LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Francisco Levy, Hijo, Inc. V. Municipio de Manatí

2000 TSPR 84

Poder Judicial de Puerto Rico

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Francisco Levy, Hijo, Inc. V. Municipio de Manatí

AC-1999-0028

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Francisco Levy, Hijo, Inc.

Apelante

Certiorari

v.

2000 TSPR 84

Municipio de Manatí

Apelado

Número del Caso: AC-1999-0028

Fecha: 12/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III

Juez Ponente: Hon. Carmen Ana Pesante Martínez

Abogado de la Parte Apelante:

Lcdo. José Luis Vilá Pérez

Abogado de la Parte Apelada:

Lcdo. José E. Colón Santana

Materia: Acción Civil

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Francisco Levy, Hijo, Inc.

Apelante

vs.

AC-99-28

APELACIÓN

Municipio de Manatí

Apelado

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2000

El 23 de enero de 1996, la Autoridad de Carreteras

y Transportación de Puerto Rico adjudicó subasta a favor

de Francisco Levy Hijo, Inc. (en adelante, “Levy”) para

la construcción de un tramo del Expreso de Diego que

discurría por el Municipio de Manatí. Luego de terminada

la

obra,

el

determinación

arbitrios

Municipio

final

sobre

la

de

le

notificó

deficiencia,

construcción

del

en

a

Levy

el

proyecto,

una

pago

de

por

la

suma de $105,192 más intereses, penalidades y recargos

por

la

cantidad

inicial

calculado conforme a las

de

$47,336.

El

arbitrio

fue

3

AC-1999-28

disposiciones de la Ordenanza Núm. 30, Serie 1994-95, de

ese Municipio, ascendiendo al 2.5% del precio del contrato

de construcción.

Levy

se

negó

a

arbitrio

e

instó

sentencia

declaratoria

pagar

demanda

el

sobre

contra

el

Municipio de Manatí ante la Sala

Superior de Arecibo del Tribunal

de Primera Instancia en solicitud

de la anulación de la imposición

de los arbitrios. El tribunal de

instancia

dictó

sentencia

favorable a Levy. Insatisfecho, el

Municipio

de

Tribunal

Manatí

de

apeló

Circuito

al

de

Apelaciones

y

alegó,

en

lo

pertinente

al

recurso

hoy

ante

nuestra consideración, que erró el

tribunal de instancia al resolver

que

el

cobro

de

arbitrios

de

construcción constituía una doble

tributación prohibida por ley.

El

Tribunal

de

Circuito

que

caso

de

concluyó

tributación

el

pues

la

de

marras

Asamblea

Apelaciones

no

es

Legislativa

uno

revocó;

de

facultó

doble

a

los

municipios para que, además de imponer patentes sobre el

monto

del

volumen

de

negocios

llevados

a

cabo

por

una

4

AC-1999-28

entidad

dentro

de

su

municipio,

pudiera

también

imponer

arbitrios de construcción sobre el costo total o el valor

de

toda

límites

obra

de

construcción,

municipales.

Ello

Circuito

de

Apelaciones,

industria

de

la

efectuada

implica,

que

construcción

según

quien

en

se

Puerto

dentro

el

de

los

Tribunal

de

dedique

Rico

a

la

tiene

que

incluir en su declaración de patente municipal, según lo

requieran las ordenanzas pertinentes, el valor de la obra

además de pagar un arbitrio de construcción, si así lo ha

requerido el municipio mediante ordenanza a esos efectos,

que puede extenderse sobre todo el costo de la obra al tipo

impuesto en las respectivas ordenanzas municipales, siempre

que el mismo sea razonable.

De esta sentencia Levy recurrió ante este Tribunal,

alegando

que

erró

el

tribunal

apelativo

intermedio

al

determinar que el Municipio tiene facultad para imponer el

arbitrio de construcción computado sobre todos los costos

de construcción, en violación a la prohibición expresa de

la Sección 2004 del Código de Rentas Internas de Puerto

Rico de 1994 y en abierta contradicción con lo decidido por

este Tribunal en San Miguel & Cía. v. Diez de Andino, Tes.,

71 DPR 344 (1950).1

1

En ese caso anulamos un arbitrio municipal a base de que

constituía un esquema impermisible de doble tributación

sobre un mismo evento económico. Luego, en Las Piedras

Construction v. Municipio de Dorado, 134 D.P.R. 1018

(1994), dispusimos que, al menos hasta que entrara en vigor

la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992, la Ley de

Patentes, vigente desde el 1974, no lo autorizaba.

5

AC-1999-28

Para Levy no cabe discusión sobre el hecho de que un

municipio

arbitrio

tiene

de

autoridad

construcción

suficiente

además

de

para

la

imponer

patente

un

municipal

sobre el proyecto; esto es, Levy admite que el Municipio

tiene

tal

facultad,

pero

acentúa

que

ésta

no

es

la

controversia planteada en el caso de marras, ni la razón

para decidir del tribunal de primera instancia. Argumenta

Levy que dicho foro judicial lo que determinó fue que la

Sección 2004 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico

de 1994 prohibe a los municipios de Puerto Rico gravar con

un arbitrio local cualquier artículo sujeto a contribución

bajo la ley estatal.

A

esos

efectos,

argumenta

Levy

que

computar

un

arbitrio de construcción basado en el costo total de la

obra

equivale

en

parte

a

gravar

doblemente

la

partida

relativa al costo de materiales de construcción, pues los

mismos

son

objeto

directo

de

tributación

estatal.

Levy

sostiene que la Sección 2004 del Código de Rentas Internas

de

1994

requiere

que

el

Director

de

Finanzas

municipal

deduzca, de la suma de todos los costos incurridos en la

construcción de la obra, el costo de los materiales usados

o consumidos en la misma a fin de determinar el arbitrio a

pagar.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver

el mismo, procedemos a así hacerlo.

6

AC-1999-28

I

En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico se dispone que “[e]l poder del Estado Libre Asociado

para

imponer

y

cobrar

contribuciones

y

autorizar

su

imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se

disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido

o suspendido.”2 Queda claro, entonces, que los municipios no

tienen un poder inherente, independiente del Estado, para

imponer

contribuciones.3

En

atención

a

dicho

decreto

constitucional la Asamblea Legislativa ha aprobado varias

leyes

que

impuestos.

regulan

la

facultad

Entre

estas

leyes

municipal

contamos

para

con

la

recaudar

Ley

de

Municipios Autónomos, tal como fue aprobada en 1991, que

concedía el poder a los municipios para:

“[...]imponer y cobrar contribuciones o

tributos por los conceptos y en la forma que a

continuación se establece:

[...]

2

3

1 L.P.R.A. Art. VI, sec. 2.

Valga aclarar que en Puerto Rico no existe una prohibición

constitucional a la doble tributación; sin embargo, la

intención legislativa imponiéndola debe ser clara y

explícita,

ya

que

nunca

se

presume.

Las

Piedras

Construction Corp. v. Municipio de Dorado, res. el 28 de

enero de 1994, 134 D.P.R. 1038 (1994). Hemos dicho que

estamos ante un caso de doble tributación cuando el

arbitrio recae sobre la misma propiedad, es impuesto por la

misma entidad gubernamental, durante el mismo período

contributivo y, para el mismo fin. Monllor & Boscio, Sucrs.

v. Sancho Bonet Tes., 61 D.P.R. 67, 69 (1942). Sin embargo,

el examen de estos indicadores no es el método exclusivo

para determinar si existe o no doble tributación. Deberá

observarse el efecto real, práctico-económico, de la

imposición del arbitrio.

Véase Sucn. Giusti v. Tribl. De

Contribuciones, 70 D.P.R. 117 (1949); y San Miguel & Cía.

v. Diez de Andino, Tes., 71 D.P.R. 344 (1950).

7

AC-1999-28

(d)Imponer

y

cobrar

contribuciones,

derechos, licencias, arbitrios de construcción y

otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas

razonables dentro de los límites territoriales

del municipio, compatibles con las Leyes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo,

sin que se entienda como una limitación, por el

estacionamiento en vías públicas municipales; por

la apertura de establecimientos comerciales,

industriales y de derribo de edificios; por la

ocupación de vías públicas municipales y por el

recogido

y

disposición

de

desperdicios.”4

(Énfasis suplido.)

La letra de la ley era clara y tajante en cuanto al

poder concedido a los municipios para cobrar arbitrios

sobre

las

obras

territoriales.

de

La

construcción

gran

dentro

limitación

al

de

poder

sus

límites

impositivo

municipal, reconocido en la Ley de Municipios Autónomos,

era el requisito obvio y expreso en la ley de que la

contribución fuera compatible con las leyes del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico.

El

Código

de

Rentas

Internas de 1994, cuya aprobación es posterior a la Ley de

Municipios Autónomos, pero anterior a la enmienda de la

Sección 4052 de la Ley de Municipios Autónomos citada, por

su parte, en la sección 20045 dispone que:

“A partir de la fecha de vigencia de esta

Parte ningún municipio o división administrativa

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico podrá imponer o recaudar ningún arbitrio

local sobre cualquier artículo sujeto al pago de

impuesto bajo las disposiciones de esta Parte. Se

exceptúa de esta disposición la contribución

sobre el volumen de negocio autorizada por las

secs. 651 et seq. del Título 21, conocidas como

“Ley de Patentes Municipales”, cuya imposición

por los municipios queda expresamente autorizada,

4

21 L.P.R.A. sec. 4052.

5

13 L.P.R.A. sec. 9004.

8

AC-1999-28

debiendo incluirse en el volumen de negocios las

operaciones

mercantiles

sobre

los

artículos

gravados por esta Parte. No obstante cuando la

aplicación de la Ley de Patentes Municipales,

conjuntamente con la aplicación de esta Parte,

produzca una situación contributiva insostenible

por infringir alguna prohibición constitucional,

si

dicha

situación

resulta

constitucional

mediante la imposición y cobro de uno solo de los

impuestos, prevalecerá la contribución estatal.”

(Énfasis suplido)

Es evidente que el Código de Rentas Internas pretendió

exceptuar de la imposición de arbitrios municipales a todo

artículo

o

actividad

gravada

por

reclamos

contributivos

estatales. La letra de la sec. 2004 de ese Código aprobado

en 1994, y la cual sigue vigente, decreta tajantemente que

“[a] partir de la fecha de vigencia” de dicho subtítulo

“ningún

municipio”

“podrá

imponer

o

recaudar

ningún

arbitrio local sobre cualquier artículo sujeto al pago de

impuesto”

bajo

las

disposiciones

de

dicho

Código.

Tan

tajante es la prohibición que dicha sección expresamente

consigna la única excepción a la regla: queda vigente lo

dispuesto en la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113

de

10

de

julio

de

1974,

autorización

para

cobrar

negocios”

cuyo

concepto

en

mercantiles

sobre

los

según

patentes

se

artículos

enmendada,

sobre

la

de

sobre

el

“volumen

incluyen

las

operaciones

ya

gravados

por

la

ley

estatal.

En fin, la ley vigente al momento de perfeccionarse el

contrato

aquí

en

controversia

permitía

a

los

municipios

cobrar patentes por obras de construcción basados en el

montante del “volumen de negocios”, aunque incidentalmente

9

AC-1999-28

se incurriese en una exigencia de doble tributación en el

cobro de patente. Siendo así, si en el caso que nos ocupa,

en

lugar

de

construcción,

tratarse

se

del

cobro

de

patentes

tratase

de

arbitrios

por

negocio

de

de

construcción, el monto de la patente podría legítimamente

recaer sobre el volumen de negocio; incluyéndose lo gastado

en

materiales

volumen

de

de

construcción

negocio

sin

en

importar

el

el

cálculo

hecho

de

de

dicho

que

sobre

dichos materiales --entre los que se cuenta el cemento-- se

hubiese pagado un impuesto estatal.

Ello es así pues la Ley de Patentes Municipales define

el término “volumen de negocios” como “los ingresos brutos

que

se

reciban

o

se

devenguen

por

la

prestación

de

cualquier servicio, por la venta de cualquier bien, o por

cualquier otra industria o negocio [...]”6 Pudiera decirse

que

la

Ley

de

privilegiada

en

Patentes

el

Municipales

sentido

de

era,

ser

una

y

es,

una

ley

excepción

al

principio de prohibición de doble tributación. Tal era la

situación de las patentes al momento de perfeccionarse el

contrato del caso de marras y tal sigue siendo la situación

en la actualidad. Sin embargo el caso que nos ocupa es

distinto al cobro de patentes: el mismo no se rige por la

Ley de Patentes Municipales.

En el caso de marras, Levy impugna la acción por

parte del Municipio de Manatí, de imponer arbitrios sobre

el costo total de una obra de construcción acordada en

10

AC-1999-28

enero de 1996, incluyéndose en ese cómputo el costo de los

materiales.

No

se

trata

aquí

de

impugnar

el

cobro

de

patentes sobre el “volumen del negocio” de construcción,

lo cual estaba y está expresamente protegido por el Código

de

Rentas

Internas,

aun

para

permitir

la

doble

tributación. El Código de Rentas Internas, desde 1994, era

claro al prohibir la doble tributación mediante la forma

de arbitrios municipales.

De ahí que cuando la Ley de Municipios Autónomos, en

el 1991, al referirse al poder de los municipios para

imponer y cobrar arbitrios de forma compatible con las

leyes

del

Estado

Libre

Asociado,

prohibía

que

los

municipios impusiesen una doble tributación en forma de

arbitrios. No existía en la Ley de 1991 de Municipios

Autónomos, ni en el Código de Rentas Internas, para la

fecha del 23 de enero de 1996, ningún trato legislativo

preferencial

sobre

los

arbitrios

municipales

en

lo

respectivo al asunto de la doble tributación. La norma

general de la prohibición de la doble tributación regía

para entonces.

No fue sino hasta el 6 de septiembre de 1996, que se

aprobaron enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos y

mediante la Ley de Arbitrios Municipales, Ley Núm. 199 de

6 de septiembre de 1996, se hizo constar que:

“[...]

Para los propósitos de la determinación del

arbitrio de construcción, el costo total de la

obra será el costo en que se incurra para

6

21 L.P.R.A. sec. 651 (a).

11

AC-1999-28

realizar el proyecto luego de deducirle el costo

de adquisición de terrenos, edificaciones ya

construidas y enclavadas en el lugar de la obra,

costos de estudios, diseños, planos, permisos,

consultoría y servicios legales.”7 (Énfasis

suplido.)

La

definición

construcción8,

de

según

“costo

la

Ley

total”

de

de

la

Municipios

obra

de

Autónomos

enmendada el 6 de septiembre de 1996, autoriza a incluir

en su cómputo el costo de los materiales, tales como el

concreto. Sin embargo, no puede ser por virtud de esta ley

que el Municipio de Manatí aprobó la Ordenanza Núm. 30,

serie

1994-95,

bajo

cuyo

amparo

reclama

el

pago

del

arbitrio que nos ocupa, pues la ordenanza fue aprobada

años antes de que la legislatura expresamente creara otra

excepción a la prohibición de doble tributación. Durante

los años 1994 y 1995 ningún municipio, bajo el estado de

derecho

de

entonces,

tenía

autoridad

para

imponer

un

arbitrio que gravase directa o indirectamente un artículo

previamente gravado por el Estado. Según esta ordenanza,

el constructor en terrenos municipales vendrá obligado a

pagar

al

municipio

por

toda

obra

de

construcción

en

concepto de arbitrios el 2.5% del costo total de la obra.

Es justamente en el Código de Rentas Internas que el

Estado Libre Asociado impone una contribución sobre todo

cemento hidráulico o sustituto de éste fabricado localmente

7

8

21 L.P.R.A. sec. 4052.

Para efectos de esta ordenanza el término “obra de

construcción incluye” “[c]ualquier obra de construcción,

12

AC-1999-28

o introducido en Puerto Rico por traficantes o fabricantes

locales

autorizados

importado

para

por

ley,

y

en

consumo

propio

por

el

caso

del

cemento

personas

que

no

sean

traficantes.9 Por otra parte el mismo Código disponía en su

sec. 9005 que se impondrá, cobrará, y pagará un arbitrio

sobre

el

cemento

fabricado

localmente

o

introducido

en

Puerto Rico. Tal impuesto deberá ser pagado, en primera

instancia, por el consignatario10 o por el fabricante en

caso de que el artículo sea fabricado en Puerto Rico.11

Esto nos lleva a la conclusión de que, al menos desde

que se aprobó el Código de Rentas Internas de 1994 hasta el

6 de septiembre de 1996, dado el caso en que se hubiesen

pagado impuestos estatales relativos al cemento hidráulico,

esto

es,

utilizado

en

una

obra,

de

tenerse

que

posteriormente calcular el monto del costo total de la obra

para fines de tributar sobre él, incluyéndose el costo del

cemento ya gravado, al pagar tal contribución se estaría

pagando

un

segundo

tributo

sobre

el

costo

del

cemento

hidráulico: mediante un impuesto estatal originalmente y

mediante un impuesto municipal, en segunda instancia, sobre

lo que Levy pagó por el cemento ya gravado. Tal esquema

sería contrario al Código de Rentas Internas de 1994 que

privaba sobre la Ley de Municipios Autónomos de 1991.12

incluyendo las relacionadas a la infraestructura, llevada a

cabo por contratistas privados o particulares [...]”.

9

Véase 13 L.P.R.A. sec. 9008.

10

Véase 13 L.P.R.A. sec. 9069.

11

Ante.

12

Claro está, en septiembre de 1996, con posterioridad al

perfeccionamiento del contrato de construcción del caso de

13

AC-1999-28

Es evidente que el Municipio de Manatí actuó de forma

contraria a la ley al calcular el arbitrio de construcción

incluyendo

el

monto

de

los

gastos

de

materiales

para

establecer su cuantía. Ya hemos dicho que para determinar

la legalidad de una contribución, no es relevante su forma,

nombre

o

definición,

consecuencias

en

su

sino

su

aplicación

efecto

y

práctico

funcionamiento.

y

Las

Piedras Construction Corp. v. Municipio de Dorado, res. el

28 de enero de 1994, 134 D.P.R. 1038 (1994); Maristany v.

Secretario de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 300 (1967); C.H.

Vehicle Leasing v. E.L.A., 107 D.P.R. 94, 101-102 (1978).

No

cabe

duda

correctamente

al

construcción

como

de

que

determinar

el

el

juez

que

arbitrio

de

tanto

estatal

instancia

el

actuó

arbitrio

afectan

la

de

misma

actividad económica que Levy llevó a cabo en el Municipio.

Nótese

que

el

contratista

de

obra

es

un

poseedor

de

materiales y servicios. Esos materiales, a su vez, están

sujetos al arbitrio estatal por disposición expresa de la

Sección 2005 del Código de Rentas Internas. Mediante la

imposición del arbitrio de construcción a Levy, computado a

base del costo total del proyecto, el Municipio grava los

materiales de construcción que se instalarán en la obra. Su

claro efecto práctico es imponer un arbitrio adicional a

los artículos gravados por la ley estatal, igual que lo

marras, la Ley de Municipios se enmendó para permitir que

el arbitrio de construcción se extendiese sobre el costo

total del proyecto, incluyéndose para el cálculo lo gastado

en materiales de construcción independientemente de que ya

se hubiese tributado sobre ellos.

14

AC-1999-28

hizo el Municipio de San Juan en el caso de San Miguel &

Cía. v. Diez de Andino, Tes., ante.

Resulta

forzoso

concluir

que

la

imposición

del

arbitrio de construcción a Levy, mediante la Ordenanza Núm.

30, serie 1994-95, del Municipio de Manatí, es contrario al

estado de Derecho prevaleciente en Puerto Rico hasta el 6

de septiembre de 1996. La doble tributación por medio de

arbitrios

municipales,

de

artículos

de

construcción

de

obra, estaba prohibida por el Código de Rentas Internas.

Levy tiene razón.

Sólo a partir del 6 de septiembre de 1996 podía el

Municipio

de

Manatí

imponer

arbitrios

de

construcción

basados en el costo total de la obra según definido en la

Ley de Arbitrios Municipales, pues el legislador definió

claramente ese concepto sin excluir del mismo el costo de

los materiales de construcción.13 Antes de esa fecha los

municipios sólo podían imponer arbitrios razonables sobre

el costo de la obra, excluyendo del mismo cualquier partida

13

De hecho, la Ley de Municipios Autónomos, en su Art.

1.003, según enmendado en 1996, 21 L.P.R.A. sec. 4001,

aclara, expresamente, que a partir de dicha enmienda no

existe impedimento a una doble tributación sobre esta área

en Puerto Rico. Es así, pues la ley ordena que “[e]sta

contribución [el arbitrio de construcción municipal] se

considerará un acto separado y distinto a un objeto o

actividad o cualquier renglón del objeto o actividad, que

no priva o limita la facultad de los municipios para

imponer contribuciones, arbitrios, impuestos, licencias,

derechos, tasas y tarifas. La imposición de un arbitrio de

construcción por un municipio constituirá también un acto

separado y distinto a [cualquier] imposición contributiva

que imponga el Estado, por lo cual ambas acciones

impositivas serán compatibles.”

15

AC-1999-28

sobre

la

cual

hubiese

recaído

la

imposición

de

contribuciones estatales.

Procede, por lo tanto, declarar que la imposición del

arbitrio municipal sobre la obra de construcción de Levy

basadas en el costo total de la obra sin exclusión de los

costos de materiales de construcción es contraria a la ley

en vigor al momento de la celebración del contrato entre

las partes.14 Sólo procede el cobro de arbitrios sobre el

costo de la obra de construcción excluyendo del mismo las

partidas sobre las que ya hubiese recaído el cobro estatal

de contribuciones.

14

Según la Ley de Municipios Autónomos, en su Art. 2.002,

21 L.P.R.A. sec. 4052, “[t]oda obra de construcción dentro

de los límites territoriales de un municipio [...] deberá

pagar arbitrio de construcción correspondiente, previo al

comienzo de dicha obra.

En estos casos, se pagarán dichos arbitrios al

municipio donde se lleve a cabo dicha obra previo a la

fecha de su comienzo. [...]

Tanto la Administración de Reglamentos y Permisos como

la Oficina de Permisos Municipal, en el caso de municipios

autónomos, no podrán otorgar permisos de construcción a

ninguna obra a ser realizada a un municipio que no cumpla

con los requisitos impuestos en esta sección. [...]

El arbitrio de construcción municipal será el vigente

a la fecha de cierre de la subasta debidamente convocada o

a la fecha de la adjudicación del contrato para aquellas

obras de construcción que no requieran subastas. [...]”

(Énfasis suplido).

Por otro lado, el Art. 18 de la Ley Orgánica de ARPE,

23 L.P.R.A. sec. 71q, dispone que la “Administración no

expedirá permiso de construcción sin haber exigido al

solicitante prueba de que ha satisfecho los arbitrios

municipales correspondientes a la construcción, impuestos

por o que impongan los municipios.”

16

AC-1999-28

Por los fundamentos antes expuestos procede revocar la

sentencia

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

que

validó la imposición del arbitrio de construcción según la

Ordenanza Núm. 30, serie 1994-95, del Municipio de Manatí,

devolviéndose el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que

determine

qué

parte

del

arbitrio

impuesto

por

el

Municipio de Manatí sobre la obra de Levy recayó sobre los

materiales de construcción que ya habían sido objeto de

tributación estatal. Esta porción no podrá ser cobrada por

el Municipio de Manatí como parte del arbitrio.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

17

AC-1999-28

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Francisco Levy, Hijo, Inc.

Apelante

vs.

AC-99-28

APELACIÓN

Municipio de Manatí

Apelado

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida

en el presente caso por

el Tribunal de Circuito de

Apelaciones que validó la imposición del arbitrio de

construcción según la Ordenanza Núm. 30, serie 199495, del Municipio de Manatí, y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que determine qué

parte del arbitrio impuesto por el Municipio de Manatí

sobre la obra de Levy recayó sobre los materiales de

construcción que ya habían sido objeto de tributación

estatal. Esta porción no podrá ser cobrada por el

Municipio de Manatí como parte del arbitrio.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Negrón García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo