LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Brenda Berríos Heredi V. Alfredo González y otros

2000 TSPR 87

Poder Judicial de Puerto Rico

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Brenda Berríos Heredi V. Alfredo González y otros

CC-1996-0066

CC-96-2

- 1 -

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Brenda Berríos Heredia

Peticionaria

Certiorari

v.

2000 TSPR 87

Alfredo González y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-1996-0066

Fecha: 15/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II

Juez Ponente: Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Angel Marrero Figarella

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Lorenzo Vilanova Alfonso

Materia: Discrimen

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-96-2

- 2 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Brenda Berríos Heredia

Querellante-Peticionaria

v.

CC-96-66

Certiorari

Juez

señor

Alfredo González y otros

Querellado-Recurrido

Opinión

Denton

del

Tribunal

emitida

por

el

Asociado

Hernández

San Juan, Puerto Rico a 15 de junio de 2000.

El

presente

recurso

permite

expresarnos

en

torno al procedimiento sumario que establece la Ley

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada,

32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., [en adelante Ley

Núm. 2], en el contexto de querellas laborales que

incluyen reclamaciones por concepto de angustias

mentales.

I

El

3

de

enero

de

1995,

Berríos

Heredia

presentó

Primera

Instancia

una

González

despido

por

alegado

la

ante

querella

señora

el

Tribunal

contra

discrimen,

Brenda

de

Alfredo

represalias,

CC-96-2

- 3 -

injustificado

y

hostigamiento

sexual.

Además,

solicitó

que

la

reclamación fuera tramitada de forma sumaria, según lo contemplado en

la Ley Núm. 2.1

1

La querella expresó, en parte, lo siguiente:

5. Desde los inicios de la relación obrero patronal, el

co-querellado Alfredo González, comenzó a tocar y a acariciar

a la querellante y en ocasiones intentaba besarla a pesar de

la negativa de ésta a aceptar tal comportamiento sexual por

parte de su patrono.

6. El 9 de diciembre de 1994, el coquerellado Alfredo

González acarició los muslos y otras partes del cuerpo de la

querellada y la invitó a “bregar”, todo ello a pesar del

rechazo de ésta a tales avances del patrono.

7. Como consecuencia del repudio de la querellante hacia

el comportamiento sexual del co-querellado, Alfredo González,

éste le indicó a ésta que a partir del 13 de diciembre de 1994

trabajaría solamente tres (3) horas diarias.

8. El viernes 16 de diciembre de 1994 la querellante se

personó [sic] a su empleo y se encontró con que otra persona

estaba ocupando su lugar de trabajo.

9. El despido de la querellante se debió a que el patrono

discriminó y/o violó y/o amenazó contra la querellante, con

relación a los términos y condiciones, compensación, ubicación

y beneficio o privilegio del empleo cuando la querellante

ofreció

o

intentó

ofrecer

testimonio

ante

un

Foro

Administrativo y Hostigamiento Sexual [sic].

10. Que la acción de la parte querellada constituye una

violación a las disposiciones de las Leyes del Trabajo de

Puerto Rico.

11. Que la acción de la parte querellada al despedir a la

querellante por la razón antes expuesta, le ha causado daños

consistentes en salarios dejados de percibir desde el momento

de su despido y dicha cantidad continuará aumentando hasta

tanto la querellante sea reinstalada en su empleo.

12. Además de los salarios dejados de percibir, la

querellante ha sufrido daños y perjuicios y angustias mentales

como consecuencia del discrimen sufrido; no ha podido

conseguir trabajo a pesar de las gestiones que ha hecho; ha

desarrollado

ansiedad,

insomnio

y

profundos

dolores

y

angustias, cuyos daños se estiman en una suma no menor de

$100,000.00, excluyendo el lucro cesante.

[...]

15. Que se alega y reclama, en la alternativa, la

compensación por despido injustificado (mesada).

Todo ello

conforme lo dispone la Ley # 80 de 30 de mayo de 1976. Exhibit

I, en las págs. 2 y 3.

CC-96-2

- 4 -

Luego de emplazada, la parte demandada contestó oportunamente la

querella. Simultáneamente presentó una moción en la que solicitó al

tribunal de instancia que tramitara la querella de forma ordinaria.

Fundamentó su solicitud en que Berríos Heredia, además de reclamar

salarios dejados de devengar, y en la alternativa, la mesada por razón

de

despido

mentales,

la

injustificado,

cual,

a

su

solicitó

juicio,

una

compensación

constituye

una

por

angustias

reclamación

“cuya

complejidad y características se alejan de la reclamación ordinaria en

cobro de salario o despido injustificado [...] que no es propia para

ser adjudicada dentro del procedimiento sumario dispuesto en la Ley

Núm. 2 [...]”. Véase, Moción para que se atienda la Querella como un

Caso Ordinario, Apéndice de la Petición de Certiorari, en la pág. 10.

La

querellante

Berríos

Heredia

se

opuso.

Eventualmente,

el

tribunal de instancia acogió la posición del querellado González y

declaró

con

lugar

la

conversión

del

proceso

en

un

procedimiento

ordinario.

Inconforme

Tribunal

de

con

esta

Circuito

de

determinación,

Apelaciones,

el

Berríos

cual

Heredia

expidió

acudió

el

auto

al

de

certiorari solicitado y luego de varios trámites procesales, confirmó

la determinación de instancia.

Así las cosas, Berríos Heredia acudió ante nos mediante recurso de

certiorari. Accedimos a revisar.

En su recurso nos plantea como único señalamiento de error que el

Tribunal de Circuito de Apelaciones incidió al sustraer su reclamación

del procedimiento sumario contemplado en la Ley Núm. 2 y ordenar que

continuara su trámite de forma ordinaria.

II

Como se sabe, la Ley Núm. 2 establece un procedimiento sumario

para la tramitación de querellas instadas por los obreros o empleados

contra su patrono por servicios prestados. Mercado Cintrón v. ZETA

Comunications, Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Secretario del Trabajo v.

J.C. Penney Co., 119 D.P.R. 660 (1987); Resto Maldonado v. Galarza, 117

CC-96-2

- 5 -

D.P.R. 458 (1986); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975).

Dicha

ley

reafirma

reclamaciones

la

política

laborales

con

pública

del

Estado

de

prontitud,

sin

dilaciones

tramitar

que

las

pudieran

frustrar los fines de la justicia.

En

el

incorporó

en

pasado

hemos

la

Núm.

Ley

reconocido

2

varias

que

la

Asamblea

disposiciones

que

Legislativa

resultan

más

favorables al obrero. Con la incorporación de tales disposiciones, el

legislador

patrono

pretendió

dilate

pretendió

agilizar

el

innecesariamente

subsanar,

en

alguna

trámite

el

judicial

procedimiento

medida,

la

evitando

que

judicial.

desigualdad

el

Además,

de

medios

económicos entre los patronos y los trabajadores. Landrum Mills Corp.

v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689 (1965). No obstante lo anterior,

hemos concluido que el procedimiento sumario instaurado en la Ley Núm.

2 cumple con las exigencias constitucionales del debido proceso de ley.

Id.

La propia Ley Núm. 2 establece el tipo de reclamación que puede

ser tramitada bajo su palio. Al respecto, dispone que el procedimiento

sumario estará disponible:

Siempre que un obrero o empleado tuviere que reclamar de su

patrono cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para

dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa

justificada. 32 L.P.R.A. sec. 3118 (énfasis suplido).

Además,

estará

el

procedimiento

disponible

para

sumario

aquellas

que

establece

instancias

en

la

que

Ley

la

Núm.

2

Asamblea

Legislativa lo haya dispuesto expresamente en otras leyes protectoras

de los trabajadores. Véase, Ruy Delgado Zayas, Manual Informativo de

Legislación Protectora del Trabajo de Puerto Rico 339 (1989).

Hace varios años, tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre la

aplicabilidad y alcance del procedimiento sumario que establece la Ley

Núm.

2

cuando

un

obrero

insta

una

querella

al

amparo

de

varios

estatutos remediales de índole laboral en la cual existen causas de

acción

cuya

resolución

resulta

particularmente

compleja.

En

Rivera

CC-96-2

- 6 -

Rivera v. Insular Wire Products, Corp., res. 24 de mayo de 1996; 140

D.P.R. ___ (1996), resolvimos que, además de las reclamaciones por

despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29

L.P.R.A. secs. 185(a) et seq., [en adelante Ley Núm. 80], otros tipos

de reclamaciones laborales establecidas por leyes especiales pueden ser

tramitados al amparo del procedimiento sumario que establece la Ley

Núm. 2.

vía

En esa ocasión resolvimos que podían ser adjudicadas por la

sumaria

las

reclamaciones

bajo

el

Art.

5a

de

la

Ley

de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril

de

1935,

según

enmendada,

11

L.P.R.A.

secs.

1

et

seq.,

y

las

reclamaciones al amparo del Art. 1 de la Ley Antidiscrimen, Ley Núm.

100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 1467 [en adelante Ley Núm.

100].

Sin

embargo,

involucrados

luego

expresamos

de

que

un

cuidadoso

los

análisis

tribunales

de

de

los

instancia

intereses

guardan

discreción para determinar si la querella presentada por el obrero debe

ser tramitada por la vía ordinaria, aún cuando el obrero reclamante

considerara conveniente tramitar su reclamación de forma sumaria. Para

hacer la determinación en torno a cuál procedimiento resulta adecuado,

señalamos que los tribunales debían hacer “un justo balance entre los

intereses del patrono y los del obrero querellante, a la luz de las

circunstancias específicas de las reclamaciones en la querella.” Rivera

Rivera v. Insular Wire Products, Corp., supra.

Más tarde, en Marín Kuilán v. Teddy Díaz Fastening Systems, Inc.,

res. 7 de febrero de 1997, 142 D.P.R. ___ (1997), al interpretar la Ley

Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. secs. 194 et seq.,2 en

el contexto del procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2, ratificamos

nuestros pronunciamientos en Rivera Rivera v. Insular Wire Products,

Corp., supra.

2

Esta ley crea una causa de acción a favor del obrero contra

represalias de su patrono cuando aquél divulga información o participa

en procedimientos investigativos de índole administrativa, judiciales o

legislativas. Véase, Leyes de Puerto Rico, 1991, a la pág. 957.

CC-96-2

- 7 -

Allí, en específico, resolvimos que el foro de instancia podía

condenar en rebeldía al patrono a pagar la mesada contemplada en la Ley

Núm. 80 por despido injustificado dentro del procedimiento sumario que

establece la Ley Núm. 2.

Sin embargo, estimamos que en cuanto a la

reclamación formulada por concepto de represalias bajo la Ley Núm. 115,

no

procedía

emitir

sentencia

en

rebeldía

concediendo

el

remedio

contemplado en dicha ley, debido a que la querellante “simplemente hizo

una serie de alegaciones conclusorias sin hecho alguno”, las cuales no

cumplían “con los requisitos mínimos para que el foro de instancia

pudiese dictar sentencia sumaria”. Id.

En vista de ello, revocamos y

devolvimos el caso al foro de instancia con instrucciones específicas

de que evaluara si a tenor con nuestros pronunciamientos en Rivera

Rivera dicha reclamación debía ser adjudicada por la vía sumaria o si

por el contrario debía ser adjudicada por la vía ordinaria. Id.

En

el

caso

confrontamos

de

de

autos,

forma

contrario

específica

a

con

las

la

ocasiones

previas,

controversia

de

si

nos

una

reclamación por concepto de angustias mentales puede ser tramitada de

forma

sumaria

o

si

por

el

contrario

debe

ser

sustraída

del

procedimiento sumario cuando el juzgador así lo estime conveniente.

III

Ante nos, Berríos Heredia plantea, en síntesis, que la exclusión

de las querellas laborales que incluyen reclamaciones por concepto de

angustias

mentales,

desvirtúa

la

del

intención

procedimiento

sumario

legislativa

de

bajo

imprimirle

adjudicación de las reclamaciones laborales.

la

Ley

Núm.

2

rapidez

a

la

Además, plantea que la

concesión de daños por concepto de angustias mentales es sólo parte del

remedio que solicita en su querella, por lo que, aduce, ésta no debe

ser sustraída del procedimiento sumario. Fundamenta su contención en

los casos García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 208 (1988)

y Rivera Briceño v. Rodríguez, 129 D.P.R. 669 (1991).

En García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., supra, reconocimos que

bajo la Ley Núm. 100, supra, un empleado podía reclamar indemnización

CC-96-2

- 8 -

por los daños y angustias mentales que el discrimen en el empleo le

produjo. Llegamos a esa conclusión al examinar el texto de la ley, el

cual

imponía

responsabilidad

discriminatorio

generó,

y

no

civil

por

establecía

los

daños

“clasificación

alguna en cuanto a qué tipo de daño se compensar[ía]”.

209.

que

o

el

acto

limitación

Id., en la pág.

Es decir, la Ley Núm. 100 permitía la compensación por daños, sin

limitación alguna en cuanto al tipo de daño.

Por ello, resolvimos que

no podíamos imponer una limitación a la naturaleza de los daños que

podían

ser

reclamados

por

un

obrero

objeto

de

discrimen.

En

esa

ocasión, sin embargo, no nos expresamos en torno a si la reclamación

bajo la Ley Núm. 100 podía ser tramitada bajo el procedimiento sumario

cuando a su amparo se reclaman daños y angustias mentales.

Más tarde, en Rivera Briceño v. Rodríguez, supra, al examinar otro

estatuto remedial que prohibe el discrimen, Ley Núm. 69 de 6 de julio

de 1985, 29 L.P.R.A. sec. 1321 et seq., [en adelante Ley Núm. 69],

reafirmamos el criterio general que esbozamos en García Pagán v. Shiley

Caribbean,

supra,

en

términos

de

que

la

compensación

por

daños

y

sufrimientos mentales es parte del remedio civil contemplado en dicha

ley que prohibe el discrimen laboral por razón de sexo.

Sin embargo,

en esa ocasión, manifestamos de forma incidental, y sin que se nos

planteara de forma específica, que tal reclamación podía ser tramitada

mediante el procedimiento sumario que establece la Ley Núm. 2.

Contraria

a

la

contención

de

Berríos

Heredia,

el

patrono

querellado nos plantea que, a la luz del historial y propósitos de la

Ley

Núm.

reservado

2,

el

para

procedimiento

sumario

reclamaciones

que

establece

salariales,

para

dicha

ley

está

reclamaciones

relacionadas a condiciones de trabajo y para aquellas reclamaciones de

daños en donde el legislador así lo ha deseado y tienen una esencia

fundamentalmente laboral.

Añade que:

La reclamación presentada contra la compareciente [...] es

absolutamente diferente a una reclamación de salario donde un

patrono debe mantener los récords de sus empleados, y por

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- 9 -

consiguiente información pertinente a la controversia. [...]

En contraste, [...] la reclamación de daños y angustias

mentales por alegado hostigamiento sexual, formulada por la

parte peticionaria, contiene de ordinario numerosos elementos y

hechos desconocidos para el demandado, cuya investigación

requiere de un amplio descubrimiento de prueba.

Alegato del

Recurrido, en la pág. 5.

Por su parte, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Circuito

de Apelaciones concluyó que el procedimiento sumario que establece la

Ley Núm. 2 no debe extenderse a reclamaciones laborales en las que se

reclamen daños morales, por la complejidad intrínseca, que, a juicio de

ese foro, tiene este tipo de reclamación.

Más aún, estimó el foro

apelativo, que el esquema procesal diseñado por el legislador en la Ley

Núm.

2

está

reservado

para

reclamaciones

en

las

que

el

patrono

querellado tiene control sobre la información pertinente a la querella

del empleado.

En tales contextos, razonó dicho foro, el patrono se

encuentra en condiciones razonables de hacer alegaciones responsivas

desde el mismo momento en que se le notifica la querella. Contrario a

tal situación, en el contexto de reclamaciones por concepto de daños

morales,

es

el

obrero

querellante

quien

tiene

control

sobre

la

información pertinente a esa reclamación específica.

Examinemos los señalamientos de las partes.

IV

A

Las limitaciones que la Ley Núm. 2 impone al trámite procesal de

las

reclamaciones

querellada.

En

laborales

este

sentido,

afectan

principalmente

establece

términos

a

más

la

parte

breves

para

contestar una querella; define las formas en que puede ser emplazado el

patrono;

impone

a

éste

la

obligación

de

hacer

una

sola

alegación

responsiva que incluya todas las defensas u objeciones, so pena de

entenderse por renunciadas aquellas que no presente; y condiciona la

aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil a que no se altere el

carácter sumario del proceso, entre otros aspectos.

CC-96-2

- 10 -

Con relación a los métodos de descubrimiento de prueba, la ley

advierte, en específico, que “la parte querellada no podrá usarlos para

obtener

información

que

debe

figurar

en

las

constancias,

nóminas,

listas y jornales y demás récords que los patronos vienen obligados a

conservar”.

32

L.P.R.A.

sec.

3120;

véanse,

Mercado

v.

Zeta

Communications, Inc., supra; Rivera González v. Danny´s Bakery, 121

D.P.R. 304 (1988); Secretario del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc.,

supra.

Más adelante, expresa, que:

ninguna de las partes podrá someter más de un interrogatorio o

deposición ni podrá tomar una deposición a la otra parte

después que le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un

interrogatorio después que le haya tomado una deposición,

excepto que medien circunstancias excepcionales que a juicio

del tribunal justifiquen la concesión de otro interrogatorio u

otra deposición. No se permitirá la toma de deposición a los

testigos sin la autorización del tribunal, previa determinación

de la necesidad de utilizar dicho procedimiento. 32 L.P.R.A.

sec. 3120, (énfasis suplido).

Una lectura integral de la Ley Núm. 2 revela que en el caso del

patrono querellado, los mecanismos de descubrimiento de prueba están

contemplados para descubrir prueba pertinente a la querella que no

puede ser obtenida por éste de otra forma, ya que no está bajo su

control en expedientes, listas o nóminas del trabajo.

En este contexto, al condicionar el uso de los interrogatorios y

las

deposiciones,

la

Ley

Núm.

2

reconoce

que

bajo

circunstancias

excepcionales los tribunales pueden ampliar el descubrimiento de prueba

más allá de una sola deposición o un solo interrogatorio.

Además,

permite la toma de deposiciones a testigos cuando se demuestre tal

necesidad. De este modo, aún bajo el esquema sumario de este proceso,

los tribunales guardan discreción para flexibilizar las limitaciones

que la Ley Núm. 2 impone al patrono en cuanto al descubrimiento de

prueba.

Ahora bien, ¿es siempre incompatible el procedimiento sumario con

una reclamación de daños por concepto de angustias mentales?

que no.

Estimamos

CC-96-2

- 11 -

De ordinario, una reclamación por concepto de angustias mentales

requiere la presentación de prueba pericial y documental, tanto para

probar la validez de la reclamación como para que la parte adversa

pueda defenderse adecuadamente. En específico, la adecuada defensa de

alegaciones de daños por concepto de angustias mentales depende de

forma crucial del alcance y efectividad del descubrimiento de prueba

que

se

realice.

Esta

es

una

etapa

significativa

para

la

parte

demandada, ya que como norma general toda la información en torno a la

reclamación por angustias mentales está en manos del reclamante.

La discreción que poseen los tribunales bajo el esquema de la Ley

Núm.

2

para

flexibilizar

el

descubrimiento

de

prueba,

en

algunas

circunstancias, podría resultar suficiente para conferirle al patrono

el

mínimo

de

las

garantías

constitucionales

necesarias

sin

que

se

desvirtúe el carácter sumario del proceso. No obstante, lo anterior no

impide que, a tenor con nuestros pronunciamientos en Rivera Rivera v.

Insular

Wire

Corp.,

supra,

luego

de

un

ponderado

análisis

de

los

intereses involucrados, el tribunal opte por tramitar la querella de

forma ordinaria.

Esto es así particularmente cuando la concesión de

prórrogas o de un descubrimiento de prueba más extenso dentro de los

parámetros de la Ley Núm. 2 resultaría insuficiente para proteger los

derechos de las partes, y en última instancia, para hacer cumplida

justicia.

De hecho, hace varias décadas, intimamos la posibilidad de que un

proceso bajo la Ley Núm. 2 que no permitiera un adecuado uso de los

mecanismos de descubrimiento de prueba fuese inválido.

Aunque en otro

contexto, en esa ocasión expresamos que:

...la prohibición de utilizar los medios de descubrimiento de

prueba [que establece la Ley Núm. 2] va dirigido al patrono,

que por ser los querellantes sus empleados, vienen obligados a

llevar y conservar los récords que dispone la Ley de Salario

Mínimo y los reglamentos; pero si en verdad la parte querellada

no lleva esos récords porque [...] de buena fe entiende que no

son sus empleados, la aplicación a aquella de la prohibición de

utilizar los medios de descubrimiento de prueba resultaría

discriminatoria y de dudosa validez. Dorado Beach Corp. v.

Tribunal Superior, 92 D.P.R. 610, 618-19 (1965).

CC-96-2

- 12 -

A tenor con lo anterior, resolvemos que compete a los tribunales

determinar, ante un oportuno planteamiento al respecto, si encausa una

querella laboral que incluya una reclamación por concepto de angustias

mentales mediante el trámite ordinario o el sumario contemplado en la

Ley Núm. 2.

B

Sin embargo, tal determinación no debe hacerse livianamente.

Una

mera alegación de la parte querellada en términos de que la reclamación

instada en su contra es compleja no justifica la conversión del proceso

en uno ordinario.

Para hacer esta determinación, y sin pretender ser exhaustivos,

los tribunales deben conceder un breve término a las partes para que se

expresen sobre si, a la luz de las alegaciones de la querella, el

cuadro fáctico es lo suficientemente explícito como para colocar a la

parte

querellada

en

condiciones

razonables

de

conocer

los

hechos

específicos que dan lugar a las angustias mentales que se reclaman.

Además, las partes deberán colocar al juzgador en condiciones de

examinar si la justa adjudicación de la reclamación por concepto de

angustias mentales amerita la prolongación del descubrimiento de prueba

más allá de los parámetros contemplados por la Ley Núm. 2. De este

modo, deberán exponer al tribunal si lo hechos descritos requieren

tomar deposiciones a múltiples testigos; si a la luz de las alegaciones

se

requerirá

la

presentación

de

prueba

pericial

particularmente

compleja; y si resulta necesario el examen de expedientes médicos o la

realización de exámenes físicos que convertirían el descubrimiento de

prueba

en

una

etapa

incompatible

con

el

carácter

expedito

del

procedimiento bajo la Ley Núm. 2.

Finalmente, las partes deberán poner al tribunal en posición de

examinar

si,

a

la

luz

de

las

circunstancias

particulares

de

la

querella, el descubrimiento de prueba dentro de los parámetros de la

Ley

Núm.

2

crearía

un

riesgo

substancial

de

que

se

produzca

una

determinación errónea de la valoración de los daños, así como cualquier

CC-96-2

- 13 -

otra circunstancia especial que sea pertinente a la determinación que

tiene que hacer el tribunal sobre si encauza el procedimiento por la

vía sumaria u ordinaria.

De

estimarlo

necesario,

el

tribunal

celebrará

una

vista

para

dilucidar esta controversia.

Ahora bien, una determinación de que una querella laboral que

contiene una reclamación por concepto de angustias mentales no puede

ser adjudicada adecuadamente por la vía sumaria, de ordinario, hace

necesario que las demás reclamaciones formuladas en la querella también

sean sustraídas del proceso sumario contemplado en la Ley Núm. 2.

Por un lado, promover la fragmentación de causas de acción en

reclamaciones laborales para tramitar unas de forma sumaria, y otras de

forma

ordinaria

comparece

en

situaciones

oportunamente,

en

colocaría

las

que

el

patrono

a

éste

en

una

demandado

posición

de

considerable desventaja. En tal caso, la parte querellada tendría que

defenderse

simultáneamente

en

dos

procesos

judiciales

distintos

originados, en la mayoría de los casos, de unos mismos hechos.

suyo

implicaría

duplicar

procedimientos

en

los

cuales

Ello de

tanto

las

defensas como los aspectos probatorios serían totalmente afines.

Por

otro lado, tal propuesta daría al traste con el principio cardinal de

nuestro

esquema

procesal

que

postula

el

más

efectivo

uso

de

los

procesos judiciales para lograr una solución rápida, justa y económica.3

Regla 1 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. III R.1.

Esta conclusión no es inconsecuente con nuestros pronunciamientos

en

Rivera

Rivera

incidentalmente

que

v.

Insular

para

las

Wire,

supra.

reclamaciones

Allí,

aunque

laborales

afirmamos

formuladas

al

amparo de la Ley Núm. 80 "sólo está disponible el procedimiento sumario

de la Ley Núm. 2", reconocimos que los foros de instancia guardan

3

Otra conclusión podría justificarse en el contexto de un proceso

judicial en el que el patrono querellado se encuentre en rebeldía. En

tal situación los peligros y dificultades procesales antes expresados

difícilmente estarían presentes, por lo que la fragmentación de las

causas de acción, en los casos apropiados, podría facilitar al juzgador

CC-96-2

- 14 -

discreción

para

atemperar

las

reclamaciones

laborales

a

las

circunstancias particulares que presenten. Conforme expresamos en esa

ocasión, los tribunales de instancia guardan discreción para, entre

otras cosas,

continuar ventilando la querella en su totalidad mediante el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2; o, separar la causa de

acción bajo la Ley Núm. 80 y ventilarla prioritariamente

mediante el procedimiento sumario, posponiendo la consideración

de las otras dos (2) causas de acción, bajo la Ley Núm. 100 y

la Ley Núm. 45, y la determinación de si éstas se deben

tramitar por la vía ordinaria o por el procedimiento sumario;

o, establecer cualquier otro manejo del caso que sea

consistente con lo aquí resuelto y propicie el cumplimiento de

los propósitos de la legislación laboral y la norma cardinal

procesal judicial de dispensar justicia de forma rápida y

económica. Rivera Rivera v. Insular Wire, supra.

Este

rígida

de

Tribunal

los

no

debe

esquemas

refrendar

procesales

en

una

interpretación

materia

laboral

en

que

extremo

tenga

el

efecto práctico de privar a los foros de instancia de la discreción

necesaria para considerar y decidir controversias de forma adecuada y

cabal. Por tanto, resolvemos que en aquellos procedimientos judiciales

instados

bajo

leyes

particularmente

de

índole

laboral

como

por

compleja,

que,

ejemplo,

por

su

cuando

naturaleza

se

reclama

compensación por angustias mentales, y que, a la luz de los criterios

enumerados previamente, su correcta adjudicación requiera que alguna de

las

reclamaciones

reclamaciones

sea

incluidas

adjudicada

con

ella

de

forma

ordinaria,

pueden

ser

sustraídas

todas

del

las

proceso

sumario y ser resueltas de forma ordinaria.

No obstante, cuando el tribunal opte por este curso de acción,

deberá simultáneamente tomar las medidas correspondientes para que la

acción o acciones incoadas se incluyan en un calendario especial para

que

sean

atendidas

con

carácter

prioritario.

Así

evitamos

que

la

conversión del proceso perjudique el interés del obrero de que se haga

una adjudicación rápida de su reclamación.

A la luz de la discusión precedente, examinemos las circunstancias

del

caso

de

autos

y

si

la

discreción

la resolución de controversias laborales.

del

foro

de

instancia

fue

Véase, Marín Kuilán v. Teddy

CC-96-2

- 15 -

correctamente ejercida, según lo concluyó el Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

IV

Con excepción de la reclamación por despido injustificado bajo la

Ley

Núm.

80,

la

peticionaria

Berríos

Heredia

no

expresa

de

forma

específica los estatutos bajo los cuales formula su reclamación.4 Sin

embargo,

surge

indemnización

discrimen.

de

la

por

hostigamiento

Además,

querella

reclamó

que

Berríos

sexual,

indemnización

Heredia

por

por

represalias

los

mentales que le ha producido el discrimen.5

también

daños

y

reclamó

y

por

angustias

En este sentido, los

estatutos aplicables son: por el alegado hostigamiento sexual, la Ley

Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq. y la Ley

Núm. 69, supra; por las alegadas represalias, la Ley Núm. 115, supra; y

por el discrimen, la Ley Núm. 100, supra.

En cuanto a la reclamación por hostigamiento sexual y discrimen,

hemos

afirmado

antes

que

el

hostigamiento

sexual

“constituye

una

modalidad del discrimen por razón de sexo proscrito por la Ley Núm.

100”. Rodríguez Meléndez v. Supermercado Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117,

124 (1990).

el

Por ello, afirmamos en esa ocasión que la Ley Núm. 100 es

instrumento

hostigamiento

adecuado

sexual.

Id.,

para

dilucidar

a

pág.

la

134.

controversias

Dicha

ley,

sobre

además,

Díaz Fastening Systems, Inc., supra.

La representación legal de la querellante Berríos Heredia se limita a

hacer una reclamación general de que “la acción de la parte querellada

constituye una violación a las disposiciones de las Leyes del Trabajo

de Puerto Rico”. Alegación Núm. 10, Exhibit 1, en la pág. 2.

4

5

El Tribunal de Circuito de Apelaciones concluyó que Berríos Heredia

reclamó indemnización por daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, y no bajo

legislación laboral especial.

Nuestra lectura de la querella nos

convence de que la reclamación por concepto de daños por “ansiedad,

insomnio y profundos dolores y angustias” fue hecha como parte de los

daños que el alegado discrimen en el empleo le produjo, y no como parte

de una reclamación independiente de daños y perjuicios bajo el Art.

1802.

CC-96-2

- 16 -

contempla la posibilidad de que las reclamaciones instadas a su amparo

sean tramitadas de forma sumaria, 29 L.P.R.A. sec. 149.6

Aunque en Rodríguez Meléndez, expresamos que la fiel adjudicación

de

una

reclamación

por

hostigamiento

sexual

“requiere

un

análisis

detenido y cuidadoso de los hechos, pues están involucrados factores

humanos

relativos

a

actitudes,

conductas,

móviles,

sentimientos

y

otros, que difícilmente pueden precisarse a menos que se ventilen en un

juicio plenario”, id. a la pág. 135, cada caso requiere ser examinado a

la luz de los hechos particulares que presente.

En

el

caso

de

autos,

tanto

el

tribunal

de

instancia

como

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones entendieron que debían sustraer la

reclamación de Berríos Heredia del procedimiento sumario debido a que

en ella había reclamado indemnización por angustias mentales. Erraron.

Nuestros pronunciamientos no establecen que la mera reclamación de

angustias mentales por razón de discrimen ameritan excluir la querella

laboral del procedimiento sumario. Véase, Marín Kuilán v. Teddy Díaz

Fastening Systems, Inc., supra. Ese sólo hecho, haciendo abstracción de

la complejidad de la reclamación, no conlleva necesariamente que la

querella deba ser tramitada de forma ordinaria. Por lo tanto, erraron

el Tribunal de Circuito de Apelaciones y el tribunal de instancia al

permitir que la reclamación fuese tramitada por la vía ordinaria por

ese sólo fundamento.

Al examinar el expediente a la luz de la norma antes expuesta,

somos de opinión que los autos no cuentan con los elementos necesarios

que

nos

permitan

adjudicar

en

esta

etapa

de

los

procedimientos

la

complejidad que involucran las reclamaciones de Berríos Heredia. En

consecuencia, procede devolver el recurso al foro de instancia para que

6

El primer párrafo del Art. 4 de la Ley Núm. 100 dispone, en parte:

“Las reclamaciones civiles podrán tramitarse por acción ordinaria o

mediante el procedimiento de querella establecido por la Ley Núm. 10 de

14 de noviembre de 1917, según ha sido o fuere posteriormente

enmendada”. 29 L.P.R.A. sec. 149.

La Ley Núm. 2 enmendó las disposiciones de la Ley Núm. 10 a la que

se hace referencia.

CC-96-2

dicho

- 17 foro

reclamaciones

realice

una

formuladas

evaluación

por

Berríos

de

la

Heredia

a

complejidad

de

la

nuestros

luz

de

las

pronunciamientos previos y determine si continúa el procedimiento por

la vía ordinaria o de forma sumaria.

Se dictará la correspondiente Sentencia.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

CC-96-2

- 18 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Brenda Berríos Heredia

Querellante-Peticionaria

v.

CC-1996-66

Certiorari

Alfredo González y Otros

Querellado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte integral de la presente, y habiendo sido

expedido previamente el auto de certiorari, se

revoca la sentencia emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de

Bayamón, Panel I, en el caso Berríos Heredia v.

González, etc., Civil Núm. KLCE9500118.

Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que, a tenor con nuestros pronunciamientos,

continúen con los procedimientos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado señor Rebollo López concurre sin opinión

escrita.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

disiente sin opinión escrita, por las mismas razones de

sus disensos en los casos de Marín Kuilan v. Teddy Díaz

Fastening System, res. el 7 de febrero de 1997, 142

D.P.R. ___(1997) y Rivera Rivera v. Insular Wire

Products Corp., res. el 24 de mayo de 1996, 140 D.P.R.

___ (1996).

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo