LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Puerto Rico Telephone Company V. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico

2000 TSPR 83

Poder Judicial de Puerto Rico

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Puerto Rico Telephone Company V. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico

CC-1999-0068

CC-1999-68

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Telephone Company

Peticionaria

Certiorari

v.

2000 TSPR 83

Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones de Puerto Rico

Recurrida

Número del Caso: CC-1999-0068

Fecha: 12/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Jeannette Ramos Buonomo

Abogados de Puerto Rico Telephone Company:

Fiddler, González & Rodríguez

Lcdo. Armando Martínez Fernández

Lcdo. Eliseo Ortiz Rivera

Lcdo. Miguel A. Díaz Rivera

Abogados de la Junta Reglamentadora:

Lcdo. Omar E. Martínez Vázquez

Lcdo. José R. Gaztambide

Abogados de Teléfonos Públicos:

Axtmayer, Adsuar, Muñiz & Goyco, PSC

Lcdo. Danilo M. Eboli

Lcdo. Edwin Quiñones

Lcdo. Francisco A. Rullán

Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-1999-68

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Telephone

Company

Peticionaria

v.

CC-1999-68

CERTIORARI

Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones de

Puerto Rico

Recurrida

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico a 12 de junio de 2000

La Puerto Rico Telephone Company solicita la

revisión de una resolución emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones mediante la cual el referido

foro intermedio apelativo determinó que la Ley 213 de

12 de septiembre de 1996, 27 L.P.R.A. sec. 265 et

seq.,

le

concedió

Telecomunicaciones

a

la

de

Junta

Reglamentadora

Puerto

Rico

Reglamentadora)

todos

los

poderes

necesarios

cumplir

con

los

para

de

(Junta

incidentales

propósitos

de

la

referida Ley, incluyendo la facultad de imponer nuevas

tarifas máximas a determinada compañía, una vez la

mencionada

Junta

CC-1999-68

3

Reglamentadora

determina

que

las

tarifas

originales

de

dicha compañía no están basadas en costo, y por lo tanto

son ilegales.

I

El 8 de enero de 1998, la compañía Teléfonos Públicos

de Puerto Rico, Inc. (TPPR) presentó una querella ante la

Junta

Reglamentadora

contra

la

Puerto

Rico

Telephone

Company (PRTC), alegando que los cargos impuestos por la

PRTC

al

servicio

de

interconexión

de

teléfonos

públicos

violaban la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de

1996,

27

L.P.R.A.

sec.

265

et

seq,

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones de 1996, 47 U.S.C. sec. 251 et seq, y

las Reglas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El 11 de febrero de 1998, luego de celebrar la vista en

sus méritos, la Junta Reglamentadora motu proprio emitió

resolución enmendada, en la cual determinó que, conforme la

prueba presentada, algunos cargos de la PRTC, aplicables al

servicio de interconexión de teléfonos públicos, no estaban

basados

en

costo

y

ordenó

específicas

para

dichos

a

ésta

servicios.

fijar

unas

tarifas

Oportunamente,

TPPR

solicitó la reconsideración de dicha resolución.1 Por su

parte, la PRTC solicitó la reconsideración parcial2 y se

opuso a la solicitud de reconsideración de la TPPR.

1

TPPR solicitó la reconsideración del método utilizado por

la Junta para determinar si los cargos estaban basados en

costo.

2

PRTC cuestionó, entre otras cosas, la autoridad de la

Junta para fijar tarifas.

CC-1999-68

4

Acogidas ambas solicitudes de reconsideración, el 27

de mayo de 1998, la Junta Reglamentadora emitió resolución

y

orden

en

reconsideración,

reconocer

que

ilimitada,

resolvió

tarifas

determinar

y

su

en

la

cual,

facultad

para

fijar

que

tenía

autoridad

sí

si

las

mismas

no

obstante

tarifas

para

estaban

no

era

revisar

basadas

en

costo. Determinó la Junta Reglamentadora que lo procedente

era cambiar la naturaleza precisa de las tarifas por un

“tope

máximo”,

ordenándole

a

la

PRTC

establecer

unas

tarifas de servicios, basadas en costo, que no excedieran

dicho tope. Expresó que así actuaba ya que había presumido,

erróneamente,

tarifas

que

la

basadas

en

PRTC

establecería,

costo.

motu

Finalmente,

proprio,

la

Junta

Reglamentadora ordenó a la PRTC someter las nuevas tarifas

no más tarde del día 30 de junio de 1998, y dispuso que, de

ser éstas más altas que el tope máximo establecido por la

Junta Reglamentadora, la PRTC podría solicitar una revisión

de los datos con apoyo en los costos. De ese ser el caso,

la

Junta

Reglamentadora

revisaría

permitiendo

la

participación de todas las partes interesadas conforme a

los

procedimientos

administrativos

adoptados

en

su

orden

en

Reglamento de práctica y procedimiento general.

En

relación

con

dicha

resolución

y

reconsideración, el 26 de junio de 1998, la PRTC presentó

recurso

de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.3 En el mismo cuestionó la autoridad de la Junta

3

En Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Anneris

Elías y otros, res. el 26 de noviembre de 1997, 144 D.P.R.

CC-1999-68

5

Reglamentadora para establecer topes máximos de tarifas,

ordenar a la PRTC establecer tarifas iguales o menores a

dichos topes máximos, y

crear un procedimiento de revisión

de tarifas en ausencia de una querella. La PRTC acompañó la

solicitud

de

revisión

con

una

moción

en

auxilio

de

jurisdicción, la cual fue declarada con lugar, ordenando el

referido

foro

apelativo

intermedio

la

suspensión

de

la

resolución emitida por la Junta Reglamentadora el 27 de

mayo de 1998.4

El 18 de diciembre de 1998, el Tribunal de Circuito de

Apelaciones emitió resolución, mediante la cual determinó

que la Junta Reglamentadora había actuado dentro de los

poderes amplios concedidos por la Ley 213, ante, los cuales

al ser interpretados liberalmente, según dispone la Ley,

____ (1997), resolvimos que la revisión judicial de

decisiones

administrativas

se

limita

a

órdenes

o

resoluciones finales de las agencias administrativas.

Ahora

bien,

resolvimos

también

que

una

resolución

administrativa,

aunque

interlocutoria

o

parcial,

es

susceptible de revisión judicial cuando se trate de una

actuación

ultra

vires,

sin

jurisdicción,

del

foro

administrativo.

En el presente caso la actuación de la Junta que ha sido

impugnada judicialmente no es una decisión final de esa

agencia, que adjudique de modo concluyente los asuntos

substantivos en cuestión. Pero, dado que el planteamiento

traído por la PRTC es que la Junta actuó ultra vires, por

ser una cuestión estrictamente de derecho procede la

revisión judicial de la misma.

4

Luego de las partes presentar sus respectivos alegatos, el

foro intermedio apelativo ordenó a las partes presentar

memorandos de derecho relacionados con el historial

legislativo de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

Además, el tribunal permitió la participación de tres (3)

compañías de larga distancia como amicus curiae y la

oposición de TPPR a la solicitud de revisión de la PRTC. El

9 de diciembre de 1998, el Tribunal de Circuito de

Apelaciones celebró una vista oral con el propósito de

conocer mas a fondo los argumentos de las partes.

CC-1999-68

permiten

6

que

la

Junta

Reglamentadora

establezca

los

remedios necesarios para cumplir con el propósito de dicha

Ley. Es decir, resolvió que la Ley 213, ante, otorga el

poder a la Junta Reglamentadora para, una vez evalúe una

querella y determine que los cargos no están basados en

costo, establecer las tarifas basadas en costo, según la

evidencia presentada, y ordenar a la compañía modificar sus

tarifas a unas iguales o menores a las establecidas por la

Junta

Reglamentadora.

En

cuanto

al

procedimiento

de

revisión, en caso de querer establecer tarifas mayores a

los topes máximos, el foro intermedio apelativo determinó

que es una alternativa que la Junta Reglamentadora provee a

la PRTC dentro de la querella original, como modo alterno

para resolverla.

Inconforme,

la

PRTC

acudió

ante

este

Tribunal,

vía

certiorari, en revisión de dicha resolución. Le imputó al

foro intermedio apelativo haber errado:

A.

“...AL RESOLVER QUE LA JUNTA TIENE PODER PARA

ESTABLECER “TOPES MAXIMOS DE TARIFAS BASADAS

EN COSTO” AL ADJUDICAR UNA QUERELLA AL AMPARO

DEL ART. III-7.”

B.

“...AL RESOLVER QUE EL PODER DE IMPONER

TARIFAS MAXIMAS EN EL CONTEXTO DEL ART. III-7

CONSTITUYE

UNA

FACULTAD

“IMPLICITA

E

INCIDENTAL” DE LA JUNTA.”

C.

“...AL RESOLVER QUE LA JUNTA NO ESTABA

EJERCIENDO FUNCIONES TARIFARIAS AL PRESCRIBIR

LOS TOPES MAXIMOS EN CUESTION.”

Expedimos el auto de certiorari. Estando en condiciones

de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.

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7

II

Antes

de

analizar

el

asunto

que

hoy

nos

ocupa

es

menester que expongamos brevemente la trayectoria histórica

de las telecomunicaciones a nivel local y federal.

La Ley Federal de Comunicaciones de 1934 fue aprobada

por

el

Congreso

durante

la

gran

depresión,

para

principalmente proteger a los consumidores de la AT&T la

cual, mediante una política intensa de consolidación, había

adquirido

un

monopolio

de

todos

los

segmentos

de

la

industria de las telecomunicaciones.5 Por varias décadas, la

sociedad había percibido a la industria telefónica como un

“monopolio natural”, que no permitía la competencia, en la

que sólo existía un proveedor de servicio, y la que debía

ser reglamentada para beneficio de los consumidores.6

Con

este

Comunicaciones

objetivo

en

de

proveyó

1934

mente,

la

Ley

la

creación

para

Federal

de

de

la

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en

inglés) cuyo propósito primordial era regular el servicio

telefónico interestatal. Específicamente, la FCC regulaba

los precios, y tomaba otras decisiones en protección del

interés

público.

Mientras

que

la

FCC

tenía

jurisdicción

para regular los servicios interestatales, los servicios

intraestatales eran regulados por las comisiones estatales.

5

Kerf

and

Geradin,

CONTROLLING

MARKET

POWER

IN

TELECOMMUNICATIONS:

ANTITRUST

VS.

SECTOR

SPECIFIC

REGULATION AN ASSESSMENT OF THE UNITED STATES, NEW ZEALAND

AND AUSTRALIAN EXPEERIENCES, 14 Berkeley Tech. L.J.919

(1999).

6

BREAKING UP THE LOCAL TELEPHONE MONOPOLIES: THE LOCAL

COMPETITION PROVISIONS OF THE TELECOMMUNICATIONS ACT OF

1996, 39 B.C.L. REV. 151 (1997).

CC-1999-68

Como

8

resultado

de

esta

ideología

monopolística,

muchos

estados permitieron que compañías locales adquirieran un

de los servicios de telecomunicaciones.7

monopolio

A través de los años, con el avance en la tecnología,

muchos comenzaron a retar la premisa básica de la teoría

del

“monopolio

natural”;

como

resultado

de

ello,

dicha

teoría comenzó a deteriorarse, y comenzaron a surgir nuevas

oportunidades para la competencia.8

Finalmente,

en

el

1996,

el

Congreso

aprobó

la

Ley

Federal de Telecomunicaciones, ante. Mediante esta nueva

ley se establece un régimen de desreglamentación, dirigido

a eliminar las barreras de la competencia, y a abrir los

mercados a la competencia.9 Para cumplir con este régimen,

la Sección 253 de Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996

prohibe a los estados legislar para impedir que una entidad

provea

servicios

interestatales

o

intraestatales.10

La

referida sección de ley elimina todas las franquicias de

monopolios

Congreso

de

las

estaba

compañías

consciente

locales.

que

la

Sin

embargo,

el

desreglamentación

no

sería suficiente para eliminar los monopolios locales, por

lo

que,

en

la

acarreadores

Sección

de

251,

servicios

7

Véase nota 6.

8

Véase nota 6 y 7.

9

Véase nota 6.

10

47 U.S.C. sec. 253(a).

impuso

obligaciones

telefónicos,

tales

a

los

como,

CC-1999-68

9

interconectarse con otros acarreadores.11 Además, prohibió a

los

acarreadores

locales

discriminatorias o

establecer

condiciones

prohibir la reventa de los servicios

de telecomunicaciones.12

Además de estas obligaciones aplicables a todos los

acarreadores

locales,

decir,

que

los

los

existían

acarreadores

cuando

Telecomunicaciones

en

proveer

compañías,

a

otras

el

1996,

incumbentes,

es

se

aprobó

la

ante,

están

obligados

mediante

tarifas

Ley

de

a

justas

y

razonables, la interconexión a su red.13

Como resultado de la aprobación de la Ley Federal de

Telecomunicaciones de 1996,ante, y luego de estudiar las

necesidades

de

Puerto

Rico

en

el

área

de

las

telecomunicaciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

aprobó la Ley 213 de 12 de septiembre de 1996, mediante la

cual

se

creó

la

Junta

Telecomunicaciones

y

otorgó

prerrogativas

necesarias

para

Reglamentadora

a

ésta,

cumplir

los

con

el

de

las

poderes

y

propósito

legislativo de la misma. Es alrededor de la Ley 213, ante,

en específico de los poderes que la misma otorga a la Junta

Reglamentadora, que gira la controversia del caso de autos.

Aclarado lo anterior es menester que expongamos los

preceptos

básicos

que

rigen

en

nuestro

ordenamiento

jurídico en torno a las decisiones administrativas.

11

47 U.S.C. sec. 251.

12

47 U.S.C. sec. 251(b)(1).

13

47 U.S.C. sec. 251 (c)(2)(B)

CC-1999-68

10

III

La revisión judicial de las decisiones administrativas

comprende

tres

aspectos:

apropiado,

(2)

las

conclusiones

de

(1)

la

concesión

determinaciones

derecho

del

de

del

hechos

organismo

y

remedio

(3)

las

administrativo.

Véanse, LPAU, sec. 4.5, 3 L.P.R.A. § 2175 (1992); Reyes

Salcedo v. Policía de Puerto Rico, res. el 13 de mayo de

1997, 143 D.P.R. ____ (1997); Demetrio Fernández Quiñones,

Derecho

administrativo

y

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme sec. 9.3, en la pág. 521 (1993).

Al

primero

ejercer

si

la

su

función,

actuación

del

el

tribunal

organismo

debe

examinar

administrativo

se

ajusta al poder que le ha sido delegado, Viajes Gallardo v.

Clavell,

131

D.P.R.

275

(1992);

Hernández

Denton

v.

Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 223-24 (1974), pues de lo

contrario

su

consecuencia,

actuación

nula.

sería

Véase,

ultra

Fuertes

v.

vires

y,

como

Administración

de

Reglamentos y Permisos, 134 D.P.R. 947 (1993); P.S.P. v.

Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980); Del

Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978); E.L.A. v.

Rivera,

88

D.P.R.

196,

199

(1963);

Infante

v.

Tribunal

Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308, 314 n. 5 (1961).

En relación con las determinaciones de hechos de la

agencia, la sección 4.5 de la LPAU establece que éstas

deben ser sostenidas por el tribunal revisor siempre que

estén

basadas

en

“evidencia

sustancial”

contenida

en

el

expediente administrativo. 3 L.P.R.A. § 2175 (1992); véase,

además,

Metropolitana,

S.E.

v.

Administración

de

CC-1999-68

11

Reglamentos y Permisos, res. el 10 de abril de 1995, 138

D.P.R.____ (1995). Esta disposición recoge estatutariamente

la norma jurisprudencial que establece que, de ordinario,

los tribunales no deben intervenir con las determinaciones

de

hechos

de

un

organismo

administrativo

si

éstas

encuentran apoyo en prueba suficiente que surja del récord

considerado en su totalidad. Véase, Metropolitana, S.E. v.

Administración de Reglamentos y Permisos, ante; Facultad

para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. Consejo de

Educación

Superior,

133

D.P.R.

521

(1993);

Rodrigo

v.

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151, 154 (1973); López v.

Junta de Planificación, ante; Hilton Hotels v. Junta de

Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686-87 (1953). El propósito

de

la

regla

de

evidencia

sustancial

hechos

“evitar

determinaciones

de

criterio

organismo

del

es

aplicable

la

a

las

sustitución

del

administrativo

en

materia

especializada por el criterio del tribunal revisor”. Reyes

Salcedo v. Policía de Puerto Rico, supra, en la pág. 959;

véase

además,

López

v.

Junta

de

Planificación,

ante;

Ledesma v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 396, 401 (1952).

Las conclusiones de derecho de la agencia, distinto de

las

determinaciones

de

hechos,

pueden

ser

revisadas

"en

todos sus aspectos por el tribunal", LPAU, sec. 4.5, 3

L.P.R.A. § 2175 (1992), sin sujeción a norma o criterio

alguno. Véase, Miranda v. Comisión Estatal de Elecciones,

ante. Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su

función revisora, el tribunal pueda descartar libremente

las

conclusiones

e

interpretaciones

de

la

agencia,

CC-1999-68

12

sustituyendo

el

criterio

contrario,

hemos

de

ésta

reiterado

por

el

propio.

Al

consistentemente--antes

y

después de la vigencia de la LPAU--que, de ordinario, los

tribunales

deben

conclusiones

de

Metropolitana,

deferencia

los

S.E.

Permisos,

ante;

Aplicadas,

Inc.

las

organismos

v.

interpretaciones

administrativos.

Administración

Facultad

v.

a

de

para

Las

de

Educación

Consejo

y

Véase,

Reglamentos

Ciencias

y

Sociales

Superior,

ante;

Fuertes v. Administración de Reglamentos y Permisos, ante;

Viajes Gallardo v. Clavell, ante.14 Esta deferencia responde

al reconocimiento de que “las agencias administrativas son

instrumentos necesarios para la interpretación de la ley”.

Miranda v. Comisión Estatal de Elecciones, ante.

Las

conclusiones

de

derecho

del

organismo

administrativo, claro está, deben estar sujetas al mandato

de

la

ley

y,

en

la

medida

que

lo

hagan,

deben

ser

sostenidas por el tribunal revisor. Véase, Código Civil de

P.R.,

Art.

14,

Superintendente

31

de

la

L.P.R.A.

§

14

Policía,

ante;

(1993);

Cotto

Román

v.

Guadalupe

v.

Departamento de Educación, res. el 15 de junio de 1995, 138

D.P.R.___

(1995);

Cía.

Azucarera

Toa

v.

Com.

Serv.

Público, 71 D.P.R. 212 (1950). En los casos marginales o

14

Véase, además: Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 52324 (1991); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858, 864

(1989); M & V Orthodontics v. Negdo.

Seg. Empleo, 115

D.P.R. 183, 189 (1984); Rubin Ramírez v. Trías Monge, 111

D.P.R. 481, 484-85 (1981); Murphy Bernabe v. Tribunal

Superior, 103 D.P.R. 692 (1975); Quevedo Segarra v.

J.A.C.L.,

102

D.P.R.

87,

96

(1974);

Román

v.

Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 690 (1966);

Reyes v. Junta de Planificación, 79 D.P.R. 620, 629 (1956);

Ledesma v. Tribunal de Distrito, ante.

CC-1999-68

13

dudosos, la interpretación de un estatuto por la agencia

encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia

sustancial, aun cuando esa interpretación no sea la única

razonable. De Jesús v. Dpto. de Servicios Sociales, 123

D.P.R. 407, 418 (1989); Vázquez v. A.R.P.E., ante.15

Esa

interpretación

se

debe

ajustar

“al

fundamento

racional o fin esencial de la ley y la política pública que

la inspira[n]”. Industria Cortinera, Inc. v. Puerto Rico

Telephone

Co.,

132

D.P.R.

