LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico V. Edward Amador Rodríguez

2000 TSPR 98

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo de Puerto Rico V. Edward Amador Rodríguez

CE-1993-0140

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2000 TSPR 98

Edward Amador Rodríguez

Recurrido

Número del Caso: CE-1993-0140

Fecha: 27/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Sección Norte

Juez Ponente: Hon. Ramón Negrón Soto

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Ricardo E. Alegría Pons

Procurador General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Joaquín Monserrate Matienzo

Materia: Sustancias Controladas

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CE-93-140

Certiorari

Edward Amador Rodríguez

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2000

I

Héctor

E.

Domenech,

Inspector

del

Departamento

de

Hacienda –desempeñándose como agente de arbitrios en los

predios de la compañía privada Federal Express-,1 decidió

examinar un paquete porque de su manifiesto el remitente

señalaba que su contenido era un brazalete y una cadena con

valor

total

de

$10.00.

Le

pareció

insólito

el

valor

informado. El paquete estaba dirigido a Charlie Molina. Al

abrirlo

encontró

varios

paquetes

que

contenían

marihuana.

1

Entidad dedicada al transporte de correspondencia y

paquetes en el comercio interestatal.

CE-93-140

3

Entonces

procedió

a

cerrarlo

e

informar

a

su

supervisor, quien llamó a la Policía. El agente Medal

Díaz, de la División de Drogas, acudió al lugar y reabrió

el

paquete.

oficina

Ese

porque

día,

dicho

Federal

agente

Express

no

se

lo

pudo

llevó

a

conseguir

su

una

guagua suya para entregarlo.

Tres días después, el agente Medal en un vehículo

oficial de Federal Express y vistiendo un uniforme de la

compañía -fingiendo ser empleado-, le entregó el paquete

a Eduardo Amador, quien le aceptó ser Charlie Molina.

Minutos después, lo arrestó por posesión de marihuana con

intención

de

distribuirla.

Inmediatamente

Amador

adujo

que no era Charlie Molina y tiró el paquete al suelo.

Luego

fondo,

de

la

Amador

vista

preliminar, en

solicitó

sin

éxito

la

la

vista

en su

supresión

de

evidencia (marihuana), fundado en que fue producto de un

registro

ilegal

por

los

agentes

del

Departamento

de

Hacienda y de la Policía.

Eventualmente fue hallado culpable por tribunal de

derecho de infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias

Controladas.

En

apelación

Apelaciones

(Hons.

Negrón

el

Tribunal

Soto,

Alfonso

de

Circuito

de

Cumpiano

y

de

Brau Ramírez) acogió su planteamiento y revocó.

A solicitud del Procurador General revisamos.2

2

Discute el siguiente señalamiento:

Incurrió en error el Honorable Tribunal de

Apelaciones

al

resolver

que

el

convicto

apelante fue objeto de un registro irrazonable.

CE-93-140

4

II

El Tribunal de Apelaciones delimitó la controversia a

examinar

si:

(1)

el

acusado

tenía

una

expectativa

razonable de intimidad en el paquete cerrado enviado a

través de un servicio de correo privado; y (2) si la

autorización concedida al Secretario de Hacienda y sus

delegados

administrativos

bajo

la

Ley

de

Arbitrios

de

abrir e inspeccionar el paquete bajo las circunstancias

en particular del caso de autos, infringió su interés o

expectativa razonable de intimidad.

En

Puerto

Rico

la

norma

general

-conforme

a

la

Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución-, es que

todo registro, allanamiento o incautación que se realice

sin orden judicial previa es irrazonable per se. E.L.A.

v. Coca Cola, 115 D.P.R. 197 (1984). Esta norma también

aplica a los registros administrativos.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en

su sección 6.1, 3 L.P.R.A. sec. 2191, dispone así las

situaciones

en

inspecciones

para

donde

hacer

una

agencia

cumplir

sus

puede

realizar

reglamentos

y

resoluciones sin la expedición de una orden de registro y

allanamiento:

“(a) En casos de emergencias, o que afecten

la seguridad o salud pública;

(b) al

amparo

de

las

facultades

de

licenciamiento,

concesión

de

franquicias,

permisos u otras similares;

(c) en casos en que la información es

obtenible a simple vista o en sitios públicos

por mera observación.”

CE-93-140

El

5

Tribunal

de

Apelaciones,

citando

a

Cámara

v.

Municipal Court, 387 U.S. 523 (1967), señaló que para

examinar

orden

la

validez

previa

era

interés

de

un

registro

necesario:

público

(1)

significativo

administrativo

sin

existencia

de

un

el

quiere

la

que

Estado

proteger; (2) la intrusión sea mínima; (3) el propósito

del registro administrativo sin orden no sea descubrir un

crimen;

y

(4)

contrarrestaría

requerir

y

haría

una

orden

impráctica

la

de

registro

protección

del

interés público que se persigue.

A base de ese análisis el foro apelativo concluyó

que existía una expectativa de privacidad en el paquete

enviado: estaba completamente sellado, su contenido no

estaba

a

simple

vista,

tanto

el

remitente

como

el

consignatario no esperaban que ninguna persona examinara

su contenido. U.S. v. Jacobsen, 466 U.S. 109, 114 (1984).

Por el mero hecho de haber encontrado evidencia delictiva

no puede considerarse el registro sin orden judicial como

razonable. U.S. v. Jacobsen, supra.

Luego

de

determinar

que

existía

razonable

de

privacidad

en

el

paquete

evaluó

la

validez

Tribunal

de

Circuito

una

expectativa

enviado,

del

el

registro.

Concluyó que aunque la Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987

-conocida

como

la

Ley

de

Arbitrios-,3

faculta

al

Secretario de Hacienda a realizar inspecciones y exámenes

3

13 L.P.R.A. 7001.

CE-93-140

6

administrativos, no dispone expresamente que se realice

la inspección y registro sin orden judicial previa.

Además, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la

referida

Ley

de

Arbitrios

impone

un

arbitrio

a

la

transacción o venta al detal de joyería, no sobre el

artículo como tal. Indicó que, en el caso de autos, no se

consintió

el

registro

emergencia

que

requieran

peso

de

los

intereses

ni

existían

una

en

circunstancias

de

solución

distinta

por

el

conflicto.

Concluyó

que

el

Inspector de Hacienda debió obtener una orden judicial

previa de registro.

III

Evaluados

Procurador

los

General

planteamientos

y

los

expuestos

y

argumentos

por

el

del

recurrido

Amador en oposición, con vista al criterio mayoritario

convergente

–aunque

por

fundamentos

distintos

y

pluralistas-, se confirma la Sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones que decretó ilegal el registro

del paquete y suprimió la evidencia.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Negrón García emitió Opinión Concurrente a la cual se unen

el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado

señor Corrada del Río; el Juez Asociado señor Rebollo

López emitió Opinión Concurrente; la Jueza Asociada señora

Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor Hernández Denton

CE-93-140

7

concurren en el resultado sin opinión escrita; y el Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CE-93-140

Certiorari

v.

Edward Amador Rodríguez

Recurrido

Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual se

unen el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado señor

Corrada del Río

San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2000

I

Para

darle

plena

vigencia

al

poder

contributivo

impositivo -Art. VI, Sec. 2 de nuestra Constitución- la

Asamblea Legislativa a través de la Ley de Arbitrios de

1987,4

facultó

al

Secretario

de

Hacienda

a

examinar

documentos, récords, bienes, locales, predios, o cualquier

artículo sujeto a

facultad

tributación. En el descargo de esta

administrativa

y

para

fiscalizar

la

voluminosa

4

Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987, 13 L.P.R.A. sec.

7351, vigente y aplicable a los hechos ante nos. Esta ley

fue derogada por la Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, que

le concede al Secretario, idénticas facultades a las

otorgadas por la ley anterior. 13 L.P.R.A. 8140.

mercancía y miles de artículos tributables que llegan a nuestra isla

del exterior, el Secretario promulgó el Reglamento

Núm.

1

para

la

Administración y Aplicación de la Ley de Arbitrios.5

Su Art. 6.001 impone al consignatario el deber de declarar en el

manifiesto la cantidad y valor de los artículos introducidos. Cuando se

le

requiera,

permitirá

que

los

agentes

de

arbitrios

examinen

los

artículos recibidos o practiquen un inventario de los mismos. También,

cuando

a

juicio

de

tales

funcionarios

sea

necesario

verificar

la

declaración de artículos, el consignatario permitirá su examen.

Para implementar estas disposiciones el Departamento de Hacienda

diseñó un Procedimiento de Inspección,6 que pragmáticamente reconoce el

carácter de intimidad7 que poseen las mercancías y paquetes, y a la par

le permite realizar su labor impositiva fiscal. Cuando un paquete es

seleccionado

arbitrios

y

marcado

informe

y

para

inspección,

comunique

al

exige

que

consignatario

su

el

agente

de

intención

de

realizarla y obtenga su firma en el Aviso de Inspección. Este Aviso

informa que la mercancía ha sido seleccionada para inspección y no

puede ser entregada por la compañía porteadora sin haberse marcado para

levante por el personal autorizado. Así también, dicho Aviso establece

que la inspección se realizará en los predios del consignatario y/o

porteadora, y que el consignatario o su representante tiene derecho a

estar presente.

Durante el proceso de inspección, el agente anotará la hora de su

llegada al lugar y el tipo de inspección que realizará. Corroborará el

contenido

del

paquete

contra

los

artículos

registrados

en

el

manifiesto. Registrará toda discrepancia e informará al consignatario

5

Departamento de Hacienda, Negociado de Arbitrios del 15 de abril

de 1989.

6

Departamento

de

Hacienda,

Área

de

Rentas

Internas

Recaudaciones, Negociado de Arbitrios, del 30 de noviembre de 1989.

7

y

El Tribunal Supremo Federal resolvió que existe expectativa a la

intimidad sobre las cartas y paquetes sellados, enviados a través del

correo estatal o mediante los servicios de correo privado. United

States v. Jacobsen, 466 U.S. 109 (1984).

que el paquete se retiene hasta que se paguen los impuestos adicionales

y las penalidades.

De inicialmente no estar presente el consignatario, la inspección

no se realizará. Por otro lado, de impedírsele al agente inspeccionar,

el proceso se detendrá y programará para una nueva fecha la inspección.

Aunque el procedimiento de inspección no lo dispone expresamente, es

lógico

y

razonable

que

si

la

persona

notificada

para

esta

segunda

inspección no acude ni realiza diligencia alguna, el Departamento de

Hacienda está discrecionalmente facultado para abrir e inspeccionar el

paquete

a

los

fines

de

determinar

el

valor

real

de

los

bienes

y

cotejarlo contra los declarados en el manifiesto.8

A la luz de esta sucinta normativa, evaluemos la solución jurídica

del recurso teniendo en mente que de la validez de la actuación del

agente administrativo, dependerá si se suprime en este caso penal la

evidencia ocupada, consistente de marihuana.

II

Las investigaciones administrativas están sujetas a la garantía

provista por el Art. II, Sec. 10 de la nuestra Constitución contra

allanamientos, registros e incautaciones irrazonables. A su amparo, en

E.L.A. v. Coca Cola Bottling, 115 D.P.R. 197, (1984) resolvimos que aún

cuando un estatuto autorice a una agencia administrativa a realizar un

registro, como regla general, será irrazonable per se de llevarse a

cabo sin orden judicial previa. Esta regla prevalece, “a menos que se

consienta

al

registro

o

circunstancias

de

emergencia

requieran

lo

contrario y el peso de los intereses en conflicto, exijan una solución

distinta”. (Pág. 208, énfasis suplido).

El Art. 8.001 de la Ley de Arbitrios de 1987 concede al Secretario

de

Hacienda

la

facultad

de

examinar

aquellos

artículos

sujetos

a

tributación. En el presente caso, a diferencia de Coca Cola Bottling,

8

Como es sabido, no existe protección constitucional respecto a

registros sobre bienes abandonados; se configura un consentimiento

implícito.

supra, la agencia diseñó un plan administrativo dirigido a proteger el

derecho

a

impositiva

la

intimidad

fiscal.

El

y

simultáneamente

procedimiento

de

poder

realizar

inspección

su

preparado

misión

por

el

Departamento de Hacienda requiere inicialmente del consentimiento del

consignatario

para

realizar

presencia

la

su

o

de

la

investigación

representante

en

la

y,

además,

inspección.

exige

Ante

su

esta

salvaguarda del derecho constitucional a la intimidad, no es necesario

pues

la

expedición

de

una

orden

judicial

para

registrar

aquellos

artículos sujetos a tributación, ya que según el procedimiento, antes

de realizarse la inspección el consignatario deberá consentir expresa o

implícitamente a la misma.

III

En el caso de autos, el Sr. Héctor E. Domenech, inspector del

Departamento

de

Hacienda,

ante

una

posible

evasión

de

impuestos

a

través del uso de correo privado, abrió y examinó un paquete cuyo

manifiesto señalaba que contenía un brazalete y una cadena con un valor

total de diez dólares ($10.00).

Ante

paquete

esa

incongruencia

en

para

examen

según

el

procedimiento

siguió.

No

hay

Inexplicablemente,

no

lo

el

manifiesto,

debió

en

autos

seleccionar

el

establecido.

prueba

sobre

circunstancias urgentes que requirieran justificar apartarse del mismo.

Al así actuar, violó el procedimiento administrativo establecido por el

propio

Departamento

de

Hacienda

que

recoge

satisfactoriamente

la

protección constitucional contra registros irrazonables y el derecho a

la intimidad.

La evidencia debe suprimirse.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CE-93-140

CERTIORARI

Edward Amador Rodríguez

Acusado-recurrido

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2000

Aun cuando concurrimos con el resultado al que se

llega en la Sentencia emitida por el Tribunal en el

presente caso --esto es, en que procede decretar la

confirmación de la sentencia emitida por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones suprimiendo la evidencia

delictiva ocupada-- consideramos apropiado expresarnos

por separado.

En el estudio jurídico del tema de los registros,

allanamientos e incautaciones hemos de apuntalar los

siguientes postulados:

1) existe en nuestra jurisdicción, así como

en la jurisdicción federal, la garantía

constitucional

contra

registros,

allanamientos e incautaciones irrazonables;

2)

los

derechos

garantizados

por

Constitución

federal

constituyen

la

el

contenido mínimo de los derechos que deben ser observados ya

que los derechos salvaguardados por nuestra Constitución,

incluso, pueden ser mayores que los contenidos en la

Constitución federal;

3) en aquellas situaciones donde existe una "expectativa

razonable de intimidad", existe un interés constitucionalmente

protegido que exige, para la validez de un registro, la

expedición de una orden a esos efectos por un magistrado

previa determinación de causa probable;

4) en relación con los hechos del caso hoy ante nuestra

consideración, el anterior principio rige tanto en casos de

envíos postales de primera clase como en relación con los

envíos a través de compañías privadas de transporte;

5) es claro que dichos envíos no pueden ser abiertos ni su

contenido examinado para determinar si se han violado leyes

postales u otros estatutos sin el consentimiento del

destinatario o previa determinación judicial de causa probable

y la expedición de orden de registro;

6) los registros administrativos, ausentes circunstancias de

emergencia o de apremiante interés público, no quedan

validados por la existencia de autorización estatutaria al

respecto; y que

7) una escueta aseveración de motivos fundados, sin expresar

en qué consisten, no basta para que el magistrado expida una

orden, mucho menos justificar un registro sin orden, ausentes

situaciones de emergencia, consentimiento, observación a plena

vista, actividad altamente reglamentada o circunstancias

apremiantes de salud o seguridad pública.

Estos mandatos constitucionales ineludiblemente han de llevarnos a

concluir que en el caso de autos procede decretar la exclusión de

evidencia solicitada. Por otro lado, no nos es posible suscribir el

criterio expuesto en la Opinión concurrente del Juez Negrón García,

suscrita la misma por otros dos Jueces de este Tribunal, debido a que en

la misma se equipara la incomparecencia a una “vista o procedimiento

administrativo” con un abandono de evidencia. Es decir, en un caso como

este, en que un agente del Estado arbitrariamente abre un paquete, sin

razón

legal

válida alguna para ello9, y sin orden judicial previa,

estos tres integrantes del Tribunal son del criterio que no se infringió

9

La razón brindada por el agente del Estado para sospechar del paquete en controversia, y abrir el

mismo, es una que, incluso, no sostiene una orden de registro expedida por un magistrado. El hecho

de que la tarifa pagada, por el envío del paquete fuera mayor que el valor declarado de los bienes es

algo usual y corriente que no debe levantar sospecha alguna. ¿Cuántas veces una persona envía por

"correo especial" un bien que tiene un gran valor sentimental para dicha persona y muy poco valor

material? Ese hecho, repetimos, no constituye "motivos fundados" ni cosa que se parezca.

la garantía constitucional contra registros e incautaciones irrazonables

por razón de que el destinatario alegadamente venía obligado a hacer

expresa su denegatoria o consentimiento so pena de que se decrete el

abandono de la propiedad y, al mismo tiempo, el abandono de su derecho

constitucional a la intimidad. No podemos estar de acuerdo con dicha

posición.

II

La Ley de Arbitrios de 1987, en su Artículo 8.00110, faculta al

Secretario de Hacienda a examinar documentos, récords, bienes, locales,

predios, inventarios o cualquier artículo sujeto a tributación así como

a inspeccionar equipaje y artículos traídos a Puerto Rico por viajeros

procedentes del exterior cuando hubiesen razones para pensar que los

artículos traídos estaban sujetos al pago de arbitrios.

Ahora bien, en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197

(1984), este Tribunal resolvió que “cuando el estatuto que autoriza una

inspección no prescribe el procedimiento para realizarla, las reglas

restrictivas

que

normalmente

allanamientos,

registros

e

fortiori,

aplicarse”.

En

que

impone

la

incautaciones

garantía

contra

los

irrazonables

tienen,

a

aun

la

de

consecuencia,

cuando

Ley

Arbitrios conceda al Secretario de Hacienda facultad para inspeccionar

cualquier artículo sujeto a tributación, como el paquete enviado en el

caso

de

autos,

esa

potestad

está

sometida

al

cumplimiento

de

los

reglamentos aplicables y, como mínimo, a la normativa aplicable en

materia de registros y allanamientos.

Tal como hemos reiterado, conforme las disposiciones de la Sección

10 del Artículo II de nuestra Constitución, todo registro, allanamiento

o

incautación

realizado

sin

orden

irrazonable.

Esta

norma

es

administrativos

como

a

penales.

los

judicial

aplicable

previa

tanto

Sabido

es,

a

sin

se

los

presume

registros

embargo,

que

nuestra jurisprudencia ha establecido unas excepciones a esta regla

10

Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987, 13 L.P.R.A. sec. 7351. Esta ley fue derogada por la Ley

Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como la Ley Habilitadora de la Reforma Contributiva

de 1994, 13 L.P.R.A. secs. 8001 et seq. El Artículo 6140 del Código de Rentas Internas de 1994, 13

L.P.R.A. sec. 8140, concede al Secretario de Hacienda las mismas facultades que le otorgaba el

Artículo 8.001 de la Ley de Arbitrios de 1987, 13 L.P.R.A. sec. 7351.

general que permiten que un registro sin orden judicial sea válido y

razonable.

Específicamente, para el ámbito penal se han establecido las siguientes: (1) el registro

consentido, véanse: Pueblo v. Acevedo, 112 D.P.R. 770 (1982), Pueblo v. Narváez, 121 D.P.R. 429

(1988); (2) el registro incidental a un arresto legal, véanse: Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976);

Pueblo v. Acevedo, ante; Pueblo v. Gerardino, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Conde, 115 D.P.R.

307 (1984); Pueblo v. Zayas, 120 D.P.R. 158 (1987); Pueblo v. Pacheco Báez, Opinión y Sentencia de

8 de junio de 1992 y Pueblo v. Cruz Torres, Opinión y Sentencia de 14 de septiembre de 1994; (3) el

registro tipo inventario, véase: Pueblo v. Rodríguez Serrano, Opinión y Sentencia de 20 de mayo de

1991; (4) el registro de objetos abandonados o arrojados, véanse: Pueblo v. Llanos, 97 D.P.R. 95

(1969); Pueblo v. González, 102 D.P.R. 374 (1974); Pueblo en interés de A.L.R.G., Opinión y

Sentencia de 16 de marzo de 1993 y Pueblo v. Castro, 125 D.P.R. 159 (1990); (5) el registro de

evidencia a plena vista, véanse: Pueblo v. Dolce, ante; Pueblo v. Espinet, 112 D.P.R. 531 (1982);

Pueblo v. González, 102 D.P.R. 374 (1974) y Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); (6) el registro

realizado en circunstancias de emergencia o extraordinarias que justifican el registro, véanse: Pueblo

v. Nieves, 101 D.P.R. 263 (1973) y Pueblo v. Rivera, 122 D.P.R. 408 (1988); (7) el registro de vehículos

o individuos que cruzan la frontera para entrar a Puerto Rico o a Estados Unidos desde el

extranjero, véase: Pueblo v. Torres, 106 D.P.R. 588 (1977); (8) el registro realizado en aeropuertos o

muelles para confiscar productos declarados en cuarentena por el Departamento de Agricultura

Federal, véase: Marshall v. Barlows, 436 U.S. 307.; y (9) el registro de estructuras abandonadas,

véase: Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).

Además, y en relación con el campo administrativo, la Sección 6.1 de la Ley de Procedimiento

Adminstrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2191, ha previsto cuáles son los casos en que una agencia

administrativa podrá realizar válidamente inspecciones sin previa orden de registro o allanamiento;

éstos son:

“(a) En casos de emergencias, o que afecten la seguridad o

salud pública;

(b) al amparo de las facultades de licenciamiento, concesión

de franquicias, permisos u otras similares;

(c) en casos en que la información es obtenible a simple

vista o en sitios públicos por mera observación.” 3 L.P.R.A.

sec. 2191.

Resulta evidente que los hechos del caso de autos no caen bajo

ninguna de las excepciones a la regla general de invalidez de los

registros realizados sin orden judicial previa que hemos enumerado.

El paquete registrado en el caso de autos estaba completamente

sellado de forma que su contenido no era visible por las personas que

lo tuvieran en su posesión.

De este hecho se puede razonablemente

colegir que tanto el remitente como el consignatario deseaban mantener

tal

contenido

dentro

de

su

expectativa

de

intimidad.

Sobre

esta

cuestión, se ha pronunciado el Tribunal Supremo Federal estableciendo

que las cartas y paquetes sellados enviados, no sólo a través del

correo estatal sino también mediante los servicios de correo privados,

están

dentro

de

los

objetos

sobre

los

que

un

individuo

tiene

una

legítima expectativa de intimidad. United States v. Jacobsen, 466 U.S.

109 (1984); United States v. Van Leeuwen, 397 U.S. 249 (1970).

Por otro lado, nos enfrentamos al hecho de que, en aras de poner

en vigor la autorización legislativa para registrar supuesta propiedad

tributable, el Departamento de Hacienda promulgó un procedimiento de

inspección11, según el cual cuando un paquete que es importado al País

es seleccionado y marcado para inspección, el agente de arbitrios está

obligado a informar al consignatario su intención de realizar la misma

y debe obtener su firma en el aviso

de inspección.

Mediante ese aviso se le informa al consignatario que la mercancía

ha sido seleccionada para inspección y no puede ser entregada por la

compañía porteadora sin haberse marcado para levante por el personal

autorizado. Se informará, además, que la inspección se realizará en los

predios del consignatario y/o porteador, y que el consignatario o su

representante

inspección

se

tienen

derecho

le

informará

a

estar

al

presente.

consignatario

En

que

dicho

la

aviso

de

mercancía

seleccionada para inspección no puede ser abierta sin presencia de un

Agente de Rentas Internas para fiscalizar la descarga y el contenido.

De

igual

forma,

con

el

aviso

de

inspección

se

informarán

al

consignatario los requerimientos de inspección, que no es otra cosa que

la descripción del proceso a seguir para completar debidamente con la

inspección. Se aclara en dichos requerimientos que “el consignatario o

su

representante

debe

estar

presente

durante

la

inspección

para

contestar cualquier pregunta concerniente a la mercancía que se está

inspeccionando” y

que, el faltar al cumplimiento de cualquiera de los

requerimientos podría “posponer la inspección y/o generar la imposición

de

penalidades

administrativas.”

Por

otro

lado,

en

el

manual

de

Procedimientos de Inspección, se aclara que de no estar presente el

consignatario, la inspección no se realizará.

Ello no obstante, en la Opinión concurrente emitida en el presente

caso y que suscriben tres Jueces de este Tribunal, se expone y se

concluye de manera innecesaria, incorrecta, y peligrosamente que:

“Aunque el procedimiento de inspección no lo dispone

expresamente, es lógico y razonable que si la persona

notificada para esta segunda inspección no acude ni realiza

diligencia alguna, el Departamento de Hacienda está

discrecionalmente facultado para abrir e inspeccionar el

paquete a los fines de determinar el valor real de los bienes

y cotejarlo contra los declarados en el manifiesto.” (Enfasis

suplido.)

Luego, en la nota al calce número cinco, a modo explicativo, se

añade que:

“Como es sabido, no existe protección constitucional

respecto a registros sobre bienes abandonados; se configura un

consentimiento implícito.”

Nada más incorrecto. El procedimiento de inspección que nos ocupa

no es otra cosa que un manual promulgado por el Secretario de Hacienda

para guiar, y limitar, la conducta de los agentes en el proceso de

gestionar y hacer eficaz, el posible consentimiento al registro por

parte del destinatario del envío.12 Es por todos conocido que una vez

11

Procedimientos de Inspección, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Hacienda,

Area de Rentas Internas y Recaudaciones, Negociado de Arbitrios, 30 de noviembre de 1989.

12

Es necesario señalar que dicho “procedimiento” no alcanza el rango de reglamento en la medida

en que no fue sometido al proceso de reglamentación establecido en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme. El mismo no puede, por lo tanto, oponerse al público general de forma que

obtenido el consentimiento, será innecesario obtener una orden judicial

para

el

registro.

Sin

embargo,

dicho

procedimiento

no

inviste

de

autoridad a persona alguna para violar el derecho de intimidad del

destinatario del envío. El procedimiento relativo al registro de envíos

sólo

da

base

procedimiento,

para

pedir

entonces,

el

es

consentimiento

meramente

una

del

guía

destinatario.

El

aplicable

los

a

registros consentidos que no contempla su vigencia en los casos de

registros sin consentimiento o registros con orden judicial.

Debe quedar claro que un registro sin consentimiento o sin orden

judicial --ausentes las demás excepciones a la regla de invalidez de

registros sin orden-- es inconstitucional. En caso de no obtenerse el

consentimiento del destinatario, será necesaria la obtención de una

orden de registro. Ante la inacción del destinatario para expresar su

reacción a la petición de consentimiento, no procede imputarle a éste

el abandono de su expectativa legítima de intimidad sobre el paquete.

En abono a lo anteriormente expresado, debe enfatizarse el hecho de que

en el aviso de inspección ni siquiera se le advierte al consignatario

que

el

Departamento

de

Hacienda

interpretará

su

silencio

como

un

abandono del paquete.13

El “envío” en el presente caso es producto de un contrato según el

cual el bien ha de llegar a su destino en los términos dispuestos en el

mismo.

No

se

ha

probado

conviniera

en

rendir

su

que

en

el

expectativa

presente

legítima

caso

de

el

destinatario

intimidad

como

condición previa al transporte del paquete. La custodia del paquete fue

puesta en manos de un porteador postal hasta tanto el mismo llegara a

su destino. La única acción que puede esperarse del destinatario en un

caso como este, luego de puesto el paquete en manos del porteador

postal, es recibir el mismo. Es más, ni siquiera vendrá obligado a

recibirlo, con el temor de que se entienda que ha abandonado el paquete

afecte sustancialmente sus derechos. Por otra parte, no está ante nos la consideración de la validez,

legalidad, o constitucionalidad de la aplicación de dicho procedimiento.

13

Expresamos esto independientemente de la inconstitucionalidad que podría tachar a dicho

procedimiento.

en caso de no recibirlo, pues lo que de ordinario ocurrirá será la

devolución del mismo a su remitente. No puede el porteador o un agente

del Departamento de Hacienda aprovechar que tiene la posesión de un

objeto,

protegido

por

un

contenedor

eficientemente

sellado,

para

requerirle al destinatario que a modo de rescate imprevisto, actúe y se

oponga activamente a la concreción de una amenaza a su expectativa

legítima de intimidad que nunca fue autorizada.

A modo de analogía observamos lo expresado en U.S. v. Kroll, 351

F.Supp. 148 (1972):

“The Government has also advanced a consent theory to

justify the search in this case. The theory is that the

defendant knew he would be subject to a search if he attempted

to board the airplane with carry-on luggage and since he did

make that attempt, he consented to the search. We find that

this does not constitute a consent or waiver in any meaningful

sense.”

Si ello es así en esa clase de situación de hechos, ciertamente no

puede concluirse que la incomparecencia a la cita del agente equivale a

un abandono del paquete en el presente caso.

En atención al imperioso valor del derecho constitucional a la

intimidad no podemos hacer otra cosa que rechazar, de forma vehemente,

el criterio expuesto en la Opinión concurrente a la que hemos hecho

referencia.

Es por ello que concurrimos con la Sentencia emitida.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado