Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico V. Edward Amador Rodríguez
2000 TSPR 98
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo de Puerto Rico V. Edward Amador Rodríguez
CE-1993-0140
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2000 TSPR 98
Edward Amador Rodríguez
Recurrido
Número del Caso: CE-1993-0140
Fecha: 27/junio/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Sección Norte
Juez Ponente: Hon. Ramón Negrón Soto
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Ricardo E. Alegría Pons
Procurador General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Joaquín Monserrate Matienzo
Materia: Sustancias Controladas
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CE-93-140
Certiorari
Edward Amador Rodríguez
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2000
I
Héctor
E.
Domenech,
Inspector
del
Departamento
de
Hacienda –desempeñándose como agente de arbitrios en los
predios de la compañía privada Federal Express-,1 decidió
examinar un paquete porque de su manifiesto el remitente
señalaba que su contenido era un brazalete y una cadena con
valor
total
de
$10.00.
Le
pareció
insólito
el
valor
informado. El paquete estaba dirigido a Charlie Molina. Al
abrirlo
encontró
varios
paquetes
que
contenían
marihuana.
1
Entidad dedicada al transporte de correspondencia y
paquetes en el comercio interestatal.
CE-93-140
3
Entonces
procedió
a
cerrarlo
e
informar
a
su
supervisor, quien llamó a la Policía. El agente Medal
Díaz, de la División de Drogas, acudió al lugar y reabrió
el
paquete.
oficina
Ese
porque
día,
dicho
Federal
agente
Express
no
se
lo
pudo
llevó
a
conseguir
su
una
guagua suya para entregarlo.
Tres días después, el agente Medal en un vehículo
oficial de Federal Express y vistiendo un uniforme de la
compañía -fingiendo ser empleado-, le entregó el paquete
a Eduardo Amador, quien le aceptó ser Charlie Molina.
Minutos después, lo arrestó por posesión de marihuana con
intención
de
distribuirla.
Inmediatamente
Amador
adujo
que no era Charlie Molina y tiró el paquete al suelo.
Luego
fondo,
de
la
Amador
vista
preliminar, en
solicitó
sin
éxito
la
la
vista
en su
supresión
de
evidencia (marihuana), fundado en que fue producto de un
registro
ilegal
por
los
agentes
del
Departamento
de
Hacienda y de la Policía.
Eventualmente fue hallado culpable por tribunal de
derecho de infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias
Controladas.
En
apelación
Apelaciones
(Hons.
Negrón
el
Tribunal
Soto,
Alfonso
de
Circuito
de
Cumpiano
y
de
Brau Ramírez) acogió su planteamiento y revocó.
A solicitud del Procurador General revisamos.2
2
Discute el siguiente señalamiento:
Incurrió en error el Honorable Tribunal de
Apelaciones
al
resolver
que
el
convicto
apelante fue objeto de un registro irrazonable.
CE-93-140
4
II
El Tribunal de Apelaciones delimitó la controversia a
examinar
si:
(1)
el
acusado
tenía
una
expectativa
razonable de intimidad en el paquete cerrado enviado a
través de un servicio de correo privado; y (2) si la
autorización concedida al Secretario de Hacienda y sus
delegados
administrativos
bajo
la
Ley
de
Arbitrios
de
abrir e inspeccionar el paquete bajo las circunstancias
en particular del caso de autos, infringió su interés o
expectativa razonable de intimidad.
En
Puerto
Rico
la
norma
general
-conforme
a
la
Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución-, es que
todo registro, allanamiento o incautación que se realice
sin orden judicial previa es irrazonable per se. E.L.A.
v. Coca Cola, 115 D.P.R. 197 (1984). Esta norma también
aplica a los registros administrativos.
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en
su sección 6.1, 3 L.P.R.A. sec. 2191, dispone así las
situaciones
en
inspecciones
para
donde
hacer
una
agencia
cumplir
sus
puede
realizar
reglamentos
y
resoluciones sin la expedición de una orden de registro y
allanamiento:
“(a) En casos de emergencias, o que afecten
la seguridad o salud pública;
(b) al
amparo
de
las
facultades
de
licenciamiento,
concesión
de
franquicias,
permisos u otras similares;
(c) en casos en que la información es
obtenible a simple vista o en sitios públicos
por mera observación.”
CE-93-140
El
5
Tribunal
de
Apelaciones,
citando
a
Cámara
v.
Municipal Court, 387 U.S. 523 (1967), señaló que para
examinar
orden
la
validez
previa
era
interés
de
un
registro
necesario:
público
(1)
significativo
administrativo
sin
existencia
de
un
el
quiere
la
que
Estado
proteger; (2) la intrusión sea mínima; (3) el propósito
del registro administrativo sin orden no sea descubrir un
crimen;
y
(4)
contrarrestaría
requerir
y
haría
una
orden
impráctica
la
de
registro
protección
del
interés público que se persigue.
A base de ese análisis el foro apelativo concluyó
que existía una expectativa de privacidad en el paquete
enviado: estaba completamente sellado, su contenido no
estaba
a
simple
vista,
tanto
el
remitente
como
el
consignatario no esperaban que ninguna persona examinara
su contenido. U.S. v. Jacobsen, 466 U.S. 109, 114 (1984).
Por el mero hecho de haber encontrado evidencia delictiva
no puede considerarse el registro sin orden judicial como
razonable. U.S. v. Jacobsen, supra.
Luego
de
determinar
que
existía
razonable
de
privacidad
en
el
paquete
evaluó
la
validez
Tribunal
de
Circuito
una
expectativa
enviado,
del
el
registro.
Concluyó que aunque la Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987
-conocida
como
la
Ley
de
Arbitrios-,3
faculta
al
Secretario de Hacienda a realizar inspecciones y exámenes
3
13 L.P.R.A. 7001.
CE-93-140
6
administrativos, no dispone expresamente que se realice
la inspección y registro sin orden judicial previa.
Además, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la
referida
Ley
de
Arbitrios
impone
un
arbitrio
a
la
transacción o venta al detal de joyería, no sobre el
artículo como tal. Indicó que, en el caso de autos, no se
consintió
el
registro
emergencia
que
requieran
peso
de
los
intereses
ni
existían
una
en
circunstancias
de
solución
distinta
por
el
conflicto.
Concluyó
que
el
Inspector de Hacienda debió obtener una orden judicial
previa de registro.
III
Evaluados
Procurador
los
General
planteamientos
y
los
expuestos
y
argumentos
por
el
del
recurrido
Amador en oposición, con vista al criterio mayoritario
convergente
–aunque
por
fundamentos
distintos
y
pluralistas-, se confirma la Sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones que decretó ilegal el registro
del paquete y suprimió la evidencia.
Lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Negrón García emitió Opinión Concurrente a la cual se unen
el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado
señor Corrada del Río; el Juez Asociado señor Rebollo
López emitió Opinión Concurrente; la Jueza Asociada señora
Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor Hernández Denton
CE-93-140
7
concurren en el resultado sin opinión escrita; y el Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
CE-93-140
Certiorari
v.
Edward Amador Rodríguez
Recurrido
Opinión Concurrente del Juez Asociado señor Negrón García a la cual se
unen el Juez Presidente señor Andréu García y el Juez Asociado señor
Corrada del Río
San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2000
I
Para
darle
plena
vigencia
al
poder
contributivo
impositivo -Art. VI, Sec. 2 de nuestra Constitución- la
Asamblea Legislativa a través de la Ley de Arbitrios de
1987,4
facultó
al
Secretario
de
Hacienda
a
examinar
documentos, récords, bienes, locales, predios, o cualquier
artículo sujeto a
facultad
tributación. En el descargo de esta
administrativa
y
para
fiscalizar
la
voluminosa
4
Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987, 13 L.P.R.A. sec.
7351, vigente y aplicable a los hechos ante nos. Esta ley
fue derogada por la Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, que
le concede al Secretario, idénticas facultades a las
otorgadas por la ley anterior. 13 L.P.R.A. 8140.
mercancía y miles de artículos tributables que llegan a nuestra isla
del exterior, el Secretario promulgó el Reglamento
Núm.
1
para
la
Administración y Aplicación de la Ley de Arbitrios.5
Su Art. 6.001 impone al consignatario el deber de declarar en el
manifiesto la cantidad y valor de los artículos introducidos. Cuando se
le
requiera,
permitirá
que
los
agentes
de
arbitrios
examinen
los
artículos recibidos o practiquen un inventario de los mismos. También,
cuando
a
juicio
de
tales
funcionarios
sea
necesario
verificar
la
declaración de artículos, el consignatario permitirá su examen.
Para implementar estas disposiciones el Departamento de Hacienda
diseñó un Procedimiento de Inspección,6 que pragmáticamente reconoce el
carácter de intimidad7 que poseen las mercancías y paquetes, y a la par
le permite realizar su labor impositiva fiscal. Cuando un paquete es
seleccionado
arbitrios
y
marcado
informe
y
para
inspección,
comunique
al
exige
que
consignatario
su
el
agente
de
intención
de
realizarla y obtenga su firma en el Aviso de Inspección. Este Aviso
informa que la mercancía ha sido seleccionada para inspección y no
puede ser entregada por la compañía porteadora sin haberse marcado para
levante por el personal autorizado. Así también, dicho Aviso establece
que la inspección se realizará en los predios del consignatario y/o
porteadora, y que el consignatario o su representante tiene derecho a
estar presente.
Durante el proceso de inspección, el agente anotará la hora de su
llegada al lugar y el tipo de inspección que realizará. Corroborará el
contenido
del
paquete
contra
los
artículos
registrados
en
el
manifiesto. Registrará toda discrepancia e informará al consignatario
5
Departamento de Hacienda, Negociado de Arbitrios del 15 de abril
de 1989.
6
Departamento
de
Hacienda,
Área
de
Rentas
Internas
Recaudaciones, Negociado de Arbitrios, del 30 de noviembre de 1989.
7
y
El Tribunal Supremo Federal resolvió que existe expectativa a la
intimidad sobre las cartas y paquetes sellados, enviados a través del
correo estatal o mediante los servicios de correo privado. United
States v. Jacobsen, 466 U.S. 109 (1984).
que el paquete se retiene hasta que se paguen los impuestos adicionales
y las penalidades.
De inicialmente no estar presente el consignatario, la inspección
no se realizará. Por otro lado, de impedírsele al agente inspeccionar,
el proceso se detendrá y programará para una nueva fecha la inspección.
Aunque el procedimiento de inspección no lo dispone expresamente, es
lógico
y
razonable
que
si
la
persona
notificada
para
esta
segunda
inspección no acude ni realiza diligencia alguna, el Departamento de
Hacienda está discrecionalmente facultado para abrir e inspeccionar el
paquete
a
los
fines
de
determinar
el
valor
real
de
los
bienes
y
cotejarlo contra los declarados en el manifiesto.8
A la luz de esta sucinta normativa, evaluemos la solución jurídica
del recurso teniendo en mente que de la validez de la actuación del
agente administrativo, dependerá si se suprime en este caso penal la
evidencia ocupada, consistente de marihuana.
II
Las investigaciones administrativas están sujetas a la garantía
provista por el Art. II, Sec. 10 de la nuestra Constitución contra
allanamientos, registros e incautaciones irrazonables. A su amparo, en
E.L.A. v. Coca Cola Bottling, 115 D.P.R. 197, (1984) resolvimos que aún
cuando un estatuto autorice a una agencia administrativa a realizar un
registro, como regla general, será irrazonable per se de llevarse a
cabo sin orden judicial previa. Esta regla prevalece, “a menos que se
consienta
al
registro
o
circunstancias
de
emergencia
requieran
lo
contrario y el peso de los intereses en conflicto, exijan una solución
distinta”. (Pág. 208, énfasis suplido).
El Art. 8.001 de la Ley de Arbitrios de 1987 concede al Secretario
de
Hacienda
la
facultad
de
examinar
aquellos
artículos
sujetos
a
tributación. En el presente caso, a diferencia de Coca Cola Bottling,
8
Como es sabido, no existe protección constitucional respecto a
registros sobre bienes abandonados; se configura un consentimiento
implícito.
supra, la agencia diseñó un plan administrativo dirigido a proteger el
derecho
a
impositiva
la
intimidad
fiscal.
El
y
simultáneamente
procedimiento
de
poder
realizar
inspección
su
preparado
misión
por
el
Departamento de Hacienda requiere inicialmente del consentimiento del
consignatario
para
realizar
presencia
la
su
o
de
la
investigación
representante
en
la
y,
además,
inspección.
exige
Ante
su
esta
salvaguarda del derecho constitucional a la intimidad, no es necesario
pues
la
expedición
de
una
orden
judicial
para
registrar
aquellos
artículos sujetos a tributación, ya que según el procedimiento, antes
de realizarse la inspección el consignatario deberá consentir expresa o
implícitamente a la misma.
III
En el caso de autos, el Sr. Héctor E. Domenech, inspector del
Departamento
de
Hacienda,
ante
una
posible
evasión
de
impuestos
a
través del uso de correo privado, abrió y examinó un paquete cuyo
manifiesto señalaba que contenía un brazalete y una cadena con un valor
total de diez dólares ($10.00).
Ante
paquete
esa
incongruencia
en
para
examen
según
el
procedimiento
siguió.
No
hay
Inexplicablemente,
no
lo
el
manifiesto,
debió
en
autos
seleccionar
el
establecido.
prueba
sobre
circunstancias urgentes que requirieran justificar apartarse del mismo.
Al así actuar, violó el procedimiento administrativo establecido por el
propio
Departamento
de
Hacienda
que
recoge
satisfactoriamente
la
protección constitucional contra registros irrazonables y el derecho a
la intimidad.
La evidencia debe suprimirse.
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CE-93-140
CERTIORARI
Edward Amador Rodríguez
Acusado-recurrido
OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO
LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2000
Aun cuando concurrimos con el resultado al que se
llega en la Sentencia emitida por el Tribunal en el
presente caso --esto es, en que procede decretar la
confirmación de la sentencia emitida por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones suprimiendo la evidencia
delictiva ocupada-- consideramos apropiado expresarnos
por separado.
En el estudio jurídico del tema de los registros,
allanamientos e incautaciones hemos de apuntalar los
siguientes postulados:
1) existe en nuestra jurisdicción, así como
en la jurisdicción federal, la garantía
constitucional
contra
registros,
allanamientos e incautaciones irrazonables;
2)
los
derechos
garantizados
por
Constitución
federal
constituyen
la
el
contenido mínimo de los derechos que deben ser observados ya
que los derechos salvaguardados por nuestra Constitución,
incluso, pueden ser mayores que los contenidos en la
Constitución federal;
3) en aquellas situaciones donde existe una "expectativa
razonable de intimidad", existe un interés constitucionalmente
protegido que exige, para la validez de un registro, la
expedición de una orden a esos efectos por un magistrado
previa determinación de causa probable;
4) en relación con los hechos del caso hoy ante nuestra
consideración, el anterior principio rige tanto en casos de
envíos postales de primera clase como en relación con los
envíos a través de compañías privadas de transporte;
5) es claro que dichos envíos no pueden ser abiertos ni su
contenido examinado para determinar si se han violado leyes
postales u otros estatutos sin el consentimiento del
destinatario o previa determinación judicial de causa probable
y la expedición de orden de registro;
6) los registros administrativos, ausentes circunstancias de
emergencia o de apremiante interés público, no quedan
validados por la existencia de autorización estatutaria al
respecto; y que
7) una escueta aseveración de motivos fundados, sin expresar
en qué consisten, no basta para que el magistrado expida una
orden, mucho menos justificar un registro sin orden, ausentes
situaciones de emergencia, consentimiento, observación a plena
vista, actividad altamente reglamentada o circunstancias
apremiantes de salud o seguridad pública.
Estos mandatos constitucionales ineludiblemente han de llevarnos a
concluir que en el caso de autos procede decretar la exclusión de
evidencia solicitada. Por otro lado, no nos es posible suscribir el
criterio expuesto en la Opinión concurrente del Juez Negrón García,
suscrita la misma por otros dos Jueces de este Tribunal, debido a que en
la misma se equipara la incomparecencia a una “vista o procedimiento
administrativo” con un abandono de evidencia. Es decir, en un caso como
este, en que un agente del Estado arbitrariamente abre un paquete, sin
razón
legal
válida alguna para ello9, y sin orden judicial previa,
estos tres integrantes del Tribunal son del criterio que no se infringió
9
La razón brindada por el agente del Estado para sospechar del paquete en controversia, y abrir el
mismo, es una que, incluso, no sostiene una orden de registro expedida por un magistrado. El hecho
de que la tarifa pagada, por el envío del paquete fuera mayor que el valor declarado de los bienes es
algo usual y corriente que no debe levantar sospecha alguna. ¿Cuántas veces una persona envía por
"correo especial" un bien que tiene un gran valor sentimental para dicha persona y muy poco valor
material? Ese hecho, repetimos, no constituye "motivos fundados" ni cosa que se parezca.
la garantía constitucional contra registros e incautaciones irrazonables
por razón de que el destinatario alegadamente venía obligado a hacer
expresa su denegatoria o consentimiento so pena de que se decrete el
abandono de la propiedad y, al mismo tiempo, el abandono de su derecho
constitucional a la intimidad. No podemos estar de acuerdo con dicha
posición.
II
La Ley de Arbitrios de 1987, en su Artículo 8.00110, faculta al
Secretario de Hacienda a examinar documentos, récords, bienes, locales,
predios, inventarios o cualquier artículo sujeto a tributación así como
a inspeccionar equipaje y artículos traídos a Puerto Rico por viajeros
procedentes del exterior cuando hubiesen razones para pensar que los
artículos traídos estaban sujetos al pago de arbitrios.
Ahora bien, en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197
(1984), este Tribunal resolvió que “cuando el estatuto que autoriza una
inspección no prescribe el procedimiento para realizarla, las reglas
restrictivas
que
normalmente
allanamientos,
registros
e
fortiori,
aplicarse”.
En
que
impone
la
incautaciones
garantía
contra
los
irrazonables
tienen,
a
aun
la
de
consecuencia,
cuando
Ley
Arbitrios conceda al Secretario de Hacienda facultad para inspeccionar
cualquier artículo sujeto a tributación, como el paquete enviado en el
caso
de
autos,
esa
potestad
está
sometida
al
cumplimiento
de
los
reglamentos aplicables y, como mínimo, a la normativa aplicable en
materia de registros y allanamientos.
Tal como hemos reiterado, conforme las disposiciones de la Sección
10 del Artículo II de nuestra Constitución, todo registro, allanamiento
o
incautación
realizado
sin
orden
irrazonable.
Esta
norma
es
administrativos
como
a
penales.
los
judicial
aplicable
previa
tanto
Sabido
es,
a
sin
se
los
presume
registros
embargo,
que
nuestra jurisprudencia ha establecido unas excepciones a esta regla
10
Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987, 13 L.P.R.A. sec. 7351. Esta ley fue derogada por la Ley
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como la Ley Habilitadora de la Reforma Contributiva
de 1994, 13 L.P.R.A. secs. 8001 et seq. El Artículo 6140 del Código de Rentas Internas de 1994, 13
L.P.R.A. sec. 8140, concede al Secretario de Hacienda las mismas facultades que le otorgaba el
Artículo 8.001 de la Ley de Arbitrios de 1987, 13 L.P.R.A. sec. 7351.
general que permiten que un registro sin orden judicial sea válido y
razonable.
Específicamente, para el ámbito penal se han establecido las siguientes: (1) el registro
consentido, véanse: Pueblo v. Acevedo, 112 D.P.R. 770 (1982), Pueblo v. Narváez, 121 D.P.R. 429
(1988); (2) el registro incidental a un arresto legal, véanse: Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976);
Pueblo v. Acevedo, ante; Pueblo v. Gerardino, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Conde, 115 D.P.R.
307 (1984); Pueblo v. Zayas, 120 D.P.R. 158 (1987); Pueblo v. Pacheco Báez, Opinión y Sentencia de
8 de junio de 1992 y Pueblo v. Cruz Torres, Opinión y Sentencia de 14 de septiembre de 1994; (3) el
registro tipo inventario, véase: Pueblo v. Rodríguez Serrano, Opinión y Sentencia de 20 de mayo de
1991; (4) el registro de objetos abandonados o arrojados, véanse: Pueblo v. Llanos, 97 D.P.R. 95
(1969); Pueblo v. González, 102 D.P.R. 374 (1974); Pueblo en interés de A.L.R.G., Opinión y
Sentencia de 16 de marzo de 1993 y Pueblo v. Castro, 125 D.P.R. 159 (1990); (5) el registro de
evidencia a plena vista, véanse: Pueblo v. Dolce, ante; Pueblo v. Espinet, 112 D.P.R. 531 (1982);
Pueblo v. González, 102 D.P.R. 374 (1974) y Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); (6) el registro
realizado en circunstancias de emergencia o extraordinarias que justifican el registro, véanse: Pueblo
v. Nieves, 101 D.P.R. 263 (1973) y Pueblo v. Rivera, 122 D.P.R. 408 (1988); (7) el registro de vehículos
o individuos que cruzan la frontera para entrar a Puerto Rico o a Estados Unidos desde el
extranjero, véase: Pueblo v. Torres, 106 D.P.R. 588 (1977); (8) el registro realizado en aeropuertos o
muelles para confiscar productos declarados en cuarentena por el Departamento de Agricultura
Federal, véase: Marshall v. Barlows, 436 U.S. 307.; y (9) el registro de estructuras abandonadas,
véase: Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).
Además, y en relación con el campo administrativo, la Sección 6.1 de la Ley de Procedimiento
Adminstrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2191, ha previsto cuáles son los casos en que una agencia
administrativa podrá realizar válidamente inspecciones sin previa orden de registro o allanamiento;
éstos son:
“(a) En casos de emergencias, o que afecten la seguridad o
salud pública;
(b) al amparo de las facultades de licenciamiento, concesión
de franquicias, permisos u otras similares;
(c) en casos en que la información es obtenible a simple
vista o en sitios públicos por mera observación.” 3 L.P.R.A.
sec. 2191.
Resulta evidente que los hechos del caso de autos no caen bajo
ninguna de las excepciones a la regla general de invalidez de los
registros realizados sin orden judicial previa que hemos enumerado.
El paquete registrado en el caso de autos estaba completamente
sellado de forma que su contenido no era visible por las personas que
lo tuvieran en su posesión.
De este hecho se puede razonablemente
colegir que tanto el remitente como el consignatario deseaban mantener
tal
contenido
dentro
de
su
expectativa
de
intimidad.
Sobre
esta
cuestión, se ha pronunciado el Tribunal Supremo Federal estableciendo
que las cartas y paquetes sellados enviados, no sólo a través del
correo estatal sino también mediante los servicios de correo privados,
están
dentro
de
los
objetos
sobre
los
que
un
individuo
tiene
una
legítima expectativa de intimidad. United States v. Jacobsen, 466 U.S.
109 (1984); United States v. Van Leeuwen, 397 U.S. 249 (1970).
Por otro lado, nos enfrentamos al hecho de que, en aras de poner
en vigor la autorización legislativa para registrar supuesta propiedad
tributable, el Departamento de Hacienda promulgó un procedimiento de
inspección11, según el cual cuando un paquete que es importado al País
es seleccionado y marcado para inspección, el agente de arbitrios está
obligado a informar al consignatario su intención de realizar la misma
y debe obtener su firma en el aviso
de inspección.
Mediante ese aviso se le informa al consignatario que la mercancía
ha sido seleccionada para inspección y no puede ser entregada por la
compañía porteadora sin haberse marcado para levante por el personal
autorizado. Se informará, además, que la inspección se realizará en los
predios del consignatario y/o porteador, y que el consignatario o su
representante
inspección
se
tienen
derecho
le
informará
a
estar
al
presente.
consignatario
En
que
dicho
la
aviso
de
mercancía
seleccionada para inspección no puede ser abierta sin presencia de un
Agente de Rentas Internas para fiscalizar la descarga y el contenido.
De
igual
forma,
con
el
aviso
de
inspección
se
informarán
al
consignatario los requerimientos de inspección, que no es otra cosa que
la descripción del proceso a seguir para completar debidamente con la
inspección. Se aclara en dichos requerimientos que “el consignatario o
su
representante
debe
estar
presente
durante
la
inspección
para
contestar cualquier pregunta concerniente a la mercancía que se está
inspeccionando” y
que, el faltar al cumplimiento de cualquiera de los
requerimientos podría “posponer la inspección y/o generar la imposición
de
penalidades
administrativas.”
Por
otro
lado,
en
el
manual
de
Procedimientos de Inspección, se aclara que de no estar presente el
consignatario, la inspección no se realizará.
Ello no obstante, en la Opinión concurrente emitida en el presente
caso y que suscriben tres Jueces de este Tribunal, se expone y se
concluye de manera innecesaria, incorrecta, y peligrosamente que:
“Aunque el procedimiento de inspección no lo dispone
expresamente, es lógico y razonable que si la persona
notificada para esta segunda inspección no acude ni realiza
diligencia alguna, el Departamento de Hacienda está
discrecionalmente facultado para abrir e inspeccionar el
paquete a los fines de determinar el valor real de los bienes
y cotejarlo contra los declarados en el manifiesto.” (Enfasis
suplido.)
Luego, en la nota al calce número cinco, a modo explicativo, se
añade que:
“Como es sabido, no existe protección constitucional
respecto a registros sobre bienes abandonados; se configura un
consentimiento implícito.”
Nada más incorrecto. El procedimiento de inspección que nos ocupa
no es otra cosa que un manual promulgado por el Secretario de Hacienda
para guiar, y limitar, la conducta de los agentes en el proceso de
gestionar y hacer eficaz, el posible consentimiento al registro por
parte del destinatario del envío.12 Es por todos conocido que una vez
11
Procedimientos de Inspección, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Hacienda,
Area de Rentas Internas y Recaudaciones, Negociado de Arbitrios, 30 de noviembre de 1989.
12
Es necesario señalar que dicho “procedimiento” no alcanza el rango de reglamento en la medida
en que no fue sometido al proceso de reglamentación establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme. El mismo no puede, por lo tanto, oponerse al público general de forma que
obtenido el consentimiento, será innecesario obtener una orden judicial
para
el
registro.
Sin
embargo,
dicho
procedimiento
no
inviste
de
autoridad a persona alguna para violar el derecho de intimidad del
destinatario del envío. El procedimiento relativo al registro de envíos
sólo
da
base
procedimiento,
para
pedir
entonces,
el
es
consentimiento
meramente
una
del
guía
destinatario.
El
aplicable
los
a
registros consentidos que no contempla su vigencia en los casos de
registros sin consentimiento o registros con orden judicial.
Debe quedar claro que un registro sin consentimiento o sin orden
judicial --ausentes las demás excepciones a la regla de invalidez de
registros sin orden-- es inconstitucional. En caso de no obtenerse el
consentimiento del destinatario, será necesaria la obtención de una
orden de registro. Ante la inacción del destinatario para expresar su
reacción a la petición de consentimiento, no procede imputarle a éste
el abandono de su expectativa legítima de intimidad sobre el paquete.
En abono a lo anteriormente expresado, debe enfatizarse el hecho de que
en el aviso de inspección ni siquiera se le advierte al consignatario
que
el
Departamento
de
Hacienda
interpretará
su
silencio
como
un
abandono del paquete.13
El “envío” en el presente caso es producto de un contrato según el
cual el bien ha de llegar a su destino en los términos dispuestos en el
mismo.
No
se
ha
probado
conviniera
en
rendir
su
que
en
el
expectativa
presente
legítima
caso
de
el
destinatario
intimidad
como
condición previa al transporte del paquete. La custodia del paquete fue
puesta en manos de un porteador postal hasta tanto el mismo llegara a
su destino. La única acción que puede esperarse del destinatario en un
caso como este, luego de puesto el paquete en manos del porteador
postal, es recibir el mismo. Es más, ni siquiera vendrá obligado a
recibirlo, con el temor de que se entienda que ha abandonado el paquete
afecte sustancialmente sus derechos. Por otra parte, no está ante nos la consideración de la validez,
legalidad, o constitucionalidad de la aplicación de dicho procedimiento.
13
Expresamos esto independientemente de la inconstitucionalidad que podría tachar a dicho
procedimiento.
en caso de no recibirlo, pues lo que de ordinario ocurrirá será la
devolución del mismo a su remitente. No puede el porteador o un agente
del Departamento de Hacienda aprovechar que tiene la posesión de un
objeto,
protegido
por
un
contenedor
eficientemente
sellado,
para
requerirle al destinatario que a modo de rescate imprevisto, actúe y se
oponga activamente a la concreción de una amenaza a su expectativa
legítima de intimidad que nunca fue autorizada.
A modo de analogía observamos lo expresado en U.S. v. Kroll, 351
F.Supp. 148 (1972):
“The Government has also advanced a consent theory to
justify the search in this case. The theory is that the
defendant knew he would be subject to a search if he attempted
to board the airplane with carry-on luggage and since he did
make that attempt, he consented to the search. We find that
this does not constitute a consent or waiver in any meaningful
sense.”
Si ello es así en esa clase de situación de hechos, ciertamente no
puede concluirse que la incomparecencia a la cita del agente equivale a
un abandono del paquete en el presente caso.
En atención al imperioso valor del derecho constitucional a la
intimidad no podemos hacer otra cosa que rechazar, de forma vehemente,
el criterio expuesto en la Opinión concurrente a la que hemos hecho
referencia.
Es por ello que concurrimos con la Sentencia emitida.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado