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Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V. JORGE L. OLMEDA LLANOS

2000 TSPR 153

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V. JORGE L. OLMEDA LLANOS

CC-2000-0576

CC-2000-576

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2000 TSPR 153

Jorge L. Olmeda Llanos

Recurrido

Número del Caso: CC-2000-0576

Fecha: 23/Octubre/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional VII

Juez Ponente:

Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Angel M. Rivera Rivera

Procurador General Auxiliar

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Hilda R. Figueroa Santiago

Materia: Ley de Tránsito

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CC-2000-576

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2000-576

Certiorari

Jorge L. Olmeda Llanos

Acusado-Recurrido

PER CURIAM

(Regla 50)

San Juan, Puerto Rico a 23 de octubre de 2000

El Procurador General, en representación del Pueblo de Puerto Rico,

solicita la revisión de una resolución dictada por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones, mediante la cual desestimó el recurso de certiorari que

le fuera presentado por dicho funcionario, fundamentándose en que el

peticionario sometió como sentencia recurrida una minuta del Tribunal

de Primera Instancia sin que constara de su faz la fecha de su notificación

a las partes.

I

El 7 de febrero de 2000 se determinó causa probable para detener al recurrido,

Jorge L. Olmeda Llanos a los fines de que respondiera a sendas imputaciones de haber

violado las secciones 5-801 y 3-301 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico1.

El juicio quedó señalado para treinta y siete (37) días más tarde y el imputado quedó

libre, sin fianza, por tratarse de delitos menos graves.

1

Conducción de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes (9

L.P.R.A. sec. 1041) y por conducir vehículos de motor sin estar debidamente autorizado.

9 L.P.R.A. sec. 651.

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Llegado el día de la vista en su fondo, esto es, el 15 de marzo de 2000, no comparecieron

ni el Policía David Rodríguez Villafañe, que intervino con el recurrido el día de los hechos,

ni la enfermera que tomó la muestra de sangre al acusado. Dicha enfermera había sido citada

para el juicio por el Policía Rodríguez. El fiscal solicitó la posposición del juicio para

otra fecha pero el Juez (Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo) se negó

a ello posponiéndolo para un turno posterior durante la tarde del mismo día. Llegado dicho

turno, compareció el agente Rodríguez, el cual se excusó por su incomparecencia durante la

mañana y aseguró haber citado correctamente a la enfermera, la cual tampoco estuvo presente

durante la tarde.

El fiscal nuevamente solicitó la suspensión de la vista, ya que era el

primer señalamiento del juicio y entendía que la enfermera era una testigo esencial para probar

su caso.

Indicó que trataría de conseguir la comparecencia de esta testigo para una fecha

posterior.

El Juez denegó la suspensión nuevamente sin justificación válida.

El acusado hizo alegación de culpabilidad por la denuncia imputando la violación a la

sección 3-301 de la Ley de Vehículos y Tránsito (conducir vehículos de motor sin estar

debidamente autorizado) y a la misma vez solicitó el archivo de la denuncia por violación

a la sección 5-801 (conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes) en vista de que la

enfermera que tomó la muestra de sangre no compareció.

El tribunal aceptó la alegación de

culpabilidad del acusado por conducir sin estar debidamente autorizado, lo declaró culpable

y le impuso una multa de doscientos dólares ($200.00). Además, ordenó el archivo de la denuncia

por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, fundamentándose en la Regla 247(b)

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II. R. 247(b).

Veintiocho (28) días más tarde, o sea el 12 de abril de 2000, el Procurador General

acudió, mediante recurso de certiorari, ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones,

imputándole abuso de discreción al Tribunal de Primera Instancia al archivar bajo la Regla

247(b)2 la referida causa criminal de conducir en estado de embriaguez, por el sólo hecho

de la incomparecencia de una testigo de cargo al primer señalamiento de la vista en su fondo.

Argumentó que la presencia de la testigo era esencial a la prueba de cargo; que se trataba

de una primera comparecencia; que sólo habían transcurrido treinta y siete días (37) desde

la fecha de la presentación de la denuncia, por lo que en nada se lesionaba el derecho a juicio

2

.

En su parte pertinente dicha regla dispone:

Regla 247. Sobreseimiento

(a) . . .

(b) Por el tribunal; orden. Cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia

y previa celebración de vista en la cual participará el fiscal, el tribunal podrá decretar

el sobreseimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento deberán

exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del proceso.

(c) . . .

(d) . . .

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rápido del acusado.

Acompañó como parte del apéndice, copia de la minuta donde se recogía

tal dictamen, pero no incluyó copia del volante de notificación de la misma.

De la minuta

se desprenden los incidentes ocurridos en corte abierta y la fecha en que se decretó el archivo

de la denuncia.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió resolución el 25 de abril de 2000, en

la cual denegó el auto solicitado, basándose en que la parte peticionaria no había acreditado

la fecha de notificación de la minuta en que se recogía el dictamen recurrido y ni siquiera

surgía si había sido notificada.

A pesar de que de la referida minuta surgía fehacientemente

la fecha del archivo de la denuncia por conducir en estado de embriaguez, inexplicablemente

declaró el Tribunal Apelativo que se hallaba impedido de poder determinar si la parte

peticionaria había presentado o perfeccionado el recurso dentro del término de cumplimiento

estricto de treinta (30) días que requiere el Art. 4.002(f) de la Ley de la Judicatura, 4

L.P.R.A. sec. 22K(f).

Además, estimó que en caso de no haber sido notificada todavía tal

minuta, se trataría un recurso prematuro ya que los términos se computan a partir del archivo

en autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. El Procurador presentó

a tiempo una moción de reconsideración, la cual fue denegada.

Acude ante nos el Procurador imputándole error al Tribunal de Circuito de Apelaciones

al desestimar el recurso por supuestamente no haberse acreditado su jurisdicción. Argumenta

que tal actuación contraviene los propósitos de economía procesal ya que de la faz del recurso

surge que el mismo se presentó dentro del término de treinta (30) días desde la fecha en que

el dictamen fue emitido en corte abierta y luego transcrito en la minuta.

II

El Tribunal de Circuito de Apelaciones denegó la expedición del auto fundamentándose

en nuestra reciente decisión en Pueblo v. Pacheco Armand, res. el 14 de enero de 2000, 2000

TSPR 4 y en el Art. 4.002, supra. Dicho artículo, en su parte pertinente al asunto de autos,

dispone:

El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá en los siguientes asuntos:

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada

en casos originados en el Tribunal de Primera Instancia, incluyendo

el Tribunal de Distrito durante el proceso de su abolición.

(b)...

(c)...

(d)...

(e)...

(f) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de cualquier otra

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia,

incluyendo el Tribunal de Distrito durante el proceso de su abolición.

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En estos casos, el recurso de certiorari se formalizará presentando una

solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de

notificación de la resolución u orden. El término aquí dispuesto es de

cumplimiento estricto, excepto cuando mediaren circunstancias especiales

debidamente sustentadas en la petición de certiorari. [...]

(g)...

(h)...

(i) Mediante auto de certiorari, a ser expedido discrecionalmente, de

cualquier sentencia o resolución final del Tribunal de Primera Instancia

para la cual no se hubiere establecido procedimiento específico en este

Capítulo o en una ley especial aprobada con posterioridad. En estos casos,

el recurso de certiorari se presentará dentro del término y bajo las

condiciones dispuestas por ley para la presentación del recurso

equivalente que antes se presentaba ante el Tribunal Supremo. [...]

(Énfasis nuestro)

El Tribunal de Circuito de Apelaciones, invocando el debido proceso de ley y amparado

en el inciso (f), concluye que la Ley de la Judicatura de Puerto Rico impuso un término de

cumplimiento estricto de treinta (30) días a computarse a partir de la notificación de la

resolución u orden recurrida. No obstante dicho pronunciamiento del tribunal apelativo, éste

reconoció en su resolución que “los procedimientos del caso de autos a nivel del Tribunal

de Primera Instancia han culminado” (Pág. 3).

Este caso trata de una sentencia final, dictada en corte abierta, a través de la cual

el tribunal recurrido decretó la desestimación de la denuncia por infracción al artículo 5-801

de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico al amparo de la Regla 247(b) de las de

Procedimiento Criminal.

Dicha sentencia de desestimación y archivo fue recogida en la

correspondiente minuta relativa al proceso efectuado en corte abierta. Con ello terminó el

proceso en el tribunal de instancia.

Así lo reconoció el foro intermedio.

La referida

sentencia fue dictada en corte abierta y en presencia de todas las partes, el 15 de marzo

de 2000. Desde entonces las partes quedaron notificadas de dicha sentencia. La minuta que

lo acredita fue transcrita y certificada el 16 de marzo. El Tribunal de Circuito de Apelaciones

tuvo ante sí dicha minuta, ya que fue incluida por el señor Procurador General en el apéndice

del recurso.

En Pueblo v. Pacheco Arnaud, supra, resolvimos que el ordenamiento procesal

penal y la práctica judicial permiten y avalan el uso de la minuta como constancia de una

decisión judicial.

Surgiendo de la minuta en este caso que el recurso fue presentado dentro

de los treinta días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada, nada más necesitaba

dicho Tribunal para cerciorarse fehacientemente de su jurisdicción, por lo que, a tales fines

resultaba inmaterial la fecha de notificación de la minuta.

Por lo anteriormente expresado, se expedirá el auto de certiorari y se dictará sentencia

revocando el dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devolverá el caso a dicho

Tribunal para que sea atendido en su fondo.

CC-2000-576

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2000-576

Certiorari

Jorge L. Olmeda Llanos

Acusado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede,

la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto de

certiorari solicitado y se dicta sentencia revocando el dictamen del

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de

Circuito de Apelaciones para que sea atendido en su fondo.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez

Asociado señor Rivera Pérez no intervinieron.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo