Tribunal Supremo de Puerto Rico
MANAGEMENT ADM. SERVICES V. E.L.A.
2000 TSPR 174
Poder Judicial de Puerto Rico
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MANAGEMENT ADM. SERVICES V. E.L.A.
CC-1999-0105
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Management Administration Services, Corp.
Demandantes-Recurridos
Certiorari
v.
2000 TSPR 174
Estado Libre Asociado de Puerto Rico etc.
Demandados-Peticionarios
Número del Caso: CC-1999-0105
Fecha: 29/noviembre/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente:
Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Abogados de la Parte Peticionaria:
Fiddler, González & Rodríguez, LLP
Lcdo. Charles Bimbela
Lcda. Clotilde Rexach
Abogados de la Parte Recurrida:
Bufete Pedro E. Ortiz Alvarez
Lcdo. Alex M. López Pérez
Materia: Sentencia Declaratoria
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Management Administration
Services, Corp.
Recurrido
vs.
CC-1999-105
CERTIORARI
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y otros
Recurrente
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2000
Los
días 27 de julio y 16 de octubre de 1992, Management
Administration Systems, Corp. (en adelante, M.A.S.) firmó sendos
contratos con la Administración de Vivienda Pública obligándose a
administrar
varios
residenciales
públicos.
El
primero
de
los
contratos, suscrito el 27 de julio de 1992, giraba en torno a la
administración de 3,144 unidades de vivienda pública en el área de San
Juan. El segundo de ellos, esto es, el del 16 de octubre, comprendía
2,618 unidades de vivienda en el área de Ponce. En total, M.A.S.
administraba
5,762
mantenerlas
en
unidades
de
condiciones
vivienda
pública,
obligándose
que
cumplieran
con
a
las
exigencias de la reglamentación federal, codificada en 24 C.F.R. Sec.
882.109, referentes a los requisitos mínimos con que debe cumplir una unidad
para ser habitable. Estos estándares son conocidos como Housing Quality
Standard, en adelante, H.Q.S. 1 Referente a dichos requisitos, en los
contratos se establecía específicamente que:
“The management fee will not be paid for any unit
in the contracted area not meeting Housing Quality
Standards. This penalty shall be enforced 180 days after
the Effective Date of this Contract.” (Contrato,
Artículo B-2 (H) (2).
Además, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (en adelante H.U.D.), le exigía a la Administración de Vivienda
Pública, y ésta le exigía a M.A.S. como parte de su obligación contractual,
que hiciera evaluaciones anuales, 2 producto de inspecciones igualmente
periódicas de sus capacidades y deficiencias en el proceso de administración
de las viviendas públicas. Entre los asuntos a considerarse en dichos
informes se encuentra el cálculo del promedio de días que toma al
administrador completar las órdenes de trabajo y observar si las unidades
de vivienda administradas cumplen con los requisitos mínimos para ser
habitables, según H.Q.S. En caso de que las unidades de vivienda no reúnan
las condiciones de dicho estándar se requiere que se informe si se cumplió
con el requisito de que las averías de emergencia se corrigieran en menos
de 24 horas y en menos de 25 días las averías ordinarias. Además de estas
evaluaciones anuales, M.A.S. tenía que realizar evaluaciones mensuales y
notificarlas a la Administración de Vivienda Pública. Dichos informes
evaluativos los preparaba el personal de M.A.S. En fin, se trataba de un
proceso de autoevaluación.
Así las cosas, el 5 de agosto de 1994, la Administración de Vivienda
Pública, por primera vez, le requirió a M.A.S. que le notificara el informe
1
M.A.S. pagaría una tarifa (fee) por unidad administrada, que
ascendía a una suma global de $160 mil mensuales. Esta suma era
independiente del presupuesto que se asignaba a M.A.S. para
cubrir los gastos operacionales y las reparaciones ordinarias
o extraordinarias que sufrieran las unidades de vivienda.
CC-1999-105
4
de los resultados de la inspección anual a que hemos hecho referencia. Dicho
informe debía contener la evaluación relativa al período comprendido entre
julio de 1993 y junio de 1994. M.A.S. debía informar si las unidades de
vivienda bajo su administración cumplían o no con H.Q.S., según surgiera
de la requerida inspección anual.
El 26
de agosto de 1994, M.A.S. sometió las certificaciones
solicitadas: la correspondiente a la región de Ponce, y la correspondiente
a la región de San Juan. En dichas certificaciones M.A.S. consideró los
H.Q.S. como exigencias de “condiciones óptimas”, en lugar de “condiciones
mínimas”. La mencionada interpretación pudo haber tenido su origen en un
memorando de 28 de julio de 1994, en el que el Administrador de la
Administración de Vivienda Pública se refería a la deseabilidad de que las
unidades
de
vivienda
se
mantuviesen
en
“condiciones
óptimas”.
En
consecuencia, de los informes sometidos, surgía que 1,275 unidades de
vivienda no cumplían con los requisitos de calidad de vivienda (H.Q.S.)
durante el año fiscal julio de 1993-junio de 1994. Luego, a raíz de los
informes y mediante carta fechada el 14 de marzo de 1995, la Administración
de Vivienda Pública notificó a M.A.S. que debía pagar una penalidad de
$595,720, amparándose en el Art. B-2 y H-2 del contrato que les vinculaba.
Le concedió hasta el 17 de marzo de 1995 para pagar, advirtiéndole que, de
no hacerlo, le retendría el pago mensual por sus servicios. Ese mes sólo
se le pagó alrededor de $10 mil.3
2
Las mismas eran requeridas por la implementación del Public
Housing Management Assesment Program, 24 C.F.R. Sec. 901 et seq.
(en adelante, P.H.M.A.P.).
3
Como hemos visto, el contrato entre las partes litigantes dispone para la
imposición de penalidad a M.A.S., consistente en no pagarle los honorarios
correspondientes a las unidades de vivienda que no cumplieran con H.Q.S.
en atención al período de dicho incumplimiento. Tal como observara el
tribunal de instancia, una unidad puede cumplir en un momento con H.Q.S.,
dejar de cumplir en otro momento y, rápidamente, estar en cumplimiento casi
de inmediato.
Por ello, el período de incumplimiento puede ser sumamente
breve. De hecho, la Administración de Vivienda Pública realiza
evaluaciones periódicas en virtud del P.H.M.A.P.. Entre los
factores observados en dichas evaluaciones se encuentra la
capacidad demostrada por el administrador privado para corregir
las deficiencias que notifican los residentes o que se descubren
a través de inspecciones. M.A.S. obtuvo, en tales evaluaciones
de la Administración de Vivienda Pública, las calificaciones
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5
El 29 de marzo de 1995, M.A.S. radicó demanda ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, la Administración de Vivienda Pública, y Miguel Rodríguez,
en su capacidad personal y como Administrador de la Administración de
Vivienda Pública. En la misma solicitó que se declarara que no adeudaba a
la Administración de Vivienda Pública suma alguna en relación al vínculo
contractual existente entre ellos; además, solicitó una determinación a los
efectos de que la Administración de Vivienda Pública no tenía derecho a
retenerle la tarifa mensual.
Ese mismo día, M.A.S. presentó una moción en solicitud de remedios
provisionales con el fin de obligar a la Administración a pagarle las tarifas
mensuales. M.A.S. ofreció prestar fianza. El tribunal de instancia celebró
varias vistas con el propósito de determinar la procedencia del remedio
provisional solicitado por M.A.S., el cual otorgó. El tribunal ordenó
preliminarmente, el cumplimento específico de la obligación por parte de
la Administración de Vivienda Pública y ordenó a M.A.S. que prestara fianza
por la totalidad de la suma exigida por la Administración.
Posteriormente, el 29 de junio de 1995, la Administración de Vivienda
Pública contestó la demanda y reconvino contra M.A.S., reclamando una
cantidad en exceso de $500 mil por concepto de las tarifas de administración
pagadas por las unidades que alegadamente no cumplían con
H.Q.S.
El 29 de septiembre de 1995, M.A.S. radicó Moción de Sentencia Sumaria
en la cual alegó que no existía entre las partes litigantes controversia
sobre los siguientes hechos:
-que M.A.S. se equivocó al completar el formulario sobre requisitos
de H.Q.S.; que se “confundió” y cumplimentó el mismo a base de estándares
óptimos y que dicha confusión alegadamente era atribuible a la
Administración de Vivienda Pública;
-que tal equivocación fue la única base en la que descansó la
Administración de Vivienda Pública para imponer las penalidades a M.A.S.;
-que las unidades de vivienda administradas por M.A.S. cumplían con
los requisitos de H.Q.S.;
-y que era improcedente la imposición de una penalidad en su contra.
más altas. La penalidad impuesta por la Administración de
Vivienda Pública fue calculada considerando el supuesto
incumplimiento como extensivo desde febrero de 1993 hasta julio
de 1994.
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6
La Administración de Vivienda Pública se opuso a dicha solicitud de
sentencia sumaria. Luego de la ocurrencia de varios incidentes procesales,
el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria, declarando con lugar la
demanda presentada por M.A.S. y sin lugar la reconvención. Concluyó que no
existía fundamento legal alguno para imponer a M.A.S. la penalidad reclamada
por la Administración de Vivienda Pública. De dicha sentencia se recurrió
al
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
el
cual
emitió
sentencia
confirmatoria de la dictada por el tribunal de instancia.
Concluyó el foro apelativo intermedio que el tribunal de instancia no
cometió error al dictar sentencia sumaria a favor del demandante por no
existir controversia de hechos que impidiese dictarla. Aplicó la doctrina
de la “ley del caso”, sosteniendo que las determinaciones de hechos de
instancia estaban basadas
en la adjudicación de credibilidad que realizó
el tribunal de instancia a base de la prueba testifical y documental que
desfiló en las vistas llevadas a cabo con el fin de resolver la procedencia
del remedio provisional solicitado.
Luego de la denegatoria del foro apelativo intermedio de una moción
de reconsideración, la Administración de Vivienda Pública, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, y el Administrador de la Administración de Vivienda
Pública, recurrieron ante este Tribunal, argumentando que procede revocar
dicha sentencia por el hecho de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
erró:
-al permitir que el Tribunal de Instancia aplicara la doctrina
de la “ley del caso” y basara las conclusiones de hechos de
su sentencia sumaria en vistas celebradas con el exclusivo
propósito de evaluar la solicitud de remedios provisionales
por parte de la demandante, cuando la parte demandada no había
tan siquiera hecho descubrimiento de prueba. Todo lo cual,
colocó a la Administración de Vivienda Pública en un estado
de indefensión, violando así su derecho a un debido proceso
de ley al no permitirle su día en corte;
-al confirmar la sentencia sumaria, aún cuando había
controversia sobre hechos esenciales, y aún cuando se abusó
de discreción por ser éste un caso en donde está envuelto un
alto interés público;
-al permitir que el Tribunal de Primera Instancia invirtiera
el peso de la prueba;
-al permitir que el Tribunal de Instancia concluyera que las
admisiones de M.A.S. y la evidencia de sus propias
inspecciones no eran suficientes para imponer la penalidad.
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7
Expedimos el auto y, contando con el beneficio de la comparecencia de
todas las partes, procedemos a resolver.
I
Es doctrina reiterada en nuestro sistema de Derecho que "[l]os derechos
y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen firme,
constituyen la ley del caso, ...". (Énfasis suplido.) In re: Tormos Blandino,
135 D.P.R. 573 (1994), citando a U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 124
D.P.R. 448 (1989). Dicho de otra manera, de ordinario los planteamientos
que han sido objeto de adjudicación por el foro de instancia y/o por este
Tribunal no pueden reexaminarse. Esos derechos y responsabilidades gozan
de las características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de
la “ley del caso”.
Vélez Miranda v. Servicios Legales de P.R., res. el 21
de enero de 1998, 98 TSPR 1, citando a Sánchez Rodríguez v. López Jiménez,
118 D.P.R. 701, 704 (1987).
Así como no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no
existe, como en este caso, una decisión final en los méritos que sirva de
base a dicha defensa, Código Civil, Art. 1204, 31 LPRA sec. 3343; García
v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 150-151 (1951); Restatement,
Judgments, secs. 41, 45 (1942); Developments in the Law--Res Judicata, 65
Harv. L. Rev. 818, 835 et seq. (1952),
tampoco es aplicable en tales
instancias la doctrina de la “ley del caso”. Por otro lado, hemos resuelto
que cuando a ley del caso es errónea y puede causar una gran injusticia,
puede emplearse una norma de derecho diferente. Secretario del Trabajo v.
Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967). Rivera Robles v. Insurance
Co. of Puerto Rico, 103 D.P.R. 91 (1974).
En el Derecho Común, a falta de un estatuto, “la frase ‘ley del caso’,
según se aplica al efecto que puedan tener las órdenes previas de un juez
en las decisiones que luego toma dentro de un mismo pleito, expresa meramente
la práctica general observada por los tribunales de negarse a reabrir lo
que ya antes se ha decidido...”. (Traducción nuestra.) Messenger v.
Anderson, 225 U.S. 436, 444 (1912).
Más que un mandato invariable o
inflexible, la doctrina recoge una costumbre deseable: las controversias
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8
sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa deben
usualmente respetarse como finales. De este modo, las partes en un litigio
pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre unas
directrices judiciales confiables y certeras. Dictograph Products Company
v. Sonotone Corporation, 230 F.2d 131 (2do Cir. 1956).
“En Puerto Rico[, como se sabe,] no existe fundamento válido para
la aplicación al modo angloamericano de la ley del caso.... Rige aquí esta
materia, por supuesto, el Código Civil.” Torres Cruz v. Municipio de San
Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975). Sin embargo, en cuanto a este aspecto la
práctica sancionada por este Tribunal no varía de las normas que adopta
cualquier sistema jurídico avanzado. "[A] fines de velar por el trámite
ordenado y pronto de los litigios, así como por la estabilidad y certeza
del derecho, un tribunal de instancia [como una cuestión de sana práctica
y no como regla inviolable] deb[e] resistirse a alterar sus pronunciamientos
dentro de un mismo caso excepto cuando se convenza de que los mismos son
erróneos."
Íd. Precisamente, porque este principio no es una regla
inviolable, ni un límite al poder de los tribunales, en Torres Cruz v.
Municipio de San Juan, ante, permitimos que un segundo juez revocara la
decisión equivocada de un primer juez de igual nivel dentro de un mismo caso.
Así, reiteramos que la doctrina de la ley del caso es una “... al
servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación
absoluta.
Por
el
contrario,
es
descartable
si
conduce
a
resultados
manifiestamente injustos.” Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 D.P.R.
919 (1992), citando a Estado v. Ocean Park Dev. Corp., 79 D.P.R. 158, 174
(1956) y otros. En esa misma línea de pensamiento, también se ha reconocido
“... que si el Tribunal entiende que la ley del caso antes establecida es
errónea y que puede causar una grave injusticia, ... puede aplicar una norma
de derecho diferente a fin de resolver en forma justa.” Noriega Rodríguez
v. Hernández Colón, ante, citando a Don Quijote Hotel v. Tribunal Superior,
100 D.P.R. 19, 29-30 (1971).
Es por esto que, en nuestra jurisdicción, un juez de instancia no queda
atado por sus determinaciones interlocutorias, aun cuando éstas no hayan
sido objeto de reconsideración o revisión.
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9
En el caso que nos ocupa, la sentencia emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones avala la utilización, con rango de “ley del caso”,
por parte del foro de instancia, de las determinaciones de hechos realizadas
preliminarmente por dicho tribunal en resoluciones que giraban únicamente
en torno a los méritos de la solicitud por parte de la demandante del remedio
provisional de prestación de fianza. Es menester enfatizar que desde la
primera de estas dos vistas el tribunal expresó su parecer sobre los hechos
fundamentales del caso, expresiones que luego unió a la segunda resolución
que emitiera. Sin embargo, tales expresiones no alcanzan el grado de
dictámenes finales y firmes para fines de la doctrina de la “Ley del caso”
en la substanciación en los méritos del caso de autos.4 Luego, ha de tenerse
en consideración que dicha primera vista se celebró pocos días después de
presentarse la demanda del caso, antes de que los demandados contestaran
la demanda, y sin tener, la parte demandada, una razonable oportunidad de
realizar descubrimiento de prueba. Esto, sin duda, puede ser fuente de graves
injusticias. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su aplicación
de la doctrina de la “ley del caso”.
II
También señalan los recurrentes que erró el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que en el caso de autos procedía, conforme a derecho,
dictar sentencia sumaria. Les asiste la razón.
En Hernández Villanueva v. Hernández, res. el 27 de enero de 2000, 2000
TSPR 14, reiteramos que la sentencia sumaria es un mecanismo procesal
extraordinario que tiene el propósito de facilitar la solución justa, rápida
y económica de los litigios civiles que no presenten controversias genuinas
de hechos materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio
en su fondo. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624 (1994).
La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
establece que se podrá dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,
deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en
4
De hecho, en su primera resolución referente a los remedios
provisionales, el Tribunal de Primera Instancia expresó que
reconocía la probabilidad de que en alguna medida procediera
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10
unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, surge que no hay
controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material, y como
cuestión de derecho debe dictarse sentencia a favor de la parte promovente.
Sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge claramente que el
promovido por la moción no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos
y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para
poder resolver la controversia. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117
D.P.R. 714 (1986). Cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos
de la controversia, no procede una sentencia sumaria. Metropolitana de
Préstamos v. López de Victoria, res. el 1ro. de noviembre de 1996, 141
D.P.R.___(1996). La sentencia sumaria sólo debe concederse cuando no hay
una genuina controversia sobre los hechos materiales y el tribunal se
convence que tiene ante sí la verdad de todos los hechos pertinentes.
Cualquier duda sobre la existencia de una controversia sobre los hechos
materiales,
debe
resolverse
contra
la
parte
promovente.
Audiovisual
Language v. Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, res. el 15 de
diciembre de 1997, 144 D.P.R.___(1997). La sentencia sumaria sólo debe
dictarse en casos claros y cualquier duda en cuanto a si hay hechos
pertinentes en controversia debe resolverse contra la parte que solicita
la sentencia sumaria. Toda inferencia que se haga a base de los hechos y
documentos que obren en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más
favorable al que se opone a la solicitud de sentencia sumaria. Véase, Piñero
v. A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 140; Audiovisual Language
v. Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, ante; Medina v. M.S. & D.
Química de P.R. Inc., res. el 7 de abril de 1994, 135 D.P.R.___(1994); Rivera
et al v. Superior Packaging, Inc., et al, 132 D.P.R. 115 (1992). García Díaz
v. DAREX, res. el 20 de mayo de 1999, 99 TSPR 79. Así pues, tomando en
consideración
que
la
sentencia
sumaria
es
un
remedio
de
carácter
discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso
porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su
día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Roig Com.
la imposición de penalidad por parte de la Administración de
Vivienda Pública contra M.A.S.
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11
Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990). Córdova Ramos v. Larín
Herrera, res. el 2 de junio de 2000, 2000 TSPR 79.
Al dictar sentencia sumaria el tribunal: (1) analizará los documentos
que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria y los documentos
incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el expediente
del tribunal; (2) determinará si el oponente controvirtió algún hecho
material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas
o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties v. General
Accident, res. el 7 de septiembre de 1994, 136 D.P.R.___(1994).
III
En el caso que nos ocupa, M.A.S. recurrió ante el foro judicial en
solicitud de que se decretara que la Administración de Vivienda Pública actuó
contrario a derecho al penalizarlo por alegadamente no haber mantenido en
condiciones mínimas de habitabilidad durante dieciséis
meses, 1,275
unidades de vivienda que M.A.S. venía obligada a administrar conforme a lo
pactado. Queda claro, entonces, que M.A.S. venía obligada a demostrar, por
preponderancia de la prueba, que como cuestión de hecho las 1,275 unidades
de vivienda cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad durante
dicho período, contrario a sus propias declaraciones en el informe rendido
ante la Administración de Vivienda Pública.5
Como cuestión de hecho, el tribunal de instancia no fue puesto en óptima
posición para determinar si las 1,275 unidades de vivienda, sobre las cuales
se trabó la controversia, cumplían con los estándares requeridos de
habitabilidad. Entendemos que de los autos y de los documentos sometidos
por la misma promovente de la moción de sentencia sumaria surge que existe
5
Debe recordarse que M.A.S. le había informado a la
Administración
de
Vivienda
Pública
que,
según
su
autoevaluación, 1,275 unidades de vivienda que tenía bajo su
administración no cumplían con los estándares requeridos
contractualmente como condición necesaria para retribuirle
mediante el pago de una suma de dinero. En vista de dicho
informe, principalmente, la Administración de Vivienda Pública
decidió que procedía cobrar la suma de dinero correspondiente
al pago que ya había hecho por la administración de 1,275
unidades de vivienda de las comprendidas en la región de Ponce
durante dieciséis meses.
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12
controversia sobre la corrección o, mejor, la veracidad de los datos
informados por M.A.S. a la Administración de Vivienda Pública, lo cual opera
contra el proceder del tribunal de instancia de dictar sentencia sumaria
y apunta a una conclusión de abuso de discreción al emitirla.
El tribunal de instancia, en su primera resolución concediendo los
remedios provisionales, en cuyas determinaciones de hecho luego descansó
para dictar la sentencia sumaria en controversia, concluyó que:
“El formulario en que se basó la Administración de
Vivienda Pública para imponer la penalidad, a la luz de la
totalidad de la prueba, sólo puede significar, desde la
perspectiva más conveniente a la Administración de Vivienda
Pública, que en algún momento en el año esas unidades no
cumplieron con requisitos H.Q.S. según lo interpretado por la
Administración de Vivienda Pública. Aún así, si dicho
incumplimiento no es imputable a M.A.S., no hay manera de
aplicar irreflexivamente la cláusula de la penalidad. En el
mejor de los casos, todo parece indicar que la penalidad sería
una fracción de lo reclamado.”
Evidentemente no se probó que M.A.S. mantuviera bajo los estándares
H.Q.S. las 1,275 unidades de vivienda durante el período correspondiente
a la penalidad. Tampoco se probó, si alguna fracción de dicha cantidad
incumplió con las reglas federales, el tiempo en que lo estuvo, y por causa
de quién. Tal vez M.A.S. no debía sufrir la imposición de la penalidad por
la suma reclamada, tal vez sí, o por una suma menor. Para concluir cualquiera
de tales extremos es necesario un despliegue de prueba de ambas partes en
un juicio plenario. En cambio, lo que debió ser evidente para el tribunal
de instancia, en el trámite de la petición de sentencia sumaria, fue el hecho
de que del proceso no surge convincentemente que M.A.S. haya mantenido bajo
los estándares H.Q.S. las 1,275 viviendas en controversia durante los
dieciséis meses comprendidos en la penalidad. Erró el tribunal sentenciador
al entender que la Administración de Vivienda Pública venía obligada a
demostrar, por preponderancia de la prueba, que la imposición de la penalidad
impugnada por MAS procedía. Tal fue el proceder del tribunal de primera
instancia cuando expresó en su sentencia que:
“La prueba que se presentó en oposición a la moción de
sentencia sumaria descansa fundamentalmente en especulaciones
y de ninguna forma prueba que durante dieciséis (16) meses un
número considerable de las unidades administradas por M.A.S.
no satisfacía los criterios de calidad conocidos como ‘Housing
Quality Standards’ (H.Q.S.).”
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Esto equivale a colocar el peso de la prueba sobre los hombros de la
parte demandada sin que lo autorice o mande así ninguna presunción legalmente
reconocida. Según la Regla 10 de evidencia:
“El tribunal o juzgador de hechos deberá evaluar la
evidencia presentada, a los fines de determinar cuáles hechos
han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a los
siguientes principios:
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que
resultaría vencida de no presentarse evidencia por ninguna de
las partes.
(B) La obligación de presentar evidencia primeramente
recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión
en controversia.
[...]”
M.A.S. venía obligada a probar que su reclamo procedía en pleno derecho
y, mediante la moción de sentencia sumaria tenía que evidenciar que no había
hechos en controversia que obraran contra la conclusión de que las 1,275
unidades de vivienda sujetas a la penalidad cumplían con los estándares
H.Q.S. durante el período de 16 meses por el cual se extendió la misma.
De hecho, en su petición de sentencia sumaria, M.A.S. alegó que no
existía controversia sobre el hecho de que se equivocó al completar el
formulario sobre los Housing Quality Standards (H.Q.S.) utilizando un
estándar de “condiciones óptimas”, cuando debió aplicar el de “condiciones
mínimas”. De ese modo pretendía erosionar el impacto de la admisión que hizo
en dicho formulario. El tribunal de instancia acogió dicha alegación. Erró
al así hacerlo. Dicho tribunal venía obligado a interpretar de la forma más
favorable al promovido el contenido de los documentos presentados para
sostener dicha sentencia sumaria. Entendemos que no cumplió con dicho
mandato. Veamos.
En
su
solicitud
de
sentencia
sumaria
M.A.S.
señaló,
mediante
declaración jurada de su Director de Mantenimiento, el Sr. Angel A. Caballero
Bruno, que el mismo declarante fue quien preparó y envió la certificación
de H.Q.S. a la Administración de Vivienda Pública; que preparó dicha
certificación utilizando estándares óptimos de H.Q.S. y que esa es la razón
por la que surgen incumplimientos con H.Q.S. cuando en efecto todas las
unidades administradas por M.A.S. cumplían con dichos estándares.
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Los demandados, por su parte, cuestionaron la veracidad de lo expuesto
en dicha declaración jurada y acentuaron que la misma está reñida con la
información
contenida
en
otros
anejos
de
la
moción
del
demandante.
Específicamente solicitaron al tribunal de instancia que hiciera referencia
a los anejos 2 y 3 de la moción de sentencia sumaria de los demandantes.
Estos documentos son memorandos internos de M.A.S. en los cuales el
supervisor de mantenimiento y el supervisor de administración de dicha
empresa le proveen al Sr. Caballero la información para que éste a su vez
proceda a preparar la certificación requerida por la Administración de
Vivienda Pública. Señalan dichos memorandos que “...por este medio certifico
que la cantidad de viviendas de las siguientes comunidades cumple con los
requisitos
mínimos
(H.Q.S.)”.
(Énfasis
suplido.)
Esta
es
la
misma
información que incorpora el Sr. Caballero en la certificación en la cual
él alega estaba confundido. Resulta cuestionable, por ende, que el Sr.
Caballero pretenda justificar el fracaso de M.A.S. en cumplir con el estándar
de H.Q.S. alegando que creía que se pedía una evaluación de condiciones
óptimas, y por tanto alegadamente un buen número de unidades de las
administradas por M.A.S. no cualifican, cuando sus propios asesores le
someten informes que reflejan que dicho incumplimiento ha sido tabulado a
base de criterios mínimos de cumplimiento. Por otro lado, hay que añadir
que M.A.S. fue certificada por el Housing and Urban Development (H.U.D.)
para tramitar certificaciones de H.Q.S.. Luego, teniendo el peritaje para
realizar las funciones que realizó, es dudoso que mediase la alegada
confusión. Tales contradicciones, sin duda alguna, sustentaban la alegación
de la Autoridad de Vivienda Pública de que existía controversia real y
sustancial sobre un hecho material que imposibilitaba que se adjudicara
sumariamente este hecho en particular. Por lo tanto, es forzoso concluir
que tribunal de instancia abusó de su discreción y cometió error manifiesto
al dictar sentencia por la vía sumaria en el caso de autos, decretando que
no procedía la penalidad impuesta por la Administración de Vivienda Pública
ni la reconvención presentada por ésta.
Procede, en consecuencia, la revocación de la Sentencia emitida por
el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y que
se devuelva el caso al foro
CC-1999-105
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de instancia para que proceda a ventilar la causa de acción por la vía
ordinaria.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
CC-1999-105
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Management Administration
Services, Corp.
Recurrido
vs.
CC-1999-105
CERTIORARI
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y otros
Recurrente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual
se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia
revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, devolviéndose el mismo al Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, para que proceda a ventilar la
causa de acción por la vía ordinaria.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurre
en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri disiente sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo