Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Hon. Melvin Robles Sanabria Juez Municipal
2000 TSPR 94
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Hon. Melvin Robles Sanabria Juez Municipal
AD-1998-02
AD-99-02
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Querella
Hon. Melvin Robles Sanabria
Juez Municipal
2000 TSPR 94
Número del Caso: AD-1998-02
Fecha: 22/06/2000
Oficina del Procurador General:
Lcda. Ivonne Casanova Pelosi
Procuradora General Auxiliar
Abogados de Hon. Melvin Robles Sanabria:
Lcdo. Pedro Malavet Vega
Lcdo. Federico Díaz Ortiz
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
AD-99-02
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Hon. Melvin Robles Sanabria
Juez Municipal
AD-98-02
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2000.
Nos corresponde considerar los méritos de una querella instada
contra el Hon. Melvin W. Robles Sanabria, Juez Municipal de Peñuelas al
momento de los hechos, en la cual se alega que contravino varias
disposiciones de los Cánones de Ética Judicial. 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. La
querella, en esencia, plantea que Robles Sanabria incurrió en conducta
constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo. Evaluado el informe
de la “Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de
Salud de Jueces” (en adelante, “Comisión de Disciplina y Separación”) y
la
prueba
documental
que
obra
en
el
expediente
de
la
querella,
resolvemos que se configuró la conducta imputada, por lo que, en el
ejercicio del poder de disciplinar y destituir a los jueces de los
tribunales de menor jerarquía que nos confiere la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. P.R., Art. V, Sec. 11, y a
la luz de la gravedad de la conducta desplegada por Robles Sanabria que
originó la querella en su contra, se ordena su destitución inmediata
como Juez Municipal del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.
I
AD-99-02
3
El 22 de julio de 1998, el Procurador General de Puerto Rico
presentó una querella contra el Hon. Melvin W. Robles Sanabria, Juez
Municipal de Peñuelas, en la que se le imputaron los siguientes cargos:
Primer Cargo
El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta
impropia contrario al Canon I de Ética Judicial el cual, entre
otras cosas, obliga a todo juez a velar por que sus actuaciones
respondan a normas de conducta que honren la integridad e
independencia de su ministerio y estimulen al respeto y
confianza en la judicatura.
Segundo Cargo
El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta
impropia contraria al Canon V de Ética Judicial el cual, entre
otras cosas, obliga a todo juez a cumplir cuidadosa y
diligentemente con las obligaciones administrativas que le
imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y
las instrucciones de la oficina de Administración de los
Tribunales.
Tercer Cargo
El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta
impropia contraria al Canon XI de Ética Judicial el cual, entre
otras cosas, obliga a todo juez no sólo a ser imparcial, sino a
preservar la apariencia de imparcialidad.
Cuarto Cargo
El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta
impropia contraria al Canon XXVI de Etica Judicial el cual,
entre otras cosas, obliga a todo juez a cumplir con otras normas
de conducta que está establecidas por la ley o que son
inherentes al honor tradicional de la judicatura, en este caso
la Ley de Hostigamiento Sexual.
Quinto Cargo
El Honorable Melvin Robles Sanabria incurrió en conducta
impropia contraria a la Regla 13 (B) (4) de las Reglas de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del
Servicio por Razón de Salud de Jueces de Primera Instancia y del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico la cual específicamente
obliga a todo Juez a abstenerse de realizar gestiones que
constituyan o puedan ser consideradas intervenciones indebidas
con testigos.
Esta querella fue el resultado de un proceso investigativo que
inició en la Oficina de Administración de los Tribunales (en adelante
OAT), a raíz de una serie de quejas formuladas contra Robles Sanabria
que
esencialmente
planteaban
que
éste
había
incurrido
en
conducta
constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo. La alegada conducta
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4
constitutiva
de
hostigamiento
sexual
fue
dirigida
específicamente
contra Nelly Pacheco Dominicci, quien fungió como su secretaria en la
Sala Municipal de Peñuelas del Tribunal de Primera Instancia.
Además,
conforme
a
la
prueba
desfilada
en
las
etapas
investigativas, hubo ciertas actuaciones de Robles Sanabria dirigidas
contra las honorables Joanne Vega y Eugenia Cruz, juezas del Tribunal
de
Primera
Instancia,
respectivamente,
que,
investigaciones
de
salas
a
municipales
juicio
rigor,
de
las
también
de
Canóvanas
personas
pudieran
que
ser
y
Maunabo,
realizaron
las
constitutivas
de
hostigamiento sexual. Esas quejas dieron base a que la División Legal
de la OAT realizara una investigación y posteriormente rindiera un
informe en el cual se hizo acopio del testimonio jurado de las personas
involucradas.
Robles Sanabria fue notificado oportunamente de la investigación
que
estaba
en
progreso,
se
le
remitió
copia
de
las
declaraciones
prestadas bajo juramento por las personas involucradas y se le concedió
la oportunidad de expresarse sobre las imputaciones formuladas en su
contra. A raíz de esa primera notificación, Robles Sanabria, en una
escueta carta dirigida a la entonces Directora de la División Legal de
la OAT, Lcda. Carmen D. Irizarry, expresó que, “fuera de las relaciones
normales
entre
seres
humanos
y
compañeros
de
trabajo,
cualquier
alegación que implique hostigamiento o acoso sexual se niega de forma
rotunda”. Informe de Investigación de la División Legal de la OAT,
Anejo 9.
Luego de rendido el Informe de la División Legal de la OAT, la
Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, Directora Administrativa de los
Tribunales,
solicitó
abarcadora.
El
la
Informe
realización
rendido
como
de
una
resultado
investigación
de
esta
más
nueva
investigación, así como el anterior, fueron remitidos a la “Comisión de
Disciplina y Separación”, para evaluación. Esta Comisión designó a su
Comisionada Asociada, Lcda. Enid Martínez Moya, para que, conforme a la
Regla 18 de las “Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y
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5
de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de
Primera
Instancia
y
del
Tribunal
De
Apelaciones
de
Puerto
Rico”,
evaluara los informes y la prueba contenida en ellos, a los fines de
que
hiciera
la
correspondiente
determinación
de
causa,
si
así
lo
estimaba conveniente.1
Así
Robles
las
cosas,
Sanabria
y,
la
Comisionada
Asociada
eventualmente,
la
determinó
Comisión
de
causa
contra
Disciplina
y
Separación instruyó al Procurador General a que presentara la querella
correspondiente contra Robles Sanabria. El Procurador General presentó
la querella correspondiente.
El querellado Robles Sanabria contestó la querella por conducto de
su representación. Negó todos los cargos imputados y expresó que éstos
adolecen de vaguedad al no precisar la conducta específica que motiva
la
querella.
proporción
Señaló,
los
además,
hechos
que
realmente
“en
este
ocurridos
caso
se
para
han
sacado
causarle
de
daño[]
innecesario a [su] reputación”. Contestación a la querella, en la pág.
2.
Luego
de
evidenciaria
varios
a
la
incidentes
cual
el
procesales,
querellado
se
compareció
realizó
una
acompañado
vista
de
sus
abogados. Tras recibir la prueba correspondiente, la Comisión rindió su
informe
en
el
recomendaciones.
que
formuló
Citamos
“in
sus
determinaciones
extenso”
las
de
hechos
determinaciones
de
y
sus
hechos
según formuladas por la Comisión:
1. El Hon. Melvin Robles Sanabria tomó posesión del cargo
de Juez Municipal en mayo de 1995.
2. Para finales de 1996 la Srta. Nelly Pacheco Dominicci
fue nombrada Secretaria Auxiliar del Tribunal de Primera
Instancia e inició labores en Peñuelas. Para entonces el
honorable Juez Robles Sanabria cumplía sus funciones en
dicho Tribunal.
1
Las “Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de
Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de
Primera Instancia y del Tribunal De Apelaciones de Puerto Rico” fueron
adoptadas el 25 de septiembre de 1992, y entraron en vigor el 24 de
noviembre del mismo año. Su finalidad fue establecer un procedimiento
justo para tramitar las quejas y solicitudes de separación formuladas
contra jueces.
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6
3. La señorita Pacheco Dominicci comenzó a laborar como
Secretaria del Juez Robles cuando ocurrieron los hechos.
Para esa fecha estaba en período probatorio por haber
comenzado a laborar como empleada de la Rama Judicial.
4. En cuanto a la querellante, Srta. Nellie Pacheco
Dominicci, la prueba presentada demostró los siguientes
hechos:
a. En una ocasión el Juez Robles le dijo a la
señorita Pacheco que el traje le quedaba bonito,
pero que debía cuidar la dieta porque se le
estaban formando unas “neguitas” (sic) en la
cintura.
b. El Juez Robles le comentó a la señorita Pacheco
que tenía piernas bonitas.
c. En una ocasión el Juez Robles le preguntó a la
señorita Pacheco si utilizaba minifalda y por
qué no usaba mahones para trabajar.
d. En varias ocasiones, el Juez Robles se dirigía a
la señorita Pacheco como “mi amor”, “mi cielo” o
“mi corazón”. El hecho de que el Juez Robles se
dirigió a la señorita Pacheco como “mi amor” fue
confirmado por la declaración de la señora
Myriam Rivera Torres.
e. En muchas ocasiones, el Juez Robles observaba
“de arriba abajo” a la señorita Pacheco en forma
provocativa y le hacía comentarios sobre el
color de lápiz de labio que utilizaba y si le
quedaba bien.
f. El Juez Robles invitaba frecuentemente a la
señorita Pacheco a almorzar a solas, a pesar de
que ésta se negaba.
g. En una ocasión, el Juez Robles le preguntó a la
señorita Pacheco qué había hecho en el fin de
semana. Ella le contestó que había estado con su
novio. El Juez le dijo “no me digas eso porque
me pongo celoso”.
h. La señorita Pacheco Dominicci detestaba llegar a
su trabajo, porque no quería enfrentarse al juez
querellado.
i. Tanto sufrió la querellante con la conducta del
querellado que no le permitió otra opción sino
quejarse de la situación descrita ante la
Secretaria General del Tribunal Municipal de
Guayanilla,
Srta.
Lucía
Rodríguez,
quien
comunicó la queja al Juez Miguel Magraner
Lizardi. Este a su vez se entrevistó con la
Srta. Pacheco Dominicci, recibió su queja por
escrito y la refirió a la Juez Administradora,
Hon. Elba Rosa Rodríguez.
5. La Hon. Joanne Vega se desempeñaba como Jueza Municipal
asignada a la Sala de Investigaciones del Centro
Judicial de Ponce.
En cuanto a dicha Jueza, de la
prueba presentada, surgen los siguientes hechos:
a. Durante un seminario celebrado en Ponce, el juez
Robles le comentó a la Jueza Vega que el traje
que ésta tenía puesto le resultaba atractivo. Le
dijo, además, que le gustaría compartir con ella
luego de horas laborables.
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7
b. En una ocasión, el Juez Robles Sanabria llamó a
la Jueza Vega por teléfono y le preguntó si
podía decirle “mi amor”. Ella se quedó fría y él
le reiteró que le gustaría compartir con ella.
Luego de esa llamada, el Juez Robles Sanabria
continuó haciéndole acercamientos que a ella no
le gustaban. Se sentía mal con la conducta del
Juez. Siempre el Juez le hacía acercamientos y
ella trató de ser cortés, no quería faltarle el
respeto, pero entendía que le estaba sugiriendo
al Juez que su actitud le molestaba. Ella no se
sentía cómoda en la forma que él se dirigía a
ella y le dio instrucciones a su secretaria para
que no le pasara llamadas telefónicas del Juez
querellado. El Juez Robles Sanabria, la visitaba
en la sala donde ella estaba trabajando y ella
abandonaba el lugar. Finalmente, cerró con
seguro la puerta de su oficina para evitar que
el Juez Robles entrara.
c. La invitó a almorzar a un restaurante en
Guayanilla, a lo cual la Jueza le respondió que
no, pero que podían hacer planes para ir a
almorzar con otros compañeros jueces. El Juez
Robles le respondió que quería ir solo con ella.
d. En muchas ocasiones, el Juez Robles iba a la
Oficina de la Juez Vega. Allí se sentaba por un
tiempo que excede el usual y la invitaba a
almorzar.
6. La señora Myriam Rivera Torres se desempeñaba como
Encargada de Servicios de Limpieza en el Tribunal de
Peñuelas. Ella y la señorita Pacheco eran las únicas
empleadas en dicho tribunal mientras el Juez Robles se
desempeñaba allí como Juez. Los incidentes entre el Juez
Robles y la señorita Pacheco ocurrieron mayormente
mientras la señora Rivera disfrutaba de sus vacaciones.
A pesar de que no hubo incidente alguno que pudiera
constituir hostigamiento sexual entre el Juez Robles y
la señora Rivera, es menester señalar que luego de que
la señorita Pacheco se quejó de la conducta del juez
Robles, éste llamó en varias ocasiones a la señora
Rivera para que disuadiera a la señorita Pacheco.
La primera llamada ocurrió el 28 de agosto de 1997. En
esa ocasión, el Juez Robles le indicó a la señora Rivera
que las cosas estaban “calientes” y le pidió que le
ayudara con el “casito”. La ayuda consistía en que
hablara con la señorita Pacheco para que la convenciera
de que escribiera una carta diciendo que todo lo que
ocurrió entre ellos fue un malentendido.
Ese mismo día, poco después de la primera llamada, el
Juez Robles llamó nuevamente por teléfono a la señora
Rivera para pedirle que le comunicara a la señorita
Pacheco que cuando escribiera la carta se la enviara
secretamente a la Jueza Administradora de la Región,
Hon. Elba Rosa Rodríguez Fuentes. La señora Rivera no
hizo lo que el Juez Robles le pidió.
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8
La tercera llamada ocurrió el 8 de septiembre de 1997.
En esa ocasión, el Juez Robles le preguntó a la señora
Rivera si había hablado con la señorita Pacheco para que
reiterara las acusaciones. Cuando la señora Rivera le
informó que no había cumplido con lo pedido por el Juez
Robles, éste le enganchó el teléfono.
7. Conforme al testigo de la parte querellada, Lic. Ricardo
Negrón Rodríguez, quien testificó cándidamente ante la
Comisión, el querellado no es un ser perfecto; le gustan
las mujeres y cuando a éste alguien le gusta, no lo
oculta, no lo disimula.
A
la
luz
de
estas
determinaciones
de
hechos,
la
Comisión
de
Disciplina y Separación concluyó que la conducta imputada a Melvin
Robles
Sanabria
constituía
hostigamiento
sexual
en
la
modalidad
de
ambiente hostil y en la modalidad de “quid pro quo”. Asimismo, concluyó
que
su
conducta
fue
contraria
a
los
Cánones
de
Ética
Judicial.
Finalmente, la Comisión recomendó mayoritariamente la destitución de
Melvin Robles Sanabria como Juez Municipal.2
Luego de evaluar la querella formulada por el Procurador General,
la
prueba
desfilada
ante
la
Comisión
y
el
derecho
aplicable,
resolvemos.
II
A.
En 1988, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 17 de 22
de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq. , (en adelante, Ley
17),
en
la
cual
estableció
la
política
pública
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico con relación al hostigamiento sexual en el
empleo. Dicha ley establece que el hostigamiento sexual en el empleo
constituye
“una
forma
de
constituye
una
práctica
principio
constitucional
discrimen
ilegal
de
e
que
por
razón
indeseable
la
dignidad
de
sexo
que
atenta
del
ser
y
como
tal
contra
el
humano
es
inviolable”. 29 L.P.R.A. sec. 155. Resulta claro, por tanto, que esta
política pública postulada en la Ley 17 está cimentada en disposiciones
2
Únicamente concurrió uno de los Comisionados, quien a pesar de
coincidir con las determinaciones de hechos de la Comisión de
Disciplina y Separación, estimó que la sanción debía limitarse a una
suspensión de empleo y sueldo por el término de seis meses.
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9
constitucionales que propugnan el respeto a la dignidad humana y la
igualdad ante la ley.
Const. de P.R., Art. II, sec. 8.
En específico, el Artículo 3 de dicha ley define el hostigamiento
sexual en el empleo en los siguientes términos:
[e]l hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier
tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de
favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual, cuando se da una o más de las siguientes
circunstancias:
(a)
(b)
(c)
Cuando el someterse a dicha conducta se convierte
de forma implícita o explícita en un término o
condición del empleo de una persona.
Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta
por parte de la persona se convierte en fundamento
para la toma de decisiones en el empleo o respecto
del empleo que afectan a esa persona.
Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de
interferir de manera irrazonable con el desempeño
del trabajo de una persona o cuando crea un
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.
29 L.P.R.A. sec. 157.
En el pasado, y al considerar una controversia cuyos hechos se
originaron previo a la vigencia de la Ley 17, reconocimos que “el
hostigamiento sexual constituye una modalidad del discrimen por razón
de sexo proscrito por la Ley Núm. 100”. Rodríguez Meléndez v. Sup.
Amigo, Inc. , 126 D.P.R. 117, 124 (1990). En esa ocasión, al examinar,
con
fines
destacamos
comparativos,
que
el
jurisprudencia
hostigamiento
sexual
federal
puede
sobre
el
manifestarse
tema,
de
dos
formas: el hostigamiento sexual por ambiente hostil y el hostigamiento
equivalente o “quid pro quo”. Id. , en la pág. 131.
Señalamos que la primera vertiente del hostigamiento sexual, --al
cual se refiere el tercer inciso del artículo 3 de la Ley 17--, queda
configurada cuando la conducta hacia una persona por razón de su sexo
tiene el efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño de su
trabajo “o de crear en el mismo un ambiente intimidante, hostil u
ofensivo”.
Isla
Id. , en las págs. 132-131; véanse, López Campos v. Garaje
Verde,
126
D.P.R.
166
(1990);
Delgado
Zayas
v.
Hospital
Interamericano, 94 JTS 149 (1994). Ello ocurre independientemente de
que no exista menoscabo económico alguno en la alegada víctima o de que
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10
la conducta no sea explícitamente sexual. Basta que la conducta que se
imputa como constitutiva de hostigamiento se origine por razón del sexo
de la persona y que la misma cree unas circunstancias en el empleo que
alteren significativamente las condiciones de trabajo.
Para establecer un caso prima facie de hostigamiento sexual por
ambiente hostil, la parte promovente de la acción “debe probar que ha
ocurrido más de un incidente de conducta sexual ofensiva”. Ruth E.
Ortega Vélez, Hostigamiento Sexual en el Empleo 21 (1998). Un acto
aislado o un mero “piropo”, aunque pudiera ser no deseado, no origina
Heelan v. Johns-Manville
una causa de acción bajo esta modalidad.
Corp. , 451 F. Supp. 1382, 1388 (1978). De ahí que se diga que “[e]l
hostigamiento
por
ambiente
abusivo
se
caracteriza
por
su
además,
el
constitutiva
de
multiplicidad”. Ruth E. Ortega Vélez, supra, en la pág. 21.3
Al
evaluar
una
debe
examinar
juzgador
hostigamiento
alterar
las
fue
lo
reclamación
“si
bajo
la
alegada
suficientemente
condiciones
de
esta
empleo
y
modalidad,
conducta
severa
y
ofensiva
como
crear
un
ambiente
de
para
trabajo
abusivo”. Id. en la pág. 132. Es preciso demostrar que la conducta
desplegada hacia la alegada víctima por razón de su sexo crea una
atmósfera hostil, intimidante u ofensiva, o que el ambiente laboral
creado por las actuaciones hacia su persona por razón de su sexo,
interfieren de forma irrazonable con el sano desempeño de su trabajo.
En
esta
evaluación
involucradas,
es
necesario
especialmente,
y
sin
examinar
pretender
las
ser
circunstancias
exhaustivos,
la
frecuencia e intensidad de los alegados actos hostigantes, el contexto
en
el
cual
ocurren,
y
el
período
de
tiempo
durante
el
cual
se
prolongan.
Por su parte, el hostigamiento sexual equivalente --al cual se
refieren los primeros dos incisos del artículo 3 de la Ley 17--, “se
produce
3
cuando
el
sometimiento
o
rechazo
de
los
avances
Véase además, Schultz, Vicki, Reconceptualizing Sexual Harrassment,
107 Yale Law Journal 1683 (1998).
o
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11
requerimientos sexuales se toma como fundamento para afectar beneficios
tangibles en el
empleo”. Id. ,
en la pág.
132. De este modo, es
resultado directo del desbalance de poder entre el supuesto hostigador
y su víctima.
Hemos afirmado en el pasado que, conforme a esta modalidad, “se
requiere que el demandante pruebe la solicitud de favores sexuales o el
sufrimiento de avances de igual tipo, y que el sometimiento o rechazo a
dichos avances o a la referida solicitud haya sido la causa de una
decisión adversa en cuanto a una condición o al término de su empleo”.
Id. , en la pág. 132.
Asimismo, se configura esta modalidad si la
alegada víctima demuestra que las deficiencias en el desempeño de sus
funciones que finalmente motivan su despido o renuncia son resultado
directo del ambiente hostil causado por los avances de índole sexual.
B.
Mediante el memorando Núm. 117 de 2 de marzo de 1988, el Poder
Judicial
estableció
su
propia
política
pública
en
torno
al
hostigamiento sexual en el empleo, la cual, en esencia, es consecuente
con el esquema y lineamientos establecidos por los poderes políticos en
la Ley 17. Su finalidad, al igual que en el contexto de la Ley 17, es
proscribir
el
hostigamiento
sexual
en
el
empleo
en
sus
distintas
modalidades y establecer un procedimiento administrativo para atender
las quejas de las personas que consideran haber sido víctimas de este
tipo de conducta en sus centros de trabajo. Esta política pública del
Poder Judicial se ampara, no sólo en claros preceptos constitucionales
que están, a su vez, recogidos en la política pública del Estado sobre
el hostigamiento sexual, sino también en la Ley Núm. 64 del 31 de mayo
de
1973,
que
crea
un
sistema
de
personal
autónomo
para
el
Poder
Judicial basado en el principio del mérito que excluye de los procesos
de personal cualquier consideración de carácter discriminatoria.
Al proscribir el hostigamiento sexual en la Rama Judicial, este
Memorando destaca que tal conducta no será tolerada independientemente
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12
de la jerarquía o posición de la persona actora. Tampoco excluye del
ámbito
de
su
protección
a
empleados
que
no
tengan
expectativa
de
continuidad en el empleo, ya sea por tratarse de empleados de confianza
o
de
empleados
en
período
responsabilidades,
establece
procedimiento
deberá
que
probatorio.
medidas
ser
para
seguido
Asimismo,
prevenirlo
para
y
presentar
impone
establece
una
el
querella
administrativa por hostigamiento sexual.4
Por otro lado, la política pública de la Rama Judicial en torno al
hostigamiento sexual en el empleo plasmada en el Memorando Núm. 117 se
complementa
Judicial
con
los
Especial
lineamientos
para
Investigar
y
recomendaciones
el
Discrimen
por
de
la
“Comisión
Género
en
los
Tribunales de Puerto Rico”. El informe rendido por esta Comisión en
agosto de 1995 contiene recomendaciones específicas para erradicar de
la Rama Judicial de Puerto Rico estereotipos y patrones culturales
sexistas, así como todo tipo de trato discriminatorio por razón del
género. Véase, El Discrimen por Razón de Género en los Tribunales,
Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Género en
los Tribunales de Puerto Rico, Agosto 1995. Esas recomendaciones han
sido sustancialmente adoptadas por este Tribunal e implantadas en toda
la estructura de la Rama Judicial, tanto en su vertiente administrativa
y de personal, como en los procesos judiciales en los que interviene la
ciudadanía. Véase, In re, Valcárcel Mulero, res. 15 de noviembre de
1996, 142 D.P.R. ___ (1996).
A la luz de toda la discusión precedente, es propio afirmar que el
marco
4
constitucional,
legal,
y
reglamentario
aplicable
al
Poder
En cuanto al procedimiento para presentar una querella contra un
funcionario de la Rama Judicial, el Memorando dispone que toda querella
deberá ser remitida por escrito y bajo juramento a la oficina del
Director Administrativo de los Tribunales. Asimismo, puede ser
presentada personalmente en la Oficina del Director de la Oficina de
Asuntos Legales de la Administración de Tribunales. Una vez presentada
la querella, su evaluación será realizada de conformidad con la Sección
II de las “Normas para la investigación de quejas y querellas contra
funcionarios de la Rama judicial”. Compete al Director Administrativo
de los Tribunales hacer la determinación final sobre la acción que
deberá ser tomada y hará la notificación al querellante que
corresponda.
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13
Judicial que proscribe el hostigamiento sexual en el empleo, impone en
este
Tribunal
la
obligación
de
evaluar
cuidadosamente
cualquier
alegación fundamentada de esta naturaleza y que provenga de un empleado
de la Rama Judicial. Ahora bien, en el caso especial de los jueces, las
imputaciones
y
querellas
de
hostigamiento
sexual
están,
a
su
vez,
matizadas por los Cánones de Ética Judicial, supra, los cuales, como se
sabe,
rigen
la
responsabilidad
conducta
de
los
jueces
profesional
y
moral
en
en
el
nuestra
ejercicio
sociedad.
de
Se
su
trata,
pues, del marco ético mínimo bajo el cual podrá ser evaluada cualquier
imputación en contra de los jueces que laboran en el Tribunal General
de Justicia de Puerto Rico.
C.
Recientemente, enmendamos los Cánones de Ética Judicial con el
claro
objetivo
“de
prohibir
expresamente
toda
manifestación
de
discrimen por parte de la judicatura”, In re, Enmiendas a los Cánones
de Ética Judicial, res. 12 de noviembre de 1999; 99 TSPR 170; 149
D.P.R.
___
(1999),
incluyendo
el
discrimen
manifestado a través del hostigamiento sexual.
por
razón
de
sexo
Con ese fin, enmendamos
el Canon XI de los de Ética Judicial para advertir a la judicatura de
que “[e]n el ejercicio de su labor judicial [...] no deberá incurrir en
conducta
constitutiva
nacimiento,
origen,
de
discrimen
condición
por
motivo
socioeconómica,
de
ideas
raza,
color,
políticas
o
religiosas, condición física, edad o género”. Canon XI de los de Ética
Judicial,
4
L.P.R.A.
Ap.
IV-A
C.
XI,
según
enmendado
por
In
re,
Enmiendas a los Cánones de Ética Judicial, supra, (subrayado nuestro).
Aunque al momento de los hechos que originan la querella contra
Robles Sanabria no existía este deber de forma expresa, es evidente que
el hostigamiento sexual siempre ha sido una de las conductas proscritas
para los miembros de la judicatura. De hecho, bajo el marco legal
existente al momento de la ocurrencia de los hechos que desembocan en
AD-99-02
la
14
querella,
actuación
el
hostigamiento
ilegal
bajo
la
sexual
Ley
en
17
el
y
empleo
bajo
constituía
las
una
disposiciones
constitucionales que protegen la dignidad del ser humano y garantizan
la igualdad ante la ley. Por lo tanto, si un juez incurría en ese tipo
de conducta violaba la ley y los Cánones de Ética Judicial en aquella
parte que imponen a la judicatura la obligación de cumplir con las
normas
de
conducta
establecidas
por
ley,
Canon
I
de
los
de
Ética
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A C. I, y el deber de responder a normas de
conducta “que honren la integridad e independencia de su ministerio y
estimulen el respeto y la confianza en la judicatura”. Id. , Canon
XXVI.
III
Conforme
a
las
determinaciones
de
hechos
de
la
Comisión
de
Disciplina y Separación, las cuales están plenamente avaladas por las
declaraciones juradas y demás documentos que obran en el expediente del
caso, luego de tres meses de estar laborando como Secretaria Auxiliar I
del Tribunal de Primera Instancia en la Sala Municipal de Peñuelas, el
querellado Robles Sanabria reiteradamente invitó a almorzar a solas a
la señorita Pacheco. Además le preguntó sobre sus actividades sociales
fuera
de
horas
laborables,
constantemente
la
llamó
“mi
amor”,
“mi
cielo”, o “mi corazón”, y en repetidas ocasiones miró todo su cuerpo de
forma inapropiada. La señorita Pacheco narró que en una ocasión Robles
Sanabria
le
expresó,
con
relación
al
traje
que
traía
puesto,
lo
siguiente: “ese traje te queda muy bien, pero debes cuidarte tu dieta
porque se te están haciendo unas neguitas (sic)”.
Deposición de Nelly
Pacheco Dominicci, en la pág. 3.
En otra ocasión, al preguntarle a Pacheco qué había hecho durante
el fin de semana y ésta contestarle que había estado con su novio, el
querellado Robles Sanabria le dijo: “no me digas eso porque me pongo
celoso”. Id. , en la pág. 10.
Pacheco añadió que el querellado Robles Sanabria se sentaba frente
a su escritorio y la miraba de una forma incomodante y en una ocasión
AD-99-02
15
le dijo que tenía “piernas bonitas”. En otra ocasión le preguntó si
usaba minifaldas y por qué no usaba mahones en el trabajo.
Pacheco expresó en su deposición que toda esta situación la ponía
muy incómoda y temerosa. Indicó que le molestaba llegar al trabajo y
que, aunque deseaba comunicarle su sentir al juez querellado y al Juez
Administrador
de
la
región,
tenía
temor
de
que
fuera
evaluada
desfavorablemente si expresaba su sentir, toda vez que no era empleada
regular y llevaba poco tiempo en el puesto.
Luego de evaluar las determinaciones de hechos de la Comisión de
Disciplina
y
Separación
y
los
demás
documentos
que
obran
en
el
expediente del caso, es forzoso coincidir con el criterio mayoritario
de
la
Comisión
en
términos
de
que
el
querellado
Robles
Sanabria
incurrió en conducta constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo.
No
es
necesario,
específicas
de
como
índole
sugiere
el
sexual,
querellado,
utilizar
hacer
insinuaciones
vocabulario
que
tenga
connotaciones sexuales o algún tipo de contacto físico para que se
configure el hostigamiento sexual en el empleo. A nuestro juicio, los
hechos
que
estimó
probados
la
Comisión
de
Disciplina
y
Separación
configuran el hostigamiento sexual en el empleo en su modalidad de
ambiente hostil.5
Los actos constitutivos de hostigamiento sexual fueron actuaciones
reiteradas contra la señorita Pacheco por razón de su sexo. Dichas
actuaciones consistieron en comentarios sobre la figura, vestimenta y
maquillaje de Pacheco, acercamientos insistentes para que salieran a
almorzar a solas y miradas inapropiadas. Todo esto interfirió con el
sano desempeño de Pacheco en su lugar de trabajo y le crearon un
ambiente de trabajo ofensivo, hostil y humillante.
5
Contrario al criterio de la Comisión de Disciplina y Separación, no
nos parece que la modalidad de hostigamiento sexual equivalente o “quid
pro quo” haya quedado configurada en el presente caso. La prueba revela
que, aunque la señorita Pacheco estimaba que su permanencia en el
puesto corría peligro si rechazaba los insistentes avances de Robles
Sanabria, éste nunca tomó una decisión o realizó actuación alguna que
afectara adversamente su puesto, ni hubo conducta alguna que en forma
implícita o explícita se convirtiera en una condición de su empleo.
AD-99-02
16
Dramatiza esto, el hecho de que toda esta situación ocurre contra
una
persona
recién
empleada
en
la
Rama
Judicial,
en
una
sala
del
Tribunal de Primera Instancia relativamente aislada, que contaba con
sólo dos empleadas asignadas, --además del Juez Robles Sanabria--, una
de ellas lo era la señorita Pacheco. Dadas estas circunstancias, es
evidente que Robles Sanabria se aprovechó de la situación de desventaja
en la que se encontraba la querellante Pacheco.
Por otro lado, es preocupante que Robles Sanabria, realizó ciertos
actos dirigidos contra su compañera Jueza Honorable Joanne Vega, que, a
juicio de las personas que realizaron las investigaciones de rigor,
también pudieran ser constitutivas de hostigamiento sexual. Así, se
desprende del Informe de la Comisión de Disciplina y Separación que
Robles Sanabria le comentó a la Jueza que el traje que ésta tenía
puesto “le resultaba atractivo” y que “le gustaría compartir con ella
luego de las horas laborables”. Además le preguntó si la podía llamar
“mi amor” y si le interesaba almorzar con él a solas.
Finalmente, además de la conducta constitutiva de hostigamiento
sexual, nos consterna el hecho de que el querellado Robles Sanabria,
luego de iniciadas las investigaciones administrativas, se comunicó en
dos ocasiones con la señora Myriam Rivera al tribunal de Peñuelas para
solicitarle que hablara con la señorita Pacheco para que ésta, a su
vez, redactara una carta en la que expresara su interés de retirar
cualquier acusación de su parte en contra de Robles Sanabria y afirmara
que todo lo acontecido había sido sólo un malentendido de su parte.
Esto
es
claramente
contrario
a
lo
dispuesto
en
las
“Reglas
de
Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio
por Razón de Salud de Jueces de Primera Instancia y del Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico”.
IV
Al resolver que Robles Sanabria incurrió en hostigamiento sexual
en su modalidad
de ambiente
hostil contra la
señorita Pacheco, es
AD-99-02
17
evidente que, a su vez, violó los principios éticos encarnados en los
Cánones
de
Ética
Judicial.
Los
cargos
imputados
por
el
Procurador
General, que señalaban que había violado los Cánones I, V, y XXVI
estaban plenamente justificados.6
Con su conducta Robles, Sanabria
6
Los referidos Cánones disponían a la fecha de la comisión de los
hechos, lo siguiente:
Canon I
La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial
de la democracia debe ser mantenida por los tribunales a los
más altos niveles de la responsabilidad pública.
En el ejercicio de su delicada función, aquéllos
llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que
ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión,
deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de
conducta que honren la integridad e independencia de su
ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la
judicatura.
Canon V
El
Juez
cumplirá
cuidadosa
y
diligentemente
las
obligaciones administrativas que le imponen las leyes y
reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones
de la Oficina de la Administración de los Tribunales.
Canon XI
El Juez no solamente ha de ser imparcial, sino que su
conducta ha de excluir toda posible apariencia de que es
susceptible de actuar a base de influencias de personas,
grupos o partidos, o de ser influido por el clamor público,
por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por
motivaciones impropias. Ha de tener siempre presente que su
único empeño debe ser el de impartir justicia de conformidad
con el Derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin
preocuparle el reconocimiento que pueda darse a su labor, ni
la crítica injusta.
El Juez hará todo lo posible para que los funcionarios y
empleados del tribunal que actúen bajo su dirección actúen de
conformidad con estos principios en la medida en que sean
aplicables a sus labores.
Canon XXVI
Los anteriores cánones de ética judicial son normas
mínimas de comportamiento que todo Juez debe observar
fielmente, tanto en su letra como en su espíritu, por ser
consustanciales con el cargo judicial, Estos cánones no
excluyen otras normas de conducta que también obligan al
Juez, que están establecidas por ley o que son inherentes al
honor tradicional de la judicatura.
4 L.P.R.A: Ap. IV-A C. I, V, XI y XXVI.
Estimamos que de los hechos que estimó probados la Comisión de
Disciplina y Separación no se configura una violación al Canon XI de
los de Ética Judicial, el cual impone a los magistrados la obligación
de obrar con total imparcialidad en el ejercicio de sus funciones
judiciales. En el presente caso, las actuaciones del magistrado Robles
Sanabria se dan en el contexto de sus relaciones de trabajo con
AD-99-02
18
deshonró la integridad e independencia de su ministerio (Canon I);
incumplió con sus obligaciones administrativas aplicables a la Rama
Judicial y las instrucciones de la OAT que específicamente prohiben el
hostigamiento sexual en el empleo, (Canon V); e incumplió claramente
con lo dispuesto en las leyes de Puerto Rico y en las normas inherentes
al honor tradicional de la judicatura, (Canon XXVI).
Ante ello, y la
gravedad de las actuaciones del querellado, nos vemos compelidos a
ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria.
Como se sabe, nuestra jurisdicción disciplinaria en el contexto
específico de los jueces, es de rango constitucional. Al respecto, la
sección 11 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico dispone expresamente que los jueces de los tribunales de
menor jerarquía “podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las
causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley”.7
Const.
P.R., Art. V, Sec. 11. Conforme a este poder, y a la luz de la prueba
con
que
contamos
nos
vemos
precisados
a
decretar
la
destitución
inmediata de Melvin W. Robles Sanabria como Juez Municipal.
La severidad de la sanción que hoy imponemos a Robles Sanabria se
fundamenta no sólo en sus actuaciones constitutivas de hostigamiento
sexual en la modalidad de ambiente hostil. Es también resultado del
hecho de que su conducta fue lesiva a la integridad institucional de
funcionarios de la Rama Judicial. Nada hay en la prueba que revele que
omitió su deber de ser imparcial en la adjudicación de una controversia
judicial.
7
La Ley de la Judicatura de 1994, Plan de Reorganización de la Rama
Judicial Núm. 1 de 1994, según enmendado, expresamente reconoce esta
facultad y delega en este Tribunal la función de diseñar un reglamento
para tramitar acciones disciplinarias contra jueces y de separación del
servicio por razón de salud. Artículo 8.001, Plan de Reorganización de
la Rama Judicial Núm. 1. Nuestras “Reglas de Procedimiento para
Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud
de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal De
Apelaciones de Puerto Rico” son consecuentes con esta encomienda. Estas
reglas son, pues, el marco procesal aplicable en la tramitación de las
querellas instadas contra los jueces del Tribunal General de Justicia,
incluyendo las que involucren hostigamiento sexual en el empleo por
parte de éstos. En el contexto de alegaciones de hostigamiento sexual
por personas que no sean jueces aplica, por tanto, el procedimiento
establecido en el memorando Núm. 117.
AD-99-02
19
nuestro
sistema
de
independientemente
justicia.
de
Ello,
en
otra
consideración,
cualquier
el
caso
de
jueces,
conlleva
e
la
imposición de sanciones disciplinarias severas.
Asimismo, Robles Sanabria incurrió en una seria violación de la
Regla
13
(B)
(4)
Disciplinarias y
de
las
“Reglas
de Separación
de
Procedimiento
para
Acciones
del Servicio por Razón de Salud de
Jueces de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto
Rico”, la cual de forma expresa impone a los jueces contra quienes se
realiza un procedimiento a su amparo, la obligación de abstenerse de
realizar
gestiones
que
constituyan
o
puedan
ser
consideradas
intervenciones indebidas con testigos.8 Sus gestiones para lograr que la
señorita Pacheco cambiara su versión de lo acontecido, luego de que
iniciaran
las
investigaciones
en
su
contra,
fueron
claramente
deshonestas.
Por último, su actuación contra la Honorable Juez Vega en otra
sala de los tribunales demuestran claramente un patrón de conducta que
denotan
una
falta
de
prudencia
y
respeto
hacia
sus
compañeras
de
trabajo y a sus posiciones.
Dentro de nuestra organización política, social y jurídica, la
figura del juez ocupa un lugar de singular importancia. Su función,
única en nuestro ordenamiento constitucional, requiere de ellos no tan
sólo que sean íntegros y honestos en su función de interpretación y
aplicación
del
derecho,
sino
en
todo
el
ámbito
de
su
conducta
profesional, lo cual incluye su relación con sus compañeros, empleados
y subalternos.
Su nombramiento es producto del consenso entre las
ramas legislativa y ejecutiva del gobierno, las cuales depositan en
8
Dispone la Regla 13 B (4):
Durante el proceso investigativo
tendrá la responsabilidad de:
el
juez
promovido
[...]
(4) abstenerse de realizar gestiones que constituyan o
puedan
ser
consideradas
intervenciones
indebidas
con
testigos, prueba documental o de cualquier otra naturaleza,
[...].
AD-99-02
ellos
la
20
confianza
administración
de
de
la
nuestro
justicia
pueblo
se
con
lleve
a
la
esperanza
cabo
por
de
que
personas
la
cuya
conducta, en todos sus aspectos, sea intachable. La severidad de la
sanción está, pues, plenamente justificada.
Se emitirá la Sentencia correspondiente.
AD-99-02
21
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Hon. Melvin Robles Sanabria
Juez Municipal
AD-98-02
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integral de la
presente, se decreta la destitución del querellado
Melvin Robles Sanabria del cargo de Juez Municipal del
Tribunal de Primera Instancia.
Dicha destitución será
efectiva a partir de la fecha de notificación de esta
Sentencia.
Notifíquese a la Directora de la Oficina de Administración
de los Tribunales.
Así lo pronunció y manda
Secretaria del Tribunal Supremo.
Berlingeri no intervino.
el Tribunal y certifica la
El Juez Asociado señor Fuster
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo