LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Iris Meléndez Vega V. Caribbean International News, Gaspar Roca, José A. Purcell, etc.

2000 TSPR 101

Poder Judicial de Puerto Rico

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Iris Meléndez Vega V. Caribbean International News, Gaspar Roca, José A. Purcell, etc.

CC-2000-0275

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iris Meléndez Vega

Peticionaria

Certiorari

v.

2000 TSPR 101

Caribbean International News,

Gaspar Roca, José A. Purcell, etc.

Recurridos

Número del Caso: CC-2000-0275

Fecha: 29/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Héctor Urgell Cuevas

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José J. Alvarez González

Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Juan R. Marchand Quintero

Lcdo. Francisco Ortiz Santini

Abogados de Martha Marrero:

Lcdo. José Juan Nazario de la Rosa

Lcdo. Juan E. Santiago Nieves

Abogados de Héctor Santiago Rivera:

Lcdo. Héctor Santiago Rivera

Lcda. Sandra Santiago Rivera

Lcdo. Edwin Santiago Rivera

Materia: Acción Civil

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iris Meléndez Vega

Peticionaria

v.

CC-2000-275

Caribbean International News,

Gaspar Roca, José A. Purcell

y otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora NAVEIRA DE

RODÓN

San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2000

Mediante el presente recurso la peticionaria, la Fiscal

Iris Meléndez Vega (en adelante la Fiscal Meléndez), nos

solicita revoquemos la sentencia emitida el 14 de marzo de

2000

por

el

consecuencia,

Tribunal

que

de

Circuito

reinstalemos

de

la

Apelaciones

y,

determinación

en

del

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, mediante

la cual se descalificó al Lcdo. Juan R. Marchand Quintero

como

representante

de

Caribbean

International

José

A.

la

parte

News

Corporation,

Purcell

(en

demandada

recurrida,

Gaspar

adelante

Roca

y

El

CC-2000-275

Vocero).

3

Los hechos pertinentes a la resolución del

presente caso son sencillos y no están en controversia.

I

La descalificación del licenciado Marchand Quintero

ocurrió en un caso de daños y perjuicios por libelo y

difamación

instado

por

la

Fiscal

Meléndez

contra

El

Vocero de Puerto Rico y otros, Civil Núm. KDP-92-0574.

El litigio entre las partes en este caso ha sido intenso

y extenso.

Distintos incidentes procesales del pleito

han sido objeto de diversos recursos ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones y ante este Tribunal.

Desde sus

inicios en el 1992, han comparecido en representación

del

Vocero

dos

abogados:

el

Lcdo.

Juan

R.

Marchand

Quintero y el Lcdo. Francisco Ortiz Santini.

En los casi ocho (8) años que lleva pendiente de

resolución ante el foro de instancia, el caso ha sido

objeto

de

varias

reasignaciones

a

distintos

jueces

debido a inhibiciones o problemas de calendario.

vista

de

ello,

el

26

de

enero

de

2000

el

En

Honorable

Carlos Rivera Martínez, Juez Administrador del Centro

Judicial

de

San

Juan

asignó

el

caso

mediante

orden

administrativa al Honorable Víctor M. Rivera González.

Hasta ese momento habían intervenido un total de seis

(6) jueces y un (1) Comisionado Especial.

Este último

fue designado en 1998 para recibir la extensa prueba

CC-2000-275

anunciada

4

por

las

partes.

A

nivel

de

tribunal

de

instancia, tres (3) de los jueces se inhibieron.

Los incidentes que llegaron al Tribunal de Circuito

de

Apelaciones

también

(en

tuvieron

adelante

que

ser

Tribunal

de

Circuito)

reasignados

en

numerosas

ocasiones antes de ser resueltos.

En dicho tribunal la

mayoría

respondieron

de

las

inhibición,

motu

reasignaciones

proprio

o

a

solicitud

de

a

la

recusación

incoada por el licenciado Marchand Quintero, de diversos

magistrados.

paneles

En total, en dicho foro hay cuatro (4)

íntegros

que

no

participan

en

los

incidentes

relacionados al caso y por lo menos diez (10) jueces

individuales inhibidos.

Al día siguiente de serle asignado el caso en el

tribunal

de

instancia,

al

Hon.

Rivera

González,

éste

diligentemente coordinó por teléfono una reunión con los

abogados

de

evaluar

”…si

las

partes.

todavía

La

tenía

convocó

vigencia

a

los

fines

cualquier

de

oferta

transaccional o, en la alternativa, señalar el comienzo

del juicio en las próximas dos semanas”.

Se pautó la

reunión para el 1 de febrero de 2000 a las 4:00 P.M.

Llegado el día de la reunión, un par de horas antes

de

celebrarse

ésta,

el

licenciado

Marchand

Quintero

llamó a la oficina del Honorable Rivera González.

Esto

ocurrió aproximadamente a las 12:30 del mediodía.

El

Juez no se encontraba en ese momento.

El licenciado

Marchand

la

Quintero

dejó

un

mensaje

con

secretaria

CC-2000-275

5

expresando que le urgía comunicarse con el magistrado

antes de la reunión pautada para ese día a las 4:00 P.M.

Poco después de la 1:00 de la tarde, el Honorable Rivera

González

devolvió

Quintero.

La

la

llamada

subsiguiente

al

licenciado

conversación

Marchand

entre

el

letrado y el Juez es la que provoca la descalificación

cuya validez examinamos en el presente recurso.

Al

contestar

el

teléfono,

el

licenciado

Marchand

Quintero comenzó por decirle al Juez Rivera González que

“no

sabía

cómo

expresarle

algo,

que

antes

le

había

sucedido con otro Juez” 1; que se le había hecho difícil

comunicárselo y que no quería que le cogiera “en frío”

durante la vista.

Rivera

González

Expresó entonces el letrado al Juez

que

cuando

informó

a

su

cliente,

el

señor Gaspar Roca, presidente de El Vocero, que el caso

había sido asignado a su cargo, el señor Roca le indicó,

“espérate un segundito, hablamos después, porque creo

que tengo algo”.

El señor Roca quedó en que cotejaría y

luego le informaría.

Continuó el licenciado Marchand Quintero relatando

al Juez que el señor Roca le informó que sus ejecutorias

judiciales en la Sala de lo Criminal durante los años

1998 y 1999 eran objeto de una investigación por parte

del periódico.

jurada.

Añadió, que ya tenían una declaración

Prosiguió el letrado expresando al Juez que,

tras recibir la información del señor Roca, se había

CC-2000-275

6

comunicado

personalmente

Vocero

que

éstos

de

Investigaciones.

y

Especial

investigadores

estaba

le

caminando”

con

eran

los

ex

agentes

informaron

y

que

investigadores

del

del

Negociado

Alegadamente

que

ya

los

“la

investigación

tenían

documentos,

entrevistas y fuentes informativas.

Acto seguido, el Juez Rivera González le indicó al

licenciado

Marchand

Quintero

sentirse

agobiado

y

le

expresó lo siguiente: “Mire Lcdo., déjeme utilizar una

expresión bien puertorriqueña: Ay bendito, yo nunca he

utilizado

mi

puesto

para

algo

ilegal

o

impropio”

e

invitó al licenciado Marchand Quintero a que planteara

lo que le había expresado vía telefónica en la reunión

que

se

Entonces,

celebraría

el

ese

licenciado

mismo

día

Marchand

a

las

Quintero

4:00

P.M.

expresó

al

magistrado que le preocupaba que durante el trámite del

caso

surgieran

artículos

periodísticos.

Según

el

letrado, esto lo pondría a él en una posición difícil la

cual describió de la siguiente manera:

Primero, por haber gente que sabe que se está

investigando, el no publicarse nada, con el

devenir del tiempo podría interpretarse como

que de alguna forma El Vocero ha tratado con

manos de seda o, ¡vamos!, con algún propósito

malo de aventajarse.

Y por el contrario, si

estuviese

el

caso

activo

ante

usted

y

decidiesen publicar lo que sea que decidan

publicar,

pues,

la

gente

va

a

pensar,

incluyendo obviamente a la parte demandante y

su distinguida representación, van a pensar

que lo que estamos haciendo es de alguna forma

1

Se refería al Hon. Ángel G. Hermida Nadal.

CC-2000-275

7

palanqueando

el

Vuestro Honor.

criterio

profesional

de

En fin, la preocupación del letrado se fundaba en

que tanto la publicación, como la no publicación de los

artículos,

resultar

presumiblemente

de

la

peyorativos,

investigación

forma impropia.

podría

que

pudieran

interpretarse

de

Al parecer, el licenciado entendió que

los actos de su cliente, El Vocero, en ejercicio de la

libertad de prensa, le son imputables a él como alguna

forma de conducta impropia o contraria a los Cánones de

Ética Profesional.

Luego de señalar al Honorable Rivera González los

detalles

sobre

la

investigación

que

El

Vocero

alegadamente conducía en torno a sus ejecutorias y de

hacer

referencia

a

los

artículos

que

ella,

el

licenciado

Marchand

resultarían

de

reveló

magistrado

prevenir

al

al

recusación

Juez

de

de

que

que

la

comunicación

solicitarían

conformidad

probablemente

con

la

Quintero

pretendía

formalmente

su

Regla

de

63

Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. III.

A la 4:10 de la tarde se celebró la reunión en el

salón de sesiones y, según le había anticipado, el Juez

Rivera González invitó al licenciado Marchand Quintero a

que expresara para récord lo que previamente le había

comunicado

por

teléfono.

Además,

lo

exhortó

a

que

solicitara un remedio si entendía que era adecuado.

El

CC-2000-275

licenciado

8

Marchand

Quintero

accedió

a

la

invitación

resumiendo para el récord el incidente telefónico.

El Juez, por su parte, añadió algunos detalles a la

versión del licenciado, los cuales este último admitió

eran acertados.

El Juez manifestó que, aunque carecía

de jurisdicción para valorar si la comunicación ex parte

del letrado implicaba una violación de carácter ético,

entendía que ésta, por su contenido, podría tener una

“un

grado

mayor

de

impropiedad”.

Añadió

que

la

comunicación del letrado inclusive podía entenderse como

que “en alguna forma bordea[ba] en ilicitud” en virtud

de lo dispuesto por el Art. 247 del Código Penal, 33

L.P.R.A. sec. 4443, que establece como delito grave la

pretensión de influir en un Juez mediante amenazas o por

medio de persuasión.

Acto seguido, el Juez ordenó la transcripción de los

procedimientos

y

dispuso

que

se

remitieran

a

la

consideración del Tribunal Supremo para la evaluación de

las

implicaciones

éticas

que

pudiera

tener

la

comunicación ex parte del licenciado Marchand Quintero.2

Además,

el

magistrado

descalificó

abogado de El Vocero en el caso.

al

letrado

como

Finalmente, indicó que

no iba a inhibirse en el caso pues no tenía prejuicio

2

Una

vez

recibida

la

transcripción

de

los

procedimientos, siguiendo el trámite ordinario, este

Tribunal refirió el expediente del caso de conducta

profesional a la consideración del Procurador General

para la investigación y preparación del correspondiente

informe.

CC-2000-275

9

personal ni judicial en cuanto a los hechos del caso,

las partes o los litigantes.

Por

su

parte,

el

licenciado

Marchand

Quintero

expresó que la manifestación telefónica había sido “una

simple

cortesía”

y

no

“una

amenaza”.

El

Honorable

Rivera González señaló que entendía que, dentro de la

totalidad

de

las

el

circunstancias,

acercamiento

“ex

parte” no constituía una deferencia.

El 3 de febrero, el Honorable Rivera González emitió

una

resolución

donde

recogió

las

consideraciones

de

hecho y fundamentos de derecho que lo llevaron a ordenar

la descalificación.

En la referida resolución aclaró

que retenía al licenciado Francisco Ortiz como abogado

Cabe destacar que este último labora para

de El Vocero.

el licenciado Marchand Quintero y ha firmado casi todos

los documentos que obran en autos incluyendo un informe

con antelación al juicio de cincuenta (50) páginas.

Con

relación

a la

descalificación

del

licenciado

Marchand Quintero, el Juez explicó que la decretó como

una

medida

preventiva

a

los

fines

de

continuar

el

trámite en el caso y de preservar su independencia como

juzgador.

Se

desprende

Juzgador

ofreció

especial

situación

de

retraso

de

la

resolución,

consideración

causada

por

a

el

la

que

el

crítica

patrón

de

inhibiciones de jueces ocurridas durante el trámite del

caso.

CC-2000-275

10

El 16 de febrero, El Vocero presentó petición de

certiorari

ante

el

Tribunal

de

Circuito

en

la

cual

planteó que había errado el tribunal de instancia al

decretar

sumariamente

descalificación

del

y

en

licenciado

continuar representándolos.

corte

abierta

la

Marchand

Quintero

para

En esa misma fecha, el foro

apelativo intermedio emitió una resolución ordenando la

paralización de los procedimientos ante el Tribunal de

Primera Instancia y concedió un término de diez (10)

días para que cualquier

parte interesada se expresase

respecto al recurso.

El 14 de marzo el Tribunal de Circuito dictó una

sentencia

mediante

decretada

por

el

la

cual

tribunal

revocó

de

la

descalificación

instancia.

Dicho

foro

resolvió que la descalificación no se justificaba en los

méritos.

Además, concluyó que el tribunal de instancia

violó el debido proceso de ley tanto del letrado, como

de sus representados.

Inconforme,

la

Fiscal

Meléndez

acudió

ante

nos

Solicitó la revocación de la sentencia del Tribunal de

Circuito

y

la

reinstalación

de

la

orden

de

descalificación.3

3

Los errores planteados leen como sigue:

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL

RECONOCER GARANTIAS DE DEBIDO PROCEDIMIENTO DE

LEY ENTERAMENTE INAPLICABLES AL INCIDENTE DE

DESCALIFICACIÓN

ANTE

SI,

CONCLUYENDO

ERRÓNEAMENTE QUE HUBO PRIVACIÓN DE DERECHOS

CONSTITUCIONALES DE LOS RECURRIDOS Y SU ABOGADO.

CC-2000-275

La

11

adecuada

solución

del

presente

dilucidemos dos controversias.

caso

requiere

En primer lugar, debemos

determinar si las actuaciones del licenciado Marchand

Quintero

justificaban,

descalificación.

suficiencia

de

en

los

méritos,

una

orden

de

En segundo lugar, nos toca analizar la

las

garantías

procesales

otorgadas

al

letrado antes del decreto de descalificación.

Con el

beneficio

partes,

de

la

comparecencia

de

ambas

procedemos a resolver.

II

El Tribunal de Circuito resolvió que los actos del

licenciado

Marchand

Quintero

méritos, una descalificación.

no

justificaban,

en

los

Expresó dicho foro que el

mecanismo apropiado para canalizar el incidente antes

relatado hubiese sido instar un proceso disciplinario

contra

el

abogado.

utilizarse

el

evitar

los

que

intereses.

Interpretó,

mecanismo

de

abogados

Erró

el

la

solo

puede

descalificación

incurran

Tribunal

que

de

en

conflictos

Circuito

en

para

de

su

interpretación.

De entrada debemos aclarar que un acercamiento ex

parte de un abogado a un juez, en teoría, podría dar

B.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL

RESOLVER QUE LOS HECHOS DEL CASO Y LA DOCTRINA

RELACIONADA NO REQUERÍAN LA DESCALIFICACIÓN

DECRETADA DEL LCDO. JUAN R. MARCHAND QUINTERO.

CC-2000-275

lugar

a

12

tres

(3)

tipos

de

procedimientos

distintos

dependiendo del contenido y gravedad de la comunicación.

Estos

son:

(i)

una

descalificación;

(ii)

un

procedimiento disciplinario por violación a los Cánones

de Ética; y (iii)

Art.

un proceso criminal por violación al

247

del

Código

Penal.

Para

los

presente

caso,

solo

resulta

relevante

efectos

del

examinar

los

hechos bajo la primera figura: la descalificación.

Los procedimientos de descalificación no constituyen

acciones

Por

disciplinarias.

el

contrario,

reconocido

la

descalificación

“como

preventiva

para

evitar

violaciones

posibles

Cánones de Ética Profesional.”

una

hemos

medida

a

los

Véase K-Mart Corp. v.

Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 637-638 (1988).

A

ello responde que, en el ejercicio de su poder inherente

para tomar medidas dirigidas a supervisar y controlar la

conducta

de

tribunales

los

de

abogados

primera

que

postulan

instancia

ante

pueden

sí,

los

descalificar

abogados sin menoscabar nuestra jurisdicción original y

exclusiva

para

entender

en

acciones

disciplinarias.

Véase, Id. a las págs. 637-638 (1988).

Los tribunales pueden utilizar la descalificación,

además, como mecanismo para asegurar la adecuada marcha

de un litigio.

Basados en el deber de mantener el orden

y el control de los procedimientos que se ventilan ante

ellos, los tribunales inferiores tienen la facultad de

descalificar abogados para evitar “actos disruptivos” de

CC-2000-275

éstos.

13

Dicho

de

otro

modo,

al

manejar

los

procedimientos en un caso, el juez tiene la potestad de

descalificar a un abogado si ello resulta necesario para

el logro del objetivo primordial de todo tribunal: la

solución

justa,

rápida

y

económica

de

los

pleitos.

Véase la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III.

Del

mismo

modo,

el

juez

puede

denegar

una

solicitud de descalificación presentada por una parte

adversa, cuando entienda que la misma se ha interpuesto

como una táctica dilatoria del procedimiento.

Así

pues,

la

utilización

del

mecanismo

de

la

descalificación no se limita, como sostiene El Vocero, a

evitar violaciones del Canon XX de Ética Profesional, 4

L.P.R.A.

Ap.

IX.

La

descalificación

puede

otorgarse

fundamentada en una de dos situaciones: (i) prevenir una

violación

a

cualquiera

de

los

Cánones

de

Ética

Profesional; o (ii) para evitar actos disruptivos de los

abogados durante el trámite de un pleito.

Los tribunales de instancia tienen la facultad de

ordenar motu proprio la descalificación de un abogado.

También

pueden

otorgar

solicitud de parte.

la

misma

accediendo

a

una

En Otaño v. Vélez, Op. de 30 de

octubre de 1996, 141 D.P.R. (1996), 96 J.T.S. 142 a la

pág.

280,

distinguimos

la

primera

situación

de

la

segunda.4 Con relación a la descalificación motu proprio,

4

En el segundo supuesto, esto es, en las situaciones

donde la parte contraria solicita la descalificación, el

CC-2000-275

14

que es la que nos atañe, allí expresamos que cuando el

tribunal

dicta

circunstancias,

sobre

una

de

no

podrá

la

descalificación

es

violación

impropiedad

favor

la

necesario

ética,

ser

ya

utilizada,

descalificación.

bajo

estas

prueba

que

se

aporte

que

la

apariencia

en

caso

Liquilux

de

de

duda,

a

Gas

Corp.

v.

Berríos, Zaragoza, Op. de 30 junio de 1995, 138 D.P.R.

___ (1995), 95 JTS 92 a la pág. 1039.

re:

Carreras

(1984).

la

Rovira

y

Suárez

Véase, además, In

Zayas,

115

D.P.R.

778

Cuando la orden de descalificación responde a

necesidad

del

juez

de

agilizar

el

tramite

de

un

pleito, tampoco será estrictamente necesario que éste

reciba prueba adicional.

en

estos

casos,

de

No debe perderse de vista que

ordinario,

las

circunstancias

que

motivan el dictamen han ocurrido en su presencia.

En suma, al examinar en lo sustantivo la procedencia

de una descalificación, procede hacer un análisis de la

tribunal deberá considerar los siguientes factores: (i)

si quien solicita la descalificación tiene legitimación

activa para invocarla;(ii) la gravedad de la posible

violación ética involucrada; (iii)

la complejidad del

derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el

“expertise” de los abogados envueltos; (iv) la etapa de

los procedimientos en que surja la controversia sobre

descalificación y su posible efecto en cuanto a la

solución justa, rápida y económica del caso; y (v)

el

propósito detrás de la descalificación, es decir, si la

moción está siendo utilizada como mecanismo para dilatar

los procedimientos.

Véase Otaño v. Vélez, supra, a la

pág 280.

En suma, al examinar en lo sustantivo la procedencia

de una descalificación, procede hacer un análisis de la

totalidad de las circunstancias sopesando los criterios

antes enumerados.

CC-2000-275

totalidad

15

de

las

circunstancias

para

valorar

si

la

actuación del abogado constituye un “acto disruptivo” o

si tiene el potencial de desembocar en una violación de

los Cánones de Ética Profesional.

Examinemos los hechos

ante nos.

En

el

Instancia

caso

de

consideró

autos,

que

el

el

Tribunal

de

Primera

acercamiento

del

abogado

mediante la comunicación telefónica fue “poco prudente”.

El Juez Rivera González, quién fue el recipiente de las

expresiones

del

licenciado

Marchand

Quintero,

las

percibió “como una intervención indebida en la función

judicial”.

Interpretó el Juez que no se trataba de una

simple cortesía del letrado, sino más bien y en el mejor

de los casos, de una comunicación ex parte dirigida a

provocar

su

inhibición

voluntaria.

Además,

el

Juez

percibió que dicho acercamiento le podría desarrollar

algún grado de aprehensión ante la futura conducta del

abogado.5

En

In

re

Rivera

Cruz,

126

D.P.R.

768

(1990)(Resolución) este Tribunal examinó hechos muy

similares a los de autos.

El entonces Secretario de

Justicia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz, envió un mensaje a

un juez a través del Juez Administrador del Tribunal a

los efectos de que se proponía solicitar su recusación.

En aquella ocasión este Tribunal declinó ejercer su

jurisdicción disciplinaria con relación al letrado.

Ello, sin embargo, no es óbice para sostener los méritos

de la descalificación ante nos. Aunque la conducta del

licenciado Marchand Quintero no llegase a configurar una

violación ética, cosa sobre la cual no estamos pasando

juicio, podría resultar suficiente para sostener una

descalificación.

5

CC-2000-275

El

Juez

16

consideró

tanto

el

amplio

patrón

de

inhibiciones en el presente caso, como el considerable

atraso que lleva el mismo.

Por ello, estimó prudente la

descalificación como un mecanismo efectivo de manejo del

caso que adelantaría su resolución.

Además, pesó en su

ánimo el hecho que El Vocero no quedaría en estado de

indefensión pues le permitió al licenciado Ortiz Santini

continuar a cargo del caso.

El Juez entendió que, de

permitirle al licenciado Marchand Quintero continuar en

el

caso,

su

conducta

tenía

el

potencial

de

tornarse

contraria a los Cánones de Ética Profesional.

Al

explicar

los

factores

considerados

en

su

decisión, el Juez expresó lo siguiente en la Resolución

de Descalificación:

Las interpretaciones, correctas o equivocadas,

en muchas ocasiones son el resultado de

eventos anteriores y posteriores al evento

concomitante.

No

podemos

pasar

por

alto

que

varios

compañeros jueces y juezas se han inhibido de

presidir en este caso y que una de las juezas

fue objeto de varias publicaciones en el

periódico El Vocero, donde criticaban su

gestión judicial, y que con posterioridad se

inhibió de continuar presidiendo el caso.

Descifrar la intención de la llamada, esto es,

qué perseguía la misma, es más que un

ejercicio jurídico uno de lógica, sentido

común y conocimiento de la intringulis de la

litigación puertorriqueña.

Además, si la

conducta del licenciado Marchand Quintero fue

correcta o entraña algún grado de violación

ética, es asunto sobre el cual no tenemos

competencia investigativa.

CC-2000-275

17

Es suficiente la duda que nos surge para

considerar prudente la descalificación del

compañero abogado. De continuar el licenciado

Marchand Quintero representando a la parte

codemandada, se dificultaría el manejo del

caso

y

el

juez

suscribiente

pudiera

desarrollar algún grado de aprehensión sobre

la

conducta

de

este

abogado

litigante.

(Énfasis nuestro.)

Ante

la

totalidad

de

las

circunstancias

en

este

caso, la determinación tomada por el Tribunal de Primera

Instancia

nos

parece

acertada.

Entendemos

que

quién

está en mejor posición para determinar las implicaciones

que

el

acercamiento

ex

parte

del

licenciado

Marchand

Quintero tiene para el curso del pleito es el propio

Juez Rivera González.

Éste recibió la llamada y tuvo la

oportunidad de escuchar de primera mano la totalidad de

la conversación.

Determinar la intención de la llamada y si ésta

constituye

una

base

adecuada

para

la

descalificación

conlleva un ejercicio de determinación mixta de hecho y

de derecho.

adjudicación

En cuanto a las determinaciones de hecho y

de

credibilidad

de

un

tribunal

de

instancia, reiteradamente hemos resuelto que, como norma

general,

error

no

intervendremos

manifiesto,

pasión,

con

éstas

en

ausencia

de

prejuicio

o

parcialidad.

Véanse, Quiñones López v. Manzano Pozas, res el 25 de

junio

de

1996,

141

D.P.R.____

(1995),

96

J.T.S.

95;

Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); y

CC-2000-275

Ramos

18

Acosta

v.

Caparra

Dairy,

Inc.,

113

D.P.R.

357

(1982).

En lo que respecta a la determinación de derecho

que hace el tribunal de instancia al descalificar, se

trata

de

una

decisión

impregnada

del

alto

grado

de

discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de

un caso.

Como es sabido, los tribunales apelativos no

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias

discrecionales

por

el

ejercicio

instancia,

salvo

arbitrariedad

Lluch

procesales,

v.

o

España

de

cuando

craso

sustituir

nuestro

criterio

discreción

del

tribunal

de

dicho

haya

incurrido

en

abuso

Service

foro

de

Sta.,

discreción.

117

D.P.R.

Véanse,

729,

745

(1986); Valencia, Ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986);

Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).

Especialmente cuando, como en el caso de autos, tanto el

juez

como

la

materiales

parte

están

de

acuerdo

en

la

resolución

anterior,

este

Tribunal

relatados

con

los

hechos

de

descalificación.

En

vista

de

lo

tendría

facultad para revisar la determinación en los méritos de

una

descalificación

cuando

el

Examinados

tribunal

los

en

casos

como

el

presente,

inferior

abuse

de

su

discreción.

de

este

hechos

particulares

solo

caso,

resolvemos que el Juez Rivera González no abusó de su

discreción.

CC-2000-275

Se

19

trata

de

un

caso

que

al

momento

de

la

descalificación llevaba ocho (8) años pendiente ante el

foro de instancia sin que la parte demandante hubiese

logrado tener su día en corte.

un

total

de

trece

proprio.

El

licenciado

solicitud

otros

de

tres

González.6

que

El

recusación

(3)

(13)

Marchand

para

jueces,

se

inhibieron

Quintero

lograr

entre

la

ellos

el

motu

presentó

inhibición

Juez

de

Rivera

Notamos que en cada una de las ocasiones en

Vocero

fundamentaba

publicado

jueces

En el trámite del mismo

en

presentó

que

artículos

el

una

recusación,

periódico

criticando

la

ésta

se

investigaba

o

había

conducta

del

juez

6

El 24 de abril de 1995 el licenciado Marchand

Quintero promovió una solicitud de recusación del Hon.

Gustavo Rodríguez en el recurso KLCE-95-00036 Iris

Meléndez Vega v. El Vocero y otros.

El fundamento fue

la publicación en agosto de 1992 de dos noticias sobre

la conducta del magistrado cuando ejercía la abogacía.

La moción logró provocar la inhibición voluntaria del

Juez, ya que este accedió a la solicitud sin ulterior

trámite.

El 8 de octubre el licenciado Marchand Quintero

promovió una solicitud de recusación de la Hon. Jocelyn

López Vilanova en el recurso KLCE9800977, Iris Meléndez

Vega v. El Vocero y otros.

Una vez más el fundamento

fue que el Vocero publicó “multiples noticias” sobre la

jueza dos años antes, esto es, “durante gran parte del

año 1996”. Alegadamente trataban de “conducta sumamente

impropia” de la misma.

Al momento de presentar la

moción el incidente ante el foro apelativo intermedio se

había

resuelto

y

dicha

determinación

había

sido

confirmada por este Tribunal.

La Jueza nunca resolvió

la moción.

Finalmente,

el

licenciado

Marchand

Quintero

presenta una solicitud de recusación contra el Juez

Rivera González. Esta vez se fundamentó la solicitud en

la existencia de una investigación sobre las ejecutorias

CC-2000-275

recusado.

20

Toda esta información era de conocimiento del

licenciado Marchand Quintero al momento de originar la

comunicación que provoca su descalificación.

Consciente

del

escabroso

camino

recorrido

por

el

pleito, el Juez Rivera González pautó una reunión con

los

abogados

para

un

día

después

de

haberle

sido

Un obstáculo no tardó en anteponerse

asignado el caso.

y frustrar los efectos de tan encomiable diligencia.

licenciado

Marchand

Quintero

horas

originó

antes

de

la

El

controversial

llamada

pocas

celebrarse

la

vista

pautada.

A esto se le añade, que la llamada “cortesía”

adelantó información hasta entonces desconocida por el

Juez,

sobre

lo

que

serían

solicitarle la inhibición.

los

fundamentos

para

Esto es, hasta ese momento,

el Juez no sabía de la investigación, por lo cual no

existía base alguna que justificase la presentación de

una recusación.

Cabe señalar que mero conocimiento de

que se lleva a cabo una investigación o de que pudiera

llegarse publicar una noticia sobre un juez, de por sí,

no puede dar base a su recusación.

Al

podido

igual

que

ignorar

el

el

juzgador

patrón

de

de

instancia

inhibiciones

no

de

hemos

varios

jueces y juezas a iniciativa propia, algunos luego de

solicitarse la recusación.

Tampoco hemos podido obviar

el patrón de artículos publicados en torno a algunos de

y la “posible”

respecto.

publicación

posterior

de

artículos

al

CC-2000-275

los

21

magistrados

también

que

aparentan

han

participado

en

el

caso,

que

haber

provocado

la

inhibición

de

algunos de éstos.7

En cuanto al Juez Rivera González, que actualmente

tiene a cargo el caso, hemos notado que mientras estaba

pendiente el recurso de certiorari ante el Tribunal de

Circuito

El

Vocero

artículos

en

torno

publicó

una

a

ejecutorias.

sus

serie

de

seis

(6)

Éstos

se

publicaron consecutivamente durante los días 28 y 29 de

febrero de 2000, 1, 2, 3 y 6 de marzo de 2000.

Todos

ellos

(10)

estuvieron

ubicados

páginas del diario.

en

las

primeras

diez

El primero de la serie logró la

privilegiada posición de primera plana.

En concreto, la totalidad de las imputaciones hechas

por la serie de artículos al juez se reducían a haber

sido benévolo con ciertos acusados. Cabe destacar que el

último artículo de la serie lo utilizó El Vocero para

traer ante la opinión pública diversas quejas en torno a

las

intervenciones

periódico

expresó

era

que

del

parte.

magistrado

Entre

“[r]ecientemente,

en

otras

Rivera

casos

cosas,

donde

El

González

el

Vocero

no

se

inhibi[ó] ante una solicitud a esos efectos, en el caso

de la fiscal Iris Meléndez contra este diario”.

7

De la

La Honorable Gloria M. Iagrossi Brenes se inhibió

mediante resolución emitida el 12 de julio de 1999.

Ello, luego de que El Vocero comenzara a publicar una

serie de cinco (5) artículos sobre supuestos actos

indebidos de esta Jueza. Las noticias se publicaron los

días 9, 12, 13, 14 y 16 de julio de 1999.

CC-2000-275

totalidad

22

de

las

circunstancias

surge

con

meridiana

claridad que El Vocero no escatimó esfuerzos para lograr

la

inhibición

de

distintos

jueces

incluyendo

al

Honorable Rivera González.

Solicitar la inhibición de un juez sin fundamentos

sólidos para ello, en un litigio con una trayectoria

procesal tan accidentada como el presente justificaba la

orden

de

descalificación

emitida

por

el

Juez

Rivera

González en el ejercicio de su discreción en el manejo

del caso.

Además, desde el punto de vista de la Ética

Judicial,

el

Juez

Rivera

González

tenía

el

deber

de

evitar colocarse en una posición en que su imparcialidad

pudiera razonablemente ser cuestionada.

Véase el Cánon

XI de Ética Judicial, supra.

No es una buena práctica llamar por “cortesía” a un

magistrado para adelantarle tanto el hecho de que se

solicitará

ello.

una

recusación,

como

los

fundamentos

para

No solo se presta a variadas interpretaciones,

sino que circunvala el mecanismo formal dispuesto para

ello en la Regla 63 de Procedimiento Civil, supra.

Bajo ningún concepto deben interpretarse nuestras

expresiones

en

este

presentación

de

solicitudes

Por

el

contrario,

soliciten

la

se

caso

de

alienta

recusación

sólidos para ello.

como

que

desalientan

recusación

a

cuando

los

meritorias.

abogados

existan

la

a

que

fundamentos

Sin embargo, el mecanismo que deben

utilizar es el provisto en la Regla 63 de Procedimiento

CC-2000-275

Civil, supra.

23

Dicha regla dispone claramente que la

solicitud formal de recusación “deberá ser presentada

tan pronto el solicitante advenga en conocimiento de la

causa de recusación.”8

Tomando en consideración todo lo antes expresado, y

a la luz de la totalidad de las circunstancias en este

caso, resolvemos que el Hon. Rivera González no abusó de

su

discreción

al

utilizar

el

mecanismo

de

la

descalificación para evitar que se continuara socavando

el principio cardinal de las normas procesales: lograr

justicia de forma rápida y económica.9

8

Coincidimos con el Juez Rivera González en que:

No es necesario recurrir a indicarle al juez o

anticiparle la existencia de una causa de

recusación.

EL solo hecho de adelantar este

tipo de información, sin que se haya radicado

la

moción,

puede

generar

diferentes

interpretaciones.

¿Qué se pretende con el adelanto de información

que posiblemente pueda utilizarse como base

para solicitar la recusación de un juez?

¿Se pretende persuadirlo para que se inhiba a

iniciativa propia [aún cuando la recusación

como cuestión de derecho resulte inmeritoria]?

¿Puede considerarse lo expresado como una forma

de intimidación o amenaza si el juez determina

no inhibirse?

¿Genera este anticipo de

información animosidad o agradecimiento hacia

quien lo provee?

La contestación inescapable [sic] es que este

tipo de acercamiento es poco prudente y que

puede

considerarse

como

una

intervención

indebida en la función judicial[…]

9

Al llegar a este resultado no prejuzgamos el caso

de conducta profesional que actualmente es objeto de un

recurso separado e independiente ante este Foro.

CC-2000-275

24

Pasemos ahora a examinar si se le garantizaron al

letrado, y a sus representados, los derechos procesales

correspondientes.

III

El

Tribunal

de Circuito

resuelve

la

controversia

procesal aplicando a la descalificación, por analogía,

las

normas

sobre

sumariamente.

el

desacato

criminal

impuesto

La analogía entre el desacato criminal

impuesto sumariamente y la descalificación de un abogado

en

un

pleito

diferencias

civil

entre

los

resulta

inapropiada

derechos

envueltos

por

en

las

ambas

situaciones.

El

desacato

criminal

versa

sobre

conducta

constitutiva de delito la cual podría conllevar hasta

pena de reclusión.

El interés afectado en el desacato

criminal es de incuestionable valor y preeminencia.

El

interés de un abogado en representar a una parte, o de

una

parte

a

ser

representada

por

un

abogado

en

particular no goza de la misma jerarquía; sobre todo en

pleitos civiles.

Tampoco pueden aplicarse a casos de descalificación

las garantías del debido proceso otorgadas a abogados en

procedimientos

disciplinarios

por

violación

a

los

Tampoco estamos pasando juicio sobre si el patrón de

inhibiciones

respondió

a

una

estrategia

dilatoria

CC-2000-275

Cánones

25

de

Ética

Profesional.

En

estos

últimos,

el

abogado se expone a una sanción o penalidad que podría

ir

desde

una

amonestación

o

suspensión

temporera

del

ejercicio de la profesión, hasta el desaforo y privación

permanente de su título.

criminal,

son

mucho

Al igual que en el desacato

mayores

y

serias

las

posibles

consecuencias para los derechos del abogado afectado.

Recalcamos que la descalificación no es ni una sanción,

ni

una

medida

disciplinaria.

herramienta

para

evitar

Ética

para

eliminar

o

Se

violaciones

a

“actos

trata

los

de

una

Cánones

de

disruptivos”

que

obstaculicen la debida marcha de un litigio.

Al aplicar las garantías del debido procedimiento de

ley

el

Tribunal

descalificación

de

Circuito

de

un

expresa,

abogado

además,

implica

que

la

derechos

fundamentales, no sólo de éste, sino de su representado.

Invoca como apoyo a estas afirmaciones a los casos de

Otaño v. Vélez, supra.;

Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125

D.P.R.

In

432

(1975).

(1990);

e

re

Vélez,

103

Hemos examinado los casos citados.

D.P.R.

590

Ciertamente

en ellos se reconoce “el derecho que le asiste a todo

ciudadano

de

represente.”

encontrado

escoger

libremente

(Énfasis nuestro.).

que

se

califique

el

abogado

que

lo

Sin embargo, no hemos

tal

derecho

como

fundamental.

premeditada por el licenciado Marchand Quintero.

uno

CC-2000-275

26

Por el contrario, en Lizarribar v. Martínez Gelpí,

121 D.P.R. 770,785 (1988), resolvimos expresamente que,

en el ámbito de lo civil, “no se reconoce el derecho de

asistencia de abogado a los litigantes[…]”.

Esto es, ni

siquiera existe un derecho a tener representación legal

durante

un

pleito

civil.

Menos

aún,

por

lo

tanto,

existe un derecho fundamental a estar representado por

determinado

abogado,

o,

como

en

este

caso,

a

estar

representado por más de un abogado simultánemente.

No

entendemos la pretensión de elevar la prerrogativa de

elegir

libremente

representación

legal

dentro

de

un

pleito civil a la categoría de derecho fundamental.

Sin

lugar

a

dudas

en

Otaño

v.

Vélez,

supra,

reconocimos que, conforme al debido proceso de ley, un

abogado

tiene

antes

del

derecho

a

tribunal

ser

oído

y

resolver

presentar

una

prueba

solicitud

de

descalificación interpuesta por la parte adversa. Pero

¿Cuál es la extensión de ese derecho cuando el tribunal

descalifica motu proprio?

En

el

caso

incidente

que

presentes

en

de

autos,

provoca

la

la

vista.

los

únicos

testigos

descalificación

Además

el

Juez

del

estuvieron

advirtió

al

letrado, antes de concluir el acercamiento telefónico,

que lo invitaría a vertir para récord su versión de lo

acontecido.

En

la

oportunidad

tanto

vista,

el

Juez

para

narrar

le

la

otorgó

amplia

conversación

telefónica, como para pedir “el remedio que entendiera

CC-2000-275

27

adecuado”.

Además, el magistrado expresó en la vista

los

fundamentos

por

los

cuales

procedía

la

descalificación y dio al licenciado Marchand Quintero la

oportunidad de reaccionar a los mismos.

La Resolución

emitida por escrito fue fiel a los hechos narrados y

discutió

ampliamente

los

fundamentos

llevaron al Juez a descalificar.

de

derecho

que

Finalmente, recalcamos

que en este caso tanto el juez como el letrado estaban

de acuerdo sobre los hechos y contenido de la llamada

telefónica.

No habiendo controversia en los hechos en

este caso, solo restaba aplicar el derecho.

Ante

los

hechos

entendemos

que

la

concedió

al

particulares

vista

licenciado

oportunidad de ser oído.

celebrada

Marchand

de

el

1

Quintero

este

caso,

de

febrero

suficiente

Erró el Tribunal de Circuito

de Apelaciones al definir la extensión y contornos del

debido proceso de ley aplicables.

Por último, aclaramos que la mera existencia de una

investigación

periodística

y

posible

subsiguiente

publicación sobre las ejecutorias de un juez no trae,

como consecuencia automática, su inhibición voluntaria o

mediante

solicitud

recusación.

De

otra

forma,

en

teoría, bastaría que un periódico demandado comience una

investigación

o

publique

artículos

sobre

cada

juez

a

cargo de su caso para provocar una serie ininterrumpida

de inhibiciones o recusaciones.

Ello, hasta que su caso

fuese juzgado por el magistrado de su predilección o,

CC-2000-275

28

entre otras cosas, hasta que la parte adversa se canse

de litigar; o la prueba deje de estar disponible; o se

afecte

la

memoria

tiempo.

No

son

de

los

nuevas,

testigos

por

paso

del

aunque

reprobables,

las

si

el

prácticas de ganar un litigio por agotamiento de las

partes

o

testigos,

shopping”.

o

mediante

el

llamado

“judge

Los jueces, especialmente los de instancia,

tienen un deber de evitar que esto suceda.

Por

sentencia

los

fundamentos

revocando

la

antes

expuestos

se

por

Tribunal

emitida

el

dictará

de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan y

se confirma la resolución dictada por el Tribunal de

Primera

Instancia,

Sala

de

San

Juan,

ordenando

la

descalificación del Lcdo. Juan R. Marchand Quintero del

caso Civil Núm. K DP92-0574, Iris Meléndez Vega v. El

Vocero de Puerto Rico, Inc y otros.

Se dictará sentencia de conformidad.

MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN

Jueza Asociada

CC-2000-275

29

CC-2000-275

30

31

CC-2000-275

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iris Meléndez Vega

Peticionaria

v.

CC-2000-275

Caribbean International News,

Gaspar Roca, José A. Purcell

y otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se dicta sentencia revocando la emitida por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de

San Juan y se confirma la resolución dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, ordenando

la descalificación del Lcdo. Juan R. Marchand Quintero del

caso Civil Núm. K DP92-0574, Iris Meléndez Vega v. El

Vocero de Puerto Rico, Inc y otros.

Notifíquese por fax y vía telefónica.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Corrada del Río disiente con Opinión escrita.

El Juez Asociado señor Rebollo López está inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

32

CC-2000-275

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iris Meléndez Vega

Peticionaria

v.

CC-2000-275

Caribbean International News,

Gaspar Roca, José A. Purcell

y Otros

Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río

San Juan de Puerto Rico, 28 de junio de 2000.

Disiento de la Opinión mayoritaria emitida por este

Tribunal en el caso de autos, mediante la cual revoca la

Sentencia dictada el 14 de mayo de 2000 por el Tribunal

de Circuito de Apelaciones,10 que había dejado sin efecto

la descalificación del Lcdo. Juan R. Marchand Quintero en

el caso Civil Núm. KDP92-0574, Iris Meléndez Vega v. El

Vocero de Puerto Rico, Inc. y otros. Este Tribunal, al

confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia,

mediante

el

cual

se

descalificó

al

Lcdo.

Marchand

Quintero de representar a El Vocero

10

Panel integrado por su presidente, Juez Urgell Cuebas, y

los jueces Cordero Peña y Gierbolini.

33

CC-2000-275

de Puerto Rico, Inc., sin justificación alguna, ha privado a esa

parte del derecho que le asiste de escoger libremente el abogado que la

represente.

I

Los

hechos

que

dan

lugar

a

este

recurso

están

adecuadamente

resumidos en la Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El 21 de mayo de 1999 en los recursos consolidados KLCE9901243,

KLCE9901244 y KLCE9901245 el Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió

una Sentencia revocando la “Sentencia Parcial” dictada por el Tribunal

de

Primera

Instancia

que

acogió

a

su

vez

una

recomendación

de

un

Comisionado Especial y se devolvió el caso al foro recurrido para que

los procedimientos continuasen conforme a lo allí dispuesto.

Una vez advino final y firme dicha Sentencia, el caso fue objeto de

varias

reasignaciones

a

distintos

jueces

del

Tribunal

de

Primera

Instancia, debido a inhibiciones o problemas de calendario de éstos.

Eventualmente fue asignado al Hon. Víctor M. Rivera González por el Juez

Administrador

del

Centro

Judicial

de

San

Juan,

mediante

Orden

Administrativa de 26 de enero de 2000. El 27 de enero, por la vía

telefónica, el juez coordinó con los abogados de las partes una reunión

informal con el propósito de fijar el trámite procesal a seguir en el

caso y, además, explorar o considerar una transacción en el mismo. La

reunión se pautó para tener lugar el 1ro. de febrero, a las 4:00 p.m. en

el tribunal.

Ese día 1ro. de febrero, de acuerdo a lo expuesto por el Lcdo.

Marchand Quintero, éste fue informado por la División de Investigaciones

Editoriales

del

Periódico

El

Vocero

que

ésta

llevaba

varios

meses

efectuando una investigación periodística en torno a las ejecutorias del

Hon. Rivera González como Juez Superior. Al conocer de la existencia de

la referida investigación periodística, en o alrededor del mediodía del

1ro. de febrero, el Lcdo. Marchand Quintero llamó a la oficina del Hon.

Rivera González para hablar con él y plantearle que tendría que traer a

colación en la reunión la información que había recibido. En ese momento

34

CC-2000-275

el juez no se encontraba en su oficina, pero su secretaria atendió la

llamada. Posteriormente, a la 1:05 p.m. éste devolvió la llamada al

Lcdo. Marchand Quintero, quien le comunicó la información que había

recibido y que tendría que solicitar su recusación. El Lcdo. Marchand

Quintero,

“...entendía

necesario

fines

que

Rivera

de

el

Hon.

participárselo

González

no

de

tuviera

inmediato,

que

a

los

enterarse

por

primera vez `en frío’ en presencia de los demás abogados del pleito y

del público en Sala, y para que orientara al Lcdo. Marchand Quintero

sobre cómo canalizar el trámite de solicitud de inhibición como juez de

la forma menos onerosa posible.”

El Hon. Rivera González le manifestó al Lcdo. Marchand Quintero que

compareciera a la reunión informal en la que se discutiría lo planteado.

Llegado el momento de la reunión informal, el magistrado inició los

procedimientos en sala, con todo el personal, a las 4:10 de la tarde, e

hizo un récord de la vista.

A

continuación

se

recogen

aquellas

partes

pertinentes

de

lo

acontecido en la vista, según la transcripción, Apéndice, págs. 155-160.

HON. JUEZ:

Llámese el caso en calendario.

SEÑORA SECRETARIA:

(llama el caso de epígrafe)

HON. JUEZ:

Si son tan amables, identifíquense la compañera y los compañeros

para registro.

LCDA. RAMOS DE SZENDREY:

Buenos Días, Honorable Juez, buenas tardes y demás funcionarios del

Tribunal. Mi nombre es Maricarmen Ramos de Szendrey y represento a

la parte demandante.

LCDO. ALVAREZ GONZÁLEZ:

Muy buenas tardes, José Julián Álvarez González, también represento

a la parte demandante.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Buenas tardes, Vuestro Honor. Soy el Lcdo. Juan R. Marchand

Quintero. Nos acompaña el Lcdo. Francisco Ortiz Santini, de nuestra

oficina. En representación de los periodistas demandados, El

Vocero, Roca y Pursell [sic].

LCDO. SANTIAGO NIEVES:

Buenas tardes, Juez, funcionarios, compañeros.

Nieves, en unión a José Juan Nazario de la

codemandada, Marta Marrero.

Juan Santiago

Rosa, por la

CC-2000-275

35

LCDO. SANTIAGO RIVERA:

Buenas tardes, señor juez y demás funcionarios y compañeros. Mi

nombre es Héctor Santiago y me represento por derecho propio.

HON. JUEZ:

¿Demandado también?

LCDO. SANTIAGO RIVERA:

Sí, Vuestro Honor, Por eso... ¿Si nos permite, señor Juez?

HON. JUEZ:

Cómo no.

LCDO. SANTIAGO RIVERA:

Yo estuve conversando con los compañeros aquí abogados, que están

aquí a mi derecha, y yo quiero, ¿sabe?, que esto... tengo la

impresión que usted ha sido el Juez designado para ver el

proceso...

HON. JUEZ:

Vamos primero a exponer brevemente... De hecho, recibimos la

encomienda por orden administrativa, emitida por el Honorable

Carlos Rivera Martínez, Juez Administrador, en la que se señalaba

que el caso ha tenido múltiples inhibiciones, señala la orden

administrativa y se le asignaba a este Juez por entenderse que en

nuestro calendario se podría acomodar el señalamiento del mismo, en

aras a una solución justa, rápida y económica del caso. En este

caso, el Juez conoce algunas de las partes litigantes. La compañera

Iris Meléndez, fue conjuntamente con este Juez, Fiscal, en el

Departamento de Justicia, cuando fuimos Fiscales. El compañero

abogado, Héctor Santiago, representó en un delito menos grave a un

hermano de este Juez.

LCDO. SANTIAGO RIVERA:

Correcto. Hace varios años, sí.

HON. JUEZ:

Hace varios años. El Lcdo. José Juan Santiago, pues, este Juez le

ha asignado, inclusive, casos por entender que es muy proeficiente

[sic] en el área de lo criminal y en el área de lo civil,

inclusive. Sin embargo, en términos de inhibición ninguna de ellas

es motivo especificado en reglas, tendría que radicarse una

recusación. En la tarde de hoy el Lcdo. Marchand nos llamó y nos

participó una conversación exparte [sic]. El Juez quiere saber si

quiere reproducirla, ahora que está la compañera y el compañero y

si va a hacer alguna solicitud de remedio para canalizar el mismo.

De lo contrario, y aún con el relato del compañero, el Juez va a

vertir para registro el contenido de esa conversación.

LCDO. SANTIAGO RIVERA:

Sí. Solamente mi intervención, Vuestro Honor, es para informarle

algo que conoce mucho el compañero. A mí me une una amistad

profunda con su hermano. Fui su representante legal y una persona

para mí adorable. Y quiero que todo el mundo lo sepa, para que no

haya ningún inconveniente posterior.

HON. JUEZ:

Sí. No, y en eso siempre hemos dicho que podremos juzgar hasta

nuestra santa madre y garantizarle, si es en lo criminal, el

derecho a un juicio justo y si en lo civil, idem.

CC-2000-275

36

LCDO. SANTIAGO RIVERA:

Muy bien.

HON. JUEZ:

Licenciado Marchand Quintero.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Para efectos de récord, el Lcdo. Juan R. Marchand Quintero. Vuestro

Honor, esta mañana, a eso de las 12:05, yo llamé al despacho de

Vuestro Honor, no conseguí a nadie. Entonces, lo traté de nuevo

como a eso de la una menos veinticinco y su secretaria me indicó

que usted estaría de regreso a la 1:00. Puedo estar mal por cinco

minutos, pero a la una y cuarto, una y veinte, cojo el teléfono, yo

estaba solo en la oficina y era Vuestro Honor. Y le indiqué que

esta misma mañana, hoy martes, me indicaron de El Vocero, que se

está haciendo una investigación que envuelve las ejecutorias

oficiales de Vuestro Honor. Se remontan a cuando usted estaba en la

Sala de lo Criminal. Puedo equivocarme, pero estamos hablando de

mediados o a fines del ’98, hasta mediados del ’99. Esa es, por lo

que sé, esa es la ventana de estudio. Yo me preocupé,

inmediatamente y llamé, hice el contacto, cosa que nunca hago, con

los investigadores de El Vocero, que son exNIE y están haciendo

ellos la investigación. Por lo que ellos me dijeron, tienen

documentos, han hecho entrevistas, tienen fuentes informativas y la

investigación está caminando. Yo le indiqué, Vuestro Honor, eso me

pone a mí, inmediatamente, a mí como abogado, en una posición que

le quise participar y es la siguiente. Primero, por haber gente que

sabe que se está investigando, el no publicarse nada con el de

venir [sic] del tiempo podría interpretarse como que de alguna

forma El Vocero ha tratado con manos de seda o, ¡Vamos!, con algún

propósito malo de aventajarse. Y por el contrario, si estuviese el

caso activo ante usted y decidiesen publicar lo que sea que decidan

publicar, pues, la gente va a pensar, incluyendo obviamente a la

parte demandante y su distinguida representación, van a pensar que

lo que estamos haciendo es de alguna forma palanqueando el criterio

profesional de Vuestro Honor. De esta manera o de otra, es una

situación sumamente delicada. Y, en el plano personal, como yo sé

que estas cosas suceden, probablemente es a este servidor que le

enviarían el producto final, porque es lo usual, de lo que es un

borrador de publicación. Si es que lo hacen, es en esa etapa y no

antes, que me participarían o me incluirían en el equipo de trabajo

para una publicación en específico.

Hablé de esto con mi cliente, con el Sr. Roca, que es parte

demandada y tengo las instrucciones de hacer el contacto con usted,

el cual hice en la conversación telefónica. Porque no es nuestro

propósito tampoco radicar sin prevenir a nadie, sin avisarlo, en

una forma, vamos a decir, informar, como lo estamos haciendo, el

hecho de que estamos solicitando la recusación.

Pero eso, básicamente, Vuestro Honor, esas son mis instrucciones en

este momento, de notificarle al Tribunal, de que dada esta

situación, entendemos, lo más sano, lo más sano, saludable, es

solicitarle la recusación, cosa que sabemos que bajo la Regla 63 se

hace con cierta formalidad. Y como yo le indiqué en la llamada

telefónica,

yo

no

tendría

reparo

alguno

en

obtener

las

declaraciones juradas de los que están investigando y poner en un

sobre lacrado, en algún sitio donde... en un sitio neutro, no tiene

que ser un notario, puede ser el depósito del Tribunal...

HON. JUEZ:

No va a ser necesario.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

37

CC-2000-275

... donde sea. Pero es para lo siguiente, Vuestro Honor, porque es

una de las causas que nos preocupa, que es, congelar en términos

temporales, en otras palabras, en la cápsula del tiempo...

HON. JUEZ:

El derecho de la prensa a informar es expedito, está consagrado en

nuestra constitución [sic]. El caso de “New York Times”, es el caso

“leading” en este tipo de jurisprudencia y eso es prerrogativa de

la prensa y en eso no vamos a intervenir y no vamos a pedir ningún

tipo de consideración ni judicial, ni personal, ni procesal. ¿Algo

más que añadir antes de actuar procesalmente el Tribunal?

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Sabemos, Vuestro Honor, porque usted nos lo indicó, y, además,

quiero repetir sus palabras, porque me impactaron mucho, usted nos

dijo, que usted no tiene en su memoria evento alguno que se pueda

interpretar como que ha actuado mal. Y eso lo quiero consignar en

el récord.

Luego

de

pronunciamientos

lo

antes

por

el

expuesto,

Hon.

Rivera

se

hicieron

González

y

el

los

siguientes

Lcdo.

Marchand

Quintero:

(Transcripción, Apéndice págs. 160-164)

HON. JUEZ:

Los jueces estamos para ser unos árbitros imparciales y garentes

[sic] de derechos de las partes y en ese asunto, que no está

“subjudice” ante este Juez, El Vocero, pues, tiene la prerrogativa

de informar al pueblo y en eso no podemos intervenir. Sí podemos

intervenir en función de la llamada del compañero abogado, porque

el tribunal entiende que por su contenido, que básicamente el

compañero ha vertido para récord, puede tener un grado mayor de

impropiedad. E inclusive, podría entenderse de que en alguna forma

bordea en ilicitud con el Artículo 247 del Código Penal, que

establece como delito grave, con una pena fija de 6 años, el tratar

de influir en un Juez, ya sea con amenazas o por medio de

persuación [sic]. Y en ese sentido el Juez lo más que puede hacer

es

completar

lo

que

dijo

el

compañero.

Aclarar

para

la

transcripción del récord, que la única razón por la cual nos

mantuvimos escuchándolo y reaccionamos mínimamente fue porque

verdaderamente nos cogió por sorpresa la comunicación del compañero

abogado.

De hecho, recuérdese, si no es así, niéguelo para registro, que

dijo: “Juez, le quiero adelantar esto porque no lo quiero coger en

frío cuando se abra sala”.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Eso es así.

HON. JUEZ:

Pero cuando le participó al Sr. Roca el producto de la conversación

que tuve yo con usted, que fue la misma que tuve con todos los

otros abogados y abogadas, que le dije que era una reunión de

tanteo, que quería evaluar si había posibilidades todavía de

transigir las causas de acción, que es básicamente el propósito

primordial que tiene este Juez en todos los casos, ve si hay una

vía de solución expedita y justa para, sino, calendarizar el caso,

pues, el compañero me dijo, que cuando le dijo al Sr. Gaspar Roca,

de que el Juez designado era el que está expresándose, él le dijo:

“Espérate un segundito, hablamos después, porque creo que tengo

CC-2000-275

38

algo! Que ahí fue que le dijo, en una próxima ocasión, de que me

estaban investigando. Que la investigación era en cuanto a asuntos

judiciales y que tenían que ver con mi función en la Sala Criminal,

presumo, de San Juan, porque lo que llevamos es dos años en este

salón de sesiones.

El Juez, nos acordamos que le dijimos claramente: “Mire, permítame

usar un vocablo muy puertorriqueño, ¡bendito!, yo nunca he hecho en

sala, judicial o profesionalmente, nada impropio o ilegal...

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Eso es correcto.

HON. JUEZ:

...que me pueda...¿Fue así, verdad compañero?

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Eso es así. Correctamente.

HON. JUEZ:

Que me pueda equivocar judicialmente, ¡claro! Que pueda tener un

juicio errado, ¡claro! Si en primera y última instancia somos unos

seres humanos de carne y hueso y en más o menos en una proporción

bastante similar. No se espera que los jueces seamos “demiurgos” o

semidioses. O sea, los jueces tenemos también los pies de barro y

cometemos

errores.

Pero

negligencia

con

algún

grado

de

intencionalidad, si se me permite la redundancia en derecho, o

privar a alguien intencionalmente de un derecho, eso no cabe en

este Juez. Que, inclusive, tenemos la carga, y no la rechazamos, de

atender todos los casos de confinados en San Juan.

Y queremos llevarlo a registro, porque es indicativo quizás de

personalidad jurídica o del ser humano que se está dirigiendo a

ustedes, independientemente de la opinión que puedan tener ahora o

con posterioridad a cualquier publicación, le hemos dado derecho a

vista en todos los casos. En todos los casos. El viernes tenemos

treinta casos de confinados. Y lo hacemos porque entendemos que

judicialmente se debe atender ese tipo de población.

Que nos equivocamos, licenciado, eso es así. Sin embargo, nos vemos

obligados, y como seres humanos no nos gustaría hacerlo, a ordenar

la transcripción, a referir el asunto al Supremo y a descalificarlo

como abogado de El Vocero. Por otro lado, para que quede en la

transcripción, el Juez tiene que señalar, que no tiene prejuicio

personal ni prejuicio judicial en cuanto a los hechos del caso,

partes o litigantes. Que con independencia de este incidente, este

es un asunto en que la jurisprudencia es clara, el peso de la

prueba que se le impone a la parte demandante, también es claro y

que el Juez lógicamente, no se va a inhibir en este asunto.

Claro, el compañero tiene, no el compañero, porque lo hemos

descalificado, algún abogado de el Periódico El Vocero, tendría que

presentar la moción solicitando recusación y seguirá el trámite

normal.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Vuestro Honor, ¿puedo interrumpir? Es que me deja atónito, esa es

la palabra, el que haber hecho ese acercamiento para un asunto, que

bajo la Regla 63 no estaría ante la consideración de Vuestro Honor,

sino, de otro magistrado, no se tome como lo que fue, que es una

simple cortesía y se toma como si usted me estuviera diciendo, que

es lo que yo estoy entendiendo, no lo oigo... de que mi

verbalización de esa duda fuese, inclusive, una amenaza, o de

alguna forma tratando de influir en la manera en que usted pueda

resolver sobre los asuntos de este caso.

HON. JUEZ:

CC-2000-275

39

Licenciado, todos ustedes son abogados de experiencia y el Juez

también. Y además de experiencia, tenemos calle, tenemos sentido

común y los jueces lo utilizan para resolver. El Juez, inclusive,

señaló para registro, que de probarse intención criminal pudiera

haber una violación al Artículo 247 del Código Penal, “Tratar de

influir en Jueces y Jurados”. Fíjese que ese artículo utiliza la

palabra “persuación” [sic].

Nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, porque como jueces y

como seres humanos nos equivocamos. Pero entendemos que lo más

correcto no es ver la conversación que tiene exparte el compañero

con el Juez como una deferencia, tenemos que verla dentro de la

totalidad de las circunstancias. Y estamos solicitando, que si el

Tribunal Supremo entiende que ha habido una violación de naturaleza

ética por el compañero, o por el Juez, pues, que sea él el que la

dirima. Nosotros no somos especialistas en ética profesional.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Bueno, pero yo quisiera, entonces, que usted consigne, Vuestro

Honor, ¿qué expresión en específico le sonó a usted como que era

algo... Porque yo fui muy claro. En una expresión yo le dije: “No

vamos a entrar en los méritos del caso. Precisamente sobre eso no

vamos a hablar”.

HON. JUEZ:

En cuanto a los méritos, no se entró.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Bueno, fíjese...

HON. JUEZ:

En cuanto a si es propia o no la llamada y lo que se expresa en la

misma, que básicamente el compañero corroboró lo que él dijo y lo

que dijo el Juez, que eso le compete a otra autoridad y no a ésta.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Pero usted me invitó a que yo hiciera esa locución informal que

hemos procedido a hacer. Estoy en lo correcto. Y quiero consignar,

le pregunto, ¿si en esa llamada telefónica usted no nos adelantó

nada de que usted se sentía como que estaba aludido, persuadido, de

alguna manera, amedrentado? No sé, no sé cómo ponerlo en palabras

suyas.

HON. JUEZ:

Eso en estos momentos no es prudente que se señale para registro.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

¿Y por qué, Vuestro Honor? O sea, me gustaría que se me diera la

oportunidad...

HON. JUEZ:

Porque, licenciado, porque no es prudente, porque ya tomamos dos

decisiones, descalificarlo como abogado, uno; y dos, referir el

asunto al Tribunal Supremo. Habiéndose referido al Tribunal Supremo

por orden, un asunto que puede o no ser ético, pues, huelga el que

continúen habiendo explicaciones.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

O sea, ¿ya se refirió?

HON. JUEZ:

Si, esa es la orden de el Tribunal.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

CC-2000-275

40

¿No está escrita en el momento?

HON. JUEZ:

No está escrita, lógicamente.

LCDO. MARCHANDO QUINTERO:

¡Okey!

HON. JUEZ:

La orden es de referir el expediente... es la transcripción de lo

conversado aquí al Tribunal Supremo para que lo evalúe. Es una

orden sobre la cual tan solo [sic] puede solicitarse un remedio por

el compañero al Supremo. O sea, no es un tipo de orden que sea

apelable al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Pero la podemos

emitir por escrito, si el compañero así lo desea. Y siéntase en

libertad, usted puede estar seguro, de que cualquier información

que salga en la presenta, correcta, incorrecta, responsable o menos

responsable, va a conturbar el ánimo de cualquier persona. No

estamos hablando del Juez. Pero siéntase también con la seguridad,

o por lo menos, quien quede representando a El Vocero, si es que

luego de los trámites apelativos se mantiene la descalificación, de

que este Juez resolverá de acuerdo a prueba y derecho. Otra cosa no

vamos a hacer.

LCDO. MARCHAND QUINTERO:

Entonces, esperaremos su orden escrita de descalificación.

HON. JUEZ:

Estamos dándola oralmente desde hoy. La vamos a emitir por escrito

mañana. Esperamos que los compañeros y la compañera no tomen este

asunto como uno de naturaleza personal. Pero entendemos que después

de lo que dijo el compañero, pues, aplica la máxima de que callar

otorga. Y como somos fieles defensores...

Como podrá apreciarse de la transcripción anterior, es evidente que

la reunión o vista informal señalada para esa tarde tenía como propósito

pautar los procedimientos y auscultar la posibilidad de una transacción

en el caso. Así lo reconoce el juez en sus expresiones de que se trataba

de una “reunión de tanteo, que quería evaluar si había posibilidades

todavía de transigir las causas de acción,....” Igualmente, se desprende

que el asunto sobre la conversación telefónica entre el juez y el Lcdo.

Marchand Quintero fue traída por el primero con el propósito de hacer un

récord de lo sucedido. Se desprende, además, de la transcripción, que en

forma sumaria el tribunal descalificó al Lcdo. Marchand Quintero de

continuar representando a sus clientes, asunto para el cual de acuerdo a

sus expresiones, no estaba preparado, ni era el propósito de la reunión.

41

CC-2000-275

El

3

de

febrero

de

2000,

el

Juez

Rivera

González

emitió

una

resolución donde recogió las consideraciones de hecho y fundamentos de

derecho que lo llevaron a ordenar la descalificación.

Señala

la

Opinión

mayoritaria

que

“[c]on

relación

a

la

descalificación del licenciado Marchand, el Juez explicó que la decretó

como una medida preventiva a los fines de continuar el trámite en el

caso y de preservar su independencia como juzgador”... y que “[s]e

desprende

de

la

resolución,

que

el

Juzgador

ofreció

especial

consideración a la crítica situación de retraso causada por el patrón de

inhibiciones de jueces en el caso.”11

El 16 de febrero, El Vocero presentó petición de certiorari ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones en la cual planteó que había errado

el tribunal de instancia al decretar sumariamente y en corte abierta la

descalificación

del

licenciado

Marchand

Quintero

para

continuar

representándolo. En esa misma fecha, el foro apelativo intermedio emitió

una resolución ordenando la paralización de los procedimientos ante el

Tribunal de Primera Instancia y concedió un término de diez (10) días

para que cualquier parte interesada se expresase respecto

al recurso.

El 14 de marzo el Tribunal de Circuito dictó sentencia mediante la

cual revocó la descalificación decretada por el tribunal de instancia.

Dicho foro resolvió que la descalificación no se justificaba en los

méritos. Además, concluyó que el tribunal de instancia violó el debido

proceso de ley tanto del letrado, como de sus representados.

Inconforme, la Fiscal Meléndez Vega acudió ante nos y solicitó la

revocación de la sentencia del Tribunal de Circuito y la reinstalación

de la orden de descalificación.12

11

Opinión mayoritaria, pág. 8

12

Los errores planteados leen como sigue:

A.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL RECONOCER

GARANTÍAS

DE

DEBIDO

PROCEDIMIENTO

DE

LEY

ENTERAMENTE

INAPLICABLES AL INCIDENTE DE DESCALIFICACIÓN ANTE SÍ,

42

CC-2000-275

II

Expresa la Opinión mayoritaria que un acercamiento ex parte de un

abogado a un juez, en teoría, podría dar lugar a una descalificación, a

un procedimiento disciplinario y a un proceso criminal por violación al

Art. 247 del Código Penal y que en el caso de autos, solo resulta

relevante examinar los hechos bajo la figura de la descalificación.13

Aclara que los procedimientos de descalificación no constituyen

acciones disciplinarias, sino una medida preventiva para evitar posibles

violaciones a los Cánones de Ética Profesional, según resolvimos en KMart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633, 637-638 (1988).14

Aduce que “[l]os tribunales pueden utilizar la descalificación,

además, como mecanismo para asegurar la adecuada marcha de un litigio.”

Estamos de acuerdo, desde luego, con esta normativa. Disentimos de

la aplicación que hace de ella el Tribunal, ante la situación fáctica

del caso de autos.

En primer lugar, no se justifica en modo alguno aplicar la medida

extrema de descalificación al Lcdo. Marchand Quintero por razón de la

comunicación ex parte sostenida por él con el Juez Rivera González. El

Lcdo. Marchand Quintero le explicó al juez el propósito de su llamada –

anunciarle de antemano que debido a que su cliente le había informado

sobre la publicación futura de unos artículos en el periódico El Vocero

sobre las actuaciones del juez en otros asuntos, habría de solicitar su

inhibición, lo cual el letrado reiteró luego para el registro en la

vista que se celebró a esos fines.

El Canon 11 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que

“[u]n abogado no debe comunicarse ni discutir con el juez en ausencia de

CONCLUYENDO ERRÓNEAMENTE QUE HUBO PRIVACIÓN

CONSTITUCIONALES DE LOS RECURRIDOS Y SU ABOGADO.

B.

13

14

DE

DERECHOS

ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL RESOLVER QUE

LOS HECHOS DEL CASO Y LA DOCTRINA RELACIONADA NO REQUERÍAN LA

DESCALIFICACIÓN

DECRETADA

DEL

LCDO.

JUAN

R.

MARCHAND

QUINTERO.

Opinión mayoritaria, pág. 10

Id., pág. 11

43

CC-2000-275

la otra parte sobre los méritos de un caso pendiente y merece ser

reprendido

por

cualquier

acción

encaminada

a

obtener

especial

consideración personal de un juez.”15

Claramente, la comunicación ex parte del Lcdo. Marchand Quintero

con el Juez Rivera González, según descrita por ambos, nunca versó sobre

los méritos del caso de la demandante Iris Meléndez Vega contra El

Vocero. Por ende, es improcedente su descalificación por ese fundamento.

En

segundo

lugar,

tampoco

en

este

caso

se

justifica

la

descalificación como medida preventiva para evitar posibles violaciones

a los Cánones de Ética Profesional. Se justifica la descalificación como

medida preventiva para evitar –ordinariamente por razón de conflicto de

intereses- que la participación contínua de un abogado en un litigio,

permita que se configure en lo sucesivo la violación de los Cánones de

Ética Profesional.

En el caso de autos, la descalificación del Lcdo. Marchand Quintero

está basada en un hecho ya ocurrido –la comunicación ex parte con el

juez para anunciarle la petición de inhibición- por lo que con ella no

se está tomando una medida preventiva. No se trata de conducta contínua

que

habría

que

prevenir,

como

la

perpetración

de

un

conflicto

se

justifica

descalificación

de

intereses u otra conducta similar.

En

tercer

lugar,

tampoco

la

como

mecanismo para asegurar la buena marcha de un litigio o evitar “actos

disruptivos”.

La Opinión mayoritaria pretende justificar la descalificación del

Lcdo. Marchand Quintero a base de que el juez de instancia consideró

tanto el amplio patrón de inhibiciones en este caso como el considerable

atraso que lleva el mismo. No nos persuade.

La parte recurrida ha sometido una tabla como parte de su alegato

de réplica16 de donde surge que se han inhibido en este asunto trece

jueces, de los cuales tres pertenecen al nivel de instancia y diez al

15

16

Véase, In re Rodríguez Ortiz, 135 D.P.R. 683 (1994).

Alegato de Réplica de los Recurridos, pág. 18.

44

CC-2000-275

nivel apelativo. Cuatro de ellos se inhibieron sin ofrecer explicación;

tres de ellos por razón de la participación en el caso de la Lcda. Ramos

de Szendrey; uno por el conocimiento personal de algunos testigos de la

peticionaria; uno por lazos de amistad con la peticionaria; uno por

lazos de amistad con varias de las partes; uno por haber participado en

asuntos

similares

al

de

autos;

uno

por

la

participación

del

Lcdo.

Nazario y otro por lazos de amistad con varios de los abogados. Es obvio

que no se puede inculpar al Lcdo. Marchand Quintero de este problema.

Además, si el juez de instancia estaba preocupado por la buena marcha

del caso y su pronta solución, lo que procedía era, de rehusarse a la

inhibición, darle curso a lo dispuesto por la Regla 63 de Procedimiento

Civil. Una vez atendido ese incidente, se procedería con el caso. Esta

medida no produce una demora mayor en el caso que la demora incurrida

por motivo de la descalificación.

En cuanto a evitar posible conducta “disruptiva”, no surge de los

autos que exista evidencia alguna de que el Lcdo. Marchand Quintero haya

incurrido o represente un riesgo de incurrir en ese tipo de conducta, a

no ser que se pretenda intimar que la presentación de una solicitud de

inhibición constituya tal conducta, lo cual sería un precedente nefasto.

No estamos pasando juicio sobre si la conducta del Lcdo. Marchand

Quintero fue o no imprudente y si merece o no algún tipo de sanción

disciplinaria. Para ello está pendiente ante nosotros el caso AB-200021, consolidado con el AB-2000-14. Lo que entendemos es que la conducta

en cuestión no justifica la medida extrema de la descalificación.

En Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125 D.P.R. 432 (1990) y en In re

Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975) hemos reconocido el derecho que le asiste a

todo ciudadano de escoger libremente el abogado que lo represente. La

decisión que emite hoy este Tribunal violenta, sin justificación ni

razón válida, este derecho. Confirmaríamos la Sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Por todas las razones anteriormente expuestas,

disentimos.

45

CC-2000-275

BALTASAR CORRADA DEL RIO

JUEZ ASOCIADO