Tribunal Supremo de Puerto Rico
Katherine Angueira Navarro V. Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique García, Presidente; Héctor Martínez y otros
2000 TSPR 103
Poder Judicial de Puerto Rico
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Katherine Angueira Navarro V. Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique García, Presidente; Héctor Martínez y otros
CC-1999-0240
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Katherine Angueira Navarro
Peticionaria
v.
Certiorari
Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique
García, Presidente; Héctor Martínez y
otros
Recurridos
2000 TSPR 103
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
Número del Caso: CC-1999-0240
Fecha: 29/junio/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Feliciano Acevedo
Abogados de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Materia: Revisión de Decisión Administrativa
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Katherine Angueira Navarro
Peticionaria
v.
Junta de Libertad Bajo
Palabra; Enrique García,
Presidente; Héctor
Martínez y otros
CC-1999-240
Certiorari
Recurridos
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
PER CURIAM
(En reconsideración)
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000
I
Al amparo de nuestra decisión en este recurso del 11
de enero de 2000, 2000 TSPR 2, la peticionaria Katherine
Angueira Navarro acudió a la Junta de Libertad Bajo Palabra
“para
examinar,
psicológicos,
en
primera
psiquiátricos
instancia,
y
los
aquella
expedientes
documentación
relacionada con la salud mental, entre otros, que arrojen
luz sobre la alegada rehabilitación” del liberado Agapito
Pérez Cruz.
La
Junta
confinado,
puso
“con
a
su
disposición
excepción
de
los
el
expediente
informes
médicos
del
que
contiene el mismo y el nombre de terceras personas que
aportaron
información
en
carácter
confidencial
o
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3
su contenido si es posible descubrir por la información,
cuál fue la persona que la proveyó.” Justificó su negativa
argumentando
que
el
acceso
a
la
documentación
no
era
irrestricto y los informes sicológicos y siquiátricos de
las diversas entidades evaluativas (Negociado de Evaluación
y Asesoramiento, Servicios de Salud Mental Correccional y
Hospital
Correccional
Forense
carácter
confidencial,
bajo
Siquiátrico)
el Código
de
mantenían
su
Salud Mental,1
hasta que mediara orden judicial o autorización escrita del
confinado.
Insatisfecha,
Angueira
Navarro
vino
ante
nos
solicitando, en cumplimiento de Sentencia, que ordenemos a
la Junta darle acceso al expediente completo del liberado
Pérez Cruz, incluyendo los informes médicos, siquiátricos,
sicológicos y los resultados de las pruebas mandatorias del
Virus de Imunodeficiencia Humana (VIH). Pidió además, que
la Junta preparase un inventario de “todos los documentos
que han formado, forman y/o formarán parte del expediente”
y nos lo eleve. Finalmente, en la alternativa, solicitó
que, de entender que la negativa de la Junta respondió a
una interpretación adecuada de nuestra decisión anterior,
acogiéramos su escrito como una reconsideración.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
por ser oportuna, reconsideramos.
Ley Núm. 116 del 12 de junio de 1980, Art. III-2
(3-202), 24 L.P.R.A. sec. 5003.
1
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4
II
Se recordará que nuestra decisión estuvo inspirada en
darle sustancia y significado al “derecho de una víctima de
delito” a emitir una opinión informada sobre la concesión o
denegatoria
de
Caracterizamos
libertad
como
bajo
palabra
a
su
victimario.
necesario
tener
acceso
amplio
al
expediente del ofensor. Sostuvimos, a esos efectos, que el
reclamo
de
confidencialidad
expediente
admitía
figuraba
el
ciertas
derecho
del
Estado
excepciones,
de
la
sobre
entre
víctima
a
dicho
las
que
informarse
adecuadamente de los datos allí contenidos.
Como resultado, nuestro mandato a la Junta tuvo el
propósito
remedial
documentos
del
de
facilitar
expediente
de
a
Angueira
Agapito
Pérez
Navarro
Cruz,
los
salvo
aquellos considerados confidenciales a tenor con el Código
de
Salud
Mental.
Sujetamos
su
alcance
a
una
orden
protectora permanente para limitar su uso exclusivo a la
intervención y trámite ante la Junta.
III
En
su
proyección
remedial,
la
reconsideración
de
Angueira Navarro nos ha convencido de que el remedio quedó
trunco. Su eficacia plena exige que ordenemos a la Junta
que permita examinar todos los documentos que la Junta tomó
o
pudo
derecho
haber
a
extenderse
tomado
opinar
a
en
sobre
todos
los
consideración.
la
decisión
aspectos
de
Como
víctima
la
Junta
relacionados
con
su
debe
la
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5
rehabilitación
del
confinado,
incluso
los
médicos,
siquiátricos y sicológicos.
Esta conclusión se funda en el texto crucial del Art.
3-A de la Ley Núm. 90 de 27 de julio de 1995 (4 L.P.R.A.
sec. 1503a), que reza:
“En aquellos procedimientos que se celebren
con motivo de la concesión o modificación del
privilegio a la libertad bajo palabra, y en la
vista final para su revocación se garantizará a
la víctima del delito por el cual fue convicto
el
liberado
o
la
persona
recluida,
los
siguientes derechos:
(1)
Comparecer, ya sea oralmente o por
escrito, para presentar ante la Junta
su opinión sobre:
(a)
La
determinación
que
en
su
momento deba tomarse con relación
al beneficio del privilegio, y
(b)
el impacto económico, emocional o
físico que ha causado la comisión
del delito sobre la víctima y su
familia.
(2)
Estar presente como observador en la
vista.
(3)
Mediante
solicitud
al
testificar en la vista en
del liberado o confinado.”
efecto,
ausencia
No se cuestiona seriamente que la comparecencia de la
víctima
del
delito,
determinación
de
privilegio
de
liberación
informada.
Como
conforme
el
la
al
Junta
7
de
de
del
sostuvimos
Art.
versar
sobre
conceder
la
o
posible
denegar
el
confinado,
tiene
que
previamente,
“[e]se
trámite,
la
Ley,
está
ser
‘directamente
relacionado con la administración de la justicia’ en un
caso criminal. Por ello, la divulgación de tal información
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debe considerarse y permitirse. Negarle a la víctima el
acceso
al
expediente
de
su
ofensor
significaría
que
la
Asamblea Legislativa reconoció sólo pro-forma el derecho a
opinar, pues, sustancial y prácticamente le haría imposible
ejercerlo informada y adecuadamente. Carecería de sentido
espiritual
y
pragmático
esta
importante
legislación.”
Angueira Navarro v. JLBP, supra. (énfasis en original)
Los
documentos
específicos
que
han
de
ponerse
a
disposición de la víctima tienen que corresponder con los
que
tiene
o
puede
tener
a
su
disposición
la
Junta
al
momento de tomar su decisión. Así los detalla el Art. IX de
su Reglamento:
ARTÍCULO IX:
DOCUMENTACIÓN
A
CONSIDERARSE
PARA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA
SOLICITUD
DE
LIBERTAD
BAJO
PALABRA
Al considerar un caso para libertad bajo
palabra la Junta tendrá ante si los siguientes
documentos:
A. La totalidad del expediente penal y social del
confinado.
B. La hoja de liquidación de sentencia(s) que cumple
el confinado.
C. El informe de corroboración sometido por la
Administración de Corrección, incluyendo los
siguientes datos:
1. Verificación de residencia fija o alternada.
2. Idoneidad del amigo y consejero.
3. Oferta de empleo o plan de estudio.
4. Tratamiento para condiciones de salud, tales
como adicción a drogas, alcoholismo, salud
mental o física, o combinación de cualquiera
de ellas.
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5. Naturaleza y circunstancias del delito o los
delitos por los cuales cumple sentencia.
6. Historial
social,
médico
psiquiátrico del confinado.
psicológico
y
7. Actitud del perjudicado y su familia.
8. Actitud de la comunidad donde va a residir el
confinado de serle concedida su solicitud
favorablemente.
9. Historial de ajuste institucional.
10.Evaluación total del expediente del caso.
Es evidente pues, que la Junta puede —y debe, en casos
como el que nos ocupa— considerar la evaluación médica,
sicológica y siquiátrica de un confinado al examinar si le
otorga
el
privilegio
“debe”
pues,
a
los
de
libertad
efectos
de
bajo
la
palabra.
Decimos
disponibilidad
del
expediente, la medida (“test”) real determinante no es si
la
Junta
discrecional
y
efectivamente
utilizó
alguno
o
todos los documentos, resúmenes o informes complementarios
en su decisión. Lo importante es, desde el punto de vista
de la víctima, el ejercicio subsiguiente de su derecho a
opinar. De lo contrario la Junta, al no tomar en cuenta
todos los documentos, estaría restringiéndole información
y,
con
ello,
el
valor
de
su
comparecencia.
Todos
los
documentos mencionados en el Artículo IX del Reglamento de
la Junta deben estar accesibles a la víctima; en sus manos
se
le
da
sustantividad
plena
al
derecho
a
expresar
su
opinión. Lógicamente, la opción de la Junta de considerar o
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no
un
8
informe
forma
parte
de
la
evaluación
y
cuestionamiento.
IV
En consecuencia, vía reconsideración, procede, a los
fines
de
declarar
el
alcance
y
determinación
de
confidencialidad sobre los documentos de índole médica que
figuran en el expediente del confinado (Parte IV, Opinión
del 11 de enero de 2000), ordenamos a la Junta de Libertad
Bajo
Palabra
facilitarle
a
Angueira
Navarro
todos
los
documentos que figuren en el expediente de Agapito Pérez
Cruz,
incluyendo,
sicológicos
y
pero
sin
siquiátricos
limitarse,
y
a
a
los
aquellos
médicos,
otros
que
correspondan a los mencionados en el Art. IX del Reglamento
de la Junta.
Reiteramos, no obstante, que dicha orden “[c]onlleva
también una orden protectora judicial permanente, so pena
de desacato, para asegurar que no se revelen las fuentes de
información y las víctimas se comprometan a utilizar la
información exclusivamente para el fin reclamado, no la
divulgación pública.”
Se concede a la Sra. Angueira Navarro un nuevo término
de veinte (20) días, a partir de la fecha en que concluya
el examen de estos documentos para presentar, si así lo
estima necesario, una moción de reconsideración ante la
Junta exponiendo su opinión informada sobre la solicitud de
libertad
bajo
palabra
presentada
por
Pérez
Cruz.
En
el
ejercicio de la discreción que le confiere la Ley, la Junta
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decidirá
los
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méritos
de
dicha
moción
correspondiente resolución.
Se dictará la correspondiente sentencia.
mediante
la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Katherine Angueira Navarro
Peticionaria
v.
Junta de Libertad Bajo
Palabra; Enrique García,
Presidente; Héctor
Martínez y otros
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Certiorari
Recurridos
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se ordena a la Junta de Libertad Bajo Palabra
facilitarle a Angueira Navarro todos los documentos que
figuren en el expediente de Agapito Pérez Cruz, incluyendo,
pero sin limitarse, a los médicos, sicológicos y siquiátricos
y a aquellos otros que correspondan a los mencionados en el
Art. IX del Reglamento de la Junta.
Se concede a la Sra. Angueira Navarro un nuevo término de
veinte (20) días, a partir de la fecha en que concluya el
examen de estos documentos para presentar, si así lo estima
necesario, una moción de reconsideración ante la Junta
exponiendo su opinión informada sobre la solicitud de libertad
bajo palabra presentada por Pérez Cruz. En el ejercicio de la
discreción que le confiere la Ley, la Junta decidirá los
méritos
de
dicha
moción
mediante
la
correspondiente
resolución.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
emitió Opinión de Conformidad. La Jueza Asociada señora
Naveira de Rodón concurre en el resultado sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOError! Bookmark not defined.
Katherine Angueira Navarro
Peticionaria
vs.
Junta de Libertad Bajo Palabra;
Enrique García, Presidente;
Héctor Martínez y Otros
Recurridos
CC-1999-240
Certiorari
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
Opinión de
BERLINGERI.
Conformidad
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000.
Una mayoría del Tribunal al fin aclara y extiende el
alcance de lo que establecimos en nuestra opinión anterior
en el caso de autos, de 11 de enero de 2000. De este modo
no queda duda alguna del amplio derecho que tienen las
víctimas de delitos a una participación activa e informada
en los procedimientos para la concesión o negación del
privilegio a la libertad bajo palabra a los convictos de
los delitos en cuestión.
Tuvimos antes la oportunidad de hacer la aclaración
que hoy formulamos, en el caso reciente de Vigoreaux v.
Junta de Libertad Bajo Palabra, del 1ro. de febrero de
2000. La mayoría del Tribunal no actuó entonces como hoy
lo
hace,
afectando
peticionario
ocasión
de
en
adversamente
dicho
caso.
Por
la
decisión
así
los
ello
de
derechos
del
en
esa
disentí
la
mayoría.
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Hoy se rectifica ese error, al menos en lo doctrinal, con lo que se
valida el decir de que “más vale tarde que nunca”.
A partir de hoy queda claro que el referido derecho de las víctimas
de delitos se extiende a todo el expediente de su ofensor. No es lícito
ya que la Junta de Libertad Bajo Palabra continúe arrastrando los pies
con respecto a las solicitudes de información pertinente que formulen las
víctimas de delitos en los procedimientos en cuestión. Nuestro criterio
anterior ha prevalecido, por lo que me place poder emitir un voto de
conformidad con respecto a este nuevo dictamen del foro.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO