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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Hon. Melvin Robles Sanabria Juez Municipal

2000 TSPR 94

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Hon. Melvin Robles Sanabria Juez Municipal

AD-1998-02

AD-99-02

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Querella

Hon. Melvin Robles Sanabria

Juez Municipal

2000 TSPR 94

Número del Caso: AD-1998-02

Fecha: 22/06/2000

Oficina del Procurador General:

Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogados de Hon. Melvin Robles Sanabria:

Lcdo. Pedro Malavet Vega

Lcdo. Federico Díaz Ortiz

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

AD-99-02

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Hon. Melvin Robles Sanabria

Juez Municipal

AD-98-02

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2000.

Nos corresponde considerar los méritos de una querella instada

contra el Hon. Melvin W. Robles Sanabria, Juez Municipal de Peñuelas al

momento de los hechos, en la cual se alega que contravino varias

disposiciones de los Cánones de Ética Judicial. 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. La

querella, en esencia, plantea que Robles Sanabria incurrió en conducta

constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo. Evaluado el informe

de la “Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de

Salud de Jueces” (en adelante, “Comisión de Disciplina y Separación”) y

la

prueba

documental

que

obra

en

el

expediente

de

la

querella,

resolvemos que se configuró la conducta imputada, por lo que, en el

ejercicio del poder de disciplinar y destituir a los jueces de los

tribunales de menor jerarquía que nos confiere la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. P.R., Art. V, Sec. 11, y a

la luz de la gravedad de la conducta desplegada por Robles Sanabria que

originó la querella en su contra, se ordena su destitución inmediata

como Juez Municipal del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.

I

AD-99-02

3

El 22 de julio de 1998, el Procurador General de Puerto Rico

presentó una querella contra el Hon. Melvin W. Robles Sanabria, Juez

Municipal de Peñuelas, en la que se le imputaron los siguientes cargos:

Primer Cargo

El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta

impropia contrario al Canon I de Ética Judicial el cual, entre

otras cosas, obliga a todo juez a velar por que sus actuaciones

respondan a normas de conducta que honren la integridad e

independencia de su ministerio y estimulen al respeto y

confianza en la judicatura.

Segundo Cargo

El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta

impropia contraria al Canon V de Ética Judicial el cual, entre

otras cosas, obliga a todo juez a cumplir cuidadosa y

diligentemente con las obligaciones administrativas que le

imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y

las instrucciones de la oficina de Administración de los

Tribunales.

Tercer Cargo

El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta

impropia contraria al Canon XI de Ética Judicial el cual, entre

otras cosas, obliga a todo juez no sólo a ser imparcial, sino a

preservar la apariencia de imparcialidad.

Cuarto Cargo

El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta

impropia contraria al Canon XXVI de Etica Judicial el cual,

entre otras cosas, obliga a todo juez a cumplir con otras normas

de conducta que está establecidas por la ley o que son

inherentes al honor tradicional de la judicatura, en este caso

la Ley de Hostigamiento Sexual.

Quinto Cargo

El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta

impropia contraria a la Regla 13 (B) (4) de las Reglas de

Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del

Servicio por Razón de Salud de Jueces de Primera Instancia y del

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la cual específicamente

obliga a todo Juez a abstenerse de realizar gestiones que

constituyan o puedan ser consideradas intervenciones indebidas

con testigos.

Esta querella fue el resultado de un proceso investigativo que

inició en la Oficina de Administración de los Tribunales (en adelante

OAT), a raíz de una serie de quejas formuladas contra Robles Sanabria

que

esencialmente

planteaban

que

éste

había

incurrido

en

conducta

constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo. La alegada conducta

AD-99-02

4

constitutiva

de

hostigamiento

sexual

fue

dirigida

específicamente

contra Nelly Pacheco Dominicci, quien fungió como su secretaria en la

Sala Municipal de Peñuelas del Tribunal de Primera Instancia.

Además,

conforme

a

la

prueba

desfilada

en

las

etapas

investigativas, hubo ciertas actuaciones de Robles Sanabria dirigidas

contra las honorables Joanne Vega y Eugenia Cruz, juezas del Tribunal

de

Primera

Instancia,

respectivamente,

que,

investigaciones

de

salas

a

municipales

juicio

rigor,

de

las

también

de

Canóvanas

personas

pudieran

que

ser

y

Maunabo,

realizaron

las

constitutivas

de

hostigamiento sexual. Esas quejas dieron base a que la División Legal

de la OAT realizara una investigación y posteriormente rindiera un

informe en el cual se hizo acopio del testimonio jurado de las personas

involucradas.

Robles Sanabria fue notificado oportunamente de la investigación

que

estaba

en

progreso,

se

le

remitió

copia

de

las

declaraciones

prestadas bajo juramento por las personas involucradas y se le concedió

la oportunidad de expresarse sobre las imputaciones formuladas en su

contra. A raíz de esa primera notificación, Robles Sanabria, en una

escueta carta dirigida a la entonces Directora de la División Legal de

la OAT, Lcda. Carmen D. Irizarry, expresó que, “fuera de las relaciones

normales

entre

seres

humanos

y

compañeros

de

trabajo,

cualquier

alegación que implique hostigamiento o acoso sexual se niega de forma

rotunda”. Informe de Investigación de la División Legal de la OAT,

Anejo 9.