654

(1993)

(citas

omitidas);

véase además, Código Civil de P.R., Art. 19, 31 L.P.R.A. §

19 (1993); Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. General

Accident

Ins.

Co.,

ante;

Vázquez

A.R.P.E.

v.

Ozores

Pérez,

ante;

A.P.P.R.,

95

D.P.R.

772,

785

v.

Esso

(1968);

A.R.P.E.,

Standard

Coll

v.

ante;

Oil

v.

Picó,

82

D.P.R. 27, 33 (1960); Debién v. Junta de Contabilidad, 76

D.P.R. 96, 105 (1954).

IV

La validez constitucional de la delegación de poder

adjudicativo a una agencia administrativa es un principio

firmemente establecido en nuestro ordenamiento. López Vives

v.

15

Policía

de

P.R.,

118

D.P.R.

219,

230

(1987).

En

su

Véase, además, Álvarez Cintrón v. Junta de Directores del

Condominio Villa Caparra Executive, res. el 17 de mayo de

1996, 140 D.P.R.___ (1996); Ríos Colón v. Corporación del

Fondo del Seguro del Estado, res. el 11 de octubre de 1995,

139 D.P.R.___ (1995); Comisionado de Seguros de Puerto Rico

v. General Accident Ins. Co., 132 D.P.R. 543 (1993); Asoc.

Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669, 678; A.R.P.E.

v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 821 (1986); Tormos &

D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153, 160-61 (1985).

CC-1999-68

14

función adjudicativa, las agencias administrativas deciden

controversias

derecho

mediante

vigentes

a

la

los

aplicación

hechos

de

las

específicos

normas

del

de

caso.

Hernández Denton v. Quiñones Desdier, ante.

Al interpretar el alcance de los poderes delegados a la

agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a

una

interpretación

restrictiva

del

estatuto

habilitador.

Lebrón Lugo v. EL Comandante Operating Co. Inc., res. el 14

de mayo de 1999, 99 TSPR 74. “La cuestión que nos ocupa

debe examinarse dentro del amplio marco del desarrollo del

derecho administrativo y de las nuevas corrientes en la

administración de la justicia. Es a veces difícil extraer

el significado de un estatuto ateniéndonos tan sólo a sus

términos

escuetos,

sin

referencia

a

las

circunstancias,

advertibles por los tribunales, que lo producen.” Hernández

Denton v. Quiñones Desdier, ante.

La correcta solución del presente caso hace necesario

que reseñemos brevemente algunos postulados de hermenéutica

legal.

Como

es

sabido,

las

diferentes

secciones

de

un

estatuto deben ser interpretadas las unas con las otras,

esto es, en conjunto, como un todo armónico y efectivo, y

no separadas o aisladamente. Pueblo en interés del menor

L.R.R., 125 D.P.R. 78 (1989); A.R.P.E. v. Ozores Pérez,

ante. Al evaluar determinado estatuto, tenemos el deber de

interpretar las disposiciones de forma armoniosa, esto para

no

llegar

a

resultados

absurdos.

PARDAVCO,

Inc.

v.

Secretario de Hacienda, 104 D.P.R. 65 (1975). Por último,

CC-1999-68

15

en el caso Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740,

señalamos que:

“[...] Es por eso que el análisis de una ley debe

hacerse teniendo en mente los fines que ésta persigue y de

forma tal que la ley se ajuste a la política pública que la

inspira.

En

desvincularla

el

proceso

del

problema

de

interpretación

cuya

solución

no

debemos

persigue,

pues

tenemos ‘el deber de hacer que el derecho sirva propósitos

útiles y evitar una interpretación tan literal que lleve a

resultados

absurdos’.

Pacheco

v.

Vargas,

Alcaide,

120

D.P.R. 404, 409 (1988). Véanse: Passalacqua v. Mun. de San

Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Caps.

36, 39 y 40.”

Tomando en consideración los principios de hermenéutica

jurídica

antes

expuestos

y

las

normas

de

derecho

previamente reseñadas, pasemos a interpretar, a tenor con

las mismas las disposiciones de la Ley Núm. 213.

V

Por

estar

íntimamente

relacionados

entre

sí,

procedemos a discutir, de manera conjunta, los tres errores

señalados. La controversia ante nuestra consideración se

circunscribe a determinar si la Junta Reglamentadora tiene

poder para establecer tarifas máximas, basadas en costo, y

ordenar a la PRTC establecer unas tarifas iguales o menores

a las determinadas por la Junta Reglamentadora.

CC-1999-68

16

La controversia en el caso de autos gira alrededor de

la Sección 269(f) de la Ley 213, ante, la cual dispone lo

siguiente:

“(a) Toda compañía de telecomunicaciones

tendrá que someterle a la Junta una relación de

sus precios y cargos y cada vez que efectúe un

cambio

en

éstos,

tendrá

que

someterlos

simultáneamente

con

su

implantación

en

el

mercado.

(b) La Junta podrá, a solicitud de parte

interesada y, mediante una querella, evaluar si

los precios y/o cargos establecidos no están

basados en su costo, violentando así el principio

de una justa y sana competencia. A estos fines,

la Junta podrá solicitar de la compañía de

telecomunicaciones querellada toda la información

pertinente a los precios o cargos establecidos

por

ella.

Esta

información

estará

a

la

disposición de la parte querellante, excepto que

la Junta mantendrá en bases confidenciales y para

uso exclusivo de ella aquel material que sea

necesario para proteger información propietaria,

secretos comerciales o de negocio, según se

establece en la sec. 267f de este Capítulo.

(c) La Junta tendrá un máximo de 30 días para

adjudicar

querellas

bajo

esta

sección.

No

obstante, la Junta podrá, a solicitud de la

compañía

de

telecomunicaciones

querellante,

ordenar una suspensión de la aplicación de los

precios y/o cargos en cuestión, hasta tanto se

resuelva la querella en sus méritos. Toda

solicitud para suspender la aplicación temporal

de los precios y/o cargos impugnados tendrá que

adjudicarse dentro de un plazo no mayor de 5 días

a partir de la fecha de radicación de la

solicitud al efecto.

(d)

Cuando

la

Junta

determine

que

la

estructura de precios y/o cargos no está basada

en costos, la Junta podrá ordenar la suspensión

permanente de tales precios y cargos y además

imponer multas administrativas hasta un máximo de

veinticinco

mil

(25,000)

dólares

por

cada

violación a este Capítulo. En el caso de una

violación continua, cada día que transcurra

constituirá una ofensa por separado, pero el

total de la multa impuesta no excederá de

doscientos cincuenta mil (250,000) dólares en

ningún caso.” 27 L.P.R.A. sec.269f.

CC-1999-68

La

17

PRTC

plantea

en

su

alegato

que

la

Junta

Reglamentadora esta limitada, al resolver una querella, a

lo

estrictamente

establecido

en

el

artículo

antes

transcrito; en otras palabras, sostiene que el hecho de que

la Junta Reglamentadora tenga poderes para determinar si

una tarifa está, o no, basada en costo en una controversia

entre

dos

compañías,

no

conlleva

el

poder

implícito

de

determinar unos topes máximos de tarifas ya que ese poder

es tan trascendental y de tanto impacto económico que no

puede presumirse por implicación de otro poder, y que el

procedimiento de revisión que pretende celebrar la Junta

Reglamentadora es ilegal.

Por

otro

lado,

la

TPPR

y

la

Junta

Reglamentadora,

alegan que un análisis de la Ley 213, ante, y las normas de

hermenéutica legal, revela que la Junta Reglamentadora sí

tiene

poder

para

establecer

topes

máximos

de

tarifas

basadas en costos; que la función de eliminar y prohibir

tarifas anticompetitivas y establecer tarifas máximas es

esencial

para

que

se

cumpla

el

mandato

legislativo,

esbozado en la Ley 213, de asegurar la existencia de un

ambiente competitivo en el campo de las telecomunicaciones;

y que el negarle el poder de establecer topes máximos de

tarifas a la Junta Reglamentadora derrotaría el propósito

de la Ley 213, ante.

La Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones fue

creada con el propósito de reglamentar los servicios de

telecomunicaciones

en

Puerto

Rico,

y

además,

para

dar

CC-1999-68

18

cumplimiento y administrar la Ley 213. 27 L.P.R.A. sec.267.

En virtud de tales propósitos, se le concedió

adoptar,

promulgar,

enmendar

y

derogar

poderes para

aquellas

reglas,

órdenes y reglamentos según entienda sea necesario y propio

al

ejercicio

deberes.

27

de

sus

facultades

L.P.R.A.

sec.

y

267f.

el

desempeño

de

sus

Específicamente

se

le

confirió autoridad a la Junta Reglamentadora para adoptar

“la reglamentación necesaria para requerirle al acarreador

de servicio conmutado local incumbente que provea servicios

y

acceso

a

sus

instalaciones

a

cualquier

compañía

de

telecomunicaciones certificada que lo solicite en cualquier

punto de su red donde sea técnicamente viable y en forma

segregada (unbundled), incluyendo cualquier característica,

función y capacidad de su red, mediante el pago de cargos

determinados a base de su costo real y una ganancia como la

prevista

en

condiciones

la

Ley

Federal

razonables,

no

de

Comunicaciones

discriminatorias

y

y

bajo

acordadas

mutuamente entre las partes”. 27 L.P.R.A. 269a. (Enfasis

suplido.)

Para

complementar

sus

poderes

adjudicativos,

la

Asamblea Legislativa otorgó a la Junta Reglamentadora la

facultad

de

“[i]mponer

multas

administrativas

razonables

por violaciones a este Capítulo, sus reglamentos y órdenes;

hasta un máximo de veinticinco mil (25,000) dólares por

violación.

También

la

autorizó

a

“[o]rdenar

el

cese

de

actividades o actos en violación de cualquier disposición

de

este

Capítulo,

o

los

reglamentos

de

la

Junta

Reglamentadora y [o]rdenar que se realice cualquier acto en

CC-1999-68

19

cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo o los

reglamentos

de

la

Junta.”

27

L.P.R.A.

la

Ley

213,

ante,

dispone

267f.

(Enfasis

suplido.)

Además,

Reglamentadora

tendrá

jurisdicción

que

“[l]a

primaria

Junta

sobre

los

servicios de telecomunicaciones, sobre todas las personas

que rindan estos servicios dentro del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

indirecto

en

y sobre toda persona con interés directo o

dichos

servicios

o

compañías”.

27

L.P.R.A.

267e. Como guía de interpretación, la Sección 271i de la

Ley 213, ante, establece que “[l]as disposiciones de este

Capitulo

serán

interpretadas

liberalmente

para

poder

alcanzar sus propósitos...”.

Al amparo de estas disposiciones de la Ley que crea la

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico,

somos del criterio que dicha Junta Reglamentadora no sólo

tiene encomendada la función de determinar si una tarifa

esta o no basada en costo, sino, además, tiene poderes

amplios sobre el particular, incluyendo el de ordenar a una

compañía,

luego

de

haberse

celebrado

el

procedimiento

adjudicativo y de determinar que dicha compañía ha violado

la ley, modificar sus tarifas a unas iguales o menores a

unas tarifas basadas en costo determinadas por la Junta

Reglamentadora,

según

la

evidencia

presentada.

Las

facultades que su Ley Orgánica le confiere, de modo amplio

y

patente

sobre

el

particular,

incluyen

la

potestad

de

emitir resoluciones como la que se impugna en el caso de

autos.

CC-1999-68

20

Aparte

de

los

poderes

expresos

que

tiene

la

Reglamentadora

para

actuar

como

hizo

en

el

caso

agencia

tiene

los

poderes

autos,

esa

lo

también

“todos

Junta

de

adicionales implícitos e incidentales que sean apropiados y

necesarios

para

efectuar

ejercitar

todos

los

alcanzar

los

y

llevar

poderes

propósitos

de

a

antes

este

cabo,

desempeñar

mencionados

Capítulo,

y

y

para

sujeto

al

sobreseimiento de dichos poderes por legislación federal o

reglas

de

la

Comisión

Federal

de

Comunicaciones”.

27

L.P.R.A. 267i.

La

aludida

facultad

inherente

de

las

agencias

administrativas ha sido ampliamente reconocida tanto por

tribunales

Véase,

federales

GEMSCO,

como

Inc.

v.

estatales

Walling,

de

304

Estados

U.S.

244

Steuart & Bro. v. Bowles, 322 U.S. 318 (1943);

Unidos.

(1944);

Mattes v.

U.S., 721 F.2d 1125 (1983); Boffa v. Dpt. of Public Aid,

522

NE

644

Southwestern

(1988);

Transp.

Motor

Co.,

197

Truck

Ark.

Transfer,

346,

122

Inc.

v.

S.W.2d

471

(1938); Drysdale v. S.U.N.Y., 60 Misc.2d 180, 302 N.Y.S.2d

882.

Este

Tribunal

ha

reconocido,

y

reiterado,

que

los

organismos administrativos tienen facultad inherente para

reajustar sus órdenes y resoluciones de acuerdo con lo que

la justicia y la razón dicten. Aponte Correa v. Policía de

P.R., res. el 5 de diciembre de 1996, 142 D.P.R.___ (1996);

Ramos Santiago v. F.S.E., 125 D.P.R. 596 (1990); Martínez

v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 717 (1961).

CC-1999-68

21

Por otro lado, hemos expresado que la exposición de

motivos de una ley, generalmente recoge el propósito que

inspiró su creación. Una lectura de la misma revela que la

intención del legislador, al aprobar la citada Ley 213, era

que la agencia tuviera poderes amplios para corregir la

conducta anticompetitiva de las compañías. La exposición de

motivos de la ley aquí en controversia expresamente dispone

que:

“La Junta que crea esta legislación operara

en forma independiente, dotada con la capacidad y

los poderes necesarios para asegurar, facilitar y

estimular la construcción y desarrollo de las

facilidades

de

todas

las

ramas

de

las

Telecomunicaciones en Puerto Rico, promoviendo la

competencia justa y efectiva, y detectando y

corrigiendo conducta anticompetitiva, a fin de

fortalecer esta industria y, por ende, el

desarrollo socioeconómico de la ciudadanía en

general.” Exposición de Motivos de la Ley 213,

ante. (Enfasis suplido.)

No hay duda de que la intención de la legislatura, al

crear

la

Junta,

no

fue

únicamente

que

la

Junta

Reglamentadora detecte conducta anticompetitiva, sino que

también para que corrija la misma. En el caso de autos eso

es lo que esta tratando de

hacer la Junta Reglamentadora:

corregir la conducta anticompetitiva de la PRTC. Dicho de

otra forma, el establecimiento de un “tope” por la Junta en

el presente caso no es otra cosa que la acción correctiva

de fijar una tarifa, a base de costo, que la Junta entiende

es la apropiada y necesaria en protección del bienestar

general de la industria de telecomunicaciones y, por ende,

de la ciudadanía puertorriqueña; propósito que precisamente

CC-1999-68

22

era el que perseguía la Asamblea Legislativa al aprobar la

Ley 213.

En conclusión, nada en nuestro ordenamiento jurídico

exige que el poder para dictar una orden, como la del caso

de

autos,

tiene

que

ser

expresamente

delegado

a

una

agencia. Todo lo contrario, nuestro ordenamiento permite la

delegación del poder de adjudicar en términos amplios y

generales, y sería absurdo exigirle a la legislatura que

incluya en las leyes habilitadoras de las agencias todas

las posibles órdenes que una agencia puede dictar para que

se entienda delegado dicho poder.

En

el

caso

de

autos,

la

delegación

del

poder

de

adjudicar, y en específico el poder de emitir ordenes para

exigir el cumplimiento de la Ley 213, ante, se hizo en

términos amplios y generales; ello nos obliga a concluir

que la orden emitida en el caso de autos fue hecha dentro

del poder delegado. Decidir lo contrario distorsionaría la

doctrina de la delegación de poderes a las agencias.

Finalmente,

procedimiento

la

de

PRTC

revisión

cuestiona

que

la

validez

celebraría

la

del

Junta

Reglamentadora en caso de que las tarifas nuevas sometidas

por la PRTC sean mayores al tope máximo establecido por la

Junta Reglamentadora. No tiene razón. Esta “continuación”

del procedimiento de revisión de la tarifa, que en su día

presente la PRTC, no es otra cosa a nuestro juicio que la

concesión de un debido proceso de ley que garantiza, al

máximo,

que

el

tope

tarifario

establecido

Reglamentadora no sea uno arbitrario.

por

la

Junta

CC-1999-68

23

Es menester aclarar que en el caso de autos, la orden

de

la

Junta

parcial

Reglamentadora

porque

cuestiones

dispone

ante

su

de

es

un

claramente

aspecto

consideración

y

de

naturaleza

específico

no

pone

fin

de

las

a

la

controversia total de la querella que se esta ventilando en

dicho foro administrativo. Al emitir la resolución y orden

enmendada,

carácter

la

de

Junta

Reglamentadora

finalidad,

consideración.

La

la

no

querella

resolución

ha

resuelto,

con

tiene

ante

su

conlleva

que

se

que

recurrida

continuarán los procedimientos administrativos. En el caso

de

autos,

no

es

necesario

una

nueva

querella,

pues

el

procedimiento

de

revisión

sería

la

continuación

de

los

procedimientos

adjudicativos

originados

por

la

querella

participación

de

personas

presentada por TPPR.

En

cuanto

a

permitir

la

interesadas en el procedimiento de revisión, lo que también

es cuestionado por la PRTC, la L.P.A.U. en su Sección 2155

dispone

que

“[c]ualquier

persona

que

tenga

un

interés

legítimo en un procedimiento adjudicativo ante una agencia

podrá

someter

una

solicitud

por

escrito

y

debidamente

fundamentada para que se le permita intervenir o participar

en dicho procedimiento”. 3 L.P.R.A. sec.2155. Por su parte,

el Reglamento de práctica y procedimiento general aprobado

por la Junta Reglamentadora en el 1997, en la Sección 8

también provee para la intervención de cualquier persona

que

desee

participar

en

cualquier

procedimiento

adjudicativo. En ambos casos la concesión o negatoria de la

petición de intervención queda a discreción de la agencia.

CC-1999-68

3

24

L.P.R.A.

permita

sec.2155.

la

Por

lo

tanto,

el

que

la

agencia

participación

de

personas

interesadas

no

es

ilegal.

Por

todo

lo

anterior,

concluimos

que

la

Junta

Reglamentadora actuó dentro de la autoridad que le otorga

la

Ley

213,

ante,

al

establecer

unos

topes

tarifarios

máximos, luego de celebrar una vista y evaluar la evidencia

presentada en la misma, y ordenar a la PRTC modificar sus

tarifas a unas iguales o menores a las establecidas por la

Junta

Reglamentadora.

resolución

y

orden

Del

mismo

modo,

interlocutoria,

el

por

ser

una

procedimiento

de

revisión establecido por la Junta Reglamentadora es parte

de

la

querella

presentación

original

de

una

por

nueva

lo

que

no

es

necesario

la

querella,

y

el

mismo

no

es

procede

la

ilegal.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

confirmación de la resolución dictada por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones en el presente caso.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

CC-1999-68

25

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Telephone

Company

Peticionaria

v.

CC-1999-68

CERTIORARI

Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones de

Puerto Rico

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 12 de junio de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la

resolución emitida por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones en el presente caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal. Los Jueces Asociados señor

Negrón García y señor Corrada del Río inhibidos.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo