LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

MARTA NIEVES CRUZ V. U.P.R.

2000 TSPR 78

Poder Judicial de Puerto Rico

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MARTA NIEVES CRUZ V. U.P.R.

*CC-1998-0876 AC-1998-0047

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marta Nieves Cruz en representación de

Angel Luis Hernández Nieves

Apelados

v.

Certiorari

2000 TSPR 78

Universidad de Puerto Rico; Asociación

de Garantía de Seguros Misceláneos

Apelantes

Número del Caso: CC-1998-0876

AC-1998-0047 Consolidados

Fecha: 31/05/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. Zaida Hernández Torres

Abogados de la UPR:

Lcdo. Roberto Nater

Lcdo. Rubén T. Nigaglioni

Abogada de la Asociación de Garantía de Seguros:

Lcda. Gladys E. Guemárez

Abogados de la Marta Nieves:

Bufete David Efrón

Lcdo. José A. Cuevas Segarra

Lcdo. Alberto Pérez Hernández

Abogada del Departamento de Justicia:

Lcda. Lucienne Laureano Rosa

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marta Nieves Cruz en Representación de Angel Luis Hernández

Nieves

Demandantes-Apelados

vs.

CC-1998-876

Cons. AC-1998-47

Certiorari

Universidad de Puerto Rico;

Asociación de Garantía de

Seguros Misceláneos

Demandados-Apelantes

Opinión del

BERLINGERI.

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2000.

Nos toca resolver inter alia si la Ley Núm. 98 de

24 de agosto de 1994, que incluyó a la Universidad de

Puerto Rico dentro de los límites de responsabilidad del

Estado, tiene aplicación retroactiva.

I

Angel Hernández Nieves nació el 24 de diciembre de

1983 en el Hospital de Area de Carolina, que era entonces

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se

utilizaba como

centro de enseñanza por el

Recinto de

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

CC-1998-876

AC-1998-47

3

Los obstetras que atendieron a la señora Nieves, madre

de Angel, no habían tenido contacto previo con ella, por lo

que desconocían su historial médico de embarazo.

Al

llegar

al

hospital

referido,

la

señora

Nieves

presentaba los síntomas de un parto pretérmino que requería

el cuidado de especialistas de la mayor experiencia posible,

pero

fue

atendida

entrenamiento.

por

Cuando

un

la

interno

paciente

en

su

llegó

primer

al

año

de

Hospital

fue

enviada a la sala de partos y no se tomó ninguna medida para

tratar de posponer el alumbramiento.

Durante el transcurso del parto, a la señora Nieves le

fueron suministradas dos dosis de demerol y una dosis de una

droga llamada vistaril, que duplicó el efecto del demerol.

Dicha

sistema

combinación

de

respiratorio

drogas

del

ocasionó

prematuro

la

depresión

infante,

del

causándole

dificultad para respirar durante el alumbramiento. También

sufrió

disminuciones

en

los

latidos

fetales.

El

infante

nació muy deprimido1, su color no era saludable y sus signos

vitales no eran normales.

Tenía rasgos evidentes de daños

causados por hipoxia (falta de oxígeno en la sangre). Por

esta

condición,

el

infante

requería

ser

entubado

inmediatamente, pero los encargados de hacerlo tardaron 7 u

8 minutos antes de realizar dicha labor, mientras el bebé

estaba sin respirar. En la actualidad, el menor Hernández

1

El Tribunal de Instancia en sus determinaciones de

hechos, indicó que “deprimido quiere decir que sus centros

vitales no estaban funcionando correctamente”.

CC-1998-876

AC-1998-47

4

Nieves sufre severas lesiones permanentes e incapacitantes,

incluyendo incapacidad física y retardación mental.

El 30 de diciembre de 1993, la señora Nieves presentó

una

demanda

Carolina,

en

en

el

entonces

Tribunal

representación

de

Superior,

su

hijo,

Sala

de

contra

la

Universidad de Puerto Rico y otros codemandados. Después de

los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Primera

Instancia dictó una sentencia el 15 de agosto de 1997, y

declaró

con

lugar

la

demanda

interpuesta

contra

la

Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Garantía de

Seguros

Misceláneos

aseguradora

de la

Seguros).

Ordenó

demandante

“por

presentes

y

(en

representación

Universidad,

el

pago

de

concepto

futuros,

la

de

su

de

la

Corporación Insular

de

$750,000

del

a

daños

interés

favor

del

físicos,

incapacidad

menor

pasados,

permanente....”;

$325,000 “por concepto de menoscabo de potencial de generar

ingresos”;

$2,900,000

“por

cuidado,

transportación,

todos

dietas,

los

gastos

lucro

futuros

cesante

y

de

demás

gastos misceláneos especiales...”. Además, se le impuso a la

Universidad de Puerto Rico la suma de $10,000 en concepto de

honorarios de abogado.

La responsabilidad de la Asociación

de Garantía de Seguros Misceláneos se limitó a la suma de

$150,000.

Tanto la Universidad de Puerto Rico, como la Asociación

de

Garantía

recursos

de

Apelaciones.

de

Seguros

Misceláneos

apelación

ante

Ese

consolidó los

foro

el

presentaron

Tribunal

de

recursos

sendos

Circuito

de

referidos

y

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AC-1998-47

5

después de haber celebrado una vista oral el 25 de agosto de

1998, dictó una sentencia mediante la cual modificó la del

Tribunal de Primera Instancia a los efectos de restar la

suma de $325,000 de la partida de $2,900,000.

Tanto la Asociación de Garantía de Seguros (Asociación)

como la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) comparecieron

ante nos mediante recursos separados. La Asociación planteó

las siguientes cuestiones:

Primer error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

confirmar la sentencia del tribunal de instancia

a pesar de que no se estableció la relación de

los médicos con la universidad por falta de

prueba al respecto.

Segundo error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

confirmar la sentencia del tribunal de instancia

en ausencia de prueba de que la negligencia de

la universidad fue la causa adecuada y eficiente

de sus daños.

Tercer error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

aplicar la doctrina de abstención apelativa

cuando debió examinar la prueba pericial y

adoptar su propio criterio en la apreciación de

la misma.

Cuarto error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

confirmar la determinación del tribunal de

instancia en torno a la no aplicación de la ley

98 del 24 de agosto de 1994 a este caso y obviar

la clara disposición del legislador sobre el

particular.

CC-1998-876

AC-1998-47

6

Quinto error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

confirmar las cuantías de daños concedidas por

el tribunal de instancia apartándose de las

normas establecidas por el Tribunal Supremo para

la evaluación de las mismas.

Sexto error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

confirmar

la

imposición

del

tribunal

de

instancia del pago de honorarios de abogado

ignorando los criterios establecidos sobre el

particular por el Tribunal Supremo.

Por su parte, la Universidad de Puerto Rico planteó que

el Tribunal de Circuito de Apelaciones había cometido los

siguientes errores:

“A. Erró al no extender a la Universidad los

límites

de

responsabilidad

que

se

le

aplican al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

B.

Erró al aplicar y extender la doctrina de

la Fuente Colateral.

C.

Erró

al

conceder

indirectamente

demandante lucro cesante.

al

D.

Erró al analizar

daños concedidas.”

de

las

otras

partidas

El 15 de enero de 1999, expedimos ambos recursos y

ordenamos su consolidación.

El 13 de mayo de 1999, la

U.P.R. presentó su alegato. El 14 de mayo, la Asociación

solicitó que acogiéramos su escrito de apelación como su

alegato, a lo cual accedimos. El 8 de junio de 1999, la

parte recurrida presentó su alegato. Con el beneficio de las

comparecencias referidas, pasamos a resolver.

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AC-1998-47

7

II

¿Tiene aplicación retroactiva la Ley 98 de 24 de agosto de

1994?

La Ley 98 referida enmendó el Art. 41.050 del Código de

Seguros,

26

L.P.R.A.

sec.

4105,

para

que

éste,

en

lo

pertinente, dispusiese lo siguiente:

“En toda acción civil en que se le reclamen

daños y perjuicios a la Universidad de Puerto

Rico, en todo caso en que recaiga sentencia por

actos

constitutivos

de

impericia

médica

hospitalaria que cometan los empleados... del

Recinto de Ciencias Médicas..., o cuando recaiga

sentencia por actos constitutivos de culpa o

negligencia directamente relacionada con la

operación por la Universidad de Puerto Rico de

una institución de cuidado de la salud, se

sujetará a la Universidad... a los límites de

responsabilidad... que las secs. 3077 et seq.

del

Título

32

impone

para

exigirle

responsabilidad al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico en circunstancias similares.”

En el caso de autos, tanto el foro de instancia como el

panel del Tribunal de Circuito de Apelaciones determinaron

que la disposición referida no era de aplicación aquí en

vista de que ésta se había aprobado y entró en vigor en 1994

mientras que la causa de acción en cuestión había surgido en

1983

1993,

y

la

presentación

ambos

con

de

la

anterioridad

disposición.

Ambos

determinaciones

judiciales,

demanda

correspondiente

a

vigencia

la

peticionarios

y

alegaron

de

impugnaron

ante

nos

en

dicha

estas

que

la

intención legislativa fue que se aplicase dicha disposición

de modo retroactivo. En otro caso que no está ante nuestra

CC-1998-876

AC-1998-47

8

consideración aquí, otro panel del foro apelativo resolvió

que la disposición referida tenía efecto retroactivo.2

El

Artículo

3

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico,

31

L.P.R.A. sec. 3, dispone que:

“Las leyes no tendrán efecto retroactivo,

si no dispusieren expresamente lo contrario.”

(Enfasis suplido).

El principio de irretroactividad que recoge el Artículo 3

referido es uno de los postulados jurídicos fundamentales,

que se remonta al derecho romano y que ha sido acogido en

todos los códigos de los países de tradición civilista. F.

Puig Peña, Compendio De Derecho Civil Español, Madrid 1976,

Tomo I, págs. 124-130. De honda prosapia en la teoría del

derecho,

una

de

sus

justificaciones

radica

en

la

ley

natural, que repudia que una norma pueda tener efecto en un

momento en que no existía. Id. O, como ha señalado Hans

Walter Scheerbarth, “la ley que pretenda ser aplicable a un

caso que haya ocurrido antes que la ley haya entrado en

vigor es un fantasma del Estado policial”, citado por Suárez

Collia en El Principio de Irretroactividad de las Normas

Jurídicas,

Madrid,

principio,

la

1994,

págs.

retroactividad

de

48-49.

una

Conforme

norma

se

a

este

justifica

únicamente en casos aislados, “por determinadas y supremas

circunstancias”, que hayan sido establecidas concretamente

por el legislador. Puig Peña, supra.

2

Montañez López v. U.P.R.,

noviembre de 1998, KLAN 98-913.

sentencia

de

9

de

CC-1998-876

AC-1998-47

En

la

9

doctrina

civilista

se

ha

justificado

que

el

legislador le dé efecto retroactivo a determinadas leyes

cuando ello es necesario para la transformación y progreso

de situaciones pasadas que deben eliminarse por razones de

justicia o de interés general. M. Albaladejo, Comentarios al

Código Civil, Madrid, 1978, Tomo I, págs. 74-76. Se trata

principalmente de normas de derecho público, referentes a

males sociales que deben remediarse, por lo que se estima

que el legislador no debe estar atado a una norma inflexible

de irretroactividad. En cuanto a leyes referentes al derecho

privado, sin embargo, el criterio de la doctrina es que

éstas nunca deben ser retroactivas. Puig Peña, supra, pág.

129.

Es

por

todo

resuelto

que

la

darle

efecto

lo

anterior,

intención

retroactivo

que

de

la

a

una

reiteradamente

Asamblea

por

ley,

hemos

Legislativa

ser

un

de

acto

excepcional, “debe aparecer expresamente o surgir claramente

del

estatuto”,

Vázquez

v.

Morales,

114

D.P.R.

822,

831

(1983); Guardiola Pérez v. Morán, 114 D.P.R. 477 (1983);

Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 511, 512

(1954); Echeandía v. Alvarado, 65 D.P.R. 230, 235 (1945);

Baiz v. Comisión Hípica, 63 D.P.R. 483, 487 (1944), López v.

South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238, 242 (1943); Hernández

Usera

Ex

parte,

52

D.P.R.

120,

134

(1937).

La

retroactividad debe haber sido expresada afirmativamente en

el propio texto del estatuto. Monllor & Boscio, Sucrs. v.

Sánchez Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67, 73 (1942). Si la nueva

CC-1998-876

AC-1998-47

10

disposición

legislativa

no

expresa

de

modo

claro

e

inequívoco que tendrá efecto retroactivo, entonces la ley

aplicable

al

asunto

es

la

que

estaba

vigente

cuando

ocurrieron los hechos que dan lugar a la causa de acción.

Véase, Arce Oliveras v. E.L.A., 122 D.P.R. 877, 879 (1988);

Kobler v. Escambron Development Corp., 85 D.P.R. 743, 744

(1962); y, Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, supra, a

la pág. 512. En las escasas ocasiones en que nos hemos

apartado de estas normas imperiosas, ello ha sido porque era

obvio y patente el propósito legislativo, en casos en los

cuales

la

aplicación

retroactiva

de

la

legislación

en

cuestión era necesaria para corregir un grave mal social o

para hacerle justicia a unos peticionarios. Véase, Vélez v.

Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Díaz v. Srio.

Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983) y Warner Lambert Co. v.

Tribunal

estos

Superior,

estaban

101

D.P.R.

involucradas

378

normas

(1973).

En

ninguno

referentes

al

de

derecho

privado.

En el caso de autos, el estatuto en cuestión no dispone

de

modo

alguno

que

la

nueva

disposición

que

limita

la

responsabilidad económica de la U.P.R. en casos de impericia

médica ha de tener efecto retroactivo. Ciertamente no lo

dispone de manera expresa, ni ello surge claramente de algún

otro modo. Quizás por lo anterior –por la ausencia de una

expresión clara sobre el particular en el propio estatutolos

demandados

no

levantaron

el

asunto

de

la

supuesta

retroactividad de la disposición referida en su contestación

CC-1998-876

AC-1998-47

11

a la demanda, que ocurrió el 15 de febrero de 1995; ni en el

informe de conferencia con antelación al juicio del 30 de

diciembre de 1996, aunque a esta fecha habían transcurrido

ya más de 28 meses de haberse aprobado dicha legislación.3

Los peticionarios han aludido al historial legislativo

de la Ley 98 en cuestión para señalar que en las vistas

públicas en torno al proyecto del Senado correspondiente, el

Presidente de la U.P.R. testificó a favor de que se le diese

efecto retroactivo a dicha legislación. Han indicado que ese

funcionario hizo hincapié en la necesidad de hacer aplicable

la

proyectada

Ley

98

judiciales

que

ya

se

Resulta,

sin

embargo,

a

habían

las

numerosas

presentado

que

la

reclamaciones

contra

alusión

al

la

U.P.R.

historial

legislativo demuestra todo lo contrario a lo alegado. Sólo

refleja que aunque el legislador tuvo ante sí el asunto de

la

retroactividad,

alguno.

Si

no

existía

dispuso

una

tal

efecto

intención

de

modo

legislativa

claro

de

retroactividad definitiva, en vista de planteamientos como

el del Presidente de la U.P.R. referido, lo lógico hubiese

sido que se incluyera en la Ley 98 una sencilla oración

3

La parte recurrida ha planteado que como los

peticionarios nunca enmendaron sus contestaciones a la

demanda para levantar, como defensa afirmativa, el asunto de

la

retroactividad,

tal

defensa

debe

entenderse

como

renunciada. Se amparan, inter alia, en lo que resolvimos en,

Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405

(1972) y en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175

(1968). En vista de lo que resolvemos en esta opinión sobre

el asunto de retroactividad, no es necesario resolver este

planteamiento.

CC-1998-876

AC-1998-47

12

expresando tal intención. Como se ha hecho antes, se hubiese

incluido una disposición que leyese así:

“Esta ley comenzará a regir inmediatamente

después de su aprobación, y sus disposiciones

aplicarán a causas de acción cubiertas por sus

disposiciones que estén pendientes ante el

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico a

la fecha de su aprobación.” Véase, Rodríguez

Ríos v. E.L.A., 116 D.P.R. 102, 104 (1985).

Pero dicha ley no dice nada sobre el particular. Se limita

ésta sólo a ordenar su vigencia inmediata, sin expresión

alguna que indique textualmente o de algún otro modo claro

que la nueva disposición sería de aplicación retroactiva,

como

sería

necesario

para

que

su

drástica

disposición

tuviese efecto también con respecto a pleitos pendientes al

aprobarse dicha ley.

Es evidente, además, que tampoco están presentes aquí

las

circunstancias

excepcionales

de

Vélez

v.

Srio.

de

Justicia, supra, Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior,

supra, o Díaz v. Srio. de Hacienda, supra. Tomando esto en

cuenta, en vista de que la Ley 98 referida no ordena su

aplicación retroactiva de modo expreso, ni ello surge de

modo

claro

alguno

de

dicho

estatuto,

resolvemos

que

la

disposición en cuestión sólo aplica prospectivamente a casos

cuyas causas de acción hayan surgido estando ésta vigente

ya.

III

La Apreciación de la Prueba

Pautado ya el principal asunto normativo del caso de

autos, procede que pasemos a examinar las otras cuestiones

CC-1998-876

AC-1998-47

13

planteadas ante nos por los peticionarios en el caso de

autos. Varias de ellas aluden a supuestos errores cometidos

por el foro de instancia en su apreciación de la prueba.

Veamos.

A. La Asociación alegó, en primer lugar, que no se

había

establecido

U.P.R.

respondía

por

por

los

las

demandantes-recurridos

actuaciones

de

los

que

la

médicos

que

intervinieron en el parto que aquí nos concierne, según lo

requiere el Artículo 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5142.

Esta

alegación

es

inmeritoria.

Para

comenzar,

debe

señalarse que la propia U.P.R. en ningún momento ha negado

que fue personal médico suyo el que intervino en el parto de

la

señora

Nieves.

Es

altamente

significativo

que

la

primordial parte demandada en un pleito tan controvertido

como el de autos no haya planteado que las actuaciones de

los

médicos

referidos

no

era

responsabilidad

suya.

Ello

permite la inferencia de que dichos médicos eran parte de su

personal. Más aun, en la contestación a la demanda del 15 de

febrero de 1995, la propia Asociación de Garantía de Seguros

Misceláneos admitió en su totalidad el primer párrafo de la

demanda contra la U.P.R. y el E.L.A., en el cual se alegaba

que la señora Nieves había dado a luz el 24 de diciembre de

1993 en el Hospital de Area de Carolina, que era propiedad y

estaba siendo operado por dichos demandados. Admitió, pues,

la relación de la U.P.R. con el parto referido.

CC-1998-876

AC-1998-47

14

Por otro lado, surge de los documentos que obran en

autos que el foro de instancia consideró, dilucidó mediante

vista,

y

concedió

una

solicitud

de

sentencia

sumaria

desestimando la demanda referida en cuanto al E.L.A. Ello

ocurrió porque el E.L.A. pudo demostrar que los médicos cuya

alegada

negligencia

había

causado

los

daños

de

la

parte

demandante no eran empleados suyos y sí lo eran de la U.P.R.

Tanto la Asociación como la U.P.R. fueron parte en este

procedimiento y ninguna de ellas impugnó la solicitud del

E.L.A. referida ni el dictamen de instancia aludido. Quedó

establecido así judicialmente la vinculación de la U.P.R.

con los médicos en cuestión.

Finalmente, obra en autos el contrato suscrito por la

U.P.R. con el Departamento de Salud y el Hospital de Area de

Carolina en virtud del cual el Hospital obtuvo los servicios

del Recinto de Ciencias Médicas de la U.P.R. Conforme a

dicho contrato, el Recinto referido de la U.P.R. habría de

proveer

todos

los

servicios

profesionales

a

todos

los

pacientes médico-indigentes del Hospital, como lo era la

señora Nieves.

A la luz de todo lo anterior, es claro que los médicos

que

atendieron

a

la

señora

Nieves

en

el

caso

de

autos

constituían personal del Recinto referido de la U.P.R., por

lo

que

ésta

respondía

civilmente

cometió, pues, el error alegado.

por

sus

actos.

No

se

CC-1998-876

AC-1998-47

B.

15

Mediante

su

segundo

señalamiento

de

error,

la

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos planteó en el

caso de autos que no se había probado que la negligencia de

la Universidad fuese la causa adecuada de los daños sufridos

por el demandante. En su tercer señalamiento alegó que el

Tribunal de Circuito de Apelaciones no había ejercido su

función revisora al no adoptar su propio criterio en la

apreciación de la prueba pericial.

Como

ambos

señalamientos

están

íntimamente

relacionados, los discutiremos de modo conjunto. Un examen

del

testimonio

de

los

peritos

presentados

por

la

parte

demandante, según surge de la transcripción de la prueba que

obra en autos, demuestra claramente que la negligencia de

los doctores que atendieron el parto fue la causa de los

daños que sufrió el menor. El Dr. Bernard Nathanson, quien

fue cualificado como perito en obstetricia-ginecología sin

objeción de la parte demandada, identificó en su testimonio

todas

las

desviaciones

incurridas

por

los

médicos

en

cuestión del estándar aceptado y reconocido por la profesión

médica en el tratamiento del parto de la señora Nieves. El

testimonio del doctor Nathanson, que fue corroborado por el

testimonio

del

Dr.

Allan

Hausknecht,

un

neurólogo,

se

refiere particularmente a la falta de la debida atención

médica recibida por la madre del menor durante el parto, y

al cuido inadecuado provisto al recién nacido en la sala de

parto.

CC-1998-876

AC-1998-47

16

Luego de enumerar y explicar todas y cada una de las

desviaciones

de

las

normas

de

cuidado

en

este

caso,

el

doctor Nathanson concluyó con un grado razonable de certeza

médica que hubo negligencia médica en el manejo del parto,

en el alumbramiento y en la resucitación del recién nacido.

Destacó

que

durante

el

transcurso

del

parto

se

le

suministraron a la madre dos dosis de la droga narcótica

demerol, suplementada con una dosis de la droga vistaril; y

que

la

combinación

de

demerol-vistaril

tuvo

el

efecto

funcional de doblar el efecto del demerol. Señaló que tanto

demerol

afectó

adversamente

el

sistema

respiratorio

del

infante. El perito opinó que a la señora Nieves no se le

debió

haber

suministrado

demerol,

debido

a

su

estado

pretérmino de alto riesgo, y ciertamente nunca una dosis tan

alta como la que se le suministró y, mucho menos, acompañada

con el vistaril.

Con

Tribunal

demostrado

arreglo

de

que

al

testimonio

Primera

Instancia

hubo

negligencia

pericial

referido,

concluyó

que

se

médica

el

manejo

en

el

había

del

parto, del alumbramiento y de la resucitación inmediata del

infante. Determinó, además, que si no hubiera mediado la

negligencia aludida, el infante no hubiera nacido deprimido,

no hubiese sufrido de 7 u 8 minutos de hipoxia después del

alumbramiento, en adición al periodo de tiempo anterior al

alumbramiento durante el cual los latidos fetales se habían

desacelerado, lo cual indicaba también que hubo un periodo

de tiempo significativo de hipoxia. El Tribunal de Primera

CC-1998-876

AC-1998-47

Instancia

17

determinó,

finalmente,

que

el

testimonio

del

doctor Hausknecht no había sido contradicho. Este perito

había concluido que existía una relación causal entre la

incapacidad

permanente

total

del

menor

demandante

y

los

actos y omisiones negligentes de los médicos que atendieron

el parto.

Es evidente de todo lo anterior, que el tribunal de

instancia

tenía

fundamentos

suficientes

en

la

prueba

presentada para hacer las determinaciones que hizo. No hemos

de interferir con las apreciaciones de los hechos aludidas.

IV

Las Cuantías

Los

peticionarios

también

impugnaron

ante

nos

las

cuantías concedidas al demandante por el foro de instancia.

Hicieron planteamientos diversos sobre el particular, que

debemos examinar. Veamos.

A.

La Universidad de Puerto Rico planteó que una parte

considerable de la condena de $2,900,000 consistía de gastos

futuros de cuido, terapias, transportación, dietas y otros

gastos misceláneos similares que el estado de Florida, a

donde tuvo que ir a domiciliarse el demandante, le ha estado

pagando a éste. Por dicha razón, la Universidad alegó que ha

sido condenada a indemnizar unos gastos en los cuales el

demandante podría no incurrir nunca.

CC-1998-876

AC-1998-47

18

En nuestra jurisdicción hemos adoptado ya la doctrina

de

la

fuente

colateral,

conforme

a

la

cual,

como

regla

general, el causante de un daño está impedido de deducir del

importe

de

la

indemnización

que

se

le

ha

impuesto,

la

compensación o beneficios que el perjudicado haya recibido

de una tercera persona o entidad. Futurama Import Corp. v.

Trans Caribben, 104 D.P.R. 609 (1976). La doctrina referida

se fundamenta en el principio de que el que causa un daño

por

su

negligencia

no

debe

beneficiarse

de

lo

que

el

perjudicado haya recibido por la liberalidad de otros ni de

los

servicios

necesitados.

públicos

H.M.

que

la

Brau

del

Toro,

en

Puerto

Extracontractuales

comunidad

Los

Rico,

extiende

Daños

y

a

los

Perjuicios

Publicaciones

J.T.S.

1980, pág. 449. Esta concepción tiene amplio apoyo en la

doctrina

civilista,

que

se

fundamenta

también

en

que

la

relación del tercero que concede beneficios al perjudicado

es

completamente

distinta

a

la

que

tiene

con

éste

el

causante de sus daños. El que causa el daño está obligado a

indemnizar mientras que lo concedido por el tercero está

abonado por otro título. Santos Briz, La Responsabilidad

Civil, Madrid, 1993, págs. 275-276; Puig Brutau, Fundamentos

de Derecho Civil, Barcelona, 1983, Tomo II, Vol. III, pág.

198; Mazeaud, Derecho Civil, 1960, Parte II, págs. 62-63.

Orgaz,

en

su

clásica

monografía,

El

Daño

Resarcible,

Córdoba, 1980, a la pág. 191, lo ha señalado de la manera

siguiente:

“Algunas veces, con motivo de un acto ilícito,

el damnificado es socorrido con donaciones de

CC-1998-876

AC-1998-47

19

personas o instituciones benéficas o con el

producto

de

suscripciones

públicas.

Existe

unanimidad de pareceres en el sentido de que el

autor del acto ilícito no puede pretender que

estos beneficios se deduzcan del importe que

debe satisfacer en concepto de indemnización; se

trata de beneficios enteramente fortuitos que

ninguna conexión propiamente causal tiene con el

acto del responsable. (Enfasis suplido).

En Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, supra, sin

embargo,

hicimos

claro

que

la

doctrina

de

la

fuente

colateral no debía aplicarse mecánicamente. Preocupados por

el

problema

de

la

llamada

“doble

compensación”

o

la

acumulación de las indemnizaciones, señalamos que en cada

caso debe examinarse el origen y propósito del beneficio

colateral

en

cuestión,

para

decidir

entonces

si

éste

se

deducía o no de la indemnización que debía pagar el causante

del daño.

En el caso de autos, el beneficio colateral que ha

provisto el estado de Florida al demandante no constituye

una doble compensación, como quizás podría ocurrir si el

demandante

mediante

hubiese

una

recibido

póliza

de

algún

seguro

pago

propia

como

asegurado

expedida

para

indemnizar daños afines. Los beneficios que ha recibido el

demandante

surgen

de

una

política

social

estatal

que

persigue ayudar a cualquier incapacitado que resida en el

Estado, por su mera condición como tal, que nada tiene que

ver con la reparación de daños sufridos por una impericia

médica. Se trata de beneficios de duración incierta, que

dependen de los fondos que el Estado tenga disponible para

tales

fines,

de

la

voluntad

política

de

continuar

CC-1998-876

AC-1998-47

20

otorgándolos

que

exista

en

ese

Estado,

y

de

que

el

demandante continúe residiendo allí. Resolver como pretende

la peticionaria significaría dejarle que se beneficie de lo

que la comunidad de Florida ha dispuesto, no para ella sino

para sus residentes incapacitados, y así verse librada de

gratis

de

una

obligación

totalmente

extrañas.

perjudicado

a

ser

por

circunstancias

Significaría,

inexorablemente

además,

el

que

le

son

condenar

al

recipiente

de

una

beneficencia pública fuera de su país, sin poder socorrerse

él mismo en instituciones privadas de su preferencia. No

tiene

razón,

pues,

la

peticionaria.

El

error

no

fue

cometido.

B.

La U.P.R. planteó también que el foro apelativo no

corrigió de modo adecuado el error que supuestamente cometió

el foro de instancia al concederle a la vez al demandante

una indemnización por “lucro cesante” y otra por “menoscabo

del potencial de generar ingresos”. Según la peticionaria,

cuando el Tribunal de Circuito de Apelaciones ordenó que se

restase

$325,000

de

los

$2,900,000

que

el

tribunal

de

instancia concedió “por todos los gastos futuros de cuidado,

transportación,

dietas,

lucro

cesante,

y

demás

gastos

misceláneos especiales”, dicho foro procuraba corregir el

problema de duplicidad de partidas que supuestamente surgía

del hecho de que el tribunal de instancia también le había

concedido al demandante una partida separada de $325,000

“por

concepto

de

menoscabo

de

potencial

de

generar

CC-1998-876

AC-1998-47

ingresos”.

21

Adujo

la

U.P.R.

que

tal

dictamen

del

foro

apelativo lo que hacía en efecto era eliminar la partida

correspondiente

al

menoscabo

referido,

mientras

dejaba

vigente la partida errónea e indeterminada de lucro cesante,

que usualmente era mayor que la que se concedía por el

menoscabo aludido.

En

su

sentencia,

el

foro

apelativo

indicó

que

no

entendía por qué el foro de instancia había incluido el

concepto de “lucro cesante” en la partida referida. Señaló

que

la

propia

parte

demandante

no

había

reclamado

lucro

cesante. Con arreglo a Ruíz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R.

306

(1985),

determinó,

además,

que

tal

partida

era

jurídicamente improcedente en un caso como el de autos. El

tribunal apelativo entonces aludió a la supuesta dificultad

de corregir el alegado error del foro de instancia debido a

que éste no le había otorgado un valor determinado al lucro

cesante, por lo que carecía de “unos parámetros específicos”

sobre el particular que le permitiesen corregir el supuesto

error.

Por

lo

anterior,

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones dispuso, sin más, que debía reducirse de los

$2,900,000 la cantidad de $325,000 que fueron otorgados por

menoscabo del potencial de generar ingresos.

No cabe dudas de que en el caso de autos no podía

concederse

al

demandante

una

partida

por

lucro

cesante

debido a que éste nunca había recibido ingresos derivados de

un

trabajo.

Ausente

un

historial

previo

de

actividad

retribuida, era improcedente una indemnización por concepto

CC-1998-876

AC-1998-47

22

de lucro cesante. Ruiz Santiago v. E.L.A., supra.

El foro

apelativo

de

determinó

correctamente

este

aspecto

la

cuestión aludida. Si el foro de instancia en efecto hubiese

concedido

alguna

indemnización

por

concepto

de

lucro

cesante, ésta debía eliminarse por ser improcedente.

Pero

resulta

que

el

foro

de

instancia

realmente

no

otorgó tal indemnización. Si se examina cuidadosamente el

texto de la sentencia a quo, surge con claridad de ésta que

el

tribunal

no

consideró

para

nada

el

asunto

del

lucro

cesante; y que la única mención que aparece de este concepto

en la página final de la sentencia, de sólo dos palabras,

debe

haber

sido

un

error

tipográfico.

El

tribunal

de

instancia sí dedicó dos páginas de la sentencia a discutir

lo relativo al menoscabo del potencial de generar ingresos,

y se apoyó para ello en nuestra medular decisión en Ruiz

Santiago v. E.L.A., supra. Luego examinó lo relativo a los

gastos de tratamiento médico y cuido especial que tendría el

menor por estar incapacitado de modo permanente. Sobre el

particular señaló lo siguiente:

“La prueba también ha demostrado de forma

incontrovertida que... el menor necesitará cuido

especial constante y permanente durante su vida,

habiéndose colocado en condiciones al Tribunal

de evaluar estas partidas especiales mediante el

estimado razonable no contradicho del Dr. Allan

Hausknecht. El doctor Hausknecht testificó que

el costo de cuido y tratamiento en estos casos

es nacionalmente igual. Indicó que el costo

promedio sería entre $50,000 a $60,000 al año

hasta los 16 ó 17 años de edad; entre $70,000 y

$75,000 al año entre los 17 y los 25 años y de

$60,000 al año cuando esté institucionalizado

por no tener a sus padres u otro familiar

cercano que se ocupen de él. ...A la luz de lo

expuesto, el Tribunal entiende razonable no

CC-1998-876

AC-1998-47

23

conceder indemnización por cuidos y tratamientos

pasados no incurridos y que éstos deben proceder

a partir de la sentencia utilizando la suma

menor anual de $50,000, proyectada hasta la edad

de setenta años. Por lo que, a base de esto, el

demandante tiene derecho por estos conceptos, a

una suma global de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL

DOLARES”. (Enfasis suplido).

De lo anterior, es evidente que la partida impugnada de

$2,900,000 no incluía de modo alguno una indemnización por

lucro

cesante.

peticionaria

como

Es

evidente,

el

foro

además,

apelativo

se

que

tanto

la

equivocaron

al

entender que en la referida partida de $2,900,000 se habían

englobado de manera indeterminada la indemnización de varios

daños distintos sin precisar el monto concreto de cada uno.

Dicha partida, según hemos visto, se refería de modo expreso

únicamente al pago de gastos futuros para tratamiento médico

y cuido del menor incapacitado a base de $50,000 anuales

hasta la edad de setenta (70) años.4 Por ello, el error que

sí cometió el foro apelativo fue el de ordenar la reducción

de $325,000 de la partida referida. El tribunal consideró

que con esa reducción se conjuraba el problema de duplicidad

de partidas, pero como dicho problema realmente no existía,

la

reducción

dispuesta

fue

improcedente.5

Erró

el

foro

apelativo al ordenarla.

4

El tribunal de instancia sí cometió un error de

cálculo. Al momento de dictarse la sentencia, el menor

demandante tenía 13 años, por lo que le quedaban 57 años

para llegar a la edad de 70. Por ello, a base de $50,000 por

año, la cantidad total debió ser $2,850,000 y no $2,900,000

según dispuso dicho foro.

5

Fue improcedente, además, por otra razón. Si hubiese

sido correcta la apreciación del foro apelativo de que la

CC-1998-876

AC-1998-47

C.

24

Finalmente,

las

peticionarias

impugnaron

por

excesivas las varias cuantías concedidas al demandante por

el foro de instancia y ratificadas por el foro apelativo.

Señalaron ambas que las partidas otorgadas eran muy elevadas

y más altas que las que se han concedido judicialmente en

casos similares.

En innumerables ocasiones hemos señalado que la gestión

judicial de estimar y valorar los daños en casos como el de

autos es difícil y angustiosa, debido a que no existe un

sistema

de

certera

computación

que

permita

llegar

a

un

resultado exacto en relación con el cual todas las partes

queden

satisfechas

y

complacidas.

Blas

v.

Hospital

Guadalupe, opinión del Tribunal del 30 de junio de 1998, 146

D.P.R. ___, 98 JTS 101; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116

D.P.R. 443 (1985); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

También es un principio reiterado que este Tribunal no

intervendrá con la decisión sobre estimación de daños que

indemnización

supuestamente

otorgada

por

el

foro

de

instancia por lucro cesante era indeterminada, por estar

englobada

junto

con

otras,

entonces

frente

a

tal

circunstancia, lo que el tribunal apelativo debió hacer era

devolver el caso al tribunal de instancia para que éste

desglosara las cantidades particulares que correspondían a

los varios daños supuestamente incluidos en la partida de

$2,900,000, para luego eliminar la que perteneciese a lucro

cesante. El dictamen del foro apelativo de reducir de dicha

partida una cantidad igual a la otorgada por menoscabo del

potencial de generar ingresos hubiese sido válido sólo si

dicha cantidad hubiese sido igual a la supuestamente

concedida por lucro cesante. Pero el foro apelativo no tenía

base alguna para suponer que dichas cantidades eran iguales,

por lo cual lo que hubiese procedido era ordenar el

desglose.

CC-1998-876

AC-1998-47

25

emitan los tribunales de instancia, a menos que las cuantías

concedidas sean ridículamente bajas o exageradamente altas.

Blas

v.

Hospital

Guadalupe,

supra;

Rodríguez

Cancel

v.

A.E.E., supra; Valldejully Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R.

917 (1971).

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia

concedió las siguientes cantidades:

(a)

$750,000: “por concepto de daños físicos

pasados,

presentes

y

futuros,

su

incapacidad permanente y demás daños antes

relatados”

(b)

$325,000:

“por concepto del menoscabo de

potencial de generar ingresos”

(c)

$2,900,000: “por todos los gastos futuros

de cuido, transportación, dietas, lucro

cesante

y

demás

gastos

misceláneos

especiales antes relatados que debido a su

incapacidad

[del

demandante]

deberá

incurrirse”

(d)

$10,000:

abogados”

“por concepto de honorarios de

Como puede observarse, la cantidad total concedida al

demandante

en

la

sentencia

suman

$3,985,000,

lo

que

es

sustancialmente más alto que lo que hemos concedido en casos

de naturaleza similar al de autos. Debe tenerse en cuenta

que la suma en cuestión fue concedida como indemnización de

los daños sufridos sólo por el menor Angel Hernández Nieves.

La madre de éste, que compareció en representación de su

hijo, no reclamó compensación por sus propios sufrimientos.

Hace unos años encaramos una situación muy parecida a

la del caso de autos. En Riley v. Rodríguez De Pacheco, 119

D.P.R. 762 (1987), una recién nacida sufrió graves daños

CC-1998-876

AC-1998-47

26

cerebrales por razón de la impericia de los médicos que

atendieron el parto. Dichos daños la incapacitaron física e

intelectualmente de modo permanente.

Como la menor no podía

llevar

habría

a

cabo

una

vida

normal,

de

necesitar

tratamientos, cuido y asistencia de otras personas durante

toda

su

$800,000

existencia.

El

por

físicos

daños

tribunal

y

de

instancia

mentales,

que

le

otorgó

consideramos

exagerados. Los redujimos a $400,000 e indicamos que:

“...llevados a extremos reales, los sufrimientos

mentales

y

físicos

son

cuantificables

al

infinito.

Sin

unos

límites

razonables,

la

indemnización dejaría de tener la característica

de

resarcimiento

para

convertirse

en

una

punitiva.”

En el caso de autos, conforme a lo resuelto en Riley v.

Rodríguez De Pacheco, supra, se debe reducir la partida de

daños físicos de $750,000 que otorgó el foro de instancia.

Siguiendo los parámetros del precedente referido, estimamos

razonable la suma de $375,000.

En

cuanto

a

las

partidas

otorgadas

por

concepto

de

menoscabo del potencial de generar ingresos y por concepto

de

gastos

futuros

de

cuido

y

tratamiento,

nos

parece

evidente que existe un elemento altamente especulativo en

ellas. Ambas están fundadas en el supuesto de que el menor,

a pesar de la severa incapacidad física y la retardación

mental que sufre, habrá de vivir por lo menos hasta los

setenta (70) años de edad. Por ello, siguiendo de nuevo el

precedente

de

Riley

v.

Rodríguez

de

Pacheco,

supra,

estimamos razonable reducir dichas partidas de $325,000 y

CC-1998-876

AC-1998-47

27

$2,900,000

a

las

sumas

de

$162,500

y

$1,450,000

respectivamente. Con arreglo a lo anterior, el total de la

indemnización

por

las

tres

partidas

referidas

sumaría

$1,987,500.

V

Los honorarios de abogado

La Asociación de Garantía de

planteó

temeridad

que

la

que

parte

Seguros

demandada

justificase

la

no

Misceláneos

había

condena

de

nos

incurrido

en

$10,000

en

honorarios de abogado que le fue impuesta por el foro a quo.

El señalamiento es inmeritorio. El Tribunal de Primera

Instancia

determinó

que

la

temeridad

incurrida

por

la

Universidad era patente, pues ésta había negado hechos que

le

constaban

o

que

eran

de

fácil

constatación.

contestación

a

la

demanda

la

U.P.R.

responsabilidad,

la

lesión

del

menor

En

su

negó

toda

su

y

carácter

su

incapacitante, y otros extremos similares, de lo cual se

desprende con claridad la temeridad. El error no se cometió.

Como la Universidad de Puerto Rico, por ser una corporación

pública, no está exenta del pago de honorarios de abogados

por temeridad, como sí lo está el E.L.A. al amparo de la

Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, procede el pago de lo

impuesto

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Véase,

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 460 (1985).

CC-1998-876

AC-1998-47

28

VI

Por

para

los

fundamentos

modificar

la

del

expuestos,

foro

se

apelativo

dictará

y

sentencia

disponer

las

siguientes cuantías como monto total de la reparación debida

al demandante:

1)

2)

3)

4)

por concepto de todos los daños

físicos ..............................

$

375,000

por menoscabo del potencial de generar

ingresos .............................

162,500

por concepto de gastos futuros de cuido

y tratamiento .........................

1,450,000

por honorarios de abogados ............

10,000

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

29

CC-1998-876

AC-1998-47

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marta Nieves Cruz en Representación de Angel Luis Hernández

Nieves

Demandantes-Apelados

vs.

CC-1998-876

Cons. AC-1998-47

Certiorari

Universidad de Puerto Rico;

Asociación de Garantía de

Seguros Misceláneos

Demandados-Apelantes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se

dicta sentencia modificando la del foro apelativo y se

disponen las siguientes cuantías como monto total de la

reparación debida al demandante:

1) por concepto de todos los daños

físicos .......................

$

375,000

2) por menoscabo del potencial de generar

ingresos ......................

162,500

3) por concepto de gastos futuros de cuido

y tratamiento .................

1,450,000

4) por honorarios de abogado .......

10,000

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. Todos los Jueces participan por

Regla de Necesidad. El Juez Asociado señor Hernández Denton

disiente con opinión escrita, a la cual se unen la Juez

Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor

Corrada del Río.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

30

CC-1998-876

AC-1998-47

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Marta Nieves Cruz, en Representación de Angel Luis Hernández

Nieves

Demandantes-Apelados

Vs.

CC-1998-876

Cons. AC-1998-47

Certiorari

Universidad de Puerto Rico;

Asociación de Garantía de

Seguros Misceláneos

Demandados-Apelantes

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton a

la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez

Asociado señor Corrada del Río

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2000.

Aunque coincidimos con la Opinión del Tribunal a

los efectos de que la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de

1994, 26 L.P.R.A. sec. 4105, tiene efecto prospectivo,

disentimos de la determinación mayoritaria de reducir

las cuantías por concepto de daños concedidas por el

Tribunal de Primera Instancia. Entendemos que el

tribunal de instancia valoró de forma justa y adecuada

los daños que sufrió el menor Hernández Nieves, y no

existe base alguna en el expediente que justifique la

reducción de dichas cuantías desde este estrado

apelativo.

31

CC-1998-876

AC-1998-47

I.

En 1983 Marta Nieves Cruz dio a luz a Ángel Luis Hernández Nieves

en el Hospital de Área de Carolina.

Nieves Cruz, en representación de su hijo, presentó demanda en

daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado,6 la Universidad de

Puerto Rico, y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. Alegó,

en síntesis, que como resultado de las actuaciones negligentes de los

médicos que le atendieron en el parto, el menor había sufrido lesiones

permanentes, que incluían incapacidad física y retardación mental.

Después de varios incidentes procesales, y de la celebración del

juicio correspondiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró con

lugar la demanda.

Condenó a la Universidad de Puerto Rico a pagar las

siguientes cantidades:7

(1)$325,000 por concepto del menoscabo del potencial de generar

ingresos.

(2)$750,000 por concepto daños físicos pasados, presentes

futuros y la incapacidad permanente de Hernández Nieves.

(3)$2,900,000

por

todos

los

transportación,

lucro

cesante8

especiales.

gastos

y

demás

futuros

gastos

y

de

cuido,

misceláneos

(4)$10,000 por concepto de honorarios de abogado.

Los demandados presentaron sendos recursos de apelación ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, en los cuales alegaron, entre

otras cosas, que las cuantías de daños concedidas por el Tribunal de

Primera Instancia habían sido excesivas. El tribunal apelativo modificó

la sentencia dictada por el tribunal de instancia, a los únicos efectos

de restar la suma de $325,000 de la partida de $2,900,000.

Inconformes, los demandados recurren ante nos cuestionando, entre

otros asuntos, las cuantías concedidas al demandado por el foro a quo.

6

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la

reclamación en cuanto al Estado Libre Asociado.

7

Determinó que la responsabilidad de la Asociación de Garantía de

Seguros Misceláneos se limitaba a la suma de $150,000.

8

Coincidimos con la mayoría del Tribunal a los efectos de que la

mención de lucro cesante dentro de dicha partida constituyó un error

tipográfico.

32

CC-1998-876

AC-1998-47

Este Tribunal, sin más, reduce a la mitad dichas cuantías.

razones

que

expondremos

a

continuación,

no

podemos

Por las

refrendar

dicha

determinación.

II.

En

nuestro

sistema

de

responsabilidad

extracontractual

la

indemnización del daño tiene como fin restablecer al demandante al

estado

en

que

se

encontraba

antes

de

ocurrirle

devolver las cosas a su estado natural.

144

(1961).

Esta

reparación

se

el

daño,

esto

es

Correa v. A.F.F., 83 D.P.R.

denomina

reparación

in

natura

o

restitutio in integrum. Sin embargo, esto resulta difícil, y muchas

veces

imposible.

Por

tanto,

en

muchas

ocasiones

se

recurre

a

la

alternativa de reparar el daño mediante la concesión de una suma de

dinero

que

se

establece

como

“equivalente”

a

la

pérdida

sufrida.

Véase, Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); Galib Frangie

v. El Vocero de Puerto Rico, res. el 6 de junio de 1995, 139 D.P.R.__

(1995).

La valoración del daño constituye elemento fundamental en nuestro

ordenamiento jurídico. Conceder cuantías insuficientes por concepto de

daños sufridos tiene el efecto de aminorar la responsabilidad civil a

la que deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas. Antonio J.

Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo

I, 1997, pág. 31. Por el contrario, una valoración exagerada daría

lugar al elemento punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho.

Para

que

el

sistema

civil

cumpla

con

sus

Id.

propósitos,

los

tribunales debemos propiciar que se logre la más razonable proporción

entre el daño causado y la indemnización concedida. Id. Sin embargo,

reconocemos que la función de valorar el daño es sumamente difícil,

particularmente cuando se trata de valorar daños no patrimoniales o

daños morales. Blas Toledo v. Hospital de la Guadalupe, res. el 22 de

julio de 1998, 98 TSPR 111.

33

CC-1998-876

AC-1998-47

La preocupación por la dificultad y complejidad de valorar los

daños ha sido manifestada por este Tribunal en reiteradas ocasiones.

Así,

en

Riley

v.

Rodríguez

de

Pacheco,

119

D.P.R.

762

(1987),

indicamos:

"La determinación de una compensación justa y razonable por

los daños sufridos [es] tarea que constituirá un reto aun

para un Salomón del siglo XX. [Cita omitida]. La apreciación

humana valorativa de elementos que no son ostensibles y

visibles sino intangibles... no está exenta de cierto grado

de especulación.

Aspiramos a que toda adjudicación sea

razonablemente balanceada, esto es, ni extremadamente baja

como tampoco desproporcionalmente alta”.

La

gestión

sumamente

judicial

complicada

computadora

y

electrónica

inarticuladas

que

de

estimación

y

valoración

de

daños

es

una

tabla

o

angustiosa

porque

“no

existe

que

todos

los

elementos

nutren

la

recoja

valoración

del

dolor

y

físico

premisas

y

mental

humano, que permita, mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir

unos

botones,

obtener

el

resultado

final

apropiado”.

Urrutia

v.

A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

La tarea de valorar el daño descansa inicialmente en el ejercicio

discrecional

prudente,

juicioso

y

razonable

del

juzgador

de

hechos

animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. Urrutia,

supra. Los tribunales de instancia están en mejor posición que los

tribunales apelativos para hacer esta evaluación. Ello es así, ya que,

éstos tribunales son los que tienen contacto directo con la prueba

presentada

en

el

proceso

judicial

de

primera

instancia.

Urrutia,

supra; Blas Toledo, supra.

Así pues, a tenor con la referida norma de abstención judicial,

este Tribunal no intervendrá con la estimación y valoración de daños

que hagan los tribunales de instancia a menos que las cuantías sean

ridículamente

bajas

o

exageradamente

altas.

Valldejuli

Rodríguez

v.

A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971); Riley, supra; Rodríguez Cancel, supra;

Urrutia, supra. De ahí que la parte que solicita la modificación de las

sumas concedidas a nivel de instancia venga obligada a demostrar la

34

CC-1998-876

AC-1998-47

existencia de circunstancias que hagan meritorio modificar las mismas.

Rodríguez Cancel, supra.

Resulta pertinente puntualizar, que si bien es cierto que en

algunos

casos

hemos

hecho

expresiones

a

los

efectos

de

que

los

tribunales de instancia pueden utilizar como guía o punto de partida

las sumas concedidas por este Tribunal en casos similares,9 no menos

cierto es que este factor no es determinante en la estimación de daños.

Recuérdese

que

no

hay

dos

casos

exactamente

iguales;

cada

caso

se

distingue por sus propias y variadas circunstancias. Es por ello que la

decisión

que

valoración

y

se

emita

en

estimación

un

de

caso

daños,

específico,

no

puede

en

relación

con

ser

considerada

la

como

precedente obligatorio para otro caso. Toro Aponte v. E.L.A., res. el

31

de

enero

de

1997,142

D.P.R.___

(1997);

Velázquez

Ortiz,

supra;

Rodríguez Cancel supra. La valoración responde a factores particulares

y únicos que no se prestan a extrapolación indiscriminada entre un caso

y

otro.

La

compensación

otorgada

a

los

demandantes

ha

de

ser

considerada conforme los hechos particulares del caso. Toro Aponte,

supra.

Ahora bien, si un tribunal toma en cuenta como punto de partida

pasadas

valoraciones,

las

cuales,

reiteramos,

no

constituyen

un

precedente obligatorio, es su deber actualizarlas. Ello debido a que el

“valor” del dinero hoy día no es el mismo que hace, digamos diez o

veinte años atrás por razón del alza en el costo de la vida que se

experimenta en nuestra sociedad. Véase, Rojas v. Maldonado, 68 D.P.R.

818 (1948).

Con este trasfondo doctrinal acerca de la estimación y valoración

de los daños en nuestro ordenamiento, resulta pertinente analizar los

criterios que deben regir dicha determinación para cada una de las

partidas específicas concedidas por el Tribunal de Primera Instancia en

9

Véase, por ejemplo, Velázquez Ortiz v. U.P.R. 128 D.P.R 324 (1991);

Molina Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362(1988).

35

CC-1998-876

AC-1998-47

el caso de autos. Examinemos, además, si dichas cuantías son razonables

y adecuadas y si encuentran apoyo en la prueba desfilada ante el foro a

quo.

(A) Menoscabo del Potencial de Generar Ingresos

En

Ruiz

Santiago

v.

E.L.A.,

116

D.P.R.

306,

310

(1985),

reconocimos, por primera vez, la modalidad del lucro cesante llamada

"menoscabo

del

potencial

de

generar

ingresos".

Este

tipo

de

compensación no va dirigido a sustituir ingresos (porque la persona

nunca había recibido un ingreso ni lo recibía en el momento del acto

dañoso)

sino

a

indemnizar

mediante

una

suma

global

el

potencial

frustrado de generarlos. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443

(1985). Tal es el caso en el que se causa incapacidad a un menor que no

había recibido ingresos nunca, pero que tiene a su favor la presunción

de que habría sido una persona de condiciones normales y que habría

ganado

lo

que

tal

persona

ganaría.

Ruiz

Santiago,

supra;

Pate

v.

de

una

U.S.A., 120 D.P.R. 566 (1988).

Reconocemos

que

la

cuantificación

y

determinación

compensación adecuada en dichas instancias conlleva unas complicaciones

ya que este tipo de indemnización, al igual que otros tipos de daños,

no están "inmunes de cierto grado de especulación". Ruiz Santiago,

supra; Pate, supra. No obstante, hemos dicho que dichas dificultades no

pueden

servir

cumplida

dependerá

de

justicia.

de

la

obstáculo

Id.

Así,

en

la

consideración

nuestra

principal

estimación

y

de

ponderación

función

este

de

tipo

varios

de

hacer

de

daño

factores

valorativos, sin apego a una fórmula aritmética rigurosa. La cuantía

final específica será de “razonable aproximación judicial”, ya que el

criterio rector para la estimación de este tipo de daño es el de

probabilidad. Ruiz Santiago, supra; Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R.

854, 871 (1978).

36

CC-1998-876

AC-1998-47

Ante la ausencia de un historial previo de actividad retribuida,

los factores que deben tomarse en cuenta, al fijarse la cuantía por el

menoscabo del potencial de generar ingresos, incluyen el status del

menor al momento de la incapacidad y su proyección futura razonable.

Ruiz

Santiago,

factores

a

supra;

considerarse

Rodríguez

son:

el

Cancel,

supra;

Pate,

tipo

núcleo

familiar,

de

Otros

supra.

grado

de

estabilidad del hogar, edad, condición de salud física y mental previa,

inteligencia, su disposición, educación alcanzada, hábitos de estudio,

habilidad en la escuela, talento, intereses específicos, entrenamientos

y destrezas desarrolladas, grado de madurez y experiencia. Id. Las

leyes

de

salario

mínimo,

los

promedios

de

ingreso

en

las

variadas

ocupaciones o profesiones prevalecientes, y los sistemas de retiro o la

edad promedio de retiro forman parte del cuadro total. Id.

Todos estos factores y aquellos adicionales que provean mejores

elementos de juicio, servirán al juzgador para iluminar su conciencia y

valorar

e

indemnizar

global

y

equitativamente

el

menoscabo

del

potencial de generar ingresos. Ruiz Santiago, supra.

En la valoración de este tipo de daño patrimonial sirven de ayuda

las

estadísticas

y

ciencias

económicas

que

permiten

hacer

unas

proyecciones. Los jueces, con la ayuda de peritos en diferentes áreas,

pueden hacer un cálculo educado y razonable de ese daño patrimonial.

En

el

caso

de

marras

es

incuestionable

la

procedencia

de

la

partida por menoscabo del potencial de generar ingresos. Es un hecho no

controvertido que la incapacidad física y mental del menor Hernández

Nieves le impedirá tener un empleo que le permita generar ingresos.10

Opera a su favor la presunción de que habría sido una persona de

condiciones normales y que habría ganado lo que tal persona ganaría.

El tribunal de instancia al fijar la cuantía de $325,000 por la

partida del menoscabo del potencial de generar ingresos, tomó como

punto de partida el informe del perito economista Dr. Jorge Freyre, el

37

CC-1998-876

AC-1998-47

cual fue presentado por la parte demandante. Especial énfasis merece el

hecho de que dicho informe fue admitido en evidencia sin la oposición

de

la

demandada.11

parte

Los

demandados

tampoco

contradijeron

dicho

informe.

Al hacer el cálculo, el Dr. Freyre consideró una expectativa de

vida de 70.26 años12 y tomó en cuenta los factores esbozados en Ruiz

Santiago, supra. El Dr. Freyre le proveyó al tribunal dos alternativas

con relación al cómputo de la partida del menoscabo del potencial de

generar ingresos. Por un lado, concluyó que el resultado del cómputo

era $325,000 si se tomaba como base la probabilidad de empleo del

universo

de

varones

en

Puerto

Rico.

El

menoscabo

del

potencial

de

generar ingresos ascendería a $500,000 si se tomaba en consideración el

historial

de

Instancia,

empleo

en

el

del

padre

ejercicio

del

de

su

menor.

El

Tribunal

discreción,

al

de

Primera

evaluar

las

alternativas ofrecidas, escogió la menor de las dos, es decir concedió

$325,000, basándose en el cómputo más conservador. Esto a pesar de que,

como

vimos,

existía

base

suficiente

en

la

prueba

presentada

para

conceder una cuantía mayor.

El tribunal de instancia estableció la cuantía por la partida del

menoscabo de potencial de generar ingresos a tenor con los criterios

expuestos jurisprudencialmente por esta Curia y conforme a la prueba

desfilada. Mas aun, como señalamos anteriormente, basó su determinación

en el cálculo más conservador.

Aun así, la mayoría de este tribunal reduce a la mitad la partida

en cuestión, es decir, reduce la cuantía de $325,000 a $162,500 sin un

análisis

ulterior

de

la

prueba

pericial

y

no

contradicha

por

los

demandados. ¿Qué criterios objetivos tiene este tribunal para disminuir

10

Tal conclusión encuentra apoyo en los testimonios de los peritos Dr.

Agustín García y Dr. Allan Hansknecht.

11

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág.12.

12

Esta expectativa de vida está acorde con el testimonio del perito Dr.

Allan Hausknecht sobre la mortalidad de las personas que sufren de

condiciones similares a las de Hernández Nieves. Sentencia del Tribunal

38

CC-1998-876

AC-1998-47

dicha cuantía? Ninguno. ¿Qué datos han ofrecido los demandados que

contradigan los ofrecidos por el perito economista Dr. Freyre, que nos

permitan evaluar la “razonabilidad” de la valorización que se hizo de

este

tipo

de

daño?

Ninguno.

Nada

hay

en

el

expediente,

fuera

de

alegaciones en el vacío de los demandados de que dicha cuantía es

“excesiva”, que amerite dejar reducir la misma.

Consideramos, pues que la cantidad concedida por el Tribunal de

Primera Instancia de $325,000 en concepto del menoscabo de potencial de

generar

ingresos,

es

justa

y

razonable13

y

encuentra

apoyo

en

la

evidencia que consideró el foro a quo.

(B) Daños Físicos y Mentales

Este Tribunal consideró como una cantidad “razonable” por concepto

de daños físicos y mentales sufridos por el menor Hernández Nieves la

cantidad de $375,000, a pesar de que el tribunal de instancia concedió

el doble, es decir, $750,000. Al evaluar la razonabilidad de dicha

partida este Tribunal tomó como punto de comparación el caso de Riley

v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987). Esto por ser un caso

“parecido” al presente caso en vista de que allí una recién nacida, por

razón de la impericia médica de los médicos que atendieron el parto,

sufrió incapacidad física y mental permanente.

En aquella ocasión consideramos razonable la cuantía de $400,000

en concepto de daños físicos y mentales. Nos parece increíble que la

mayoría tome como punto de partida el caso de Riley, supra, que según

sus propias palabras es un caso muy “parecido al caso de autos”, no

para conceder al menos lo que allí se concedió, sino para reducir la

cuantía concedida en el presente caso a una cantidad menor ($375,000) a

la otorgada en Riley, supra.

Hay más, trece (13) años después de nuestra decisión en Riley,

supra, y veintiséis (26) años después de los hechos que dieron lugar a

de Primera Instancia,

Hausknecht, pág. 30.

pág.

12;

T.E.

Testimonio

del

Dr.

Allan

39

CC-1998-876

AC-1998-47

dicha decisión, este Tribunal utiliza dicho caso como guía pasando por

alto

que

la

suma

allí

concedida

indudablemente

tiene

que

ser

actualizada. Es una realidad innegable que el “valor” del dinero hoy

día no es el mismo que hace trece (13) o veintiséis (26) años atrás por

razón del alza en el costo de la vida.

Resulta interesante destacar que lo que constituía $400,000 hace

trece (13) años, podría constituir hoy día una cantidad que supera el

millón de dólares.14 El tribunal de instancia, tomando en cuenta el

valor actual del dinero, pudo haber otorgado dicha suma, si hubiese

usado como referencia el caso de Riley, supra. Sin embargo, una vez más

optó,

en

el

ejercicio

razonable

de

su

discreción,

por

un

cálculo

conservador y concedió la cantidad $750,000.

Aun si no tomáramos como guía el caso de Riley, supra, como hizo

la mayoría de este Tribunal, entendemos que la cantidad concedida por

el tribunal de instancia en concepto de los daños físicos y mentales

sufridos

por

Hernández

Nieves

no

es

excesiva

ni

exagerada.

De

un

análisis minucioso de las declaraciones de los peritos, los cuales le

merecieron entera credibilidad al foro de instancia, se desprende que

Hernández

Nieves

padece,

cerebral,

estrabismo,

entre

displejía

otras

condiciones,

espástica,

atrofia

de

parlesía

óptica

y

varios

tipos de anomalía relacionadas a la cadera y piernas. Es dependiente

para todos los quehaceres cotidianos de la vida, es decir depende de

otras

personas,

por

ejemplo,

para

su

cuido,

alimentación,

aseo,

vestido, y para ir a sus citas médicas y tratamientos.15

Respecto a los daños morales, basta decir, como señaló el juez

sentenciador,

que

la

incapacidad

física

del

menor

supone

“una

alteración significativa de su vida familiar y afectiva”. El menor, “ha

13

Dicha cantidad se reduce en términos reales a una indemnización anual

de $5,701 anuales y de $15.61 diarios, lo cual no tiene nada de

exagerado o punitivo, como alegan los demandados.

14

Tomando como punto de partida una tasa de interés de 8%, el cálculo

exacto

sería

$1,087,868.

Véase

Kieso

&

Weygant,

Intermediate

Accounting, 8va Edición, 1994, pág. 303.

15

Véase, Testimonio del perito Dr. Allan Hausknecht, T.E. pág.74.

40

CC-1998-876

AC-1998-47

sufrido y sufrirá aprensión, privaciones, humillaciones, molestosos y

continuos tratamientos, desvelos, teniendo que ser sometido a delicados

e innecesarios tratamientos”.16

De manera que, a la luz de todo lo antes dicho, consideramos que

no abusó de su discreción el tribunal de instancia al conceder la

cantidad de $750,000 en concepto de daños físicos y mentales sufridos

por Hernández Nieves. No se justifica reducir dicha cuantía.

(C) Daños Especiales

Los

reducen

daños

en

especiales

forma

son

específica

aquellos

el

desembolsos

patrimonio

y

que

o

pérdidas

son

que

consecuencia

directa de la lesión. Herminio Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios

Extracontractuales en Puerto Rico, Tomo I, pág. 433.

otros,

gastos

médicos,

medicinas,

gastos

de

convalecencia,

enfermeras

especiales,

terapias,

y

Incluyen, entre

hospitalización

y

cualquier

de

tipo

asistencia especial requerida. Id.

En el presente caso el Tribunal de Primera Instancia concedió una

suma de $2,900,000 en concepto de daños especiales. En la

interpuesta

se

hicieron

reclamos

transportación,

dietas,

médicos,

por

gastos

hospitales

y

demanda

pasados

y

futuros

de

otros

que

todavía

se

desconocen pero que necesariamente se incurrirán en el tratamiento y

cuido especial que requerirá Hernández Nieves a través de los años.

El

concepto

Tribunal

a

base

de

Primera

de

un

Instancia

estimado

determinó

hecho

por

el

la

suma

perito

en

dicho

Dr.

Allan

Hansknecht. Este perito testificó, entre otras cosas, que el costo de

cuido y tratamiento promedio de las personas con condiciones médicas

similares a las que tiene Hernández Nieves es de $50,000 a $60,000 del

primer año a los 16 o 17 años de edad; entre $70,000 y $75,000 de los

17 a 25 años; y de $60,000 al año cuando esté institucionalizado por no

tener a sus padres u a otro familiar cercano que se ocupen de él.17

16

17

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág.12.

Véase, Testimonio del perito Dr. Allan Hausknecht, T.E. pág. 42-47.

41

CC-1998-876

AC-1998-47

El tribunal de instancia entendió que era razonable tomar como

base la suma menor, es decir, la de $50,000,18 a pesar de tener base

razonable en la prueba conceder unas cuantías más altas, a base del

incremento en gastos que supone el crecimiento del menor. Pero hay más,

el tribunal de instancia, computó esta cuantía tomando como base la

edad del menor al momento de dictarse la sentencia (13 años). No tomó

en cuenta en el cálculo, pudiendo hacerlo, los gastos especiales en los

que se había incurrido antes de dictar la sentencia. Aun así este

Tribunal decide reducir dicha partida de $2,900,000 a $1,450,000. En

otras palabras, reduce la cuantía a la mitad, sin justificación alguna.

Nuevamente, diferimos de dicha actuación.

III.

De

la

anterior

discusión

podemos

colegir

que

el

Tribunal

de

Primera Instancia, al determinar la cuantía de cada una de las partidas

de daños, examinó toda la prueba y las diversas alternativas que de

esta prueba podían ser consideradas. A tenor con su prudente discreción

judicial, siempre optó por los cálculos más conservadores y más bajos.

Un examen cuidadoso del expediente, incluyendo los autos de instancia,

revela que la determinación y computación de los daños encuentra amplio

apoyo en la evidencia presentada. No hallamos fundamento alguno que

justifique alterar las cuantías de daños.

En este caso los daños no fueron especulativos, como arguye la

mayoría de este Tribunal. Se probó la existencia de los daños y que su

causa

próxima

fue

las

acciones

u

omisiones

de

los

demandados.

La

determinación de la cuantía, aun cuando pueda ser aproximada, debe

sostenerse si el cálculo descansa en base razonable y no en el capricho

o la adivinación. El derecho de compensación no puede derrotarse sólo

por el carácter especulativo que en alguna medida supone el cómputo de

daños.

18

El Tribunal de Instancia multiplicó dicha cuantía por el número de

años que le quedaban a Hernández Nieves para llegar a la edad de 70

42

CC-1998-876

AC-1998-47

Tampoco constituyen las cuantías concedidas una medida punitiva,

como sugiere este Tribunal. Es impermisible interpretar que probados

unos hechos, sufridos unos daños, la compensación otorgada, aunque sea

la justa, si se considera alta, debe reducirse bajo el manto de que la

misma es “exageradamente alta” o constituye una “medida punitiva”.

Coincidimos con el Tribunal de Circuito a los efectos de que no

puede perderse de vista que al compensar un daño no estamos premiando a

nadie; no estamos convirtiendo al pobre en rico de la noche a la mañana

como si se tratara de un juego de lotería. Lo que realmente hacemos es

justicia tratando de poner al que sufre el daño en la posición en que

más o menos estaría de no haberlo sufrido.

Por

injusticia

entender

sobre

que

una

la

Opinión

familia

que

ya

del

Tribunal

ha

sufrido

comete

una

gran

una

gran

tragedia,

causada por la impericia profesional de los médicos de la Universidad

de Puerto Rico, disentimos.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON

JUEZ ASOCIADO

años. A base de $50,000 por año la cantidad total debió ser $2,850,000.

No obstante, el tribunal de instancia concedió $2,900,000.