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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Katherine Angueira Navarro V. Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique García, Presidente; Héctor Martínez y otros

2000 TSPR 103

Poder Judicial de Puerto Rico

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Katherine Angueira Navarro V. Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique García, Presidente; Héctor Martínez y otros

CC-1999-0240

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

v.

Certiorari

Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique

García, Presidente; Héctor Martínez y

otros

Recurridos

2000 TSPR 103

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

Número del Caso: CC-1999-0240

Fecha: 29/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Feliciano Acevedo

Abogados de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio

Materia: Revisión de Decisión Administrativa

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

v.

Junta de Libertad Bajo

Palabra; Enrique García,

Presidente; Héctor

Martínez y otros

CC-1999-240

Certiorari

Recurridos

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

PER CURIAM

(En reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000

I

Al amparo de nuestra decisión en este recurso del 11

de enero de 2000, 2000 TSPR 2, la peticionaria Katherine

Angueira Navarro acudió a la Junta de Libertad Bajo Palabra

“para

examinar,

psicológicos,

en

primera

psiquiátricos

instancia,

y

los

aquella

expedientes

documentación

relacionada con la salud mental, entre otros, que arrojen

luz sobre la alegada rehabilitación” del liberado Agapito

Pérez Cruz.

La

Junta

confinado,

puso

“con

a

su

disposición

excepción

de

los

el

expediente

informes

médicos

del

que

contiene el mismo y el nombre de terceras personas que

aportaron

información

en

carácter

confidencial

o

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3

su contenido si es posible descubrir por la información,

cuál fue la persona que la proveyó.” Justificó su negativa

argumentando

que

el

acceso

a

la

documentación

no

era

irrestricto y los informes sicológicos y siquiátricos de

las diversas entidades evaluativas (Negociado de Evaluación

y Asesoramiento, Servicios de Salud Mental Correccional y

Hospital

Correccional

Forense

carácter

confidencial,

bajo

Siquiátrico)

el Código

de

mantenían

su

Salud Mental,1

hasta que mediara orden judicial o autorización escrita del

confinado.

Insatisfecha,

Angueira

Navarro

vino

ante

nos

solicitando, en cumplimiento de Sentencia, que ordenemos a

la Junta darle acceso al expediente completo del liberado

Pérez Cruz, incluyendo los informes médicos, siquiátricos,

sicológicos y los resultados de las pruebas mandatorias del

Virus de Imunodeficiencia Humana (VIH). Pidió además, que

la Junta preparase un inventario de “todos los documentos

que han formado, forman y/o formarán parte del expediente”

y nos lo eleve. Finalmente, en la alternativa, solicitó

que, de entender que la negativa de la Junta respondió a

una interpretación adecuada de nuestra decisión anterior,

acogiéramos su escrito como una reconsideración.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

por ser oportuna, reconsideramos.

Ley Núm. 116 del 12 de junio de 1980, Art. III-2

(3-202), 24 L.P.R.A. sec. 5003.

1

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4

II

Se recordará que nuestra decisión estuvo inspirada en

darle sustancia y significado al “derecho de una víctima de

delito” a emitir una opinión informada sobre la concesión o

denegatoria

de

Caracterizamos

libertad

como

bajo

palabra

a

su

victimario.

necesario

tener

acceso

amplio

al

expediente del ofensor. Sostuvimos, a esos efectos, que el

reclamo

de

confidencialidad

expediente

admitía

figuraba

el

ciertas

derecho

del

Estado

excepciones,

de

la

sobre

entre

víctima

a

dicho

las

que

informarse

adecuadamente de los datos allí contenidos.

Como resultado, nuestro mandato a la Junta tuvo el

propósito

remedial

documentos

del

de

facilitar

expediente

de

a

Angueira

Agapito

Pérez

Navarro

Cruz,

los

salvo

aquellos considerados confidenciales a tenor con el Código

de

Salud

Mental.

Sujetamos

su

alcance

a

una

orden

protectora permanente para limitar su uso exclusivo a la

intervención y trámite ante la Junta.

III

En

su

proyección

remedial,

la

reconsideración

de

Angueira Navarro nos ha convencido de que el remedio quedó

trunco. Su eficacia plena exige que ordenemos a la Junta

que permita examinar todos los documentos que la Junta tomó

o

pudo

derecho

haber

a

extenderse

tomado

opinar

a

en

sobre

todos

los

consideración.

la

decisión

aspectos

de

Como

víctima

la

Junta

relacionados

con

su

debe

la

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5

rehabilitación

del

confinado,

incluso

los

médicos,

siquiátricos y sicológicos.

Esta conclusión se funda en el texto crucial del Art.

3-A de la Ley Núm. 90 de 27 de julio de 1995 (4 L.P.R.A.

sec. 1503a), que reza:

“En aquellos procedimientos que se celebren

con motivo de la concesión o modificación del

privilegio a la libertad bajo palabra, y en la

vista final para su revocación se garantizará a

la víctima del delito por el cual fue convicto

el

liberado

o

la

persona

recluida,

los

siguientes derechos:

(1)

Comparecer, ya sea oralmente o por

escrito, para presentar ante la Junta

su opinión sobre:

(a)

La

determinación

que

en

su

momento deba tomarse con relación

al beneficio del privilegio, y

(b)

el impacto económico, emocional o

físico que ha causado la comisión

del delito sobre la víctima y su

familia.

(2)

Estar presente como observador en la

vista.

(3)

Mediante

solicitud

al

testificar en la vista en

del liberado o confinado.”

efecto,

ausencia

No se cuestiona seriamente que la comparecencia de la

víctima

del

delito,

determinación

de

privilegio

de

liberación

informada.

Como

conforme

el

la

al

Junta

7

de

de

del

sostuvimos

Art.

versar

sobre

conceder

la

o

posible

denegar

el

confinado,

tiene

que

previamente,

“[e]se

trámite,

la

Ley,

está

ser

‘directamente

relacionado con la administración de la justicia’ en un

caso criminal. Por ello, la divulgación de tal información

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6

debe considerarse y permitirse. Negarle a la víctima el

acceso

al

expediente

de

su

ofensor

significaría

que

la

Asamblea Legislativa reconoció sólo pro-forma el derecho a

opinar, pues, sustancial y prácticamente le haría imposible

ejercerlo informada y adecuadamente. Carecería de sentido

espiritual

y

pragmático

esta

importante

legislación.”

Angueira Navarro v. JLBP, supra. (énfasis en original)

Los

documentos

específicos

que

han

de

ponerse

a

disposición de la víctima tienen que corresponder con los

que

tiene

o

puede

tener

a

su

disposición

la

Junta

al

momento de tomar su decisión. Así los detalla el Art. IX de

su Reglamento:

ARTÍCULO IX:

DOCUMENTACIÓN

A

CONSIDERARSE

PARA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA

SOLICITUD

DE

LIBERTAD

BAJO

PALABRA

Al considerar un caso para libertad bajo

palabra la Junta tendrá ante si los siguientes

documentos:

A. La totalidad del expediente penal y social del

confinado.

B. La hoja de liquidación de sentencia(s) que cumple

el confinado.

C. El informe de corroboración sometido por la

Administración de Corrección, incluyendo los

siguientes datos:

1. Verificación de residencia fija o alternada.

2. Idoneidad del amigo y consejero.

3. Oferta de empleo o plan de estudio.

4. Tratamiento para condiciones de salud, tales

como adicción a drogas, alcoholismo, salud

mental o física, o combinación de cualquiera

de ellas.

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7

5. Naturaleza y circunstancias del delito o los

delitos por los cuales cumple sentencia.

6. Historial

social,

médico

psiquiátrico del confinado.

psicológico

y

7. Actitud del perjudicado y su familia.

8. Actitud de la comunidad donde va a residir el

confinado de serle concedida su solicitud

favorablemente.

9. Historial de ajuste institucional.

10.Evaluación total del expediente del caso.

Es evidente pues, que la Junta puede —y debe, en casos

como el que nos ocupa— considerar la evaluación médica,

sicológica y siquiátrica de un confinado al examinar si le

otorga

el

privilegio

“debe”

pues,

a

los

de

libertad

efectos

de

bajo

la

palabra.

Decimos

disponibilidad

del

expediente, la medida (“test”) real determinante no es si

la

Junta

discrecional

y

efectivamente

utilizó

alguno

o

todos los documentos, resúmenes o informes complementarios

en su decisión. Lo importante es, desde el punto de vista

de la víctima, el ejercicio subsiguiente de su derecho a

opinar. De lo contrario la Junta, al no tomar en cuenta

todos los documentos, estaría restringiéndole información

y,

con

ello,

el

valor

de

su

comparecencia.

Todos

los

documentos mencionados en el Artículo IX del Reglamento de

la Junta deben estar accesibles a la víctima; en sus manos

se

le

da

sustantividad

plena

al

derecho

a

expresar

su

opinión. Lógicamente, la opción de la Junta de considerar o

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no

un

8

informe

forma

parte

de

la

evaluación

y

cuestionamiento.

IV

En consecuencia, vía reconsideración, procede, a los

fines

de

declarar

el

alcance

y

determinación

de

confidencialidad sobre los documentos de índole médica que

figuran en el expediente del confinado (Parte IV, Opinión

del 11 de enero de 2000), ordenamos a la Junta de Libertad

Bajo

Palabra

facilitarle

a

Angueira

Navarro

todos

los

documentos que figuren en el expediente de Agapito Pérez

Cruz,

incluyendo,

sicológicos

y

pero

sin

siquiátricos

limitarse,

y

a

a

los

aquellos

médicos,

otros

que

correspondan a los mencionados en el Art. IX del Reglamento

de la Junta.

Reiteramos, no obstante, que dicha orden “[c]onlleva

también una orden protectora judicial permanente, so pena

de desacato, para asegurar que no se revelen las fuentes de

información y las víctimas se comprometan a utilizar la

información exclusivamente para el fin reclamado, no la

divulgación pública.”

Se concede a la Sra. Angueira Navarro un nuevo término

de veinte (20) días, a partir de la fecha en que concluya

el examen de estos documentos para presentar, si así lo

estima necesario, una moción de reconsideración ante la

Junta exponiendo su opinión informada sobre la solicitud de

libertad

bajo

palabra

presentada

por

Pérez

Cruz.

En

el

ejercicio de la discreción que le confiere la Ley, la Junta

CC-1999-240

decidirá

los

9

méritos

de

dicha

moción

correspondiente resolución.

Se dictará la correspondiente sentencia.

mediante

la

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10

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

v.

Junta de Libertad Bajo

Palabra; Enrique García,

Presidente; Héctor

Martínez y otros

CC-1999-240

Certiorari

Recurridos

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se ordena a la Junta de Libertad Bajo Palabra

facilitarle a Angueira Navarro todos los documentos que

figuren en el expediente de Agapito Pérez Cruz, incluyendo,

pero sin limitarse, a los médicos, sicológicos y siquiátricos

y a aquellos otros que correspondan a los mencionados en el

Art. IX del Reglamento de la Junta.

Se concede a la Sra. Angueira Navarro un nuevo término de

veinte (20) días, a partir de la fecha en que concluya el

examen de estos documentos para presentar, si así lo estima

necesario, una moción de reconsideración ante la Junta

exponiendo su opinión informada sobre la solicitud de libertad

bajo palabra presentada por Pérez Cruz. En el ejercicio de la

discreción que le confiere la Ley, la Junta decidirá los

méritos

de

dicha

moción

mediante

la

correspondiente

resolución.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

emitió Opinión de Conformidad. La Jueza Asociada señora

Naveira de Rodón concurre en el resultado sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOError! Bookmark not defined.

Katherine Angueira Navarro

Peticionaria

vs.

Junta de Libertad Bajo Palabra;

Enrique García, Presidente;

Héctor Martínez y Otros

Recurridos

CC-1999-240

Certiorari

Convicto Agapito Pérez Cruz

Confinado Núm. 7-74521

Opinión de

BERLINGERI.

Conformidad

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000.

Una mayoría del Tribunal al fin aclara y extiende el

alcance de lo que establecimos en nuestra opinión anterior

en el caso de autos, de 11 de enero de 2000. De este modo

no queda duda alguna del amplio derecho que tienen las

víctimas de delitos a una participación activa e informada

en los procedimientos para la concesión o negación del

privilegio a la libertad bajo palabra a los convictos de

los delitos en cuestión.

Tuvimos antes la oportunidad de hacer la aclaración

que hoy formulamos, en el caso reciente de Vigoreaux v.

Junta de Libertad Bajo Palabra, del 1ro. de febrero de

2000. La mayoría del Tribunal no actuó entonces como hoy

lo

hace,

afectando

peticionario

ocasión

de

en

adversamente

dicho

caso.

Por

la

decisión

así

los

ello

de

derechos

del

en

esa

disentí

la

mayoría.

CC-1999-240

12

Hoy se rectifica ese error, al menos en lo doctrinal, con lo que se

valida el decir de que “más vale tarde que nunca”.

A partir de hoy queda claro que el referido derecho de las víctimas

de delitos se extiende a todo el expediente de su ofensor. No es lícito

ya que la Junta de Libertad Bajo Palabra continúe arrastrando los pies

con respecto a las solicitudes de información pertinente que formulen las

víctimas de delitos en los procedimientos en cuestión. Nuestro criterio

anterior ha prevalecido, por lo que me place poder emitir un voto de

conformidad con respecto a este nuevo dictamen del foro.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO