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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ab Intestato: Alfonso Modesto Lugo Rodríguez

2000 TSPR 99

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ab Intestato: Alfonso Modesto Lugo Rodríguez

CC-1998-0917

CC-1998-917

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ab Intestato:

Alfonso Modesto Lugo

Rodríguez

Ex Parte

Certiorari

Lionel Lugo Rodríguez

Peticionario-Recurrente

2000 TSPR 99

Carmen Herminia Lugo

Rodríguez

Interventora-Recurrida

Número del Caso: CC-1998-0917

Fecha: 28/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Rafael Martínez Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Luis Novas Dueño

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Harry N. Padilla Martínez

Materia: Protocolización de Testamentos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-1998-917

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ab Intestato:

Alfonso Modesto Lugo

Rodríguez

Ex Parte

Lionel Lugo Rodríguez

CC-1998-917

Certiorari

Peticionario-Recurrente

Carmen Herminia Lugo

Rodríguez

Interventora-Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2000

I

Alfonso M. Lugo Rodríguez falleció el 12 de diciembre

de 1996, en cuyo momento le sobrevivieron sus hijos Carmen

H. Lugo y Lionel Lugo.

El

7

de

enero

de

1997,

Lionel

presentó

ante

el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez

(Civil

Núm.

testamentarias.

padre

y

IJV97-0001),

Solicitó

nombrara

albacea

se

asunto

ratificara

del

caudal

sobre

el

cartas

deseo

relicto.

de

su

Basó

su

pedido en un testamento abierto otorgado, el 29 de abril

de 1993, en Ponce, mediante la escritura Núm. 49, ante el

notario público Raúl Ramos Torres.

CC-1997-917

3

Días después, el 24 de enero, Carmen solicitó la protocolización de

un testamento ológrafo en el Tribunal de Primera Instancia, Subsección

de

Distrito,

Sala

de

San

Germán

(Civil

Núm.

CD97-51).

En

dicho

testamento se revocaba el abierto del 1993, y se designaban a los dos

hermanos herederos en partes iguales.

El 25 de marzo, Lionel solicitó al Tribunal de Primera Instancia,

Sala

Superior

de

San

Germán,

la

protocolización

de

dos

testamentos

ológrafos que alegadamente había dejado su padre. Los testamentos leen:

“Marzo 24, 1994. Es mi deseo cuando muera que el testamento de abril de

1993 sea válido. Alfonso Lugo”.

“Abril 24, 1994. Es mi deseo al morir

que el testamento de abril de 1993 sea válido revocando al anterior.

Alfonso Lugo”.

En la vista para la adveración de estos testamentos ológrafos, se

presentaron

tres

testigos.

Lionel

fue

el

primero.

Señaló

que

los

documentos presentados eran escritos de puño y letra de su padre y no

albergaba dudas de su letra y firma. El segundo testigo, Cruz Colón

Lugo,

agrónomo

de

profesión

y

agricultor

testificó

que

conoció

al

causante a través de su trabajo. Además, fue uno de los testigos del

testamento

abierto

otorgado

en

Ponce

en

1993.

Al

mostrarle

los

documentos dijo que la firma era igual a la que vio en Ponce en 1993.

Sobre la letra, durante el contrainterrogatorio, admitió que había visto

al causante tomar notas, a unos tres pies de distancia, cuando él lo

orientaba

sobre

préstamos.

Eso

fue

lo

más

cerca

que

estuvo

de

sus

escritos; no obtuvo copia de las notas, tampoco las leyó, cotejó o

corrigió. Simplemente lo veía escribir a una distancia de unos tres

pies. Admitió que nunca había visto escribir al causante un texto tan

“extenso” como los testamentos que se le presentaron, sino tan sólo una

fecha

escrita.

El

último

testigo

presentado,

fue

Amilcar

Gutiérrez

Acosta. Declaró que fue empleado del causante desde julio de 1994.

Conocía su firma a través de los cheques que le expedía por concepto de

su salario. Sobre la letra, indicó que durante la vigencia de su empleo

el causante alegadamente le dio unas cinco o seis notas para hacer

CC-1997-917

4

recados. De éstas, recordó sólo una cuyo contenido fue el siguiente:

manga, raíz, martillo y llave.1

Concluido el testimonio de los tres testigos, Lionel solicitó al

Tribunal que le permitiese presentar testimonio de un perito dado que el

testigo Cruz Colón “tuvo duda sobre el texto de los documentos...” El

Tribunal se negó ya que entendió que se había desfilado ante sí prueba

suficiente para resolver.

El 3 de abril, Instancia decretó que “no abriga[r] duda racional

alguna

de

que

dichos

documentos

(los

presentados

por

Lionel),

constituyen disposiciones de última voluntad, escritos y firmados por la

mano

de

Don

Alfonso

Modesto

Lugo

Rodríguez...”

Ordenó

su

protocolización.

Inconforme, Carmen presentó certiorari ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones. Adujo que Instancia erró al ordenar la protocolización

de los documentos, toda vez que no todos los testigos presentados para

identificarlos eran aptos ni idóneos. En oposición, Lionel solicitó la

desestimación del recurso amparado en la Regla 67 del Reglamento del

Tribunal de Circuito. Además, planteó que el recurso, en vista de que no

se habían protocolizados los testamentos, era académico.

El Tribunal de Circuito oportunamente rechazó los argumentos de

Lionel. Dictaminó que el asunto era revisable vía certiorari en virtud

del

Art.

4.002

(e)2

del

Plan

de

Reorganización

Núm.

1

de

la

Rama

La susodicha nota supuestamente se originó en una encomienda de

Lugo Rodríguez al testigo. Durante el contrainterrogatorio, se cuestionó

la necesidad o existencia del escrito, dado que el propio Lugo Rodríguez

acompañó al testigo a la ferretería. Se invocó esto, aparentemente, con

el fin de establecer la inexistencia de la nota y la subsiguiente

inferencia la falta de conocimiento de los rasgos caligráficos del

testador. Además, surge la interrogante ¿venden maíz en las ferreterías?

2

Reza:

1

“El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá en los

siguientes asuntos:

(a)

....

(e) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción,

revisará

las

resoluciones

finales

en

procedimiento

de

jurisdicción voluntaria, dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito durante el

CC-1997-917

5

Judicial de 28 de julio de 1994, según enmendado conocido como “La Ley

de la Judicatura de Puerto Rico de 1994” (4 L.P.R.A. sec. 22k(e)).

Asimismo, ordenó a Lionel mostrar causa por la cual no debía expedirse

el auto. Lionel compareció.

Previa comparecencia de Lionel, el Tribunal de

Rossy

García,

Martínez

Torres

y

Rodríguez

García)

Circuito (Hons.

dictó

sentencia,

mediante la cual expidió el auto y ordenó la celebración de una vista de

adveración a la que comparezcan tres testigos que conozcan tanto la

letra como la firma del testador y se observen las demás exigencias del

Código Civil. Asimismo, ordenó la anulación de las inscripciones en el

protocolo del notario y en el Registro de Testamentos e, instruyó al

Tribunal de Instancia –una vez señalada la nueva vista de adveración-,

mandar a remover los testamentos del protocolo notarial y trasladarlos a

la

vista.

El

notario

prepararía

entonces

la

correspondiente

acta

aclaratoria. El foro intermedio basó su decisión, primero, reiterando

que tenía jurisdicción bajo la Ley de la Judicatura y en el hecho de que

el Art. 643 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2167 –que provee la

acción

ordinaria

legislativa

de

de

impugnación-,

reconocer

otro

no

deroga

mecanismo

la

evidente

intención

procesal

alterno.

Añadió

el

Tribunal, que el testigo Cruz Colón estaba imposibilitado de adverar el

texto del documento presentado, ya que admitió que sólo le era familiar

la firma del testador y que no había visto escrito alguno de éste, por

lo que no cumplía con los requisitos legales para ser considerado como

un testigo capacitado e idóneo para reconocer los rasgos caligráficos

del testador. Por último, dictaminó su facultad para ordenar anular el

otorgamiento.

Inconforme, Lionel acudió ante nos.3 Revisamos.

proceso de su abolición. En estos casos, el recurso de

certiorari se formalizará presentando una solicitud a tales

efectos dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo

en autos de copia de la notificación de la resolución. Este

término es jurisdiccional.” Énfasis suplido.

3

Discute los siguientes señalamientos:

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6

II

La

Ley

de

la

radicalmente

el

ordenamiento

autorizar

Judicatura

certioraris

para

la

de

1994,

Art.

procesal

hasta

revisión

de

4.002(e),

transformó

entonces

vigente

al

resoluciones

recaídas

en

procedimientos de jurisdicción voluntaria.

El caso ante nos cae en esa categoría.

El

testamento

es

un

acto

formal o solemne (ad solemnitates). La última voluntad expresada de otra

manera no tiene valor ante la ley, ya que por mandato del Legislador la

forma es esencial al acto jurídico. Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera,

108 D.P.R. 733 (1979). Respecto al testamento ológrafo, su validez queda

estrictamente

atada

a

las

siguientes

formalidades:

todo

escrito

y

firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se

otorgue y si tuviera palabras tachadas, enmendadas o entre renglones,

salvadas

por

el

testador

bajo

su

firma.

Art.

367

Código

Civil,

31

L.P.R.A. 2161. La “[f]ormalidad es cada requisito particular sin los

cuales el testamento no nace a la vida jurídica.” González Tejera,

Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Vol. II, San Juan, pág. 105 (1983).

Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742 (1954).

En lo pertinente a la formalidad de autografía (escrito todo de

mano propia) y a la firma, la comprobación de la identidad del testador

se verificará mediante el procedimiento de adveración. El testamento

ológrafo,

como

documento

privado

carece

de

eficacia

jurídica

mortis

causa hasta tanto no culmine el procedimiento ex parte de adveración y

protocolización. González Tejera, op. cit., pág. 129. Sin embargo, este

“1. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

determinar que la Ley de la Judicatura de 1994 según enmendada

le concede competencia para revisar por vía de certiorari una

resolución final del Tribunal de Primera Instancia acordando

la protocolización de un testamento ológrafo.

2. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

descartar las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera

Instancia y considerar que no se había autenticado debidamente

por los testimonios presentados los testamentos ológrafos cuya

protocolización se interesaba.

3. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al

considerar un recurso sobre un asunto académico.”

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7

procedimiento tiene un doble carácter, a saber, verificar la autografía

y firma, y segundo, autorizar su protocolización. El Art. 654 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. 2191, dispone que “[l]os testamentos otorgados sin la

autorización del notario serán ineficaces si no se elevan a escritura

pública y se protocolizen....” En vista de este precepto no podemos

caracterizar como meramente procesal la protocolización; en su fondo

goza de esencialidad formal.

El trámite implica -luego de la presentación del documento y la

acreditación del fallecimiento de su autor- que el Tribunal de Primera

Instancia

cite

al

cónyuge

ascendientes

y,

en

su

comparecencia

de

tres

supérstite,

defecto,

testigos

los

que

de

haberlo,

hermanos.4

conozcan

la

descendientes

Es

letra

y

necesaria

la

y

del

firma

causante para dar comienzo al mismo.5

Presentado el testamento y acreditado el deceso, el juez rubricará,

conjuntamente con el Notario, todos sus folios y, de quedar convencido

que la letra y firma pertenece a quien se le atribuye, ordenará su

protocolización. El convencimiento de la autografía del testamento la

obtendrá

a

base

de

los

testimonios

vertidos

por

los

testigos.

No

obstante, el juez puede ordenar el cotejo pericial de las letras, de

creerlo necesario, así como

exigir

prueba

de

peritos calígrafos.6

Además, los

interesados pueden hacer observaciones oportunas relacionadas con la

letra y firma del testador; sin embargo, ello no impone al juzgador el

deber de autorizar un interrogatorio ni abrir las puertas para dilucidar

asuntos distintos a la autografía. Cabassa Vda. de Fajardo v. Corte, 47

D.P.R. 372 (1934).

III

4

Art. 642 Código Civil, 31 L.P.R.A. 2166.

5

Art. 641 Código Civil, 31 L.P.R.A. 2165.

6

Id.

CC-1997-917

8

Antes de la aprobación del citado Art. 4.002(e) de la Ley de la

Judicatura de 1994, los interesados en

ya

por

autenticidad

como

cuestionar

el

testamento

-

CC-1997-917

9

contenido-, podían promover juicio. La disponibilidad de esta acción

civil ordinaria significaba que la validez del testamento así como el

procedimiento

de

adveración

y

protocolización

no

se

transformaba

en

contencioso. Cabassa Vda. de Fajardo v. Corte, supra.

Inicialmente,

nuestra

jurisprudencia

pasada

admitió

apelaciones

contra la negativa de una solicitud de protocolización sin siquiera

problematizarse su revisión. Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241 (1925);

Ex Parte Planis v. El Pueblo, 42 D.P.R. 689 (1931). Sin embargo en Ex

parte Collazo, 45 D.P.R. 609 (1933), confrontamos la interrogante sobre

la

viabilidad

de

esa

“revisión”

y

resolvimos

que

una

resolución

autorizando o no la protocolización era inapelable.

Las mismas razones que entonces pesaron para esa solución, nos

mueven hoy a apartarnos y revocar dicha norma: primero, la resolución no

constituye

sentencia

definitiva,

y

segundo,

la

autorización

de

la

Asamblea Legislativa.

En su versión original, inalterada hasta el presente, el Art. 643

del Código Civil no concedía (ni concede) recurso alguno contra la

autorización

o

denegatoria

de

protocolización.

La

única

vía

en

que

quedaban a salvo los derechos de los afectados, bajo el ordenamiento

vigente hasta 1994, era mediante juicio declarativo, no porque fuera la

única forma concebible, sino porque era la

exclusivamente autorizada

por el Legislador.

Sin embargo, hemos visto que la Ley de la Judicatura de 1994,

proveyó un certiorari para los interesados revisar los procedimientos de

jurisdicción voluntaria, como lo es la autorización o denegatoria de

protocolización del testamento ológrafo.

Este vehículo procesal, a diferencia de una apelación en juicio

ordinario,

puede

determinación

de

sobre

forma

la

expedita

autografía

revisar

o

el

la

corrección

procedimiento

de

una

mismo

de

adveración. Sabido es que el certiorari es un recurso discrecional, que

viabiliza la justa y pronta adjudicación. Por un lado, está disponible

el

mecanismo

de

orden

para

mostrar

causa,

de

comparada

utilidad

y

CC-1997-917

10

eficacia; por otro, si careciera de méritos, puede ser resuelto mediante

breve resolución explicativa.

Cuando lo confrontamos con el juicio declarativo ordinario y una

eventual

apelación

-en

que

se

puede

cuestionar

la

autenticidad

del

testamento respecto a la firma del causante, pero además, la validez de

su

contenido,

capacidad

del

testador,

observancia

de

requisitos

formales, veracidad de la fecha, etc., (distribución, mandas, legados,

etc.)-, es evidente que se demorará inevitablemente la determinación

final.

La comprobación de la identidad de la firma del testador, en unión

a

la

autorización

inmediatos7

que,

de

de

protocolización,

cerrarse

genera

inmediatamente

las

ciertos

puertas

derechos

apelativas,

quedarían afectados. No podemos suscribir ese curso decisorio, que para

todos efectos, en este extremo, anula el certiorari establecido por la

Ley de la Judicatura.8

Concluimos

que

el

Tribunal

de

Circuito

tenía

jurisdicción

para

discrecionalmente, vía certiorari, ejercer su facultad revisora.

Por ejemplo: los herederos instituidos en el testamento se reputan

frente a todo el mundo como tales y los derechos sucesorios de los

herederos testamentarios sobre bienes inmuebles del causante pueden ser

anotados en el Registro de la Propiedad.

7

Bajo la tesis tradicional, el Poder Judicial sólo puede adjudicar

“controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen

interés real en obtener un remedio” -E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552

(1958)-. Es respetable pues, la perspectiva de algunos juristas y

abogados que sostienen que el certiorari que nos ocupa, es innecesario y

carece de lógica.

8

Frente a esa postura, otros aducen que la visión original ha

quedado un tanto rezagada con el advenimiento en las últimas décadas de

todo un esquema legislativo y jurídico apuntalado en el derecho

administrativo. Por vía de ejemplo, la Ley de Asuntos No Contenciosos

Ante Notario -Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999-, asigna a los

notarios competencia concurrente con los Tribunales, para atender

algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria. (Arts. 2 y 3).

El planteamiento en su fondo, no planteado directamente en

este

recurso, conllevaría examinar la validez constitucional del Art. 4.002

(e) de la Ley de la Judicatura. Basado en la doctrina de los límites de

la

revisión

judicial

-los

tribunales

no

debemos

enjuiciar

la

constitucionalidad de un estatuto a menos que sea estrictamente

necesario-, nos abstenemos de explorar esa ruta decisoria.

CC-1997-917

11

Los restantes dos señalamientos de error no ameritan discusión. Es

obvio que el testigo Cruz Colón no satisfizo

el criterio de idoneidad

en el extremo de certificar la escritura del testador. Y ciertamente el

recurso no era académico

Ese

por

haberse realizado

la protocolización.

CC-1997-917

12

trámite erróneo no es irrevocable y fue atendido satisfactoriamente en

el mandato del Tribunal de Circuito.

Se dictará Sentencia confirmatoria.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

CC-1997-917

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ab Intestato:

Alfonso Modesto Lugo

Rodríguez

Ex Parte

Lionel Lugo Rodríguez

CC-1998-917

Certiorari

Peticionario-Recurrente

Carmen Herminia Lugo

Rodríguez

Interventora-Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta sentencia y confirma la del Tribunal de

Circuito de Apelaciones de fecha 31 de agosto de 1998.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión

escrita. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió

Opinión Disidente a la cual se une el Juez Asociado señor

Hernández Denton.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1997-917

14

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

AB Intestado:

Alfonso Modesto Lugo

Rodríguez

Ex Parte

Lionel Lugo Rodríguez

CC-1998-917

Peticionario-Recurrente

Carmen Herminia Lugo

Rodríguez

Interventora-Recurrida

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río a cual

se une el Juez Asociado señor Hernández Denton.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2000.

La Opinión mayoritaria de este Tribunal resuelve

que el artículo 4.002(e) de la Ley de la Judicatura de

Puerto

Rico

de

1994,

4

L.P.R.A.

sec.

22

k(e)

(Supl.

1998), le da facultad al foro apelativo intermedio para

revisar, mediante certiorari, una resolución final del

Tribunal de Primera Instancia autorizando o denegando la

adveración y protocolización de un testamento ológrafo.

La

mayoría

concluye

que

la

intención

legislativa

al

aprobar el referido artículo fue dejar sin efecto a Ex

Parte Collazo, 45 D.P.R. 609 (1933), donde resolvimos que

una resolución a esos efectos es inapelable.

CC-1998-917

La

15

mayoría

también

entiende

que

la

aprobación

del

artículo

4.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra,

constituyó

un

mecanismo

procesal

alterno

impugnación

para

aquella

parte

resolución.

Por

último,

sostiene

que

a

pueda

que

la

acción

verse

la

ordinaria

afectada

por

protocolización

de

dicha

de

un

testamento ológrafo no es meramente un trámite procesal sino que, en su

fondo, goza de esencialidad formal.

Disentimos

de

la

Opinión

mayoritaria

por

entender

que

la

resolución acordando o denegando la adveración y la protocolización de

un

testamento

ológrafo

no

es

revisable.

Disentimos,

además,

porque

entendemos que la aprobación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico

de 1994, supra, no tuvo el propósito de revocar a Ex Parte Collazo,

supra, ni de crear otro remedio en ley, adicional a la acción ordinaria

de impugnación de un testamento.

I

El recurso instado en el caso de epígrafe solicita la revocación

del dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el cual

dicho foro resolvió que es revisable mediante certiorari una resolución

del tribunal de instancia ordenando la adveración y protocolización de

un testamento ológrafo, en virtud del artículo 4.002(e) de la Ley de la

Judicatura

tribunal

de

Puerto

apelativo

Rico

dejó

de

1994,

supra.

sin

efecto

la

Al

así

adveración

dictaminar,

y

orden

el

de

protocolización autorizada por el tribunal de instancia y ordenó la

celebración de una nueva vista de adveración a la que comparezcan tres

testigos que conozcan la letra y firma del testador.

No conforme, el peticionario acude ante nos mediante petición de

certiorari. Señala que el foro apelativo cometió los siguientes errores:

“[e]rró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones

al determinar que la Ley de la Judicatura de 1994 según

enmendada le concede competencia para revisar por vía de

certiorari una resolución final del Tribunal de Primera

Instancia acordando la protocolización de un testamento

ológrafo.

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones

al descartar las determinaciones de hecho del Tribunal de

CC-1998-917

16

Primera

Instancia

y

considerar

que

no

se

había

autenticado debidamente por los testimonios presentados

los

testamentos

ológrafos

cuya

protocolización

se

interesaba.

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones

al considerar un recurso sobre un asunto académico.”

II

El artículo 616 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

2121, define testamento como:

“[e]l acto por el cual una persona dispone para después

de su muerte de todos sus bienes, o de parte de

ellos....”

En cuanto al testamento ológrafo, el artículo 627 de nuestro Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2143, establece que:

“[s]e llama ológrafo el testamento cuando el testador lo

escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos

que se determinan en la sec. 2161 de este título.”9

Con respecto a la presentación del testamento, el artículo 640 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2164, establece que:

“[l]a persona en cuyo poder se halle depositado dicho

testamento deberá presentarlo al Tribunal Superior luego

que tenga noticia de la muerte del testador; y no

verificándolo dentro de los diez días siguientes, será

responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen

por la dilación.

También podrá presentarlo cualquiera

interés en el testamento como heredero,

albacea o en cualquier otro concepto.”

que tenga

legatario,

Tras la presentación y prueba del fallecimiento del otorgante, se

llevarán a cabo las diligencias relativas a la adveración del testamento

ológrafo. Sobre dicho asunto, el artículo 641 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2165, dispone que:

“[p]resentado el testamento ológrafo, y acreditado el

fallecimiento

del

testador,

el

Tribunal

Superior

procederá a su lectura en audiencia pública y en día y

9

La citada sección 2161 corresponde al artículo 637 de nuestro Código

Civil la cual dispone quiénes pueden otorgar un testamento ológrafo. A

esos fines, establece que:

“[e]l testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por personas

mayores de edad.

Para que sea válido este testamento, deberá estar escrito

todo y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día

en que se otorgue.

Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre

renglones, las salvará el testador bajo su firma.”

CC-1998-917

17

hora señalados al efecto, dentro del segundo día a más

tardar, abriéndolo si estuviere en pliego cerrado,

rubricándolo los jueces con el notario en todas las

hojas, y comprobando acto continuo su identidad por

medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del

testador, y declaren que no abrigan duda racional de

hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia

del mismo.

A falta de testigos idóneos, o si dudan los

examinados, y siempre que el Tribunal Superior lo estime

conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el cotejo

pericial de letras.”

Justificada

la

identidad

del

testamento,

el

procedimiento

subsiguiente se rige por el artículo 643 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 2167, que en lo pertinente establece que:

“[s]i

el

Tribunal

Superior

estima

justificada

la

identidad del testamento, acordará que se protocolice,

con copia certificada de las diligencias practicadas en

los registros del notario que los interesados designen,

por el cual se librarán las copias o testimonios que

procedan, que constituirán título bastante para la

inscripción, total o parcial, en el registro de la

propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la

herencia.

Si

no

hubiese

conformidad

entre

los

interesados, o si el notario designado por éstos

estuviere incapacitado por alguna de las causas que

señala la Ley Notarial, entonces la corte designará

libremente un notario que tenga oficina abierta en su

distrito.

Cualquiera que sea la resolución del Tribunal

Superior, se llevará a efecto, no obstante oposición,

quedando a salvo los derechos de los interesados para

ejercitarlos en el juicio que corresponda.” (Énfasis

nuestro.)

En

torno

a

la

protocolización

de

un

testamento

ológrafo,

el

artículo 639 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2163, añade que:

“[e]l

testamento

ológrafo

deberá

protocolizarse,

presentándolo con este objeto a la sala del Tribunal

Superior del último domicilio del testador, o a la del

lugar en que éste hubiese fallecido, si el fallecimiento

hubiere tenido lugar en Puerto Rico, dentro de cinco años

contados desde el día del fallecimiento. Sin este

requisito, no será válido.”

Sobre

el

protocolización,

particular,

el

Manresa

testamento

nos

adquiere

comenta

la

que,

cualidad

de

mediante

la

instrumento

público y, por ende, será considerado como la verdadera y legítima

CC-1998-917

18

disposición testamentaria del otorgante, hasta tanto no fuere declarada

nula o ineficaz, parcial o totalmente.10

Así mismo añade que:

“[p]ero téngase presente que si bien el juez habrá de

tomar en consideración dichas observaciones para formar

su juicio sobre la identidad del testamento, aunque se

hagan con el carácter de oposición, y aunque se formule

ésta por escrito, tal oposición no puede producir en

ningún caso el efecto de hacer contencioso el expediente

de jurisdicción voluntaria, ni el de impedir que el juez

dicte la resolución que estime procedente otorgando o

negando

la

protocolización

del

testamento

cerrado.

Cualquiera que sea esta resolución, ha de llevarse a

efecto, no obstante la oposición, quedando a salvo el

derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio

que corresponda, como se ordena en el párrafo 2° del

artículo 693. Dicho juicio, para impugnar o sostener la

identidad y validez del testamento, habrá de ser, por

regla general, el ordinario de mayor cuantía.”11 (Énfasis

nuestro.)

10

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed.,

Madrid, Reus, S. A., 1972, t. V, pág. 694.

11

Íd., págs. 701-702.

CC-1998-917

19

Por su parte, el profesor Vélez Torres manifiesta que:

“[e]l procedimiento de adveración y protocolización es

uno que no impide que cualquier persona interesada en

promover la nulidad o inefectividad del testamento, o de

alguna de sus cláusulas, lo haga en el correspondiente

juicio plenario.

....

En otras palabras, el hecho de que un tribunal

ordene protocolizar un documento como testamento ológrafo

conforme dispone el Código no tiene el efecto de afectar

posibles

derechos

de

terceros.

Estos,

si

así

lo

consideran conveniente a sus derechos, pueden reclamar lo

que corresponda. Pero tal reclamación no procede en el

procedimiento de jurisdicción voluntaria que autoriza el

Código con el fin de convertir en público un documento

privado

que

contiene

el

testamento

ológrafo.

El

procedimiento de jurisdicción voluntaria no es, pues,

apelable; no constituye cosa juzgada; no quita ni da

derechos, etc. Si alguien no está conforme con lo que,

supuestamente, el testador ordena, tiene un recurso:

reclamar judicialmente por la vía ordinaria, en juicio

adversativo, conforme al procedimiento que autorizan las

vigentes reglas de enjuiciamiento civil.”12

Así también, el tratadista español Manuel Albaladejo sostiene que:

“[c]omo se ve, de lo expuesto se deduce que el principal

fin perseguido por los anteriores trámites, es el de

adverar el testamento, es decir, certificar o dar por

cierto que realmente procede DE QUIEN aparentemente lo

otorgó (lo que se llama también comprobar su autenticidad

o identidad). Y si se estima testamento verdaderamente

procedente de dicha persona, entonces se ordena que se

incorpore a un protocolo notarial (que se protocolice).

Ahora bien, aunque, en rigor la adveración sea sólo

la comprobación de que el escrito es de quien se reputa

que lo otorgó, y aunque la ley haya contemplado

únicamente la constatación de esa procedencia, parece

razonable

que

(por

contradictorio

que

parezca

literalmente) sea facultad del juez desestimar la

adveración

y

no

ordenar,

consiguientemente,

la

protocolización, si (aunque quede probado que procede de

quien se supone lo otorgó) el documento es evidentemente

inválido como testamento (por ejemplo carece de fecha).”13

(Bastardillas en el original.)

Posteriormente aclara que aquellos interesados que se opongan al

auto afirmando o denegando la protocolización tienen derecho a promover

el juicio correspondiente. Sin embargo, excluye la posibilidad de que

12

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 2da ed., San Juan, Revista

Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1992, t. IV,

vol. III, págs. 68-69.

13

M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Bosch, 1982, t. V,

pág. 230.

CC-1998-917

éstos

puedan

argumento

esté

20

recurrir

en

apelación

de

basado

en

un

sustantivo,

aspecto

dicho

dictamen,

como

lo

cuando

su

sería

la

impugnación por nulidad de testamento. Distinto sería si se tratase de

un planteamiento puramente procesal14 -como por ejemplo, la omisión de

citar a cualquier familiar del testador con derecho a presenciar la

adveración del testamento-, en cuyo caso, las partes podrían acudir al

tribunal apelativo. A esos fines discute que:

“[e]l legislador aquí nos está poniendo de relieve el

carácter eminentemente procesal de estas normas dictadas

para el testamento ológrafo, diferenciándolas de las

contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicables

al testamento cerrado en cuanto que, por principio,

excluye los posibles recursos de reposición, apelación y

queja

contra

el

auto

que

afirma

o

deniega

la

protocolización; por ello reputa provisionalmente firme

el auto de la decisión judicial y si existe oposición por

alguno de los interesados no les reserva otro derecho que

el de promover el juicio correspondiente, pero no el de

interponer contra la denegación ningún recurso de

carácter ordinario; cuestión íntimamente relacionada y

que surge como una consecuencia de la naturaleza de

jurisdicción

voluntaria

del

expediente

de

protocolización, en el que no cabe, aunque exista

oposición, que se convierta en contencioso; por ello,

toda impugnación se tramitará por medio de un nuevo

procedimiento que interpondrán los interesados en la

sucesión. Tema distinto será si aquélla se refiere a

posibles infracciones de procedimiento cometidas en la

tramitación del expediente, en cuyo caso sí se aplicará

para ella lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento

Civil.”15

Ahora bien, el artículo 598 del Código de Enjuiciamiento Civil de

Puerto Rico, 32 L.P.R.A. sec. 2591, dispone lo siguiente en cuanto a las

acciones para determinar la validez de un testamento:

“[c]uando se impugnare la validez de un testamento, por

haberse dejado de cumplir algunas de las formalidades

exigidas por la ley o carecer el testador de capacidad

para testar, aléguese o no la existencia de otro válido

de fecha posterior o anterior, podrá promoverse juicio

por cualquier heredero, o por un albacea o legatario

designado en el testamento cuya validez se intenta

probar, al objeto de averiguar si el finado dejó

testamento válido y en tal caso determinar el documento

en que se halla consignada su última voluntad.” (Énfasis

nuestro.)

Las normas procesales no tienen vida propia. Su propósito es

viabilizar la consecusión del derecho sustantivo de las partes. Núñez

González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134, 144 (1988).

15

M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,

Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1990, t. IX, vol. 1-A, pág.

482.

14

CC-1998-917

21

Por su parte, el inciso (e) del artículo 4.002 de la Ley de la

Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, establece lo siguiente en

torno a la competencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones para

revisar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en casos de

jurisdicción voluntaria:

“[m]ediante auto de certiorari expedido a su discreción,

revisará las resoluciones finales en procedimiento [sic]

de jurisdicción voluntaria, dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito

durante el proceso de su abolición. En estos casos, el

recurso de certiorari se formalizará presentando una

solicitud a tales efectos dentro de los treinta (30) días

siguientes

al

archivo

en

autos

de

copia

de

la

notificación

de

la

resolución.

Este

término

es

jurisdiccional.

La presentación de una moción de reconsideración

producirá en cuanto al término para solicitar un

certiorari bajo este inciso, el mismo efecto provisto por

las Reglas de Procedimiento Civil para los recursos de

apelación.”(Bastardillas en el original.)

Habida cuenta del carácter no contencioso de los procedimientos de

jurisdicción

voluntaria,

la

Regla

42.1

de

Procedimiento

Civil,

32

L.P.R.A. Ap. III, dispone que:

“[e]l

tribunal

tendrá

facultad

para

conocer

de

procedimientos de jurisdicción voluntaria, ex parte, que

son todos aquellos en que sea necesario, o se solicite,

la

intervención

del

juez,

sin

estar

empeñada

ni

promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y

determinadas, siempre que tenga jurisdicción sobre la

materia.” (Bastardillas en el original.)

En

Ex

Parte

Collazo,

supra,

se

suscitó

por

primera

vez

la

interrogante de si era o no apelable una resolución del Tribunal de

Distrito

de

Arecibo

ordenando

la

protocolización

de

un

testamento

ológrafo epistolar. Allí sostuvimos que la resolución de un tribunal de

distrito

acordando

o

denegando

la

protocolización

de

un

testamento

ológrafo no es apelable. Sobre el particular resolvimos que:

“[n]i las partes han citado ni nosotros hemos podido

encontrar decisión alguna de esta Corte que resuelva

directamente la cuestión planteada, pero el razonamiento

en el caso de Solá v. Solá, 30 D.P.R. 758 [1922] parece

aplicable para sostener que la apelación no existe.”16

(Bastardillas en el original.)

16

Huelga indicar que en Solá v. Solá, supra, dispusimos que contra una

resolución poniendo término a un expediente de incapacidad, no cabe

CC-1998-917

22

Allí también aclaramos que, aun cuando nuestro ordenamiento no

provee

para

apelable,

que

las

determinación

la

protocolización

personas

pueden

que

hacer

de

un

pudieran

valer

sus

testamento

ológrafo

verse

afectadas

derechos

mediante

por

un

sea

tal

juicio

ordinario. Así, pues, expresamos que:

“[a]sí sucede en este caso de la protocolización. Es

cierto que la medida tiene gran importancia. Ya hemos

visto que por disposición expresa de la ley las copias

constituirán título bastante para la inscripción, total o

parcial, en el registro de la propiedad, de los bienes

inmuebles en que consista la herencia, pero está limitada

también expresamente por la ley al reconocimiento de la

autenticidad inmediato [sic] del documento, quedando a

salvo los derechos de las personas a quienes pudiera

perjudicar que deberán hacerlos valer en el juicio

correspondiente.”

A esos mismos fines citamos a Vázquez v. Vázquez, 34

D.P.R. 241, 246 (1925), donde resolvimos que:

“[p]or otra parte, como la protocolización de un

testamento ológrafo es más bien un acto de jurisdicción

voluntaria

y

la

resolución

que

ordenando

la

protocolización se dicte no produce el efecto de cosa

juzgada, el derecho de los herederos forzosos que puedan

existir o de las personas que se crean perjudicadas queda

a salvo para recurrir al juicio ordinario.”17

A la luz de los principios esbozados, disentimos de la Opinión

mayoritaria.

III

En

el

presente

caso,

la

recurrida

impugnó

ante

el

tribunal

apelativo la idoneidad de los testigos que comparecieron a la vista de

adveración de los testamentos en cuestión. Por ser ello un planteamiento

sustantivo, no es revisable.

La mayoría de este Tribunal incide al concluir que, al amparo del

artículo 4.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994,

supra, la adveración y protocolización de un testamento ológrafo es un

procedimiento de jurisdicción voluntaria revisable mediante certiorari.

recurso de apelación;

no obstante el derecho de los interesados de

presentar demanda ordinaria.

17

Véase, además, Blanch v. Registrador, 59 D.P.R. 730, 736 (1942).

CC-1998-917

23

Además, incide al sostener que la aprobación de la citada ley dejó sin

efecto lo resuelto en Ex Parte Collazo, supra.

Por último, la Opinión mayoritaria erróneamente resuelve que la

parte que pueda verse afectada por la resolución aceptando o denegando

la protocolización de un testamento tiene dos remedios, a saber: la

acción ordinaria de impugnación de testamentos y el recurso discrecional

de

certiorari,

Judicatura

al

de

amparo

Puerto

del

Rico

artículo

de

1994,

4.002(e)

de

la

Ley

Discrepamos

supra.

de

de

la

dicha

interpretación. Ciertamente, la adveración y orden de protocolización de

un testamento ológrafo no es el tipo de procedimiento de jurisdicción

voluntaria

que

admite

revisión

por

disponible

a

la

parte

recurrida

inefectividad

de

los

testamentos

un

foro

apelativo.

El

es

el

de

promover

nulidad

en

cuestión

la

mediante

un

remedio

o

juicio

ordinario, al amparo del artículo 643 del Código Civil de Puerto Rico,

supra.

La conclusión de la mayoría de que la Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 1994, supra, dejó sin efecto lo resuelto en Ex Parte

Collazo, supra, no se justifica. Del Informe Conjunto de las Comisiones

de lo Jurídico Civil y de Gobierno de la Cámara de Representantes de 24

de octubre de 1995, supra, no surge tal intención legislativa. Se trata

de

una

ley

general

que

no

derogó

expresamente

lo

dispuesto

en

el

artículo 643 del Código Civil de Puerto Rico, supra, ni lo resuelto en

Ex Parte Collazo, supra.

Por las razones que anteceden, disentimos de la Opinión mayoritaria

por

entender

que

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

actuó

sin

jurisdicción al expedir el auto y ordenar la celebración de una nueva

vista de adveración a la que comparezcan tres testigos que conozcan

tanto

la

letra

como

la

firma

del

testador.

Así,

pues,

resulta

innecesario entrar a discutir los otros dos señalamientos de error.

Por

los

fundamentos

esbozados,

revocaríamos

el

dictamen

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones de 31 de agosto de 1998, dejando en

vigor, por inapelable, la Resolución del Tribunal de Primera Instancia

CC-1998-917

de 3 de abril

24

de 1998, sin perjuicio de los derechos de la recurrida, a

hacerlos valer en el juicio que corresponda.

BALTASAR CORRADA DEL RIO

Juez Asociado