecho a deponer a los

funcionarios del Departamento de la Familia (en adelante Departamento) encargados de la

investigación sobre una alegación de los abuelos de maltrato contra los padres de los menores,

a pesar del privilegio consejero-víctima de delito; y, segunda, si los menores deben ser

evaluados por un perito privado, a pesar de que hay un perito designado por el tribunal.

I

El señor Emilio Pena Fonseca y la señora Elizabeth Rodríguez Rivera (en adelante los

demandantes), abuelos maternos de los menores, incoaron el 23 de febrero de 1996 una demanda

contra su hija, Emibel Pena Rodríguez, y su yerno, Samuel Capó Gómez (en adelante los

demandados).2 Los demandantes adujeron que tenían la custodia física de los menores C.A.C.P.

y S.E.C.P.3 por orden de la Hon. Juez María J. Busó Aboy, quien determinó causa probable contra

2

El 8 de abril de 1996 los demandados presentaron su contestación a la demanda,

así como una reconvención.

3

Los demandados, que están casados entre sí, procrearon a C.A.C.P., nacido

el 11 de agosto de 1992; a S.E.C.P., nacido el 5 de junio de 1993; y a M.A.C.P.,

nacido el 11 de marzo de 1995.

el demandado Samuel Capó por el cargo de agresión agravada contra su hijo C.A.C.P., 4 en

contravención al Art. 95 del Código Penal de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. sec. 4032. La orden

sobre custodia provisional no se hizo constar por escrito. Los demandantes no sólo alegaron

que el demandado Samuel Capó Gómez maltrataba y le daba mal ejemplo a sus hijos sino también

que su hija, la demandada Emibel Pena Rodríguez, había sido negligente al no realizar gestión

alguna para aliviar dicha situación. Por último, solicitaron que se les concediera la custodia

permanente de los niños, que se les designara tutores y que se privara a los demandados de

la patria potestad sobre los menores.5

Debido a lo apremiante de la situación, la Hon. Ileana Bonet Fernández,

Juez, señaló vista urgente para el 26 de febrero de 1996. El tribunal designó

a la Lcda. Sandra Valentín y a la Lcda. Edda Serrano Blasini, Procuradoras

de Relaciones de Familia, como Defensoras Judiciales de los menores.6 En la

vista, testificó la trabajadora social María del Pilar Vélez, del Programa

Abrigo, como perito técnico social.7 Luego de desfilar la prueba, el tribunal

determinó que no tenía constancia de cuáles fueron los elementos que tomó en

consideración la Hon. Juez Busó Aboy para otorgar la custodia provisional de

los dos hijos menores de más edad a los abuelos maternos. Tomando esto en

consideración, así como la prueba desfilada, el tribunal entendió que no se

probó indicio alguno de maltrato. Por tal razón, bajo el poder de parens patriae

del Estado y en el mejor interés de los menores, el tribunal concedió la

custodia provisional a los padres biológicos.8 Por último, señaló una vista

de seguimiento para el 7 de marzo de 1996.

4

El demandado Capó Gómez fue encontrado no culpable por duda razonable.

En conjunto con la demanda, los demandantes presentaron un escrito titulado

Moción de Remedio Urgente solicitando que se les concediera la custodia

provisional, y luego permanente de sus tres nietos, que se ordenara al Programa

de Relaciones de Familia a realizar las evaluaciones sociales, psicológicas,

psiquiátricas

y

físicas

necesarias,

que

rindieran

los

informes

correspondientes, y que se prohibieran las relaciones filiales para beneficio

de los menores.

5

6

La Procuradora Sandra Valentín hizo la mayoría de los planteamientos. De

modo, que cuando nos referimos a la Procuradora, se trata de la Lcda. Valentín.

7

El Programa Abrigo está adscrito al Departamento y se dedica a la protección

de menores.

8

Los menores estarían bajo la custodia de los padres biológicos pero bajo la

supervisión del Departamento. No se permitirían las visitas de los abuelos

hasta que el tribunal así lo dispusiera. El Departamento debía monitorear y

supervisar la custodia de los menores en el hogar y preparar un informe y una

evaluación completa del caso para tener todos los elementos de juicio

necesarios para tomar una determinación final. También el Departamento debía

En la vista de seguimiento, el tribunal dispuso que las medidas provisionales tomadas

continuaran con entera fuerza y vigor. Mantuvo la orden de que los menores permanecieran con

sus padres biológicos. Además, entendió que no era procedente el que se sometiera a las partes

y a los menores a unas evaluaciones por peritos privados, pero que esto no significaba que

las partes no tuvieran este derecho de así solicitarlo en su día.

Tras varios señalamientos, se celebró una vista sobre el estado de los procedimientos

el 30 de mayo de 1996. En ésta, la representación legal del Departamento le entregó al tribunal

un informe social y las evaluaciones psiquiátricas de los padres demandados. Los demandantes

solicitaron que se realizara, por peritos de conducta, una evaluación a los demandados. La

Procuradora de Relaciones de Familia (en adelante la Procuradora) mencionó la posibilidad

de que el psicólogo fuera del tribunal, se opuso a que se hicieran las pruebas privadas por

entenderlas prematuras y objetó que los menores continuaran sometiéndose a pruebas de peritos.

El tribunal indicó que no deseaba que el pleito se convirtiera en una batalla de peritos y

determinó que los menores serían evaluados por un perito psicólogo del Tribunal. Además, señaló

que las partes se someterían a pruebas psiquiátricas y que éstas serían realizadas por la

psiquiatra Elba Vargas del Departamento.

Luego de varios trámites procesales, el 7 de octubre de 1996, los demandantes presentaron

Moción Solicitando Orden para que se Ordene a los Demandados a Someterse a Evaluación por

Perito de los Demandantes.9 El 4 de noviembre de 1996 los demandados, mediante moción, en

esencia, se opusieron a lo solicitado ya que habían cumplido o estaban en proceso de cumplir

con casi todo lo que se les había requerido. También adujeron que la resolución del 26 de

febrero de 1996 había resuelto ese asunto y que dicha resolución no había sido apelada.

El 6 de noviembre de 1996 la Procuradora compareció indicando que en varias ocasiones

el tribunal había denegado la solicitud de evaluaciones psicológicas a los menores.10 Por lo

cual, la Procuradora solicitó que se declarara no ha lugar todo lo requerido por los demandantes

y que se señalara una vista evidenciaria en sus méritos.

realizar evaluaciones psiquiátricas, psicológicas y sociales tanto del hogar

de los padres biológicos como del hogar de los abuelos maternos.

Además, se le ordenó a la Srta. Aixa Monclova –Supervisora del Programa

de Relaciones de Familia del Tribunal- que analizara todas las evaluaciones

que presentara el Departamento. De estimar que eran necesarias evaluaciones

adicionales se lo tendría que comunicar al tribunal.

9

En dicho escrito, los demandantes expresaron que habían contratado los

servicios profesionales del Dr. Agustín García, y que éste les manifestó la

necesidad de evaluar de inmediato a los tres menores y a los padres biológicos.

Además, indicaron que las evaluaciones se conducirían en unas fechas

específicas, ya escogidas por ellos.

10

También señaló que el Departamento continuaba supervisando semanalmente el

hogar paterno.

El 20 de noviembre de 1996 los demandantes presentaron Moción para Informar Aviso de

Toma de Deposición a la Parte Demandada y a Testigos.11 El tribunal concedió diez (10) días

a los demandados y al Departamento para que replicaran. Sin embargo, la orden fue notificada

el 19 de diciembre de 1996, tornando académica la fecha de la toma de deposiciones. A pesar

de esto, el 2 de diciembre, el Departamento se opuso a la toma de deposiciones ya que había

transcurrido el término de la Regla 23.4 de Procedimiento Civil.12 Los demandados, a su vez,

se opusieron por estar pendiente el asunto sobre el incumplimiento de los demandantes, al

no haberse sometido a las evaluaciones ordenadas, y por lo dispuesto en la Regla 23.4, supra.

El 31 de diciembre de 1996 los demandantes presentaron escrito solicitando urgentemente

una conferencia en corte abierta para discutir el estado del caso y los asuntos pendientes.

Los demandantes expresaron que todavía estaba pendiente la solicitud de examen psicológico

a los demandados y a los menores.

Nuevamente,

los

demandantes

presentaron

una

moción

informativa

sobre

toma

de

deposiciones.13 La Procuradora se opuso, alegando que la misma era tardía y que permitir la

toma de deposiciones sería contrario a la orden del tribunal de 26 de febrero de 1996 en la

cual se requería mantener bajo el derecho de confidencialidad de los menores todo el contenido

del expediente de dos (2) años de trabajo social. Mediante orden del 10 de enero de 1997,

notificada el 27 de enero 1997, el tribunal declaró no ha lugar la solicitud de toma de

deposiciones y señaló vista en su fondo para el 1 de abril de 1997.

Así las cosas, mediante Moción en Réplica y para Solicitar Orden Protectora de 17 de

enero de 1996, los demandantes indicaron que procedía en derecho la toma de deposiciones ya

que ello era una secuela legítima del descubrimiento de prueba iniciado. El 21 de enero de

1996 los demandantes presentaron Segunda Moción Urgente para Volver a Solicitar del Honorable

Tribunal una Conferencia en Corte Abierta sobre el Estado del Caso y los Asuntos Pendientes

de Ser Resueltos aduciendo que la no resolución de los asuntos pendientes les había privado

de seguir normalmente su caso y de prepararse adecuadamente para la vista en los méritos.

En relación con esta moción, el 10 de febrero de 1997 el tribunal dictó orden a los demandantes

11

En la moción se indicó que se le tomaría deposición a las siguientes personas,

a saber: Emibel Pena Rodríguez, Samuel Capó Gómez, Lcdo. Erick Kolthoff, Adleen

Cotto, José Crespo, Irma Melecio, Adamaris Gutiérrez y a María del Pilar Vélez.

Los últimos cinco (5) son funcionarios del Departamento que han participado

en la investigación sobre los alegados maltratos. Las deposiciones se

llevarían a cabo los días 3 y 4 de diciembre de 1996.

12

Regla 23.4. Término para utilizar los mecanismos.

Las partes concluirán las gestiones relacionadas con el descubrimiento

de prueba dentro del término de sesenta (60) días siguientes a la

notificación de la contestación a la demanda, reconvención, demanda

contra tercero y demanda contra coparte. El tribunal tendrá facultad

para prorrogar o acortar dicho término según las circunstancias del

caso lo ameriten y garanticen una pronta solución de la controversia.

32 L.P.R.A. Ap. III.

para que se refirieran a las órdenes notificadas el 27 de enero de 1997 y el 18 de febrero

de 1997. Dispuso, además, que la moción urgente era académica.

Inconformes con la orden del tribunal de 10 de enero de 1997, notificada el 27 de enero,

los demandantes presentaron, el 25 de febrero de 1997, recurso de certiorari ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones (en adelante el TCA).14 El 13 de marzo de 1997 los demandantes

solicitaron del TCA la paralización de la vista en su fondo señalada para el 1 de abril de

1997. Así las cosas, el 14 de marzo de 1997, el TCA emitió resolución concediendo veinte (20)

días a los demandados para que mostraran causa por la cual no debía expedir el auto y revocar

la resolución recurrida, y paralizó la vista del caso en su fondo ante el tribunal de instancia.

Mediante sentencia de 29 de agosto de 1997, notificada el 10 de septiembre de 1997,

el TCA expidió el auto, modificó y revocó en parte la resolución recurrida. Denegó las

deposiciones solicitadas en cuanto a los funcionarios del Departamento, a saber: Adamaris

Gutiérrez, Adleen Cotto, Irma Melecio, María del Pilar Vélez y José Crespo; y autorizó las

evaluaciones psicológicas a los demandados y a los menores por peritos de los demandantes.

El 25 de septiembre de 1997 tanto la Procuradora como los demandantes presentaron sendas

mociones de reconsideración.15 El TCA, mediante resolución de 29 de octubre de 1997, notificada

el 7 de noviembre de 1997, las denegó. El 8 de diciembre de 1997 los demandantes recurrieron

ante este Tribunal alegando,16 en síntesis, que el TCA erró al denegar absoluta y totalmente

13

En esta ocasión, las deposiciones se llevarían a cabo el 17 y 18 de enero

de 1997.

14

Los demandantes adujeron que el haber denegado el tribunal de instancia la

toma de deposiciones a los funcionarios del Departamento les negó la

oportunidad de conocer el testimonio de testigos y de prepararse adecuadamente

para el juicio. Además, alegaron que había errado el tribunal de instancia

al declarar académicas las solicitudes de conferencia en corte abierta para

resolver los asuntos pendientes.

15

La Procuradora solicitó reconsideración de la parte de la sentencia que

permite las evaluaciones psicológicas a los menores; los demandantes pidieron

la reconsideración sobre la negativa a la toma de deposiciones de varios

testigos.

16

Recurso Núm. CC-1997-731. Los demandantes señalaron el siguiente error:

[c]ometió error de Derecho el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones, al denegar de forma absoluta y totalmente la toma

de deposiciones de los funcionarios del Departamento de la Familia

y de programas contratados por dicho Departamento, aplicando

mecánicamente al presente caso, la norma de Derecho diseñada por

este Honorable Tribunal Supremo en el caso Rodríguez del Valle

V. [sic] Corcelles Ortiz, 94 J.t.S. [sic] 63, sin darle

consideración alguna a las diferencias esenciales, de hechos y

del Derecho aplicable, que distinguen al caso de autos del caso

Rodríguez del Valle, supra, cuya denegatoria absoluta hace surgir

en este caso una cuestión constitucional sustancial, bajo el palio

de la Constitución Federal y la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Dicha denegatoria absoluta, también

impide que los peticionarios puedan presentar ante el Honorable

Tribunal

de

Primera

Instancia, evidencia

continúa...

15

...continuación

la toma de deposiciones y aplicar mecánicamente el caso Rodríguez del Valle v. Corcelles Ortiz,

135 D.P.R. 834 (1994). El 9 de diciembre de 1997 la Procuradora presentó ante este Tribunal

recurso de certiorari solicitando la revisión de otra parte de la sentencia del TCA.17 Adujo,

entre otras cosas, que los menores no eran parte bajo la Regla 32.1 de Procedimiento Civil

y la falta de justificación para las pruebas psicológicas solicitadas. El 23 de febrero de

1998 la Procuradora presentó escrito solicitando la consolidación de los pleitos. Mediante

resolución del 2 de marzo de 1998, consolidamos ambos recursos.

Contando con las comparecencias de los peticionarios, de la Procuradora y del

Departamento, estamos en posición de resolver.18

En

primer

lugar,

procedemos

con

II

la

discusión

del

error

señalado

por

los

demandantes-peticionarios. Es principio rector en la esfera civil que el descubrimiento de

prueba debe ser amplio y liberal. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 129 D.P.R. 1042,

1049 (1992); General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 38 (1986); Rivera

Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830, 834 (1982). La Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil

dispone

que

“[l]as

partes

podrán

hacer

descubrimiento

sobre

cualquier

materia,

no

privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente....”

(Bastardillas nuestras.) 32 L.P.R.A. Ap. III. La regla sólo establece dos cortapisas, a saber:

primero, que no se trate de materia privilegiada, y segundo, que sea pertinente al asunto

en controversia. En referencia al concepto de pertinencia, a los fines del descubrimiento

de prueba, hemos señalado que es más amplio que el empleado en el área del derecho probatorio

para la admisibilidad de la prueba. Hon. Charlie Rodríguez, et als. Ex parte, res. el 30 de

junio de 1999, 99 TSPR 104, 148 D.P.R. ___ (1999), 99 JTS 110, pág. 1283; Medina v. M.S. &

D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 731 (1994). Basta con que la materia solicitada tenga

“posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia”. Íd.

La materia privilegiada objeto de la limitación de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil

es aquélla cubierta por los privilegios reconocidos por las Reglas de Evidencia.19 Rivera

fehaciente de que la posición asumida por el Departamento de la

Familia en este caso, está totalmente permeada y maculada por el

gravísimo conflicto de intereses que ha viciado de nulidad las

actuaciones de dichos funcionarios y las recomendaciones que han

dado al Departamento de la Familia, todo ello contrario a los

mejores intereses de los tres menores. (Subrayado en el original.)

17

Recurso Núm. CC-1997-734. La Procuradora señaló el siguiente error:

[e]rró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

autorizar evaluaciones sicológicas de [los] menores Christopher

y Samuel Capó Pena por perito privado contratado por [los] abuelos

demandantes.

18

El caso quedó sometido en los méritos para su adjudicación el 3 de septiembre

de 1999, luego de varios trámites procesales.

Alejandro v. Algarín, supra, pág. 833. Véase también, Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113

D.P.R. 210 (1982).

En la presente situación la Procuradora adujo que no procede la toma de deposiciones

a los funcionarios del Departamento ya que la información obtenida por dichos funcionarios

está cobijada bajo la Regla 26-A de Evidencia. Esta regla establece el privilegio

consejero-víctima de delito. En síntesis, dicho privilegio cubre la información entre la

víctima del delito y su consejero, “cuando tal información se divulga durante el curso del

tratamiento que ofrece el consejero para atender una condición emocional o psicológica de

la víctima producida por la comisión del delito y que se hace bajo la confianza de que ésta

no será divulgada a terceras personas.” 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 26-A (Supl. 1999). Tanto la

víctima como una persona autorizada por la misma, un representante legal o “el consejero a

quien se le hizo la comunicación” pueden invocar el privilegio. Íd.

En Rodríguez Del Valle v. Corcelles Ortiz, supra, tuvimos la oportunidad de interpretar

dicho privilegio en conjunto con la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito,

Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. sec. 973 et seq. (Supl. 1998). En aquella

ocasión se trataba de un litigio entre ex-cónyuges referente a las relaciones paterno filiales

entre una niña y su padre, el cual fue acusado por la madre de abuso sexual contra la menor.

Tal alegación culminó con la presentación de cargos criminales contra el padre. Así las cosas,

el tribunal de instancia suspendió las relaciones paterno filiales; mientras que, también

ordenó “al custodio de los récord [sic] del Programa Biosicosocial del Hospital Pediátrico

a poner a disposición de Rodríguez Del Valle [el padre], su representación legal y su perito

psicólogo todos los récord [sic] en su poder relativos a la menor en controversia....” 20

(Bastardillas en el original.) Íd., pág. 838. Mediante la orden, el tribunal de instancia

declaró sin lugar sub silentio una petición del Departamento de Justicia invocando el

privilegio consejero-víctima de delito.

En el citado caso, resolvimos que las comunicaciones entre la niña y los consejeros

integraban materia privilegiada bajo el manto de la Regla 26-A de Evidencia. Por lo tanto,

éstas no podían ser objeto de descubrimiento.

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 30 de 19 de junio de 1987, que adoptó la Regla

26-A de Evidencia, señala lo siguiente:

[e]l daño emocional causado a la víctima de delito es

generalmente mayor que el daño físico sufrido. Los servicios de

consejería son [,] por lo general [,] la forma en que las víctimas

y su familia pueden sobrellevar el trauma psicológico que dichas

experiencias suelen causar. Durante el proceso de consejería se

discuten abiertamente las reacciones y sentimientos de la víctima

sobre el crimen cometido contra ésta. Dichas reacciones y

sentimientos están muy relacionados con sus historias personales y

su perfil psicológico. Por ello, la consejería a las víctimas de

19

Véanse, Reglas de Evidencia de la 23 a la 32. 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 23 R .32.

20

La madre había acudido al Programa Biosicosocial del Hospital Pediátrico

del Recinto de Ciencias Médicas solicitando ayuda, por razón de la alegación

de abuso sexual.

delito y [a] sus familias es más exitosa cuando las víctimas están

seguras de que sus pensamientos se mantendrán en confidencia y no

se divulgarán sin su permiso.

Por lo tanto, por ser política pública del Estado Libre

Asociado el mantener y fomentar la salud física y mental de la

ciudadanía y proveer protección y asistencia a las víctimas y

testigos de delito en los procesos judiciales [,] se establece el

privilegio sobre la confidencialidad de la comunicación entre la

víctima de delito y su consejero y se declara que la misma es inmune

a cualquier descubrimiento de prueba que sea parte de un proceso

legal. (Énfasis nuestro.) Leyes de Puerto Rico de 1987, págs.

107-108.

Es de rigor destacar que, en los casos sobre custodia, los tribunales tienen el poder

inherente, en su función de parens patriae, de velar por el mejor bienestar de los menores.

Véase, Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987); Colón v. Ramos, 116 D.P.R. 258 (1985);

Concepción v. Concepción, 105 D.P.R. 929 (1977); García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321

(1975). Al determinar la custodia de menores, los tribunales “deben guiarse principalmente

por el bienestar y los mejores intereses del menor,” ya que éstos constituyen la piedra angular

de la política pública. Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90, 104 (1976). Véase

también, Departamento de la Familia v. Soto, supra. Por lo que, los tribunales, velando por

el mejor bienestar de los menores, deben aplicar dichos principios en los casos de privación

de patria potestad y/o custodia donde se sospeche de maltrato o negligencia, y el Departamento

intervenga activamente en los mismos.

En el caso de autos se plantea la cuestión de si aplica la Ley Núm. 75

de 28 de mayo de 1980, mejor conocida como la Ley de Protección de Menores,

8 L.P.R.A. sec. 401 et seq. (en adelante Ley 75), o la Ley Núm. 342 de 16 de

diciembre de 1999, conocida por la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo

XXI (en adelante Ley 342). Este asunto es medular a la controversia ante nos

ya que la aplicación de estas leyes excluyen del privilegio consejero-víctima

del delito la información que pudiese ser obtenida a través de las deposiciones

a los funcionarios del Departamento, según discutimos más adelante.

Al momento de presentarse el pleito que nos ocupa estaba vigente la Ley

75, supra. Sin embargo, la Ley Núm. 342, supra, mediante su Art. 57, derogó

la Ley 75. Tratándose de procedimientos de descubrimiento de prueba, que aún

no se han efectuado, de un pleito en proceso, aplica la nueva ley que a estos

fines, de todos modos, es sustancialmente similar a la Ley 75, supra.21

La Ley 342, supra, es de aplicación en los casos en que el Departamento solicita la

privación, restricción o suspensión de la patria potestad o custodia dentro de procedimientos

21

En lo pertinente, el Art. 29 de la Ley 342 es similar al Art. 27 de la Ley

75. Así también, el Art. 31 de la Ley 342 y el Art. 28 de la Ley 75. El Art.

39 de la Ley 342 corresponde sustancialmente al Art. 33 de la Ley 75.

incoados para amparar a un menor víctima de maltrato o negligencia. Art. 45 de la Ley 342,

supra. La política pública y los principios establecidos en este estatuto son de aplicación

a los casos de custodia donde haya sospecha de maltrato o negligencia e intervenga activamente

el Departamento.

En la Exposición de Motivos de la Ley 342, supra, la Asamblea Legislativa expresó que:

[n]uestro Gobierno reconoce que el rol de la familia es de suma

importancia en nuestra sociedad y que los menores alcanzan su mayor

potencial de desarrollo en el núcleo familiar. Sin embargo, cuando

el padre y/o la madre no pueden satisfacer las necesidades de estos

menores y protegerlos adecuadamente, el Estado tiene la

responsabilidad de intervenir para proteger su salud y bienestar.

La Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, conocida

como “Ley de Protección a Menores”, se aprobó con la intención de

garantizar la protección de los menores que son víctimas o están en

riesgo de ser víctimas de maltrato y/o negligencia, evitar que éstos

continúen sufriendo daños y proveerles los servicios y la ayuda que

sea necesaria. A través de los años, dicha Ley ha sido enmendada para

lograr diversos propósitos entre los cuales se destacan los

siguientes: establecer parámetros mediante los cuales el

Departamento de Servicios Sociales, hoy Departamento de la Familia,

pudiese solicitar la restricción, privación o suspensión de la patria

potestad de aquellos padres que no estaban capacitados para tener

a sus hijos bajo su custodia legal y así garantizar la protección

de los mismos; agilizar y unificar procedimientos; requerir

diligencias por parte del Estado para preservar la integridad

familiar; tipificar los delitos de maltrato y negligencia

institucional e imponer penalidades. No obstante, esta Ley requiere

ser revisada extensamente para garantizar la seguridad, permanencia

y bienestar de los menores.

....

Nuestra Administración en aras de proteger del maltrato a los

menores, de manera que éstos puedan vivir en un ambiente seguro y

saludable que promueva su desarrollo social, emocional, intelectual

y físico, entiende indispensable la aprobación de esta Ley. La misma

es producto de un esfuerzo conjunto...con el propósito de proveer

soluciones concretas, reales y sobre todo, expeditas, al maltrato

del que son objeto muchos de nuestros niños por parte de sus padres,

madres o personas responsables por su bienestar.

Mediante esta Ley se reenfoca la política pública del Estado

respecto al maltrato a menores, reconociendo como consideración

prevaleciente el mejor bienestar del menor y que el derecho a la

unidad familiar está limitado por el derecho que tienen éstos a ser

protegidos del maltrato y la negligencia. Asimismo, se disponen

criterios claros y precisos para eximir al Estado, en determinadas

circunstancias, de ejercer esfuerzos razonables para preservar la

integridad familiar. Se incorporan, además, disposiciones para regir

y agilizar los procesos administrativos y judiciales. De igual forma

se establecen disposiciones para facilitar la coordinación entre las

agencias y entidades que ofrecen servicios a niños maltratados. El

Departamento de la Familia, como agencia rectora que presta servicios

y protección a menores, implantará esta Ley e iniciará procedimientos

con el fin de que un tribunal, cuando se observen cualesquiera de

las situaciones que dispone esta Ley, decrete la privación de la

custodia y/o patria potestad del padre, madre o persona responsable

del bienestar de un menor que no pueda garantizar la seguridad y el

bienestar de éste....

En los albores del nuevo milenio, esta Administración reconoce

la inviolabilidad de los derechos del ser humano, especialmente la

de nuestros niños y manifiesta que la defensa del bienestar general

de los mismos es un interés apremiante del Estado. (Énfasis nuestro.)

El Art. 3 de la Ley 342, supra, dispone que “la salud y la seguridad de nuestros niños

es interés apremiante del Estado....” Por tal razón, la intención del gobierno es “proteger

y ayudar a menores maltratados y desatendidos, menores en circunstancias que representen un

riesgo sustancial de sufrir maltrato....” Íd. Por último, señala que “[e]sta [l]ey será

interpretada de forma que se garantice el mejor interés del menor.” (Bastardillas nuestras.)

Íd.

En su Art. 29, la Ley 342, supra, dispone que los informes y expedientes relacionados

con casos de protección, inclusive los levantados por cualquier agencia –pública o privadaen la ejecución de la misma, son confidenciales, con excepción de las circunstancias

autorizadas por la ley. Ley 342, supra. Todo esto con el fin de proteger los derechos de los

menores, sus padres o custodios. Íd.

Mientras que el Art. 31 dispone que “[n]inguna persona, oficial, funcionario, empleado

o agencia tendrá acceso a los expedientes a menos que sea para cumplir con los propósitos

directamente relacionados con la administración de esta Ley.” Ley 342, supra. En el mismo

artículo aparecen enumeradas las personas o agencias con acceso a los expedientes. Allí se

señala que el tribunal tiene acceso a los expedientes si es necesario para resolver la

controversia. El acceso está “limitado a la inspección en cámara por el juez, a menos que

el tribunal decida que la revelación pública de la información...es necesaria para resolver

la controversia que tenga ante sí”. Íd.

Lo antes expresado hay que interpretarlo en conjunto con lo dispuesto por el Art. 39

de la referida ley. En su cuarto párrafo el Art. 39 dispone que:

[l]as comunicaciones privilegia-das, según lo dispuesto en las

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, entre cualquier profesional y

su cliente o paciente, excepto entre abogado y cliente, no aplicarán

en aquellas situaciones en donde exista o se sospeche que existe

maltrato.... Dicha comunicación privilegiada, excluyendo las de

abogado-cliente, no constituirá razón para dejar de ofrecer informes

como los requiere o permite esta Ley, para cooperar con el servicio

de protección al menor en las actividades que contempla esta Ley o

para poder aceptar u ofrecer evidencia en cualquier procedimiento

judicial relacionado con el maltrato, maltrato institucional,

maltrato por negligencia y/o maltrato por negligencia institucional

hacia un menor. (Énfasis nuestro.) Ley 342, supra.

Interpretando las disposiciones de la Ley 342, supra, antes señaladas, entendemos que

el hecho de que no apliquen los privilegios a dichas comunicaciones no despoja a los expedientes

o informes -relacionados con la investigación en un caso en que se sospeche maltrato o

negligencia- del grado de confidencialidad establecido por el Art. 29 de la Ley 342, supra.22

Retomando la Ley 75, supra, es de rigor señalar que, su propósito y su articulado, en

general prevalecen sobre la Regla 26-A por las siguientes razones, a saber: primero, la Ley

75, supra, es una ley especial, mientras que la Regla 26-A es una de carácter general;23 y,

22

Es dable la situación en la que haya documentos confidenciales sin la

existencia de un privilegio. Véase, Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra.

23

Véase, PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc., 136 D.P.R. 541 (1994);

Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797 (1982).

segundo, el legislador en la nueva ley de protección de menores mantuvo disposiciones similares

a la anterior. Ley 342, supra.24

Por lo cual, en los casos donde haya sospecha de maltrato o negligencia –tanto al amparo

de la anterior Ley 75, supra, como bajo la Ley 342, supra, o en un pleito ordinario sobre

privación de custodia- el privilegio consejero-víctima de delito debe ceder ante el bienestar

del menor. Mientras más elementos de juicio pertinentes y confiables referentes a la situación

de los menores tenga el Tribunal ante su consideración, más apropiada e idónea será la decisión

que tome en el asunto.25

No obstante, debido al grado de confidencialidad de los expedientes e informes, el

tribunal de instancia, primero, tiene que determinar si la información contenida en ellos

es necesaria para resolver la controversia y si su divulgación responde a los mejores intereses

de los menores. De ser su determinación en la afirmativa, el tribunal, dentro de su discreción,

tiene la obligación de decidir qué información revela o no revela. Para esto, debe tomar como

guías, además de los criterios señalados, entre otras cosas, el propósito de la utilización

de la información dentro del pleito; si dicha información pudiera ser obtenida de modo

razonable de alguna otra manera; el perjuicio de que la parte solicitante quede indefensa

al no poseer la información solicitada.

Debemos distinguir el caso de autos del de Rodríguez Del Valle v. Corcelles Ortiz, supra.

Allí no interpretamos el privilegio de la Regla 26-A, supra, a la luz de la Ley 75, supra,

debido a que se trataba de un pleito de relaciones paterno-filiales y no de privación de patria

potestad y custodia, como el de autos. Además, en Rodríguez

del Valle v. Corcelles Ortiz, el Departamento no tuvo el tipo de participación, como en el

presente caso, donde ha tenido una participación activa, tanto ante el tribunal de instancia

como en las etapas apelativas.

En la situación de autos, los demandantes reclaman que tienen derecho a deponer a los

funcionarios del Departamento que estuvieron a cargo de las investigaciones por alegaciones

de maltrato y negligencia presentadas por los propios demandantes o a través de ellos, las

cuales no prosperaron. Los recurridos aducen que no procede la toma de deposiciones porque

la materia a descubrirse cae bajo una de las limitaciones, a saber: materia privilegiada.

24

En Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589, 596-597, nota al calce

núm. 3 (1989), reconocimos, citando a R.E. Bernier en Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, Ed. Cultura, 1963, pág. 123, que

una legislación posterior puede ser considerada al interpretar la

trascendencia de una legislación anterior.

25

Hay privilegios fundamentalmente basados en política pública,

contravención al interés cardinal de la

24

en

continúa...

...continuación

búsqueda de la verdad. Véase, E.L. Chiesa, Tratado de

Derecho Probatorio (Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales), Rep. Dom.,

Ed. Corripio, 1998, T. I, págs. 185-186.

Sostienen que la información se encuentra cobijada por el privilegio consejero-víctima de

delito.

La información a descubrirse no es privilegiada por no ser de aplicación los privilegios

establecidos en las Reglas de Evidencia, excepto el de abogado-cliente, ya que existen

alegaciones de negligencia y maltrato. Art. 39 de la Ley 342, supra. Sin embargo, tratándose

de un caso de privación de custodia, la información obtenida por el Departamento, a través

de sus investigaciones, es confidencial tanto bajo la Ley 75, supra, como bajo la Ley 342,

supra.

En vista de ello, entendemos que el TCA debió revocar al tribunal de instancia y devolver

el caso para que éste evalúe si dicha información es necesaria para resolver la controversia

ante sí y si su divulgación responde a los mejores intereses de los menores. De decidir que

la información no es necesaria o que su divulgación no es conveniente a los mejores intereses

de los menores, los demandantes no podrán deponer a los funcionarios del Departamento. Si

por el contrario, el tribunal de instancia determina lo opuesto, tiene que señalar las materias

sobre las cuales los funcionarios del Departamento podrán ser depuestos.26

III

Procede que discutamos el error señalado por la Procuradora. En síntesis, la Procuradora

sostiene que los menores no debían ser sometidos a evaluaciones psicológicas por peritos

pagados por los demandantes.

Es ampliamente conocido que en los casos de custodia, los exámenes psicológicos de los

menores se han convertido en un elemento indispensable en el proceso de adjudicación.27 Esto

ha provocado que se cometan múltiples abusos, ya que si una parte somete a los menores a

evaluaciones por un perito privado, la otra parte también va a desear hacerlo, a pesar de

que el descubrimiento de prueba no es ilimitado. Lo que convierte el angustioso proceso de

adjudicación de custodia en una tediosa y extremadamente adversativa batalla de peritos,

siendo los niños víctimas inocentes, quienes son sometidos a diversas evaluaciones. Véase,

26

En su señalamiento de error, los demandantes plantean que la denegatoria de la toma de

deposiciones de los funcionarios del Departamento hace surgir en el presente caso una cuestión

sustancial, bajo el palio de la Constitución Federal y la Constitución de Puerto Rico. Es

doctrina claramente establecida que declararemos la inconstitucionalidad de una ley o regla

sólo cuando así sea necesario. Departamento de la Familia v. Soto, res. el 2 de marzo de 1999,

99 TSPR 19, 147 D.P.R. ___ (1999), 99 JTS 21; Pueblo v. Santiago Feliciano, res. el 9 de

noviembre de 1995, 139 D.P.R. ___ (1995), 95 JTS 154; Rivera González v. Danny´s Bakery, 121

D.P.R. 304, 308 (1988); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983).

En el presente caso, los demandantes propusieron, además, que, como los

funcionarios son testigos del Departamento, se entienda renunciado el

privilegio de la Regla 26-A de Evidencia, supra. Véase, Secretario del Trabajo

v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987). Dicho planteamiento no es

meritorio. En la situación ante nos, no se trata de una renuncia al privilegio,

sino de su no aplicación, lo cual, por otra parte, no despoja al expediente

del Departamento de la confidencialidad que le concede la ley.

27

Esto a pesar de no ser parte los menores bajo la Regla 32.1 de Procedimiento

Civil, que regula los exámenes físicos o mentales dentro del descubrimiento

de prueba.

Katheryn D. Katz, Allegations of Abuse in Child Custody and Visitation Proceedings, en CHILD

CUSTODY AND VISITATION LAW AND PRACTICE, 1995, Vol. 4, págs. 31-117; 31-142.

Conforme expresáramos, los tribunales tienen la obligación, bajo el poder de parens

patriae del Estado, de velar por los mejores intereses de los menores. Esto implica el tratar

de minimizar el efecto adverso que pudieran causar los procedimientos en ellos. Una forma

efectiva de lograrlo es nombrando un perito imparcial que lleve a cabo las evaluaciones.28

En Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 652 (1975), reconocimos la facultad de los tribunales

de instancia de nombrar peritos.29

Según indicáramos varias décadas atrás en Bahr v. Am. Railroad Co., 61 D.P.R. 917, 926

(1943), “[e]l perito forense, seleccionado por y bajo el control de la corte es sin duda alguna

el medio más efectivo para llegar al conocimiento de la verdad.” El razonamiento detrás de

esto es tratar de evitar que “los peritos sean o se conviertan en testigos particulares de

las partes...logrando que su comparecencia y testimonio ante el tribunal sea sin endoso previo

a cualesquiera de los litigantes.” Urrutia v. A.A.A., supra, citado en San Lorenzo Trad.,

Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 711 (1983). En Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523,

525 (1977), la controversia estaba trabada entre la madre y la abuela por la custodia de un

menor. Allí señalamos que “[l]os peritos de la demandante, como generalmente ocurre cuando

son peritos de parte, favorecen la posición de la demandante, y los de la demandada favorecen

la posición de ésta.” Véase también, Chiesa, op. cit., 585-586. Con el nombramiento de un

perito del tribunal se evita la dilación innecesaria en la tramitación de los casos,

especialmente en los casos de urgencia como son los de privación de patria potestad y custodia.

Urrutia v. A.A.A., supra, pág. 649.

Es importante destacar que el hecho de que el tribunal nombre un perito no supone que

las partes queden despojadas de presentar sus propios peritos. Sin embargo, en los casos donde

están envueltos los intereses de un menor, el derecho a presentar peritos privados está

28

“La función del testimonio pericial es ayudar al juzgador, tanto para

entender la evidencia como para adjudicar un hecho en controversia.” Chiesa,

op. cit., pág. 584. Véase también, Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 DPR

797 (1976).

29

En lo pertinente, la Regla 59 de Evidencia de 1979, Nombramiento de perito

por el tribunal, dispone:

(A)

Nombramiento. Antes del comienzo del juicio o durante el

transcurso de éste, cuando el tribunal determine que es necesaria

prueba pericial, podrá de su propia iniciativa, o a solicitud de

parte, nombrar uno o más peritos para que investiguen y sometan

un informe según

continúa...

28

...continuación

lo ordene el tribunal, o para que declaren en calidad pericial

en el juicio. El tribunal determinará la compensación de los

servicios del perito. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. IV R.

59.

limitado por el requisito de demostrar que dichos peritos son necesarios para la resolución

de la controversia.

En Otero v. Delbrey, res. el 22 de enero de 1998, 98 TSPR 2, 144 D.P.R. ___, 98 JTS

2, reconocimos que un tribunal puede, dentro de su facultad discrecional, ordenar exámenes

físicos o mentales a menores de edad, aunque éstos no sean propiamente partes en el pleito.

Para ello, el Tribunal tiene que “sopesar los efectos adversos que pueda tener la intromisión

personal que representa dicho examen.” Íd., pág. 471. En síntesis, expresamos que para que

una parte pueda someter a un menor víctima de alegado abuso sexual a una evaluación psicológica,

en casos de patria potestad, custodia o relaciones paterno-filiales, debe demostrar que la

misma es necesaria, que justifique la intrusión al derecho de intimidad del menor; y, así

evitar la posibilidad de daños emocionales al realizar evaluaciones innecesarias. Con lo allí

resuelto estaba implícito que las partes pueden solicitar evaluaciones psicológicas de los

menores por peritos privados en casos relacionados con la patria potestad o custodia.

Armonizando Otero v. Delbrey, supra, con lo antes expuesto, entendemos que en los casos

en que el tribunal haya nombrado un perito para evaluar psicológicamente al menor, el examen

psicológico por un perito privado sólo debe proceder cuando la parte demuestra una clara

necesidad de llevar a cabo el mismo, ya que el realizado por el perito del tribunal fue

insuficiente, inadecuado o que dicho perito no posee el conocimiento o medios para efectuar

el examen necesario. En esta situación, el tribunal podrá nombrar como perito a otro que tenga

las cualificaciones necesarias, o acceder al examen por un perito nombrado por la parte que

lo solicita.

En el caso de autos, el tribunal ha nombrado un perito para llevar a cabo las evaluaciones

psicológicas de los menores. Los demandantes alegan que los niños son las verdaderas partes

en el pleito y que el estado mental de éstos envuelve una controversia legítima y crucial.30

También aducen que los niños no han sido previamente evaluados psicológicamente por peritos

seleccionados por ellos, ni por perito alguno seleccionado o recomendado por el Programa de

Relaciones de Familia del Tribunal de Primera Instancia, ni por el Departamento.31 Por lo cual,

tras ordenar la realización de las evaluaciones psicológicas por su perito, el tribunal, bajo

su discreción, permitiría pruebas adicionales realizadas por peritos privados, sólo de así

solicitárselo la parte interesada y demostrar la necesidad de tales evaluaciones.

En vista de lo anterior, coincidimos con la sentencia hoy dictada, la cual revoca el

dictamen emitido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

30

Alegato de los Demandantes-Peticionarios de 11 de agosto de 1998, págs. 7-20.

BALTASAR CORRADA DEL RIO

JUEZ ASOCIADO

31

Íd., pág. 5-6.