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Tribunal Supremo de Puerto Rico

PaineWebber Incorporated of Puerto Rico V. Service Concepts, Inc.

2000 TSPR 85

Poder Judicial de Puerto Rico

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PaineWebber Incorporated of Puerto Rico V. Service Concepts, Inc.

CC-1999-0152

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PaineWebber Incorporated of Puerto Rico

Recurrida

Certiorari

v.

2000 TSPR 85

Service Concepts, Inc.;

Rolando Avila; Elizabeth Champana de

Avila y la Sociedad Legal de

Gananciales Compuesta por ambos

Recurrentes

Número del Caso: CC-1999-0152

Fecha: 13/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Lady Alfonso de Cumpiano

Abogado de la Parte Recurrente:

Lcdo. Walter X. Martínez Morillo

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Enrique Figueroa Llinas

Materia: Cobro de Dinero

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PaineWebber Incorporated of

Puerto Rico

Recurrida

vs.

CC-99-152

CERTIORARI

Service Concepts, Inc.;

Rolando Avila; Elizabeth

Champana de Avila y la

Sociedad Legal de Gananciales

Compuesta por ambos

Recurrentes

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2000

PaineWebber

Incorporated

of

Puerto

Rico

radicó

ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de

Primera Instancia una demanda contra Service Concepts,

Inc. (S.C.I.), su presidente Rolando Avila, la esposa

de éste, Elizabeth Champana, y la sociedad de bienes

gananciales compuesta por ambos, en reclamo de la suma

de $24,048.45. Conforme las alegaciones de la demanda,

debido a una

equivocación cometida por uno

de

sus

empleados, PaineWebber erróneamente le acreditó a la

cuenta

que

S.C.I.

tenía

$25,187.50, crédito que le

con

ellos

la

cantidad

de

3

CC-1999-152

correspondía

a

otro

de

sus

clientes;

habiendo

el

codemandado Avila retirado de dicha cuenta, y utilizado en

su propio beneficio, la suma reclamada de $24,048.45. En

su contestación a la demanda, los demandados plantearon,

entre

otras

cosas,

que

procedía

desestimar

la

demanda

debido a que la controversia a ser dilucidada en la misma

tenía

que

ser

sometida

a

un

proceso

de

arbitraje

compulsorio, tal y como las partes lo habían acordado en

el

“contrato

de

apertura

de

cuenta”

que

ambas

partes

suscrito

entre

habían suscrito.1

1

La cláusula número 28 del contrato

PaineWebber y S.C.I. dispone que:

“-Arbitration is final and binding on the

parties.

-The parties are waiving their right to seek

remedies in court, including the right to jury

trial.

-Pre-arbitration discovery is generally

more

limited

than

and

different

from

court

proceedings.

-The arbitrator’s award is not required to

include factual findigns or legal reasoning and

any

party’s

right

to

appeal

or

to

seek

modification of rulings by the arbitrators is

strictly limited.

-The panel of arbitrators will typcally include a

minority

of

arbitrators

who

were

or

are

affiliated with the securities industry.

I agree and by carrying an account for me you

agree, that any and all controversies which may

arise between you and me concerning any account,

transaction,

dispute

or

the

construction,

performance or breach of this or any other

agreement, whether entered into prior, on or

subsequent to the date hereof, shall be determined

by

arbitration.

Any

arbitration

under

this

agreement shall be held under and pursuant to and

be governed by the Federal Arbitration Act, and

shall be conducted before an arbitration panel

convened by the New York Stock Exchange, Inc., or

the National Association of Securities Dealers,

Inc., [...]”. (Enfasis suplido.)

4

CC-1999-152

Ello

no

obstante,

las

partes

activamente

en

un

de

descubrimiento

PaineWebber

citó,

y

tomó,

las

codemandados

Avila

y

su

esposa.

de

dichos

proceso

representación

legal

interrogatorio

y

se

involucraron

de

prueba.

deposiciones

Por

su

de

los

parte,

la

codemandados

requerimiento

de

sometió

documentos

a

PaineWebber, los cuales fueron cumplimentados. Terminado

el

descubrimiento

de

prueba,

PaineWebber

solicitó

sentencia sumaria. Fue, entonces, cuando los demandados

reiteraron su solicitud de desestimación, alegando que lo

procedente era el arbitraje pactado por las partes.

El tribunal de primera instancia denegó la solicitud

de desestimación. Solicitada la revisión, vía certiorari,

de la mencionada determinación por la parte demandada, el

Tribunal

de

Circuito

de

expresando,

en

síntesis,

sufrido

la

parte

por

Apelaciones

que

en

demandante,

confirmó

atención

como

la

al

misma,

perjuicio

consecuencia

del

trabajo de índole procesal realizado en el caso, ello era

lo procedente en derecho.

Inconforme,

la

parte

demandada

acudió,

vía

certiorari, ante este Tribunal imputándole al Tribunal de

Circuito

2

de

Apelaciones

haber

errado

al

así

actuar.2

“1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al no

expedir

el

Recurso

presentado

y

confirmar

la

Resolución Recurrida declarando “no ha lugar”, la

solicitud de Desestimación a la demanda en Instancia

por haber pacto compulsorio de arbitraje aplicable a

las partes y la controversia.

2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

interpretar que la Recurrente renunció al Derecho

concedido por la cláusula de arbitraje mencionada.”

5

CC-1999-152

Expedimos el auto de certiorari. Estando en posición de

resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I

El contrato suscrito entre PaineWebber y S.C.I. es la

ley entre ellos. Pacta sunt servanda es el sabio principio

rector al que se enfrenta todo contratante. Compromiso y

rigor es el tenor de este principio. Las partes se obligan

a todos los extremos de lo pactado que sean conformes a la

ley, a la moral y al orden público. Por otro lado, la

atadura

o

vínculo

contractual

tiene

sus

límites

en

la

voluntad expresa de las partes y, claro está, en todo

aquello que sea derivado de las expectativas razonables de

lo

que

la

buena

fe

dicta

respecto

a

la

relación

contractual.

La Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. sec. 1 et seq.,

establece una política federal en favor del arbitraje. La

misma aplica a contratos en el comercio inter-estatal y

establece que las cláusulas de arbitraje en esos contratos

son válidas, irrevocables y mandatorias. Una vez acordado

el

arbitraje,

los

tribunales

carecen

de

discreción

respecto a su eficacia y tienen que dar cumplimiento al

arbitraje acordado. Según esta ley, y la jurisprudencia

federal interpretativa de la misma, cualquier duda sobre

el alcance de las controversias que pueden ser llevadas a

arbitraje

debe

resolverse

a

favor

del

arbitraje.

Esto

aplica tanto a tribunales federales como a los estatales.

6

CC-1999-152

Esta

ley,

simplemente

estatales

y

federales

requiere

hagan

que

los

cumplir

los

tribunales

acuerdos

de

arbitraje negociados por las partes como cualquier otro

contrato.

De

hecho,

existe

una

presunción

de

arbitrabilidad cuando el contrato tiene una cláusula de

arbitraje.

Así

lo

señalamos

en

World

Films,

Inc.

v.

Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352 (1990).

En McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R.

864 (1970), señalamos que, pactado en un contrato que toda

controversia o reclamación que surja de su interpretación

o que esté relacionada con el contrato sería resuelta por

arbitraje,

vigorosa

los

en

tribunales

favor

del

recurren

arbitraje

y

a

“una

[a]

política

una

marcada

renuencia [...] en concluir que se ha incurrido en una

renuncia del derecho de arbitraje. Hilti Inc., supra. Toda

duda

que

pueda

existir

debe

ser

resuelta

a

favor

del

arbitraje. Galt v. Libbey Owens Ford Glass Co., 376 F. 2d

711 (7th Cir. 1967).”

En McGregor-Doniger, ante, como en el caso que nos

ocupa, se alegaba que la contestación a la demanda, la

alegación de defensas especiales y la toma de deposiciones

allí ocurridas eran actos inconsistentes con el derecho de

arbitraje

y

que,

participación

por

activa

lo

tanto,

en

el

tales

litigio

actuaciones

constituían

de

una

renuncia del derecho de arbitraje. Resolvimos que “[l]as

actuaciones

de

la

peticionaria

no

constituyeron

una

renuncia de su derecho de arbitraje pues en su primera

7

CC-1999-152

alegación en el caso invocó tal derecho y solicitó la

suspensión de los procedimientos hasta que se procediese

al arbitraje pactado en el contrato.” Reiteramos en el día

de hoy lo expresado hace treinta (30) años en el caso

antes citado de McGregor-Doniger, ante.

En

el

caso

de

autos,

II

los

recurrentes-demandados

plantearon y reclamaron en la contestación a la demanda su

derecho

a

someter

solicitaron

la

la

controversia

desestimación

de

la

a

arbitraje

causa

de

y

acción

radicada. El tribunal de instancia debió, motu proprio,

señalar

una

desestimación

vista

en

que

se

dilucidara

en

aras

de

impartirle

esa

vida

a

causal

la

de

clara

política pública de alentar el recurso del arbitraje como

mecanismo alterno para la resolución de disputas en caso

de que efectivamente existiera la cláusula de arbitraje y

la misma fuera válida.

El contrato que nos ocupa remite la resolución de las

controversias entre S.C.I. y PaineWebber al palio de la

Ley

Federal

de

Arbitraje.

Dicha

Ley,

por

su

parte,

autoriza la suspensión de los procedimientos a los fines

de

que

se

proceda

al

arbitraje

de

conformidad

con

el

convenio (9 U.S.C.A. Sec. 3) Prima Paint Corp. v. Food &

Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1966); McGregor-Doniger v.

Tribunal Superior, ante. Tal debe ser el proceder en este

caso.

8

CC-1999-152

El caso de autos es uno en el que las dos partes

adversas

concuerdan

obligación

de

en

someter

los

extremos

de

lo

a

arbitraje

toda

pactado:

la

disputa

que

surgiera entre las partes respecto a cualquier cuenta o

transacción sobre el acuerdo de corretaje suscrito. Dicho

proceso de arbitraje se regiría por la Ley Federal de

Arbitraje, 9 U.S.C.A. secs. 1 ss.

No hay duda que resulta un tanto impactante en el caso

de autos el hecho de que la parte que reclama el derecho a

arbitraje es una parte que ha permitido que se mueva la

maquinaria del sistema judicial en una reclamación en su

contra,

que

se

descubrimiento

de

ha

aprovechado

prueba,

y,

de

más

los

mecanismos

impactante

aun,

de

ha

admitido haber utilizado el dinero reclamado en perjuicio

del demandante.

Por otro lado, la parte que aquí originalmente acudió

a los tribunales en busca de remedio a su empobrecimiento

--PaineWebber-- es la parte litigante económicamente más

poderosa; es la parte que redactó el contrato de adhesión

que suscribió el demandado; y es la parte que concibió la

cláusula de arbitraje motivo de esta controversia en los

términos absolutos y rigurosos de que goza su redacción.

Esta parte es una que conocía muy bien la existencia de la

cláusula

en

sus

contratos

y

que,

muy

fácilmente

podía

haberla hecho eficaz tan pronto surgió la controversia en

aras de cobrar su acreencia.

9

CC-1999-152

En fin, la parte que hoy nos pide que decretemos que

hubo renuncia al derecho de arbitraje por parte de los

demandados, por el hecho de que ya ha gastado mucho en el

proceso judicial y resultaría oneroso recurrir a arbitraje

en esta etapa, es la misma parte que pudo ahorrarse todo

ese

dinero,

tiempo

y

esfuerzo

si

se

hubiera

ceñido

estrictamente a la letra de sus decretos. No vemos que a

esa parte se le haya sometido a perjuicios durante su

intento

de

resolver

la

controversia

judicialmente

que

realmente no hayan sido autoinfligidos.

En conclusión, procede revocar la sentencia recurrida.

Se ordena la paralización de la ventilación de la causa

por

la

vía

judicial

y

se

ordena

a

las

partes,

comparecientes en el pacto de arbitraje, a someterse al

mismo según pactado.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PaineWebber Incorporated of

Puerto Rico

Recurrida

vs.

CC-99-152

CERTIORARI

Service Concepts, Inc.;

Rolando Avila; Elizabeth

Champana de Avila y la

Sociedad Legal de Gananciales

Compuesta por ambos

Recurrentes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra

de

la

presente,

se

dicta

Sentencia

revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones en el presente caso. Se ordena la

paralización de la ventilación de la causa por la vía

judicial y se ordena a las partes a someterse al

proceso de arbitraje según pactado.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal. La Juez Asociada señora

Naveira de Rodón concurre en el resultado sin opinión

escrita. El Juez Asociado señor Hernández Denton no

intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo