Tribunal Supremo de Puerto Rico
Puerto Rico Telephone Company V. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico
2000 TSPR 83
Poder Judicial de Puerto Rico
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Puerto Rico Telephone Company V. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico
CC-1999-0068
CC-1999-68
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Telephone Company
Peticionaria
Certiorari
v.
2000 TSPR 83
Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Puerto Rico
Recurrida
Número del Caso: CC-1999-0068
Fecha: 12/junio/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Abogados de Puerto Rico Telephone Company:
Fiddler, González & Rodríguez
Lcdo. Armando Martínez Fernández
Lcdo. Eliseo Ortiz Rivera
Lcdo. Miguel A. Díaz Rivera
Abogados de la Junta Reglamentadora:
Lcdo. Omar E. Martínez Vázquez
Lcdo. José R. Gaztambide
Abogados de Teléfonos Públicos:
Axtmayer, Adsuar, Muñiz & Goyco, PSC
Lcdo. Danilo M. Eboli
Lcdo. Edwin Quiñones
Lcdo. Francisco A. Rullán
Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CC-1999-68
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Telephone
Company
Peticionaria
v.
CC-1999-68
CERTIORARI
Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de
Puerto Rico
Recurrida
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico a 12 de junio de 2000
La Puerto Rico Telephone Company solicita la
revisión de una resolución emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones mediante la cual el referido
foro intermedio apelativo determinó que la Ley 213 de
12 de septiembre de 1996, 27 L.P.R.A. sec. 265 et
seq.,
le
concedió
Telecomunicaciones
a
la
de
Junta
Reglamentadora
Puerto
Rico
Reglamentadora)
todos
los
poderes
necesarios
cumplir
con
los
para
de
(Junta
incidentales
propósitos
de
la
referida Ley, incluyendo la facultad de imponer nuevas
tarifas máximas a determinada compañía, una vez la
mencionada
Junta
CC-1999-68
3
Reglamentadora
determina
que
las
tarifas
originales
de
dicha compañía no están basadas en costo, y por lo tanto
son ilegales.
I
El 8 de enero de 1998, la compañía Teléfonos Públicos
de Puerto Rico, Inc. (TPPR) presentó una querella ante la
Junta
Reglamentadora
contra
la
Puerto
Rico
Telephone
Company (PRTC), alegando que los cargos impuestos por la
PRTC
al
servicio
de
interconexión
de
teléfonos
públicos
violaban la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de
1996,
27
L.P.R.A.
sec.
265
et
seq,
la
Ley
Federal
de
Telecomunicaciones de 1996, 47 U.S.C. sec. 251 et seq, y
las Reglas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El 11 de febrero de 1998, luego de celebrar la vista en
sus méritos, la Junta Reglamentadora motu proprio emitió
resolución enmendada, en la cual determinó que, conforme la
prueba presentada, algunos cargos de la PRTC, aplicables al
servicio de interconexión de teléfonos públicos, no estaban
basados
en
costo
y
ordenó
específicas
para
dichos
a
ésta
servicios.
fijar
unas
tarifas
Oportunamente,
TPPR
solicitó la reconsideración de dicha resolución.1 Por su
parte, la PRTC solicitó la reconsideración parcial2 y se
opuso a la solicitud de reconsideración de la TPPR.
1
TPPR solicitó la reconsideración del método utilizado por
la Junta para determinar si los cargos estaban basados en
costo.
2
PRTC cuestionó, entre otras cosas, la autoridad de la
Junta para fijar tarifas.
CC-1999-68
4
Acogidas ambas solicitudes de reconsideración, el 27
de mayo de 1998, la Junta Reglamentadora emitió resolución
y
orden
en
reconsideración,
reconocer
que
ilimitada,
resolvió
tarifas
determinar
y
su
en
la
cual,
facultad
para
fijar
que
tenía
autoridad
sí
si
las
mismas
no
obstante
tarifas
para
estaban
no
era
revisar
basadas
en
costo. Determinó la Junta Reglamentadora que lo procedente
era cambiar la naturaleza precisa de las tarifas por un
“tope
máximo”,
ordenándole
a
la
PRTC
establecer
unas
tarifas de servicios, basadas en costo, que no excedieran
dicho tope. Expresó que así actuaba ya que había presumido,
erróneamente,
tarifas
que
la
basadas
en
PRTC
establecería,
costo.
motu
Finalmente,
proprio,
la
Junta
Reglamentadora ordenó a la PRTC someter las nuevas tarifas
no más tarde del día 30 de junio de 1998, y dispuso que, de
ser éstas más altas que el tope máximo establecido por la
Junta Reglamentadora, la PRTC podría solicitar una revisión
de los datos con apoyo en los costos. De ese ser el caso,
la
Junta
Reglamentadora
revisaría
permitiendo
la
participación de todas las partes interesadas conforme a
los
procedimientos
administrativos
adoptados
en
su
orden
en
Reglamento de práctica y procedimiento general.
En
relación
con
dicha
resolución
y
reconsideración, el 26 de junio de 1998, la PRTC presentó
recurso
de
revisión
ante
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones.3 En el mismo cuestionó la autoridad de la Junta
3
En Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Anneris
Elías y otros, res. el 26 de noviembre de 1997, 144 D.P.R.
CC-1999-68
5
Reglamentadora para establecer topes máximos de tarifas,
ordenar a la PRTC establecer tarifas iguales o menores a
dichos topes máximos, y
crear un procedimiento de revisión
de tarifas en ausencia de una querella. La PRTC acompañó la
solicitud
de
revisión
con
una
moción
en
auxilio
de
jurisdicción, la cual fue declarada con lugar, ordenando el
referido
foro
apelativo
intermedio
la
suspensión
de
la
resolución emitida por la Junta Reglamentadora el 27 de
mayo de 1998.4
El 18 de diciembre de 1998, el Tribunal de Circuito de
Apelaciones emitió resolución, mediante la cual determinó
que la Junta Reglamentadora había actuado dentro de los
poderes amplios concedidos por la Ley 213, ante, los cuales
al ser interpretados liberalmente, según dispone la Ley,
____ (1997), resolvimos que la revisión judicial de
decisiones
administrativas
se
limita
a
órdenes
o
resoluciones finales de las agencias administrativas.
Ahora
bien,
resolvimos
también
que
una
resolución
administrativa,
aunque
interlocutoria
o
parcial,
es
susceptible de revisión judicial cuando se trate de una
actuación
ultra
vires,
sin
jurisdicción,
del
foro
administrativo.
En el presente caso la actuación de la Junta que ha sido
impugnada judicialmente no es una decisión final de esa
agencia, que adjudique de modo concluyente los asuntos
substantivos en cuestión. Pero, dado que el planteamiento
traído por la PRTC es que la Junta actuó ultra vires, por
ser una cuestión estrictamente de derecho procede la
revisión judicial de la misma.
4
Luego de las partes presentar sus respectivos alegatos, el
foro intermedio apelativo ordenó a las partes presentar
memorandos de derecho relacionados con el historial
legislativo de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
Además, el tribunal permitió la participación de tres (3)
compañías de larga distancia como amicus curiae y la
oposición de TPPR a la solicitud de revisión de la PRTC. El
9 de diciembre de 1998, el Tribunal de Circuito de
Apelaciones celebró una vista oral con el propósito de
conocer mas a fondo los argumentos de las partes.
CC-1999-68
permiten
6
que
la
Junta
Reglamentadora
establezca
los
remedios necesarios para cumplir con el propósito de dicha
Ley. Es decir, resolvió que la Ley 213, ante, otorga el
poder a la Junta Reglamentadora para, una vez evalúe una
querella y determine que los cargos no están basados en
costo, establecer las tarifas basadas en costo, según la
evidencia presentada, y ordenar a la compañía modificar sus
tarifas a unas iguales o menores a las establecidas por la
Junta
Reglamentadora.
En
cuanto
al
procedimiento
de
revisión, en caso de querer establecer tarifas mayores a
los topes máximos, el foro intermedio apelativo determinó
que es una alternativa que la Junta Reglamentadora provee a
la PRTC dentro de la querella original, como modo alterno
para resolverla.
Inconforme,
la
PRTC
acudió
ante
este
Tribunal,
vía
certiorari, en revisión de dicha resolución. Le imputó al
foro intermedio apelativo haber errado:
A.
“...AL RESOLVER QUE LA JUNTA TIENE PODER PARA
ESTABLECER “TOPES MAXIMOS DE TARIFAS BASADAS
EN COSTO” AL ADJUDICAR UNA QUERELLA AL AMPARO
DEL ART. III-7.”
B.
“...AL RESOLVER QUE EL PODER DE IMPONER
TARIFAS MAXIMAS EN EL CONTEXTO DEL ART. III-7
CONSTITUYE
UNA
FACULTAD
“IMPLICITA
E
INCIDENTAL” DE LA JUNTA.”
C.
“...AL RESOLVER QUE LA JUNTA NO ESTABA
EJERCIENDO FUNCIONES TARIFARIAS AL PRESCRIBIR
LOS TOPES MAXIMOS EN CUESTION.”
Expedimos el auto de certiorari. Estando en condiciones
de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.
CC-1999-68
7
II
Antes
de
analizar
el
asunto
que
hoy
nos
ocupa
es
menester que expongamos brevemente la trayectoria histórica
de las telecomunicaciones a nivel local y federal.
La Ley Federal de Comunicaciones de 1934 fue aprobada
por
el
Congreso
durante
la
gran
depresión,
para
principalmente proteger a los consumidores de la AT&T la
cual, mediante una política intensa de consolidación, había
adquirido
un
monopolio
de
todos
los
segmentos
de
la
industria de las telecomunicaciones.5 Por varias décadas, la
sociedad había percibido a la industria telefónica como un
“monopolio natural”, que no permitía la competencia, en la
que sólo existía un proveedor de servicio, y la que debía
ser reglamentada para beneficio de los consumidores.6
Con
este
Comunicaciones
objetivo
en
de
proveyó
1934
mente,
la
Ley
la
creación
para
Federal
de
de
la
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en
inglés) cuyo propósito primordial era regular el servicio
telefónico interestatal. Específicamente, la FCC regulaba
los precios, y tomaba otras decisiones en protección del
interés
público.
Mientras
que
la
FCC
tenía
jurisdicción
para regular los servicios interestatales, los servicios
intraestatales eran regulados por las comisiones estatales.
5
Kerf
and
Geradin,
CONTROLLING
MARKET
POWER
IN
TELECOMMUNICATIONS:
ANTITRUST
VS.
SECTOR
SPECIFIC
REGULATION AN ASSESSMENT OF THE UNITED STATES, NEW ZEALAND
AND AUSTRALIAN EXPEERIENCES, 14 Berkeley Tech. L.J.919
(1999).
6
BREAKING UP THE LOCAL TELEPHONE MONOPOLIES: THE LOCAL
COMPETITION PROVISIONS OF THE TELECOMMUNICATIONS ACT OF
1996, 39 B.C.L. REV. 151 (1997).
CC-1999-68
Como
8
resultado
de
esta
ideología
monopolística,
muchos
estados permitieron que compañías locales adquirieran un
de los servicios de telecomunicaciones.7
monopolio
A través de los años, con el avance en la tecnología,
muchos comenzaron a retar la premisa básica de la teoría
del
“monopolio
natural”;
como
resultado
de
ello,
dicha
teoría comenzó a deteriorarse, y comenzaron a surgir nuevas
oportunidades para la competencia.8
Finalmente,
en
el
1996,
el
Congreso
aprobó
la
Ley
Federal de Telecomunicaciones, ante. Mediante esta nueva
ley se establece un régimen de desreglamentación, dirigido
a eliminar las barreras de la competencia, y a abrir los
mercados a la competencia.9 Para cumplir con este régimen,
la Sección 253 de Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996
prohibe a los estados legislar para impedir que una entidad
provea
servicios
interestatales
o
intraestatales.10
La
referida sección de ley elimina todas las franquicias de
monopolios
Congreso
de
las
estaba
compañías
consciente
locales.
que
la
Sin
embargo,
el
desreglamentación
no
sería suficiente para eliminar los monopolios locales, por
lo
que,
en
la
acarreadores
Sección
de
251,
servicios
7
Véase nota 6.
8
Véase nota 6 y 7.
9
Véase nota 6.
10
47 U.S.C. sec. 253(a).
impuso
obligaciones
telefónicos,
tales
a
los
como,
CC-1999-68
9
interconectarse con otros acarreadores.11 Además, prohibió a
los
acarreadores
locales
discriminatorias o
establecer
condiciones
prohibir la reventa de los servicios
de telecomunicaciones.12
Además de estas obligaciones aplicables a todos los
acarreadores
locales,
decir,
que
los
los
existían
acarreadores
cuando
Telecomunicaciones
en
proveer
compañías,
a
otras
el
1996,
incumbentes,
es
se
aprobó
la
ante,
están
obligados
mediante
tarifas
Ley
de
a
justas
y
razonables, la interconexión a su red.13
Como resultado de la aprobación de la Ley Federal de
Telecomunicaciones de 1996,ante, y luego de estudiar las
necesidades
de
Puerto
Rico
en
el
área
de
las
telecomunicaciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
aprobó la Ley 213 de 12 de septiembre de 1996, mediante la
cual
se
creó
la
Junta
Telecomunicaciones
y
otorgó
prerrogativas
necesarias
para
Reglamentadora
a
ésta,
cumplir
los
con
el
de
las
poderes
y
propósito
legislativo de la misma. Es alrededor de la Ley 213, ante,
en específico de los poderes que la misma otorga a la Junta
Reglamentadora, que gira la controversia del caso de autos.
Aclarado lo anterior es menester que expongamos los
preceptos
básicos
que
rigen
en
nuestro
ordenamiento
jurídico en torno a las decisiones administrativas.
11
47 U.S.C. sec. 251.
12
47 U.S.C. sec. 251(b)(1).
13
47 U.S.C. sec. 251 (c)(2)(B)
CC-1999-68
10
III
La revisión judicial de las decisiones administrativas
comprende
tres
aspectos:
apropiado,
(2)
las
conclusiones
de
(1)
la
concesión
determinaciones
derecho
del
de
del
hechos
organismo
y
remedio
(3)
las
administrativo.
Véanse, LPAU, sec. 4.5, 3 L.P.R.A. § 2175 (1992); Reyes
Salcedo v. Policía de Puerto Rico, res. el 13 de mayo de
1997, 143 D.P.R. ____ (1997); Demetrio Fernández Quiñones,
Derecho
administrativo
y
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme sec. 9.3, en la pág. 521 (1993).
Al
primero
ejercer
si
la
su
función,
actuación
del
el
tribunal
organismo
debe
examinar
administrativo
se
ajusta al poder que le ha sido delegado, Viajes Gallardo v.
Clavell,
131
D.P.R.
275
(1992);
Hernández
Denton
v.
Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 223-24 (1974), pues de lo
contrario
su
consecuencia,
actuación
nula.
sería
Véase,
ultra
Fuertes
v.
vires
y,
como
Administración
de
Reglamentos y Permisos, 134 D.P.R. 947 (1993); P.S.P. v.
Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980); Del
Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978); E.L.A. v.
Rivera,
88
D.P.R.
196,
199
(1963);
Infante
v.
Tribunal
Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308, 314 n. 5 (1961).
En relación con las determinaciones de hechos de la
agencia, la sección 4.5 de la LPAU establece que éstas
deben ser sostenidas por el tribunal revisor siempre que
estén
basadas
en
“evidencia
sustancial”
contenida
en
el
expediente administrativo. 3 L.P.R.A. § 2175 (1992); véase,
además,
Metropolitana,
S.E.
v.
Administración
de
CC-1999-68
11
Reglamentos y Permisos, res. el 10 de abril de 1995, 138
D.P.R.____ (1995). Esta disposición recoge estatutariamente
la norma jurisprudencial que establece que, de ordinario,
los tribunales no deben intervenir con las determinaciones
de
hechos
de
un
organismo
administrativo
si
éstas
encuentran apoyo en prueba suficiente que surja del récord
considerado en su totalidad. Véase, Metropolitana, S.E. v.
Administración de Reglamentos y Permisos, ante; Facultad
para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. Consejo de
Educación
Superior,
133
D.P.R.
521
(1993);
Rodrigo
v.
Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151, 154 (1973); López v.
Junta de Planificación, ante; Hilton Hotels v. Junta de
Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686-87 (1953). El propósito
de
la
regla
de
evidencia
sustancial
hechos
“evitar
determinaciones
de
criterio
organismo
del
es
aplicable
la
a
las
sustitución
del
administrativo
en
materia
especializada por el criterio del tribunal revisor”. Reyes
Salcedo v. Policía de Puerto Rico, supra, en la pág. 959;
véase
además,
López
v.
Junta
de
Planificación,
ante;
Ledesma v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 396, 401 (1952).
Las conclusiones de derecho de la agencia, distinto de
las
determinaciones
de
hechos,
pueden
ser
revisadas
"en
todos sus aspectos por el tribunal", LPAU, sec. 4.5, 3
L.P.R.A. § 2175 (1992), sin sujeción a norma o criterio
alguno. Véase, Miranda v. Comisión Estatal de Elecciones,
ante. Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su
función revisora, el tribunal pueda descartar libremente
las
conclusiones
e
interpretaciones
de
la
agencia,
CC-1999-68
12
sustituyendo
el
criterio
contrario,
hemos
de
ésta
reiterado
por
el
propio.
Al
consistentemente--antes
y
después de la vigencia de la LPAU--que, de ordinario, los
tribunales
deben
conclusiones
de
Metropolitana,
deferencia
los
S.E.
Permisos,
ante;
Aplicadas,
Inc.
las
organismos
v.
interpretaciones
administrativos.
Administración
Facultad
v.
a
de
para
Las
de
Educación
Consejo
y
Véase,
Reglamentos
Ciencias
y
Sociales
Superior,
ante;
Fuertes v. Administración de Reglamentos y Permisos, ante;
Viajes Gallardo v. Clavell, ante.14 Esta deferencia responde
al reconocimiento de que “las agencias administrativas son
instrumentos necesarios para la interpretación de la ley”.
Miranda v. Comisión Estatal de Elecciones, ante.
Las
conclusiones
de
derecho
del
organismo
administrativo, claro está, deben estar sujetas al mandato
de
la
ley
y,
en
la
medida
que
lo
hagan,
deben
ser
sostenidas por el tribunal revisor. Véase, Código Civil de
P.R.,
Art.
14,
Superintendente
31
de
la
L.P.R.A.
§
14
Policía,
ante;
(1993);
Cotto
Román
v.
Guadalupe
v.
Departamento de Educación, res. el 15 de junio de 1995, 138
D.P.R.___
(1995);
Cía.
Azucarera
Toa
v.
Com.
Serv.
Público, 71 D.P.R. 212 (1950). En los casos marginales o
14
Véase, además: Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 52324 (1991); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858, 864
(1989); M & V Orthodontics v. Negdo.
Seg. Empleo, 115
D.P.R. 183, 189 (1984); Rubin Ramírez v. Trías Monge, 111
D.P.R. 481, 484-85 (1981); Murphy Bernabe v. Tribunal
Superior, 103 D.P.R. 692 (1975); Quevedo Segarra v.
J.A.C.L.,
102
D.P.R.
87,
96
(1974);
Román
v.
Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 690 (1966);
Reyes v. Junta de Planificación, 79 D.P.R. 620, 629 (1956);
Ledesma v. Tribunal de Distrito, ante.
CC-1999-68
13
dudosos, la interpretación de un estatuto por la agencia
encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia
sustancial, aun cuando esa interpretación no sea la única
razonable. De Jesús v. Dpto. de Servicios Sociales, 123
D.P.R. 407, 418 (1989); Vázquez v. A.R.P.E., ante.15
Esa
interpretación
se
debe
ajustar
“al
fundamento
racional o fin esencial de la ley y la política pública que
la inspira[n]”. Industria Cortinera, Inc. v. Puerto Rico
Telephone
Co.,
132
D.P.R.
654
(1993)
(citas
omitidas);
véase además, Código Civil de P.R., Art. 19, 31 L.P.R.A. §
19 (1993); Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. General
Accident
Ins.
Co.,
ante;
Vázquez
A.R.P.E.
v.
Ozores
Pérez,
ante;
A.P.P.R.,
95
D.P.R.
772,
785
v.
Esso
(1968);
A.R.P.E.,
Standard
Coll
v.
ante;
Oil
v.
Picó,
82
D.P.R. 27, 33 (1960); Debién v. Junta de Contabilidad, 76
D.P.R. 96, 105 (1954).
IV
La validez constitucional de la delegación de poder
adjudicativo a una agencia administrativa es un principio
firmemente establecido en nuestro ordenamiento. López Vives
v.
15
Policía
de
P.R.,
118
D.P.R.
219,
230
(1987).
En
su
Véase, además, Álvarez Cintrón v. Junta de Directores del
Condominio Villa Caparra Executive, res. el 17 de mayo de
1996, 140 D.P.R.___ (1996); Ríos Colón v. Corporación del
Fondo del Seguro del Estado, res. el 11 de octubre de 1995,
139 D.P.R.___ (1995); Comisionado de Seguros de Puerto Rico
v. General Accident Ins. Co., 132 D.P.R. 543 (1993); Asoc.
Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669, 678; A.R.P.E.
v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 821 (1986); Tormos &
D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153, 160-61 (1985).
CC-1999-68
14
función adjudicativa, las agencias administrativas deciden
controversias
derecho
mediante
vigentes
a
la
los
aplicación
hechos
de
las
específicos
normas
del
de
caso.
Hernández Denton v. Quiñones Desdier, ante.
Al interpretar el alcance de los poderes delegados a la
agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a
una
interpretación
restrictiva
del
estatuto
habilitador.
Lebrón Lugo v. EL Comandante Operating Co. Inc., res. el 14
de mayo de 1999, 99 TSPR 74. “La cuestión que nos ocupa
debe examinarse dentro del amplio marco del desarrollo del
derecho administrativo y de las nuevas corrientes en la
administración de la justicia. Es a veces difícil extraer
el significado de un estatuto ateniéndonos tan sólo a sus
términos
escuetos,
sin
referencia
a
las
circunstancias,
advertibles por los tribunales, que lo producen.” Hernández
Denton v. Quiñones Desdier, ante.
La correcta solución del presente caso hace necesario
que reseñemos brevemente algunos postulados de hermenéutica
legal.
Como
es
sabido,
las
diferentes
secciones
de
un
estatuto deben ser interpretadas las unas con las otras,
esto es, en conjunto, como un todo armónico y efectivo, y
no separadas o aisladamente. Pueblo en interés del menor
L.R.R., 125 D.P.R. 78 (1989); A.R.P.E. v. Ozores Pérez,
ante. Al evaluar determinado estatuto, tenemos el deber de
interpretar las disposiciones de forma armoniosa, esto para
no
llegar
a
resultados
absurdos.
PARDAVCO,
Inc.
v.
Secretario de Hacienda, 104 D.P.R. 65 (1975). Por último,
CC-1999-68
15
en el caso Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740,
señalamos que:
“[...] Es por eso que el análisis de una ley debe
hacerse teniendo en mente los fines que ésta persigue y de
forma tal que la ley se ajuste a la política pública que la
inspira.
En
desvincularla
el
proceso
del
problema
de
interpretación
cuya
solución
no
debemos
persigue,
pues
tenemos ‘el deber de hacer que el derecho sirva propósitos
útiles y evitar una interpretación tan literal que lleve a
resultados
absurdos’.
Pacheco
v.
Vargas,
Alcaide,
120
D.P.R. 404, 409 (1988). Véanse: Passalacqua v. Mun. de San
Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); R.E. Bernier y J.A. Cuevas
Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto
Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Caps.
36, 39 y 40.”
Tomando en consideración los principios de hermenéutica
jurídica
antes
expuestos
y
las
normas
de
derecho
previamente reseñadas, pasemos a interpretar, a tenor con
las mismas las disposiciones de la Ley Núm. 213.
V
Por
estar
íntimamente
relacionados
entre
sí,
procedemos a discutir, de manera conjunta, los tres errores
señalados. La controversia ante nuestra consideración se
circunscribe a determinar si la Junta Reglamentadora tiene
poder para establecer tarifas máximas, basadas en costo, y
ordenar a la PRTC establecer unas tarifas iguales o menores
a las determinadas por la Junta Reglamentadora.
CC-1999-68
16
La controversia en el caso de autos gira alrededor de
la Sección 269(f) de la Ley 213, ante, la cual dispone lo
siguiente:
“(a) Toda compañía de telecomunicaciones
tendrá que someterle a la Junta una relación de
sus precios y cargos y cada vez que efectúe un
cambio
en
éstos,
tendrá
que
someterlos
simultáneamente
con
su
implantación
en
el
mercado.
(b) La Junta podrá, a solicitud de parte
interesada y, mediante una querella, evaluar si
los precios y/o cargos establecidos no están
basados en su costo, violentando así el principio
de una justa y sana competencia. A estos fines,
la Junta podrá solicitar de la compañía de
telecomunicaciones querellada toda la información
pertinente a los precios o cargos establecidos
por
ella.
Esta
información
estará
a
la
disposición de la parte querellante, excepto que
la Junta mantendrá en bases confidenciales y para
uso exclusivo de ella aquel material que sea
necesario para proteger información propietaria,
secretos comerciales o de negocio, según se
establece en la sec. 267f de este Capítulo.
(c) La Junta tendrá un máximo de 30 días para
adjudicar
querellas
bajo
esta
sección.
No
obstante, la Junta podrá, a solicitud de la
compañía
de
telecomunicaciones
querellante,
ordenar una suspensión de la aplicación de los
precios y/o cargos en cuestión, hasta tanto se
resuelva la querella en sus méritos. Toda
solicitud para suspender la aplicación temporal
de los precios y/o cargos impugnados tendrá que
adjudicarse dentro de un plazo no mayor de 5 días
a partir de la fecha de radicación de la
solicitud al efecto.
(d)
Cuando
la
Junta
determine
que
la
estructura de precios y/o cargos no está basada
en costos, la Junta podrá ordenar la suspensión
permanente de tales precios y cargos y además
imponer multas administrativas hasta un máximo de
veinticinco
mil
(25,000)
dólares
por
cada
violación a este Capítulo. En el caso de una
violación continua, cada día que transcurra
constituirá una ofensa por separado, pero el
total de la multa impuesta no excederá de
doscientos cincuenta mil (250,000) dólares en
ningún caso.” 27 L.P.R.A. sec.269f.
CC-1999-68
La
17
PRTC
plantea
en
su
alegato
que
la
Junta
Reglamentadora esta limitada, al resolver una querella, a
lo
estrictamente
establecido
en
el
artículo
antes
transcrito; en otras palabras, sostiene que el hecho de que
la Junta Reglamentadora tenga poderes para determinar si
una tarifa está, o no, basada en costo en una controversia
entre
dos
compañías,
no
conlleva
el
poder
implícito
de
determinar unos topes máximos de tarifas ya que ese poder
es tan trascendental y de tanto impacto económico que no
puede presumirse por implicación de otro poder, y que el
procedimiento de revisión que pretende celebrar la Junta
Reglamentadora es ilegal.
Por
otro
lado,
la
TPPR
y
la
Junta
Reglamentadora,
alegan que un análisis de la Ley 213, ante, y las normas de
hermenéutica legal, revela que la Junta Reglamentadora sí
tiene
poder
para
establecer
topes
máximos
de
tarifas
basadas en costos; que la función de eliminar y prohibir
tarifas anticompetitivas y establecer tarifas máximas es
esencial
para
que
se
cumpla
el
mandato
legislativo,
esbozado en la Ley 213, de asegurar la existencia de un
ambiente competitivo en el campo de las telecomunicaciones;
y que el negarle el poder de establecer topes máximos de
tarifas a la Junta Reglamentadora derrotaría el propósito
de la Ley 213, ante.
La Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones fue
creada con el propósito de reglamentar los servicios de
telecomunicaciones
en
Puerto
Rico,
y
además,
para
dar
CC-1999-68
18
cumplimiento y administrar la Ley 213. 27 L.P.R.A. sec.267.
En virtud de tales propósitos, se le concedió
adoptar,
promulgar,
enmendar
y
derogar
poderes para
aquellas
reglas,
órdenes y reglamentos según entienda sea necesario y propio
al
ejercicio
deberes.
27
de
sus
facultades
L.P.R.A.
sec.
y
267f.
el
desempeño
de
sus
Específicamente
se
le
confirió autoridad a la Junta Reglamentadora para adoptar
“la reglamentación necesaria para requerirle al acarreador
de servicio conmutado local incumbente que provea servicios
y
acceso
a
sus
instalaciones
a
cualquier
compañía
de
telecomunicaciones certificada que lo solicite en cualquier
punto de su red donde sea técnicamente viable y en forma
segregada (unbundled), incluyendo cualquier característica,
función y capacidad de su red, mediante el pago de cargos
determinados a base de su costo real y una ganancia como la
prevista
en
condiciones
la
Ley
Federal
razonables,
no
de
Comunicaciones
discriminatorias
y
y
bajo
acordadas
mutuamente entre las partes”. 27 L.P.R.A. 269a. (Enfasis
suplido.)
Para
complementar
sus
poderes
adjudicativos,
la
Asamblea Legislativa otorgó a la Junta Reglamentadora la
facultad
de
“[i]mponer
multas
administrativas
razonables
por violaciones a este Capítulo, sus reglamentos y órdenes;
hasta un máximo de veinticinco mil (25,000) dólares por
violación.
También
la
autorizó
a
“[o]rdenar
el
cese
de
actividades o actos en violación de cualquier disposición
de
este
Capítulo,
o
los
reglamentos
de
la
Junta
Reglamentadora y [o]rdenar que se realice cualquier acto en
CC-1999-68
19
cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo o los
reglamentos
de
la
Junta.”
27
L.P.R.A.
la
Ley
213,
ante,
dispone
267f.
(Enfasis
suplido.)
Además,
Reglamentadora
tendrá
jurisdicción
que
“[l]a
primaria
Junta
sobre
los
servicios de telecomunicaciones, sobre todas las personas
que rindan estos servicios dentro del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
indirecto
en
y sobre toda persona con interés directo o
dichos
servicios
o
compañías”.
27
L.P.R.A.
267e. Como guía de interpretación, la Sección 271i de la
Ley 213, ante, establece que “[l]as disposiciones de este
Capitulo
serán
interpretadas
liberalmente
para
poder
alcanzar sus propósitos...”.
Al amparo de estas disposiciones de la Ley que crea la
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico,
somos del criterio que dicha Junta Reglamentadora no sólo
tiene encomendada la función de determinar si una tarifa
esta o no basada en costo, sino, además, tiene poderes
amplios sobre el particular, incluyendo el de ordenar a una
compañía,
luego
de
haberse
celebrado
el
procedimiento
adjudicativo y de determinar que dicha compañía ha violado
la ley, modificar sus tarifas a unas iguales o menores a
unas tarifas basadas en costo determinadas por la Junta
Reglamentadora,
según
la
evidencia
presentada.
Las
facultades que su Ley Orgánica le confiere, de modo amplio
y
patente
sobre
el
particular,
incluyen
la
potestad
de
emitir resoluciones como la que se impugna en el caso de
autos.
CC-1999-68
20
Aparte
de
los
poderes
expresos
que
tiene
la
Reglamentadora
para
actuar
como
hizo
en
el
caso
agencia
tiene
los
poderes
autos,
esa
lo
también
“todos
Junta
de
adicionales implícitos e incidentales que sean apropiados y
necesarios
para
efectuar
ejercitar
todos
los
alcanzar
los
y
llevar
poderes
propósitos
de
a
antes
este
cabo,
desempeñar
mencionados
Capítulo,
y
y
para
sujeto
al
sobreseimiento de dichos poderes por legislación federal o
reglas
de
la
Comisión
Federal
de
Comunicaciones”.
27
L.P.R.A. 267i.
La
aludida
facultad
inherente
de
las
agencias
administrativas ha sido ampliamente reconocida tanto por
tribunales
Véase,
federales
GEMSCO,
como
Inc.
v.
estatales
Walling,
de
304
Estados
U.S.
244
Steuart & Bro. v. Bowles, 322 U.S. 318 (1943);
Unidos.
(1944);
Mattes v.
U.S., 721 F.2d 1125 (1983); Boffa v. Dpt. of Public Aid,
522
NE
644
Southwestern
(1988);
Transp.
Motor
Co.,
197
Truck
Ark.
Transfer,
346,
122
Inc.
v.
S.W.2d
471
(1938); Drysdale v. S.U.N.Y., 60 Misc.2d 180, 302 N.Y.S.2d
882.
Este
Tribunal
ha
reconocido,
y
reiterado,
que
los
organismos administrativos tienen facultad inherente para
reajustar sus órdenes y resoluciones de acuerdo con lo que
la justicia y la razón dicten. Aponte Correa v. Policía de
P.R., res. el 5 de diciembre de 1996, 142 D.P.R.___ (1996);
Ramos Santiago v. F.S.E., 125 D.P.R. 596 (1990); Martínez
v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 717 (1961).
CC-1999-68
21
Por otro lado, hemos expresado que la exposición de
motivos de una ley, generalmente recoge el propósito que
inspiró su creación. Una lectura de la misma revela que la
intención del legislador, al aprobar la citada Ley 213, era
que la agencia tuviera poderes amplios para corregir la
conducta anticompetitiva de las compañías. La exposición de
motivos de la ley aquí en controversia expresamente dispone
que:
“La Junta que crea esta legislación operara
en forma independiente, dotada con la capacidad y
los poderes necesarios para asegurar, facilitar y
estimular la construcción y desarrollo de las
facilidades
de
todas
las
ramas
de
las
Telecomunicaciones en Puerto Rico, promoviendo la
competencia justa y efectiva, y detectando y
corrigiendo conducta anticompetitiva, a fin de
fortalecer esta industria y, por ende, el
desarrollo socioeconómico de la ciudadanía en
general.” Exposición de Motivos de la Ley 213,
ante. (Enfasis suplido.)
No hay duda de que la intención de la legislatura, al
crear
la
Junta,
no
fue
únicamente
que
la
Junta
Reglamentadora detecte conducta anticompetitiva, sino que
también para que corrija la misma. En el caso de autos eso
es lo que esta tratando de
hacer la Junta Reglamentadora:
corregir la conducta anticompetitiva de la PRTC. Dicho de
otra forma, el establecimiento de un “tope” por la Junta en
el presente caso no es otra cosa que la acción correctiva
de fijar una tarifa, a base de costo, que la Junta entiende
es la apropiada y necesaria en protección del bienestar
general de la industria de telecomunicaciones y, por ende,
de la ciudadanía puertorriqueña; propósito que precisamente
CC-1999-68
22
era el que perseguía la Asamblea Legislativa al aprobar la
Ley 213.
En conclusión, nada en nuestro ordenamiento jurídico
exige que el poder para dictar una orden, como la del caso
de
autos,
tiene
que
ser
expresamente
delegado
a
una
agencia. Todo lo contrario, nuestro ordenamiento permite la
delegación del poder de adjudicar en términos amplios y
generales, y sería absurdo exigirle a la legislatura que
incluya en las leyes habilitadoras de las agencias todas
las posibles órdenes que una agencia puede dictar para que
se entienda delegado dicho poder.
En
el
caso
de
autos,
la
delegación
del
poder
de
adjudicar, y en específico el poder de emitir ordenes para
exigir el cumplimiento de la Ley 213, ante, se hizo en
términos amplios y generales; ello nos obliga a concluir
que la orden emitida en el caso de autos fue hecha dentro
del poder delegado. Decidir lo contrario distorsionaría la
doctrina de la delegación de poderes a las agencias.
Finalmente,
procedimiento
la
de
PRTC
revisión
cuestiona
que
la
validez
celebraría
la
del
Junta
Reglamentadora en caso de que las tarifas nuevas sometidas
por la PRTC sean mayores al tope máximo establecido por la
Junta Reglamentadora. No tiene razón. Esta “continuación”
del procedimiento de revisión de la tarifa, que en su día
presente la PRTC, no es otra cosa a nuestro juicio que la
concesión de un debido proceso de ley que garantiza, al
máximo,
que
el
tope
tarifario
establecido
Reglamentadora no sea uno arbitrario.
por
la
Junta
CC-1999-68
23
Es menester aclarar que en el caso de autos, la orden
de
la
Junta
parcial
Reglamentadora
porque
cuestiones
dispone
ante
su
de
es
un
claramente
aspecto
consideración
y
de
naturaleza
específico
no
pone
fin
de
las
a
la
controversia total de la querella que se esta ventilando en
dicho foro administrativo. Al emitir la resolución y orden
enmendada,
carácter
la
de
Junta
Reglamentadora
finalidad,
consideración.
La
la
no
querella
resolución
ha
resuelto,
con
tiene
ante
su
conlleva
que
se
que
recurrida
continuarán los procedimientos administrativos. En el caso
de
autos,
no
es
necesario
una
nueva
querella,
pues
el
procedimiento
de
revisión
sería
la
continuación
de
los
procedimientos
adjudicativos
originados
por
la
querella
participación
de
personas
presentada por TPPR.
En
cuanto
a
permitir
la
interesadas en el procedimiento de revisión, lo que también
es cuestionado por la PRTC, la L.P.A.U. en su Sección 2155
dispone
que
“[c]ualquier
persona
que
tenga
un
interés
legítimo en un procedimiento adjudicativo ante una agencia
podrá
someter
una
solicitud
por
escrito
y
debidamente
fundamentada para que se le permita intervenir o participar
en dicho procedimiento”. 3 L.P.R.A. sec.2155. Por su parte,
el Reglamento de práctica y procedimiento general aprobado
por la Junta Reglamentadora en el 1997, en la Sección 8
también provee para la intervención de cualquier persona
que
desee
participar
en
cualquier
procedimiento
adjudicativo. En ambos casos la concesión o negatoria de la
petición de intervención queda a discreción de la agencia.
CC-1999-68
3
24
L.P.R.A.
permita
sec.2155.
la
Por
lo
tanto,
el
que
la
agencia
participación
de
personas
interesadas
no
es
ilegal.
Por
todo
lo
anterior,
concluimos
que
la
Junta
Reglamentadora actuó dentro de la autoridad que le otorga
la
Ley
213,
ante,
al
establecer
unos
topes
tarifarios
máximos, luego de celebrar una vista y evaluar la evidencia
presentada en la misma, y ordenar a la PRTC modificar sus
tarifas a unas iguales o menores a las establecidas por la
Junta
Reglamentadora.
resolución
y
orden
Del
mismo
modo,
interlocutoria,
el
por
ser
una
procedimiento
de
revisión establecido por la Junta Reglamentadora es parte
de
la
querella
presentación
original
de
una
por
nueva
lo
que
no
es
necesario
la
querella,
y
el
mismo
no
es
procede
la
ilegal.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
confirmación de la resolución dictada por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones en el presente caso.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
CC-1999-68
25
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Telephone
Company
Peticionaria
v.
CC-1999-68
CERTIORARI
Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de
Puerto Rico
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 12 de junio de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la
resolución emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones en el presente caso.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal. Los Jueces Asociados señor
Negrón García y señor Corrada del Río inhibidos.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo