Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ab Intestato: Alfonso Modesto Lugo Rodríguez
2000 TSPR 99
Poder Judicial de Puerto Rico
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Ab Intestato: Alfonso Modesto Lugo Rodríguez
CC-1998-0917
CC-1998-917
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ab Intestato:
Alfonso Modesto Lugo
Rodríguez
Ex Parte
Certiorari
Lionel Lugo Rodríguez
Peticionario-Recurrente
2000 TSPR 99
Carmen Herminia Lugo
Rodríguez
Interventora-Recurrida
Número del Caso: CC-1998-0917
Fecha: 28/junio/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Juez Ponente: Hon. Rafael Martínez Torres
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José Luis Novas Dueño
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Harry N. Padilla Martínez
Materia: Protocolización de Testamentos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CC-1998-917
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ab Intestato:
Alfonso Modesto Lugo
Rodríguez
Ex Parte
Lionel Lugo Rodríguez
CC-1998-917
Certiorari
Peticionario-Recurrente
Carmen Herminia Lugo
Rodríguez
Interventora-Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2000
I
Alfonso M. Lugo Rodríguez falleció el 12 de diciembre
de 1996, en cuyo momento le sobrevivieron sus hijos Carmen
H. Lugo y Lionel Lugo.
El
7
de
enero
de
1997,
Lionel
presentó
ante
el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez
(Civil
Núm.
testamentarias.
padre
y
IJV97-0001),
Solicitó
nombrara
albacea
se
asunto
ratificara
del
caudal
sobre
el
cartas
deseo
relicto.
de
su
Basó
su
pedido en un testamento abierto otorgado, el 29 de abril
de 1993, en Ponce, mediante la escritura Núm. 49, ante el
notario público Raúl Ramos Torres.
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3
Días después, el 24 de enero, Carmen solicitó la protocolización de
un testamento ológrafo en el Tribunal de Primera Instancia, Subsección
de
Distrito,
Sala
de
San
Germán
(Civil
Núm.
CD97-51).
En
dicho
testamento se revocaba el abierto del 1993, y se designaban a los dos
hermanos herederos en partes iguales.
El 25 de marzo, Lionel solicitó al Tribunal de Primera Instancia,
Sala
Superior
de
San
Germán,
la
protocolización
de
dos
testamentos
ológrafos que alegadamente había dejado su padre. Los testamentos leen:
“Marzo 24, 1994. Es mi deseo cuando muera que el testamento de abril de
1993 sea válido. Alfonso Lugo”.
“Abril 24, 1994. Es mi deseo al morir
que el testamento de abril de 1993 sea válido revocando al anterior.
Alfonso Lugo”.
En la vista para la adveración de estos testamentos ológrafos, se
presentaron
tres
testigos.
Lionel
fue
el
primero.
Señaló
que
los
documentos presentados eran escritos de puño y letra de su padre y no
albergaba dudas de su letra y firma. El segundo testigo, Cruz Colón
Lugo,
agrónomo
de
profesión
y
agricultor
testificó
que
conoció
al
causante a través de su trabajo. Además, fue uno de los testigos del
testamento
abierto
otorgado
en
Ponce
en
1993.
Al
mostrarle
los
documentos dijo que la firma era igual a la que vio en Ponce en 1993.
Sobre la letra, durante el contrainterrogatorio, admitió que había visto
al causante tomar notas, a unos tres pies de distancia, cuando él lo
orientaba
sobre
préstamos.
Eso
fue
lo
más
cerca
que
estuvo
de
sus
escritos; no obtuvo copia de las notas, tampoco las leyó, cotejó o
corrigió. Simplemente lo veía escribir a una distancia de unos tres
pies. Admitió que nunca había visto escribir al causante un texto tan
“extenso” como los testamentos que se le presentaron, sino tan sólo una
fecha
escrita.
El
último
testigo
presentado,
fue
Amilcar
Gutiérrez
Acosta. Declaró que fue empleado del causante desde julio de 1994.
Conocía su firma a través de los cheques que le expedía por concepto de
su salario. Sobre la letra, indicó que durante la vigencia de su empleo
el causante alegadamente le dio unas cinco o seis notas para hacer
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4
recados. De éstas, recordó sólo una cuyo contenido fue el siguiente:
manga, raíz, martillo y llave.1
Concluido el testimonio de los tres testigos, Lionel solicitó al
Tribunal que le permitiese presentar testimonio de un perito dado que el
testigo Cruz Colón “tuvo duda sobre el texto de los documentos...” El
Tribunal se negó ya que entendió que se había desfilado ante sí prueba
suficiente para resolver.
El 3 de abril, Instancia decretó que “no abriga[r] duda racional
alguna
de
que
dichos
documentos
(los
presentados
por
Lionel),
constituyen disposiciones de última voluntad, escritos y firmados por la
mano
de
Don
Alfonso
Modesto
Lugo
Rodríguez...”
Ordenó
su
protocolización.
Inconforme, Carmen presentó certiorari ante el Tribunal de Circuito
de Apelaciones. Adujo que Instancia erró al ordenar la protocolización
de los documentos, toda vez que no todos los testigos presentados para
identificarlos eran aptos ni idóneos. En oposición, Lionel solicitó la
desestimación del recurso amparado en la Regla 67 del Reglamento del
Tribunal de Circuito. Además, planteó que el recurso, en vista de que no
se habían protocolizados los testamentos, era académico.
El Tribunal de Circuito oportunamente rechazó los argumentos de
Lionel. Dictaminó que el asunto era revisable vía certiorari en virtud
del
Art.
4.002
(e)2
del
Plan
de
Reorganización
Núm.
1
de
la
Rama
La susodicha nota supuestamente se originó en una encomienda de
Lugo Rodríguez al testigo. Durante el contrainterrogatorio, se cuestionó
la necesidad o existencia del escrito, dado que el propio Lugo Rodríguez
acompañó al testigo a la ferretería. Se invocó esto, aparentemente, con
el fin de establecer la inexistencia de la nota y la subsiguiente
inferencia la falta de conocimiento de los rasgos caligráficos del
testador. Además, surge la interrogante ¿venden maíz en las ferreterías?
2
Reza:
1
“El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá en los
siguientes asuntos:
(a)
....
(e) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción,
revisará
las
resoluciones
finales
en
procedimiento
de
jurisdicción voluntaria, dictadas por el Tribunal de Primera
Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito durante el
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5
Judicial de 28 de julio de 1994, según enmendado conocido como “La Ley
de la Judicatura de Puerto Rico de 1994” (4 L.P.R.A. sec. 22k(e)).
Asimismo, ordenó a Lionel mostrar causa por la cual no debía expedirse
el auto. Lionel compareció.
Previa comparecencia de Lionel, el Tribunal de
Rossy
García,
Martínez
Torres
y
Rodríguez
García)
Circuito (Hons.
dictó
sentencia,
mediante la cual expidió el auto y ordenó la celebración de una vista de
adveración a la que comparezcan tres testigos que conozcan tanto la
letra como la firma del testador y se observen las demás exigencias del
Código Civil. Asimismo, ordenó la anulación de las inscripciones en el
protocolo del notario y en el Registro de Testamentos e, instruyó al
Tribunal de Instancia –una vez señalada la nueva vista de adveración-,
mandar a remover los testamentos del protocolo notarial y trasladarlos a
la
vista.
El
notario
prepararía
entonces
la
correspondiente
acta
aclaratoria. El foro intermedio basó su decisión, primero, reiterando
que tenía jurisdicción bajo la Ley de la Judicatura y en el hecho de que
el Art. 643 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2167 –que provee la
acción
ordinaria
legislativa
de
de
impugnación-,
reconocer
otro
no
deroga
mecanismo
la
evidente
intención
procesal
alterno.
Añadió
el
Tribunal, que el testigo Cruz Colón estaba imposibilitado de adverar el
texto del documento presentado, ya que admitió que sólo le era familiar
la firma del testador y que no había visto escrito alguno de éste, por
lo que no cumplía con los requisitos legales para ser considerado como
un testigo capacitado e idóneo para reconocer los rasgos caligráficos
del testador. Por último, dictaminó su facultad para ordenar anular el
otorgamiento.
Inconforme, Lionel acudió ante nos.3 Revisamos.
proceso de su abolición. En estos casos, el recurso de
certiorari se formalizará presentando una solicitud a tales
efectos dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo
en autos de copia de la notificación de la resolución. Este
término es jurisdiccional.” Énfasis suplido.
3
Discute los siguientes señalamientos:
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6
II
La
Ley
de
la
radicalmente
el
ordenamiento
autorizar
Judicatura
certioraris
para
la
de
1994,
Art.
procesal
hasta
revisión
de
4.002(e),
transformó
entonces
vigente
al
resoluciones
recaídas
en
procedimientos de jurisdicción voluntaria.
El caso ante nos cae en esa categoría.
El
testamento
es
un
acto
formal o solemne (ad solemnitates). La última voluntad expresada de otra
manera no tiene valor ante la ley, ya que por mandato del Legislador la
forma es esencial al acto jurídico. Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera,
108 D.P.R. 733 (1979). Respecto al testamento ológrafo, su validez queda
estrictamente
atada
a
las
siguientes
formalidades:
todo
escrito
y
firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se
otorgue y si tuviera palabras tachadas, enmendadas o entre renglones,
salvadas
por
el
testador
bajo
su
firma.
Art.
367
Código
Civil,
31
L.P.R.A. 2161. La “[f]ormalidad es cada requisito particular sin los
cuales el testamento no nace a la vida jurídica.” González Tejera,
Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Vol. II, San Juan, pág. 105 (1983).
Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742 (1954).
En lo pertinente a la formalidad de autografía (escrito todo de
mano propia) y a la firma, la comprobación de la identidad del testador
se verificará mediante el procedimiento de adveración. El testamento
ológrafo,
como
documento
privado
carece
de
eficacia
jurídica
mortis
causa hasta tanto no culmine el procedimiento ex parte de adveración y
protocolización. González Tejera, op. cit., pág. 129. Sin embargo, este
“1. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al
determinar que la Ley de la Judicatura de 1994 según enmendada
le concede competencia para revisar por vía de certiorari una
resolución final del Tribunal de Primera Instancia acordando
la protocolización de un testamento ológrafo.
2. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al
descartar las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera
Instancia y considerar que no se había autenticado debidamente
por los testimonios presentados los testamentos ológrafos cuya
protocolización se interesaba.
3. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al
considerar un recurso sobre un asunto académico.”
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7
procedimiento tiene un doble carácter, a saber, verificar la autografía
y firma, y segundo, autorizar su protocolización. El Art. 654 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. 2191, dispone que “[l]os testamentos otorgados sin la
autorización del notario serán ineficaces si no se elevan a escritura
pública y se protocolizen....” En vista de este precepto no podemos
caracterizar como meramente procesal la protocolización; en su fondo
goza de esencialidad formal.
El trámite implica -luego de la presentación del documento y la
acreditación del fallecimiento de su autor- que el Tribunal de Primera
Instancia
cite
al
cónyuge
ascendientes
y,
en
su
comparecencia
de
tres
supérstite,
defecto,
testigos
los
que
de
haberlo,
hermanos.4
conozcan
la
descendientes
Es
letra
y
necesaria
la
y
del
firma
causante para dar comienzo al mismo.5
Presentado el testamento y acreditado el deceso, el juez rubricará,
conjuntamente con el Notario, todos sus folios y, de quedar convencido
que la letra y firma pertenece a quien se le atribuye, ordenará su
protocolización. El convencimiento de la autografía del testamento la
obtendrá
a
base
de
los
testimonios
vertidos
por
los
testigos.
No
obstante, el juez puede ordenar el cotejo pericial de las letras, de
creerlo necesario, así como
exigir
prueba
de
peritos calígrafos.6
Además, los
interesados pueden hacer observaciones oportunas relacionadas con la
letra y firma del testador; sin embargo, ello no impone al juzgador el
deber de autorizar un interrogatorio ni abrir las puertas para dilucidar
asuntos distintos a la autografía. Cabassa Vda. de Fajardo v. Corte, 47
D.P.R. 372 (1934).
III
4
Art. 642 Código Civil, 31 L.P.R.A. 2166.
5
Art. 641 Código Civil, 31 L.P.R.A. 2165.
6
Id.
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8
Antes de la aprobación del citado Art. 4.002(e) de la Ley de la
Judicatura de 1994, los interesados en
ya
por
autenticidad
como
cuestionar
el
testamento
-
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9
contenido-, podían promover juicio. La disponibilidad de esta acción
civil ordinaria significaba que la validez del testamento así como el
procedimiento
de
adveración
y
protocolización
no
se
transformaba
en
contencioso. Cabassa Vda. de Fajardo v. Corte, supra.
Inicialmente,
nuestra
jurisprudencia
pasada
admitió
apelaciones
contra la negativa de una solicitud de protocolización sin siquiera
problematizarse su revisión. Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241 (1925);
Ex Parte Planis v. El Pueblo, 42 D.P.R. 689 (1931). Sin embargo en Ex
parte Collazo, 45 D.P.R. 609 (1933), confrontamos la interrogante sobre
la
viabilidad
de
esa
“revisión”
y
resolvimos
que
una
resolución
autorizando o no la protocolización era inapelable.
Las mismas razones que entonces pesaron para esa solución, nos
mueven hoy a apartarnos y revocar dicha norma: primero, la resolución no
constituye
sentencia
definitiva,
y
segundo,
la
autorización
de
la
Asamblea Legislativa.
En su versión original, inalterada hasta el presente, el Art. 643
del Código Civil no concedía (ni concede) recurso alguno contra la
autorización
o
denegatoria
de
protocolización.
La
única
vía
en
que
quedaban a salvo los derechos de los afectados, bajo el ordenamiento
vigente hasta 1994, era mediante juicio declarativo, no porque fuera la
única forma concebible, sino porque era la
exclusivamente autorizada
por el Legislador.
Sin embargo, hemos visto que la Ley de la Judicatura de 1994,
proveyó un certiorari para los interesados revisar los procedimientos de
jurisdicción voluntaria, como lo es la autorización o denegatoria de
protocolización del testamento ológrafo.
Este vehículo procesal, a diferencia de una apelación en juicio
ordinario,
puede
determinación
de
sobre
forma
la
expedita
autografía
revisar
o
el
la
corrección
procedimiento
de
una
mismo
de
adveración. Sabido es que el certiorari es un recurso discrecional, que
viabiliza la justa y pronta adjudicación. Por un lado, está disponible
el
mecanismo
de
orden
para
mostrar
causa,
de
comparada
utilidad
y
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10
eficacia; por otro, si careciera de méritos, puede ser resuelto mediante
breve resolución explicativa.
Cuando lo confrontamos con el juicio declarativo ordinario y una
eventual
apelación
-en
que
se
puede
cuestionar
la
autenticidad
del
testamento respecto a la firma del causante, pero además, la validez de
su
contenido,
capacidad
del
testador,
observancia
de
requisitos
formales, veracidad de la fecha, etc., (distribución, mandas, legados,
etc.)-, es evidente que se demorará inevitablemente la determinación
final.
La comprobación de la identidad de la firma del testador, en unión
a
la
autorización
inmediatos7
que,
de
de
protocolización,
cerrarse
genera
inmediatamente
las
ciertos
puertas
derechos
apelativas,
quedarían afectados. No podemos suscribir ese curso decisorio, que para
todos efectos, en este extremo, anula el certiorari establecido por la
Ley de la Judicatura.8
Concluimos
que
el
Tribunal
de
Circuito
tenía
jurisdicción
para
discrecionalmente, vía certiorari, ejercer su facultad revisora.
Por ejemplo: los herederos instituidos en el testamento se reputan
frente a todo el mundo como tales y los derechos sucesorios de los
herederos testamentarios sobre bienes inmuebles del causante pueden ser
anotados en el Registro de la Propiedad.
7
Bajo la tesis tradicional, el Poder Judicial sólo puede adjudicar
“controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen
interés real en obtener un remedio” -E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552
(1958)-. Es respetable pues, la perspectiva de algunos juristas y
abogados que sostienen que el certiorari que nos ocupa, es innecesario y
carece de lógica.
8
Frente a esa postura, otros aducen que la visión original ha
quedado un tanto rezagada con el advenimiento en las últimas décadas de
todo un esquema legislativo y jurídico apuntalado en el derecho
administrativo. Por vía de ejemplo, la Ley de Asuntos No Contenciosos
Ante Notario -Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999-, asigna a los
notarios competencia concurrente con los Tribunales, para atender
algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria. (Arts. 2 y 3).
El planteamiento en su fondo, no planteado directamente en
este
recurso, conllevaría examinar la validez constitucional del Art. 4.002
(e) de la Ley de la Judicatura. Basado en la doctrina de los límites de
la
revisión
judicial
-los
tribunales
no
debemos
enjuiciar
la
constitucionalidad de un estatuto a menos que sea estrictamente
necesario-, nos abstenemos de explorar esa ruta decisoria.
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11
Los restantes dos señalamientos de error no ameritan discusión. Es
obvio que el testigo Cruz Colón no satisfizo
el criterio de idoneidad
en el extremo de certificar la escritura del testador. Y ciertamente el
recurso no era académico
Ese
por
haberse realizado
la protocolización.
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12
trámite erróneo no es irrevocable y fue atendido satisfactoriamente en
el mandato del Tribunal de Circuito.
Se dictará Sentencia confirmatoria.
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA
Juez Asociado
CC-1997-917
13
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ab Intestato:
Alfonso Modesto Lugo
Rodríguez
Ex Parte
Lionel Lugo Rodríguez
CC-1998-917
Certiorari
Peticionario-Recurrente
Carmen Herminia Lugo
Rodríguez
Interventora-Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta sentencia y confirma la del Tribunal de
Circuito de Apelaciones de fecha 31 de agosto de 1998.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión
escrita. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió
Opinión Disidente a la cual se une el Juez Asociado señor
Hernández Denton.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-1997-917
14
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
AB Intestado:
Alfonso Modesto Lugo
Rodríguez
Ex Parte
Lionel Lugo Rodríguez
CC-1998-917
Peticionario-Recurrente
Carmen Herminia Lugo
Rodríguez
Interventora-Recurrida
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río a cual
se une el Juez Asociado señor Hernández Denton.
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2000.
La Opinión mayoritaria de este Tribunal resuelve
que el artículo 4.002(e) de la Ley de la Judicatura de
Puerto
Rico
de
1994,
4
L.P.R.A.
sec.
22
k(e)
(Supl.
1998), le da facultad al foro apelativo intermedio para
revisar, mediante certiorari, una resolución final del
Tribunal de Primera Instancia autorizando o denegando la
adveración y protocolización de un testamento ológrafo.
La
mayoría
concluye
que
la
intención
legislativa
al
aprobar el referido artículo fue dejar sin efecto a Ex
Parte Collazo, 45 D.P.R. 609 (1933), donde resolvimos que
una resolución a esos efectos es inapelable.
CC-1998-917
La
15
mayoría
también
entiende
que
la
aprobación
del
artículo
4.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra,
constituyó
un
mecanismo
procesal
alterno
impugnación
para
aquella
parte
resolución.
Por
último,
sostiene
que
a
pueda
que
la
acción
verse
la
ordinaria
afectada
por
protocolización
de
dicha
de
un
testamento ológrafo no es meramente un trámite procesal sino que, en su
fondo, goza de esencialidad formal.
Disentimos
de
la
Opinión
mayoritaria
por
entender
que
la
resolución acordando o denegando la adveración y la protocolización de
un
testamento
ológrafo
no
es
revisable.
Disentimos,
además,
porque
entendemos que la aprobación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico
de 1994, supra, no tuvo el propósito de revocar a Ex Parte Collazo,
supra, ni de crear otro remedio en ley, adicional a la acción ordinaria
de impugnación de un testamento.
I
El recurso instado en el caso de epígrafe solicita la revocación
del dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el cual
dicho foro resolvió que es revisable mediante certiorari una resolución
del tribunal de instancia ordenando la adveración y protocolización de
un testamento ológrafo, en virtud del artículo 4.002(e) de la Ley de la
Judicatura
tribunal
de
Puerto
apelativo
Rico
dejó
de
1994,
supra.
sin
efecto
la
Al
así
adveración
dictaminar,
y
orden
el
de
protocolización autorizada por el tribunal de instancia y ordenó la
celebración de una nueva vista de adveración a la que comparezcan tres
testigos que conozcan la letra y firma del testador.
No conforme, el peticionario acude ante nos mediante petición de
certiorari. Señala que el foro apelativo cometió los siguientes errores:
“[e]rró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones
al determinar que la Ley de la Judicatura de 1994 según
enmendada le concede competencia para revisar por vía de
certiorari una resolución final del Tribunal de Primera
Instancia acordando la protocolización de un testamento
ológrafo.
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones
al descartar las determinaciones de hecho del Tribunal de
CC-1998-917
16
Primera
Instancia
y
considerar
que
no
se
había
autenticado debidamente por los testimonios presentados
los
testamentos
ológrafos
cuya
protocolización
se
interesaba.
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones
al considerar un recurso sobre un asunto académico.”
II
El artículo 616 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.
2121, define testamento como:
“[e]l acto por el cual una persona dispone para después
de su muerte de todos sus bienes, o de parte de
ellos....”
En cuanto al testamento ológrafo, el artículo 627 de nuestro Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2143, establece que:
“[s]e llama ológrafo el testamento cuando el testador lo
escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos
que se determinan en la sec. 2161 de este título.”9
Con respecto a la presentación del testamento, el artículo 640 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2164, establece que:
“[l]a persona en cuyo poder se halle depositado dicho
testamento deberá presentarlo al Tribunal Superior luego
que tenga noticia de la muerte del testador; y no
verificándolo dentro de los diez días siguientes, será
responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen
por la dilación.
También podrá presentarlo cualquiera
interés en el testamento como heredero,
albacea o en cualquier otro concepto.”
que tenga
legatario,
Tras la presentación y prueba del fallecimiento del otorgante, se
llevarán a cabo las diligencias relativas a la adveración del testamento
ológrafo. Sobre dicho asunto, el artículo 641 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2165, dispone que:
“[p]resentado el testamento ológrafo, y acreditado el
fallecimiento
del
testador,
el
Tribunal
Superior
procederá a su lectura en audiencia pública y en día y
9
La citada sección 2161 corresponde al artículo 637 de nuestro Código
Civil la cual dispone quiénes pueden otorgar un testamento ológrafo. A
esos fines, establece que:
“[e]l testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por personas
mayores de edad.
Para que sea válido este testamento, deberá estar escrito
todo y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día
en que se otorgue.
Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre
renglones, las salvará el testador bajo su firma.”
CC-1998-917
17
hora señalados al efecto, dentro del segundo día a más
tardar, abriéndolo si estuviere en pliego cerrado,
rubricándolo los jueces con el notario en todas las
hojas, y comprobando acto continuo su identidad por
medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del
testador, y declaren que no abrigan duda racional de
hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia
del mismo.
A falta de testigos idóneos, o si dudan los
examinados, y siempre que el Tribunal Superior lo estime
conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el cotejo
pericial de letras.”
Justificada
la
identidad
del
testamento,
el
procedimiento
subsiguiente se rige por el artículo 643 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 2167, que en lo pertinente establece que:
“[s]i
el
Tribunal
Superior
estima
justificada
la
identidad del testamento, acordará que se protocolice,
con copia certificada de las diligencias practicadas en
los registros del notario que los interesados designen,
por el cual se librarán las copias o testimonios que
procedan, que constituirán título bastante para la
inscripción, total o parcial, en el registro de la
propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la
herencia.
Si
no
hubiese
conformidad
entre
los
interesados, o si el notario designado por éstos
estuviere incapacitado por alguna de las causas que
señala la Ley Notarial, entonces la corte designará
libremente un notario que tenga oficina abierta en su
distrito.
Cualquiera que sea la resolución del Tribunal
Superior, se llevará a efecto, no obstante oposición,
quedando a salvo los derechos de los interesados para
ejercitarlos en el juicio que corresponda.” (Énfasis
nuestro.)
En
torno
a
la
protocolización
de
un
testamento
ológrafo,
el
artículo 639 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2163, añade que:
“[e]l
testamento
ológrafo
deberá
protocolizarse,
presentándolo con este objeto a la sala del Tribunal
Superior del último domicilio del testador, o a la del
lugar en que éste hubiese fallecido, si el fallecimiento
hubiere tenido lugar en Puerto Rico, dentro de cinco años
contados desde el día del fallecimiento. Sin este
requisito, no será válido.”
Sobre
el
protocolización,
particular,
el
Manresa
testamento
nos
adquiere
comenta
la
que,
cualidad
de
mediante
la
instrumento
público y, por ende, será considerado como la verdadera y legítima
CC-1998-917
18
disposición testamentaria del otorgante, hasta tanto no fuere declarada
nula o ineficaz, parcial o totalmente.10
Así mismo añade que:
“[p]ero téngase presente que si bien el juez habrá de
tomar en consideración dichas observaciones para formar
su juicio sobre la identidad del testamento, aunque se
hagan con el carácter de oposición, y aunque se formule
ésta por escrito, tal oposición no puede producir en
ningún caso el efecto de hacer contencioso el expediente
de jurisdicción voluntaria, ni el de impedir que el juez
dicte la resolución que estime procedente otorgando o
negando
la
protocolización
del
testamento
cerrado.
Cualquiera que sea esta resolución, ha de llevarse a
efecto, no obstante la oposición, quedando a salvo el
derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio
que corresponda, como se ordena en el párrafo 2° del
artículo 693. Dicho juicio, para impugnar o sostener la
identidad y validez del testamento, habrá de ser, por
regla general, el ordinario de mayor cuantía.”11 (Énfasis
nuestro.)
10
Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed.,
Madrid, Reus, S. A., 1972, t. V, pág. 694.
11
Íd., págs. 701-702.
CC-1998-917
19
Por su parte, el profesor Vélez Torres manifiesta que:
“[e]l procedimiento de adveración y protocolización es
uno que no impide que cualquier persona interesada en
promover la nulidad o inefectividad del testamento, o de
alguna de sus cláusulas, lo haga en el correspondiente
juicio plenario.
....
En otras palabras, el hecho de que un tribunal
ordene protocolizar un documento como testamento ológrafo
conforme dispone el Código no tiene el efecto de afectar
posibles
derechos
de
terceros.
Estos,
si
así
lo
consideran conveniente a sus derechos, pueden reclamar lo
que corresponda. Pero tal reclamación no procede en el
procedimiento de jurisdicción voluntaria que autoriza el
Código con el fin de convertir en público un documento
privado
que
contiene
el
testamento
ológrafo.
El
procedimiento de jurisdicción voluntaria no es, pues,
apelable; no constituye cosa juzgada; no quita ni da
derechos, etc. Si alguien no está conforme con lo que,
supuestamente, el testador ordena, tiene un recurso:
reclamar judicialmente por la vía ordinaria, en juicio
adversativo, conforme al procedimiento que autorizan las
vigentes reglas de enjuiciamiento civil.”12
Así también, el tratadista español Manuel Albaladejo sostiene que:
“[c]omo se ve, de lo expuesto se deduce que el principal
fin perseguido por los anteriores trámites, es el de
adverar el testamento, es decir, certificar o dar por
cierto que realmente procede DE QUIEN aparentemente lo
otorgó (lo que se llama también comprobar su autenticidad
o identidad). Y si se estima testamento verdaderamente
procedente de dicha persona, entonces se ordena que se
incorpore a un protocolo notarial (que se protocolice).
Ahora bien, aunque, en rigor la adveración sea sólo
la comprobación de que el escrito es de quien se reputa
que lo otorgó, y aunque la ley haya contemplado
únicamente la constatación de esa procedencia, parece
razonable
que
(por
contradictorio
que
parezca
literalmente) sea facultad del juez desestimar la
adveración
y
no
ordenar,
consiguientemente,
la
protocolización, si (aunque quede probado que procede de
quien se supone lo otorgó) el documento es evidentemente
inválido como testamento (por ejemplo carece de fecha).”13
(Bastardillas en el original.)
Posteriormente aclara que aquellos interesados que se opongan al
auto afirmando o denegando la protocolización tienen derecho a promover
el juicio correspondiente. Sin embargo, excluye la posibilidad de que
12
Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 2da ed., San Juan, Revista
Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1992, t. IV,
vol. III, págs. 68-69.
13
M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Bosch, 1982, t. V,
pág. 230.
CC-1998-917
éstos
puedan
argumento
esté
20
recurrir
en
apelación
de
basado
en
un
sustantivo,
aspecto
dicho
dictamen,
como
lo
cuando
su
sería
la
impugnación por nulidad de testamento. Distinto sería si se tratase de
un planteamiento puramente procesal14 -como por ejemplo, la omisión de
citar a cualquier familiar del testador con derecho a presenciar la
adveración del testamento-, en cuyo caso, las partes podrían acudir al
tribunal apelativo. A esos fines discute que:
“[e]l legislador aquí nos está poniendo de relieve el
carácter eminentemente procesal de estas normas dictadas
para el testamento ológrafo, diferenciándolas de las
contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicables
al testamento cerrado en cuanto que, por principio,
excluye los posibles recursos de reposición, apelación y
queja
contra
el
auto
que
afirma
o
deniega
la
protocolización; por ello reputa provisionalmente firme
el auto de la decisión judicial y si existe oposición por
alguno de los interesados no les reserva otro derecho que
el de promover el juicio correspondiente, pero no el de
interponer contra la denegación ningún recurso de
carácter ordinario; cuestión íntimamente relacionada y
que surge como una consecuencia de la naturaleza de
jurisdicción
voluntaria
del
expediente
de
protocolización, en el que no cabe, aunque exista
oposición, que se convierta en contencioso; por ello,
toda impugnación se tramitará por medio de un nuevo
procedimiento que interpondrán los interesados en la
sucesión. Tema distinto será si aquélla se refiere a
posibles infracciones de procedimiento cometidas en la
tramitación del expediente, en cuyo caso sí se aplicará
para ella lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.”15
Ahora bien, el artículo 598 del Código de Enjuiciamiento Civil de
Puerto Rico, 32 L.P.R.A. sec. 2591, dispone lo siguiente en cuanto a las
acciones para determinar la validez de un testamento:
“[c]uando se impugnare la validez de un testamento, por
haberse dejado de cumplir algunas de las formalidades
exigidas por la ley o carecer el testador de capacidad
para testar, aléguese o no la existencia de otro válido
de fecha posterior o anterior, podrá promoverse juicio
por cualquier heredero, o por un albacea o legatario
designado en el testamento cuya validez se intenta
probar, al objeto de averiguar si el finado dejó
testamento válido y en tal caso determinar el documento
en que se halla consignada su última voluntad.” (Énfasis
nuestro.)
Las normas procesales no tienen vida propia. Su propósito es
viabilizar la consecusión del derecho sustantivo de las partes. Núñez
González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134, 144 (1988).
15
M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1990, t. IX, vol. 1-A, pág.
482.
14
CC-1998-917
21
Por su parte, el inciso (e) del artículo 4.002 de la Ley de la
Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, establece lo siguiente en
torno a la competencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones para
revisar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia en casos de
jurisdicción voluntaria:
“[m]ediante auto de certiorari expedido a su discreción,
revisará las resoluciones finales en procedimiento [sic]
de jurisdicción voluntaria, dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito
durante el proceso de su abolición. En estos casos, el
recurso de certiorari se formalizará presentando una
solicitud a tales efectos dentro de los treinta (30) días
siguientes
al
archivo
en
autos
de
copia
de
la
notificación
de
la
resolución.
Este
término
es
jurisdiccional.
La presentación de una moción de reconsideración
producirá en cuanto al término para solicitar un
certiorari bajo este inciso, el mismo efecto provisto por
las Reglas de Procedimiento Civil para los recursos de
apelación.”(Bastardillas en el original.)
Habida cuenta del carácter no contencioso de los procedimientos de
jurisdicción
voluntaria,
la
Regla
42.1
de
Procedimiento
Civil,
32
L.P.R.A. Ap. III, dispone que:
“[e]l
tribunal
tendrá
facultad
para
conocer
de
procedimientos de jurisdicción voluntaria, ex parte, que
son todos aquellos en que sea necesario, o se solicite,
la
intervención
del
juez,
sin
estar
empeñada
ni
promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y
determinadas, siempre que tenga jurisdicción sobre la
materia.” (Bastardillas en el original.)
En
Ex
Parte
Collazo,
supra,
se
suscitó
por
primera
vez
la
interrogante de si era o no apelable una resolución del Tribunal de
Distrito
de
Arecibo
ordenando
la
protocolización
de
un
testamento
ológrafo epistolar. Allí sostuvimos que la resolución de un tribunal de
distrito
acordando
o
denegando
la
protocolización
de
un
testamento
ológrafo no es apelable. Sobre el particular resolvimos que:
“[n]i las partes han citado ni nosotros hemos podido
encontrar decisión alguna de esta Corte que resuelva
directamente la cuestión planteada, pero el razonamiento
en el caso de Solá v. Solá, 30 D.P.R. 758 [1922] parece
aplicable para sostener que la apelación no existe.”16
(Bastardillas en el original.)
16
Huelga indicar que en Solá v. Solá, supra, dispusimos que contra una
resolución poniendo término a un expediente de incapacidad, no cabe
CC-1998-917
22
Allí también aclaramos que, aun cuando nuestro ordenamiento no
provee
para
apelable,
que
las
determinación
la
protocolización
personas
pueden
que
hacer
de
un
pudieran
valer
sus
testamento
ológrafo
verse
afectadas
derechos
mediante
por
un
sea
tal
juicio
ordinario. Así, pues, expresamos que:
“[a]sí sucede en este caso de la protocolización. Es
cierto que la medida tiene gran importancia. Ya hemos
visto que por disposición expresa de la ley las copias
constituirán título bastante para la inscripción, total o
parcial, en el registro de la propiedad, de los bienes
inmuebles en que consista la herencia, pero está limitada
también expresamente por la ley al reconocimiento de la
autenticidad inmediato [sic] del documento, quedando a
salvo los derechos de las personas a quienes pudiera
perjudicar que deberán hacerlos valer en el juicio
correspondiente.”
A esos mismos fines citamos a Vázquez v. Vázquez, 34
D.P.R. 241, 246 (1925), donde resolvimos que:
“[p]or otra parte, como la protocolización de un
testamento ológrafo es más bien un acto de jurisdicción
voluntaria
y
la
resolución
que
ordenando
la
protocolización se dicte no produce el efecto de cosa
juzgada, el derecho de los herederos forzosos que puedan
existir o de las personas que se crean perjudicadas queda
a salvo para recurrir al juicio ordinario.”17
A la luz de los principios esbozados, disentimos de la Opinión
mayoritaria.
III
En
el
presente
caso,
la
recurrida
impugnó
ante
el
tribunal
apelativo la idoneidad de los testigos que comparecieron a la vista de
adveración de los testamentos en cuestión. Por ser ello un planteamiento
sustantivo, no es revisable.
La mayoría de este Tribunal incide al concluir que, al amparo del
artículo 4.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994,
supra, la adveración y protocolización de un testamento ológrafo es un
procedimiento de jurisdicción voluntaria revisable mediante certiorari.
recurso de apelación;
no obstante el derecho de los interesados de
presentar demanda ordinaria.
17
Véase, además, Blanch v. Registrador, 59 D.P.R. 730, 736 (1942).
CC-1998-917
23
Además, incide al sostener que la aprobación de la citada ley dejó sin
efecto lo resuelto en Ex Parte Collazo, supra.
Por último, la Opinión mayoritaria erróneamente resuelve que la
parte que pueda verse afectada por la resolución aceptando o denegando
la protocolización de un testamento tiene dos remedios, a saber: la
acción ordinaria de impugnación de testamentos y el recurso discrecional
de
certiorari,
Judicatura
al
de
amparo
Puerto
del
Rico
artículo
de
1994,
4.002(e)
de
la
Ley
Discrepamos
supra.
de
de
la
dicha
interpretación. Ciertamente, la adveración y orden de protocolización de
un testamento ológrafo no es el tipo de procedimiento de jurisdicción
voluntaria
que
admite
revisión
por
disponible
a
la
parte
recurrida
inefectividad
de
los
testamentos
un
foro
apelativo.
El
es
el
de
promover
nulidad
en
cuestión
la
mediante
un
remedio
o
juicio
ordinario, al amparo del artículo 643 del Código Civil de Puerto Rico,
supra.
La conclusión de la mayoría de que la Ley de la Judicatura de
Puerto Rico de 1994, supra, dejó sin efecto lo resuelto en Ex Parte
Collazo, supra, no se justifica. Del Informe Conjunto de las Comisiones
de lo Jurídico Civil y de Gobierno de la Cámara de Representantes de 24
de octubre de 1995, supra, no surge tal intención legislativa. Se trata
de
una
ley
general
que
no
derogó
expresamente
lo
dispuesto
en
el
artículo 643 del Código Civil de Puerto Rico, supra, ni lo resuelto en
Ex Parte Collazo, supra.
Por las razones que anteceden, disentimos de la Opinión mayoritaria
por
entender
que
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
actuó
sin
jurisdicción al expedir el auto y ordenar la celebración de una nueva
vista de adveración a la que comparezcan tres testigos que conozcan
tanto
la
letra
como
la
firma
del
testador.
Así,
pues,
resulta
innecesario entrar a discutir los otros dos señalamientos de error.
Por
los
fundamentos
esbozados,
revocaríamos
el
dictamen
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones de 31 de agosto de 1998, dejando en
vigor, por inapelable, la Resolución del Tribunal de Primera Instancia
CC-1998-917
de 3 de abril
24
de 1998, sin perjuicio de los derechos de la recurrida, a
hacerlos valer en el juicio que corresponda.
BALTASAR CORRADA DEL RIO
Juez Asociado