Luego de rendido el Informe de la División Legal de la OAT, la

Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, Directora Administrativa de los

Tribunales,

solicitó

abarcadora.

El

la

Informe

realización

rendido

como

de

una

resultado

investigación

de

esta

más

nueva

investigación, así como el anterior, fueron remitidos a la “Comisión de

Disciplina y Separación”, para evaluación. Esta Comisión designó a su

Comisionada Asociada, Lcda. Enid Martínez Moya, para que, conforme a la

Regla 18 de las “Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y

AD-99-02

5

de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de

Primera

Instancia

y

del

Tribunal

De

Apelaciones

de

Puerto

Rico”,

evaluara los informes y la prueba contenida en ellos, a los fines de

que

hiciera

la

correspondiente

determinación

de

causa,

si

así

lo

estimaba conveniente.1

Así

Robles

las

cosas,

Sanabria

y,

la

Comisionada

Asociada

eventualmente,

la

determinó

Comisión

de

causa

contra

Disciplina

y

Separación instruyó al Procurador General a que presentara la querella

correspondiente contra Robles Sanabria. El Procurador General presentó

la querella correspondiente.

El querellado Robles Sanabria contestó la querella por conducto de

su representación. Negó todos los cargos imputados y expresó que éstos

adolecen de vaguedad al no precisar la conducta específica que motiva

la

querella.

proporción

Señaló,

los

además,

hechos

que

realmente

“en

este

ocurridos

caso

se

para

han

sacado

causarle

de

daño[]

innecesario a [su] reputación”. Contestación a la querella, en la pág.

2.

Luego

de

evidenciaria

varios

a

la

incidentes

cual

el

procesales,

querellado

se

compareció

realizó

una

acompañado

vista

de

sus

abogados. Tras recibir la prueba correspondiente, la Comisión rindió su

informe

en

el

recomendaciones.

que

formuló

Citamos

“in

sus

determinaciones

extenso”

las

de

hechos

determinaciones

de

y

sus

hechos

según formuladas por la Comisión:

1. El Hon. Melvin Robles Sanabria tomó posesión del cargo

de Juez Municipal en mayo de 1995.

2. Para finales de 1996 la Srta. Nelly Pacheco Dominicci

fue nombrada Secretaria Auxiliar del Tribunal de Primera

Instancia e inició labores en Peñuelas. Para entonces el

honorable Juez Robles Sanabria cumplía sus funciones en

dicho Tribunal.

1

Las “Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de

Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de

Primera Instancia y del Tribunal De Apelaciones de Puerto Rico” fueron

adoptadas el 25 de septiembre de 1992, y entraron en vigor el 24 de

noviembre del mismo año. Su finalidad fue establecer un procedimiento

justo para tramitar las quejas y solicitudes de separación formuladas

contra jueces.

AD-99-02

6

3. La señorita Pacheco Dominicci comenzó a laborar como

Secretaria del Juez Robles cuando ocurrieron los hechos.

Para esa fecha estaba en período probatorio por haber

comenzado a laborar como empleada de la Rama Judicial.

4. En cuanto a la querellante, Srta. Nellie Pacheco

Dominicci, la prueba presentada demostró los siguientes

hechos:

a. En una ocasión el Juez Robles le dijo a la

señorita Pacheco que el traje le quedaba bonito,

pero que debía cuidar la dieta porque se le

estaban formando unas “neguitas” (sic) en la

cintura.

b. El Juez Robles le comentó a la señorita Pacheco

que tenía piernas bonitas.

c. En una ocasión el Juez Robles le preguntó a la

señorita Pacheco si utilizaba minifalda y por

qué no usaba mahones para trabajar.

d. En varias ocasiones, el Juez Robles se dirigía a

la señorita Pacheco como “mi amor”, “mi cielo” o

“mi corazón”. El hecho de que el Juez Robles se

dirigió a la señorita Pacheco como “mi amor” fue

confirmado por la declaración de la señora

Myriam Rivera Torres.

e. En muchas ocasiones, el Juez Robles observaba

“de arriba abajo” a la señorita Pacheco en forma

provocativa y le hacía comentarios sobre el

color de lápiz de labio que utilizaba y si le

quedaba bien.

f. El Juez Robles invitaba frecuentemente a la

señorita Pacheco a almorzar a solas, a pesar de

que ésta se negaba.

g. En una ocasión, el Juez Robles le preguntó a la

señorita Pacheco qué había hecho en el fin de

semana. Ella le contestó que había estado con su

novio. El Juez le dijo “no me digas eso porque

me pongo celoso”.

h. La señorita Pacheco Dominicci detestaba llegar a

su trabajo, porque no quería enfrentarse al juez

querellado.

i. Tanto sufrió la querellante con la conducta del

querellado que no le permitió otra opción sino

quejarse de la situación descrita ante la

Secretaria General del Tribunal Municipal de

Guayanilla,

Srta.

Lucía

Rodríguez,

quien

comunicó la queja al Juez Miguel Magraner

Lizardi. Este a su vez se entrevistó con la

Srta. Pacheco Dominicci, recibió su queja por

escrito y la refirió a la Juez Administradora,

Hon. Elba Rosa Rodríguez.

5. La Hon. Joanne Vega se desempeñaba como Jueza Municipal

asignada a la Sala de Investigaciones del Centro

Judicial de Ponce.

En cuanto a dicha Jueza, de la

prueba presentada, surgen los siguientes hechos:

a. Durante un seminario celebrado en Ponce, el juez

Robles le comentó a la Jueza Vega que el traje

que ésta tenía puesto le resultaba atractivo. Le

dijo, además, que le gustaría compartir con ella

luego de horas laborables.

AD-99-02

7

b. En una ocasión, el Juez Robles Sanabria llamó a

la Jueza Vega por teléfono y le preguntó si

podía decirle “mi amor”. Ella se quedó fría y él

le reiteró que le gustaría compartir con ella.

Luego de esa llamada, el Juez Robles Sanabria

continuó haciéndole acercamientos que a ella no

le gustaban. Se sentía mal con la conducta del

Juez. Siempre el Juez le hacía acercamientos y

ella trató de ser cortés, no quería faltarle el

respeto, pero entendía que le estaba sugiriendo

al Juez que su actitud le molestaba. Ella no se

sentía cómoda en la forma que él se dirigía a

ella y le dio instrucciones a su secretaria para

que no le pasara llamadas telefónicas del Juez

querellado. El Juez Robles Sanabria, la visitaba

en la sala donde ella estaba trabajando y ella

abandonaba el lugar. Finalmente, cerró con

seguro la puerta de su oficina para evitar que

el Juez Robles entrara.

c. La invitó a almorzar a un restaurante en

Guayanilla, a lo cual la Jueza le respondió que

no, pero que podían hacer planes para ir a

almorzar con otros compañeros jueces. El Juez

Robles le respondió que quería ir solo con ella.

d. En muchas ocasiones, el Juez Robles iba a la

Oficina de la Juez Vega. Allí se sentaba por un

tiempo que excede el usual y la invitaba a

almorzar.

6. La señora Myriam Rivera Torres se desempeñaba como

Encargada de Servicios de Limpieza en el Tribunal de

Peñuelas. Ella y la señorita Pacheco eran las únicas

empleadas en dicho tribunal mientras el Juez Robles se

desempeñaba allí como Juez. Los incidentes entre el Juez

Robles y la señorita Pacheco ocurrieron mayormente

mientras la señora Rivera disfrutaba de sus vacaciones.

A pesar de que no hubo incidente alguno que pudiera

constituir hostigamiento sexual entre el Juez Robles y

la señora Rivera, es menester señalar que luego de que

la señorita Pacheco se quejó de la conducta del juez

Robles, éste llamó en varias ocasiones a la señora

Rivera para que disuadiera a la señorita Pacheco.

La primera llamada ocurrió el 28 de agosto de 1997. En

esa ocasión, el Juez Robles le indicó a la señora Rivera

que las cosas estaban “calientes” y le pidió que le

ayudara con el “casito”. La ayuda consistía en que

hablara con la señorita Pacheco para que la convenciera

de que escribiera una carta diciendo que todo lo que

ocurrió entre ellos fue un malentendido.

Ese mismo día, poco después de la primera llamada, el

Juez Robles llamó nuevamente por teléfono a la señora

Rivera para pedirle que le comunicara a la señorita

Pacheco que cuando escribiera la carta se la enviara

secretamente a la Jueza Administradora de la Región,

Hon. Elba Rosa Rodríguez Fuentes. La señora Rivera no

hizo lo que el Juez Robles le pidió.

AD-99-02

8

La tercera llamada ocurrió el 8 de septiembre de 1997.

En esa ocasión, el Juez Robles le preguntó a la señora

Rivera si había hablado con la señorita Pacheco para que

reiterara las acusaciones. Cuando la señora Rivera le

informó que no había cumplido con lo pedido por el Juez

Robles, éste le enganchó el teléfono.

7. Conforme al testigo de la parte querellada, Lic. Ricardo

Negrón Rodríguez, quien testificó cándidamente ante la

Comisión, el querellado no es un ser perfecto; le gustan

las mujeres y cuando a éste alguien le gusta, no lo

oculta, no lo disimula.

A

la

luz

de

estas

determinaciones

de

hechos,

la

Comisión

de

Disciplina y Separación concluyó que la conducta imputada a Melvin

Robles

Sanabria

constituía

hostigamiento

sexual

en

la

modalidad

de

ambiente hostil y en la modalidad de “quid pro quo”. Asimismo, concluyó

que

su

conducta

fue

contraria

a

los

Cánones

de

Ética

Judicial.

Finalmente, la Comisión recomendó mayoritariamente la destitución de

Melvin Robles Sanabria como Juez Municipal.2

Luego de evaluar la querella formulada por el Procurador General,

la

prueba

desfilada

ante

la

Comisión

y

el

derecho

aplicable,

resolvemos.

II

A.

En 1988, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 17 de 22

de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq. , (en adelante, Ley

17),

en

la

cual

estableció

la

política

pública

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico con relación al hostigamiento sexual en el

empleo. Dicha ley establece que el hostigamiento sexual en el empleo

constituye

“una

forma

de

constituye

una

práctica

principio

constitucional

discrimen

ilegal

de

e

que

por

razón

indeseable

la

dignidad

de

sexo

que

atenta

del

ser

y

como

tal

contra

el

humano

es

inviolable”. 29 L.P.R.A. sec. 155. Resulta claro, por tanto, que esta

política pública postulada en la Ley 17 está cimentada en disposiciones

2

Únicamente concurrió uno de los Comisionados, quien a pesar de

coincidir con las determinaciones de hechos de la Comisión de

Disciplina y Separación, estimó que la sanción debía limitarse a una

suspensión de empleo y sueldo por el término de seis meses.

AD-99-02

9

constitucionales que propugnan el respeto a la dignidad humana y la

igualdad ante la ley.

Const. de P.R., Art. II, sec. 8.

En específico, el Artículo 3 de dicha ley define el hostigamiento

sexual en el empleo en los siguientes términos:

[e]l hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier

tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de

favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de

naturaleza sexual, cuando se da una o más de las siguientes

circunstancias:

(a)

(b)

(c)

Cuando el someterse a dicha conducta se convierte

de forma implícita o explícita en un término o

condición del empleo de una persona.

Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta

por parte de la persona se convierte en fundamento

para la toma de decisiones en el empleo o respecto

del empleo que afectan a esa persona.

Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de

interferir de manera irrazonable con el desempeño

del trabajo de una persona o cuando crea un

ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

29 L.P.R.A. sec. 157.

En el pasado, y al considerar una controversia cuyos hechos se

originaron previo a la vigencia de la Ley 17, reconocimos que “el

hostigamiento sexual constituye una modalidad del discrimen por razón

de sexo proscrito por la Ley Núm. 100”. Rodríguez Meléndez v. Sup.

Amigo, Inc. , 126 D.P.R. 117, 124 (1990). En esa ocasión, al examinar,

con

fines

destacamos

comparativos,

que

el

jurisprudencia

hostigamiento

sexual

federal

puede

sobre

el

manifestarse

tema,

de

dos

formas: el hostigamiento sexual por ambiente hostil y el hostigamiento

equivalente o “quid pro quo”. Id. , en la pág. 131.

Señalamos que la primera vertiente del hostigamiento sexual, --al

cual se refiere el tercer inciso del artículo 3 de la Ley 17--, queda

configurada cuando la conducta hacia una persona por razón de su sexo

tiene el efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño de su

trabajo “o de crear en el mismo un ambiente intimidante, hostil u

ofensivo”.

Isla

Id. , en las págs. 132-131; véanse, López Campos v. Garaje

Verde,

126

D.P.R.

166

(1990);

Delgado

Zayas

v.

Hospital

Interamericano, 94 JTS 149 (1994). Ello ocurre independientemente de

que no exista menoscabo económico alguno en la alegada víctima o de que

AD-99-02

10

la conducta no sea explícitamente sexual. Basta que la conducta que se

imputa como constitutiva de hostigamiento se origine por razón del sexo

de la persona y que la misma cree unas circunstancias en el empleo que

alteren significativamente las condiciones de trabajo.

Para establecer un caso prima facie de hostigamiento sexual por

ambiente hostil, la parte promovente de la acción “debe probar que ha

ocurrido más de un incidente de conducta sexual ofensiva”. Ruth E.

Ortega Vélez, Hostigamiento Sexual en el Empleo 21 (1998). Un acto

aislado o un mero “piropo”, aunque pudiera ser no deseado, no origina

Heelan v. Johns-Manville

una causa de acción bajo esta modalidad.

Corp. , 451 F. Supp. 1382, 1388 (1978). De ahí que se diga que “[e]l

hostigamiento

por

ambiente

abusivo

se

caracteriza

por

su

además,

el

constitutiva

de

multiplicidad”. Ruth E. Ortega Vélez, supra, en la pág. 21.3

Al

evaluar

una

debe

examinar

juzgador

hostigamiento

alterar

las

fue

lo

reclamación

“si

bajo

la

alegada

suficientemente

condiciones

de

esta

empleo

y

modalidad,

conducta

severa

y

ofensiva

como

crear

un

ambiente

de

para

trabajo

abusivo”. Id. en la pág. 132. Es preciso demostrar que la conducta

desplegada hacia la alegada víctima por razón de su sexo crea una

atmósfera hostil, intimidante u ofensiva, o que el ambiente laboral

creado por las actuaciones hacia su persona por razón de su sexo,

interfieren de forma irrazonable con el sano desempeño de su trabajo.

En

esta

evaluación

involucradas,

es

necesario

especialmente,

y

sin

examinar

pretender

las

ser

circunstancias

exhaustivos,

la

frecuencia e intensidad de los alegados actos hostigantes, el contexto

en

el

cual

ocurren,

y

el

período

de

tiempo

durante

el

cual

se

prolongan.

Por su parte, el hostigamiento sexual equivalente --al cual se

refieren los primeros dos incisos del artículo 3 de la Ley 17--, “se

produce

3

cuando

el

sometimiento

o

rechazo

de

los

avances

Véase además, Schultz, Vicki, Reconceptualizing Sexual Harrassment,

107 Yale Law Journal 1683 (1998).

o

AD-99-02

11

requerimientos sexuales se toma como fundamento para afectar beneficios

tangibles en el

empleo”. Id. ,

en la pág.

132. De este modo, es

resultado directo del desbalance de poder entre el supuesto hostigador

y su víctima.

Hemos afirmado en el pasado que, conforme a esta modalidad, “se

requiere que el demandante pruebe la solicitud de favores sexuales o el

sufrimiento de avances de igual tipo, y que el sometimiento o rechazo a

dichos avances o a la referida solicitud haya sido la causa de una

decisión adversa en cuanto a una condición o al término de su empleo”.

Id. , en la pág. 132.

Asimismo, se configura esta modalidad si la

alegada víctima demuestra que las deficiencias en el desempeño de sus

funciones que finalmente motivan su despido o renuncia son resultado

directo del ambiente hostil causado por los avances de índole sexual.

B.

Mediante el memorando Núm. 117 de 2 de marzo de 1988, el Poder

Judicial

estableció

su

propia

política

pública

en

torno

al

hostigamiento sexual en el empleo, la cual, en esencia, es consecuente

con el esquema y lineamientos establecidos por los poderes políticos en

la Ley 17. Su finalidad, al igual que en el contexto de la Ley 17, es

proscribir

el

hostigamiento

sexual

en

el

empleo

en

sus

distintas

modalidades y establecer un procedimiento administrativo para atender

las quejas de las personas que consideran haber sido víctimas de este

tipo de conducta en sus centros de trabajo. Esta política pública del

Poder Judicial se ampara, no sólo en claros preceptos constitucionales

que están, a su vez, recogidos en la política pública del Estado sobre

el hostigamiento sexual, sino también en la Ley Núm. 64 del 31 de mayo

de

1973,

que

crea

un

sistema

de

personal

autónomo

para

el

Poder

Judicial basado en el principio del mérito que excluye de los procesos

de personal cualquier consideración de carácter discriminatoria.

Al proscribir el hostigamiento sexual en la Rama Judicial, este

Memorando destaca que tal conducta no será tolerada independientemente

AD-99-02

12

de la jerarquía o posición de la persona actora. Tampoco excluye del

ámbito

de

su

protección

a

empleados

que

no

tengan

expectativa

de

continuidad en el empleo, ya sea por tratarse de empleados de confianza

o

de

empleados

en

período

responsabilidades,

establece

procedimiento

deberá

que

probatorio.

medidas

ser

para

seguido

Asimismo,

prevenirlo

para

y

presentar

impone

establece

una

el

querella

administrativa por hostigamiento sexual.4

Por otro lado, la política pública de la Rama Judicial en torno al

hostigamiento sexual en el empleo plasmada en el Memorando Núm. 117 se

complementa

Judicial

con

los

Especial

lineamientos

para

Investigar

y

recomendaciones

el

Discrimen

por

de

la

“Comisión

Género

en

los

Tribunales de Puerto Rico”. El informe rendido por esta Comisión en

agosto de 1995 contiene recomendaciones específicas para erradicar de

la Rama Judicial de Puerto Rico estereotipos y patrones culturales

sexistas, así como todo tipo de trato discriminatorio por razón del

género. Véase, El Discrimen por Razón de Género en los Tribunales,

Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Género en

los Tribunales de Puerto Rico, Agosto 1995. Esas recomendaciones han

sido sustancialmente adoptadas por este Tribunal e implantadas en toda

la estructura de la Rama Judicial, tanto en su vertiente administrativa

y de personal, como en los procesos judiciales en los que interviene la

ciudadanía. Véase, In re, Valcárcel Mulero, res. 15 de noviembre de

1996, 142 D.P.R. ___ (1996).

A la luz de toda la discusión precedente, es propio afirmar que el

marco

4

constitucional,

legal,

y

reglamentario

aplicable

al

Poder

En cuanto al procedimiento para presentar una querella contra un

funcionario de la Rama Judicial, el Memorando dispone que toda querella

deberá ser remitida por escrito y bajo juramento a la oficina del

Director Administrativo de los Tribunales. Asimismo, puede ser

presentada personalmente en la Oficina del Director de la Oficina de

Asuntos Legales de la Administración de Tribunales. Una vez presentada

la querella, su evaluación será realizada de conformidad con la Sección

II de las “Normas para la investigación de quejas y querellas contra

funcionarios de la Rama judicial”. Compete al Director Administrativo

de los Tribunales hacer la determinación final sobre la acción que

deberá ser tomada y hará la notificación al querellante que

corresponda.

AD-99-02

13

Judicial que proscribe el hostigamiento sexual en el empleo, impone en

este

Tribunal

la

obligación

de

evaluar

cuidadosamente

cualquier

alegación fundamentada de esta naturaleza y que provenga de un empleado

de la Rama Judicial. Ahora bien, en el caso especial de los jueces, las

imputaciones

y

querellas

de

hostigamiento

sexual

están,

a

su

vez,

matizadas por los Cánones de Ética Judicial, supra, los cuales, como se

sabe,

rigen

la

responsabilidad

conducta

de

los

jueces

profesional

y

moral

en

en

el

nuestra

ejercicio

sociedad.

de

Se

su

trata,

pues, del marco ético mínimo bajo el cual podrá ser evaluada cualquier

imputación en contra de los jueces que laboran en el Tribunal General

de Justicia de Puerto Rico.

C.

Recientemente, enmendamos los Cánones de Ética Judicial con el

claro

objetivo

“de

prohibir

expresamente

toda

manifestación

de

discrimen por parte de la judicatura”, In re, Enmiendas a los Cánones

de Ética Judicial, res. 12 de noviembre de 1999; 99 TSPR 170; 149

D.P.R.

___

(1999),

incluyendo

el

discrimen

manifestado a través del hostigamiento sexual.

por

razón

de

sexo

Con ese fin, enmendamos

el Canon XI de los de Ética Judicial para advertir a la judicatura de

que “[e]n el ejercicio de su labor judicial [...] no deberá incurrir en

conducta

constitutiva

nacimiento,

origen,

de

discrimen

condición

por

motivo

socioeconómica,

de

ideas

raza,

color,

políticas

o

religiosas, condición física, edad o género”. Canon XI de los de Ética

Judicial,

4

L.P.R.A.

Ap.

IV-A

C.

XI,

según

enmendado

por

In

re,

Enmiendas a los Cánones de Ética Judicial, supra, (subrayado nuestro).

Aunque al momento de los hechos que originan la querella contra

Robles Sanabria no existía este deber de forma expresa, es evidente que

el hostigamiento sexual siempre ha sido una de las conductas proscritas

para los miembros de la judicatura. De hecho, bajo el marco legal

existente al momento de la ocurrencia de los hechos que desembocan en

AD-99-02

la

14

querella,

actuación

el

hostigamiento

ilegal

bajo

la

sexual

Ley

en

17

el

y

empleo

bajo

constituía

las

una

disposiciones

constitucionales que protegen la dignidad del ser humano y garantizan

la igualdad ante la ley. Por lo tanto, si un juez incurría en ese tipo

de conducta violaba la ley y los Cánones de Ética Judicial en aquella

parte que imponen a la judicatura la obligación de cumplir con las

normas

de

conducta

establecidas

por

ley,

Canon

I

de

los

de

Ética

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A C. I, y el deber de responder a normas de

conducta “que honren la integridad e independencia de su ministerio y

estimulen el respeto y la confianza en la judicatura”. Id. , Canon

XXVI.

III

Conforme

a

las

determinaciones

de

hechos

de

la

Comisión

de

Disciplina y Separación, las cuales están plenamente avaladas por las

declaraciones juradas y demás documentos que obran en el expediente del

caso, luego de tres meses de estar laborando como Secretaria Auxiliar I

del Tribunal de Primera Instancia en la Sala Municipal de Peñuelas, el

querellado Robles Sanabria reiteradamente invitó a almorzar a solas a

la señorita Pacheco. Además le preguntó sobre sus actividades sociales

fuera

de

horas

laborables,

constantemente

la

llamó

“mi

amor”,

“mi

cielo”, o “mi corazón”, y en repetidas ocasiones miró todo su cuerpo de

forma inapropiada. La señorita Pacheco narró que en una ocasión Robles

Sanabria

le

expresó,

con

relación

al

traje

que

traía

puesto,

lo

siguiente: “ese traje te queda muy bien, pero debes cuidarte tu dieta

porque se te están haciendo unas neguitas (sic)”.

Deposición de Nelly

Pacheco Dominicci, en la pág. 3.

En otra ocasión, al preguntarle a Pacheco qué había hecho durante

el fin de semana y ésta contestarle que había estado con su novio, el

querellado Robles Sanabria le dijo: “no me digas eso porque me pongo

celoso”. Id. , en la pág. 10.

Pacheco añadió que el querellado Robles Sanabria se sentaba frente

a su escritorio y la miraba de una forma incomodante y en una ocasión

AD-99-02

15

le dijo que tenía “piernas bonitas”. En otra ocasión le preguntó si

usaba minifaldas y por qué no usaba mahones en el trabajo.

Pacheco expresó en su deposición que toda esta situación la ponía

muy incómoda y temerosa. Indicó que le molestaba llegar al trabajo y

que, aunque deseaba comunicarle su sentir al juez querellado y al Juez

Administrador

de

la

región,

tenía

temor

de

que

fuera

evaluada

desfavorablemente si expresaba su sentir, toda vez que no era empleada

regular y llevaba poco tiempo en el puesto.

Luego de evaluar las determinaciones de hechos de la Comisión de

Disciplina

y

Separación

y

los

demás

documentos

que

obran

en

el

expediente del caso, es forzoso coincidir con el criterio mayoritario

de

la

Comisión

en

términos

de

que

el

querellado

Robles

Sanabria

incurrió en conducta constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo.

No

es

necesario,

específicas

de

como

índole

sugiere

el

sexual,

querellado,

utilizar

hacer

insinuaciones

vocabulario

que

tenga

connotaciones sexuales o algún tipo de contacto físico para que se

configure el hostigamiento sexual en el empleo. A nuestro juicio, los

hechos

que

estimó

probados

la

Comisión

de

Disciplina

y

Separación

configuran el hostigamiento sexual en el empleo en su modalidad de

ambiente hostil.5

Los actos constitutivos de hostigamiento sexual fueron actuaciones

reiteradas contra la señorita Pacheco por razón de su sexo. Dichas

actuaciones consistieron en comentarios sobre la figura, vestimenta y

maquillaje de Pacheco, acercamientos insistentes para que salieran a

almorzar a solas y miradas inapropiadas. Todo esto interfirió con el

sano desempeño de Pacheco en su lugar de trabajo y le crearon un

ambiente de trabajo ofensivo, hostil y humillante.

5

Contrario al criterio de la Comisión de Disciplina y Separación, no

nos parece que la modalidad de hostigamiento sexual equivalente o “quid

pro quo” haya quedado configurada en el presente caso. La prueba revela

que, aunque la señorita Pacheco estimaba que su permanencia en el

puesto corría peligro si rechazaba los insistentes avances de Robles

Sanabria, éste nunca tomó una decisión o realizó actuación alguna que

afectara adversamente su puesto, ni hubo conducta alguna que en forma

implícita o explícita se convirtiera en una condición de su empleo.

AD-99-02

16

Dramatiza esto, el hecho de que toda esta situación ocurre contra

una

persona

recién

empleada

en

la

Rama

Judicial,

en

una

sala

del

Tribunal de Primera Instancia relativamente aislada, que contaba con

sólo dos empleadas asignadas, --además del Juez Robles Sanabria--, una

de ellas lo era la señorita Pacheco. Dadas estas circunstancias, es

evidente que Robles Sanabria se aprovechó de la situación de desventaja

en la que se encontraba la querellante Pacheco.

Por otro lado, es preocupante que Robles Sanabria, realizó ciertos

actos dirigidos contra su compañera Jueza Honorable Joanne Vega, que, a

juicio de las personas que realizaron las investigaciones de rigor,

también pudieran ser constitutivas de hostigamiento sexual. Así, se

desprende del Informe de la Comisión de Disciplina y Separación que

Robles Sanabria le comentó a la Jueza que el traje que ésta tenía

puesto “le resultaba atractivo” y que “le gustaría compartir con ella

luego de las horas laborables”. Además le preguntó si la podía llamar

“mi amor” y si le interesaba almorzar con él a solas.

Finalmente, además de la conducta constitutiva de hostigamiento

sexual, nos consterna el hecho de que el querellado Robles Sanabria,

luego de iniciadas las investigaciones administrativas, se comunicó en

dos ocasiones con la señora Myriam Rivera al tribunal de Peñuelas para

solicitarle que hablara con la señorita Pacheco para que ésta, a su

vez, redactara una carta en la que expresara su interés de retirar

cualquier acusación de su parte en contra de Robles Sanabria y afirmara

que todo lo acontecido había sido sólo un malentendido de su parte.

Esto

es

claramente

contrario

a

lo

dispuesto

en

las

“Reglas

de

Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio

por Razón de Salud de Jueces de Primera Instancia y del Tribunal de

Apelaciones de Puerto Rico”.

IV

Al resolver que Robles Sanabria incurrió en hostigamiento sexual

en su modalidad

de ambiente

hostil contra la

señorita Pacheco, es

AD-99-02

17

evidente que, a su vez, violó los principios éticos encarnados en los

Cánones

de

Ética

Judicial.

Los

cargos

imputados

por

el

Procurador

General, que señalaban que había violado los Cánones I, V, y XXVI

estaban plenamente justificados.6

Con su conducta Robles, Sanabria

6

Los referidos Cánones disponían a la fecha de la comisión de los

hechos, lo siguiente:

Canon I

La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial

de la democracia debe ser mantenida por los tribunales a los

más altos niveles de la responsabilidad pública.

En el ejercicio de su delicada función, aquéllos

llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que

ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión,

deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de

conducta que honren la integridad e independencia de su

ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la

judicatura.

Canon V

El

Juez

cumplirá

cuidadosa

y

diligentemente

las

obligaciones administrativas que le imponen las leyes y

reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones

de la Oficina de la Administración de los Tribunales.

Canon XI

El Juez no solamente ha de ser imparcial, sino que su

conducta ha de excluir toda posible apariencia de que es

susceptible de actuar a base de influencias de personas,

grupos o partidos, o de ser influido por el clamor público,

por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por

motivaciones impropias. Ha de tener siempre presente que su

único empeño debe ser el de impartir justicia de conformidad

con el Derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin

preocuparle el reconocimiento que pueda darse a su labor, ni

la crítica injusta.

El Juez hará todo lo posible para que los funcionarios y

empleados del tribunal que actúen bajo su dirección actúen de

conformidad con estos principios en la medida en que sean

aplicables a sus labores.

Canon XXVI

Los anteriores cánones de ética judicial son normas

mínimas de comportamiento que todo Juez debe observar

fielmente, tanto en su letra como en su espíritu, por ser

consustanciales con el cargo judicial, Estos cánones no

excluyen otras normas de conducta que también obligan al

Juez, que están establecidas por ley o que son inherentes al

honor tradicional de la judicatura.

4 L.P.R.A: Ap. IV-A C. I, V, XI y XXVI.

Estimamos que de los hechos que estimó probados la Comisión de

Disciplina y Separación no se configura una violación al Canon XI de

los de Ética Judicial, el cual impone a los magistrados la obligación

de obrar con total imparcialidad en el ejercicio de sus funciones

judiciales. En el presente caso, las actuaciones del magistrado Robles

Sanabria se dan en el contexto de sus relaciones de trabajo con

AD-99-02

18

deshonró la integridad e independencia de su ministerio (Canon I);

incumplió con sus obligaciones administrativas aplicables a la Rama

Judicial y las instrucciones de la OAT que específicamente prohiben el

hostigamiento sexual en el empleo, (Canon V); e incumplió claramente

con lo dispuesto en las leyes de Puerto Rico y en las normas inherentes

al honor tradicional de la judicatura, (Canon XXVI).

Ante ello, y la

gravedad de las actuaciones del querellado, nos vemos compelidos a

ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria.

Como se sabe, nuestra jurisdicción disciplinaria en el contexto

específico de los jueces, es de rango constitucional. Al respecto, la

sección 11 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico dispone expresamente que los jueces de los tribunales de

menor jerarquía “podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las

causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley”.7

Const.

P.R., Art. V, Sec. 11. Conforme a este poder, y a la luz de la prueba

con

que

contamos

nos

vemos

precisados

a

decretar

la

destitución

inmediata de Melvin W. Robles Sanabria como Juez Municipal.

La severidad de la sanción que hoy imponemos a Robles Sanabria se

fundamenta no sólo en sus actuaciones constitutivas de hostigamiento

sexual en la modalidad de ambiente hostil. Es también resultado del

hecho de que su conducta fue lesiva a la integridad institucional de

funcionarios de la Rama Judicial. Nada hay en la prueba que revele que

omitió su deber de ser imparcial en la adjudicación de una controversia

judicial.

7

La Ley de la Judicatura de 1994, Plan de Reorganización de la Rama

Judicial Núm. 1 de 1994, según enmendado, expresamente reconoce esta

facultad y delega en este Tribunal la función de diseñar un reglamento

para tramitar acciones disciplinarias contra jueces y de separación del

servicio por razón de salud. Artículo 8.001, Plan de Reorganización de

la Rama Judicial Núm. 1. Nuestras “Reglas de Procedimiento para

Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud

de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal De

Apelaciones de Puerto Rico” son consecuentes con esta encomienda. Estas

reglas son, pues, el marco procesal aplicable en la tramitación de las

querellas instadas contra los jueces del Tribunal General de Justicia,

incluyendo las que involucren hostigamiento sexual en el empleo por

parte de éstos. En el contexto de alegaciones de hostigamiento sexual

por personas que no sean jueces aplica, por tanto, el procedimiento

establecido en el memorando Núm. 117.

AD-99-02

19

nuestro

sistema

de

independientemente

justicia.

de

Ello,

en

otra

consideración,

cualquier

el

caso

de

jueces,

conlleva

e

la

imposición de sanciones disciplinarias severas.

Asimismo, Robles Sanabria incurrió en una seria violación de la

Regla

13

(B)

(4)

Disciplinarias y

de

las

“Reglas

de Separación

de

Procedimiento

para

Acciones

del Servicio por Razón de Salud de

Jueces de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto

Rico”, la cual de forma expresa impone a los jueces contra quienes se

realiza un procedimiento a su amparo, la obligación de abstenerse de

realizar

gestiones

que

constituyan

o

puedan

ser

consideradas

intervenciones indebidas con testigos.8 Sus gestiones para lograr que la

señorita Pacheco cambiara su versión de lo acontecido, luego de que

iniciaran

las

investigaciones

en

su

contra,

fueron

claramente

deshonestas.

Por último, su actuación contra la Honorable Juez Vega en otra

sala de los tribunales demuestran claramente un patrón de conducta que

denotan

una

falta

de

prudencia

y

respeto

hacia

sus

compañeras

de

trabajo y a sus posiciones.

Dentro de nuestra organización política, social y jurídica, la

figura del juez ocupa un lugar de singular importancia. Su función,

única en nuestro ordenamiento constitucional, requiere de ellos no tan

sólo que sean íntegros y honestos en su función de interpretación y

aplicación

del

derecho,

sino

en

todo

el

ámbito

de

su

conducta

profesional, lo cual incluye su relación con sus compañeros, empleados

y subalternos.

Su nombramiento es producto del consenso entre las

ramas legislativa y ejecutiva del gobierno, las cuales depositan en

8

Dispone la Regla 13 B (4):

Durante el proceso investigativo

tendrá la responsabilidad de:

el

juez

promovido

[...]

(4) abstenerse de realizar gestiones que constituyan o

puedan

ser

consideradas

intervenciones

indebidas

con

testigos, prueba documental o de cualquier otra naturaleza,

[...].

AD-99-02

ellos

la

20

confianza

administración

de

de

la

nuestro

justicia

pueblo

se

con

lleve

a

la

esperanza

cabo

por

de

que

personas

la

cuya

conducta, en todos sus aspectos, sea intachable. La severidad de la

sanción está, pues, plenamente justificada.

Se emitirá la Sentencia correspondiente.

AD-99-02

21

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Hon. Melvin Robles Sanabria

Juez Municipal

AD-98-02

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integral de la

presente, se decreta la destitución del querellado

Melvin Robles Sanabria del cargo de Juez Municipal del

Tribunal de Primera Instancia.

Dicha destitución será

efectiva a partir de la fecha de notificación de esta

Sentencia.

Notifíquese a la Directora de la Oficina de Administración

de los Tribunales.

Así lo pronunció y manda

Secretaria del Tribunal Supremo.

Berlingeri no intervino.

el Tribunal y certifica la

El Juez Asociado señor Fuster

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo