Tribunal Supremo de Puerto Rico
Iris Meléndez Vega V. Caribbean International News, Gaspar Roca, José A. Purcell, etc.
2000 TSPR 101
Poder Judicial de Puerto Rico
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Iris Meléndez Vega V. Caribbean International News, Gaspar Roca, José A. Purcell, etc.
CC-2000-0275
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iris Meléndez Vega
Peticionaria
Certiorari
v.
2000 TSPR 101
Caribbean International News,
Gaspar Roca, José A. Purcell, etc.
Recurridos
Número del Caso: CC-2000-0275
Fecha: 29/junio/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Héctor Urgell Cuevas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José J. Alvarez González
Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan R. Marchand Quintero
Lcdo. Francisco Ortiz Santini
Abogados de Martha Marrero:
Lcdo. José Juan Nazario de la Rosa
Lcdo. Juan E. Santiago Nieves
Abogados de Héctor Santiago Rivera:
Lcdo. Héctor Santiago Rivera
Lcda. Sandra Santiago Rivera
Lcdo. Edwin Santiago Rivera
Materia: Acción Civil
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iris Meléndez Vega
Peticionaria
v.
CC-2000-275
Caribbean International News,
Gaspar Roca, José A. Purcell
y otros
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora NAVEIRA DE
RODÓN
San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2000
Mediante el presente recurso la peticionaria, la Fiscal
Iris Meléndez Vega (en adelante la Fiscal Meléndez), nos
solicita revoquemos la sentencia emitida el 14 de marzo de
2000
por
el
consecuencia,
Tribunal
que
de
Circuito
reinstalemos
de
la
Apelaciones
y,
determinación
en
del
Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, mediante
la cual se descalificó al Lcdo. Juan R. Marchand Quintero
como
representante
de
Caribbean
International
José
A.
la
parte
News
Corporation,
Purcell
(en
demandada
recurrida,
Gaspar
adelante
Roca
y
El
CC-2000-275
Vocero).
3
Los hechos pertinentes a la resolución del
presente caso son sencillos y no están en controversia.
I
La descalificación del licenciado Marchand Quintero
ocurrió en un caso de daños y perjuicios por libelo y
difamación
instado
por
la
Fiscal
Meléndez
contra
El
Vocero de Puerto Rico y otros, Civil Núm. KDP-92-0574.
El litigio entre las partes en este caso ha sido intenso
y extenso.
Distintos incidentes procesales del pleito
han sido objeto de diversos recursos ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones y ante este Tribunal.
Desde sus
inicios en el 1992, han comparecido en representación
del
Vocero
dos
abogados:
el
Lcdo.
Juan
R.
Marchand
Quintero y el Lcdo. Francisco Ortiz Santini.
En los casi ocho (8) años que lleva pendiente de
resolución ante el foro de instancia, el caso ha sido
objeto
de
varias
reasignaciones
a
distintos
jueces
debido a inhibiciones o problemas de calendario.
vista
de
ello,
el
26
de
enero
de
2000
el
En
Honorable
Carlos Rivera Martínez, Juez Administrador del Centro
Judicial
de
San
Juan
asignó
el
caso
mediante
orden
administrativa al Honorable Víctor M. Rivera González.
Hasta ese momento habían intervenido un total de seis
(6) jueces y un (1) Comisionado Especial.
Este último
fue designado en 1998 para recibir la extensa prueba
CC-2000-275
anunciada
4
por
las
partes.
A
nivel
de
tribunal
de
instancia, tres (3) de los jueces se inhibieron.
Los incidentes que llegaron al Tribunal de Circuito
de
Apelaciones
también
(en
tuvieron
adelante
que
ser
Tribunal
de
Circuito)
reasignados
en
numerosas
ocasiones antes de ser resueltos.
En dicho tribunal la
mayoría
respondieron
de
las
inhibición,
motu
reasignaciones
proprio
o
a
solicitud
de
a
la
recusación
incoada por el licenciado Marchand Quintero, de diversos
magistrados.
paneles
En total, en dicho foro hay cuatro (4)
íntegros
que
no
participan
en
los
incidentes
relacionados al caso y por lo menos diez (10) jueces
individuales inhibidos.
Al día siguiente de serle asignado el caso en el
tribunal
de
instancia,
al
Hon.
Rivera
González,
éste
diligentemente coordinó por teléfono una reunión con los
abogados
de
evaluar
”…si
las
partes.
todavía
La
tenía
convocó
vigencia
a
los
fines
cualquier
de
oferta
transaccional o, en la alternativa, señalar el comienzo
del juicio en las próximas dos semanas”.
Se pautó la
reunión para el 1 de febrero de 2000 a las 4:00 P.M.
Llegado el día de la reunión, un par de horas antes
de
celebrarse
ésta,
el
licenciado
Marchand
Quintero
llamó a la oficina del Honorable Rivera González.
Esto
ocurrió aproximadamente a las 12:30 del mediodía.
El
Juez no se encontraba en ese momento.
El licenciado
Marchand
la
Quintero
dejó
un
mensaje
con
secretaria
CC-2000-275
5
expresando que le urgía comunicarse con el magistrado
antes de la reunión pautada para ese día a las 4:00 P.M.
Poco después de la 1:00 de la tarde, el Honorable Rivera
González
devolvió
Quintero.
La
la
llamada
subsiguiente
al
licenciado
conversación
Marchand
entre
el
letrado y el Juez es la que provoca la descalificación
cuya validez examinamos en el presente recurso.
Al
contestar
el
teléfono,
el
licenciado
Marchand
Quintero comenzó por decirle al Juez Rivera González que
“no
sabía
cómo
expresarle
algo,
que
antes
le
había
sucedido con otro Juez” 1; que se le había hecho difícil
comunicárselo y que no quería que le cogiera “en frío”
durante la vista.
Rivera
González
Expresó entonces el letrado al Juez
que
cuando
informó
a
su
cliente,
el
señor Gaspar Roca, presidente de El Vocero, que el caso
había sido asignado a su cargo, el señor Roca le indicó,
“espérate un segundito, hablamos después, porque creo
que tengo algo”.
El señor Roca quedó en que cotejaría y
luego le informaría.
Continuó el licenciado Marchand Quintero relatando
al Juez que el señor Roca le informó que sus ejecutorias
judiciales en la Sala de lo Criminal durante los años
1998 y 1999 eran objeto de una investigación por parte
del periódico.
jurada.
Añadió, que ya tenían una declaración
Prosiguió el letrado expresando al Juez que,
tras recibir la información del señor Roca, se había
CC-2000-275
6
comunicado
personalmente
Vocero
que
éstos
de
Investigaciones.
y
Especial
investigadores
estaba
le
caminando”
con
eran
los
ex
agentes
informaron
y
que
investigadores
del
del
Negociado
Alegadamente
que
ya
los
“la
investigación
tenían
documentos,
entrevistas y fuentes informativas.
Acto seguido, el Juez Rivera González le indicó al
licenciado
Marchand
Quintero
sentirse
agobiado
y
le
expresó lo siguiente: “Mire Lcdo., déjeme utilizar una
expresión bien puertorriqueña: Ay bendito, yo nunca he
utilizado
mi
puesto
para
algo
ilegal
o
impropio”
e
invitó al licenciado Marchand Quintero a que planteara
lo que le había expresado vía telefónica en la reunión
que
se
Entonces,
celebraría
el
ese
licenciado
mismo
día
Marchand
a
las
Quintero
4:00
P.M.
expresó
al
magistrado que le preocupaba que durante el trámite del
caso
surgieran
artículos
periodísticos.
Según
el
letrado, esto lo pondría a él en una posición difícil la
cual describió de la siguiente manera:
Primero, por haber gente que sabe que se está
investigando, el no publicarse nada, con el
devenir del tiempo podría interpretarse como
que de alguna forma El Vocero ha tratado con
manos de seda o, ¡vamos!, con algún propósito
malo de aventajarse.
Y por el contrario, si
estuviese
el
caso
activo
ante
usted
y
decidiesen publicar lo que sea que decidan
publicar,
pues,
la
gente
va
a
pensar,
incluyendo obviamente a la parte demandante y
su distinguida representación, van a pensar
que lo que estamos haciendo es de alguna forma
1
Se refería al Hon. Ángel G. Hermida Nadal.
CC-2000-275
7
palanqueando
el
Vuestro Honor.
criterio
profesional
de
En fin, la preocupación del letrado se fundaba en
que tanto la publicación, como la no publicación de los
artículos,
resultar
presumiblemente
de
la
peyorativos,
investigación
forma impropia.
podría
que
pudieran
interpretarse
de
Al parecer, el licenciado entendió que
los actos de su cliente, El Vocero, en ejercicio de la
libertad de prensa, le son imputables a él como alguna
forma de conducta impropia o contraria a los Cánones de
Ética Profesional.
Luego de señalar al Honorable Rivera González los
detalles
sobre
la
investigación
que
El
Vocero
alegadamente conducía en torno a sus ejecutorias y de
hacer
referencia
a
los
artículos
que
ella,
el
licenciado
Marchand
resultarían
de
reveló
magistrado
prevenir
al
al
recusación
Juez
de
de
que
que
la
comunicación
solicitarían
conformidad
probablemente
con
la
Quintero
pretendía
formalmente
su
Regla
de
63
Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. III.
A la 4:10 de la tarde se celebró la reunión en el
salón de sesiones y, según le había anticipado, el Juez
Rivera González invitó al licenciado Marchand Quintero a
que expresara para récord lo que previamente le había
comunicado
por
teléfono.
Además,
lo
exhortó
a
que
solicitara un remedio si entendía que era adecuado.
El
CC-2000-275
licenciado
8
Marchand
Quintero
accedió
a
la
invitación
resumiendo para el récord el incidente telefónico.
El Juez, por su parte, añadió algunos detalles a la
versión del licenciado, los cuales este último admitió
eran acertados.
El Juez manifestó que, aunque carecía
de jurisdicción para valorar si la comunicación ex parte
del letrado implicaba una violación de carácter ético,
entendía que ésta, por su contenido, podría tener una
“un
grado
mayor
de
impropiedad”.
Añadió
que
la
comunicación del letrado inclusive podía entenderse como
que “en alguna forma bordea[ba] en ilicitud” en virtud
de lo dispuesto por el Art. 247 del Código Penal, 33
L.P.R.A. sec. 4443, que establece como delito grave la
pretensión de influir en un Juez mediante amenazas o por
medio de persuasión.
Acto seguido, el Juez ordenó la transcripción de los
procedimientos
y
dispuso
que
se
remitieran
a
la
consideración del Tribunal Supremo para la evaluación de
las
implicaciones
éticas
que
pudiera
tener
la
comunicación ex parte del licenciado Marchand Quintero.2
Además,
el
magistrado
descalificó
abogado de El Vocero en el caso.
al
letrado
como
Finalmente, indicó que
no iba a inhibirse en el caso pues no tenía prejuicio
2
Una
vez
recibida
la
transcripción
de
los
procedimientos, siguiendo el trámite ordinario, este
Tribunal refirió el expediente del caso de conducta
profesional a la consideración del Procurador General
para la investigación y preparación del correspondiente
informe.
CC-2000-275
9
personal ni judicial en cuanto a los hechos del caso,
las partes o los litigantes.
Por
su
parte,
el
licenciado
Marchand
Quintero
expresó que la manifestación telefónica había sido “una
simple
cortesía”
y
no
“una
amenaza”.
El
Honorable
Rivera González señaló que entendía que, dentro de la
totalidad
de
las
el
circunstancias,
acercamiento
“ex
parte” no constituía una deferencia.
El 3 de febrero, el Honorable Rivera González emitió
una
resolución
donde
recogió
las
consideraciones
de
hecho y fundamentos de derecho que lo llevaron a ordenar
la descalificación.
En la referida resolución aclaró
que retenía al licenciado Francisco Ortiz como abogado
Cabe destacar que este último labora para
de El Vocero.
el licenciado Marchand Quintero y ha firmado casi todos
los documentos que obran en autos incluyendo un informe
con antelación al juicio de cincuenta (50) páginas.
Con
relación
a la
descalificación
del
licenciado
Marchand Quintero, el Juez explicó que la decretó como
una
medida
preventiva
a
los
fines
de
continuar
el
trámite en el caso y de preservar su independencia como
juzgador.
Se
desprende
Juzgador
ofreció
especial
situación
de
retraso
de
la
resolución,
consideración
causada
por
a
el
la
que
el
crítica
patrón
de
inhibiciones de jueces ocurridas durante el trámite del
caso.
CC-2000-275
10
El 16 de febrero, El Vocero presentó petición de
certiorari
ante
el
Tribunal
de
Circuito
en
la
cual
planteó que había errado el tribunal de instancia al
decretar
sumariamente
descalificación
del
y
en
licenciado
continuar representándolos.
corte
abierta
la
Marchand
Quintero
para
En esa misma fecha, el foro
apelativo intermedio emitió una resolución ordenando la
paralización de los procedimientos ante el Tribunal de
Primera Instancia y concedió un término de diez (10)
días para que cualquier
parte interesada se expresase
respecto al recurso.
El 14 de marzo el Tribunal de Circuito dictó una
sentencia
mediante
decretada
por
el
la
cual
tribunal
revocó
de
la
descalificación
instancia.
Dicho
foro
resolvió que la descalificación no se justificaba en los
méritos.
Además, concluyó que el tribunal de instancia
violó el debido proceso de ley tanto del letrado, como
de sus representados.
Inconforme,
la
Fiscal
Meléndez
acudió
ante
nos
Solicitó la revocación de la sentencia del Tribunal de
Circuito
y
la
reinstalación
de
la
orden
de
descalificación.3
3
Los errores planteados leen como sigue:
A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL
RECONOCER GARANTIAS DE DEBIDO PROCEDIMIENTO DE
LEY ENTERAMENTE INAPLICABLES AL INCIDENTE DE
DESCALIFICACIÓN
ANTE
SI,
CONCLUYENDO
ERRÓNEAMENTE QUE HUBO PRIVACIÓN DE DERECHOS
CONSTITUCIONALES DE LOS RECURRIDOS Y SU ABOGADO.
CC-2000-275
La
11
adecuada
solución
del
presente
dilucidemos dos controversias.
caso
requiere
En primer lugar, debemos
determinar si las actuaciones del licenciado Marchand
Quintero
justificaban,
descalificación.
suficiencia
de
en
los
méritos,
una
orden
de
En segundo lugar, nos toca analizar la
las
garantías
procesales
otorgadas
al
letrado antes del decreto de descalificación.
Con el
beneficio
partes,
de
la
comparecencia
de
ambas
procedemos a resolver.
II
El Tribunal de Circuito resolvió que los actos del
licenciado
Marchand
Quintero
méritos, una descalificación.
no
justificaban,
en
los
Expresó dicho foro que el
mecanismo apropiado para canalizar el incidente antes
relatado hubiese sido instar un proceso disciplinario
contra
el
abogado.
utilizarse
el
evitar
los
que
intereses.
Interpretó,
mecanismo
de
abogados
Erró
el
la
solo
puede
descalificación
incurran
Tribunal
que
de
en
conflictos
Circuito
en
para
de
su
interpretación.
De entrada debemos aclarar que un acercamiento ex
parte de un abogado a un juez, en teoría, podría dar
B.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL
RESOLVER QUE LOS HECHOS DEL CASO Y LA DOCTRINA
RELACIONADA NO REQUERÍAN LA DESCALIFICACIÓN
DECRETADA DEL LCDO. JUAN R. MARCHAND QUINTERO.
CC-2000-275
lugar
a
12
tres
(3)
tipos
de
procedimientos
distintos
dependiendo del contenido y gravedad de la comunicación.
Estos
son:
(i)
una
descalificación;
(ii)
un
procedimiento disciplinario por violación a los Cánones
de Ética; y (iii)
Art.
un proceso criminal por violación al
247
del
Código
Penal.
Para
los
presente
caso,
solo
resulta
relevante
efectos
del
examinar
los
hechos bajo la primera figura: la descalificación.
Los procedimientos de descalificación no constituyen
acciones
Por
disciplinarias.
el
contrario,
reconocido
la
descalificación
“como
preventiva
para
evitar
violaciones
posibles
Cánones de Ética Profesional.”
una
hemos
medida
a
los
Véase K-Mart Corp. v.
Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 637-638 (1988).
A
ello responde que, en el ejercicio de su poder inherente
para tomar medidas dirigidas a supervisar y controlar la
conducta
de
tribunales
los
de
abogados
primera
que
postulan
instancia
ante
pueden
sí,
los
descalificar
abogados sin menoscabar nuestra jurisdicción original y
exclusiva
para
entender
en
acciones
disciplinarias.
Véase, Id. a las págs. 637-638 (1988).
Los tribunales pueden utilizar la descalificación,
además, como mecanismo para asegurar la adecuada marcha
de un litigio.
Basados en el deber de mantener el orden
y el control de los procedimientos que se ventilan ante
ellos, los tribunales inferiores tienen la facultad de
descalificar abogados para evitar “actos disruptivos” de
CC-2000-275
éstos.
13
Dicho
de
otro
modo,
al
manejar
los
procedimientos en un caso, el juez tiene la potestad de
descalificar a un abogado si ello resulta necesario para
el logro del objetivo primordial de todo tribunal: la
solución
justa,
rápida
y
económica
de
los
pleitos.
Véase la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
III.
Del
mismo
modo,
el
juez
puede
denegar
una
solicitud de descalificación presentada por una parte
adversa, cuando entienda que la misma se ha interpuesto
como una táctica dilatoria del procedimiento.
Así
pues,
la
utilización
del
mecanismo
de
la
descalificación no se limita, como sostiene El Vocero, a
evitar violaciones del Canon XX de Ética Profesional, 4
L.P.R.A.
Ap.
IX.
La
descalificación
puede
otorgarse
fundamentada en una de dos situaciones: (i) prevenir una
violación
a
cualquiera
de
los
Cánones
de
Ética
Profesional; o (ii) para evitar actos disruptivos de los
abogados durante el trámite de un pleito.
Los tribunales de instancia tienen la facultad de
ordenar motu proprio la descalificación de un abogado.
También
pueden
otorgar
solicitud de parte.
la
misma
accediendo
a
una
En Otaño v. Vélez, Op. de 30 de
octubre de 1996, 141 D.P.R. (1996), 96 J.T.S. 142 a la
pág.
280,
distinguimos
la
primera
situación
de
la
segunda.4 Con relación a la descalificación motu proprio,
4
En el segundo supuesto, esto es, en las situaciones
donde la parte contraria solicita la descalificación, el
CC-2000-275
14
que es la que nos atañe, allí expresamos que cuando el
tribunal
dicta
circunstancias,
sobre
una
de
no
podrá
la
descalificación
es
violación
impropiedad
favor
la
necesario
ética,
ser
ya
utilizada,
descalificación.
bajo
estas
prueba
que
se
aporte
que
la
apariencia
en
caso
Liquilux
de
de
duda,
a
Gas
Corp.
v.
Berríos, Zaragoza, Op. de 30 junio de 1995, 138 D.P.R.
___ (1995), 95 JTS 92 a la pág. 1039.
re:
Carreras
(1984).
la
Rovira
y
Suárez
Véase, además, In
Zayas,
115
D.P.R.
778
Cuando la orden de descalificación responde a
necesidad
del
juez
de
agilizar
el
tramite
de
un
pleito, tampoco será estrictamente necesario que éste
reciba prueba adicional.
en
estos
casos,
de
No debe perderse de vista que
ordinario,
las
circunstancias
que
motivan el dictamen han ocurrido en su presencia.
En suma, al examinar en lo sustantivo la procedencia
de una descalificación, procede hacer un análisis de la
tribunal deberá considerar los siguientes factores: (i)
si quien solicita la descalificación tiene legitimación
activa para invocarla;(ii) la gravedad de la posible
violación ética involucrada; (iii)
la complejidad del
derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el
“expertise” de los abogados envueltos; (iv) la etapa de
los procedimientos en que surja la controversia sobre
descalificación y su posible efecto en cuanto a la
solución justa, rápida y económica del caso; y (v)
el
propósito detrás de la descalificación, es decir, si la
moción está siendo utilizada como mecanismo para dilatar
los procedimientos.
Véase Otaño v. Vélez, supra, a la
pág 280.
En suma, al examinar en lo sustantivo la procedencia
de una descalificación, procede hacer un análisis de la
totalidad de las circunstancias sopesando los criterios
antes enumerados.
CC-2000-275
totalidad
15
de
las
circunstancias
para
valorar
si
la
actuación del abogado constituye un “acto disruptivo” o
si tiene el potencial de desembocar en una violación de
los Cánones de Ética Profesional.
Examinemos los hechos
ante nos.
En
el
Instancia
caso
de
consideró
autos,
que
el
el
Tribunal
de
Primera
acercamiento
del
abogado
mediante la comunicación telefónica fue “poco prudente”.
El Juez Rivera González, quién fue el recipiente de las
expresiones
del
licenciado
Marchand
Quintero,
las
percibió “como una intervención indebida en la función
judicial”.
Interpretó el Juez que no se trataba de una
simple cortesía del letrado, sino más bien y en el mejor
de los casos, de una comunicación ex parte dirigida a
provocar
su
inhibición
voluntaria.
Además,
el
Juez
percibió que dicho acercamiento le podría desarrollar
algún grado de aprehensión ante la futura conducta del
abogado.5
En
In
re
Rivera
Cruz,
126
D.P.R.
768
(1990)(Resolución) este Tribunal examinó hechos muy
similares a los de autos.
El entonces Secretario de
Justicia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz, envió un mensaje a
un juez a través del Juez Administrador del Tribunal a
los efectos de que se proponía solicitar su recusación.
En aquella ocasión este Tribunal declinó ejercer su
jurisdicción disciplinaria con relación al letrado.
Ello, sin embargo, no es óbice para sostener los méritos
de la descalificación ante nos. Aunque la conducta del
licenciado Marchand Quintero no llegase a configurar una
violación ética, cosa sobre la cual no estamos pasando
juicio, podría resultar suficiente para sostener una
descalificación.
5
CC-2000-275
El
Juez
16
consideró
tanto
el
amplio
patrón
de
inhibiciones en el presente caso, como el considerable
atraso que lleva el mismo.
Por ello, estimó prudente la
descalificación como un mecanismo efectivo de manejo del
caso que adelantaría su resolución.
Además, pesó en su
ánimo el hecho que El Vocero no quedaría en estado de
indefensión pues le permitió al licenciado Ortiz Santini
continuar a cargo del caso.
El Juez entendió que, de
permitirle al licenciado Marchand Quintero continuar en
el
caso,
su
conducta
tenía
el
potencial
de
tornarse
contraria a los Cánones de Ética Profesional.
Al
explicar
los
factores
considerados
en
su
decisión, el Juez expresó lo siguiente en la Resolución
de Descalificación:
Las interpretaciones, correctas o equivocadas,
en muchas ocasiones son el resultado de
eventos anteriores y posteriores al evento
concomitante.
No
podemos
pasar
por
alto
que
varios
compañeros jueces y juezas se han inhibido de
presidir en este caso y que una de las juezas
fue objeto de varias publicaciones en el
periódico El Vocero, donde criticaban su
gestión judicial, y que con posterioridad se
inhibió de continuar presidiendo el caso.
Descifrar la intención de la llamada, esto es,
qué perseguía la misma, es más que un
ejercicio jurídico uno de lógica, sentido
común y conocimiento de la intringulis de la
litigación puertorriqueña.
Además, si la
conducta del licenciado Marchand Quintero fue
correcta o entraña algún grado de violación
ética, es asunto sobre el cual no tenemos
competencia investigativa.
CC-2000-275
17
Es suficiente la duda que nos surge para
considerar prudente la descalificación del
compañero abogado. De continuar el licenciado
Marchand Quintero representando a la parte
codemandada, se dificultaría el manejo del
caso
y
el
juez
suscribiente
pudiera
desarrollar algún grado de aprehensión sobre
la
conducta
de
este
abogado
litigante.
(Énfasis nuestro.)
Ante
la
totalidad
de
las
circunstancias
en
este
caso, la determinación tomada por el Tribunal de Primera
Instancia
nos
parece
acertada.
Entendemos
que
quién
está en mejor posición para determinar las implicaciones
que
el
acercamiento
ex
parte
del
licenciado
Marchand
Quintero tiene para el curso del pleito es el propio
Juez Rivera González.
Éste recibió la llamada y tuvo la
oportunidad de escuchar de primera mano la totalidad de
la conversación.
Determinar la intención de la llamada y si ésta
constituye
una
base
adecuada
para
la
descalificación
conlleva un ejercicio de determinación mixta de hecho y
de derecho.
adjudicación
En cuanto a las determinaciones de hecho y
de
credibilidad
de
un
tribunal
de
instancia, reiteradamente hemos resuelto que, como norma
general,
error
no
intervendremos
manifiesto,
pasión,
con
éstas
en
ausencia
de
prejuicio
o
parcialidad.
Véanse, Quiñones López v. Manzano Pozas, res el 25 de
junio
de
1996,
141
D.P.R.____
(1995),
96
J.T.S.
95;
Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); y
CC-2000-275
Ramos
18
Acosta
v.
Caparra
Dairy,
Inc.,
113
D.P.R.
357
(1982).
En lo que respecta a la determinación de derecho
que hace el tribunal de instancia al descalificar, se
trata
de
una
decisión
impregnada
del
alto
grado
de
discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de
un caso.
Como es sabido, los tribunales apelativos no
debemos, con relación a determinaciones interlocutorias
discrecionales
por
el
ejercicio
instancia,
salvo
arbitrariedad
Lluch
procesales,
v.
o
España
de
cuando
craso
sustituir
nuestro
criterio
discreción
del
tribunal
de
dicho
haya
incurrido
en
abuso
Service
foro
de
Sta.,
discreción.
117
D.P.R.
Véanse,
729,
745
(1986); Valencia, Ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986);
Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).
Especialmente cuando, como en el caso de autos, tanto el
juez
como
la
materiales
parte
están
de
acuerdo
en
la
resolución
anterior,
este
Tribunal
relatados
con
los
hechos
de
descalificación.
En
vista
de
lo
tendría
facultad para revisar la determinación en los méritos de
una
descalificación
cuando
el
Examinados
tribunal
los
en
casos
como
el
presente,
inferior
abuse
de
su
discreción.
de
este
hechos
particulares
solo
caso,
resolvemos que el Juez Rivera González no abusó de su
discreción.
CC-2000-275
Se
19
trata
de
un
caso
que
al
momento
de
la
descalificación llevaba ocho (8) años pendiente ante el
foro de instancia sin que la parte demandante hubiese
logrado tener su día en corte.
un
total
de
trece
proprio.
El
licenciado
solicitud
otros
de
tres
González.6
que
El
recusación
(3)
(13)
Marchand
para
jueces,
se
inhibieron
Quintero
lograr
entre
la
ellos
el
motu
presentó
inhibición
Juez
de
Rivera
Notamos que en cada una de las ocasiones en
Vocero
fundamentaba
publicado
jueces
En el trámite del mismo
en
presentó
que
artículos
el
una
recusación,
periódico
criticando
la
ésta
se
investigaba
o
había
conducta
del
juez
6
El 24 de abril de 1995 el licenciado Marchand
Quintero promovió una solicitud de recusación del Hon.
Gustavo Rodríguez en el recurso KLCE-95-00036 Iris
Meléndez Vega v. El Vocero y otros.
El fundamento fue
la publicación en agosto de 1992 de dos noticias sobre
la conducta del magistrado cuando ejercía la abogacía.
La moción logró provocar la inhibición voluntaria del
Juez, ya que este accedió a la solicitud sin ulterior
trámite.
El 8 de octubre el licenciado Marchand Quintero
promovió una solicitud de recusación de la Hon. Jocelyn
López Vilanova en el recurso KLCE9800977, Iris Meléndez
Vega v. El Vocero y otros.
Una vez más el fundamento
fue que el Vocero publicó “multiples noticias” sobre la
jueza dos años antes, esto es, “durante gran parte del
año 1996”. Alegadamente trataban de “conducta sumamente
impropia” de la misma.
Al momento de presentar la
moción el incidente ante el foro apelativo intermedio se
había
resuelto
y
dicha
determinación
había
sido
confirmada por este Tribunal.
La Jueza nunca resolvió
la moción.
Finalmente,
el
licenciado
Marchand
Quintero
presenta una solicitud de recusación contra el Juez
Rivera González. Esta vez se fundamentó la solicitud en
la existencia de una investigación sobre las ejecutorias
CC-2000-275
recusado.
20
Toda esta información era de conocimiento del
licenciado Marchand Quintero al momento de originar la
comunicación que provoca su descalificación.
Consciente
del
escabroso
camino
recorrido
por
el
pleito, el Juez Rivera González pautó una reunión con
los
abogados
para
un
día
después
de
haberle
sido
Un obstáculo no tardó en anteponerse
asignado el caso.
y frustrar los efectos de tan encomiable diligencia.
licenciado
Marchand
Quintero
horas
originó
antes
de
la
El
controversial
llamada
pocas
celebrarse
la
vista
pautada.
A esto se le añade, que la llamada “cortesía”
adelantó información hasta entonces desconocida por el
Juez,
sobre
lo
que
serían
solicitarle la inhibición.
los
fundamentos
para
Esto es, hasta ese momento,
el Juez no sabía de la investigación, por lo cual no
existía base alguna que justificase la presentación de
una recusación.
Cabe señalar que mero conocimiento de
que se lleva a cabo una investigación o de que pudiera
llegarse publicar una noticia sobre un juez, de por sí,
no puede dar base a su recusación.
Al
podido
igual
que
ignorar
el
el
juzgador
patrón
de
de
instancia
inhibiciones
no
de
hemos
varios
jueces y juezas a iniciativa propia, algunos luego de
solicitarse la recusación.
Tampoco hemos podido obviar
el patrón de artículos publicados en torno a algunos de
y la “posible”
respecto.
publicación
posterior
de
artículos
al
CC-2000-275
los
21
magistrados
también
que
aparentan
han
participado
en
el
caso,
que
haber
provocado
la
inhibición
de
algunos de éstos.7
En cuanto al Juez Rivera González, que actualmente
tiene a cargo el caso, hemos notado que mientras estaba
pendiente el recurso de certiorari ante el Tribunal de
Circuito
El
Vocero
artículos
en
torno
publicó
una
a
ejecutorias.
sus
serie
de
seis
(6)
Éstos
se
publicaron consecutivamente durante los días 28 y 29 de
febrero de 2000, 1, 2, 3 y 6 de marzo de 2000.
Todos
ellos
(10)
estuvieron
ubicados
páginas del diario.
en
las
primeras
diez
El primero de la serie logró la
privilegiada posición de primera plana.
En concreto, la totalidad de las imputaciones hechas
por la serie de artículos al juez se reducían a haber
sido benévolo con ciertos acusados. Cabe destacar que el
último artículo de la serie lo utilizó El Vocero para
traer ante la opinión pública diversas quejas en torno a
las
intervenciones
periódico
expresó
era
que
del
parte.
magistrado
Entre
“[r]ecientemente,
en
otras
Rivera
casos
cosas,
donde
El
González
el
Vocero
no
se
inhibi[ó] ante una solicitud a esos efectos, en el caso
de la fiscal Iris Meléndez contra este diario”.
7
De la
La Honorable Gloria M. Iagrossi Brenes se inhibió
mediante resolución emitida el 12 de julio de 1999.
Ello, luego de que El Vocero comenzara a publicar una
serie de cinco (5) artículos sobre supuestos actos
indebidos de esta Jueza. Las noticias se publicaron los
días 9, 12, 13, 14 y 16 de julio de 1999.
CC-2000-275
totalidad
22
de
las
circunstancias
surge
con
meridiana
claridad que El Vocero no escatimó esfuerzos para lograr
la
inhibición
de
distintos
jueces
incluyendo
al
Honorable Rivera González.
Solicitar la inhibición de un juez sin fundamentos
sólidos para ello, en un litigio con una trayectoria
procesal tan accidentada como el presente justificaba la
orden
de
descalificación
emitida
por
el
Juez
Rivera
González en el ejercicio de su discreción en el manejo
del caso.
Además, desde el punto de vista de la Ética
Judicial,
el
Juez
Rivera
González
tenía
el
deber
de
evitar colocarse en una posición en que su imparcialidad
pudiera razonablemente ser cuestionada.
Véase el Cánon
XI de Ética Judicial, supra.
No es una buena práctica llamar por “cortesía” a un
magistrado para adelantarle tanto el hecho de que se
solicitará
ello.
una
recusación,
como
los
fundamentos
para
No solo se presta a variadas interpretaciones,
sino que circunvala el mecanismo formal dispuesto para
ello en la Regla 63 de Procedimiento Civil, supra.
Bajo ningún concepto deben interpretarse nuestras
expresiones
en
este
presentación
de
solicitudes
Por
el
contrario,
soliciten
la
se
caso
de
alienta
recusación
sólidos para ello.
como
que
desalientan
recusación
a
cuando
los
meritorias.
abogados
existan
la
a
que
fundamentos
Sin embargo, el mecanismo que deben
utilizar es el provisto en la Regla 63 de Procedimiento
CC-2000-275
Civil, supra.
23
Dicha regla dispone claramente que la
solicitud formal de recusación “deberá ser presentada
tan pronto el solicitante advenga en conocimiento de la
causa de recusación.”8
Tomando en consideración todo lo antes expresado, y
a la luz de la totalidad de las circunstancias en este
caso, resolvemos que el Hon. Rivera González no abusó de
su
discreción
al
utilizar
el
mecanismo
de
la
descalificación para evitar que se continuara socavando
el principio cardinal de las normas procesales: lograr
justicia de forma rápida y económica.9
8
Coincidimos con el Juez Rivera González en que:
No es necesario recurrir a indicarle al juez o
anticiparle la existencia de una causa de
recusación.
EL solo hecho de adelantar este
tipo de información, sin que se haya radicado
la
moción,
puede
generar
diferentes
interpretaciones.
¿Qué se pretende con el adelanto de información
que posiblemente pueda utilizarse como base
para solicitar la recusación de un juez?
¿Se pretende persuadirlo para que se inhiba a
iniciativa propia [aún cuando la recusación
como cuestión de derecho resulte inmeritoria]?
¿Puede considerarse lo expresado como una forma
de intimidación o amenaza si el juez determina
no inhibirse?
¿Genera este anticipo de
información animosidad o agradecimiento hacia
quien lo provee?
La contestación inescapable [sic] es que este
tipo de acercamiento es poco prudente y que
puede
considerarse
como
una
intervención
indebida en la función judicial[…]
9
Al llegar a este resultado no prejuzgamos el caso
de conducta profesional que actualmente es objeto de un
recurso separado e independiente ante este Foro.
CC-2000-275
24
Pasemos ahora a examinar si se le garantizaron al
letrado, y a sus representados, los derechos procesales
correspondientes.
III
El
Tribunal
de Circuito
resuelve
la
controversia
procesal aplicando a la descalificación, por analogía,
las
normas
sobre
sumariamente.
el
desacato
criminal
impuesto
La analogía entre el desacato criminal
impuesto sumariamente y la descalificación de un abogado
en
un
pleito
diferencias
civil
entre
los
resulta
inapropiada
derechos
envueltos
por
en
las
ambas
situaciones.
El
desacato
criminal
versa
sobre
conducta
constitutiva de delito la cual podría conllevar hasta
pena de reclusión.
El interés afectado en el desacato
criminal es de incuestionable valor y preeminencia.
El
interés de un abogado en representar a una parte, o de
una
parte
a
ser
representada
por
un
abogado
en
particular no goza de la misma jerarquía; sobre todo en
pleitos civiles.
Tampoco pueden aplicarse a casos de descalificación
las garantías del debido proceso otorgadas a abogados en
procedimientos
disciplinarios
por
violación
a
los
Tampoco estamos pasando juicio sobre si el patrón de
inhibiciones
respondió
a
una
estrategia
dilatoria
CC-2000-275
Cánones
25
de
Ética
Profesional.
En
estos
últimos,
el
abogado se expone a una sanción o penalidad que podría
ir
desde
una
amonestación
o
suspensión
temporera
del
ejercicio de la profesión, hasta el desaforo y privación
permanente de su título.
criminal,
son
mucho
Al igual que en el desacato
mayores
y
serias
las
posibles
consecuencias para los derechos del abogado afectado.
Recalcamos que la descalificación no es ni una sanción,
ni
una
medida
disciplinaria.
herramienta
para
evitar
Ética
para
eliminar
o
Se
violaciones
a
“actos
trata
los
de
una
Cánones
de
disruptivos”
que
obstaculicen la debida marcha de un litigio.
Al aplicar las garantías del debido procedimiento de
ley
el
Tribunal
descalificación
de
Circuito
de
un
expresa,
abogado
además,
implica
que
la
derechos
fundamentales, no sólo de éste, sino de su representado.
Invoca como apoyo a estas afirmaciones a los casos de
Otaño v. Vélez, supra.;
Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125
D.P.R.
In
432
(1975).
(1990);
e
re
Vélez,
103
Hemos examinado los casos citados.
D.P.R.
590
Ciertamente
en ellos se reconoce “el derecho que le asiste a todo
ciudadano
de
represente.”
encontrado
escoger
libremente
(Énfasis nuestro.).
que
se
califique
el
abogado
que
lo
Sin embargo, no hemos
tal
derecho
como
fundamental.
premeditada por el licenciado Marchand Quintero.
uno
CC-2000-275
26
Por el contrario, en Lizarribar v. Martínez Gelpí,
121 D.P.R. 770,785 (1988), resolvimos expresamente que,
en el ámbito de lo civil, “no se reconoce el derecho de
asistencia de abogado a los litigantes[…]”.
Esto es, ni
siquiera existe un derecho a tener representación legal
durante
un
pleito
civil.
Menos
aún,
por
lo
tanto,
existe un derecho fundamental a estar representado por
determinado
abogado,
o,
como
en
este
caso,
a
estar
representado por más de un abogado simultánemente.
No
entendemos la pretensión de elevar la prerrogativa de
elegir
libremente
representación
legal
dentro
de
un
pleito civil a la categoría de derecho fundamental.
Sin
lugar
a
dudas
en
Otaño
v.
Vélez,
supra,
reconocimos que, conforme al debido proceso de ley, un
abogado
tiene
antes
del
derecho
a
tribunal
ser
oído
y
resolver
presentar
una
prueba
solicitud
de
descalificación interpuesta por la parte adversa. Pero
¿Cuál es la extensión de ese derecho cuando el tribunal
descalifica motu proprio?
En
el
caso
incidente
que
presentes
en
de
autos,
provoca
la
la
vista.
los
únicos
testigos
descalificación
Además
el
Juez
del
estuvieron
advirtió
al
letrado, antes de concluir el acercamiento telefónico,
que lo invitaría a vertir para récord su versión de lo
acontecido.
En
la
oportunidad
tanto
vista,
el
Juez
para
narrar
le
la
otorgó
amplia
conversación
telefónica, como para pedir “el remedio que entendiera
CC-2000-275
27
adecuado”.
Además, el magistrado expresó en la vista
los
fundamentos
por
los
cuales
procedía
la
descalificación y dio al licenciado Marchand Quintero la
oportunidad de reaccionar a los mismos.
La Resolución
emitida por escrito fue fiel a los hechos narrados y
discutió
ampliamente
los
fundamentos
llevaron al Juez a descalificar.
de
derecho
que
Finalmente, recalcamos
que en este caso tanto el juez como el letrado estaban
de acuerdo sobre los hechos y contenido de la llamada
telefónica.
No habiendo controversia en los hechos en
este caso, solo restaba aplicar el derecho.
Ante
los
hechos
entendemos
que
la
concedió
al
particulares
vista
licenciado
oportunidad de ser oído.
celebrada
Marchand
de
el
1
Quintero
este
caso,
de
febrero
suficiente
Erró el Tribunal de Circuito
de Apelaciones al definir la extensión y contornos del
debido proceso de ley aplicables.
Por último, aclaramos que la mera existencia de una
investigación
periodística
y
posible
subsiguiente
publicación sobre las ejecutorias de un juez no trae,
como consecuencia automática, su inhibición voluntaria o
mediante
solicitud
recusación.
De
otra
forma,
en
teoría, bastaría que un periódico demandado comience una
investigación
o
publique
artículos
sobre
cada
juez
a
cargo de su caso para provocar una serie ininterrumpida
de inhibiciones o recusaciones.
Ello, hasta que su caso
fuese juzgado por el magistrado de su predilección o,
CC-2000-275
28
entre otras cosas, hasta que la parte adversa se canse
de litigar; o la prueba deje de estar disponible; o se
afecte
la
memoria
tiempo.
No
son
de
los
nuevas,
testigos
por
paso
del
aunque
reprobables,
las
si
el
prácticas de ganar un litigio por agotamiento de las
partes
o
testigos,
shopping”.
o
mediante
el
llamado
“judge
Los jueces, especialmente los de instancia,
tienen un deber de evitar que esto suceda.
Por
sentencia
los
fundamentos
revocando
la
antes
expuestos
se
por
Tribunal
emitida
el
dictará
de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan y
se confirma la resolución dictada por el Tribunal de
Primera
Instancia,
Sala
de
San
Juan,
ordenando
la
descalificación del Lcdo. Juan R. Marchand Quintero del
caso Civil Núm. K DP92-0574, Iris Meléndez Vega v. El
Vocero de Puerto Rico, Inc y otros.
Se dictará sentencia de conformidad.
MIRIAM NAVEIRA DE RODÓN
Jueza Asociada
CC-2000-275
29
CC-2000-275
30
31
CC-2000-275
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iris Meléndez Vega
Peticionaria
v.
CC-2000-275
Caribbean International News,
Gaspar Roca, José A. Purcell
y otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se dicta sentencia revocando la emitida por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de
San Juan y se confirma la resolución dictada por el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, ordenando
la descalificación del Lcdo. Juan R. Marchand Quintero del
caso Civil Núm. K DP92-0574, Iris Meléndez Vega v. El
Vocero de Puerto Rico, Inc y otros.
Notifíquese por fax y vía telefónica.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Corrada del Río disiente con Opinión escrita.
El Juez Asociado señor Rebollo López está inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
32
CC-2000-275
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iris Meléndez Vega
Peticionaria
v.
CC-2000-275
Caribbean International News,
Gaspar Roca, José A. Purcell
y Otros
Recurridos
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río
San Juan de Puerto Rico, 28 de junio de 2000.
Disiento de la Opinión mayoritaria emitida por este
Tribunal en el caso de autos, mediante la cual revoca la
Sentencia dictada el 14 de mayo de 2000 por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones,10 que había dejado sin efecto
la descalificación del Lcdo. Juan R. Marchand Quintero en
el caso Civil Núm. KDP92-0574, Iris Meléndez Vega v. El
Vocero de Puerto Rico, Inc. y otros. Este Tribunal, al
confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia,
mediante
el
cual
se
descalificó
al
Lcdo.
Marchand
Quintero de representar a El Vocero
10
Panel integrado por su presidente, Juez Urgell Cuebas, y
los jueces Cordero Peña y Gierbolini.
33
CC-2000-275
de Puerto Rico, Inc., sin justificación alguna, ha privado a esa
parte del derecho que le asiste de escoger libremente el abogado que la
represente.
I
Los
hechos
que
dan
lugar
a
este
recurso
están
adecuadamente
resumidos en la Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El 21 de mayo de 1999 en los recursos consolidados KLCE9901243,
KLCE9901244 y KLCE9901245 el Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió
una Sentencia revocando la “Sentencia Parcial” dictada por el Tribunal
de
Primera
Instancia
que
acogió
a
su
vez
una
recomendación
de
un
Comisionado Especial y se devolvió el caso al foro recurrido para que
los procedimientos continuasen conforme a lo allí dispuesto.
Una vez advino final y firme dicha Sentencia, el caso fue objeto de
varias
reasignaciones
a
distintos
jueces
del
Tribunal
de
Primera
Instancia, debido a inhibiciones o problemas de calendario de éstos.
Eventualmente fue asignado al Hon. Víctor M. Rivera González por el Juez
Administrador
del
Centro
Judicial
de
San
Juan,
mediante
Orden
Administrativa de 26 de enero de 2000. El 27 de enero, por la vía
telefónica, el juez coordinó con los abogados de las partes una reunión
informal con el propósito de fijar el trámite procesal a seguir en el
caso y, además, explorar o considerar una transacción en el mismo. La
reunión se pautó para tener lugar el 1ro. de febrero, a las 4:00 p.m. en
el tribunal.
Ese día 1ro. de febrero, de acuerdo a lo expuesto por el Lcdo.
Marchand Quintero, éste fue informado por la División de Investigaciones
Editoriales
del
Periódico
El
Vocero
que
ésta
llevaba
varios
meses
efectuando una investigación periodística en torno a las ejecutorias del
Hon. Rivera González como Juez Superior. Al conocer de la existencia de
la referida investigación periodística, en o alrededor del mediodía del
1ro. de febrero, el Lcdo. Marchand Quintero llamó a la oficina del Hon.
Rivera González para hablar con él y plantearle que tendría que traer a
colación en la reunión la información que había recibido. En ese momento
34
CC-2000-275
el juez no se encontraba en su oficina, pero su secretaria atendió la
llamada. Posteriormente, a la 1:05 p.m. éste devolvió la llamada al
Lcdo. Marchand Quintero, quien le comunicó la información que había
recibido y que tendría que solicitar su recusación. El Lcdo. Marchand
Quintero,
“...entendía
necesario
fines
que
Rivera
de
el
Hon.
participárselo
González
no
de
tuviera
inmediato,
que
a
los
enterarse
por
primera vez `en frío’ en presencia de los demás abogados del pleito y
del público en Sala, y para que orientara al Lcdo. Marchand Quintero
sobre cómo canalizar el trámite de solicitud de inhibición como juez de
la forma menos onerosa posible.”
El Hon. Rivera González le manifestó al Lcdo. Marchand Quintero que
compareciera a la reunión informal en la que se discutiría lo planteado.
Llegado el momento de la reunión informal, el magistrado inició los
procedimientos en sala, con todo el personal, a las 4:10 de la tarde, e
hizo un récord de la vista.
A
continuación
se
recogen
aquellas
partes
pertinentes
de
lo
acontecido en la vista, según la transcripción, Apéndice, págs. 155-160.
HON. JUEZ:
Llámese el caso en calendario.
SEÑORA SECRETARIA:
(llama el caso de epígrafe)
HON. JUEZ:
Si son tan amables, identifíquense la compañera y los compañeros
para registro.
LCDA. RAMOS DE SZENDREY:
Buenos Días, Honorable Juez, buenas tardes y demás funcionarios del
Tribunal. Mi nombre es Maricarmen Ramos de Szendrey y represento a
la parte demandante.
LCDO. ALVAREZ GONZÁLEZ:
Muy buenas tardes, José Julián Álvarez González, también represento
a la parte demandante.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Buenas tardes, Vuestro Honor. Soy el Lcdo. Juan R. Marchand
Quintero. Nos acompaña el Lcdo. Francisco Ortiz Santini, de nuestra
oficina. En representación de los periodistas demandados, El
Vocero, Roca y Pursell [sic].
LCDO. SANTIAGO NIEVES:
Buenas tardes, Juez, funcionarios, compañeros.
Nieves, en unión a José Juan Nazario de la
codemandada, Marta Marrero.
Juan Santiago
Rosa, por la
CC-2000-275
35
LCDO. SANTIAGO RIVERA:
Buenas tardes, señor juez y demás funcionarios y compañeros. Mi
nombre es Héctor Santiago y me represento por derecho propio.
HON. JUEZ:
¿Demandado también?
LCDO. SANTIAGO RIVERA:
Sí, Vuestro Honor, Por eso... ¿Si nos permite, señor Juez?
HON. JUEZ:
Cómo no.
LCDO. SANTIAGO RIVERA:
Yo estuve conversando con los compañeros aquí abogados, que están
aquí a mi derecha, y yo quiero, ¿sabe?, que esto... tengo la
impresión que usted ha sido el Juez designado para ver el
proceso...
HON. JUEZ:
Vamos primero a exponer brevemente... De hecho, recibimos la
encomienda por orden administrativa, emitida por el Honorable
Carlos Rivera Martínez, Juez Administrador, en la que se señalaba
que el caso ha tenido múltiples inhibiciones, señala la orden
administrativa y se le asignaba a este Juez por entenderse que en
nuestro calendario se podría acomodar el señalamiento del mismo, en
aras a una solución justa, rápida y económica del caso. En este
caso, el Juez conoce algunas de las partes litigantes. La compañera
Iris Meléndez, fue conjuntamente con este Juez, Fiscal, en el
Departamento de Justicia, cuando fuimos Fiscales. El compañero
abogado, Héctor Santiago, representó en un delito menos grave a un
hermano de este Juez.
LCDO. SANTIAGO RIVERA:
Correcto. Hace varios años, sí.
HON. JUEZ:
Hace varios años. El Lcdo. José Juan Santiago, pues, este Juez le
ha asignado, inclusive, casos por entender que es muy proeficiente
[sic] en el área de lo criminal y en el área de lo civil,
inclusive. Sin embargo, en términos de inhibición ninguna de ellas
es motivo especificado en reglas, tendría que radicarse una
recusación. En la tarde de hoy el Lcdo. Marchand nos llamó y nos
participó una conversación exparte [sic]. El Juez quiere saber si
quiere reproducirla, ahora que está la compañera y el compañero y
si va a hacer alguna solicitud de remedio para canalizar el mismo.
De lo contrario, y aún con el relato del compañero, el Juez va a
vertir para registro el contenido de esa conversación.
LCDO. SANTIAGO RIVERA:
Sí. Solamente mi intervención, Vuestro Honor, es para informarle
algo que conoce mucho el compañero. A mí me une una amistad
profunda con su hermano. Fui su representante legal y una persona
para mí adorable. Y quiero que todo el mundo lo sepa, para que no
haya ningún inconveniente posterior.
HON. JUEZ:
Sí. No, y en eso siempre hemos dicho que podremos juzgar hasta
nuestra santa madre y garantizarle, si es en lo criminal, el
derecho a un juicio justo y si en lo civil, idem.
CC-2000-275
36
LCDO. SANTIAGO RIVERA:
Muy bien.
HON. JUEZ:
Licenciado Marchand Quintero.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Para efectos de récord, el Lcdo. Juan R. Marchand Quintero. Vuestro
Honor, esta mañana, a eso de las 12:05, yo llamé al despacho de
Vuestro Honor, no conseguí a nadie. Entonces, lo traté de nuevo
como a eso de la una menos veinticinco y su secretaria me indicó
que usted estaría de regreso a la 1:00. Puedo estar mal por cinco
minutos, pero a la una y cuarto, una y veinte, cojo el teléfono, yo
estaba solo en la oficina y era Vuestro Honor. Y le indiqué que
esta misma mañana, hoy martes, me indicaron de El Vocero, que se
está haciendo una investigación que envuelve las ejecutorias
oficiales de Vuestro Honor. Se remontan a cuando usted estaba en la
Sala de lo Criminal. Puedo equivocarme, pero estamos hablando de
mediados o a fines del ’98, hasta mediados del ’99. Esa es, por lo
que sé, esa es la ventana de estudio. Yo me preocupé,
inmediatamente y llamé, hice el contacto, cosa que nunca hago, con
los investigadores de El Vocero, que son exNIE y están haciendo
ellos la investigación. Por lo que ellos me dijeron, tienen
documentos, han hecho entrevistas, tienen fuentes informativas y la
investigación está caminando. Yo le indiqué, Vuestro Honor, eso me
pone a mí, inmediatamente, a mí como abogado, en una posición que
le quise participar y es la siguiente. Primero, por haber gente que
sabe que se está investigando, el no publicarse nada con el de
venir [sic] del tiempo podría interpretarse como que de alguna
forma El Vocero ha tratado con manos de seda o, ¡Vamos!, con algún
propósito malo de aventajarse. Y por el contrario, si estuviese el
caso activo ante usted y decidiesen publicar lo que sea que decidan
publicar, pues, la gente va a pensar, incluyendo obviamente a la
parte demandante y su distinguida representación, van a pensar que
lo que estamos haciendo es de alguna forma palanqueando el criterio
profesional de Vuestro Honor. De esta manera o de otra, es una
situación sumamente delicada. Y, en el plano personal, como yo sé
que estas cosas suceden, probablemente es a este servidor que le
enviarían el producto final, porque es lo usual, de lo que es un
borrador de publicación. Si es que lo hacen, es en esa etapa y no
antes, que me participarían o me incluirían en el equipo de trabajo
para una publicación en específico.
Hablé de esto con mi cliente, con el Sr. Roca, que es parte
demandada y tengo las instrucciones de hacer el contacto con usted,
el cual hice en la conversación telefónica. Porque no es nuestro
propósito tampoco radicar sin prevenir a nadie, sin avisarlo, en
una forma, vamos a decir, informar, como lo estamos haciendo, el
hecho de que estamos solicitando la recusación.
Pero eso, básicamente, Vuestro Honor, esas son mis instrucciones en
este momento, de notificarle al Tribunal, de que dada esta
situación, entendemos, lo más sano, lo más sano, saludable, es
solicitarle la recusación, cosa que sabemos que bajo la Regla 63 se
hace con cierta formalidad. Y como yo le indiqué en la llamada
telefónica,
yo
no
tendría
reparo
alguno
en
obtener
las
declaraciones juradas de los que están investigando y poner en un
sobre lacrado, en algún sitio donde... en un sitio neutro, no tiene
que ser un notario, puede ser el depósito del Tribunal...
HON. JUEZ:
No va a ser necesario.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
37
CC-2000-275
... donde sea. Pero es para lo siguiente, Vuestro Honor, porque es
una de las causas que nos preocupa, que es, congelar en términos
temporales, en otras palabras, en la cápsula del tiempo...
HON. JUEZ:
El derecho de la prensa a informar es expedito, está consagrado en
nuestra constitución [sic]. El caso de “New York Times”, es el caso
“leading” en este tipo de jurisprudencia y eso es prerrogativa de
la prensa y en eso no vamos a intervenir y no vamos a pedir ningún
tipo de consideración ni judicial, ni personal, ni procesal. ¿Algo
más que añadir antes de actuar procesalmente el Tribunal?
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Sabemos, Vuestro Honor, porque usted nos lo indicó, y, además,
quiero repetir sus palabras, porque me impactaron mucho, usted nos
dijo, que usted no tiene en su memoria evento alguno que se pueda
interpretar como que ha actuado mal. Y eso lo quiero consignar en
el récord.
Luego
de
pronunciamientos
lo
antes
por
el
expuesto,
Hon.
Rivera
se
hicieron
González
y
el
los
siguientes
Lcdo.
Marchand
Quintero:
(Transcripción, Apéndice págs. 160-164)
HON. JUEZ:
Los jueces estamos para ser unos árbitros imparciales y garentes
[sic] de derechos de las partes y en ese asunto, que no está
“subjudice” ante este Juez, El Vocero, pues, tiene la prerrogativa
de informar al pueblo y en eso no podemos intervenir. Sí podemos
intervenir en función de la llamada del compañero abogado, porque
el tribunal entiende que por su contenido, que básicamente el
compañero ha vertido para récord, puede tener un grado mayor de
impropiedad. E inclusive, podría entenderse de que en alguna forma
bordea en ilicitud con el Artículo 247 del Código Penal, que
establece como delito grave, con una pena fija de 6 años, el tratar
de influir en un Juez, ya sea con amenazas o por medio de
persuación [sic]. Y en ese sentido el Juez lo más que puede hacer
es
completar
lo
que
dijo
el
compañero.
Aclarar
para
la
transcripción del récord, que la única razón por la cual nos
mantuvimos escuchándolo y reaccionamos mínimamente fue porque
verdaderamente nos cogió por sorpresa la comunicación del compañero
abogado.
De hecho, recuérdese, si no es así, niéguelo para registro, que
dijo: “Juez, le quiero adelantar esto porque no lo quiero coger en
frío cuando se abra sala”.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Eso es así.
HON. JUEZ:
Pero cuando le participó al Sr. Roca el producto de la conversación
que tuve yo con usted, que fue la misma que tuve con todos los
otros abogados y abogadas, que le dije que era una reunión de
tanteo, que quería evaluar si había posibilidades todavía de
transigir las causas de acción, que es básicamente el propósito
primordial que tiene este Juez en todos los casos, ve si hay una
vía de solución expedita y justa para, sino, calendarizar el caso,
pues, el compañero me dijo, que cuando le dijo al Sr. Gaspar Roca,
de que el Juez designado era el que está expresándose, él le dijo:
“Espérate un segundito, hablamos después, porque creo que tengo
CC-2000-275
38
algo! Que ahí fue que le dijo, en una próxima ocasión, de que me
estaban investigando. Que la investigación era en cuanto a asuntos
judiciales y que tenían que ver con mi función en la Sala Criminal,
presumo, de San Juan, porque lo que llevamos es dos años en este
salón de sesiones.
El Juez, nos acordamos que le dijimos claramente: “Mire, permítame
usar un vocablo muy puertorriqueño, ¡bendito!, yo nunca he hecho en
sala, judicial o profesionalmente, nada impropio o ilegal...
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Eso es correcto.
HON. JUEZ:
...que me pueda...¿Fue así, verdad compañero?
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Eso es así. Correctamente.
HON. JUEZ:
Que me pueda equivocar judicialmente, ¡claro! Que pueda tener un
juicio errado, ¡claro! Si en primera y última instancia somos unos
seres humanos de carne y hueso y en más o menos en una proporción
bastante similar. No se espera que los jueces seamos “demiurgos” o
semidioses. O sea, los jueces tenemos también los pies de barro y
cometemos
errores.
Pero
negligencia
con
algún
grado
de
intencionalidad, si se me permite la redundancia en derecho, o
privar a alguien intencionalmente de un derecho, eso no cabe en
este Juez. Que, inclusive, tenemos la carga, y no la rechazamos, de
atender todos los casos de confinados en San Juan.
Y queremos llevarlo a registro, porque es indicativo quizás de
personalidad jurídica o del ser humano que se está dirigiendo a
ustedes, independientemente de la opinión que puedan tener ahora o
con posterioridad a cualquier publicación, le hemos dado derecho a
vista en todos los casos. En todos los casos. El viernes tenemos
treinta casos de confinados. Y lo hacemos porque entendemos que
judicialmente se debe atender ese tipo de población.
Que nos equivocamos, licenciado, eso es así. Sin embargo, nos vemos
obligados, y como seres humanos no nos gustaría hacerlo, a ordenar
la transcripción, a referir el asunto al Supremo y a descalificarlo
como abogado de El Vocero. Por otro lado, para que quede en la
transcripción, el Juez tiene que señalar, que no tiene prejuicio
personal ni prejuicio judicial en cuanto a los hechos del caso,
partes o litigantes. Que con independencia de este incidente, este
es un asunto en que la jurisprudencia es clara, el peso de la
prueba que se le impone a la parte demandante, también es claro y
que el Juez lógicamente, no se va a inhibir en este asunto.
Claro, el compañero tiene, no el compañero, porque lo hemos
descalificado, algún abogado de el Periódico El Vocero, tendría que
presentar la moción solicitando recusación y seguirá el trámite
normal.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Vuestro Honor, ¿puedo interrumpir? Es que me deja atónito, esa es
la palabra, el que haber hecho ese acercamiento para un asunto, que
bajo la Regla 63 no estaría ante la consideración de Vuestro Honor,
sino, de otro magistrado, no se tome como lo que fue, que es una
simple cortesía y se toma como si usted me estuviera diciendo, que
es lo que yo estoy entendiendo, no lo oigo... de que mi
verbalización de esa duda fuese, inclusive, una amenaza, o de
alguna forma tratando de influir en la manera en que usted pueda
resolver sobre los asuntos de este caso.
HON. JUEZ:
CC-2000-275
39
Licenciado, todos ustedes son abogados de experiencia y el Juez
también. Y además de experiencia, tenemos calle, tenemos sentido
común y los jueces lo utilizan para resolver. El Juez, inclusive,
señaló para registro, que de probarse intención criminal pudiera
haber una violación al Artículo 247 del Código Penal, “Tratar de
influir en Jueces y Jurados”. Fíjese que ese artículo utiliza la
palabra “persuación” [sic].
Nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, porque como jueces y
como seres humanos nos equivocamos. Pero entendemos que lo más
correcto no es ver la conversación que tiene exparte el compañero
con el Juez como una deferencia, tenemos que verla dentro de la
totalidad de las circunstancias. Y estamos solicitando, que si el
Tribunal Supremo entiende que ha habido una violación de naturaleza
ética por el compañero, o por el Juez, pues, que sea él el que la
dirima. Nosotros no somos especialistas en ética profesional.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Bueno, pero yo quisiera, entonces, que usted consigne, Vuestro
Honor, ¿qué expresión en específico le sonó a usted como que era
algo... Porque yo fui muy claro. En una expresión yo le dije: “No
vamos a entrar en los méritos del caso. Precisamente sobre eso no
vamos a hablar”.
HON. JUEZ:
En cuanto a los méritos, no se entró.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Bueno, fíjese...
HON. JUEZ:
En cuanto a si es propia o no la llamada y lo que se expresa en la
misma, que básicamente el compañero corroboró lo que él dijo y lo
que dijo el Juez, que eso le compete a otra autoridad y no a ésta.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Pero usted me invitó a que yo hiciera esa locución informal que
hemos procedido a hacer. Estoy en lo correcto. Y quiero consignar,
le pregunto, ¿si en esa llamada telefónica usted no nos adelantó
nada de que usted se sentía como que estaba aludido, persuadido, de
alguna manera, amedrentado? No sé, no sé cómo ponerlo en palabras
suyas.
HON. JUEZ:
Eso en estos momentos no es prudente que se señale para registro.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
¿Y por qué, Vuestro Honor? O sea, me gustaría que se me diera la
oportunidad...
HON. JUEZ:
Porque, licenciado, porque no es prudente, porque ya tomamos dos
decisiones, descalificarlo como abogado, uno; y dos, referir el
asunto al Tribunal Supremo. Habiéndose referido al Tribunal Supremo
por orden, un asunto que puede o no ser ético, pues, huelga el que
continúen habiendo explicaciones.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
O sea, ¿ya se refirió?
HON. JUEZ:
Si, esa es la orden de el Tribunal.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
CC-2000-275
40
¿No está escrita en el momento?
HON. JUEZ:
No está escrita, lógicamente.
LCDO. MARCHANDO QUINTERO:
¡Okey!
HON. JUEZ:
La orden es de referir el expediente... es la transcripción de lo
conversado aquí al Tribunal Supremo para que lo evalúe. Es una
orden sobre la cual tan solo [sic] puede solicitarse un remedio por
el compañero al Supremo. O sea, no es un tipo de orden que sea
apelable al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Pero la podemos
emitir por escrito, si el compañero así lo desea. Y siéntase en
libertad, usted puede estar seguro, de que cualquier información
que salga en la presenta, correcta, incorrecta, responsable o menos
responsable, va a conturbar el ánimo de cualquier persona. No
estamos hablando del Juez. Pero siéntase también con la seguridad,
o por lo menos, quien quede representando a El Vocero, si es que
luego de los trámites apelativos se mantiene la descalificación, de
que este Juez resolverá de acuerdo a prueba y derecho. Otra cosa no
vamos a hacer.
LCDO. MARCHAND QUINTERO:
Entonces, esperaremos su orden escrita de descalificación.
HON. JUEZ:
Estamos dándola oralmente desde hoy. La vamos a emitir por escrito
mañana. Esperamos que los compañeros y la compañera no tomen este
asunto como uno de naturaleza personal. Pero entendemos que después
de lo que dijo el compañero, pues, aplica la máxima de que callar
otorga. Y como somos fieles defensores...
Como podrá apreciarse de la transcripción anterior, es evidente que
la reunión o vista informal señalada para esa tarde tenía como propósito
pautar los procedimientos y auscultar la posibilidad de una transacción
en el caso. Así lo reconoce el juez en sus expresiones de que se trataba
de una “reunión de tanteo, que quería evaluar si había posibilidades
todavía de transigir las causas de acción,....” Igualmente, se desprende
que el asunto sobre la conversación telefónica entre el juez y el Lcdo.
Marchand Quintero fue traída por el primero con el propósito de hacer un
récord de lo sucedido. Se desprende, además, de la transcripción, que en
forma sumaria el tribunal descalificó al Lcdo. Marchand Quintero de
continuar representando a sus clientes, asunto para el cual de acuerdo a
sus expresiones, no estaba preparado, ni era el propósito de la reunión.
41
CC-2000-275
El
3
de
febrero
de
2000,
el
Juez
Rivera
González
emitió
una
resolución donde recogió las consideraciones de hecho y fundamentos de
derecho que lo llevaron a ordenar la descalificación.
Señala
la
Opinión
mayoritaria
que
“[c]on
relación
a
la
descalificación del licenciado Marchand, el Juez explicó que la decretó
como una medida preventiva a los fines de continuar el trámite en el
caso y de preservar su independencia como juzgador”... y que “[s]e
desprende
de
la
resolución,
que
el
Juzgador
ofreció
especial
consideración a la crítica situación de retraso causada por el patrón de
inhibiciones de jueces en el caso.”11
El 16 de febrero, El Vocero presentó petición de certiorari ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones en la cual planteó que había errado
el tribunal de instancia al decretar sumariamente y en corte abierta la
descalificación
del
licenciado
Marchand
Quintero
para
continuar
representándolo. En esa misma fecha, el foro apelativo intermedio emitió
una resolución ordenando la paralización de los procedimientos ante el
Tribunal de Primera Instancia y concedió un término de diez (10) días
para que cualquier parte interesada se expresase respecto
al recurso.
El 14 de marzo el Tribunal de Circuito dictó sentencia mediante la
cual revocó la descalificación decretada por el tribunal de instancia.
Dicho foro resolvió que la descalificación no se justificaba en los
méritos. Además, concluyó que el tribunal de instancia violó el debido
proceso de ley tanto del letrado, como de sus representados.
Inconforme, la Fiscal Meléndez Vega acudió ante nos y solicitó la
revocación de la sentencia del Tribunal de Circuito y la reinstalación
de la orden de descalificación.12
11
Opinión mayoritaria, pág. 8
12
Los errores planteados leen como sigue:
A.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL RECONOCER
GARANTÍAS
DE
DEBIDO
PROCEDIMIENTO
DE
LEY
ENTERAMENTE
INAPLICABLES AL INCIDENTE DE DESCALIFICACIÓN ANTE SÍ,
42
CC-2000-275
II
Expresa la Opinión mayoritaria que un acercamiento ex parte de un
abogado a un juez, en teoría, podría dar lugar a una descalificación, a
un procedimiento disciplinario y a un proceso criminal por violación al
Art. 247 del Código Penal y que en el caso de autos, solo resulta
relevante examinar los hechos bajo la figura de la descalificación.13
Aclara que los procedimientos de descalificación no constituyen
acciones disciplinarias, sino una medida preventiva para evitar posibles
violaciones a los Cánones de Ética Profesional, según resolvimos en KMart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633, 637-638 (1988).14
Aduce que “[l]os tribunales pueden utilizar la descalificación,
además, como mecanismo para asegurar la adecuada marcha de un litigio.”
Estamos de acuerdo, desde luego, con esta normativa. Disentimos de
la aplicación que hace de ella el Tribunal, ante la situación fáctica
del caso de autos.
En primer lugar, no se justifica en modo alguno aplicar la medida
extrema de descalificación al Lcdo. Marchand Quintero por razón de la
comunicación ex parte sostenida por él con el Juez Rivera González. El
Lcdo. Marchand Quintero le explicó al juez el propósito de su llamada –
anunciarle de antemano que debido a que su cliente le había informado
sobre la publicación futura de unos artículos en el periódico El Vocero
sobre las actuaciones del juez en otros asuntos, habría de solicitar su
inhibición, lo cual el letrado reiteró luego para el registro en la
vista que se celebró a esos fines.
El Canon 11 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que
“[u]n abogado no debe comunicarse ni discutir con el juez en ausencia de
CONCLUYENDO ERRÓNEAMENTE QUE HUBO PRIVACIÓN
CONSTITUCIONALES DE LOS RECURRIDOS Y SU ABOGADO.
B.
13
14
DE
DERECHOS
ERRÓ EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL RESOLVER QUE
LOS HECHOS DEL CASO Y LA DOCTRINA RELACIONADA NO REQUERÍAN LA
DESCALIFICACIÓN
DECRETADA
DEL
LCDO.
JUAN
R.
MARCHAND
QUINTERO.
Opinión mayoritaria, pág. 10
Id., pág. 11
43
CC-2000-275
la otra parte sobre los méritos de un caso pendiente y merece ser
reprendido
por
cualquier
acción
encaminada
a
obtener
especial
consideración personal de un juez.”15
Claramente, la comunicación ex parte del Lcdo. Marchand Quintero
con el Juez Rivera González, según descrita por ambos, nunca versó sobre
los méritos del caso de la demandante Iris Meléndez Vega contra El
Vocero. Por ende, es improcedente su descalificación por ese fundamento.
En
segundo
lugar,
tampoco
en
este
caso
se
justifica
la
descalificación como medida preventiva para evitar posibles violaciones
a los Cánones de Ética Profesional. Se justifica la descalificación como
medida preventiva para evitar –ordinariamente por razón de conflicto de
intereses- que la participación contínua de un abogado en un litigio,
permita que se configure en lo sucesivo la violación de los Cánones de
Ética Profesional.
En el caso de autos, la descalificación del Lcdo. Marchand Quintero
está basada en un hecho ya ocurrido –la comunicación ex parte con el
juez para anunciarle la petición de inhibición- por lo que con ella no
se está tomando una medida preventiva. No se trata de conducta contínua
que
habría
que
prevenir,
como
la
perpetración
de
un
conflicto
se
justifica
descalificación
de
intereses u otra conducta similar.
En
tercer
lugar,
tampoco
la
como
mecanismo para asegurar la buena marcha de un litigio o evitar “actos
disruptivos”.
La Opinión mayoritaria pretende justificar la descalificación del
Lcdo. Marchand Quintero a base de que el juez de instancia consideró
tanto el amplio patrón de inhibiciones en este caso como el considerable
atraso que lleva el mismo. No nos persuade.
La parte recurrida ha sometido una tabla como parte de su alegato
de réplica16 de donde surge que se han inhibido en este asunto trece
jueces, de los cuales tres pertenecen al nivel de instancia y diez al
15
16
Véase, In re Rodríguez Ortiz, 135 D.P.R. 683 (1994).
Alegato de Réplica de los Recurridos, pág. 18.
44
CC-2000-275
nivel apelativo. Cuatro de ellos se inhibieron sin ofrecer explicación;
tres de ellos por razón de la participación en el caso de la Lcda. Ramos
de Szendrey; uno por el conocimiento personal de algunos testigos de la
peticionaria; uno por lazos de amistad con la peticionaria; uno por
lazos de amistad con varias de las partes; uno por haber participado en
asuntos
similares
al
de
autos;
uno
por
la
participación
del
Lcdo.
Nazario y otro por lazos de amistad con varios de los abogados. Es obvio
que no se puede inculpar al Lcdo. Marchand Quintero de este problema.
Además, si el juez de instancia estaba preocupado por la buena marcha
del caso y su pronta solución, lo que procedía era, de rehusarse a la
inhibición, darle curso a lo dispuesto por la Regla 63 de Procedimiento
Civil. Una vez atendido ese incidente, se procedería con el caso. Esta
medida no produce una demora mayor en el caso que la demora incurrida
por motivo de la descalificación.
En cuanto a evitar posible conducta “disruptiva”, no surge de los
autos que exista evidencia alguna de que el Lcdo. Marchand Quintero haya
incurrido o represente un riesgo de incurrir en ese tipo de conducta, a
no ser que se pretenda intimar que la presentación de una solicitud de
inhibición constituya tal conducta, lo cual sería un precedente nefasto.
No estamos pasando juicio sobre si la conducta del Lcdo. Marchand
Quintero fue o no imprudente y si merece o no algún tipo de sanción
disciplinaria. Para ello está pendiente ante nosotros el caso AB-200021, consolidado con el AB-2000-14. Lo que entendemos es que la conducta
en cuestión no justifica la medida extrema de la descalificación.
En Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125 D.P.R. 432 (1990) y en In re
Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975) hemos reconocido el derecho que le asiste a
todo ciudadano de escoger libremente el abogado que lo represente. La
decisión que emite hoy este Tribunal violenta, sin justificación ni
razón válida, este derecho. Confirmaríamos la Sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones. Por todas las razones anteriormente expuestas,
disentimos.
45
CC-2000-275
BALTASAR CORRADA DEL RIO
JUEZ ASOCIADO