LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ALEXANDRA M. ANDINO TORRES EX-PARTE

2000 TSPR 164

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

ALEXANDRA M. ANDINO TORRES EX-PARTE

CC-1997-0639

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexandra M. Andino Torres

Ex-Parte

Certiorari

2000 TSPR 164

Número del Caso: CC-1997-0639

Fecha: 3/noviembre/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito

Regional III

Juez Ponente: Hon. Igrí Rivera de Martínez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Arturo Sánchez Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sylvia Cancio Bigas

Procuradora General Auxiliar

Materia: Cambio de Nombre

Este documento constituye un documento

oficial del Tribunal Supremo que está

sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

CC-1997-639

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexandra M. Andino Torres

Ex parte

Certiorari

CC-1997-639

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre

de 2000

A

la

Primera

Moción

de

Reconsideración presentada en este

caso, no ha lugar por haberse dividido

igualmente el Tribunal al inhibirse el

Juez Asociado señor Rivera Pérez.

Lo acordó el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Andréu García y

los Jueces Asociados señores Rebollo

López y Corrada del Río, hubieran

reconsiderado. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez emitió por escrito voto de

inhibición.

Isabel Llompart Zeno

CC-1997-639

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1997-639

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexandra M. Andino Torres

Ex parte

CC-1997-639

Voto de inhibición del Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2000.

En el caso de marras el Juez suscribiente participó como

Juez Apelativo en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Dicho

Tribunal emitió sentencia, por voto unánime de los tres (3)

jueces del panel, confirmando la sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, a los efectos de denegar la

solicitud de la parte aquí peticionaria de cambio de sexo en su

certificado de nacimiento.

¿Debe inhibirse de participar el suscribiente en el caso

de marras como Juez Asociado de este Tribunal?

así es.

Veamos.

Entendemos que

Cer

CC-1997-639

Es un principio reconocido por la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que todo

ciudadano

tiene

derecho

a

un

debido

CC-1997-639

proceso de ley.1

Este precepto constitucional garantiza que las

personas disfruten de un sistema de justicia objetivo, equitativo

e imparcial cuando acuden ante los tribunales.

En la medida en

que los ciudadanos confíen en la integridad, honestidad e

imparcialidad de quienes tienen la noble encomienda de impartir

justicia, se mantiene la fe en este sistema, evitando el inmenso

riesgo de que tomen la justicia en sus propias manos.2

Así, la

ley, los cánones de ética judicial y las mejores costumbres y

tradiciones judiciales están dirigidos a mantener la confianza

pública en nuestro sistema de justicia.

Por consiguiente, es

responsabilidad de los llamados a impartir justicia velar porque

sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la

integridad e independencia de su ministerio y estimulen la

confianza en la Judicatura.3

La imparcialidad y objetividad con la cual deben proceder

los jueces, es de tal importancia que la ley exige que cualquier

causa que tienda a minar la confianza pública en el sistema de

justicia,

así

como

razonablemente

arrojar

dudas

sobre

la

imparcialidad para adjudicar, el juez deberá inhibirse de actuar

en un pleito o procedimiento.

Regla 63 de las de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III;4 Cánones de Ética Judicial, Cánones

XI y XII(g), 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

Estas normas establecen que

1

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

Artículo II, sección 7, dispone que "ninguna persona puede ser

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley".

2

Pérez Reilly v. Club Deportivo Ponce, Inc., 126 D.P.R. 837,

841-842 (1990).

3

4

Cánones de Ética Judicial, Canon I, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

La Regla 63 de Procedimiento Civil, en lo pertinente, dispone:

A iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez deberá inhibirse de actuar en un

pleito o

procedimiento en cualquiera de los casos siguientes:

[...]

(e)

Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre

su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema

de justicia. (Énfasis nuestro.)

CC-1997-639

el juez no solamente ha de ser imparcial, sino que su conducta

ha de excluir toda posible apariencia de parcialidad.

Bajo la

norma de "apariencia de parcialidad", para que proceda la

inhibición

"no

es

imprescindible

probar

la

existencia

de

prejuicio o parcialidad de hecho; basta con la apariencia de

parcialidad o prejuicio".5

Los tribunales de justicia tienen el

deber de velar que la balanza en la cual se pesan los derechos

de todos nuestros conciudadanos esté libre de sospechas, aun

cuando las mismas sean infundadas. 6

(Énfasis nuestro.)

Los

jueces no deben aceptar encomiendas o labores que pongan en riesgo

la imagen de imparcialidad y sobriedad que enaltece a la

judicatura ni que arrojen dudas acerca de su capacidad para actuar

con ecuanimidad.7

El criterio establecido en la Regla 63.1 de Procedimiento

Civil, supra, es similar al criterio establecido en el Canon 12

(g) de los Cánones de Ética Judicial, supra;8 al Canon 3(c)(1)

del Código de Conducta Judicial de la American Bar Association9;

y a la disposición estatutaria federal referente a la inhibición

de jueces.10 28 U.S.C.A. § 455(a). Este criterio ha sido definido

5

Pueblo v. Martés Olán, 103 D.P.R. 351, 355 (1975); Santiago

Mercado v. Desiderio Cartagena, 112 D.P.R. 205, 214 (1982).

6

Sucn. Ortíz Ortíz v. Campoamor Redín, 125 D.P.R. 106 (1990).

7

In re: Fernando Campoamor Redín, res. el 24 de enero de 2000,

2000

T.S.P.R. 13, 2000 J.T.S. 25.

8

Véase nota 43, infra.

9

Dispone, en lo pertinente, el Canon 3(c):

C. Disqualification

(1) A judge should disqualify himself in a proceeding

in which his impartiality might reasonably be

questioned, included but not limited to instance where:

(Énfasis nuestro.)

a.

he has a personal bias or prejudice concerning a

party, or personal knowledge of disputed evidentiary

facts concerning the proceeding,

b.

10

...

c.

En 1974 el Congreso de los Estados Unidos enmendó esta sección

para que fuese análoga al Canon 3c del Código de Conducta Judicial

de la A.B.A. H. Rep. No. 1453, 93d. Cong., 2d. Sess. 3, 1974 U.S.

CC-1997-639

como un criterio objetivo, diseñado con el propósito de promover

la confianza pública en la imparcialidad del proceso judicial.11

Un caso que no pueda ser juzgado con la imparcialidad a que los

litigantes tienen derecho, el interés de la justicia requiere la

inhibición del juzgador.12

Este criterio, que establece la inhibición por cualquier

causa

que

razonablemente

pueda

arrojar

dudas

sobre

la

imparcialidad para adjudicar, exige que sea analizada desde el

punto de vista de un observador razonable, bien informado, con

el conocimiento de todos los datos y circunstancias relevantes

al caso, incluyendo aquellas que son de conocimiento general,

como las que no están a la luz pública.13 Se recomienda examinar:

(1) los hechos pertinentes; (2) el récord del caso; y (3) la ley

aplicable. 14

La imputación de parcialidad debe ser basada en

hechos que produzcan duda razonable sobre la imparcialidad del

juez en la mente de una persona razonable, no desde el punto de

vista del juez, los litigantes o sus abogados.15

La experiencia que un juez ha adquirido durante su carrera,

ya sea en la práctica privada como abogado, en una posición previa

en otras ramas del gobierno, no es base suficiente para que éste

se inhiba en procedimientos relacionados con esa experiencia.16

Code Cong. Admin. News 6351, 6353. La sección 455 del Título 28

del U.S.C. dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

(a) Any justice, judge, or magistrate of the United

States shall disqualify himself in any proceeding in

which his impartiality might reasonably be questioned.

(Énfasis nuestro.)

11

H. Rep. No. 1453, 93d. Cong., 2d. Sess. 3, 1974 U.S. Code Cong.

Admin. News 6351, 6353.

12

7A Federal Procedure, Lawyer’s Ed., Courts and Judicial System,

§

20:70 (Supp. 1999).

13

Richard E. Flamm, Judicial Disqualification: Recusal and

Disqualification of Judges, Little, Brown and Company, §5.6.4,

§5.8, pág. 163 (1996).

14

Íd.

15

Íd.

CC-1997-639

Aun cuando el juez es influenciado, consciente o inconsciente,

por sus experiencias, asociaciones o prejuicios desarrollados a

través de su vida, nuestro sistema tiene una expectativa en que

esas influencias y prejuicios sean echados a un lado, y adjudiquen

con ecuanimidad ética e intelectual todos los pleitos ante su

consideración.17

Existen situaciones en las cuales los jueces, al ser

nombrados a un tribunal de superior jerarquía, han tenido que

revisar sus propias decisiones que emitieron mientras eran

juzgadores en tribunales inferiores. En varias situaciones han

procedido a inhibirse.18

Por ejemplo, el Juez Presidente Burger

no participó en los procedimientos de certiorari19 presentados en

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, referentes a los casos

del Circuito de D.C. en los que él participó, al igual que el Juez

Steward20 y el Juez Harlan.21

De igual manera, el Juez Scalia ha

indicado que no participaría en ningún caso en el cual participó

como Juez de Circuito.22

Por otro lado, el Juez Oliver Wendell

Holmes participó en un gran número de recursos ante el Tribunal

Supremo de Estados Unidos, por virtud de los cuales revisaron

16

Véase Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, 142 D.P.R. ___ (1997),

97 J.T.S. 48, res. el 10 de abril de 1997.

17

Santiago Mercado v. Desiderio Cartagena, supra. Véase, Richard

E. Flamm, supra, §10.11

18

Obtener información precisa en esta área es difícil por la

naturaleza privada e individual de esta decisión. Por tradición,

la mayoría de los Jueces del Tribunal Supremo Federal, al igual

que los Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no explican

sus razones para inhibirse, por lo que es casi imposible saber

con alguna precisión la verdadera razón para tal inhibición. Cf.

Steven Lubet, Certiorari Conundrum, 80 Minn. Law Rev. 657,

659(1996). (Énfasis nuestro.)

19

Investment Co. Inst. v. Camp, 397 U.S. 986(1970); General

Telephone Co. of California v. F.C.C., 396 U.S. 888 (1969).

20

Torre v. Garland, 358 U.S. 910 (1958); Zoomar, Inc. v. Paillard

Prods., Inc. 358 U.S. 908 (1958).

21

22

Shaughnessy v. United States, 349 U.S. 280 (1955).

Nomination of Judge Antonin Scalia: Hearing Before the Senate

Comm. on the Judiciary, 99th cong., 2nd Sess. 71-73 (1986). Steven

Lubet, Certiorari Conundrum, 80 Minn. Law

Rev. 657, 659, n. 13 (1996). Stempel, Rehnquist, Recusal and

Reform, 53 Brook L. Rev. 589,608 (1987).

CC-1997-639

decisiones emitidas por la Corte Suprema de Massachusetts, en las

cuales él intervino.23 Cabe destacar, que esta actuación del Juez

Holmes ha sido muy criticada, inclusive se ha considerado como

una

circunstancia

"claramente

(Traducción nuestra.)

proscrita

hoy

en

día". 24

Estas decisiones del juez Holmes fueron

emitidas a principios del siglo XX. No es hasta el año 1924 que

la A.B.A. adopta unos estándares generales sobre la conducta

judicial, los cuales no aplicaban para esa fecha a los jueces del

Tribunal

Supremo

Federal. 25

Actualmente,

la

situación

es

diferente con relación a la inhibición de los jueces en el

Tribunal Supremo Federal. Desde el año 1974, cuando el Congreso

de

los

Estados

Unidos

enmendó

el

estatuto

federal

sobre

inhibición para asemejarlo a los Cánones de Conducta Judicial de

la A.B.A., 26 cualquier juez debe inhibirse, sin importar su

jerarquía, si su actuación razonablemente crea dudas sobre su

imparcialidad.27

El fundamento principal para criticar la intervención de

jueces en procedimientos apelativos, que revisan las decisiones

que ellos mismos emitieron mientras eran jueces de primera

instancia,

es

que

razonablemente

se

puede

dudar

de

su

imparcialidad al emitir su decisión:

"it would be unbecoming for a judge to participate

in the determination of the correctness, propriety and

appropriateness of what he did in the trial of the

case." Richard E. Flamm, supra, § 12.5.

Aunque es probable que en la revisión de sus propias

decisiones, un juez esté reacio a revocar su propia decisión, no

23

Como por ejemplo: Worceter v. Street R. Co., 196 U.S. 539

(1905); Dumbra v. Dumbra, 190 U.S. 340 (1903).

24

Véase Richard E. Flamm, supra, §28.3.2; Stempel, Rehnquist,

Recusal and Reform, supra, a la pág. 609.

25

Stempel, Rehnquist, Recusal and Reform, supra, a la pág. 608.

26

Véase nota 10, supra.

CC-1997-639

es menos cierto que evitar que el juez revise a nivel apelativo

su propia decisión sirve solamente para demorar el poder decidir

sobre una controversia similar.28

(Énfasis nuestro.)

El propósito principal de estas directrices, relacionadas

con la inhibición judicial, es establecer unos estatutos más

estrictos y comprensivos, que promuevan la confianza en el

sistema judicial eliminando la apariencia de arbitrariedad. 29

Las normas de inhibición, tendentes a eliminar el potencial de

prejuicio, arbitrariedad y a establecer las garantías de una

decisión justa para las partes, imponen principios de conducta

que van dirigidos a la conciencia judicial individual. 30

El

mecanismo colegiado asegura una justicia imparcial, serena

restricción y celosa fiscalización de criterios. 31

La propia

naturaleza de un foro colegiado impone a los jueces, de ordinario,

unas limitaciones para asegurar que las decisiones reflejen el

criterio mayoritario y estén basadas en el derecho aplicable y

no

en

sus

opiniones

personales

sobre

controversia ante su consideración.32

los

méritos

de

la

Al cumplir con su función

constitucional, los jueces del Tribunal Supremo tienen una misión

fundamental de expresión sobre los asuntos de honda repercusión

pública

que

nuestro.)

se

someten

ante

su

consideración. 33

(Énfasis

Las decisiones del Tribunal Supremo exigen quórum y

una votación mayoritaria, por lo que hay que ponderar con

particular

cuidado

cualquier

asunto

sobre

inhibición

para

asegurar que el Tribunal pueda decidir la controversia ante su

27

Id. Véase nota 4, supra. 28 U.S.C.A. § 455; Canon 3(c) de los

Cánones

de Conducta Judicial de la A.B.A.

28

Comment, Meeting the challenge: Rethinking Judicial

Disqualification, 69 Cal. L. Rev. 1445, 1446 (1981).

29

30

Richard E. Flamm, supra, §12.4.1.

Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, supra; Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 D.P.R. 267 (1988).

31

Noriega Rodríguez v. Gobernador, supra.

In re Colton Fontán, 141 D.P.R. ___ (1996), 96 J.T.S. 119,

opinión de 23 de septiembre de 1996.

32

33

Noriega Rodríguez v. Gobernador, supra.

CC-1997-639

consideración, según los derechos constitucionales y las normas

legales y jurídicas establecidas.34 La inhibición de un juez del

Tribunal Supremo reviste un interés excepcional, 35 la cual no

conlleva su sustitución, y muy bien podría dar lugar a un empate

en una votación que impida un pronunciamiento final del tribunal

de última instancia en un asunto de importancia pública.36

En el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se puede

sustituir al juez inhibido. De haber un empate en una votación,

o de no haber el quórum requerido, se ha invocado la regla de la

necesidad.

La regla de la necesidad es un principio en el cual

la inhibición de un juez no es permitida en el Tribunal Supremo

Federal, si tiene como consecuencia el evitar que se pueda tomar

una decisión sobre una controversia.

"Actual disqualification

of a member of a court of last resort will not excuse such member

from performing his official duty if failure to do so would result

in a denial of a litigant's constitutional righ to have a

question, properly presented to such court, adjudicated".37

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido

enfático al establecer como principio que contra los estados de

inhibición moral no puede imperar la regla de la necesidad.38 Por

lo tanto, en Puerto Rico no es de aplicación la regla de la

necesidad cuando un Juez del Tribunal Supremo decide inhibirse.

Nada ni nadie puede obligarle a participar.

Cada juez integrante del Tribunal Supremo es la autoridad

de última instancia sobre la determinación de su capacidad e

34

In re Colton Fontán, supra.

35

Sánchez v. López, 116 D.P.R. 172 (1985).

36

In re Colton Fontán, supra.

37

U.S. v. Will, 449 U.S. 200, 214 (1980).

38

In re Colton Fontán, supra; Noriega Rodríguez v. Gobernador,

supra; Santiago v. Superintendente, supra; Pizarro v. Tribunal,

100 D.P.R. 774 (1972); In re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90 (1959).

CC-1997-639

imparcialidad sobre una controversia. 39

La decisión sobre

materia de inhibición de un Juez del Tribunal Supremo 40 es

individual y no plenaria; incumbe exclusivamente a la esfera

interna de la conciencia judicial individual la decisión en

materia de inhibición. 41 La tradición entre los jueces del

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido inhibirse, en las

siguientes situaciones: (1)

por razón del objeto del litigio,

cuando existe un vínculo de interés moral o material entre lo que

se debate y la figura del magistrado; (2) por razón de las partes

en conflicto, amistad o enemistad entre el juez y los litigantes;

y (3) por razón de los foros llamados a intervenir, como por

ejemplo, haber intervenido previamente como abogado, consejero

o juez en el pleito.42

(Énfasis nuestro.) Además, el Canon XII

de los Cánones de Etica Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, establece

claramente que el juez no debe entender en procedimiento judicial

alguno en que tenga prejuicio o parcialidad por haber prejuzgado

el caso.43

(Énfasis nuestro.)

39

Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, supra; Noriega Rodríguez v.

Gobernador, supra.

40

El Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico en materia

de inhibición dispone que:

(1) Cualquier Juez de este Tribunal que fuese objeto de una

comunicación oral o escrita hecha fuera de los canales judiciales

ordinarios, mediante la cual se trate de transmitirle información

o de influir en su ánimo respecto a cualquier asunto ante este

Tribunal, lo informará al pleno del Tribunal y decidirá si se

inhibe o no. Lo anterior es sin perjuicio de las demás causales

de inhibición que establecen la ley, los cánones de ética judicial

y las mejores costumbres y tradiciones judiciales, y sin perjuicio

también de las sanciones que pueda imponer el Tribunal a cualquier

abogado(a) que promueva o permita tales comunicaciones. (Énfasis

nuestro.)

(2) [...]

Cualquier Juez podrá inhibirse motu proprio sin

tener que expresar los motivos para tal inhibición.

Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1996,

Regla 4(e), 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

41

Noriega Rodríguez v. Gobernador, supra.

42

Santiago Mercado v. Desiderio Cartagena, 112 D.P.R. 205, 214

(1982); In re Colton Fontán, supra.

43

Dispone, en lo pertinente, el Canon 12 de los Cánones de Ética Judicial:

La Jueza o el Juez no debe entender en procedimiento judicial alguno

en que la ley le

CC-1997-639

Luego de este análisis, es evidente que toda la normativa

anteriormente discutida tiene como propósito salvaguardar la

confianza de las personas en nuestro sistema de justicia. Cada

persona que se acerque a los tribunales de Puerto Rico debe tener

la confianza plena de que sus reclamaciones serán atendidas, sus

derechos serán garantizados y la decisión que se tome será una

objetiva, imparcial, y sobre todo justa, tal como lo exige el

debido procedimiento de ley.

El debido proceso de ley requiere que los procedimientos

sean justos con las partes a ser afectadas y que se adapten

apropiadamente a los fines que se desea conseguir. Esta cláusula

garantiza un tribunal justo e imparcial.

La imparcialidad con

la cual los casos deben ser juzgados es un requisito sine qua non

de un sistema democrático.

pueden

abdicar

a

su

Por otro lado, los tribunales no

función

constitucional

de

resolver

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas, que

tienen interés real en obtener un remedio que ha de afectar sus

relaciones jurídicas. Esta normativa es más importante en el caso

del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuyas decisiones, como

tribunal de última instancia, resultan en la expresión última,

suprema y obligatoria de la interpretación de las leyes.

La

necesidad de que el derecho sea uniforme hace imprescindible que

las decisiones del Tribunal Supremo sean obligatorias para el

prohiba actuar, incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de

los casos siguientes:

(a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia

cualesquiera de las personas, los abogados o las

abogadas que intervengan en el pleito o por haber

prejuzgado el caso.

...

(g)

Por

cualquier

otra

causa

que

pueda

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad

para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública

en el sistema de justicia.

El Juez o la Jueza deberá inhibirse tan pronto conozca

de la causa de inhibición mediante resolución escrita

en la que hará constar dicha causa, con notificación de

la misma a todas las partes.

CC-1997-639

Tribunal de Circuito de Apelaciones y el Tribunal de Primera

Instancia. Op. Sec. Just. Núm. 11 de 1983. El Tribunal Supremo,

mediante una opinión, establece las normas a seguir, así como la

interpretación

de

cualquier

disposición

estatutaria

o

reglamentaria.44 Ante la situación de que estas decisiones exigen

quórum y votación mayoritaria, la inhibición de un Juez del

Tribunal Supremo de Puerto Rico puede impedir el pronunciamiento

final en un asunto de importancia pública, que podría producir,

inclusive, el avalar acciones que infrinjan los derechos y

libertades

fundamentales

de

la

ciudadanía,

consagrados

en

nuestra Constitución. Tal inhibición podría lastimar la facultad

constitucional del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de ser la

autoridad máxima que interpreta la Constitución de Puerto Rico,

así como las leyes del país. 45

El juez, en su obligación de

mantener la confianza en el sistema, está obligado a analizar de

manera

razonable,

conociendo

todas

las

circunstancias

relevantes, los hechos particulares, el derecho constitucional

a un debido procedimiento de ley de las partes, la ley, los cánones

de ética judicial y las tradiciones judiciales, para poder tomar

aquella decisión que mejor salvaguarde la confianza de las

personas en el sistema de justicia.

Después de realizar un balance entre los factores antes

enunciados, concluimos que debemos inhibirnos de participar en

este asunto, por haber participado como Juez de Apelaciones en

la decisión emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones

y revocada por este Tribunal.

El haber pasado juicio sobre los

hechos de este caso a nivel del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, entendemos nos inhibe de participar a nivel de este

Tribunal para volver a evaluar los mismos hechos, al considerar

la solicitud del Estado para que se reconsidere lo actuado por

44

45

Figueroa Méndez v. Tribunal, 101 D.P.R. 859 (1974).

Artículo V, sección 4, de la Constitución de Puerto Rico.

CC-1997-639

esta Curia. No obstante, tal situación no nos inhibe de evaluar

la cuestión de derecho envuelta en un caso futuro.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado