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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico V. Frankie García Saldaña

2000 TSPR 110

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo de Puerto Rico V. Frankie García Saldaña

CC-1998-0750

CC-98-750

- 1 –

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2000 TSPR 110

Frankie García Saldaña

Recurrente

Número del Caso: CC-1998-0750

Fecha: 30/06/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Panel Integrado por:

Hon. Arbona Lago

Hon. Negroni Cintrón

Hon. Salas Soler

Abogado del Peticionario:

Sociedad para Asistencia Legal

Lcdo. José C. Pizarro Adorno

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rose Mary Corchado Lorent

Procuradora General Auxiliar

Materia: Art. 95 C.P.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-98-750

- 2 –

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-1998-750

Frankie García Saldaña

Recurrente

Opinión

Denton

del

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

Hernández

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2000.

Nos

Público

corresponde

puede

resolver

gestionar

una

si

vista

el

Ministerio

preliminar

en

alzada, luego de obtener una determinación de causa

en

vista

preliminar

por

un

delito

menor

al

que

estimaba procedente, y simultáneamente iniciar los

procedimientos judiciales contra una persona por el

delito menor que motivó la solicitud de la vista en

alzada. Resolvemos que el Ministerio Público, si

bien

puede

procesales

decisión

optar

que

por

tiene

adversa

en

una

a

de

las

distintas

vías

su

disposición

tras

vista

preliminar,

no

una

puede

tramitar ambos procedimientos de forma simultánea.

CC-98-750

- 3 –

I.

El Ministerio Público imputó a Frankie García Saldaña

haber

incurrido

en

tentativa

de

asesinato.

Art.

83

del

Código Penal de Puerto Rico; 33 L.P.R.A. sec. 4002. El 30 de

junio de 1998 se realizó la correspondiente vista preliminar

ante el Hon. Felipe Rivera Colón, Juez de Distrito. En dicha

vista preliminar se determinó causa probable para acusar por

el

delito

de

agresión

agravada

en

su

modalidad

grave.

Artículo 95(b) y (c) del Código Penal; 33 L.P.R.A. sec.

4032.

Ese

mismo

día,

el

Ministerio

Público

solicitó

una

vista preliminar en alzada, la cual fue fijada para el 24 de

julio de 1998.

A pesar de lo anterior, y luego de haberse fijado fecha

para la vista en alzada, el 6 de julio de 1998 el Ministerio

Público presentó una acusación contra García Saldaña por el

delito de agresión agravada en su modalidad grave, delito

por el cual se había determinado causa probable en la vista

preliminar.

Días

más

tarde

se

realizó

la

lectura

de

acusación por dicho delito ante otro magistrado1 y se señaló

juicio para una fecha posterior.

Mientras tanto, el 24 de julio, las partes comparecieron

a la vista preliminar en alzada ante la sala judicial del

Hon.

Osvaldo

previamente.

Rivera

Allí,

la

Cianchini,

según

había

defensa

informó

que

sido

el

citada

Ministerio

Público había presentado acusación por el delito menor por

1

El imputado García Saldaña solicitó un término de 10

días para hacer su alegación. Minuta del 21 de julio de

1998, Apéndice de la Petición de Certiorari, en la pág. 20.

CC-98-750

- 4 –

el cual se determinó causa en vista preliminar y que el

juicio por ese delito estaba señalado para el 17 de agosto

de 1998. El Ministerio Público, por su parte, solicitó la

paralización

del

juicio

hasta

que

se

ventilara

la

vista

magistrado

que

presidió

la

vista

la

vista

preliminar en alzada.

Así

ordenó

las

la

cosas,

el

desestimación

de

la

solicitud

de

preliminar en alzada. Estimó que al presentar la acusación

por el delito de agresión agravada, el Ministerio Público

había optado por un nuevo curso de acción. Posteriormente,

en respuesta a una solicitud del Ministerio Público, dicho

magistrado

reconsideró

esta

efecto. Según surge del

determinación

y

la

dejó

sin

expediente, el foro de instancia

concluyó que el Ministerio Público no podría presentar una

acusación

por

el

delito

menor

para

el

cual

obtuvo

una

determinación de causa en vista preliminar si en la vista en

alzada se determinaba ausencia de causa probable para acusar

por cualquier delito.

Luego

de

varios

incidentes

procesales,

la

vista

preliminar en alzada quedó pautada para el 17 de agosto de

1998, día en que también iniciaba el juicio por el delito de

agresión

agravada

en

otra

sala

del

Tribunal

de

Primera

Instancia y ante otro magistrado. Eventualmente, tanto la

vista preliminar en alzada como el inicio del juicio por

agresión agravada fueron pospuestos.

Ante este cuadro, la defensa de García Saldaña acudió

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso

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- 5 –

de certiorari el cual acompañó con una moción en auxilio de

jurisdicción. Ambos recursos fueron declarados no ha lugar

por el foro apelativo. De esta determinación, García Saldaña

acudió ante este Tribunal. Nos plantea que el Tribunal de

Circuito de Apelaciones debió expedir el auto de certiorari

solicitado y revocar la determinación del foro de instancia,

toda vez que éste erró al concluir que el Ministerio Público

podía solicitar una vista preliminar en alzada y aún así

presentar

motivó

la

la

acusación

por

solicitud

de

la

vista

al

dejar

sin

consecuentemente,

erró

el

delito

menor

incluido

que

en

alzada

y,

efecto

su

previa

decisión de desestimar la solicitud de la vista preliminar

en alzada.

Decidimos

paralización

expedir

de

los

el

auto

solicitado

procedimientos

en

y

ordenamos

instancia.

la

Ambas

partes han presentado sus respectivos alegatos. Resolvemos.

II.

El objetivo de la vista preliminar es “determinar si

existe causa probable para procesar a un imputado por el

delito grave por el cual se determinó causa probable para

arresto”. Pueblo v. Quiñones y otro, 133 D.P.R. 332, 337

(1993). Con ello, se pretende evitar que se someta a un

ciudadano

al

rigor

de

un

proceso

criminal

de

forma

injustificada o irrazonable. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116

D.P.R. 653, 663 (1985); véase, 3 Ernesto L. Chiesa, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos 63 (1993). En

este sentido, sólo podrá acusarse a una persona de delito

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grave

- 6 –

si

en

la

vista

preliminar

el

Ministerio

Público

demuestra que “existe causa probable para creer que se ha

cometido un delito y que la persona [imputada] lo cometió”.

Regla 23 (c) de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 23(c). La determinación judicial en la vista

preliminar de que existe causa probable constituye, así, la

autorización para acusar.

Ahora

bien,

resultados

probable

la

vista

distintos:

para

previamente

acusar

una

arresto,

(2)

una

probable

para

preliminar

(1)

por

una

el

puede

arrojar

determinación

delito

por

el

tres

de

causa

cual

medió

determinación

de

causa

probable

para

determinación

de

que

existe

causa

acusar

por

ningún

no

delito,

o

(3)

una

determinación de causa probable para acusar por un delito

menor o distinto al que el fiscal entiende procedente o por

el

cual

previamente

medió

una

citación

o

hubo

una

determinación de causa probable para arrestar.

Contra una determinación adversa en vista preliminar, ya

sea porque se determina que no existe causa probable por el

delito

que

el

fiscal

estima

procedente,

o

porque

se

determina causa probable para acusar por un delito menor o

distinto

al

imputado,

opciones

procesales:

el

no

Ministerio

continuar

Público

con

la

tiene

varias

presentación

de

cargos, Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 D.P.R. 855, 861 (1986);

presentar una acusación por un delito menor incluido, en

caso de que obtenga una determinación de causa por un delito

menor al que estimaba procedente, Pueblo v. Quiñones Román,

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- 7 –

supra,; o puede solicitar una vista preliminar en alzada.

Id., R.24(c) de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R.24(c).2 Es el Ministerio Público, no el tribunal,

quien tiene la opción de decidir por alguna de estas vías

procesales. 1 Olga E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto

Rico

387 (1990).

De entre las opciones procesales que tiene disponible el

Ministerio Público luego de una decisión adversa en vista

preliminar,

la

vista

presentar

la

misma

jerarquía

superior

u

preliminar

en

otra

prueba

ante

un

magistrado

éste

evalúe

si

existe

para

que

alzada

le

permite

de

causa

probable para acusar por el delito que estima procedente.

Pueblo v. Ríos Alonso, res. 23 de noviembre de 1999, 99 TSPR

177; véase, 3 Ernesto L. Chiesa, supra, en la pág. 101.

Aunque

no

preliminar

constituye

un

en

confiere

alzada

proceso

apelativo,

al

fiscal

la

una

vista

segunda

oportunidad para obtener la autorización para acusar por el

delito que estima ha quedado configurado. En este contexto,

hemos resuelto que “los tribunales sólo tendrán jurisdicción

para

entender

ejercicio

de

en

el

trámite

su

discreción”.

que

el

Pueblo

fiscal

v.

escoja

Quiñones

en

el

Román,

supra. en las págs. 337-38. Se pretende con ello permitir

que

el

Ministerio

disponibles

2

para

Público

obtener

agote

una

los

recursos

autorización

que

tiene

judicial

para

Como se sabe, contra una determinación de causa

probable por el delito grave imputado por el Ministerio

Fiscal, la defensa tiene a su disposición el mecanismo

procesal contemplado en la Regla 64 (p) de las de

procedimiento criminal. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64 (p).

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- 8 –

acusar por el delito que estima procedente previo al inicio

de un juicio en su fondo.

No obstante, el hecho de que es el Ministerio Público

quien tiene la opción de decidir por un curso de acción

específico

luego

preliminar,

no

de

una

significa

que

decisión

adversa

también

puede

en

vista

continuar

con

ambos procesos -encausamiento por el delito menor y la vista

preliminar en alzada- de forma simultánea. Esa posibilidad

no está contemplada en las Reglas de Procedimiento Criminal.

Estas tan sólo establecen la facultad del Ministerio Público

de acudir en alzada ante una determinación de no causa o una

determinación de causa por un delito menor o distinto al

originalmente contemplado por el fiscal. 34 L.P.R.A. Ap. II,

R.24(c); Pueblo v. Colón Mendoza, res. 29 de octubre de

1999, 99 TSPR| 165.

Por un lado, la propuesta del Ministerio Público crearía

una multiplicidad de procedimientos cuyos resultados podrían

ser

futiles,

e

incluso

contradictorios.

De

hecho,

el

Ministerio Público reconoce la anomalía procesal que crearía

proseguir

ambos

procedimientos

de

forma

simultánea

al

sostener que aunque podría iniciar los procedimientos por el

delito

menor

preliminar,

para

tales

el

cual

se

determinó

causa

en

vista

procedimientos

quedarían

“suspendidos

o

paralizados en lo que se celebra la vista preliminar en

alzada”. Alegato del Procurador General, en la pág. 7. Por

otro

lado,

acoger

la

posición

del

Ministerio

Público

colocaría a las personas imputadas de delito en la anómala

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- 9 –

situación

de

tener

que

defenderse

en

dos

procesos

criminales, en teoría independientes, originados por unos

mismos

hechos.

resultados

Esta

situación

prácticos

podría

inconsecuentes

incluso

con

la

llevar

a

prohibición

constitucional contra la doble exposición.

Por lo anterior, resolvemos que el Ministerio Público no

puede solicitar una vista preliminar en alzada y, una vez

pautada ésta, continuar, de forma simultánea, los trámites

encaminados

a

acusar

al

imputado

por

el

delito

menor

o

distinto, según sea el caso, que motivó la solicitud de la

vista en alzada.

Esto

sin

embargo,

no

significa

que

los

fiscales

no

pueden oportunamente alterar el curso procesal originalmente

contemplado. Si luego de solicitar una vista preliminar en

alzada el Ministerio Público decide encausar a una persona

por el delito menor para el cual obtuvo autorización para

acusarla, puede notificarlo oportunamente al magistrado en

alzada

para

solicitud.

que

éste

proceda

de

conformidad

con

esa

Sólo bastará que el Ministerio Público notifique

oportunamente el nuevo trámite procesal que desea proseguir.

Por el contrario, si, luego de haber presentado una

acusación por el delito menor, “el Ministerio Público opta

por no seguir adelante con los cargos o –dentro del término

de 60 días- opta por ejercer su derecho a acudir en alzada,

su

decisión

tendrá

el

efecto

de

paralizar

los

trámites

comenzados en relación con el juicio por el delito menos

grave”. Pueblo v. Quiñones Román, supra. en la pág. 341.

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- 10 –

Resuelto lo anterior, examinemos los hechos del presente

caso.

III.

Conforme a los autos del caso, luego de la determinación

de causa por un delito menor al que estimaba procedente, el

Ministerio Público expresó su intención de acudir en alzada.

Luego de establecida la fecha de la vista en alzada, el

Pueblo presentó acusación por el delito menor para el cual

había obtenido autorización para acusar. Posteriormente se

realizó la lectura de acusación por dicho delito. El día de

la

vista

en

alzada,

el

magistrado,

ante

una

oportuna

solicitud de la defensa, desestimó la solicitud de la nueva

vista en alzada. Eventualmente, reconsideró su decisión y

fijó una nueva fecha para celebrarla. Así las cosas, el foro

de

instancia

reseñaló

para

una

fecha

posterior

la

vista

preliminar en alzada y el inicio del juicio en su fondo por

el delito menor.

No hay duda de que, conforme a nuestra previa discusión,

el foro de instancia actuó incorrectamente al proseguir con

el juicio en su fondo por el delito menor luego de que el

Ministerio Público acudiera en alzada de la determinación

original de causa probable y manifestara su intencióm de

continuar con dicho proceso. A tenor con la norma descrita

anteriormente, una vez el Ministerio Público opta por acudir

en alzada de una determinación adversa de causa probable,

procede que se paralicen los trámites en lo que respecta al

delito menor.

CC-98-750

- 11 –

En este contexto, ante la imposibilidad de continuar con

el trámite de ambos procesos judiciales de forma simultánea,

el

magistrado

en

alzada

debió

haber

concluido,

como

originalmente hizo, que la presentación de la acusación por

el delito de agresión agravada grave equivalía al retiro del

Ministerio Público de su solicitud de la vista en alzada.

Asimismo,

ante

el

planteamiento

del

fiscal

de

que

su

intención era continuar con ambos procedimientos de forma

simultánea, el foro de instancia debió haber instruido al

Ministerio Público a que prosiguiera con un sólo curso de

acción, ya que no podía continuar ambos procesos de forma

simultánea.

La preocupación expresada por el magistrado instructor

de causa en torno a la imposibilidad del Ministerio público

de acusar por el delito menor incluido para el cual medió

una determinación de causa para acusar en vista preliminar,

si

en

la

vista

en

de

causa

inexistencia

alzada

hay

probable

una

para

determinación

acusar

por

de

delito

alguno, se ha tornado académica a partir del caso Pueblo v.

Ríos

Alonso,

supra.

En

éste,

este

Tribunal

resolvió

expresamente que la determinación de inexistencia de causa

probable

para

acusar

preliminar

en

alzada

por

no

delito

tiene

el

alguno

en

efecto

de

una

vista

invalidar

o

suprimir una determinación de causa en vista preliminar por

un delito menor al que el Pueblo estimaba procedente. En

vista de ello, en el presente caso, aún cuando el magistrado

en alzada determinara la inexistencia de causa probable para

CC-98-750

acusar

- 12 –

por

algún

delito,

el

Ministerio

Público

podría

encausar al aquí imputado por el delito menor para el cual

se determinó causa en la vista preliminar original.

Finalmente, los planteamientos del Ministerio Público en

torno a la posibilidad de que podrían vencerse los términos

para iniciar el procesamiento judicial contra el imputado

García Saldaña por el delito menor incluido no justifican la

duplicidad

de

procedimientos.

El

Ministerio

Público

bien

puede tramitar su caso de forma adecuada para que, si no

prevalece

su

posición

en

alzada,

pueda

enjuiciar

a

una

persona por el delito para el cual obtuvo autorización para

acusar

en

vista

preliminar.

Asimismo,

muy

bien

puede

advertir al foro de instancia sobre cualquier señalamiento

de

una

vista

cualquier

fuera

de

los

señalamiento

términos

que

aplicables

eventualmente

o

sobre

pudiera

imposibilitar la presentación de cargos por el delito menor

o distinto que motivó la solicitud de la vista en alzada.

Procede,

por

lo

tanto,

revocar

la

determinación

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones, y consecuentemente la

determinación del Tribunal de Primera Instancia, y devolver

el

caso

a

dicho

foro

para

que,

a

tenor

con

nuestros

pronunciamientos, el Ministerio Público determine el curso

de acción que desea proseguir contra el imputado Frankie

García Saldaña. En este sentido, el Ministerio Público podrá

proseguir,

exclusivamente,

con

el

juicio

contra

García

Saldaña por el delito de agresión agravada grave, o si lo

estima apropiado, y si aún no han expirado los términos

CC-98-750

- 13 –

aplicables, puede solicitar la vista preliminar en alzada,

en cuyo caso, cualquier trámite para acusar por el delito

menor quedará paralizado.

Se emitirá la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

CC-98-750

- 14 –

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-1998-750

Frankie García Saldaña

Recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antrecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente

Sentencia,

y

habiendo

sido

expedido

previamente el auto de certiorari, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, Circuito Regional VII de Carolina y

Fajardo, en el caso Núm. KLCE98-00937, El Pueblo de

Puerto Rico v. Frankie García Saldaña. Se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que prosigan

los procedimientos de conformidad con lo expuesto en la

Opinión del Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri concurre sin opinión escrita. El Juez

Asociado señor Rebollo López no interviene.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo