Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Manuel Pizarro Colón
2000 TSPR 106
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Manuel Pizarro Colón
CP-1996-09 y CP-1997-08
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
QUERELLA
Manuel Pizarro Colón
2000 TSPR 106
Número del Caso: CP-1996-09 Y CP-1997-08 CONSOLIDADOS
Fecha: 25/mayo/2000
Colegio de Abogados:
Lcda. María De Lourdes Rodríguez
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Pedro Malavé Vega
Materia:
Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Manuel Pizarro Colón
CP-96-9
CP-97-8
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2000
Para fines decisorios, hemos consolidado estas dos (2)
querellas, aunque en su estructura interna, las exponemos
separadamente, siguiendo el orden de
presentación.
I
El 16 de julio de 1996, el Colegio de Abogados de
Puerto
Rico
presentó
querella
contra
Pizarro Colón –admitido al ejercicio
notaría
la
abogacía
y
el 28 de junio y 16 de julio, respectivamente-,1
imputándole
1
de
el Lcdo. Manuel
violación
Subsiguientemente, el 9
de
enero de 1997, por
Sentencia,
lo
suspendimos
temporeramente
de
ambas
funciones
por
deficiencia
en
su
obra notarial e
incumplimiento a nuestras órdenes.
CP-96-9; CP-97-8
a
los
Cánones
3
2,
8
y
19
de
Etica
Profesional.
resolución nuestra de 18 de octubre de 1996, el
agosto de 1997, el
Colegio
presentó
segunda
Previa
13
de
querella
CP-97-8, imputándole infracciones a los Cánones 12, 21, 35
y 37. En ambas querellas, designamos Comisionado Especial
al Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor, Ex Juez Superior, para
que
en
presencia
de
las
partes,
oyera
y
recibiera
la
prueba.
Luego de varios incidentes interlocutorios y trámites
–incluso querella enmendada-, el 7 de julio de 1998, se
celebró la vista evidenciaria2 y el 9 de julio de 1999 el
Comisionado
rindió
su
informe
en torno a la querella
CP-96-9. El 31 de agosto, hizo lo propio respecto a la
querella CP-97-8. En ambos, consignó los hechos que sirven
de trasfondo a nuestra decisión. Expongámoslos.
II
Querella CP-1996-9
En 1979, la Sra. Mariana Caraballo Pérez adquirió un
inmueble, sito en la Urb. Santa María, Calle B-115, Ponce.
Asumió
hipoteca
de
$35,000.00,
reducida
a
$32,660.45
y
constituyó segunda hipoteca en garantía de un pagaré al
Conforme
la
norma pautada en
In
re:
Vergne
Torres, 137
D.P.R. 777 (1995), en vista de las etapas
adelantadas de ambas quejas, continuamos el trámite
disciplinario de las querellas.
2
A pedido del Colegio, el 26 de septiembre de 1997,
suspendimos los procedimientos por seis (6) meses, debido a
una oferta de transacción, reservándonos la decisión final
sobre los efectos de cualquier transacción en los trámites
disciplinarios. El 12 de mayo de 1998, por recomendación
del Comisionado
Especial, extendimos
la
paralización
seis (6) meses más.
CP-96-9; CP-97-8
4
portador por $19,340.00 que entregó a los vendedores en
pago y garantía del precio aplazado de compraventa. Años
después, el 26 de febrero de 1986, el Tribunal Superior,
Sala de Ponce, dictó sentencia en cobro del principal de
$19,340.00
garantizado
por
segunda
la
hipoteca,
más
intereses, costas, gastos y honorarios de abogados. Dicha
Sentencia
se
anotó
en
el
Registro
de
Sentencias
del
Registro de la Propiedad de Ponce I, el 30 de septiembre de
1987.
El 13 de marzo, la Federal Home Loan Mortgage Corp.
demandó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto
Rico,
en
ejecución
de
la
primera
hipoteca,
ante
el
incumplimiento de los pagos mensuales. El 26, solicitó al
Registrador de la Propiedad de Ponce, anotara la demanda.
Dicha
anotación
se
insertó
en
la
nota
marginal
a
la
inscripción del inmueble cuyo titular era la Sra. Caraballo
Pérez.3
El 21 de mayo, radicada (y presentada al Registro), la
demanda de ejecución de la primera hipoteca y emplazada su
dueña,
Sra.
exclusiva
3
a
Caraballo
Housing
Pérez,
Real
ésta
Estate4
concedió
autorización
para
venta
la
El Registrador no firmó la nota. Tuvo
firmada después por otro el 19 de agosto de 1988.
4
de
la
que
ser
Firma de corretaje de bienes raíces, de la cual el
Lcdo. Pizarro Colón –quien posee además licencia de
corredor de bienes raíces-, era socio por igual, junto a su
sobrino, el Sr. José Hiram Santiago Ortiz. Compartían
oficina en la Calle Torres en Ponce, desde donde también
operaba Housing Real Estate. En septiembre de 1986,
inscrita en el Departamento de Estado el 27 de octubre,
CP-96-9; CP-97-8
5
propiedad. Dicho acuerdo lo suscribió el Sr. José Hiram
Santiago Ortiz –sobrino y socio del Lcdo. Pizarro Colón en
el
negocio
de
bienes
raíces-,
autorizado
de
Housing
Real
a
nombre
Estate.
Se
y
como
anejó
agente
documento
consignando: “2da -hipoteca $19,000.00- la primera hipoteca
está atrasada y la segunda también - de la venta se pagará
– todo”. Acordaron además, que Housing Real Estate cobraría
un cinco por ciento (5%) de comisión del precio de venta
-$65,000.00-. Aunque no consta que el Lcdo. Pizarro Colón
participara o interviniera directamente en el acuerdo, sí
fue enterado del mismo. (Carta de 20 de abril de 1990,
dirigida por él, al Colegio de Abogados).
Así las cosas, la Sra. Gloria Álvarez Sanabria acudió
a Housing Real Estate interesada en comprar el bien. La
atendió el Sr. Santiago Ortiz, con quien negoció y visitó
el inmueble. Las veces que visitó la oficina de Housing
Real Estate, vio al Lcdo. Pizarro Colón ser consultado por
el Sr. Santiago Ortiz y otras personas de la empresa.
El
2
de
julio,
compradora-, otorgó
la
Sra.
contrato
Álvarez
de
Sanabria
compraventa
–como
con
la
Sra. Caraballo Pérez –dueña y vendedora-, representada en
el acto de otorgamiento por el Sr. Santiago Ortiz. Se fijó
en $65,000.00 el precio de venta, $26,000.00 las deudas del
incorporaron a “Housing de Ponce y Caguas, Inc.”, que
operaba coetánea y separadamente con “Housing Real Estate”.
Entre sus objetivos y propósitos, según
certificado de
incorporación, “Housing de Ponce y Caguas, Inc.,” no se
dedica al corretaje de bienes raíces, específicamente, al
negocio de comprar y vender Bienes Raíces.
CP-96-9; CP-97-8
6
inmueble (sin hacer referencia a al deuda de $19,340.00
garantizada por la segunda hipoteca y sobre la que recayó
sentencia) y $39,000.00 la cantidad a pagarse en efectivo.
La Sra. Álvarez Sanabria entregó $10,000.00 y pagaría los
otros $29,000.00 en treinta (30) días.5
El 12 de septiembre de 1987, la Sra. Álvarez Sanabria
y el Sr. Santiago Ortiz –en representación de Housing Real
Estate-,
otorgaron
documento
suplementario,
en
el
que
acusaron recibo de un cheque de ella por $20,000.00, como
adelanto de los $29,000.00 que le restaban pagar, haciendo
constar
que
el
dinero
saldaría
una
de
las
deudas
hipotecarias que gravaban el inmueble. No se mencionó la
sentencia de ejecución sobre la segunda
Housing
Real
mensualidades
Estate
se
hipoteca. Además,
comprometió
adeudadas -hasta
pagar
las
el momento de firmarse la
escritura por la Sra. Caraballo Pérez-, al Home Federal
Savings
–entonces
Caguas
Federal
Savings
Bank-,
de
los
$10,000.00 adelantados por la Sra. Álvarez Sanabria. No fue
hasta el 16 de noviembre de 1987 –dos (2) meses después de
la enmienda supletoria y luego de otorgada la Escritura de
Compraventa en que se asumió la segunda hipoteca-, que el
Sr. Santiago Ortiz entregó cheque certificado a favor de
Carmen Ramos y Héctor Cupril por $7,100.00 para satisfacer
la sentencia en ejecución de la segunda hipoteca.
5
Se hizo constar que la vendedora Sra. Caraballo
Pérez,
pagaría
$4,301.23,
cantidad
adeudada
en
contribuciones sobre la propiedad. Acordaron que otorgaría
pagaré por la cantidad adeudada, garantizado con propiedad
que habría de adquirir.
CP-96-9; CP-97-8
7
El 5 de noviembre de 1987, las Sras. Caraballo Pérez y
Álvarez
Sanabria
suscribieron
escritura
núm.
86
sobre
Compraventa y Subrogación, preparada y autorizada por el
Lcdo. Pizarro Colón. Se hizo constar, la existencia de la
primera hipoteca “reducida a $26,000.00” y de la segunda
por
$19,340.00
e
indicó
que,
la
Sra.
Álvarez
Sanabria
retenía su monto para el pago de las mismas. Se afirmó que
la Sra. Álvarez Sanabria ya había pagado $39,000.00. El
Lcdo.
Pizarro
inmueble
Colón
antes
no
de
realizó
otorgar
la
estudio
registral
escritura
por
del
lo
que
desconocía su estado en el Registro. Por ende, no informó a
la compradora Sra. Álvarez Sanabria que el 30 de septiembre
de 1987 –posterior a ella entregar a Housing Real Estate
$20,000.00
para
saldar
la
segunda
hipoteca-,
se
había
anotado sentencia ejecutando la hipoteca. Tampoco informó
la
anotación
primera
preventiva
hipoteca
que
de
se
demanda
en
ejecución
de
la
asumiría
en
la
escritura
de
Compraventa. Para esta fecha, ya el Tribunal Federal para
el Distrito de Puerto Rico, había dictado Sentencia el 21
de octubre de 1987.
El
12
de
Escritura,
la
noviembre,
Sra.
días
Álvarez
después
Sanabria
de
entregó
otorgada
la
cheque
por
$896.34 a favor de Housing Real Estate para el pago de las
mensualidades
de
la
primera
hipoteca
por
los
meses
de
octubre y noviembre de 1987. Housing lo cambió. El 26 de
febrero de 1988, entregó otro cheque por $896.34, esta vez
a
favor
del
Lcdo.
Pizarro
Colón,
para
pagar
las
CP-96-9; CP-97-8
8
mensualidades de la primera hipoteca correspondientes a los
meses de diciembre de 1987, y enero y febrero de 1988. El
Lcdo. Pizarro Colón lo endosó en blanco y luego lo endosó
el Sr. Santiago Ortiz, quien
lo
cobró
el
mismo
día.
Housing Real Estate, el Sr. Santiago Ortiz, ni el Lcdo.
Pizarro Colón pagaron las mensualidades para cuyos pagos la
Sra.
Álvarez
Sanabria
pagaron las adeudadas
les
sobre
entregó
el
dinero.
Tampoco
la primera hipoteca hasta el
5 de noviembre de 1987, tal y como se obligó Housing Real
Estate hacer en el anejo supletorio de 12 de septiembre de
1987. Ninguno informó a la Sra. Álvarez Sanabria sobre las
mensualidades
impagadas.
De
hecho,
al
presentarse
meses
después –15 de marzo de 1988-, la Escritura Núm. 86 de
Compraventa y Subrogación de Obligación al Registro para su
inscripción,
ya
se
había
celebrado
segunda
subasta
y
adjudicado la buena pro en la ejecución del inmueble.
Posteriormente, a la Sra. Álvarez Sanabria –mientras
trabajaba en la casa para habilitarla-, fue notificada de
que
había
sido
subastada
y
sería
desalojada.
Inmediatamente, acudió donde el Lcdo. Pizarro Colón para
reclamarle. Sorprendido, el Lcdo. Pizarro Colón le informó
que le pagaría todos los gastos y desembolsos para que ella
no
perdiera
su
inversión.
Acordó
darle
garantía
hipotecaria. El 19 de marzo, “Housing de Ponce y Caguas,
Inc.”,6 representada por el Sr. Santiago Ortiz, mediante
6
Corporación que operaba coetánea y separadamente de
la sociedad “Housing Real Estate”, que no se dedicaba al
corretaje de bienes raíces.
CP-96-9; CP-97-8
9
afidávit núm. 3558 autorizado por el Lcdo. Pizarro Colón,
otorgó pagaré por $39,000.00 a un seis por ciento (6%)
anual, vencedero a su presentación. Ese mismo día, otorgó
Escritura Núm. 13 de hipoteca en garantía del pagaré por
$39,000.00 sobre un inmueble de la Corporación Housing de
Ponce
decir,
y
Caguas,
el
Inc.,
ante
el
garantizador
era
una
Lcdo.
Pizarro
tercera
Colón.
entidad
y
Es
no,
Housing Real Estate, el Sr. Santiago Ortiz, ni el Lcdo.
Pizarro Colón. Dicha Escritura garantizando el pagaré, no
especificó el monto de la hipoteca primera y preferente que
afectaba el bien dado en garantía. Resultó, que el pagaré
en
segundo
rango
ejecución
había
imposible
para
no
estaba
garantizado,
que
pagar
la
la
Sra.
Álvarez
primera
pues
para
hipoteca,
Sanabria.
Dicho
su
cosa
pagaré
hipotecario y la Escritura que pretendía garantizarlo, no
fueron
inscritos
complementarios
facultades
por
que
no
existir
acreditaran
documentos
el
corporativos
negocio
y
las
del otorgante –el Sr. Santiago Ortiz-, para
efectuarlo.
Así las cosas, el 25 de marzo de 1988, la Sra. Álvarez
Sanabria solicitó intervención en el caso seguido en el
Tribunal Federal para que se dejase sin efecto la ejecución
en pública subasta del inmueble que había comprado. La
Federal Home Loan Mortgage Corp. se opuso basado en la
existencia del “lis penden” desde el 26 de marzo de 1987 en
el Registro de
la Propiedad, advirtiendo el litigio de
ejecución de la hipoteca. Además, señaló que no se había
CP-96-9; CP-97-8
hecho
pago
10
alguno
para
satisfacer
los
atrasos
de
la
hipoteca que se ejecutaba. El 5 de mayo, el foro Federal
rechazó la intervención. El 12 de julio, previa orden del
mencionado Foro del 5 de mayo, la Sra. Álvarez Sanabria fue
desalojada del inmueble.
El 16 de agosto, la Sra. Álvarez Sanabria demandó al
Lcdo.
Pizarro
Colón,
Santiago
Ortiz
h/n/c
Housing
Real
Estate y otros, en el Tribunal Superior de Ponce. Reclamó
devolución de las sumas entregádales y daños y perjuicios.
Mediante
sentencias
febrero7
y
6
de
parcial
julio
y
de
complementarias
1989,
de
23
de
respectivamente,
el
Tribunal condenó al Lcdo. Pizarro Colón y al Sr. Santiago
Ortiz, pagar
$64,867.19
solidariamente
por
conceptos
a
la
de
las
Sra.
Álvarez Sanabria
sumas
entregádales,
desembolsos por reparaciones y alteraciones a la casa que
perdió y otros gastos relacionados. Además, $15,000.00 en
daños y perjuicios y $2,500.00 por honorarios de abogado.
El 20 de diciembre, a raíz de las gestiones realizadas
por la Sra. Álvarez Sanabria para asegurar y hacer efectiva
la Sentencia
a su favor, el Lcdo. Pizarro Colón informó al
Tribunal Superior sobre su petición de quiebra y la Orden
de Paralización
de los Procedimientos, emitida
el 4 de
abril de 1989.
III
7
El 13 de abril de 1989, el Lcdo. Pizarro Colón y su
esposa Margarita Rodríguez presentaron Petición de Quiebra
bajo el Capítulo 13, ante la Corte de Quiebra de los
Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico. El 24 de agosto,
CP-96-9; CP-97-8
11
Los Cánones 2 y 18 de Ética Profesional imponen a los
miembros de la profesión legal el deber de defender los
intereses de sus clientes diligentemente, desplegando su
máximo conocimiento en la forma generalmente aceptada por
los
miembros
responsable.
de
In
la
re:
clase
Mundo
togada,
como
Rodríguez,
adecuada
y
en
de
res.
10
septiembre de 1998, 98 TSPR 120; In re: Cardona Ubiñas,
res. en 29 de julio de 1998, 98 TSPR 114; In re: Osorio
Díaz, res en. 30 de junio de 1998, 98 TSPR 103; In re:
Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989), In re: Arana Arana,
112 D.P.R. 838 (1982). Las difíciles y complejas gestiones
en su quehacer jurídico –incluyendo su dimensión notarial-,
tienen que enmarcarse dentro de los valores que se espera
caractericen esta profesión. In re: Filardi Guzmán, res. en
23 de enero de 1998, 98 TSPR 4; In re: Pereira Esteves,
res. en 30 de noviembre de 1998, 98 TSPR 160. Requiere
cuidado y ser ejercida con sumo esmero y celo profesional,
cumpliendo estrictamente con la Ley Notarial y los Cánones
de Ética Profesional. In re: Vera Vélez, res. en 5 de abril
de 1999, 99 TSPR 46; In re: Torres Olmeda, res. en 23 de
abril de 1998, 98 TSPR 48; In re: Rodríguez Mena, 126
D.P.R. 205 (1990); In re: Vergne Torres, 113 D.P.R. 777
(1995). Es deber del abogado, entre otros, desempeñarse con
la
mayor
y
integridad;
más
excelsa
defender
competencia,
los
responsabilidad
intereses
del
e
cliente
diligentemente y; mantener al cliente siempre informado de
se convirtió en petición bajo el Capítulo 17 del Código
CP-96-9; CP-97-8
12
todo asunto importante en el caso que se le ha encomendado.
In re: Arroyo Rivera, res. en 19 de mayo de 1999, 99 TSPR
78; In re: Pereira Esteves, supra. In re: Mundo Rodríguez,
supra. La indiferencia, desidia, despreocupación, inacción
y displicencia en la tramitación de un caso, viola el Canon
18, In re: Arana Arana, supra, y produce la imposición de
sanciones disciplinarias, In re: Torres Olmeda, supra; In
re: Rivera Arvelo, 132 D.P.R. 840 (1993).
Intrínseco a estos deberes y buena observancia de las
responsabilidades atinentes a la
profesión, el abogado
–también en su función notarial-, está obligado a realizar
“las averiguaciones mínimas que requieren las normas más
elementales de la profesión [y las leyes aplicables], y que
en aquellas ocasiones en que tenga dudas sobre lo expresado
por
el
otorgante,
comúnmente.
indague
más
allá
de
lo
requerido
A esos efectos, “[...] el notario que autoriza
una escritura no puede ignorar el estado registral de la
propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a
la fecha del otorgamiento”. In re: Vera Vélez, supra. Es
indeclinable su obligación de conocer el estado registral
de la propiedad en su función principal de custodio de la
fe pública, base esencial del sistema del notariado. Como
tal,
tiene
el
deber
ineludible
“de
ilustrar
a
los
otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial
en un estado de conciencia informada. Es decir, tiene que
cerciorarse
de
hacerle
Federal de Quiebras.
a
las
partes
todas
aquellas
CP-96-9; CP-97-8
13
explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para
lograr el consentimiento informado de los otorgantes”. In
re: Jiménez Brackel, res. en 11 de mayo de 1999, 99 TSPR
73. In re: Moreira Avillán, res. en 13 de noviembre de
1998, 98 TSPR 152. In re: Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603
(1994); In re: López Maldonado, 130 D.P.R. 863 (1992); In
re: Ramos Meléndez, 120 D.P.R. 796 (1988); In re: Meléndez
Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976); Goenaga v. O’Neill de Milán,
85 D.P.R. 170 (1962). Es incuestionable la importancia que
reviste investigar los antecedentes, cargas y gravámenes,
al
hacerse
o
autorizarse
una
escritura,
no
sólo
para
efectos civiles o registrales, sino también para efectos
notariales,
necesaria
“porque
para
la
la
determinación
posterior
de
las
cargas
concreción
en
la
es
parte
dispositiva de las responsabilidades que contrae cada parte
contratante”. Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-444
(1984). Incurrir en esta falta, convierte al notario en
“coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho
y
habrá
traicionado
la
fe
de
la
que
es
principal
guardador”. In re: Meléndez Pérez, supra.
IV
El Lcdo. Pizarro Colón, preparó y autorizó Escritura
de Compraventa y Subrogación sin realizar el debido estudio
de título para conocer el estado registral del inmueble
objeto de la Escritura. Ello ocasionó, que la Sra. Álvarez
Sanabria adquiriera el bien desconociendo que contra ella
había anotación preventiva de demanda en ejecución de la
CP-96-9; CP-97-8
14
primera hipoteca y que se había dictado y anotado sentencia
ejecutando la segunda hipoteca que gravaba el inmueble. En
efecto,
cuando
la
Sra.
Álvarez
Sanabria
solicitó
intervención en el pleito seguido en el Tribunal Federal
para el Distrito de Puerto Rico, buscando se dejase sin
efecto la ejecución en subasta pública del inmueble, el
foro
federal
rechazó
su
intervención
al
acoger
el
planteamiento del demandante de que desde el 26 de marzo de
1987,
existía
en
el
Registro
anotación
preventiva
de
demanda. No hay duda de que la falta de diligencia del
Lcdo. Pizarro Colón fue el factor determinante que propició
se perjudicara la causa de acción de su cliente –ante el
foro federal- y
finalmente perdiera su inversión en el
bien. No honró la confianza depositada por su cliente, como
conocedor
de
los
menosprecio
a
la
cliente
infringió
e
procesos
suerte
que
los
legales.
correría
Cánones
2
Manifestó
claro
el
derecho
de
y
18
Ética
de
su
Profesional.
Además, se apartó del Canon 19, dispositivo de que
“[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado
de todo asunto importante que surja en el desarrollo del
caso que le ha sido encomendado”. El Lcdo. Pizarro Colón
omitió informar a su cliente adecuadamente las incidencias
judiciales
principales
que
afectaban
el
bien
inmueble,
ocasionando que la Sra. Álvarez Sanabria consintiera el
negocio jurídico sin conocimiento de causa. A la postre, su
conducta provocó que la Sra. Álvarez Sanabria perdiera su
CP-96-9; CP-97-8
15
inversión. In re: Madro Classen, res. en 7 de marzo de
1997, 142 D.P.R. ___.
V
Querella CP-97-88
“Housing Real Estate” también tenía oficinas en
Urb. Boneville
Edwin
de
Labrador.
Caguas
El
20
y
de
la
eran
atendidas
por el Sr.
agosto
de
antes
1986,
de
incorporarse Housing de Ponce y Caguas, Inc., Housing Real
Estate
y
el
Sr.
representando
a
suscribieron
Labrador,
la
Contrato
como
vendedora
de
agentes
autorizados
Wanda
Cruz
Compraventa
mediante
y
Alicea,
el
cual
acordaron, vender al Sr. Rafael Bezares Álamo una casa sita
en el P-16 de la Urbanización Reparto Valencia de Juncos.
El precio convenido fue $45,700.00 con pronto de $7,000.00,
asumiendo
primera
hipoteca
por
$38,700.00.9
8
El 25 de agosto de 1998, el Colegio y el Lcdo.
Pizarro Colón suscribieron “Estipulación de Hechos”,
estableciendo, “que las gestiones para la venta concernida
fueron realizadas por el Sr. Edwin Labrador en el área de
Caguas, quien luego fue empleado y representante de la
empresa corredora Housing de Ponce y Caguas, Inc.,...” El
2 de noviembre, luego de reexaminar y evaluar la prueba, el
Colegio nos solicitó desistir de los cargos 1, 2 y 4, y se
reiteró en el cargo 3.
9
La Escritura de Constitución de la Hipoteca Núm. 103
de 15 de diciembre de 1983, que gravaba la propiedad,
contiene cláusula prohibiendo enajenar, vender o gravar la
propiedad sin la previa autorización escrita del Secretario
de la Vivienda. Aunque, el Comisionado Especial no tuvo
acceso al Registro de la Propiedad para determinar si tal
restricción al derecho de propiedad se desprendía del
asiento de inscripción de la hipoteca, en certificación
emitida por el Registrador de la Propiedad el 4 de
diciembre de 1987, se hace referencia a cargos por su
procedencia, a la hipoteca constituida
por
la Escritura
Núm. 103 de 15 de diciembre de 1983, y a los términos
económicos y de vencimiento de la misma. No obstante, la
CP-96-9; CP-97-8
El
21
de
16
octubre,
se
firmó
en
Philadelphia
documento titulado “Poder Especial”, en el que
un
la Sra.
Wanda Cruz Alicea instituyó a la Sra. Raquel Cruz Alicea
como su apoderada, con amplias facultades, para que en su
nombre y representación vendiera el inmueble P-16 de la
Urbanización Reparto Valenciano, cuya descripción registral
se incluyó.
Al pie de la frase “y para que así conste”, y
de la indicación de la ciudad y fecha, aparece en letras
mayúsculas y a maquinilla el nombre de Wanda Cruz Alicea.
Sobre ello aparece a manuscrito y a manera de firma, el
nombre de Wanda Cruz Alicea.
Debajo de la firma, y en el
formato de reconocimiento de firma que se utilizaba por los
notarios, se indicó lo siguiente:
“Sworn and suscribes (sic) before me by
héctor (sic) Alfredo Figueroa Santiago of the
personal
circunstance
(sic)
above
stated,
personally
Know
(sic) me
at
21st day of
October 1986.”
Inmediatamente debajo de ese párrafo aparece la firma
de
Pedro
“Commission”
C.
Rodríguez
expiró
el
5
como
de
“Notary
mayo
de
Public”,
1989.
Se
cuya
acompañó
certificación de William J. Devlin, “Deputy Prothonotary”
del “Court of Common Pleas of Philadelphia County”, a los
efectos de que Pedro C. Rodríguez era para entonces un
notario público autorizado en Pennsylvania.
Certificación Registral no hace referencia alguna a la
prohibición de enajenación sin la previa autorización del
Secretario de la Vivienda.
CP-96-9; CP-97-8
17
El 11 de noviembre, se otorgó ante el Lcdo. Pizarro
Colón la Escritura Número 39, sobre Protocolización del
Poder
Especial
antes
mencionado.
Compareció,
como
única
parte, el Sr. Santiago Ortiz, socio del Lcdo. Pizarro Colón
en Housing Real Estate, entidad que servía de corredora en
la
venta
del
inmueble
para
cuyo
traspaso
se
pretendía
protocolizar el “Poder Especial” que la Sra. Wanda Cruz
Alicea supuestamente había conferido a la Sra. Raquel Cruz
Alicea.
El Lcdo. Pizarro Colón unió el “Poder Especial” a
la escritura y, por ende, a su protocolo de instrumentos
públicos para 1986; la Escritura se inscribió el 26 de
noviembre.
Dos
Pizarro
semanas
Colón
después,
autorizó
el
25
de
noviembre,
la
Escritura
Núm.
el
Lcdo.
41,
sobre
Compraventa y Subrogación de Obligación, mediante la cual
el Sr. Bezares Alamo adquirió de la Sra. Wanda Cruz Alicea,
representada por su “apoderada” la Sra. Raquel Cruz Alicea,
el
inmueble
P-16
ubicado
en
el
Reparto
Valenciano
Juncos. Pagó $7,000.00 de pronto y asumió la
de
hipoteca,
reducida a $38,650.00. El Lcdo. Pizarro Colón no identificó
la escritura en que se protocolizó el poder, pero sí indicó
que el “apoderamiento se une junto a esta escritura”. Sin
embargo, no lo unió.10
10
Antes de otorgarse dicha Escritura de Compraventa,
existían atrasos en las mensualidades de la hipoteca.
En
septiembre de 1986, el comprador Bezares Alamo, pagó
$1,129.30 para poner al día la cuenta. Después de adquirir
la propiedad, continuó pagando los plazos mensuales hasta
julio de 1987. No pudo pagar los cuatro (4) plazos de
agosto a noviembre de 1987.
CP-96-9; CP-97-8
El
18
de
18
noviembre
de
1987,
el
Sr.
Bezares
Alamo
presentó petición de quiebra bajo el Capítulo 13 de la Ley
de Quiebras.
En ese procedimiento no incluyó en el listado
de propiedades inmuebles la propiedad adquirida en el P-16
del Reparto Valenciano ni la deuda hipotecaria asumida.
Así
las
cosas,
y
debido
a
que
no
se
pagaron
las
mensualidades hipotecarias desde el primero de agosto de
1987,
-ocho
(8)
meses
después
de
haberse
otorgado
la
Escritura de Compraventa, el 25 de noviembre de 1986–, la
tenedora
del
pagaré,
Caguas
Central
Savings,
el
30
de
noviembre de 1987, un año después de la compraventa, instó
demanda
de
ejecución
de
hipoteca
contra
la
titular
registral del inmueble, la Sra. Wanda Cruz Alicea. El Sr.
Bezares Alamo,
aunque había radicado ya la petición de
quiebra, remitió giros bancarios a la acreedora hipotecaria
por
el
monto
correspondiente
a
cada
una
de
las
mensualidades adeudadas, el 9, el 15 y el 17 de diciembre
de 1997, dos el 27 de enero, dos el 4 de abril y uno el 9
de mayo de 1988. La acreedora hipotecaria no hizo efectivo
ni cobró esos giros porque ya se encontraba radicada la
demanda de ejecución; no cubrían la totalidad del balance
de la hipoteca; y porque no incluían la suma requerida
-$500.00-,
para
desistimiento
rechazó pagar.
del
la
caso,
reinstalación
suma
que
el
del
Sr.
préstamo
Bezares
y
Alamo
La acreedora hipotecaria continuó con los
trámites del caso. El 7 de abril de 1988, el Tribunal
Superior, Sala de Caguas, dictó sentencia en el caso de
CP-96-9; CP-97-8
19
ejecución de hipoteca.
propiedad
y
El 4 de octubre, se
subastó
la
el 21, el Sr. Bezares Alamo –quien no era
parte del caso-, presentó solicitud de paralización de los
procedimientos acompañando el “Stay Order” de su petición
de quiebra de 18 de noviembre de 1987. Desde
comenzaron
las
gestiones
entonces,
del Sr. Bezares Alamo para
proteger la propiedad que había comprado.
Entre el 3 de agosto de 1988 y el 12 de enero de 1989,
el Sr. Bezares Alamo presentó al Registro de la Propiedad
para su inscripción la Escritura Núm. 41 de 25 de noviembre
de 1986 sobre Compraventa y Subrogación de Obligación.11 El
12 de enero de 1989, el Registrador por primera vez exigió
el
documento
complementario
–el
Poder-,
para
poder
inscribir a nombre del Sr. Bezares Alamo.
El 8 de mayo, el Sr. Bezares Alamo demandó en el
Tribunal
Superior,
Sala
Savings, la Sra. Wanda
y
de
Cruz
Caguas,
a
Caguas
Alicea, Housing
Real
Federal
Estate
al Sr. Labrador. Solicitó la nulidad de la venta del
11
Un certificado de Estudio de Título de 3 de agosto
de 1988, enuncia como titular a la Sra. Wanda Cruz Alicea,
igual hipoteca y un aviso de la demanda de ejecución de la
hipoteca radicada por Caguas Central Savings. Al dorso de
una copia certificada de la Escritura Núm. 41 sobre
Compraventa y Subrogación de Obligación, ya presentada en
la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de Caguas,
aparece una anotación, bajo la firma del Registrador,
indicando que el 12 de enero de 1989, se había “Notificado
hoy por los fundamentos incluidos en la notificación
legajada bajo el número 513/221.” Aparece también otra
anotación a los efectos que la escritura había sido
“Retirada para ser corregida. Caguas a 23 de enero de
1989”. Otra Certificación Registral de 30 de diciembre de
1997, señaló que no existía asiento alguno en el Libro
Diario de Operaciones que afectase a la finca, aún inscrita
CP-96-9; CP-97-8
20
inmueble en pública subasta y se responsabilizara a Housing
Real
Estate
y
al
Sr.
Labrador
por
omitir
suplir
el
documento de Poder necesario para inscribir el inmueble a
su nombre. Reclamó
además, daños y perjuicios.
No demandó
al Lcdo. Pizarro Colón ni a Housing de Ponce y Caguas, Inc.
El Lcdo. Pizarro Colón asumió la representación legal
de Housing Real Estate -de la cual era socio propietario-,
y del Sr. Labrador. En moción de 8 de diciembre, y ante la
alegación del Sr. Bezares Alamo de que el “Poder Especial”
era
nulo
e
inexistente
porque
no
daba
autorización
al
mandatario para vender la casa, el Lcdo. Pizarro Colón
adjuntó
copia
de
dicho “Poder Especial” que, según él,
entregó al Sr. Bezares Alamo.
En 8 octubre de 1991 y ante las repetidas ausencias
del Lcdo. Pizarro Colón a vistas señaladas, el Tribunal
eliminó las alegaciones de Housing Real Estate y del Sr.
Labrador. Eventualmente, el 14
sentencia
en
negligencia
la
de
que
parte
de junio de 1992, dictó
concluyó,
de
Housing
entre
Real
otras
Estate
y
cosas,
el
Sr.
Labrador. Los condenó a pagar $46,870.00, más intereses
legales pre-sentencia y honorarios de abogado. El 18 de
diciembre,
el
Lcdo.
Pizarro
Colón
presentó
Moción
informativa y solicitud de paralización de procedimientos
indicando que él y su esposa, Margarita Rodríguez “d/b/a/
Housing
Real
Estate”
habían
presentado
una
petición
de
quiebra el 3 abril de 1989, por lo que Housing Real Estate
a nombre de la Sra. Wanda Cruz Alicea, y gravada por la
CP-96-9; CP-97-8
21
estaba acogida a los procedimientos de la ley de quiebra
federal.
El 13 de mayo de 1993, el Sr. Bezares Alamo presentó
queja contra el Lcdo. Pizarro Colón ante el Colegio de
Abogados. El 28 de junio, el Lcdo. Pizarro Colón contestó
la queja y acompañó copia de las escrituras otorgadas ante
él y del documento de “Poder Especial”. Se señaló una vista
ante la Comisión de Etica para el 9 de agosto de 1994. La
notificación de vista al Lcdo. Pizarro Colón, certificada
con acuse de recibo, fue devuelta al Colegio de Abogados el
1
de
agosto,
y
remitida
al
día
siguiente
por
correo
ordinario al mismo apartado. El Lcdo. Pizarro Colón no la
recibió, por lo que no compareció a la vista señalada.
VI
El cargo 1 imputó al Lcdo. Pizarro Colón no entregar
al
Sr.
Bezares
Alamo
–comprador-,
la
Escritura
de
Protocolización de Poder, lo que le impidió inscribir su
título en el Registro, hecho que motivó se ejecutara la
hipoteca sobre el inmueble y el Sr. Bezares Alamo perdiera
su
inversión.
El
Colegio
expuso
en
su
moción
de
desistimiento, que la causa para la ejecución fue que no se
pagó las mensualidades debidas y no el hecho de que el
Lcdo. Pizarro Colón no entregara al Sr. Bezares Alamo, la
Escritura aludida.
Correcta o no la apreciación del Colegio, la prueba
demostró que la Escritura de Poder Especial de su faz tenía
hipoteca.
CP-96-9; CP-97-8
22
el grave defecto de estar firmada por persona distinta a la
que el “Notary Public” certificó firmaba ante él. Es decir,
el “Notary Public”, Pedro C. Rodríguez certificó que el
“Poder Especial” lo juró y firmó ante él, Alfredo Figueroa
Santiago cuando en realidad la firma que aparece en el
documento es la de la Sra. Wanda Cruz Alicea.
Aun cuando
este defecto anuló la Escritura y el Poder Especial que
pretendió conferir, el Lcdo. Pizarro Colón lo protocolizó
mediante Escritura Núm. 39 e inscribió el 26 de noviembre
de 1986, en abierta y clara violación a la Ley Notarial de
Puerto Rico y las normas éticas de la profesión.
Peor aún,
autorizó Escritura Núm. 41 sobre Compraventa y Subrogación
de
Obligación,
en
virtud
del
“Poder
Especial”
nulo,
mediante la cual el Sr. Bezares Alamo adquirió de la Sra.
Wanda Cruz Alicea –representada por la Sra. Raquel Cruz
Alicea-, el inmueble P-16 sito en Juncos.
No identificó la
Escritura de Protocolización Núm. 39, ni adjuntó –luego de
indicarlo-, el Poder Especial a la Escritura Núm. 41. Por
sí solas, estas deficiencias anularon el negocio jurídico
llevado a cabo y por ende hubieran impedido la inscripción
del título.
Con su proceder transgredió la exigencia básica de que
todo abogado “debe a sus clientes un trato profesional
caracterizado
por
la
mayor
capacidad,
lealtad y la más completa honradez.
deber
de
defender
diligentemente,
los
desplegando
más
directa
Una vez más faltó a su
intereses
su
la
más
de
su
profundo
cliente
saber
y
CP-96-9; CP-97-8
23
habilidad y actuando en aquella
jurídica
en
general
estima
L.P.R.A. Ap. IX c. 18.
forma
que
adecuada
y
la
profesión
responsable.
4
In re: Crubb Acosta, 119 D.P.R. 595
(1987); In re: Vera Vélez, supra; In re: Torres Olmeda,
supra; In re: Rodríguez Mena, supra; In re: Vergne Torres,
supra.
El
Lcdo.
Pizarro
Colón
actuó
con
evidente
menosprecio de las consecuencias naturales que tenía el
hecho de autorizar una Escritura de Compraventa a través de
un “Poder Especial”, cuya nulidad conocía o debió conocer.
Aceptamos
el
desistimiento
del
cargo
Núm.
2,
que
imputó al Lcdo. Pizarro Colón no informar al Sr. Bezares
Alamo
–comprador-,
enajenar
el
la
bien
existencia
inmueble
de
objeto
una
de
prohibición
la
de
compraventa,
mientras estuviese vigente subsidio del Departamento de la
Vivienda bajo las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 5 de
julio de 1973.
registral
La evidencia refleja, que la certificación
emitida
el
4
Registrador,
no
hace
prohibición
de
enajenar,
de
diciembre
referencia
en
alguna
virtud
de
de
1987
a
restricción
tal
por
programa
el
o
de
subsidio.
Finalmente, el cargo Núm. 3 imputó al Lcdo. Pizarro
Colón conflicto de interés en dos circunstancias distintas.
Primero, al participar en un negocio de compraventa de
bienes, lucrándose del mismo –como socio de la firma de
bienes raíces que tramitó la venta-, y también autorizar la
Escritura
Segundo,
de
al
Compraventa
aceptar
una
que
generó
dicha
representación
legal
gestión.
cuando
su
CP-96-9; CP-97-8
juicio
24
profesional
estaba
afectado
por
sus
intereses
personales.
Respecto
a
la
primera
conflicto de interés.
situación,
es
evidente
el
En In re: Cancio Sifre, 106 D.P.R.
386 (1977), advertimos que la ausencia en los Cánones de
Etica
Profesional
de
una
definición
específica
no
invalidaba la norma de que un notario no debe autorizar
documento
público
controlada
por
en
él
el
que
es
parte
económicamente,
por
una
corporación
ser
una
norma
inherente a la responsabilidad social y profesional de los
juristas
y
a
la
conducta
moral
que
se
espera
de
todo
miembro de la profesión legal.
El interés tutelado es la preservación de la figura
del notario “como funcionario imparcial, que recibe, expone
y legitima la voluntad de los que ante él comparecen sin
tomar
bando,
inteligencia
sin
y
su
inclinarse
lealtad
a
un
están
lado
u
otro.
Su
con
una
comprometidas
función ilustrativa que sirva y proteja a todas las partes
por igual”. In re: Cancio Sifre, supra, pág. 396.
En un intento por eximirse de la responsabilidad, el
Lcdo.
Pizarro
que
las
gestiones para la venta las realizó el Sr. Labrador.
La
prueba
la
refleja
Colón
lo
estipuló
con
contrario.
el
Las
Colegio
gestiones
de
compraventa fueron realizadas por el Sr. Labrador, empleado
y
representante
de
la
empresa
corredora
Housing
Real
Estate, de la cual Pizarro Colón era socio por igual, y no
por Housing de Ponce y Caguas, Inc. Además, una de las
CP-96-9; CP-97-8
partes
25
demandadas
en
los
casos
originados
por
la
compraventa gestada por Housing Real Estate, lo fue Housing
Real Estate y no Housing de Ponce y Caguas, Inc.
desprende también que el Lcdo.
Pizarro Colón
Se
fue quien
representó a Housing Real Estate, no a Housing de Ponce y
Caguas, Inc., en los referidos casos y fue quien informó al
Tribunal que Housing Real Estate estaba protegida por la
Ley de Quiebras. Informó que él hacía negocios como Housing
Real Estate.12
En
cuanto
a
la
segunda
situación,
el
Canon
21
proscribe, en lo pertinente, que los abogados representen a
un cliente cuando su juicio profesional puede ser afectado
por intereses personales. In re: Toro Colberg, res. en 2 de
abril
de
1996, 140 D.P.R. ___. De
preservar
una
cliente,
libre
Bosch,
res.
completa
de
en
lealtad
ataduras
30
de
este
del
modo,
abogado
personales.
In
se
busca
hacia
re:
su
Palau
junio de 1999, 99 TSPR 132. El
Lcdo. Pizarro Colón, no sólo aceptó representar al Sr.
Labrador en el pleito incoado por el Sr. Bezares Alamo,
sino que asumió la representación de la codemandada Housing
Real Estates, de la cual era socio.
nulidad de
Colón-,
La demanda imputaba
la compraventa –autorizada por el Lcdo. Pizarro
por
haberse
utilizado
“Poder
Especial”
nulo,
-protocolizado por el Lcdo. Pizarro Colón-. No hay duda de
las ataduras que representaba tal representación, y de que
12
No aceptamos, por tanto, la estipulación
a los
efectos de que quien hizo el negocio fue Housing de Ponce y
CP-96-9; CP-97-8
26
su juicio profesional se vería afectado por sus propios
intereses. La prohibición de que un abogado litigue un caso
sobre una escritura autorizada por él como notario, busca
evitar hasta la apariencia de conducta impropia de parte
del notario autorizante. Por ello, ningún abogado-notario
puede representar a una de las partes otorgantes en una
escritura autorizada por éste en un pleito posterior para
exigir
las
contraprestaciones
parte.
Urrutia
Puertorriqueño,
a
que
de
Basora,
Curso
Tomo
I,
221.
pág.
se
de
obligó
Derecho
Más
aún,
la
otra
Notarial
cuando
su
representación implica defender la validez del documento
que él autorizó, contra el interés de su cliente otorgante
y a favor de una compañía o sociedad de la cual, él es
socio por igual.
Concluimos,
normas
éticas
que
antes
el
Lcdo.
expuestas,
Pizarro
Colón
violó
las
por
que
procede
su
lo
separación de la profesión legal y notarial por el término
de un (1) año.
Se dictará la correspondiente sentencia.
Caguas,
prueba.
Inc.,
por
ser
patentemente
incompatible
con
la
CP-96-9; CP-97-8
27
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Manuel Pizarro Colón
CP-96-9
CP-97-8
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente, se dicta Sentencia
y se suspende al Lcdo. Manuel Pizarro Colón del ejercicio
la profesión legal y notarial por el término de un (1)
año, contados desde la notificación de la presente y hasta
que otra cosa disponga este Tribunal.
El Tribunal le impone al Lcdo. Pizarro Colón el
deber de notificar a todos sus clientes de su presente
inhabilidad de seguir representándolos, les devuelva
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados, e informe oportunamente de su suspensión a los
distintos foros judiciales y administrativos del país.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute su
obra notarial, incluso sello notarial, para ser remitida,
examinada y oportunamente objeto de un Informe por parte
de la Oficina de Inspección de Notarías.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Andréu García no interviene. El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
CP-96-9; CP-97-8
28
Secretaria del Tribunal Supremo