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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Efraím Ramírez Ramírez

2000 TSPR 90

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Efraím Ramírez Ramírez

CP-1997-0004

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Querella

Efraím Ramírez Ramírez

2000 TSPR 90

Número del Caso: CP-1997-0004

Fecha: 26/mayo/2000

Oficina del Procurador General:

Lcda. Edna E. Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Abogado de Efraím Ramírez Ramírez:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOError! Bookmark not defined.

In Re:

Efraím Ramírez Ramírez

CP-97-4

AB-94-96

AB-98-201

AB-99-93

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 26 de mayo de 2000

Se

presentan

ante

nuestra

consideración

cuatro

querellas contra el licenciado Efraím Ramírez, querellado

de epígrafe, que en su debido momento fueron remitidas al

Hon. Procurador General con la encomienda de investigar

los asuntos en ellas expuestos y rendir los informes

correspondientes.

La

primera

petición

se

canaliza

a

través

de

la

Jueza, Hon. Emilia M. Román Nevárez, (querella AB-94-96 y

que luego también desembocó en la querella CP-97-4) y fue

promovida por la Lcda. Damaris Mangual, abogada contraria

del licenciado Ramírez en el caso CAC-86-0827, sobre

Partición de Herencia, a quien éste acusó infundadamente,

mediante

diversas

mociones,

de

una

serie

de

actos

impropios.

La

licenciada Mangual solicitó se presentara querella contra el licenciado

Ramírez

para

que

se

evaluara

su

capacidad

mental

para

ejercer

la

profesión de abogado, como una medida de protección social, por lo que el

16 de agosto de 1994 la Jueza Román Nevárez emitió Resolución y Orden

remitiéndonos dicho asunto.

quejas

que,

por

estar

A esta primera querella se han unido otras

íntimamente

relacionadas,

deben

ser

evaluadas

Ettienne

Badillo

conjuntamente con los hechos que provocan la presente.

Las

resoluciones

que

dictara

el

Juez,

Hon.

Anazagasty, en 7 de diciembre de 1995 y 13 de marzo de 1996, en el caso

CAC-91-1376, se fundamentan en una petición presentada por los abogados

Félix

Zeno

Gloro

y

Carlos

Vega Pérez,

solicitando

la

imposición

de

sanciones al querellado por la forma contumaz de hacer alegaciones de

fraude, sin presentar evidencia que las sostengan, y tratar de relitigar

un caso en el cual había recaído sentencia final, ya firme.

Estamos evaluando, además, diversos escritos del querellado elevados

por el Juez, Hon. Heriberto Sepúlveda Santiago, donde el querellado, sin

base alguna, imputa al Juez Sepúlveda Santiago y a la Jueza Román Nevárez

una serie de actos ilegales.

La querella AB-98-201 surge de señalamientos que hiciera el Juez,

Hon.

Miguel

J.

Fabré,

el

representado

del

licenciado

cual,

preocupado

Ramírez

en

el

por

los

derechos

caso

CAC-96-0485

del

sobre

Partición de Herencia, debido al constante incumplimiento de éste con las

órdenes del tribunal, paralizó los procedimientos del litigio ante su

consideración y elevó una petición a este Tribunal para que evalúe la

conducta del licenciado Ramírez.

El Procurador General rindió un primer

informe el 3 de marzo de 1999, en el cual concluye que los múltiples

incumplimientos del licenciado Ramírez en este caso son atribuibles a su

precario estado de salud.

No obstante, recomienda que si el licenciado

Ramírez no reconoce las limitaciones que dicho estado le ocasiona para

ejercer cabal y adecuadamente las funciones y deberes propios de la

práctica de su profesión, renunciando a la representación legal de la

parte

demandada,

el

Tribunal

Supremo

debe

iniciar

un

procedimiento

disciplinario por violación al Canon 18 de Ética Profesional.

La querella AB-1999-93, a su vez, surge de la resolución que eleva

el Juez, Hon. José E. Loubriel Vázquez, el 16 de junio de 1999, en

atención a una “Moción solicitando orden protectora y petición para que

se remitan los autos al Honorable Tribunal Supremo a los fines de que se

inicie

un

procedimiento

para

determinar

la

capacidad

mental

del

licenciado Efraím Ramírez o la evaluación de su conducta profesional”,

presentada por la parte demandada en dicho caso.

La resolución plantea

que en el expediente existe un historial de señalamientos serios y sin

fundamentos de parte del querellado de epígrafe hacia los funcionarios

del tribunal y las partes.

El Procurador General recomendó, en Moción

Informativa de 8 de octubre de 1999, que dado que los señalamientos que

hace

el

Juez

Loubriel

Vázquez

sobre

la

conducta

profesional

del

licenciado Ramírez son idénticos o similares a aquellos señalamientos que

hicieron los Jueces, Honorables Heriberto Sepúlveda Santiago, Ettiene

Badillo Anazagasty y la Jueza, Hon. Emilia Román Nevárez, no se debería

iniciar otro procedimiento de determinación de incapacidad mental, por

razón de que el querellado de epígrafe ya fue evaluado, por lo que

sugiere que se consolide con el caso CP-97-4.

Así lo hemos hecho.

I

El

licenciado

Efraím

Ramírez

fue

admitido

al

ejercicio

de

la

abogacía el 19 de julio de 1938 y al ejercicio del notariado el 28 de

septiembre de 1938.

Nació el 13 de enero de 1911.

Los hechos que provocan la primera querella se remontan al 15 de

octubre de 1990, cuando se dictó sentencia por estipulación en el caso

Eleonor Sánchez Álvarez v. Víctor Sánchez Cancel, civil número CAC-860827, sobre partición de bienes hereditarios.

La parte demandante estaba

representada por el Lcdo. Rafael Cardona Campos, los demandados estaban

representados por la Lcda. Damaris Mangual Vélez y la parte interventora

por el Lcdo. Domingo Emanuelli.

El 7 de mayo de 1993, la demandante Eleonor Sánchez compareció por

derecho propio al tribunal pidiendo que se le ordenara al Lcdo. Cardona

Campos, su propio abogado, entregarle ciertos documentos.

Dicha gestión

culminó

la

en

la

renuncia

del

licenciado

Cardona

y

en

eventual

sustitución por el licenciado Ramírez.

Desde entonces, éste ha hecho varias y repetidas imputaciones, sin

fundamento alguno, a los diferentes jueces y abogados que han actuado en

distintas etapas del litigio.

Así, el 16 de noviembre de 1993, el licenciado Ramírez presentó una

moción en la que imputaba al Juez Sepúlveda Santiago haberlo maltratado

de palabra y de difamarlo durante la celebración de una vista.

Solicitó

al Tribunal que declarara nulo el dictamen resultante de tal vista y

ordenara la inhibición del Juez Sepúlveda.

El 9 de julio de 1994, el querellado suscribió una “Moción para que

fijen responsabilidades, se enmiende la estipulación y se enmiende la

sentencia dictada” el 15 de octubre de 1990.

hace las siguientes imputaciones:

En ella, entre otras cosas,

Que los demandantes al empezar no

tuvieron la suerte de una buena representación; que el segundo abogado de

los demandantes “empezó por no pedir al administrador que hiciera algo o

renunciara”, “prestó servicios a algunos herederos, contrario al interés

de los demandantes”, e “ignoró actuaciones impropias de la abogada de los

interventores”.

Imputó

también a

la

“juez

Abruña) favorecer al licenciado Cardona.

de

retirar

sin

permiso

dos

mil

de entonces”

(Hon.

Edna

Acusó a la licenciada Mangual

dólares

($2,000.00)

para

pagar

sus

solicitudes

de

1

honorarios y radicar "erróneamente unas planillas" .

En

vista

de

tales

imputaciones

y

las

repetidas

inhibición a cada uno de los jueces que participaron en el caso hechas

por el Lcdo. Ramírez sin otro fundamento que haber fallado en contra de

su

cliente,

1

así como

otras

imputaciones

sin

fundamento

a

los demás

Surge del expediente que ninguno de los abogados había cobrado

honorarios hasta el momento y que los únicos fondos retirados, por

orden del Tribunal, se utilizaron para pagar contribuciones y adelantar

unos fondos a doña Eleonor Sánchez, representada del licenciado

Ramírez.

abogados en el caso, la licenciada Mangual solicitó del Tribunal de

Instancia que elevara tales incidentes a la consideración de este Foro, a

los fines de que ordenásemos la evaluación psicológica de dicho abogado

para determinar si éste sufría de alguna incapacidad mental, "como lo

sería la demencia senil".

Así se dio inicio al proceso AB-94-96, a cual

nos referimos al comienzo de esta opinión.

El 23 de agosto de 1994, el licenciado Ramírez insistió nuevamente

en que se enmendara la estipulación que dio base a la sentencia de 15 de

octubre

de

1990.

El

Tribunal

dictó

resolución

el

30

de

agosto,

reiterando la finalidad y firmeza de dicha sentencia, limitando los

trámites pendientes a la venta de ciertas propiedades del caudal para

poder efectuar la partición final.

Le requirió al licenciado Ramírez

unas gestiones específicas en cuanto a ciertos herederos, las cuales ya

le

habían

sido

requeridas

anteriormente.

expediente de que estas gestiones se hicieran.

No

hay

constancia

en

el

Lo próximo que surge del

expediente es una nueva “Moción sobre violaciones y solicitud de nulidad

de estipulación y de sentencia” de 20 de enero de 1995, suscrita por

licenciado Ramírez y juramentada por la demandante Sánchez.

Por lo

ilustrativo hemos de reproducir íntegros algunos de sus párrafos:

“Lo de demencia senil es una imputación calumniosa altamente

irrespetuosa

y

difamatoria,

por

lo

que

este

abogado

suscribiente ha sufrido daños físicos y mentales y basándose en

los documentos que existen en el expediente de este caso que

han sido notificados a los otros abogados, entiende que se le

han causado sufrimientos que estima en $100,000 por sentencia

sumaria la cual solicita por la presente. McCrillis vs.

Autoridad Navieras CA89-6 MJCA vs. Julio E. CA 89-99 [...]

Los demandantes en este caso se querellan de que dicha

licenciada [Mangual] les ha hecho pagar al Departamento de

Hacienda, por contribución de caudal hereditario, la suma de

$80,000.00 estando este caudal exento de pago.

Solicitan

sentencia sumaria y que se condene a dicha abogada al pago de

$100,000.00 por la cual sentencia sumaria, basada en los

documentos que existen en el expediente de este caso, se les

indemnice los sufrimientos físicos y mentales que los

demandantes han sufrido. [...]

Las dilaciones del caso del epígrafe que nos atribuye la

licenciada; su torpeza la hace olvidar que en dicho caso la que

lo ha dictado es ella. Se empezó en 1986 y por su impericia y

falta de experiencia, que la hacen ignorar las leyes, es que el

caso se ha dilatado como demostramos mas adelante.” [...]

Reitera, además, sus quejas sobre la forma en que el caudal ha sido

administrado y vuelve a insistir en que la estipulación es “totalmente

nula” como también es nula la sentencia que aprobó la estipulación, todo

esto sin aducir fundamentos en apoyo de sus alegaciones.

denegó

implícitamente

la

moción,

remitiéndose

a

El Tribunal

sus

anteriores

resoluciones donde elevaba la queja, y a aquella que establecía que la

2

sentencia era final y firme .

Coetáneamente sucedían los siguientes hechos que hemos de evaluar

con la presente querella:

El caso civil CAC-91-1376 se había iniciado el 27 junio de 1991, con

la presentación de una demanda en el antiguo Tribunal Superior, Sala de

Arecibo, siendo otro el abogado que representaba a la parte demandante.

El licenciado Ramírez asumió la representación de la demandante el 6 de

noviembre de 1992, cuando ya se había hecho todo el descubrimiento de

prueba, se había celebrado la conferencia con antelación al juicio y el

caso estaba señalado para juicio.

El mismo trataba de una reclamación de

la demandante, doña Virginia Mercado, contra la Cooperativa de Ahorro y

Crédito de Arecibo para que ésta

le

correspondían

como

le pagara unas sumas que alegadamente

beneficiaria

designada

en

las

tarjetas

testamentarias de don Angel Alvarez, socio de dicha cooperativa, que

había fallecido en 1970.

El

20

de

mayo

de

1993,

el

licenciado

Ramírez

presentó,

sin

autorización del Tribunal, una segunda demanda enmendada.

Pretendía

litigar

tarjetas

un

asunto

testamentarias.

completamente

ajeno

al

pleito

de

las

Esto es, solicitaba que se reconociera como hijos

legítimos de don Ángel Álvarez a los dos hijos habidos de la unión de la

señora Mercado y el señor Alvarez, (quienes eran demandados en la primera

demanda) y se les entregara su participación en la totalidad del caudal

2

Hay que hacer notar que el licenciado Ramírez en ningún momento

solicitó reconsideración a estas decisiones adversas ni recurrió de las

mismas.

hereditario del causante, que según se alegaba, se lo habían repartido

ilegalmente sus cuatro medios hermanos.

El 28 de diciembre de 1993, el licenciado Ramírez solicitó mediante

escrito al efecto, que se aceptara la demanda enmendada, lo que fue

denegado mediante orden de 21 de enero de 1994.

El 2 de febrero

siguiente, el querellado presentó un escrito reiterando la procedencia de

su demanda enmendada.

El 15 de febrero, la Jueza, Hon. Olivette Sagebién

reiteró que no se permitiría una enmienda encaminada a incluir un litigio

de división de herencia dentro del caso de la Cooperativa, señalando,

además, que había intereses en conflicto entre Virginia Mercado y sus

hijos

que

impedían

que

licenciado Ramírez. El

fueran

13

de

representados

junio

de

a

la

misma

vez

1994,

el

antiguo

por

el

Tribunal

Superior, Sala de Arecibo, dictó resolución en la que concedía diez (10)

días a Virginia Mercado para que acreditara con prueba específica la

fecha y manera en que pudo haber interrumpido el plazo prescriptivo con

reclamaciones extrajudiciales hacia la Cooperativa, ya que habían pasado

más de 15 años desde la muerte del causante al momento de la reclamación

judicial.

dictó

Al no recibir respuesta a dicho requerimiento, el Tribunal

sentencia

desestimando

la

demanda

el

9

de

agosto

de

1994,

archivándose en autos copia de la notificación a las partes el 15 de

agosto de ese año.

El licenciado Ramírez presentó una moción de reconsideración el 24

de agosto, a nombre de doña Virginia Mercado y de Tomás Mercado Álvarez,

en la cual significativamente, no argumenta lo intimado acerca de si se

había interrumpido o no el plazo prescriptivo extrajudialmente, sino que

vuelve a insistir en que la “carta testamentaria” de Virginia Mercado fue

usurpada por cuatro hijos del causante.

Alega, además, que Tomás Alvarez

tenía derecho a una participación hereditaria de los beneficios de su

padre en la Cooperativa y que por ser menor al momento de la muerte del

3

padre contra él no corrió la prescripción.

3

Argumentó nuevamente que los

Nótese que en la demanda enmendada Virginia Mercado reclama todos los

beneficios del causante en la Cooperativa y en este momento Tomás

otros medios hermanos de Alvarez se habían apropiado ilegalmente de otros

bienes del caudal relicto de su padre y que Álvarez tenía derecho a

recobrar lo que le correspondía.

Esta solicitud de reconsideración fue

denegada

20

mediante

resolución

de

de

septiembre

de

1994,

por

el

fundamento de que no se había demostrado que se hubiese interrumpido el

término prescriptivo en la acción incoada por Virginia Mercado.

No

obstante,

los

señaló

el

Tribunal,

que

esa

decisión

no

disponía

de

derechos hereditarios de Tomás Álvarez y que para vindicar tales derechos

se debía iniciar el correspondiente pleito.

El querellado, en escrito de 17 de octubre de 1994, volvió a pedir

que se dejara sin efecto la sentencia y se aceptara la demanda enmendada;

el 19 de noviembre presentó otro escrito donde esgrimía la teoría de que

existía en este caso “estoppel por fraude” pero no explicaba en qué

consistía el fraude

ni cómo podía ser aplicada esa teoría contra la

Cooperativa y no contra los autores del fraude.

Ambas mociones fueron

desestimadas por el Tribunal (Jueza Olivette Sagebién) el 13 de febrero

de 1995;

una serie de mociones posteriores, (30 de septiembre de 1995 y

21 de noviembre de 1995), fueron denegadas por el Juez, Hon. Ettiene

Badillo Anazagasty.

Aduce el Juez Badillo Anazagasty, en fundamentada resolución de 7 de

diciembre de 1995, haber recibido mociones de réplica de los abogados de

los

demandados,

Lcdo.

Félix

Zeno

Gloro

y

Lcdo.

Carlos

Vega

Pérez,

solicitando sanciones contra el licenciado Ramírez por la forma contumaz

de

hacer

continuas

alegaciones

de

fraude

a

sus

representados

sin

presentar la más mínima prueba con qué sustentar las mismas y de insistir

una y otra vez en relitigar una controversia firmemente resuelta y que

nunca fue apelada.

Dicho magistrado aseveró conocer de la querella AB-

94-96 en contra del licenciado Ramírez por lo que envió copia de dicha

resolución al Procurador General, para ser unida al expediente.

Álvarez reclama su participación hereditaria, teorías entre sí

irreconciliables, que hace conflictivo el que ambos sean representados

por el mismo abogado.

En escrito fechado 16 de enero de 1996, titulado “Solicitud de

nulidad de resolución” sostiene el querellado que la Resolución de 7 de

diciembre de 1995, suscrita por el Juez Badillo, incurre en diez errores,

por

lo

que

pide

que

“se

anule”.

Asevera,

además,

que

aunque

la

Resolución está firmada por el mencionado juez, él sabe que el verdadero

autor de dicha resolución no es el Juez Badillo.

Que la información

sobre la querella la dio el Juez Sepúlveda, quien lo había acusado de

estar incapacitado.

Este último escrito también fue enviado mediante

resolución del Juez Badillo, al Procurador General para que investigara

si las serias imputaciones del querellado podrían haber violado la Regla

9 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.9, sobre “[l]as

firmas en los escritos”, constituyéndose el delito de perjurio.4

II

La Oficina del Procurador General condujo su investigación inicial y

rindió su primer informe el 3 de marzo de 1995.

Expresó en el mismo que

el comportamiento del licenciado Ramírez para con sus compañeros abogados

y jueces arrojaba dudas sobre su capacidad mental por lo que recomendó se

iniciara un procedimiento bajo la entonces Regla 14 del Reglamento de

este Tribunal sobre Incapacidad Mental de Abogados, ahora Regla 15, 4

L.P.R.A. Ap.XXI-A, R.15.

Mediante

Resolución

de

12

de

mayo

de

1995,

dispusimos

que

se

iniciaran los trámites bajo dicha Regla y se nombró como Comisionado

Especial al Lcdo. Flavio Cumpiano Villamor para que recibiera la prueba a

dichos efectos.

4

El expediente permaneció inactivo por varios meses hasta que el 3

de junio de 1996 el licenciado Ramírez informa al Tribunal haber

enviado un requerimiento de admisiones a la parte demandada, sin

especificar a cuál de los demandados se le envió. El 24 de julio el

licenciado Ramírez presentó una solicitud de sentencia sumaria a nombre

de la demandante, que no satisface los requisitos de la ley y la

jurisprudencia para que pueda ser tomada como tal.

Repetía en ambas

las mismas alegaciones sin fundamentar. Todo esto en un caso en el que

ya se había dictado una sentencia desde el 9 de agosto de 1994 y la

cual era final y firme.

El 12 de febrero de 1996, el Comisionado Cumpiano rindió su informe

del cual surge que habiendo sido examinado el licenciado Ramírez por un

panel de tres (3) psiquiatras, éstos concluyeron unánimemente que no

había evidencia de condición mental alguna en el querellado que pudiese

afectar su capacidad para representar a sus cliente de forma competente y

adecuada o le impidiese mantener el patrón de conducta profesional que

debe observar todo abogado.

Dada la evidencia pericial descartando la posible falta de capacidad

mental del querellado, sugirió el Comisionado que los hechos ante él

considerados

disciplinario.

debían

ser

evaluados

dentro

de

otro

procedimiento

Este Tribunal, mediante resolución de 23 de agosto de

1996, acogió las determinaciones del Comisionado, y ordenó el archivo del

trámite sobre incapacidad bajo la Regla 14.

Nuevamente remitimos el caso

al Procurador General para que éste ampliara su informe anterior. El

24

de marzo de 1997, el señor Procurador rindió un informe complementario y

el

siguiente

titulado

3 de

abril,

“Moción para

el

licenciado

corregir errores

Ramírez presentó

de

dos informes”,

un

escrito

en

el

que

cuestionaba los informes del Procurador General y solicitaba, como único

remedio, que este Tribunal “admita las correcciones y sentencie a los que

nos han calumniado, según exige la justicia”. Luego de considerar ambos

informes

ordenamos

al

Procurador

General

presentar

las

querellas

correspondientes.

El 18 de junio de 1997, el señor Procurador General presentó la

querella CP-97-4, en la cual se imputó al querellado sendas violaciones a

los Canones 2, 9, 12, 15, 18, 27, 29 y 35 de los de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX y por violar el criterio general de los deberes del

abogado para con los tribunales y para con sus compañeros y su profesión.

El

3 de julio de 1997, el licenciado Ramírez contestó la querella y

solicitó que la misma fuera desestimada.

El 5 de septiembre de 1997,

este Tribunal designó al Lcdo. Ángel Hermida como Comisionado Especial y

tres meses más tarde el querellado presentó otra contestación enmendada.

Asevera

el

Comisionado

Hermida

interpretar dichas contestaciones.

haber

tenido

gran

dificultad

en

El querellado no contesta en forma

sistemática las diferentes alegaciones de hechos de la querella sino que

escoge algunas para discutirlas de forma bastante peculiar, “se va por la

tangente”,

discute

asuntos

distintos

a

los

planteados

y

en

algunas

ocasiones los planteamientos “rayan en la incoherencia”.

Se celebró vista en su fondo el 12 de noviembre de 1998, luego de

una tardanza de 14 meses desde la fecha del nombramiento del Comisionado.

La dilación de dicha vista obedeció a varias razones, entre éstas, el que

varias de las vistas y conferencias tuvieron que ser suspendidas por

motivos de salud del querellado.

A la vez, éste interpuso un recurso de

mandamus contra el Comisionado reclamando la jurisdicción original de

este Tribunal, para que revisáramos la decisión del Comisionado denegando

el archivo de la querella en su contra.5

Además, el 6 de agosto de 1998,

el querellado presentó un escrito titulado “Solicitud de Inhibición”

donde nos solicitaba ordenar la inhibición del Comisionado6.

En esa

moción el querellado destaca su desacuerdo con algunas de las decisiones

del Comisionado y le imputa prejuicio a favor de la Procuradora General

Auxiliar.

Durante la vista, tanto la Procuradora General Auxiliar, como el

querellado

sometieron

su

caso

sin

presentar

testigos.

El

querellado

insistió en representarse a sí mismo a pesar de las advertencias del

Comisionado de que debía procurar representación legal.

El Comisionado

manifestó en su informe que durante todo el proceso de presentar sus

documentos el licenciado Ramírez parecía no comprender bien qué era lo

que estaba pasando en ese momento.

Menciona como ejemplos, que el

querellado ofreció en evidencia un requerimiento de admisiones que éste

5

Es necesario enfatizar la improcedencia del recurso incoado.

No

procede el recurso de mandamus para obtener la revisión de una decisión

ya tomada. Pueblo v. La Costa, 59 D.P.R. 199 (1941); Purcell v. Pons

129 D.P.R. 711 (1992).

6

Tanto el mandamus como la recusación fueron declaradas sin lugar, de

plano, por este Tribunal.

había dirigido dentro del caso a la Procuradora, y que el Comisionado

había determinado que dicha funcionaria no tenía que contestar7.

Al ser

preguntado sobre la pertinencia de dicho documento y por qué lo ofrecía

en evidencia, el querellado contestó que no recordaba por qué lo estaba

ofreciendo.

En otro momento el querellado ofreció como exhibit un pedazo

de papel rayado, escrito a mano. Cuando se le pidió que explicara de qué

se trataba dijo que allí había copiado una cita de una opinión del

Tribunal

Supremo

la

cual

quería

fuera

tomada

en

cuenta

por

el

8

Comisionado.

Concluye el Comisionado que tanto actuando como abogado en las

diferentes conferencias y vistas como en sus escritos, el querellado

demuestra una deficiente capacidad e inadecuado y pobre desempeño, una

seria

dificultad

para

comprender

los

asuntos

en

controversia

y

un

inadecuado manejo de los mecanismos procesales de nuestro sistema de

derecho.

En su defensa durante la vista, el querellado ofreció en

evidencia exhibits y argumentos que tenían que ver con los casos de sus

clientes,

sin

entender

que

el

issue

no

era

los

méritos

de

las

reclamaciones de sus clientes sino si él había actuado de acuerdo a los

postulados de nuestro Código de Etica Profesional ante los tribunales y

en relación a sus compañeros de profesión.

III

Luego de examinados los varios expedientes ante nos, reveladores de

la ejecutoria del querellado, tanto en la defensa de sus clientes como

7

Más adelante nos pronunciaremos acerca del uso que el querellado da a

este método de descubrimiento de prueba y a otros mecanismos procesales

de nuestro ordenamiento.

Este

requerimiento

en

particular,

pretendía que la Procuradora admitiera, entre otras cosas, que “en su

blusa utilizaba una insignia de un partido político con la intención de

tratar de llevar un mensaje al Comisionado Especial, a sabiendas de que

es un delito influir sobre los jueces”.

8

Sobre este particular declara el Comisionado que “[s]e trata sin duda

de una forma muy particular de citar jurisprudencia, algo que

normalmente no se hace ofreciendo un documento en evidencia, sino

mediante argumento oral, o presentando por escrito un memorando de

derecho”.

representándose a sí mismo, tenemos que coincidir con las conclusiones

del Comisionado en cuanto al deficiente desempeño profesional, la pobre

calidad de sus escritos, el ineficaz manejo de los recursos procesales

disponibles en nuestra jurisdicción y el abuso de algunos de éstos,

situación que provoca que los derechos sustantivos de sus representados

puedan verse lesionados.

Así, vemos por ejemplo, el improcedente uso que el querellado da a

recursos como el mandamus, la sentencia sumaria, la recusación de jueces,

la

solicitud

de desaforo

para compañeros

abogados,

el

abuso

de

los

mecanismos de descubrimiento de prueba, el uso ineficiente y abusivo de

las acciones judiciales y las reglas de procedimientos disponibles, el no

sostener sus argumentos con fundamentos y, en demasiadas ocasiones, la

total carencia de coherencia y de lógica en sus planteamientos, todo esto

en detrimento de los derechos de sus representados.

Esta

conducta

constituye

una

violación

al

Canon

2

de

Ética

Profesional que obliga al abogado a mantener y a lograr un alto grado de

excelencia y competencia en su profesión con el fin de viabilizar una

representación

legal

adecuada

servicios como abogado.

para

toda

persona

que

contrate

sus

Véase además, In Re: Díaz Alonso, 115 D.P.R.

755 (1984).

El Canon 18 también impone al abogado la obligación de defender los

intereses del cliente diligentemente desplegando en cada caso su más

profundo saber y habilidad y actuando de la forma en que la profesión

jurídica en general estima adecuada y responsable.

Además, prohíbe al

abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de

que no puede prepararse adecuadamente, sin que ello apareje gastos o

demoras irrazonables al cliente o a la administración de la justicia.

IV

Es

ostensible

altamente

impropio,

abogados

a

los

la

tendencia

ofensivo

cuales

se

y

del

querellado

criticar

enfrenta,

severa

a

utilizar

y

mordazmente

a

los

el

en

una

convirtiendo

litigio

lenguaje

innecesaria disputa personal, violando así los canones 15, 29 y 35 de

Ética Profesional. Véase además, In Re: Clavell Ruiz,

131 D.P.R. 500

(1992); In Re: Córdova González, 125 D.P.R. 555 (1990).

En el caso CAC-86-0827, criticó las actuaciones, tanto del abogado a

quien él sustituyó, como a la Lcda. Damaris Mangual, a quien ofendió, y

acusó de fraude repetidamente.

En escrito que presentara ante nosotros

el 25 de abril de 1995, ya comenzado el procedimiento disciplinario que

nos

ocupa,

el

licenciado

Ramírez

la

acusó

de

mentir

en

repetidas

ocasiones hasta que manifiesta que “se graduó con su mentira y calumnia

mayor [...]”.

En el inciso sexto (6), que por su pertinencia vale la

pena copiar íntegro, el querellado declara que “[e]l radicar un caso de

información

de

dominio

sin

permiso

y

vicioso,

el

difamar

y

mentir

repetidamente, y su desconocimiento del procedimiento civil, todo como

una depravada moral.

en el original.)

Esta abogada es indigna de la abogacía.” (Énfasis

En varios escritos se refiere a ésta como “la verdadera

delincuente” y “abogada traumática”.

Ya instado el procedimiento disciplinario, en sus mociones ante nos,

hizo comentarios ofensivos acerca de la Procuradora General, de la que

dice que tiene poca preparación legal y falta de experiencia y a la que

acusa, junto al licenciado Zeno Gloro, que “están de volver a estudiar

leyes.”

Además, utilizó lenguaje ofensivo en contra del abogado Rosario

Maysonet en su “[r]éplica a los otros extremos y solicitud de sentencia

sumaria” de 18 de septiembre de 1998, al manifestar que éste "demuestra

lo poco que sabe de procedimiento civil”.

Con estas actuaciones el

querellado se coloca fuera del Canon 15 que promulga que la conducta del

abogado

para

respeto

y

con

los

testigos y

consideración.

Dicho

litigantes

canon

adversarios

proscribe

al

debe

abogado

ser

de

actuar

inspirado en animosidad o por prejuicios de su cliente hacia las otras

partes

del

litigio.

Prohíbe,

además,

la

utilización

de

los

procedimientos legales de forma irrazonable con el fin de hostigar a la

parte contraria.

El licenciado Ramírez ha contravenido asimismo, el criterio general

de

los

deberes

del

abogado

para

con

sus

compañeros

y

para

con

su

profesión, que obligan a preservar el honor y la dignidad de la profesión

y la buena relación entre compañeros, observando siempre una actitud

respetuosa, sincera, honrada y de cordialidad y cooperación profesional,

así como el Canon 29 que promulga claramente que son los clientes y no

los

abogados

los

litigantes,

por

lo

que

cualquier

rencor

entre

los

clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las

relaciones hacia el litigante contrario.

Cada abogado tiene el deber de

evitar escrupulosamente cualquier conflicto personal entre él y los demás

abogados en el pleito.

personal

o

Igualmente es impropio aludir a la historia

peculiaridades

individuales

o

idiosincrasias

del

abogado

adversario. Es altamente impropio hacer imputaciones falsas que afecten

la reputación y el buen nombre de un compañero.

El Canon 35, además, exige que la conducta de los miembros de la

profesión

legal

representados

ha

como

de

ser

para

sincera

sus

y

honrada,

compañeros.

Los

tanto

para

deberes

con

y

sus

normas

anteriormente reseñadas han sido violados en forma crasa y repetida por

el licenciado Ramírez mediante la conducta que ha quedado descrita.

V

Se manifiesta repetidamente en el querellado una tendencia a imputar

prejuicio y a pedir la recusación de los jueces ante los que litiga, sin

fundamento para tales imputaciones y sin otra razón que haberle fallado

en contra algún planteamiento legal.

Así, por ejemplo, presentó una

querella contra el Juez, Hon. Heriberto Sepúlveda Santiago y pidió su

inhibición, acusándolo de perseguirle y de haberse confabulado con la

Jueza Román y con la licenciada Mangual, en su contra.

(Esta “querella”

fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo y no ante

nosotros,

mediante

un

escrito

con

el

epígrafe

“In

Re:

Heriberto

Sepúlveda”.)

Además, imputó prejuicio a la Jueza, Hon. Edna Abruña, acusándola de

estar prejuiciada a favor de otro abogado; le imputó al Juez Badillo

firmar una resolución escrita por otro magistrado, refiriéndose al Juez

Sepúlveda; le imputó a la Jueza Román haber actuado maliciosamente,

violando los Canones de Ética Judicial y nos solicitó su desaforo.

Una vez la querella fue presentada ante nos, acusó al Comisionado

Cumpiano de iniciar una persecución en su contra y solicitó, además, en

varias ocasiones, la inhibición del Comisionado Hermida. (Como hecho

curioso se relata que también el hijo del licenciado Ramírez, quien no es

abogado,

recurrió

“por

derecho

solicitándole su inhibición.)

propio”

ante

el

Comisionado

Hermida

El licenciado Ramírez, en su escrito de 4

de septiembre de 1999, titulado “Sobre el informe del Procurador General”

también solicita la inhibición del Juez Fabré “para evitar ser tachado de

injusto habiendo declarado públicamente su parcialidad”.

Aparte de la violación al Canon 9, que exige que el abogado observe

una conducta de respeto para con los tribunales y desalentar y evitar

ataques

injustificados

contra

jueces

y

contra

el

buen

orden

en

la

administración de la justicia, así como del criterio general de los

deberes del abogado para con los tribunales, que obliga al abogado a

actuar de forma tal que prevalezca siempre en los tribunales un ambiente

de decoro y solemnidad, nos percatamos de que el querellado no maneja

adecuadamente

jueces.

el

recurso

procesal

de

la

recusación

e

inhibición

de

Véase, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 63; Ramírez de Ferrer v. Mari

Bras y C.E.E., Res. el 10 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___ (1997).

VI

Las

continuas

dilaciones

y

suspensiones

ocasionadas

por

dicho

abogado en el caso CAC-96-0485, por su constante incumplimiento a las

órdenes del tribunal, lo cual atribuye al señor Procurador General al

precario estado de salud del querellado y a su incapacidad para reconocer

las limitaciones que su estado de salud le ocasiona para ejercer cabal y

adecuadamente

las

funciones

y

deberes

propios

de

la

práctica de

su

profesión, y las lesiones que ocasiona a los derechos e intereses de los

representados a los que tiene la obligación de defender adecuadamente,

violan los Canones 18 y 12 de Ética Profesional. El Canon 18 prohíbe al

abogado asumir una representación legal cuando no pueda rendir una labor

idónea y competente.

El Canon 12, a su vez, establece el deber del

abogado para con el tribunal, sus compañeros, las partes y los testigos

de ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite de sus

causas.

Para ello ha de desplegar todas las diligencias necesarias para

asegurar

que

no se

causen

indebidas

dilaciones en

la

tramitación

y

solución de las controversias, excepto cuando existan razones poderosas y

sea indispensable para la protección de los derechos de su cliente.

VII

Hemos de señalar también la violación del querellado al Canon 21, al

incurrir en conflicto de intereses representando clientes con intereses

encontrados, no obstante haber sido apercibido de ello por el Tribunal.

Ante

el

asomo

de

dicho

conflicto

el

licenciado

Ramírez

debió haber

renunciado a la representación legal de sus clientes inmediatamente.

Véase además In Re: Belén Trujillo, 126 D.P.R 743 (1990).

VIII

Considerando todo lo anteriormente reseñado este Tribunal concluye

que el licenciado Ramírez no está capacitado para practicar la profesión

de abogado al no poder sujetar su conducta a las normas que rigen dicha

profesión

ni

poder

representar

a

sus

clientes

de

forma

adecuada

y

competente, por lo que decretamos su inmediata suspensión de la práctica

de la abogacía en Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICOError! Bookmark not defined.

In Re:

Efraím Ramírez Ramírez

CP-97-4

AB-94-96

AB-98-201

AB-99-93

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 26 de mayo de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente, se dicta Sentencia decretando

la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

profesión de abogado, y de la notaría, al Lcdo. Efraím

Ramírez Ramírez, a partir de la notificación de la

presente Opinión. Se le impone el deber de notificar a

todos sus clientes de su presente inhabilidad de seguir

representándolos, les devuelva cualesquiera honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados,

e

informe

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos del País. Deberá, además, certificarnos

dentro del término de treinta (30) días a partir de su

notificación

el

cumplimiento

de

estos

deberes,

notificando también al Procurador General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá,

de inmediato, a incautarse de la obra y sello notarial de

Lcdo. Efraím Ramírez Ramírez, luego de lo cual entregará

la misma a la Oficina de Inspección de Notarías para el

correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada

señora Naveira de Rodón concurre en el resultado sin

opinión escrita.

El Juez Asociado señor Negrón García

inhibido.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no

intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo