LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

MANAGEMENT ADM. SERVICES V. E.L.A.

2000 TSPR 174

Poder Judicial de Puerto Rico

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MANAGEMENT ADM. SERVICES V. E.L.A.

CC-1999-0105

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Management Administration Services, Corp.

Demandantes-Recurridos

Certiorari

v.

2000 TSPR 174

Estado Libre Asociado de Puerto Rico etc.

Demandados-Peticionarios

Número del Caso: CC-1999-0105

Fecha: 29/noviembre/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente:

Hon. Jeannette Ramos Buonomo

Abogados de la Parte Peticionaria:

Fiddler, González & Rodríguez, LLP

Lcdo. Charles Bimbela

Lcda. Clotilde Rexach

Abogados de la Parte Recurrida:

Bufete Pedro E. Ortiz Alvarez

Lcdo. Alex M. López Pérez

Materia: Sentencia Declaratoria

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Management Administration

Services, Corp.

Recurrido

vs.

CC-1999-105

CERTIORARI

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y otros

Recurrente

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2000

Los

días 27 de julio y 16 de octubre de 1992, Management

Administration Systems, Corp. (en adelante, M.A.S.) firmó sendos

contratos con la Administración de Vivienda Pública obligándose a

administrar

varios

residenciales

públicos.

El

primero

de

los

contratos, suscrito el 27 de julio de 1992, giraba en torno a la

administración de 3,144 unidades de vivienda pública en el área de San

Juan. El segundo de ellos, esto es, el del 16 de octubre, comprendía

2,618 unidades de vivienda en el área de Ponce. En total, M.A.S.

administraba

5,762

mantenerlas

en

unidades

de

condiciones

vivienda

pública,

obligándose

que

cumplieran

con

a

las

exigencias de la reglamentación federal, codificada en 24 C.F.R. Sec.

882.109, referentes a los requisitos mínimos con que debe cumplir una unidad

para ser habitable. Estos estándares son conocidos como Housing Quality

Standard, en adelante, H.Q.S. 1 Referente a dichos requisitos, en los

contratos se establecía específicamente que:

“The management fee will not be paid for any unit

in the contracted area not meeting Housing Quality

Standards. This penalty shall be enforced 180 days after

the Effective Date of this Contract.” (Contrato,

Artículo B-2 (H) (2).

Además, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados

Unidos (en adelante H.U.D.), le exigía a la Administración de Vivienda

Pública, y ésta le exigía a M.A.S. como parte de su obligación contractual,

que hiciera evaluaciones anuales, 2 producto de inspecciones igualmente

periódicas de sus capacidades y deficiencias en el proceso de administración

de las viviendas públicas. Entre los asuntos a considerarse en dichos

informes se encuentra el cálculo del promedio de días que toma al

administrador completar las órdenes de trabajo y observar si las unidades

de vivienda administradas cumplen con los requisitos mínimos para ser

habitables, según H.Q.S. En caso de que las unidades de vivienda no reúnan

las condiciones de dicho estándar se requiere que se informe si se cumplió

con el requisito de que las averías de emergencia se corrigieran en menos

de 24 horas y en menos de 25 días las averías ordinarias. Además de estas

evaluaciones anuales, M.A.S. tenía que realizar evaluaciones mensuales y

notificarlas a la Administración de Vivienda Pública. Dichos informes

evaluativos los preparaba el personal de M.A.S. En fin, se trataba de un

proceso de autoevaluación.

Así las cosas, el 5 de agosto de 1994, la Administración de Vivienda

Pública, por primera vez, le requirió a M.A.S. que le notificara el informe

1

M.A.S. pagaría una tarifa (fee) por unidad administrada, que

ascendía a una suma global de $160 mil mensuales. Esta suma era

independiente del presupuesto que se asignaba a M.A.S. para

cubrir los gastos operacionales y las reparaciones ordinarias

o extraordinarias que sufrieran las unidades de vivienda.

CC-1999-105

4

de los resultados de la inspección anual a que hemos hecho referencia. Dicho

informe debía contener la evaluación relativa al período comprendido entre

julio de 1993 y junio de 1994. M.A.S. debía informar si las unidades de

vivienda bajo su administración cumplían o no con H.Q.S., según surgiera

de la requerida inspección anual.

El 26

de agosto de 1994, M.A.S. sometió las certificaciones

solicitadas: la correspondiente a la región de Ponce, y la correspondiente

a la región de San Juan. En dichas certificaciones M.A.S. consideró los

H.Q.S. como exigencias de “condiciones óptimas”, en lugar de “condiciones

mínimas”. La mencionada interpretación pudo haber tenido su origen en un

memorando de 28 de julio de 1994, en el que el Administrador de la

Administración de Vivienda Pública se refería a la deseabilidad de que las

unidades

de

vivienda

se

mantuviesen

en

“condiciones

óptimas”.

En

consecuencia, de los informes sometidos, surgía que 1,275 unidades de

vivienda no cumplían con los requisitos de calidad de vivienda (H.Q.S.)

durante el año fiscal julio de 1993-junio de 1994. Luego, a raíz de los

informes y mediante carta fechada el 14 de marzo de 1995, la Administración

de Vivienda Pública notificó a M.A.S. que debía pagar una penalidad de

$595,720, amparándose en el Art. B-2 y H-2 del contrato que les vinculaba.

Le concedió hasta el 17 de marzo de 1995 para pagar, advirtiéndole que, de

no hacerlo, le retendría el pago mensual por sus servicios. Ese mes sólo

se le pagó alrededor de $10 mil.3

2

Las mismas eran requeridas por la implementación del Public

Housing Management Assesment Program, 24 C.F.R. Sec. 901 et seq.

(en adelante, P.H.M.A.P.).

3

Como hemos visto, el contrato entre las partes litigantes dispone para la

imposición de penalidad a M.A.S., consistente en no pagarle los honorarios

correspondientes a las unidades de vivienda que no cumplieran con H.Q.S.

en atención al período de dicho incumplimiento. Tal como observara el

tribunal de instancia, una unidad puede cumplir en un momento con H.Q.S.,

dejar de cumplir en otro momento y, rápidamente, estar en cumplimiento casi

de inmediato.

Por ello, el período de incumplimiento puede ser sumamente

breve. De hecho, la Administración de Vivienda Pública realiza

evaluaciones periódicas en virtud del P.H.M.A.P.. Entre los

factores observados en dichas evaluaciones se encuentra la

capacidad demostrada por el administrador privado para corregir

las deficiencias que notifican los residentes o que se descubren

a través de inspecciones. M.A.S. obtuvo, en tales evaluaciones

de la Administración de Vivienda Pública, las calificaciones

CC-1999-105

5

El 29 de marzo de 1995, M.A.S. radicó demanda ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, la Administración de Vivienda Pública, y Miguel Rodríguez,

en su capacidad personal y como Administrador de la Administración de

Vivienda Pública. En la misma solicitó que se declarara que no adeudaba a

la Administración de Vivienda Pública suma alguna en relación al vínculo

contractual existente entre ellos; además, solicitó una determinación a los

efectos de que la Administración de Vivienda Pública no tenía derecho a

retenerle la tarifa mensual.

Ese mismo día, M.A.S. presentó una moción en solicitud de remedios

provisionales con el fin de obligar a la Administración a pagarle las tarifas

mensuales. M.A.S. ofreció prestar fianza. El tribunal de instancia celebró

varias vistas con el propósito de determinar la procedencia del remedio

provisional solicitado por M.A.S., el cual otorgó. El tribunal ordenó

preliminarmente, el cumplimento específico de la obligación por parte de

la Administración de Vivienda Pública y ordenó a M.A.S. que prestara fianza

por la totalidad de la suma exigida por la Administración.

Posteriormente, el 29 de junio de 1995, la Administración de Vivienda

Pública contestó la demanda y reconvino contra M.A.S., reclamando una

cantidad en exceso de $500 mil por concepto de las tarifas de administración

pagadas por las unidades que alegadamente no cumplían con

H.Q.S.

El 29 de septiembre de 1995, M.A.S. radicó Moción de Sentencia Sumaria

en la cual alegó que no existía entre las partes litigantes controversia

sobre los siguientes hechos:

-que M.A.S. se equivocó al completar el formulario sobre requisitos

de H.Q.S.; que se “confundió” y cumplimentó el mismo a base de estándares

óptimos y que dicha confusión alegadamente era atribuible a la

Administración de Vivienda Pública;

-que tal equivocación fue la única base en la que descansó la

Administración de Vivienda Pública para imponer las penalidades a M.A.S.;

-que las unidades de vivienda administradas por M.A.S. cumplían con

los requisitos de H.Q.S.;

-y que era improcedente la imposición de una penalidad en su contra.

más altas. La penalidad impuesta por la Administración de

Vivienda Pública fue calculada considerando el supuesto

incumplimiento como extensivo desde febrero de 1993 hasta julio

de 1994.

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6

La Administración de Vivienda Pública se opuso a dicha solicitud de

sentencia sumaria. Luego de la ocurrencia de varios incidentes procesales,

el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria, declarando con lugar la

demanda presentada por M.A.S. y sin lugar la reconvención. Concluyó que no

existía fundamento legal alguno para imponer a M.A.S. la penalidad reclamada

por la Administración de Vivienda Pública. De dicha sentencia se recurrió

al

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

el

cual

emitió

sentencia

confirmatoria de la dictada por el tribunal de instancia.

Concluyó el foro apelativo intermedio que el tribunal de instancia no

cometió error al dictar sentencia sumaria a favor del demandante por no

existir controversia de hechos que impidiese dictarla. Aplicó la doctrina

de la “ley del caso”, sosteniendo que las determinaciones de hechos de

instancia estaban basadas

en la adjudicación de credibilidad que realizó

el tribunal de instancia a base de la prueba testifical y documental que

desfiló en las vistas llevadas a cabo con el fin de resolver la procedencia

del remedio provisional solicitado.

Luego de la denegatoria del foro apelativo intermedio de una moción

de reconsideración, la Administración de Vivienda Pública, el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, y el Administrador de la Administración de Vivienda

Pública, recurrieron ante este Tribunal, argumentando que procede revocar

dicha sentencia por el hecho de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones

erró:

-al permitir que el Tribunal de Instancia aplicara la doctrina

de la “ley del caso” y basara las conclusiones de hechos de

su sentencia sumaria en vistas celebradas con el exclusivo

propósito de evaluar la solicitud de remedios provisionales

por parte de la demandante, cuando la parte demandada no había

tan siquiera hecho descubrimiento de prueba. Todo lo cual,

colocó a la Administración de Vivienda Pública en un estado

de indefensión, violando así su derecho a un debido proceso

de ley al no permitirle su día en corte;

-al confirmar la sentencia sumaria, aún cuando había

controversia sobre hechos esenciales, y aún cuando se abusó

de discreción por ser éste un caso en donde está envuelto un

alto interés público;

-al permitir que el Tribunal de Primera Instancia invirtiera

el peso de la prueba;

-al permitir que el Tribunal de Instancia concluyera que las

admisiones de M.A.S. y la evidencia de sus propias

inspecciones no eran suficientes para imponer la penalidad.

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7

Expedimos el auto y, contando con el beneficio de la comparecencia de

todas las partes, procedemos a resolver.

I

Es doctrina reiterada en nuestro sistema de Derecho que "[l]os derechos

y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen firme,

constituyen la ley del caso, ...". (Énfasis suplido.) In re: Tormos Blandino,

135 D.P.R. 573 (1994), citando a U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 124

D.P.R. 448 (1989). Dicho de otra manera, de ordinario los planteamientos

que han sido objeto de adjudicación por el foro de instancia y/o por este

Tribunal no pueden reexaminarse. Esos derechos y responsabilidades gozan

de las características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de

la “ley del caso”.

Vélez Miranda v. Servicios Legales de P.R., res. el 21

de enero de 1998, 98 TSPR 1, citando a Sánchez Rodríguez v. López Jiménez,

118 D.P.R. 701, 704 (1987).

Así como no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no

existe, como en este caso, una decisión final en los méritos que sirva de

base a dicha defensa, Código Civil, Art. 1204, 31 LPRA sec. 3343; García

v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 150-151 (1951); Restatement,

Judgments, secs. 41, 45 (1942); Developments in the Law--Res Judicata, 65

Harv. L. Rev. 818, 835 et seq. (1952),

tampoco es aplicable en tales

instancias la doctrina de la “ley del caso”. Por otro lado, hemos resuelto

que cuando a ley del caso es errónea y puede causar una gran injusticia,

puede emplearse una norma de derecho diferente. Secretario del Trabajo v.

Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967). Rivera Robles v. Insurance

Co. of Puerto Rico, 103 D.P.R. 91 (1974).

En el Derecho Común, a falta de un estatuto, “la frase ‘ley del caso’,

según se aplica al efecto que puedan tener las órdenes previas de un juez

en las decisiones que luego toma dentro de un mismo pleito, expresa meramente

la práctica general observada por los tribunales de negarse a reabrir lo

que ya antes se ha decidido...”. (Traducción nuestra.) Messenger v.

Anderson, 225 U.S. 436, 444 (1912).

Más que un mandato invariable o

inflexible, la doctrina recoge una costumbre deseable: las controversias

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8

sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa deben

usualmente respetarse como finales. De este modo, las partes en un litigio

pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre unas

directrices judiciales confiables y certeras. Dictograph Products Company

v. Sonotone Corporation, 230 F.2d 131 (2do Cir. 1956).

“En Puerto Rico[, como se sabe,] no existe fundamento válido para

la aplicación al modo angloamericano de la ley del caso.... Rige aquí esta

materia, por supuesto, el Código Civil.” Torres Cruz v. Municipio de San

Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975). Sin embargo, en cuanto a este aspecto la

práctica sancionada por este Tribunal no varía de las normas que adopta

cualquier sistema jurídico avanzado. "[A] fines de velar por el trámite

ordenado y pronto de los litigios, así como por la estabilidad y certeza

del derecho, un tribunal de instancia [como una cuestión de sana práctica

y no como regla inviolable] deb[e] resistirse a alterar sus pronunciamientos

dentro de un mismo caso excepto cuando se convenza de que los mismos son

erróneos."

Íd. Precisamente, porque este principio no es una regla

inviolable, ni un límite al poder de los tribunales, en Torres Cruz v.

Municipio de San Juan, ante, permitimos que un segundo juez revocara la

decisión equivocada de un primer juez de igual nivel dentro de un mismo caso.

Así, reiteramos que la doctrina de la ley del caso es una “... al

servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación

absoluta.

Por

el

contrario,

es

descartable

si

conduce

a

resultados

manifiestamente injustos.” Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 D.P.R.

919 (1992), citando a Estado v. Ocean Park Dev. Corp., 79 D.P.R. 158, 174

(1956) y otros. En esa misma línea de pensamiento, también se ha reconocido

“... que si el Tribunal entiende que la ley del caso antes establecida es

errónea y que puede causar una grave injusticia, ... puede aplicar una norma

de derecho diferente a fin de resolver en forma justa.” Noriega Rodríguez

v. Hernández Colón, ante, citando a Don Quijote Hotel v. Tribunal Superior,

100 D.P.R. 19, 29-30 (1971).

Es por esto que, en nuestra jurisdicción, un juez de instancia no queda

atado por sus determinaciones interlocutorias, aun cuando éstas no hayan

sido objeto de reconsideración o revisión.

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9

En el caso que nos ocupa, la sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones avala la utilización, con rango de “ley del caso”,

por parte del foro de instancia, de las determinaciones de hechos realizadas

preliminarmente por dicho tribunal en resoluciones que giraban únicamente

en torno a los méritos de la solicitud por parte de la demandante del remedio

provisional de prestación de fianza. Es menester enfatizar que desde la

primera de estas dos vistas el tribunal expresó su parecer sobre los hechos

fundamentales del caso, expresiones que luego unió a la segunda resolución

que emitiera. Sin embargo, tales expresiones no alcanzan el grado de

dictámenes finales y firmes para fines de la doctrina de la “Ley del caso”

en la substanciación en los méritos del caso de autos.4 Luego, ha de tenerse

en consideración que dicha primera vista se celebró pocos días después de

presentarse la demanda del caso, antes de que los demandados contestaran

la demanda, y sin tener, la parte demandada, una razonable oportunidad de

realizar descubrimiento de prueba. Esto, sin duda, puede ser fuente de graves

injusticias. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su aplicación

de la doctrina de la “ley del caso”.

II

También señalan los recurrentes que erró el Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que en el caso de autos procedía, conforme a derecho,

dictar sentencia sumaria. Les asiste la razón.

En Hernández Villanueva v. Hernández, res. el 27 de enero de 2000, 2000

TSPR 14, reiteramos que la sentencia sumaria es un mecanismo procesal

extraordinario que tiene el propósito de facilitar la solución justa, rápida

y económica de los litigios civiles que no presenten controversias genuinas

de hechos materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio

en su fondo. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624 (1994).

La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,

establece que se podrá dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en

4

De hecho, en su primera resolución referente a los remedios

provisionales, el Tribunal de Primera Instancia expresó que

reconocía la probabilidad de que en alguna medida procediera

CC-1999-105

10

unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, surge que no hay

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material, y como

cuestión de derecho debe dictarse sentencia a favor de la parte promovente.

Sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge claramente que el

promovido por la moción no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos

y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para

poder resolver la controversia. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117

D.P.R. 714 (1986). Cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos

de la controversia, no procede una sentencia sumaria. Metropolitana de

Préstamos v. López de Victoria, res. el 1ro. de noviembre de 1996, 141

D.P.R.___(1996). La sentencia sumaria sólo debe concederse cuando no hay

una genuina controversia sobre los hechos materiales y el tribunal se

convence que tiene ante sí la verdad de todos los hechos pertinentes.

Cualquier duda sobre la existencia de una controversia sobre los hechos

materiales,

debe

resolverse

contra

la

parte

promovente.

Audiovisual

Language v. Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, res. el 15 de

diciembre de 1997, 144 D.P.R.___(1997). La sentencia sumaria sólo debe

dictarse en casos claros y cualquier duda en cuanto a si hay hechos

pertinentes en controversia debe resolverse contra la parte que solicita

la sentencia sumaria. Toda inferencia que se haga a base de los hechos y

documentos que obren en los autos, debe tomarse desde el punto de vista más

favorable al que se opone a la solicitud de sentencia sumaria. Véase, Piñero

v. A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 98 TSPR 140; Audiovisual Language

v. Sistema de Estacionamiento Natal Hermanos, ante; Medina v. M.S. & D.

Química de P.R. Inc., res. el 7 de abril de 1994, 135 D.P.R.___(1994); Rivera

et al v. Superior Packaging, Inc., et al, 132 D.P.R. 115 (1992). García Díaz

v. DAREX, res. el 20 de mayo de 1999, 99 TSPR 79. Así pues, tomando en

consideración

que

la

sentencia

sumaria

es

un

remedio

de

carácter

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su

día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Roig Com.

la imposición de penalidad por parte de la Administración de

Vivienda Pública contra M.A.S.

CC-1999-105

11

Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617 (1990). Córdova Ramos v. Larín

Herrera, res. el 2 de junio de 2000, 2000 TSPR 79.

Al dictar sentencia sumaria el tribunal: (1) analizará los documentos

que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria y los documentos

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el expediente

del tribunal; (2) determinará si el oponente controvirtió algún hecho

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas

o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties v. General

Accident, res. el 7 de septiembre de 1994, 136 D.P.R.___(1994).

III

En el caso que nos ocupa, M.A.S. recurrió ante el foro judicial en

solicitud de que se decretara que la Administración de Vivienda Pública actuó

contrario a derecho al penalizarlo por alegadamente no haber mantenido en

condiciones mínimas de habitabilidad durante dieciséis

meses, 1,275

unidades de vivienda que M.A.S. venía obligada a administrar conforme a lo

pactado. Queda claro, entonces, que M.A.S. venía obligada a demostrar, por

preponderancia de la prueba, que como cuestión de hecho las 1,275 unidades

de vivienda cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad durante

dicho período, contrario a sus propias declaraciones en el informe rendido

ante la Administración de Vivienda Pública.5

Como cuestión de hecho, el tribunal de instancia no fue puesto en óptima

posición para determinar si las 1,275 unidades de vivienda, sobre las cuales

se trabó la controversia, cumplían con los estándares requeridos de

habitabilidad. Entendemos que de los autos y de los documentos sometidos

por la misma promovente de la moción de sentencia sumaria surge que existe

5

Debe recordarse que M.A.S. le había informado a la

Administración

de

Vivienda

Pública

que,

según

su

autoevaluación, 1,275 unidades de vivienda que tenía bajo su

administración no cumplían con los estándares requeridos

contractualmente como condición necesaria para retribuirle

mediante el pago de una suma de dinero. En vista de dicho

informe, principalmente, la Administración de Vivienda Pública

decidió que procedía cobrar la suma de dinero correspondiente

al pago que ya había hecho por la administración de 1,275

unidades de vivienda de las comprendidas en la región de Ponce

durante dieciséis meses.

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12

controversia sobre la corrección o, mejor, la veracidad de los datos

informados por M.A.S. a la Administración de Vivienda Pública, lo cual opera

contra el proceder del tribunal de instancia de dictar sentencia sumaria

y apunta a una conclusión de abuso de discreción al emitirla.

El tribunal de instancia, en su primera resolución concediendo los

remedios provisionales, en cuyas determinaciones de hecho luego descansó

para dictar la sentencia sumaria en controversia, concluyó que:

“El formulario en que se basó la Administración de

Vivienda Pública para imponer la penalidad, a la luz de la

totalidad de la prueba, sólo puede significar, desde la

perspectiva más conveniente a la Administración de Vivienda

Pública, que en algún momento en el año esas unidades no

cumplieron con requisitos H.Q.S. según lo interpretado por la

Administración de Vivienda Pública. Aún así, si dicho

incumplimiento no es imputable a M.A.S., no hay manera de

aplicar irreflexivamente la cláusula de la penalidad. En el

mejor de los casos, todo parece indicar que la penalidad sería

una fracción de lo reclamado.”

Evidentemente no se probó que M.A.S. mantuviera bajo los estándares

H.Q.S. las 1,275 unidades de vivienda durante el período correspondiente

a la penalidad. Tampoco se probó, si alguna fracción de dicha cantidad

incumplió con las reglas federales, el tiempo en que lo estuvo, y por causa

de quién. Tal vez M.A.S. no debía sufrir la imposición de la penalidad por

la suma reclamada, tal vez sí, o por una suma menor. Para concluir cualquiera

de tales extremos es necesario un despliegue de prueba de ambas partes en

un juicio plenario. En cambio, lo que debió ser evidente para el tribunal

de instancia, en el trámite de la petición de sentencia sumaria, fue el hecho

de que del proceso no surge convincentemente que M.A.S. haya mantenido bajo

los estándares H.Q.S. las 1,275 viviendas en controversia durante los

dieciséis meses comprendidos en la penalidad. Erró el tribunal sentenciador

al entender que la Administración de Vivienda Pública venía obligada a

demostrar, por preponderancia de la prueba, que la imposición de la penalidad

impugnada por MAS procedía. Tal fue el proceder del tribunal de primera

instancia cuando expresó en su sentencia que:

“La prueba que se presentó en oposición a la moción de

sentencia sumaria descansa fundamentalmente en especulaciones

y de ninguna forma prueba que durante dieciséis (16) meses un

número considerable de las unidades administradas por M.A.S.

no satisfacía los criterios de calidad conocidos como ‘Housing

Quality Standards’ (H.Q.S.).”

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13

Esto equivale a colocar el peso de la prueba sobre los hombros de la

parte demandada sin que lo autorice o mande así ninguna presunción legalmente

reconocida. Según la Regla 10 de evidencia:

“El tribunal o juzgador de hechos deberá evaluar la

evidencia presentada, a los fines de determinar cuáles hechos

han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a los

siguientes principios:

(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que

resultaría vencida de no presentarse evidencia por ninguna de

las partes.

(B) La obligación de presentar evidencia primeramente

recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión

en controversia.

[...]”

M.A.S. venía obligada a probar que su reclamo procedía en pleno derecho

y, mediante la moción de sentencia sumaria tenía que evidenciar que no había

hechos en controversia que obraran contra la conclusión de que las 1,275

unidades de vivienda sujetas a la penalidad cumplían con los estándares

H.Q.S. durante el período de 16 meses por el cual se extendió la misma.

De hecho, en su petición de sentencia sumaria, M.A.S. alegó que no

existía controversia sobre el hecho de que se equivocó al completar el

formulario sobre los Housing Quality Standards (H.Q.S.) utilizando un

estándar de “condiciones óptimas”, cuando debió aplicar el de “condiciones

mínimas”. De ese modo pretendía erosionar el impacto de la admisión que hizo

en dicho formulario. El tribunal de instancia acogió dicha alegación. Erró

al así hacerlo. Dicho tribunal venía obligado a interpretar de la forma más

favorable al promovido el contenido de los documentos presentados para

sostener dicha sentencia sumaria. Entendemos que no cumplió con dicho

mandato. Veamos.

En

su

solicitud

de

sentencia

sumaria

M.A.S.

señaló,

mediante

declaración jurada de su Director de Mantenimiento, el Sr. Angel A. Caballero

Bruno, que el mismo declarante fue quien preparó y envió la certificación

de H.Q.S. a la Administración de Vivienda Pública; que preparó dicha

certificación utilizando estándares óptimos de H.Q.S. y que esa es la razón

por la que surgen incumplimientos con H.Q.S. cuando en efecto todas las

unidades administradas por M.A.S. cumplían con dichos estándares.

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14

Los demandados, por su parte, cuestionaron la veracidad de lo expuesto

en dicha declaración jurada y acentuaron que la misma está reñida con la

información

contenida

en

otros

anejos

de

la

moción

del

demandante.

Específicamente solicitaron al tribunal de instancia que hiciera referencia

a los anejos 2 y 3 de la moción de sentencia sumaria de los demandantes.

Estos documentos son memorandos internos de M.A.S. en los cuales el

supervisor de mantenimiento y el supervisor de administración de dicha

empresa le proveen al Sr. Caballero la información para que éste a su vez

proceda a preparar la certificación requerida por la Administración de

Vivienda Pública. Señalan dichos memorandos que “...por este medio certifico

que la cantidad de viviendas de las siguientes comunidades cumple con los

requisitos

mínimos

(H.Q.S.)”.

(Énfasis

suplido.)

Esta

es

la

misma

información que incorpora el Sr. Caballero en la certificación en la cual

él alega estaba confundido. Resulta cuestionable, por ende, que el Sr.

Caballero pretenda justificar el fracaso de M.A.S. en cumplir con el estándar

de H.Q.S. alegando que creía que se pedía una evaluación de condiciones

óptimas, y por tanto alegadamente un buen número de unidades de las

administradas por M.A.S. no cualifican, cuando sus propios asesores le

someten informes que reflejan que dicho incumplimiento ha sido tabulado a

base de criterios mínimos de cumplimiento. Por otro lado, hay que añadir

que M.A.S. fue certificada por el Housing and Urban Development (H.U.D.)

para tramitar certificaciones de H.Q.S.. Luego, teniendo el peritaje para

realizar las funciones que realizó, es dudoso que mediase la alegada

confusión. Tales contradicciones, sin duda alguna, sustentaban la alegación

de la Autoridad de Vivienda Pública de que existía controversia real y

sustancial sobre un hecho material que imposibilitaba que se adjudicara

sumariamente este hecho en particular. Por lo tanto, es forzoso concluir

que tribunal de instancia abusó de su discreción y cometió error manifiesto

al dictar sentencia por la vía sumaria en el caso de autos, decretando que

no procedía la penalidad impuesta por la Administración de Vivienda Pública

ni la reconvención presentada por ésta.

Procede, en consecuencia, la revocación de la Sentencia emitida por

el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y que

se devuelva el caso al foro

CC-1999-105

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de instancia para que proceda a ventilar la causa de acción por la vía

ordinaria.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

CC-1999-105

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Management Administration

Services, Corp.

Recurrido

vs.

CC-1999-105

CERTIORARI

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y otros

Recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual

se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia

revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, devolviéndose el mismo al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, para que proceda a ventilar la

causa de acción por la vía ordinaria.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurre

en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo