LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Manuel Pizarro Colón

2000 TSPR 106

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Manuel Pizarro Colón

CP-1996-09 y CP-1997-08

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

QUERELLA

Manuel Pizarro Colón

2000 TSPR 106

Número del Caso: CP-1996-09 Y CP-1997-08 CONSOLIDADOS

Fecha: 25/mayo/2000

Colegio de Abogados:

Lcda. María De Lourdes Rodríguez

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Pedro Malavé Vega

Materia:

Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Manuel Pizarro Colón

CP-96-9

CP-97-8

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2000

Para fines decisorios, hemos consolidado estas dos (2)

querellas, aunque en su estructura interna, las exponemos

separadamente, siguiendo el orden de

presentación.

I

El 16 de julio de 1996, el Colegio de Abogados de

Puerto

Rico

presentó

querella

contra

Pizarro Colón –admitido al ejercicio

notaría

la

abogacía

y

el 28 de junio y 16 de julio, respectivamente-,1

imputándole

1

de

el Lcdo. Manuel

violación

Subsiguientemente, el 9

de

enero de 1997, por

Sentencia,

lo

suspendimos

temporeramente

de

ambas

funciones

por

deficiencia

en

su

obra notarial e

incumplimiento a nuestras órdenes.

CP-96-9; CP-97-8

a

los

Cánones

3

2,

8

y

19

de

Etica

Profesional.

resolución nuestra de 18 de octubre de 1996, el

agosto de 1997, el

Colegio

presentó

segunda

Previa

13

de

querella

CP-97-8, imputándole infracciones a los Cánones 12, 21, 35

y 37. En ambas querellas, designamos Comisionado Especial

al Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor, Ex Juez Superior, para

que

en

presencia

de

las

partes,

oyera

y

recibiera

la

prueba.

Luego de varios incidentes interlocutorios y trámites

–incluso querella enmendada-, el 7 de julio de 1998, se

celebró la vista evidenciaria2 y el 9 de julio de 1999 el

Comisionado

rindió

su

informe

en torno a la querella

CP-96-9. El 31 de agosto, hizo lo propio respecto a la

querella CP-97-8. En ambos, consignó los hechos que sirven

de trasfondo a nuestra decisión. Expongámoslos.

II

Querella CP-1996-9

En 1979, la Sra. Mariana Caraballo Pérez adquirió un

inmueble, sito en la Urb. Santa María, Calle B-115, Ponce.

Asumió

hipoteca

de

$35,000.00,

reducida

a

$32,660.45

y

constituyó segunda hipoteca en garantía de un pagaré al

Conforme

la

norma pautada en

In

re:

Vergne

Torres, 137

D.P.R. 777 (1995), en vista de las etapas

adelantadas de ambas quejas, continuamos el trámite

disciplinario de las querellas.

2

A pedido del Colegio, el 26 de septiembre de 1997,

suspendimos los procedimientos por seis (6) meses, debido a

una oferta de transacción, reservándonos la decisión final

sobre los efectos de cualquier transacción en los trámites

disciplinarios. El 12 de mayo de 1998, por recomendación

del Comisionado

Especial, extendimos

la

paralización

seis (6) meses más.

CP-96-9; CP-97-8

4

portador por $19,340.00 que entregó a los vendedores en

pago y garantía del precio aplazado de compraventa. Años

después, el 26 de febrero de 1986, el Tribunal Superior,

Sala de Ponce, dictó sentencia en cobro del principal de

$19,340.00

garantizado

por

segunda

la

hipoteca,

más

intereses, costas, gastos y honorarios de abogados. Dicha

Sentencia

se

anotó

en

el

Registro

de

Sentencias

del

Registro de la Propiedad de Ponce I, el 30 de septiembre de

1987.

El 13 de marzo, la Federal Home Loan Mortgage Corp.

demandó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto

Rico,

en

ejecución

de

la

primera

hipoteca,

ante

el

incumplimiento de los pagos mensuales. El 26, solicitó al

Registrador de la Propiedad de Ponce, anotara la demanda.

Dicha

anotación

se

insertó

en

la

nota

marginal

a

la

inscripción del inmueble cuyo titular era la Sra. Caraballo

Pérez.3

El 21 de mayo, radicada (y presentada al Registro), la

demanda de ejecución de la primera hipoteca y emplazada su

dueña,

Sra.

exclusiva

3

a

Caraballo

Housing

Pérez,

Real

ésta

Estate4

concedió

autorización

para

venta

la

El Registrador no firmó la nota. Tuvo

firmada después por otro el 19 de agosto de 1988.

4

de

la

que

ser

Firma de corretaje de bienes raíces, de la cual el

Lcdo. Pizarro Colón –quien posee además licencia de

corredor de bienes raíces-, era socio por igual, junto a su

sobrino, el Sr. José Hiram Santiago Ortiz. Compartían

oficina en la Calle Torres en Ponce, desde donde también

operaba Housing Real Estate. En septiembre de 1986,

inscrita en el Departamento de Estado el 27 de octubre,

CP-96-9; CP-97-8

5

propiedad. Dicho acuerdo lo suscribió el Sr. José Hiram

Santiago Ortiz –sobrino y socio del Lcdo. Pizarro Colón en

el

negocio

de

bienes

raíces-,

autorizado

de

Housing

Real

a

nombre

Estate.

Se

y

como

anejó

agente

documento

consignando: “2da -hipoteca $19,000.00- la primera hipoteca

está atrasada y la segunda también - de la venta se pagará

– todo”. Acordaron además, que Housing Real Estate cobraría

un cinco por ciento (5%) de comisión del precio de venta

-$65,000.00-. Aunque no consta que el Lcdo. Pizarro Colón

participara o interviniera directamente en el acuerdo, sí

fue enterado del mismo. (Carta de 20 de abril de 1990,

dirigida por él, al Colegio de Abogados).

Así las cosas, la Sra. Gloria Álvarez Sanabria acudió

a Housing Real Estate interesada en comprar el bien. La

atendió el Sr. Santiago Ortiz, con quien negoció y visitó

el inmueble. Las veces que visitó la oficina de Housing

Real Estate, vio al Lcdo. Pizarro Colón ser consultado por

el Sr. Santiago Ortiz y otras personas de la empresa.

El

2

de

julio,

compradora-, otorgó

la

Sra.

contrato

Álvarez

de

Sanabria

compraventa

–como

con

la

Sra. Caraballo Pérez –dueña y vendedora-, representada en

el acto de otorgamiento por el Sr. Santiago Ortiz. Se fijó

en $65,000.00 el precio de venta, $26,000.00 las deudas del

incorporaron a “Housing de Ponce y Caguas, Inc.”, que

operaba coetánea y separadamente con “Housing Real Estate”.

Entre sus objetivos y propósitos, según

certificado de

incorporación, “Housing de Ponce y Caguas, Inc.,” no se

dedica al corretaje de bienes raíces, específicamente, al

negocio de comprar y vender Bienes Raíces.

CP-96-9; CP-97-8

6

inmueble (sin hacer referencia a al deuda de $19,340.00

garantizada por la segunda hipoteca y sobre la que recayó

sentencia) y $39,000.00 la cantidad a pagarse en efectivo.

La Sra. Álvarez Sanabria entregó $10,000.00 y pagaría los

otros $29,000.00 en treinta (30) días.5

El 12 de septiembre de 1987, la Sra. Álvarez Sanabria

y el Sr. Santiago Ortiz –en representación de Housing Real

Estate-,

otorgaron

documento

suplementario,

en

el

que

acusaron recibo de un cheque de ella por $20,000.00, como

adelanto de los $29,000.00 que le restaban pagar, haciendo

constar

que

el

dinero

saldaría

una

de

las

deudas

hipotecarias que gravaban el inmueble. No se mencionó la

sentencia de ejecución sobre la segunda

Housing

Real

mensualidades

Estate

se

hipoteca. Además,

comprometió

adeudadas -hasta

pagar

las

el momento de firmarse la

escritura por la Sra. Caraballo Pérez-, al Home Federal

Savings

–entonces

Caguas

Federal

Savings

Bank-,

de

los

$10,000.00 adelantados por la Sra. Álvarez Sanabria. No fue

hasta el 16 de noviembre de 1987 –dos (2) meses después de

la enmienda supletoria y luego de otorgada la Escritura de

Compraventa en que se asumió la segunda hipoteca-, que el

Sr. Santiago Ortiz entregó cheque certificado a favor de

Carmen Ramos y Héctor Cupril por $7,100.00 para satisfacer

la sentencia en ejecución de la segunda hipoteca.

5

Se hizo constar que la vendedora Sra. Caraballo

Pérez,

pagaría

$4,301.23,

cantidad

adeudada

en

contribuciones sobre la propiedad. Acordaron que otorgaría

pagaré por la cantidad adeudada, garantizado con propiedad

que habría de adquirir.

CP-96-9; CP-97-8

7

El 5 de noviembre de 1987, las Sras. Caraballo Pérez y

Álvarez

Sanabria

suscribieron

escritura

núm.

86

sobre

Compraventa y Subrogación, preparada y autorizada por el

Lcdo. Pizarro Colón. Se hizo constar, la existencia de la

primera hipoteca “reducida a $26,000.00” y de la segunda

por

$19,340.00

e

indicó

que,

la

Sra.

Álvarez

Sanabria

retenía su monto para el pago de las mismas. Se afirmó que

la Sra. Álvarez Sanabria ya había pagado $39,000.00. El

Lcdo.

Pizarro

inmueble

Colón

antes

no

de

realizó

otorgar

la

estudio

registral

escritura

por

del

lo

que

desconocía su estado en el Registro. Por ende, no informó a

la compradora Sra. Álvarez Sanabria que el 30 de septiembre

de 1987 –posterior a ella entregar a Housing Real Estate

$20,000.00

para

saldar

la

segunda

hipoteca-,

se

había

anotado sentencia ejecutando la hipoteca. Tampoco informó

la

anotación

primera

preventiva

hipoteca

que

de

se

demanda

en

ejecución

de

la

asumiría

en

la

escritura

de

Compraventa. Para esta fecha, ya el Tribunal Federal para

el Distrito de Puerto Rico, había dictado Sentencia el 21

de octubre de 1987.

El

12

de

Escritura,

la

noviembre,

Sra.

días

Álvarez

después

Sanabria

de

entregó

otorgada

la

cheque

por

$896.34 a favor de Housing Real Estate para el pago de las

mensualidades

de

la

primera

hipoteca

por

los

meses

de

octubre y noviembre de 1987. Housing lo cambió. El 26 de

febrero de 1988, entregó otro cheque por $896.34, esta vez

a

favor

del

Lcdo.

Pizarro

Colón,

para

pagar

las

CP-96-9; CP-97-8

8

mensualidades de la primera hipoteca correspondientes a los

meses de diciembre de 1987, y enero y febrero de 1988. El

Lcdo. Pizarro Colón lo endosó en blanco y luego lo endosó

el Sr. Santiago Ortiz, quien

lo

cobró

el

mismo

día.

Housing Real Estate, el Sr. Santiago Ortiz, ni el Lcdo.

Pizarro Colón pagaron las mensualidades para cuyos pagos la

Sra.

Álvarez

Sanabria

pagaron las adeudadas

les

sobre

entregó

el

dinero.

Tampoco

la primera hipoteca hasta el

5 de noviembre de 1987, tal y como se obligó Housing Real

Estate hacer en el anejo supletorio de 12 de septiembre de

1987. Ninguno informó a la Sra. Álvarez Sanabria sobre las

mensualidades

impagadas.

De

hecho,

al

presentarse

meses

después –15 de marzo de 1988-, la Escritura Núm. 86 de

Compraventa y Subrogación de Obligación al Registro para su

inscripción,

ya

se

había

celebrado

segunda

subasta

y

adjudicado la buena pro en la ejecución del inmueble.

Posteriormente, a la Sra. Álvarez Sanabria –mientras

trabajaba en la casa para habilitarla-, fue notificada de

que

había

sido

subastada

y

sería

desalojada.

Inmediatamente, acudió donde el Lcdo. Pizarro Colón para

reclamarle. Sorprendido, el Lcdo. Pizarro Colón le informó

que le pagaría todos los gastos y desembolsos para que ella

no

perdiera

su

inversión.

Acordó

darle

garantía

hipotecaria. El 19 de marzo, “Housing de Ponce y Caguas,

Inc.”,6 representada por el Sr. Santiago Ortiz, mediante

6

Corporación que operaba coetánea y separadamente de

la sociedad “Housing Real Estate”, que no se dedicaba al

corretaje de bienes raíces.

CP-96-9; CP-97-8

9

afidávit núm. 3558 autorizado por el Lcdo. Pizarro Colón,

otorgó pagaré por $39,000.00 a un seis por ciento (6%)

anual, vencedero a su presentación. Ese mismo día, otorgó

Escritura Núm. 13 de hipoteca en garantía del pagaré por

$39,000.00 sobre un inmueble de la Corporación Housing de

Ponce

decir,

y

Caguas,

el

Inc.,

ante

el

garantizador

era

una

Lcdo.

Pizarro

tercera

Colón.

entidad

y

Es

no,

Housing Real Estate, el Sr. Santiago Ortiz, ni el Lcdo.

Pizarro Colón. Dicha Escritura garantizando el pagaré, no

especificó el monto de la hipoteca primera y preferente que

afectaba el bien dado en garantía. Resultó, que el pagaré

en

segundo

rango

ejecución

había

imposible

para

no

estaba

garantizado,

que

pagar

la

la

Sra.

Álvarez

primera

pues

para

hipoteca,

Sanabria.

Dicho

su

cosa

pagaré

hipotecario y la Escritura que pretendía garantizarlo, no

fueron

inscritos

complementarios

facultades

por

que

no

existir

acreditaran

documentos

el

corporativos

negocio

y

las

del otorgante –el Sr. Santiago Ortiz-, para

efectuarlo.

Así las cosas, el 25 de marzo de 1988, la Sra. Álvarez

Sanabria solicitó intervención en el caso seguido en el

Tribunal Federal para que se dejase sin efecto la ejecución

en pública subasta del inmueble que había comprado. La

Federal Home Loan Mortgage Corp. se opuso basado en la

existencia del “lis penden” desde el 26 de marzo de 1987 en

el Registro de

la Propiedad, advirtiendo el litigio de

ejecución de la hipoteca. Además, señaló que no se había

CP-96-9; CP-97-8

hecho

pago

10

alguno

para

satisfacer

los

atrasos

de

la

hipoteca que se ejecutaba. El 5 de mayo, el foro Federal

rechazó la intervención. El 12 de julio, previa orden del

mencionado Foro del 5 de mayo, la Sra. Álvarez Sanabria fue

desalojada del inmueble.

El 16 de agosto, la Sra. Álvarez Sanabria demandó al

Lcdo.

Pizarro

Colón,

Santiago

Ortiz

h/n/c

Housing

Real

Estate y otros, en el Tribunal Superior de Ponce. Reclamó

devolución de las sumas entregádales y daños y perjuicios.

Mediante

sentencias

febrero7

y

6

de

parcial

julio

y

de

complementarias

1989,

de

23

de

respectivamente,

el

Tribunal condenó al Lcdo. Pizarro Colón y al Sr. Santiago

Ortiz, pagar

$64,867.19

solidariamente

por

conceptos

a

la

de

las

Sra.

Álvarez Sanabria

sumas

entregádales,

desembolsos por reparaciones y alteraciones a la casa que

perdió y otros gastos relacionados. Además, $15,000.00 en

daños y perjuicios y $2,500.00 por honorarios de abogado.

El 20 de diciembre, a raíz de las gestiones realizadas

por la Sra. Álvarez Sanabria para asegurar y hacer efectiva

la Sentencia

a su favor, el Lcdo. Pizarro Colón informó al

Tribunal Superior sobre su petición de quiebra y la Orden

de Paralización

de los Procedimientos, emitida

el 4 de

abril de 1989.

III

7

El 13 de abril de 1989, el Lcdo. Pizarro Colón y su

esposa Margarita Rodríguez presentaron Petición de Quiebra

bajo el Capítulo 13, ante la Corte de Quiebra de los

Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico. El 24 de agosto,

CP-96-9; CP-97-8

11

Los Cánones 2 y 18 de Ética Profesional imponen a los

miembros de la profesión legal el deber de defender los

intereses de sus clientes diligentemente, desplegando su

máximo conocimiento en la forma generalmente aceptada por

los

miembros

responsable.

de

In

la

re:

clase

Mundo

togada,

como

Rodríguez,

adecuada

y

en

de

res.

10

septiembre de 1998, 98 TSPR 120; In re: Cardona Ubiñas,

res. en 29 de julio de 1998, 98 TSPR 114; In re: Osorio

Díaz, res en. 30 de junio de 1998, 98 TSPR 103; In re:

Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989), In re: Arana Arana,

112 D.P.R. 838 (1982). Las difíciles y complejas gestiones

en su quehacer jurídico –incluyendo su dimensión notarial-,

tienen que enmarcarse dentro de los valores que se espera

caractericen esta profesión. In re: Filardi Guzmán, res. en

23 de enero de 1998, 98 TSPR 4; In re: Pereira Esteves,

res. en 30 de noviembre de 1998, 98 TSPR 160. Requiere

cuidado y ser ejercida con sumo esmero y celo profesional,

cumpliendo estrictamente con la Ley Notarial y los Cánones

de Ética Profesional. In re: Vera Vélez, res. en 5 de abril

de 1999, 99 TSPR 46; In re: Torres Olmeda, res. en 23 de

abril de 1998, 98 TSPR 48; In re: Rodríguez Mena, 126

D.P.R. 205 (1990); In re: Vergne Torres, 113 D.P.R. 777

(1995). Es deber del abogado, entre otros, desempeñarse con

la

mayor

y

integridad;

más

excelsa

defender

competencia,

los

responsabilidad

intereses

del

e

cliente

diligentemente y; mantener al cliente siempre informado de

se convirtió en petición bajo el Capítulo 17 del Código

CP-96-9; CP-97-8

12

todo asunto importante en el caso que se le ha encomendado.

In re: Arroyo Rivera, res. en 19 de mayo de 1999, 99 TSPR

78; In re: Pereira Esteves, supra. In re: Mundo Rodríguez,

supra. La indiferencia, desidia, despreocupación, inacción

y displicencia en la tramitación de un caso, viola el Canon

18, In re: Arana Arana, supra, y produce la imposición de

sanciones disciplinarias, In re: Torres Olmeda, supra; In

re: Rivera Arvelo, 132 D.P.R. 840 (1993).

Intrínseco a estos deberes y buena observancia de las

responsabilidades atinentes a la

profesión, el abogado

–también en su función notarial-, está obligado a realizar

“las averiguaciones mínimas que requieren las normas más

elementales de la profesión [y las leyes aplicables], y que

en aquellas ocasiones en que tenga dudas sobre lo expresado

por

el

otorgante,

comúnmente.

indague

más

allá

de

lo

requerido

A esos efectos, “[...] el notario que autoriza

una escritura no puede ignorar el estado registral de la

propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a

la fecha del otorgamiento”. In re: Vera Vélez, supra. Es

indeclinable su obligación de conocer el estado registral

de la propiedad en su función principal de custodio de la

fe pública, base esencial del sistema del notariado. Como

tal,

tiene

el

deber

ineludible

“de

ilustrar

a

los

otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial

en un estado de conciencia informada. Es decir, tiene que

cerciorarse

de

hacerle

Federal de Quiebras.

a

las

partes

todas

aquellas

CP-96-9; CP-97-8

13

explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para

lograr el consentimiento informado de los otorgantes”. In

re: Jiménez Brackel, res. en 11 de mayo de 1999, 99 TSPR

73. In re: Moreira Avillán, res. en 13 de noviembre de

1998, 98 TSPR 152. In re: Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603

(1994); In re: López Maldonado, 130 D.P.R. 863 (1992); In

re: Ramos Meléndez, 120 D.P.R. 796 (1988); In re: Meléndez

Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976); Goenaga v. O’Neill de Milán,

85 D.P.R. 170 (1962). Es incuestionable la importancia que

reviste investigar los antecedentes, cargas y gravámenes,

al

hacerse

o

autorizarse

una

escritura,

no

sólo

para

efectos civiles o registrales, sino también para efectos

notariales,

necesaria

“porque

para

la

la

determinación

posterior

de

las

cargas

concreción

en

la

es

parte

dispositiva de las responsabilidades que contrae cada parte

contratante”. Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-444

(1984). Incurrir en esta falta, convierte al notario en

“coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho

y

habrá

traicionado

la

fe

de

la

que

es

principal

guardador”. In re: Meléndez Pérez, supra.

IV

El Lcdo. Pizarro Colón, preparó y autorizó Escritura

de Compraventa y Subrogación sin realizar el debido estudio

de título para conocer el estado registral del inmueble

objeto de la Escritura. Ello ocasionó, que la Sra. Álvarez

Sanabria adquiriera el bien desconociendo que contra ella

había anotación preventiva de demanda en ejecución de la

CP-96-9; CP-97-8

14

primera hipoteca y que se había dictado y anotado sentencia

ejecutando la segunda hipoteca que gravaba el inmueble. En

efecto,

cuando

la

Sra.

Álvarez

Sanabria

solicitó

intervención en el pleito seguido en el Tribunal Federal

para el Distrito de Puerto Rico, buscando se dejase sin

efecto la ejecución en subasta pública del inmueble, el

foro

federal

rechazó

su

intervención

al

acoger

el

planteamiento del demandante de que desde el 26 de marzo de

1987,

existía

en

el

Registro

anotación

preventiva

de

demanda. No hay duda de que la falta de diligencia del

Lcdo. Pizarro Colón fue el factor determinante que propició

se perjudicara la causa de acción de su cliente –ante el

foro federal- y

finalmente perdiera su inversión en el

bien. No honró la confianza depositada por su cliente, como

conocedor

de

los

menosprecio

a

la

cliente

infringió

e

procesos

suerte

que

los

legales.

correría

Cánones

2

Manifestó

claro

el

derecho

de

y

18

Ética

de

su

Profesional.

Además, se apartó del Canon 19, dispositivo de que

“[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado

de todo asunto importante que surja en el desarrollo del

caso que le ha sido encomendado”. El Lcdo. Pizarro Colón

omitió informar a su cliente adecuadamente las incidencias

judiciales

principales

que

afectaban

el

bien

inmueble,

ocasionando que la Sra. Álvarez Sanabria consintiera el

negocio jurídico sin conocimiento de causa. A la postre, su

conducta provocó que la Sra. Álvarez Sanabria perdiera su

CP-96-9; CP-97-8

15

inversión. In re: Madro Classen, res. en 7 de marzo de

1997, 142 D.P.R. ___.

V

Querella CP-97-88

“Housing Real Estate” también tenía oficinas en

Urb. Boneville

Edwin

de

Labrador.

Caguas

El

20

y

de

la

eran

atendidas

por el Sr.

agosto

de

antes

1986,

de

incorporarse Housing de Ponce y Caguas, Inc., Housing Real

Estate

y

el

Sr.

representando

a

suscribieron

Labrador,

la

Contrato

como

vendedora

de

agentes

autorizados

Wanda

Cruz

Compraventa

mediante

y

Alicea,

el

cual

acordaron, vender al Sr. Rafael Bezares Álamo una casa sita

en el P-16 de la Urbanización Reparto Valencia de Juncos.

El precio convenido fue $45,700.00 con pronto de $7,000.00,

asumiendo

primera

hipoteca

por

$38,700.00.9

8

El 25 de agosto de 1998, el Colegio y el Lcdo.

Pizarro Colón suscribieron “Estipulación de Hechos”,

estableciendo, “que las gestiones para la venta concernida

fueron realizadas por el Sr. Edwin Labrador en el área de

Caguas, quien luego fue empleado y representante de la

empresa corredora Housing de Ponce y Caguas, Inc.,...” El

2 de noviembre, luego de reexaminar y evaluar la prueba, el

Colegio nos solicitó desistir de los cargos 1, 2 y 4, y se

reiteró en el cargo 3.

9

La Escritura de Constitución de la Hipoteca Núm. 103

de 15 de diciembre de 1983, que gravaba la propiedad,

contiene cláusula prohibiendo enajenar, vender o gravar la

propiedad sin la previa autorización escrita del Secretario

de la Vivienda. Aunque, el Comisionado Especial no tuvo

acceso al Registro de la Propiedad para determinar si tal

restricción al derecho de propiedad se desprendía del

asiento de inscripción de la hipoteca, en certificación

emitida por el Registrador de la Propiedad el 4 de

diciembre de 1987, se hace referencia a cargos por su

procedencia, a la hipoteca constituida

por

la Escritura

Núm. 103 de 15 de diciembre de 1983, y a los términos

económicos y de vencimiento de la misma. No obstante, la

CP-96-9; CP-97-8

El

21

de

16

octubre,

se

firmó

en

Philadelphia

documento titulado “Poder Especial”, en el que

un

la Sra.

Wanda Cruz Alicea instituyó a la Sra. Raquel Cruz Alicea

como su apoderada, con amplias facultades, para que en su

nombre y representación vendiera el inmueble P-16 de la

Urbanización Reparto Valenciano, cuya descripción registral

se incluyó.

Al pie de la frase “y para que así conste”, y

de la indicación de la ciudad y fecha, aparece en letras

mayúsculas y a maquinilla el nombre de Wanda Cruz Alicea.

Sobre ello aparece a manuscrito y a manera de firma, el

nombre de Wanda Cruz Alicea.

Debajo de la firma, y en el

formato de reconocimiento de firma que se utilizaba por los

notarios, se indicó lo siguiente:

“Sworn and suscribes (sic) before me by

héctor (sic) Alfredo Figueroa Santiago of the

personal

circunstance

(sic)

above

stated,

personally

Know

(sic) me

at

21st day of

October 1986.”

Inmediatamente debajo de ese párrafo aparece la firma

de

Pedro

“Commission”

C.

Rodríguez

expiró

el

5

como

de

“Notary

mayo

de

Public”,

1989.

Se

cuya

acompañó

certificación de William J. Devlin, “Deputy Prothonotary”

del “Court of Common Pleas of Philadelphia County”, a los

efectos de que Pedro C. Rodríguez era para entonces un

notario público autorizado en Pennsylvania.

Certificación Registral no hace referencia alguna a la

prohibición de enajenación sin la previa autorización del

Secretario de la Vivienda.

CP-96-9; CP-97-8

17

El 11 de noviembre, se otorgó ante el Lcdo. Pizarro

Colón la Escritura Número 39, sobre Protocolización del

Poder

Especial

antes

mencionado.

Compareció,

como

única

parte, el Sr. Santiago Ortiz, socio del Lcdo. Pizarro Colón

en Housing Real Estate, entidad que servía de corredora en

la

venta

del

inmueble

para

cuyo

traspaso

se

pretendía

protocolizar el “Poder Especial” que la Sra. Wanda Cruz

Alicea supuestamente había conferido a la Sra. Raquel Cruz

Alicea.

El Lcdo. Pizarro Colón unió el “Poder Especial” a

la escritura y, por ende, a su protocolo de instrumentos

públicos para 1986; la Escritura se inscribió el 26 de

noviembre.

Dos

Pizarro

semanas

Colón

después,

autorizó

el

25

de

noviembre,

la

Escritura

Núm.

el

Lcdo.

41,

sobre

Compraventa y Subrogación de Obligación, mediante la cual

el Sr. Bezares Alamo adquirió de la Sra. Wanda Cruz Alicea,

representada por su “apoderada” la Sra. Raquel Cruz Alicea,

el

inmueble

P-16

ubicado

en

el

Reparto

Valenciano

Juncos. Pagó $7,000.00 de pronto y asumió la

de

hipoteca,

reducida a $38,650.00. El Lcdo. Pizarro Colón no identificó

la escritura en que se protocolizó el poder, pero sí indicó

que el “apoderamiento se une junto a esta escritura”. Sin

embargo, no lo unió.10

10

Antes de otorgarse dicha Escritura de Compraventa,

existían atrasos en las mensualidades de la hipoteca.

En

septiembre de 1986, el comprador Bezares Alamo, pagó

$1,129.30 para poner al día la cuenta. Después de adquirir

la propiedad, continuó pagando los plazos mensuales hasta

julio de 1987. No pudo pagar los cuatro (4) plazos de

agosto a noviembre de 1987.

CP-96-9; CP-97-8

El

18

de

18

noviembre

de

1987,

el

Sr.

Bezares

Alamo

presentó petición de quiebra bajo el Capítulo 13 de la Ley

de Quiebras.

En ese procedimiento no incluyó en el listado

de propiedades inmuebles la propiedad adquirida en el P-16

del Reparto Valenciano ni la deuda hipotecaria asumida.

Así

las

cosas,

y

debido

a

que

no

se

pagaron

las

mensualidades hipotecarias desde el primero de agosto de

1987,

-ocho

(8)

meses

después

de

haberse

otorgado

la

Escritura de Compraventa, el 25 de noviembre de 1986–, la

tenedora

del

pagaré,

Caguas

Central

Savings,

el

30

de

noviembre de 1987, un año después de la compraventa, instó

demanda

de

ejecución

de

hipoteca

contra

la

titular

registral del inmueble, la Sra. Wanda Cruz Alicea. El Sr.

Bezares Alamo,

aunque había radicado ya la petición de

quiebra, remitió giros bancarios a la acreedora hipotecaria

por

el

monto

correspondiente

a

cada

una

de

las

mensualidades adeudadas, el 9, el 15 y el 17 de diciembre

de 1997, dos el 27 de enero, dos el 4 de abril y uno el 9

de mayo de 1988. La acreedora hipotecaria no hizo efectivo

ni cobró esos giros porque ya se encontraba radicada la

demanda de ejecución; no cubrían la totalidad del balance

de la hipoteca; y porque no incluían la suma requerida

-$500.00-,

para

desistimiento

rechazó pagar.

del

la

caso,

reinstalación

suma

que

el

del

Sr.

préstamo

Bezares

y

Alamo

La acreedora hipotecaria continuó con los

trámites del caso. El 7 de abril de 1988, el Tribunal

Superior, Sala de Caguas, dictó sentencia en el caso de

CP-96-9; CP-97-8

19

ejecución de hipoteca.

propiedad

y

El 4 de octubre, se

subastó

la

el 21, el Sr. Bezares Alamo –quien no era

parte del caso-, presentó solicitud de paralización de los

procedimientos acompañando el “Stay Order” de su petición

de quiebra de 18 de noviembre de 1987. Desde

comenzaron

las

gestiones

entonces,

del Sr. Bezares Alamo para

proteger la propiedad que había comprado.

Entre el 3 de agosto de 1988 y el 12 de enero de 1989,

el Sr. Bezares Alamo presentó al Registro de la Propiedad

para su inscripción la Escritura Núm. 41 de 25 de noviembre

de 1986 sobre Compraventa y Subrogación de Obligación.11 El

12 de enero de 1989, el Registrador por primera vez exigió

el

documento

complementario

–el

Poder-,

para

poder

inscribir a nombre del Sr. Bezares Alamo.

El 8 de mayo, el Sr. Bezares Alamo demandó en el

Tribunal

Superior,

Sala

Savings, la Sra. Wanda

y

de

Cruz

Caguas,

a

Caguas

Alicea, Housing

Real

Federal

Estate

al Sr. Labrador. Solicitó la nulidad de la venta del

11

Un certificado de Estudio de Título de 3 de agosto

de 1988, enuncia como titular a la Sra. Wanda Cruz Alicea,

igual hipoteca y un aviso de la demanda de ejecución de la

hipoteca radicada por Caguas Central Savings. Al dorso de

una copia certificada de la Escritura Núm. 41 sobre

Compraventa y Subrogación de Obligación, ya presentada en

la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de Caguas,

aparece una anotación, bajo la firma del Registrador,

indicando que el 12 de enero de 1989, se había “Notificado

hoy por los fundamentos incluidos en la notificación

legajada bajo el número 513/221.” Aparece también otra

anotación a los efectos que la escritura había sido

“Retirada para ser corregida. Caguas a 23 de enero de

1989”. Otra Certificación Registral de 30 de diciembre de

1997, señaló que no existía asiento alguno en el Libro

Diario de Operaciones que afectase a la finca, aún inscrita

CP-96-9; CP-97-8

20

inmueble en pública subasta y se responsabilizara a Housing

Real

Estate

y

al

Sr.

Labrador

por

omitir

suplir

el

documento de Poder necesario para inscribir el inmueble a

su nombre. Reclamó

además, daños y perjuicios.

No demandó

al Lcdo. Pizarro Colón ni a Housing de Ponce y Caguas, Inc.

El Lcdo. Pizarro Colón asumió la representación legal

de Housing Real Estate -de la cual era socio propietario-,

y del Sr. Labrador. En moción de 8 de diciembre, y ante la

alegación del Sr. Bezares Alamo de que el “Poder Especial”

era

nulo

e

inexistente

porque

no

daba

autorización

al

mandatario para vender la casa, el Lcdo. Pizarro Colón

adjuntó

copia

de

dicho “Poder Especial” que, según él,

entregó al Sr. Bezares Alamo.

En 8 octubre de 1991 y ante las repetidas ausencias

del Lcdo. Pizarro Colón a vistas señaladas, el Tribunal

eliminó las alegaciones de Housing Real Estate y del Sr.

Labrador. Eventualmente, el 14

sentencia

en

negligencia

la

de

que

parte

de junio de 1992, dictó

concluyó,

de

Housing

entre

Real

otras

Estate

y

cosas,

el

Sr.

Labrador. Los condenó a pagar $46,870.00, más intereses

legales pre-sentencia y honorarios de abogado. El 18 de

diciembre,

el

Lcdo.

Pizarro

Colón

presentó

Moción

informativa y solicitud de paralización de procedimientos

indicando que él y su esposa, Margarita Rodríguez “d/b/a/

Housing

Real

Estate”

habían

presentado

una

petición

de

quiebra el 3 abril de 1989, por lo que Housing Real Estate

a nombre de la Sra. Wanda Cruz Alicea, y gravada por la

CP-96-9; CP-97-8

21

estaba acogida a los procedimientos de la ley de quiebra

federal.

El 13 de mayo de 1993, el Sr. Bezares Alamo presentó

queja contra el Lcdo. Pizarro Colón ante el Colegio de

Abogados. El 28 de junio, el Lcdo. Pizarro Colón contestó

la queja y acompañó copia de las escrituras otorgadas ante

él y del documento de “Poder Especial”. Se señaló una vista

ante la Comisión de Etica para el 9 de agosto de 1994. La

notificación de vista al Lcdo. Pizarro Colón, certificada

con acuse de recibo, fue devuelta al Colegio de Abogados el

1

de

agosto,

y

remitida

al

día

siguiente

por

correo

ordinario al mismo apartado. El Lcdo. Pizarro Colón no la

recibió, por lo que no compareció a la vista señalada.

VI

El cargo 1 imputó al Lcdo. Pizarro Colón no entregar

al

Sr.

Bezares

Alamo

–comprador-,

la

Escritura

de

Protocolización de Poder, lo que le impidió inscribir su

título en el Registro, hecho que motivó se ejecutara la

hipoteca sobre el inmueble y el Sr. Bezares Alamo perdiera

su

inversión.

El

Colegio

expuso

en

su

moción

de

desistimiento, que la causa para la ejecución fue que no se

pagó las mensualidades debidas y no el hecho de que el

Lcdo. Pizarro Colón no entregara al Sr. Bezares Alamo, la

Escritura aludida.

Correcta o no la apreciación del Colegio, la prueba

demostró que la Escritura de Poder Especial de su faz tenía

hipoteca.

CP-96-9; CP-97-8

22

el grave defecto de estar firmada por persona distinta a la

que el “Notary Public” certificó firmaba ante él. Es decir,

el “Notary Public”, Pedro C. Rodríguez certificó que el

“Poder Especial” lo juró y firmó ante él, Alfredo Figueroa

Santiago cuando en realidad la firma que aparece en el

documento es la de la Sra. Wanda Cruz Alicea.

Aun cuando

este defecto anuló la Escritura y el Poder Especial que

pretendió conferir, el Lcdo. Pizarro Colón lo protocolizó

mediante Escritura Núm. 39 e inscribió el 26 de noviembre

de 1986, en abierta y clara violación a la Ley Notarial de

Puerto Rico y las normas éticas de la profesión.

Peor aún,

autorizó Escritura Núm. 41 sobre Compraventa y Subrogación

de

Obligación,

en

virtud

del

“Poder

Especial”

nulo,

mediante la cual el Sr. Bezares Alamo adquirió de la Sra.

Wanda Cruz Alicea –representada por la Sra. Raquel Cruz

Alicea-, el inmueble P-16 sito en Juncos.

No identificó la

Escritura de Protocolización Núm. 39, ni adjuntó –luego de

indicarlo-, el Poder Especial a la Escritura Núm. 41. Por

sí solas, estas deficiencias anularon el negocio jurídico

llevado a cabo y por ende hubieran impedido la inscripción

del título.

Con su proceder transgredió la exigencia básica de que

todo abogado “debe a sus clientes un trato profesional

caracterizado

por

la

mayor

capacidad,

lealtad y la más completa honradez.

deber

de

defender

diligentemente,

los

desplegando

más

directa

Una vez más faltó a su

intereses

su

la

más

de

su

profundo

cliente

saber

y

CP-96-9; CP-97-8

23

habilidad y actuando en aquella

jurídica

en

general

estima

L.P.R.A. Ap. IX c. 18.

forma

que

adecuada

y

la

profesión

responsable.

4

In re: Crubb Acosta, 119 D.P.R. 595

(1987); In re: Vera Vélez, supra; In re: Torres Olmeda,

supra; In re: Rodríguez Mena, supra; In re: Vergne Torres,

supra.

El

Lcdo.

Pizarro

Colón

actuó

con

evidente

menosprecio de las consecuencias naturales que tenía el

hecho de autorizar una Escritura de Compraventa a través de

un “Poder Especial”, cuya nulidad conocía o debió conocer.

Aceptamos

el

desistimiento

del

cargo

Núm.

2,

que

imputó al Lcdo. Pizarro Colón no informar al Sr. Bezares

Alamo

–comprador-,

enajenar

el

la

bien

existencia

inmueble

de

objeto

una

de

prohibición

la

de

compraventa,

mientras estuviese vigente subsidio del Departamento de la

Vivienda bajo las disposiciones de la Ley Núm. 10 de 5 de

julio de 1973.

registral

La evidencia refleja, que la certificación

emitida

el

4

Registrador,

no

hace

prohibición

de

enajenar,

de

diciembre

referencia

en

alguna

virtud

de

de

1987

a

restricción

tal

por

programa

el

o

de

subsidio.

Finalmente, el cargo Núm. 3 imputó al Lcdo. Pizarro

Colón conflicto de interés en dos circunstancias distintas.

Primero, al participar en un negocio de compraventa de

bienes, lucrándose del mismo –como socio de la firma de

bienes raíces que tramitó la venta-, y también autorizar la

Escritura

Segundo,

de

al

Compraventa

aceptar

una

que

generó

dicha

representación

legal

gestión.

cuando

su

CP-96-9; CP-97-8

juicio

24

profesional

estaba

afectado

por

sus

intereses

personales.

Respecto

a

la

primera

conflicto de interés.

situación,

es

evidente

el

En In re: Cancio Sifre, 106 D.P.R.

386 (1977), advertimos que la ausencia en los Cánones de

Etica

Profesional

de

una

definición

específica

no

invalidaba la norma de que un notario no debe autorizar

documento

público

controlada

por

en

él

el

que

es

parte

económicamente,

por

una

corporación

ser

una

norma

inherente a la responsabilidad social y profesional de los

juristas

y

a

la

conducta

moral

que

se

espera

de

todo

miembro de la profesión legal.

El interés tutelado es la preservación de la figura

del notario “como funcionario imparcial, que recibe, expone

y legitima la voluntad de los que ante él comparecen sin

tomar

bando,

inteligencia

sin

y

su

inclinarse

lealtad

a

un

están

lado

u

otro.

Su

con

una

comprometidas

función ilustrativa que sirva y proteja a todas las partes

por igual”. In re: Cancio Sifre, supra, pág. 396.

En un intento por eximirse de la responsabilidad, el

Lcdo.

Pizarro

que

las

gestiones para la venta las realizó el Sr. Labrador.

La

prueba

la

refleja

Colón

lo

estipuló

con

contrario.

el

Las

Colegio

gestiones

de

compraventa fueron realizadas por el Sr. Labrador, empleado

y

representante

de

la

empresa

corredora

Housing

Real

Estate, de la cual Pizarro Colón era socio por igual, y no

por Housing de Ponce y Caguas, Inc. Además, una de las

CP-96-9; CP-97-8

partes

25

demandadas

en

los

casos

originados

por

la

compraventa gestada por Housing Real Estate, lo fue Housing

Real Estate y no Housing de Ponce y Caguas, Inc.

desprende también que el Lcdo.

Pizarro Colón

Se

fue quien

representó a Housing Real Estate, no a Housing de Ponce y

Caguas, Inc., en los referidos casos y fue quien informó al

Tribunal que Housing Real Estate estaba protegida por la

Ley de Quiebras. Informó que él hacía negocios como Housing

Real Estate.12

En

cuanto

a

la

segunda

situación,

el

Canon

21

proscribe, en lo pertinente, que los abogados representen a

un cliente cuando su juicio profesional puede ser afectado

por intereses personales. In re: Toro Colberg, res. en 2 de

abril

de

1996, 140 D.P.R. ___. De

preservar

una

cliente,

libre

Bosch,

res.

completa

de

en

lealtad

ataduras

30

de

este

del

modo,

abogado

personales.

In

se

busca

hacia

re:

su

Palau

junio de 1999, 99 TSPR 132. El

Lcdo. Pizarro Colón, no sólo aceptó representar al Sr.

Labrador en el pleito incoado por el Sr. Bezares Alamo,

sino que asumió la representación de la codemandada Housing

Real Estates, de la cual era socio.

nulidad de

Colón-,

La demanda imputaba

la compraventa –autorizada por el Lcdo. Pizarro

por

haberse

utilizado

“Poder

Especial”

nulo,

-protocolizado por el Lcdo. Pizarro Colón-. No hay duda de

las ataduras que representaba tal representación, y de que

12

No aceptamos, por tanto, la estipulación

a los

efectos de que quien hizo el negocio fue Housing de Ponce y

CP-96-9; CP-97-8

26

su juicio profesional se vería afectado por sus propios

intereses. La prohibición de que un abogado litigue un caso

sobre una escritura autorizada por él como notario, busca

evitar hasta la apariencia de conducta impropia de parte

del notario autorizante. Por ello, ningún abogado-notario

puede representar a una de las partes otorgantes en una

escritura autorizada por éste en un pleito posterior para

exigir

las

contraprestaciones

parte.

Urrutia

Puertorriqueño,

a

que

de

Basora,

Curso

Tomo

I,

221.

pág.

se

de

obligó

Derecho

Más

aún,

la

otra

Notarial

cuando

su

representación implica defender la validez del documento

que él autorizó, contra el interés de su cliente otorgante

y a favor de una compañía o sociedad de la cual, él es

socio por igual.

Concluimos,

normas

éticas

que

antes

el

Lcdo.

expuestas,

Pizarro

Colón

violó

las

por

que

procede

su

lo

separación de la profesión legal y notarial por el término

de un (1) año.

Se dictará la correspondiente sentencia.

Caguas,

prueba.

Inc.,

por

ser

patentemente

incompatible

con

la

CP-96-9; CP-97-8

27

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Manuel Pizarro Colón

CP-96-9

CP-97-8

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente, se dicta Sentencia

y se suspende al Lcdo. Manuel Pizarro Colón del ejercicio

la profesión legal y notarial por el término de un (1)

año, contados desde la notificación de la presente y hasta

que otra cosa disponga este Tribunal.

El Tribunal le impone al Lcdo. Pizarro Colón el

deber de notificar a todos sus clientes de su presente

inhabilidad de seguir representándolos, les devuelva

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados, e informe oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del país.

Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute su

obra notarial, incluso sello notarial, para ser remitida,

examinada y oportunamente objeto de un Informe por parte

de la Oficina de Inspección de Notarías.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Andréu García no interviene. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

CP-96-9; CP-97-8

28

Secretaria del Tribunal Supremo