Tribunal Supremo de Puerto Rico
MARTA NIEVES CRUZ V. U.P.R.
2000 TSPR 78
Poder Judicial de Puerto Rico
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MARTA NIEVES CRUZ V. U.P.R.
*CC-1998-0876 AC-1998-0047
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marta Nieves Cruz en representación de
Angel Luis Hernández Nieves
Apelados
v.
Certiorari
2000 TSPR 78
Universidad de Puerto Rico; Asociación
de Garantía de Seguros Misceláneos
Apelantes
Número del Caso: CC-1998-0876
AC-1998-0047 Consolidados
Fecha: 31/05/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Zaida Hernández Torres
Abogados de la UPR:
Lcdo. Roberto Nater
Lcdo. Rubén T. Nigaglioni
Abogada de la Asociación de Garantía de Seguros:
Lcda. Gladys E. Guemárez
Abogados de la Marta Nieves:
Bufete David Efrón
Lcdo. José A. Cuevas Segarra
Lcdo. Alberto Pérez Hernández
Abogada del Departamento de Justicia:
Lcda. Lucienne Laureano Rosa
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marta Nieves Cruz en Representación de Angel Luis Hernández
Nieves
Demandantes-Apelados
vs.
CC-1998-876
Cons. AC-1998-47
Certiorari
Universidad de Puerto Rico;
Asociación de Garantía de
Seguros Misceláneos
Demandados-Apelantes
Opinión del
BERLINGERI.
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2000.
Nos toca resolver inter alia si la Ley Núm. 98 de
24 de agosto de 1994, que incluyó a la Universidad de
Puerto Rico dentro de los límites de responsabilidad del
Estado, tiene aplicación retroactiva.
I
Angel Hernández Nieves nació el 24 de diciembre de
1983 en el Hospital de Area de Carolina, que era entonces
propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se
utilizaba como
centro de enseñanza por el
Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
CC-1998-876
AC-1998-47
3
Los obstetras que atendieron a la señora Nieves, madre
de Angel, no habían tenido contacto previo con ella, por lo
que desconocían su historial médico de embarazo.
Al
llegar
al
hospital
referido,
la
señora
Nieves
presentaba los síntomas de un parto pretérmino que requería
el cuidado de especialistas de la mayor experiencia posible,
pero
fue
atendida
entrenamiento.
por
Cuando
un
la
interno
paciente
en
su
llegó
primer
al
año
de
Hospital
fue
enviada a la sala de partos y no se tomó ninguna medida para
tratar de posponer el alumbramiento.
Durante el transcurso del parto, a la señora Nieves le
fueron suministradas dos dosis de demerol y una dosis de una
droga llamada vistaril, que duplicó el efecto del demerol.
Dicha
sistema
combinación
de
respiratorio
drogas
del
ocasionó
prematuro
la
depresión
infante,
del
causándole
dificultad para respirar durante el alumbramiento. También
sufrió
disminuciones
en
los
latidos
fetales.
El
infante
nació muy deprimido1, su color no era saludable y sus signos
vitales no eran normales.
Tenía rasgos evidentes de daños
causados por hipoxia (falta de oxígeno en la sangre). Por
esta
condición,
el
infante
requería
ser
entubado
inmediatamente, pero los encargados de hacerlo tardaron 7 u
8 minutos antes de realizar dicha labor, mientras el bebé
estaba sin respirar. En la actualidad, el menor Hernández
1
El Tribunal de Instancia en sus determinaciones de
hechos, indicó que “deprimido quiere decir que sus centros
vitales no estaban funcionando correctamente”.
CC-1998-876
AC-1998-47
4
Nieves sufre severas lesiones permanentes e incapacitantes,
incluyendo incapacidad física y retardación mental.
El 30 de diciembre de 1993, la señora Nieves presentó
una
demanda
Carolina,
en
en
el
entonces
Tribunal
representación
de
Superior,
su
hijo,
Sala
de
contra
la
Universidad de Puerto Rico y otros codemandados. Después de
los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Primera
Instancia dictó una sentencia el 15 de agosto de 1997, y
declaró
con
lugar
la
demanda
interpuesta
contra
la
Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Garantía de
Seguros
Misceláneos
aseguradora
de la
Seguros).
Ordenó
demandante
“por
presentes
y
(en
representación
Universidad,
el
pago
de
concepto
futuros,
la
de
su
de
la
Corporación Insular
de
$750,000
del
a
daños
interés
favor
del
físicos,
incapacidad
menor
pasados,
permanente....”;
$325,000 “por concepto de menoscabo de potencial de generar
ingresos”;
$2,900,000
“por
cuidado,
transportación,
todos
dietas,
los
gastos
lucro
futuros
cesante
y
de
demás
gastos misceláneos especiales...”. Además, se le impuso a la
Universidad de Puerto Rico la suma de $10,000 en concepto de
honorarios de abogado.
La responsabilidad de la Asociación
de Garantía de Seguros Misceláneos se limitó a la suma de
$150,000.
Tanto la Universidad de Puerto Rico, como la Asociación
de
Garantía
recursos
de
Apelaciones.
de
Seguros
Misceláneos
apelación
ante
Ese
consolidó los
foro
el
presentaron
Tribunal
de
recursos
sendos
Circuito
de
referidos
y
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AC-1998-47
5
después de haber celebrado una vista oral el 25 de agosto de
1998, dictó una sentencia mediante la cual modificó la del
Tribunal de Primera Instancia a los efectos de restar la
suma de $325,000 de la partida de $2,900,000.
Tanto la Asociación de Garantía de Seguros (Asociación)
como la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) comparecieron
ante nos mediante recursos separados. La Asociación planteó
las siguientes cuestiones:
Primer error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
confirmar la sentencia del tribunal de instancia
a pesar de que no se estableció la relación de
los médicos con la universidad por falta de
prueba al respecto.
Segundo error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
confirmar la sentencia del tribunal de instancia
en ausencia de prueba de que la negligencia de
la universidad fue la causa adecuada y eficiente
de sus daños.
Tercer error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
aplicar la doctrina de abstención apelativa
cuando debió examinar la prueba pericial y
adoptar su propio criterio en la apreciación de
la misma.
Cuarto error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
confirmar la determinación del tribunal de
instancia en torno a la no aplicación de la ley
98 del 24 de agosto de 1994 a este caso y obviar
la clara disposición del legislador sobre el
particular.
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6
Quinto error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
confirmar las cuantías de daños concedidas por
el tribunal de instancia apartándose de las
normas establecidas por el Tribunal Supremo para
la evaluación de las mismas.
Sexto error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
confirmar
la
imposición
del
tribunal
de
instancia del pago de honorarios de abogado
ignorando los criterios establecidos sobre el
particular por el Tribunal Supremo.
Por su parte, la Universidad de Puerto Rico planteó que
el Tribunal de Circuito de Apelaciones había cometido los
siguientes errores:
“A. Erró al no extender a la Universidad los
límites
de
responsabilidad
que
se
le
aplican al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
B.
Erró al aplicar y extender la doctrina de
la Fuente Colateral.
C.
Erró
al
conceder
indirectamente
demandante lucro cesante.
al
D.
Erró al analizar
daños concedidas.”
de
las
otras
partidas
El 15 de enero de 1999, expedimos ambos recursos y
ordenamos su consolidación.
El 13 de mayo de 1999, la
U.P.R. presentó su alegato. El 14 de mayo, la Asociación
solicitó que acogiéramos su escrito de apelación como su
alegato, a lo cual accedimos. El 8 de junio de 1999, la
parte recurrida presentó su alegato. Con el beneficio de las
comparecencias referidas, pasamos a resolver.
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7
II
¿Tiene aplicación retroactiva la Ley 98 de 24 de agosto de
1994?
La Ley 98 referida enmendó el Art. 41.050 del Código de
Seguros,
26
L.P.R.A.
sec.
4105,
para
que
éste,
en
lo
pertinente, dispusiese lo siguiente:
“En toda acción civil en que se le reclamen
daños y perjuicios a la Universidad de Puerto
Rico, en todo caso en que recaiga sentencia por
actos
constitutivos
de
impericia
médica
hospitalaria que cometan los empleados... del
Recinto de Ciencias Médicas..., o cuando recaiga
sentencia por actos constitutivos de culpa o
negligencia directamente relacionada con la
operación por la Universidad de Puerto Rico de
una institución de cuidado de la salud, se
sujetará a la Universidad... a los límites de
responsabilidad... que las secs. 3077 et seq.
del
Título
32
impone
para
exigirle
responsabilidad al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico en circunstancias similares.”
En el caso de autos, tanto el foro de instancia como el
panel del Tribunal de Circuito de Apelaciones determinaron
que la disposición referida no era de aplicación aquí en
vista de que ésta se había aprobado y entró en vigor en 1994
mientras que la causa de acción en cuestión había surgido en
1983
1993,
y
la
presentación
ambos
con
de
la
anterioridad
disposición.
Ambos
determinaciones
judiciales,
demanda
correspondiente
a
vigencia
la
peticionarios
y
alegaron
de
impugnaron
ante
nos
en
dicha
estas
que
la
intención legislativa fue que se aplicase dicha disposición
de modo retroactivo. En otro caso que no está ante nuestra
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AC-1998-47
8
consideración aquí, otro panel del foro apelativo resolvió
que la disposición referida tenía efecto retroactivo.2
El
Artículo
3
del
Código
Civil
de
Puerto
Rico,
31
L.P.R.A. sec. 3, dispone que:
“Las leyes no tendrán efecto retroactivo,
si no dispusieren expresamente lo contrario.”
(Enfasis suplido).
El principio de irretroactividad que recoge el Artículo 3
referido es uno de los postulados jurídicos fundamentales,
que se remonta al derecho romano y que ha sido acogido en
todos los códigos de los países de tradición civilista. F.
Puig Peña, Compendio De Derecho Civil Español, Madrid 1976,
Tomo I, págs. 124-130. De honda prosapia en la teoría del
derecho,
una
de
sus
justificaciones
radica
en
la
ley
natural, que repudia que una norma pueda tener efecto en un
momento en que no existía. Id. O, como ha señalado Hans
Walter Scheerbarth, “la ley que pretenda ser aplicable a un
caso que haya ocurrido antes que la ley haya entrado en
vigor es un fantasma del Estado policial”, citado por Suárez
Collia en El Principio de Irretroactividad de las Normas
Jurídicas,
Madrid,
principio,
la
1994,
págs.
retroactividad
de
48-49.
una
Conforme
norma
se
a
este
justifica
únicamente en casos aislados, “por determinadas y supremas
circunstancias”, que hayan sido establecidas concretamente
por el legislador. Puig Peña, supra.
2
Montañez López v. U.P.R.,
noviembre de 1998, KLAN 98-913.
sentencia
de
9
de
CC-1998-876
AC-1998-47
En
la
9
doctrina
civilista
se
ha
justificado
que
el
legislador le dé efecto retroactivo a determinadas leyes
cuando ello es necesario para la transformación y progreso
de situaciones pasadas que deben eliminarse por razones de
justicia o de interés general. M. Albaladejo, Comentarios al
Código Civil, Madrid, 1978, Tomo I, págs. 74-76. Se trata
principalmente de normas de derecho público, referentes a
males sociales que deben remediarse, por lo que se estima
que el legislador no debe estar atado a una norma inflexible
de irretroactividad. En cuanto a leyes referentes al derecho
privado, sin embargo, el criterio de la doctrina es que
éstas nunca deben ser retroactivas. Puig Peña, supra, pág.
129.
Es
por
todo
resuelto
que
la
darle
efecto
lo
anterior,
intención
retroactivo
que
de
la
a
una
reiteradamente
Asamblea
por
ley,
hemos
Legislativa
ser
un
de
acto
excepcional, “debe aparecer expresamente o surgir claramente
del
estatuto”,
Vázquez
v.
Morales,
114
D.P.R.
822,
831
(1983); Guardiola Pérez v. Morán, 114 D.P.R. 477 (1983);
Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 511, 512
(1954); Echeandía v. Alvarado, 65 D.P.R. 230, 235 (1945);
Baiz v. Comisión Hípica, 63 D.P.R. 483, 487 (1944), López v.
South P.R. Sugar Co., 62 D.P.R. 238, 242 (1943); Hernández
Usera
Ex
parte,
52
D.P.R.
120,
134
(1937).
La
retroactividad debe haber sido expresada afirmativamente en
el propio texto del estatuto. Monllor & Boscio, Sucrs. v.
Sánchez Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67, 73 (1942). Si la nueva
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AC-1998-47
10
disposición
legislativa
no
expresa
de
modo
claro
e
inequívoco que tendrá efecto retroactivo, entonces la ley
aplicable
al
asunto
es
la
que
estaba
vigente
cuando
ocurrieron los hechos que dan lugar a la causa de acción.
Véase, Arce Oliveras v. E.L.A., 122 D.P.R. 877, 879 (1988);
Kobler v. Escambron Development Corp., 85 D.P.R. 743, 744
(1962); y, Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, supra, a
la pág. 512. En las escasas ocasiones en que nos hemos
apartado de estas normas imperiosas, ello ha sido porque era
obvio y patente el propósito legislativo, en casos en los
cuales
la
aplicación
retroactiva
de
la
legislación
en
cuestión era necesaria para corregir un grave mal social o
para hacerle justicia a unos peticionarios. Véase, Vélez v.
Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Díaz v. Srio.
Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983) y Warner Lambert Co. v.
Tribunal
estos
Superior,
estaban
101
D.P.R.
involucradas
378
normas
(1973).
En
ninguno
referentes
al
de
derecho
privado.
En el caso de autos, el estatuto en cuestión no dispone
de
modo
alguno
que
la
nueva
disposición
que
limita
la
responsabilidad económica de la U.P.R. en casos de impericia
médica ha de tener efecto retroactivo. Ciertamente no lo
dispone de manera expresa, ni ello surge claramente de algún
otro modo. Quizás por lo anterior –por la ausencia de una
expresión clara sobre el particular en el propio estatutolos
demandados
no
levantaron
el
asunto
de
la
supuesta
retroactividad de la disposición referida en su contestación
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AC-1998-47
11
a la demanda, que ocurrió el 15 de febrero de 1995; ni en el
informe de conferencia con antelación al juicio del 30 de
diciembre de 1996, aunque a esta fecha habían transcurrido
ya más de 28 meses de haberse aprobado dicha legislación.3
Los peticionarios han aludido al historial legislativo
de la Ley 98 en cuestión para señalar que en las vistas
públicas en torno al proyecto del Senado correspondiente, el
Presidente de la U.P.R. testificó a favor de que se le diese
efecto retroactivo a dicha legislación. Han indicado que ese
funcionario hizo hincapié en la necesidad de hacer aplicable
la
proyectada
Ley
98
judiciales
que
ya
se
Resulta,
sin
embargo,
a
habían
las
numerosas
presentado
que
la
reclamaciones
contra
alusión
al
la
U.P.R.
historial
legislativo demuestra todo lo contrario a lo alegado. Sólo
refleja que aunque el legislador tuvo ante sí el asunto de
la
retroactividad,
alguno.
Si
no
existía
dispuso
una
tal
efecto
intención
de
modo
legislativa
claro
de
retroactividad definitiva, en vista de planteamientos como
el del Presidente de la U.P.R. referido, lo lógico hubiese
sido que se incluyera en la Ley 98 una sencilla oración
3
La parte recurrida ha planteado que como los
peticionarios nunca enmendaron sus contestaciones a la
demanda para levantar, como defensa afirmativa, el asunto de
la
retroactividad,
tal
defensa
debe
entenderse
como
renunciada. Se amparan, inter alia, en lo que resolvimos en,
Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405
(1972) y en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175
(1968). En vista de lo que resolvemos en esta opinión sobre
el asunto de retroactividad, no es necesario resolver este
planteamiento.
CC-1998-876
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12
expresando tal intención. Como se ha hecho antes, se hubiese
incluido una disposición que leyese así:
“Esta ley comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación, y sus disposiciones
aplicarán a causas de acción cubiertas por sus
disposiciones que estén pendientes ante el
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico a
la fecha de su aprobación.” Véase, Rodríguez
Ríos v. E.L.A., 116 D.P.R. 102, 104 (1985).
Pero dicha ley no dice nada sobre el particular. Se limita
ésta sólo a ordenar su vigencia inmediata, sin expresión
alguna que indique textualmente o de algún otro modo claro
que la nueva disposición sería de aplicación retroactiva,
como
sería
necesario
para
que
su
drástica
disposición
tuviese efecto también con respecto a pleitos pendientes al
aprobarse dicha ley.
Es evidente, además, que tampoco están presentes aquí
las
circunstancias
excepcionales
de
Vélez
v.
Srio.
de
Justicia, supra, Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior,
supra, o Díaz v. Srio. de Hacienda, supra. Tomando esto en
cuenta, en vista de que la Ley 98 referida no ordena su
aplicación retroactiva de modo expreso, ni ello surge de
modo
claro
alguno
de
dicho
estatuto,
resolvemos
que
la
disposición en cuestión sólo aplica prospectivamente a casos
cuyas causas de acción hayan surgido estando ésta vigente
ya.
III
La Apreciación de la Prueba
Pautado ya el principal asunto normativo del caso de
autos, procede que pasemos a examinar las otras cuestiones
CC-1998-876
AC-1998-47
13
planteadas ante nos por los peticionarios en el caso de
autos. Varias de ellas aluden a supuestos errores cometidos
por el foro de instancia en su apreciación de la prueba.
Veamos.
A. La Asociación alegó, en primer lugar, que no se
había
establecido
U.P.R.
respondía
por
por
los
las
demandantes-recurridos
actuaciones
de
los
que
la
médicos
que
intervinieron en el parto que aquí nos concierne, según lo
requiere el Artículo 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
5142.
Esta
alegación
es
inmeritoria.
Para
comenzar,
debe
señalarse que la propia U.P.R. en ningún momento ha negado
que fue personal médico suyo el que intervino en el parto de
la
señora
Nieves.
Es
altamente
significativo
que
la
primordial parte demandada en un pleito tan controvertido
como el de autos no haya planteado que las actuaciones de
los
médicos
referidos
no
era
responsabilidad
suya.
Ello
permite la inferencia de que dichos médicos eran parte de su
personal. Más aun, en la contestación a la demanda del 15 de
febrero de 1995, la propia Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos admitió en su totalidad el primer párrafo de la
demanda contra la U.P.R. y el E.L.A., en el cual se alegaba
que la señora Nieves había dado a luz el 24 de diciembre de
1993 en el Hospital de Area de Carolina, que era propiedad y
estaba siendo operado por dichos demandados. Admitió, pues,
la relación de la U.P.R. con el parto referido.
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14
Por otro lado, surge de los documentos que obran en
autos que el foro de instancia consideró, dilucidó mediante
vista,
y
concedió
una
solicitud
de
sentencia
sumaria
desestimando la demanda referida en cuanto al E.L.A. Ello
ocurrió porque el E.L.A. pudo demostrar que los médicos cuya
alegada
negligencia
había
causado
los
daños
de
la
parte
demandante no eran empleados suyos y sí lo eran de la U.P.R.
Tanto la Asociación como la U.P.R. fueron parte en este
procedimiento y ninguna de ellas impugnó la solicitud del
E.L.A. referida ni el dictamen de instancia aludido. Quedó
establecido así judicialmente la vinculación de la U.P.R.
con los médicos en cuestión.
Finalmente, obra en autos el contrato suscrito por la
U.P.R. con el Departamento de Salud y el Hospital de Area de
Carolina en virtud del cual el Hospital obtuvo los servicios
del Recinto de Ciencias Médicas de la U.P.R. Conforme a
dicho contrato, el Recinto referido de la U.P.R. habría de
proveer
todos
los
servicios
profesionales
a
todos
los
pacientes médico-indigentes del Hospital, como lo era la
señora Nieves.
A la luz de todo lo anterior, es claro que los médicos
que
atendieron
a
la
señora
Nieves
en
el
caso
de
autos
constituían personal del Recinto referido de la U.P.R., por
lo
que
ésta
respondía
civilmente
cometió, pues, el error alegado.
por
sus
actos.
No
se
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B.
15
Mediante
su
segundo
señalamiento
de
error,
la
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos planteó en el
caso de autos que no se había probado que la negligencia de
la Universidad fuese la causa adecuada de los daños sufridos
por el demandante. En su tercer señalamiento alegó que el
Tribunal de Circuito de Apelaciones no había ejercido su
función revisora al no adoptar su propio criterio en la
apreciación de la prueba pericial.
Como
ambos
señalamientos
están
íntimamente
relacionados, los discutiremos de modo conjunto. Un examen
del
testimonio
de
los
peritos
presentados
por
la
parte
demandante, según surge de la transcripción de la prueba que
obra en autos, demuestra claramente que la negligencia de
los doctores que atendieron el parto fue la causa de los
daños que sufrió el menor. El Dr. Bernard Nathanson, quien
fue cualificado como perito en obstetricia-ginecología sin
objeción de la parte demandada, identificó en su testimonio
todas
las
desviaciones
incurridas
por
los
médicos
en
cuestión del estándar aceptado y reconocido por la profesión
médica en el tratamiento del parto de la señora Nieves. El
testimonio del doctor Nathanson, que fue corroborado por el
testimonio
del
Dr.
Allan
Hausknecht,
un
neurólogo,
se
refiere particularmente a la falta de la debida atención
médica recibida por la madre del menor durante el parto, y
al cuido inadecuado provisto al recién nacido en la sala de
parto.
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AC-1998-47
16
Luego de enumerar y explicar todas y cada una de las
desviaciones
de
las
normas
de
cuidado
en
este
caso,
el
doctor Nathanson concluyó con un grado razonable de certeza
médica que hubo negligencia médica en el manejo del parto,
en el alumbramiento y en la resucitación del recién nacido.
Destacó
que
durante
el
transcurso
del
parto
se
le
suministraron a la madre dos dosis de la droga narcótica
demerol, suplementada con una dosis de la droga vistaril; y
que
la
combinación
de
demerol-vistaril
tuvo
el
efecto
funcional de doblar el efecto del demerol. Señaló que tanto
demerol
afectó
adversamente
el
sistema
respiratorio
del
infante. El perito opinó que a la señora Nieves no se le
debió
haber
suministrado
demerol,
debido
a
su
estado
pretérmino de alto riesgo, y ciertamente nunca una dosis tan
alta como la que se le suministró y, mucho menos, acompañada
con el vistaril.
Con
Tribunal
demostrado
arreglo
de
que
al
testimonio
Primera
Instancia
hubo
negligencia
pericial
referido,
concluyó
que
se
médica
el
manejo
en
el
había
del
parto, del alumbramiento y de la resucitación inmediata del
infante. Determinó, además, que si no hubiera mediado la
negligencia aludida, el infante no hubiera nacido deprimido,
no hubiese sufrido de 7 u 8 minutos de hipoxia después del
alumbramiento, en adición al periodo de tiempo anterior al
alumbramiento durante el cual los latidos fetales se habían
desacelerado, lo cual indicaba también que hubo un periodo
de tiempo significativo de hipoxia. El Tribunal de Primera
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AC-1998-47
Instancia
17
determinó,
finalmente,
que
el
testimonio
del
doctor Hausknecht no había sido contradicho. Este perito
había concluido que existía una relación causal entre la
incapacidad
permanente
total
del
menor
demandante
y
los
actos y omisiones negligentes de los médicos que atendieron
el parto.
Es evidente de todo lo anterior, que el tribunal de
instancia
tenía
fundamentos
suficientes
en
la
prueba
presentada para hacer las determinaciones que hizo. No hemos
de interferir con las apreciaciones de los hechos aludidas.
IV
Las Cuantías
Los
peticionarios
también
impugnaron
ante
nos
las
cuantías concedidas al demandante por el foro de instancia.
Hicieron planteamientos diversos sobre el particular, que
debemos examinar. Veamos.
A.
La Universidad de Puerto Rico planteó que una parte
considerable de la condena de $2,900,000 consistía de gastos
futuros de cuido, terapias, transportación, dietas y otros
gastos misceláneos similares que el estado de Florida, a
donde tuvo que ir a domiciliarse el demandante, le ha estado
pagando a éste. Por dicha razón, la Universidad alegó que ha
sido condenada a indemnizar unos gastos en los cuales el
demandante podría no incurrir nunca.
CC-1998-876
AC-1998-47
18
En nuestra jurisdicción hemos adoptado ya la doctrina
de
la
fuente
colateral,
conforme
a
la
cual,
como
regla
general, el causante de un daño está impedido de deducir del
importe
de
la
indemnización
que
se
le
ha
impuesto,
la
compensación o beneficios que el perjudicado haya recibido
de una tercera persona o entidad. Futurama Import Corp. v.
Trans Caribben, 104 D.P.R. 609 (1976). La doctrina referida
se fundamenta en el principio de que el que causa un daño
por
su
negligencia
no
debe
beneficiarse
de
lo
que
el
perjudicado haya recibido por la liberalidad de otros ni de
los
servicios
necesitados.
públicos
H.M.
que
la
Brau
del
Toro,
en
Puerto
Extracontractuales
comunidad
Los
Rico,
extiende
Daños
y
a
los
Perjuicios
Publicaciones
J.T.S.
1980, pág. 449. Esta concepción tiene amplio apoyo en la
doctrina
civilista,
que
se
fundamenta
también
en
que
la
relación del tercero que concede beneficios al perjudicado
es
completamente
distinta
a
la
que
tiene
con
éste
el
causante de sus daños. El que causa el daño está obligado a
indemnizar mientras que lo concedido por el tercero está
abonado por otro título. Santos Briz, La Responsabilidad
Civil, Madrid, 1993, págs. 275-276; Puig Brutau, Fundamentos
de Derecho Civil, Barcelona, 1983, Tomo II, Vol. III, pág.
198; Mazeaud, Derecho Civil, 1960, Parte II, págs. 62-63.
Orgaz,
en
su
clásica
monografía,
El
Daño
Resarcible,
Córdoba, 1980, a la pág. 191, lo ha señalado de la manera
siguiente:
“Algunas veces, con motivo de un acto ilícito,
el damnificado es socorrido con donaciones de
CC-1998-876
AC-1998-47
19
personas o instituciones benéficas o con el
producto
de
suscripciones
públicas.
Existe
unanimidad de pareceres en el sentido de que el
autor del acto ilícito no puede pretender que
estos beneficios se deduzcan del importe que
debe satisfacer en concepto de indemnización; se
trata de beneficios enteramente fortuitos que
ninguna conexión propiamente causal tiene con el
acto del responsable. (Enfasis suplido).
En Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, supra, sin
embargo,
hicimos
claro
que
la
doctrina
de
la
fuente
colateral no debía aplicarse mecánicamente. Preocupados por
el
problema
de
la
llamada
“doble
compensación”
o
la
acumulación de las indemnizaciones, señalamos que en cada
caso debe examinarse el origen y propósito del beneficio
colateral
en
cuestión,
para
decidir
entonces
si
éste
se
deducía o no de la indemnización que debía pagar el causante
del daño.
En el caso de autos, el beneficio colateral que ha
provisto el estado de Florida al demandante no constituye
una doble compensación, como quizás podría ocurrir si el
demandante
mediante
hubiese
una
recibido
póliza
de
algún
seguro
pago
propia
como
asegurado
expedida
para
indemnizar daños afines. Los beneficios que ha recibido el
demandante
surgen
de
una
política
social
estatal
que
persigue ayudar a cualquier incapacitado que resida en el
Estado, por su mera condición como tal, que nada tiene que
ver con la reparación de daños sufridos por una impericia
médica. Se trata de beneficios de duración incierta, que
dependen de los fondos que el Estado tenga disponible para
tales
fines,
de
la
voluntad
política
de
continuar
CC-1998-876
AC-1998-47
20
otorgándolos
que
exista
en
ese
Estado,
y
de
que
el
demandante continúe residiendo allí. Resolver como pretende
la peticionaria significaría dejarle que se beneficie de lo
que la comunidad de Florida ha dispuesto, no para ella sino
para sus residentes incapacitados, y así verse librada de
gratis
de
una
obligación
totalmente
extrañas.
perjudicado
a
ser
por
circunstancias
Significaría,
inexorablemente
además,
el
que
le
son
condenar
al
recipiente
de
una
beneficencia pública fuera de su país, sin poder socorrerse
él mismo en instituciones privadas de su preferencia. No
tiene
razón,
pues,
la
peticionaria.
El
error
no
fue
cometido.
B.
La U.P.R. planteó también que el foro apelativo no
corrigió de modo adecuado el error que supuestamente cometió
el foro de instancia al concederle a la vez al demandante
una indemnización por “lucro cesante” y otra por “menoscabo
del potencial de generar ingresos”. Según la peticionaria,
cuando el Tribunal de Circuito de Apelaciones ordenó que se
restase
$325,000
de
los
$2,900,000
que
el
tribunal
de
instancia concedió “por todos los gastos futuros de cuidado,
transportación,
dietas,
lucro
cesante,
y
demás
gastos
misceláneos especiales”, dicho foro procuraba corregir el
problema de duplicidad de partidas que supuestamente surgía
del hecho de que el tribunal de instancia también le había
concedido al demandante una partida separada de $325,000
“por
concepto
de
menoscabo
de
potencial
de
generar
CC-1998-876
AC-1998-47
ingresos”.
21
Adujo
la
U.P.R.
que
tal
dictamen
del
foro
apelativo lo que hacía en efecto era eliminar la partida
correspondiente
al
menoscabo
referido,
mientras
dejaba
vigente la partida errónea e indeterminada de lucro cesante,
que usualmente era mayor que la que se concedía por el
menoscabo aludido.
En
su
sentencia,
el
foro
apelativo
indicó
que
no
entendía por qué el foro de instancia había incluido el
concepto de “lucro cesante” en la partida referida. Señaló
que
la
propia
parte
demandante
no
había
reclamado
lucro
cesante. Con arreglo a Ruíz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R.
306
(1985),
determinó,
además,
que
tal
partida
era
jurídicamente improcedente en un caso como el de autos. El
tribunal apelativo entonces aludió a la supuesta dificultad
de corregir el alegado error del foro de instancia debido a
que éste no le había otorgado un valor determinado al lucro
cesante, por lo que carecía de “unos parámetros específicos”
sobre el particular que le permitiesen corregir el supuesto
error.
Por
lo
anterior,
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones dispuso, sin más, que debía reducirse de los
$2,900,000 la cantidad de $325,000 que fueron otorgados por
menoscabo del potencial de generar ingresos.
No cabe dudas de que en el caso de autos no podía
concederse
al
demandante
una
partida
por
lucro
cesante
debido a que éste nunca había recibido ingresos derivados de
un
trabajo.
Ausente
un
historial
previo
de
actividad
retribuida, era improcedente una indemnización por concepto
CC-1998-876
AC-1998-47
22
de lucro cesante. Ruiz Santiago v. E.L.A., supra.
El foro
apelativo
de
determinó
correctamente
este
aspecto
la
cuestión aludida. Si el foro de instancia en efecto hubiese
concedido
alguna
indemnización
por
concepto
de
lucro
cesante, ésta debía eliminarse por ser improcedente.
Pero
resulta
que
el
foro
de
instancia
realmente
no
otorgó tal indemnización. Si se examina cuidadosamente el
texto de la sentencia a quo, surge con claridad de ésta que
el
tribunal
no
consideró
para
nada
el
asunto
del
lucro
cesante; y que la única mención que aparece de este concepto
en la página final de la sentencia, de sólo dos palabras,
debe
haber
sido
un
error
tipográfico.
El
tribunal
de
instancia sí dedicó dos páginas de la sentencia a discutir
lo relativo al menoscabo del potencial de generar ingresos,
y se apoyó para ello en nuestra medular decisión en Ruiz
Santiago v. E.L.A., supra. Luego examinó lo relativo a los
gastos de tratamiento médico y cuido especial que tendría el
menor por estar incapacitado de modo permanente. Sobre el
particular señaló lo siguiente:
“La prueba también ha demostrado de forma
incontrovertida que... el menor necesitará cuido
especial constante y permanente durante su vida,
habiéndose colocado en condiciones al Tribunal
de evaluar estas partidas especiales mediante el
estimado razonable no contradicho del Dr. Allan
Hausknecht. El doctor Hausknecht testificó que
el costo de cuido y tratamiento en estos casos
es nacionalmente igual. Indicó que el costo
promedio sería entre $50,000 a $60,000 al año
hasta los 16 ó 17 años de edad; entre $70,000 y
$75,000 al año entre los 17 y los 25 años y de
$60,000 al año cuando esté institucionalizado
por no tener a sus padres u otro familiar
cercano que se ocupen de él. ...A la luz de lo
expuesto, el Tribunal entiende razonable no
CC-1998-876
AC-1998-47
23
conceder indemnización por cuidos y tratamientos
pasados no incurridos y que éstos deben proceder
a partir de la sentencia utilizando la suma
menor anual de $50,000, proyectada hasta la edad
de setenta años. Por lo que, a base de esto, el
demandante tiene derecho por estos conceptos, a
una suma global de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL
DOLARES”. (Enfasis suplido).
De lo anterior, es evidente que la partida impugnada de
$2,900,000 no incluía de modo alguno una indemnización por
lucro
cesante.
peticionaria
como
Es
evidente,
el
foro
además,
apelativo
se
que
tanto
la
equivocaron
al
entender que en la referida partida de $2,900,000 se habían
englobado de manera indeterminada la indemnización de varios
daños distintos sin precisar el monto concreto de cada uno.
Dicha partida, según hemos visto, se refería de modo expreso
únicamente al pago de gastos futuros para tratamiento médico
y cuido del menor incapacitado a base de $50,000 anuales
hasta la edad de setenta (70) años.4 Por ello, el error que
sí cometió el foro apelativo fue el de ordenar la reducción
de $325,000 de la partida referida. El tribunal consideró
que con esa reducción se conjuraba el problema de duplicidad
de partidas, pero como dicho problema realmente no existía,
la
reducción
dispuesta
fue
improcedente.5
Erró
el
foro
apelativo al ordenarla.
4
El tribunal de instancia sí cometió un error de
cálculo. Al momento de dictarse la sentencia, el menor
demandante tenía 13 años, por lo que le quedaban 57 años
para llegar a la edad de 70. Por ello, a base de $50,000 por
año, la cantidad total debió ser $2,850,000 y no $2,900,000
según dispuso dicho foro.
5
Fue improcedente, además, por otra razón. Si hubiese
sido correcta la apreciación del foro apelativo de que la
CC-1998-876
AC-1998-47
C.
24
Finalmente,
las
peticionarias
impugnaron
por
excesivas las varias cuantías concedidas al demandante por
el foro de instancia y ratificadas por el foro apelativo.
Señalaron ambas que las partidas otorgadas eran muy elevadas
y más altas que las que se han concedido judicialmente en
casos similares.
En innumerables ocasiones hemos señalado que la gestión
judicial de estimar y valorar los daños en casos como el de
autos es difícil y angustiosa, debido a que no existe un
sistema
de
certera
computación
que
permita
llegar
a
un
resultado exacto en relación con el cual todas las partes
queden
satisfechas
y
complacidas.
Blas
v.
Hospital
Guadalupe, opinión del Tribunal del 30 de junio de 1998, 146
D.P.R. ___, 98 JTS 101; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116
D.P.R. 443 (1985); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).
También es un principio reiterado que este Tribunal no
intervendrá con la decisión sobre estimación de daños que
indemnización
supuestamente
otorgada
por
el
foro
de
instancia por lucro cesante era indeterminada, por estar
englobada
junto
con
otras,
entonces
frente
a
tal
circunstancia, lo que el tribunal apelativo debió hacer era
devolver el caso al tribunal de instancia para que éste
desglosara las cantidades particulares que correspondían a
los varios daños supuestamente incluidos en la partida de
$2,900,000, para luego eliminar la que perteneciese a lucro
cesante. El dictamen del foro apelativo de reducir de dicha
partida una cantidad igual a la otorgada por menoscabo del
potencial de generar ingresos hubiese sido válido sólo si
dicha cantidad hubiese sido igual a la supuestamente
concedida por lucro cesante. Pero el foro apelativo no tenía
base alguna para suponer que dichas cantidades eran iguales,
por lo cual lo que hubiese procedido era ordenar el
desglose.
CC-1998-876
AC-1998-47
25
emitan los tribunales de instancia, a menos que las cuantías
concedidas sean ridículamente bajas o exageradamente altas.
Blas
v.
Hospital
Guadalupe,
supra;
Rodríguez
Cancel
v.
A.E.E., supra; Valldejully Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R.
917 (1971).
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia
concedió las siguientes cantidades:
(a)
$750,000: “por concepto de daños físicos
pasados,
presentes
y
futuros,
su
incapacidad permanente y demás daños antes
relatados”
(b)
$325,000:
“por concepto del menoscabo de
potencial de generar ingresos”
(c)
$2,900,000: “por todos los gastos futuros
de cuido, transportación, dietas, lucro
cesante
y
demás
gastos
misceláneos
especiales antes relatados que debido a su
incapacidad
[del
demandante]
deberá
incurrirse”
(d)
$10,000:
abogados”
“por concepto de honorarios de
Como puede observarse, la cantidad total concedida al
demandante
en
la
sentencia
suman
$3,985,000,
lo
que
es
sustancialmente más alto que lo que hemos concedido en casos
de naturaleza similar al de autos. Debe tenerse en cuenta
que la suma en cuestión fue concedida como indemnización de
los daños sufridos sólo por el menor Angel Hernández Nieves.
La madre de éste, que compareció en representación de su
hijo, no reclamó compensación por sus propios sufrimientos.
Hace unos años encaramos una situación muy parecida a
la del caso de autos. En Riley v. Rodríguez De Pacheco, 119
D.P.R. 762 (1987), una recién nacida sufrió graves daños
CC-1998-876
AC-1998-47
26
cerebrales por razón de la impericia de los médicos que
atendieron el parto. Dichos daños la incapacitaron física e
intelectualmente de modo permanente.
Como la menor no podía
llevar
habría
a
cabo
una
vida
normal,
de
necesitar
tratamientos, cuido y asistencia de otras personas durante
toda
su
$800,000
existencia.
El
por
físicos
daños
tribunal
y
de
instancia
mentales,
que
le
otorgó
consideramos
exagerados. Los redujimos a $400,000 e indicamos que:
“...llevados a extremos reales, los sufrimientos
mentales
y
físicos
son
cuantificables
al
infinito.
Sin
unos
límites
razonables,
la
indemnización dejaría de tener la característica
de
resarcimiento
para
convertirse
en
una
punitiva.”
En el caso de autos, conforme a lo resuelto en Riley v.
Rodríguez De Pacheco, supra, se debe reducir la partida de
daños físicos de $750,000 que otorgó el foro de instancia.
Siguiendo los parámetros del precedente referido, estimamos
razonable la suma de $375,000.
En
cuanto
a
las
partidas
otorgadas
por
concepto
de
menoscabo del potencial de generar ingresos y por concepto
de
gastos
futuros
de
cuido
y
tratamiento,
nos
parece
evidente que existe un elemento altamente especulativo en
ellas. Ambas están fundadas en el supuesto de que el menor,
a pesar de la severa incapacidad física y la retardación
mental que sufre, habrá de vivir por lo menos hasta los
setenta (70) años de edad. Por ello, siguiendo de nuevo el
precedente
de
Riley
v.
Rodríguez
de
Pacheco,
supra,
estimamos razonable reducir dichas partidas de $325,000 y
CC-1998-876
AC-1998-47
27
$2,900,000
a
las
sumas
de
$162,500
y
$1,450,000
respectivamente. Con arreglo a lo anterior, el total de la
indemnización
por
las
tres
partidas
referidas
sumaría
$1,987,500.
V
Los honorarios de abogado
La Asociación de Garantía de
planteó
temeridad
que
la
que
parte
Seguros
demandada
justificase
la
no
Misceláneos
había
condena
de
nos
incurrido
en
$10,000
en
honorarios de abogado que le fue impuesta por el foro a quo.
El señalamiento es inmeritorio. El Tribunal de Primera
Instancia
determinó
que
la
temeridad
incurrida
por
la
Universidad era patente, pues ésta había negado hechos que
le
constaban
o
que
eran
de
fácil
constatación.
contestación
a
la
demanda
la
U.P.R.
responsabilidad,
la
lesión
del
menor
En
su
negó
toda
su
y
carácter
su
incapacitante, y otros extremos similares, de lo cual se
desprende con claridad la temeridad. El error no se cometió.
Como la Universidad de Puerto Rico, por ser una corporación
pública, no está exenta del pago de honorarios de abogados
por temeridad, como sí lo está el E.L.A. al amparo de la
Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, procede el pago de lo
impuesto
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Véase,
Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 460 (1985).
CC-1998-876
AC-1998-47
28
VI
Por
para
los
fundamentos
modificar
la
del
expuestos,
foro
se
apelativo
dictará
y
sentencia
disponer
las
siguientes cuantías como monto total de la reparación debida
al demandante:
1)
2)
3)
4)
por concepto de todos los daños
físicos ..............................
$
375,000
por menoscabo del potencial de generar
ingresos .............................
162,500
por concepto de gastos futuros de cuido
y tratamiento .........................
1,450,000
por honorarios de abogados ............
10,000
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
29
CC-1998-876
AC-1998-47
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marta Nieves Cruz en Representación de Angel Luis Hernández
Nieves
Demandantes-Apelados
vs.
CC-1998-876
Cons. AC-1998-47
Certiorari
Universidad de Puerto Rico;
Asociación de Garantía de
Seguros Misceláneos
Demandados-Apelantes
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se
dicta sentencia modificando la del foro apelativo y se
disponen las siguientes cuantías como monto total de la
reparación debida al demandante:
1) por concepto de todos los daños
físicos .......................
$
375,000
2) por menoscabo del potencial de generar
ingresos ......................
162,500
3) por concepto de gastos futuros de cuido
y tratamiento .................
1,450,000
4) por honorarios de abogado .......
10,000
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. Todos los Jueces participan por
Regla de Necesidad. El Juez Asociado señor Hernández Denton
disiente con opinión escrita, a la cual se unen la Juez
Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor
Corrada del Río.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
30
CC-1998-876
AC-1998-47
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Marta Nieves Cruz, en Representación de Angel Luis Hernández
Nieves
Demandantes-Apelados
Vs.
CC-1998-876
Cons. AC-1998-47
Certiorari
Universidad de Puerto Rico;
Asociación de Garantía de
Seguros Misceláneos
Demandados-Apelantes
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton a
la cual se une la Juez Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez
Asociado señor Corrada del Río
San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2000.
Aunque coincidimos con la Opinión del Tribunal a
los efectos de que la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de
1994, 26 L.P.R.A. sec. 4105, tiene efecto prospectivo,
disentimos de la determinación mayoritaria de reducir
las cuantías por concepto de daños concedidas por el
Tribunal de Primera Instancia. Entendemos que el
tribunal de instancia valoró de forma justa y adecuada
los daños que sufrió el menor Hernández Nieves, y no
existe base alguna en el expediente que justifique la
reducción de dichas cuantías desde este estrado
apelativo.
31
CC-1998-876
AC-1998-47
I.
En 1983 Marta Nieves Cruz dio a luz a Ángel Luis Hernández Nieves
en el Hospital de Área de Carolina.
Nieves Cruz, en representación de su hijo, presentó demanda en
daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado,6 la Universidad de
Puerto Rico, y la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos. Alegó,
en síntesis, que como resultado de las actuaciones negligentes de los
médicos que le atendieron en el parto, el menor había sufrido lesiones
permanentes, que incluían incapacidad física y retardación mental.
Después de varios incidentes procesales, y de la celebración del
juicio correspondiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró con
lugar la demanda.
Condenó a la Universidad de Puerto Rico a pagar las
siguientes cantidades:7
(1)$325,000 por concepto del menoscabo del potencial de generar
ingresos.
(2)$750,000 por concepto daños físicos pasados, presentes
futuros y la incapacidad permanente de Hernández Nieves.
(3)$2,900,000
por
todos
los
transportación,
lucro
cesante8
especiales.
gastos
y
demás
futuros
gastos
y
de
cuido,
misceláneos
(4)$10,000 por concepto de honorarios de abogado.
Los demandados presentaron sendos recursos de apelación ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, en los cuales alegaron, entre
otras cosas, que las cuantías de daños concedidas por el Tribunal de
Primera Instancia habían sido excesivas. El tribunal apelativo modificó
la sentencia dictada por el tribunal de instancia, a los únicos efectos
de restar la suma de $325,000 de la partida de $2,900,000.
Inconformes, los demandados recurren ante nos cuestionando, entre
otros asuntos, las cuantías concedidas al demandado por el foro a quo.
6
Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la
reclamación en cuanto al Estado Libre Asociado.
7
Determinó que la responsabilidad de la Asociación de Garantía de
Seguros Misceláneos se limitaba a la suma de $150,000.
8
Coincidimos con la mayoría del Tribunal a los efectos de que la
mención de lucro cesante dentro de dicha partida constituyó un error
tipográfico.
32
CC-1998-876
AC-1998-47
Este Tribunal, sin más, reduce a la mitad dichas cuantías.
razones
que
expondremos
a
continuación,
no
podemos
Por las
refrendar
dicha
determinación.
II.
En
nuestro
sistema
de
responsabilidad
extracontractual
la
indemnización del daño tiene como fin restablecer al demandante al
estado
en
que
se
encontraba
antes
de
ocurrirle
devolver las cosas a su estado natural.
144
(1961).
Esta
reparación
se
el
daño,
esto
es
Correa v. A.F.F., 83 D.P.R.
denomina
reparación
in
natura
o
restitutio in integrum. Sin embargo, esto resulta difícil, y muchas
veces
imposible.
Por
tanto,
en
muchas
ocasiones
se
recurre
a
la
alternativa de reparar el daño mediante la concesión de una suma de
dinero
que
se
establece
como
“equivalente”
a
la
pérdida
sufrida.
Véase, Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); Galib Frangie
v. El Vocero de Puerto Rico, res. el 6 de junio de 1995, 139 D.P.R.__
(1995).
La valoración del daño constituye elemento fundamental en nuestro
ordenamiento jurídico. Conceder cuantías insuficientes por concepto de
daños sufridos tiene el efecto de aminorar la responsabilidad civil a
la que deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas. Antonio J.
Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo
I, 1997, pág. 31. Por el contrario, una valoración exagerada daría
lugar al elemento punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho.
Para
que
el
sistema
civil
cumpla
con
sus
Id.
propósitos,
los
tribunales debemos propiciar que se logre la más razonable proporción
entre el daño causado y la indemnización concedida. Id. Sin embargo,
reconocemos que la función de valorar el daño es sumamente difícil,
particularmente cuando se trata de valorar daños no patrimoniales o
daños morales. Blas Toledo v. Hospital de la Guadalupe, res. el 22 de
julio de 1998, 98 TSPR 111.
33
CC-1998-876
AC-1998-47
La preocupación por la dificultad y complejidad de valorar los
daños ha sido manifestada por este Tribunal en reiteradas ocasiones.
Así,
en
Riley
v.
Rodríguez
de
Pacheco,
119
D.P.R.
762
(1987),
indicamos:
"La determinación de una compensación justa y razonable por
los daños sufridos [es] tarea que constituirá un reto aun
para un Salomón del siglo XX. [Cita omitida]. La apreciación
humana valorativa de elementos que no son ostensibles y
visibles sino intangibles... no está exenta de cierto grado
de especulación.
Aspiramos a que toda adjudicación sea
razonablemente balanceada, esto es, ni extremadamente baja
como tampoco desproporcionalmente alta”.
La
gestión
sumamente
judicial
complicada
computadora
y
electrónica
inarticuladas
que
de
estimación
y
valoración
de
daños
es
una
tabla
o
angustiosa
porque
“no
existe
que
todos
los
elementos
nutren
la
recoja
valoración
del
dolor
y
físico
premisas
y
mental
humano, que permita, mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir
unos
botones,
obtener
el
resultado
final
apropiado”.
Urrutia
v.
A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).
La tarea de valorar el daño descansa inicialmente en el ejercicio
discrecional
prudente,
juicioso
y
razonable
del
juzgador
de
hechos
animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. Urrutia,
supra. Los tribunales de instancia están en mejor posición que los
tribunales apelativos para hacer esta evaluación. Ello es así, ya que,
éstos tribunales son los que tienen contacto directo con la prueba
presentada
en
el
proceso
judicial
de
primera
instancia.
Urrutia,
supra; Blas Toledo, supra.
Así pues, a tenor con la referida norma de abstención judicial,
este Tribunal no intervendrá con la estimación y valoración de daños
que hagan los tribunales de instancia a menos que las cuantías sean
ridículamente
bajas
o
exageradamente
altas.
Valldejuli
Rodríguez
v.
A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971); Riley, supra; Rodríguez Cancel, supra;
Urrutia, supra. De ahí que la parte que solicita la modificación de las
sumas concedidas a nivel de instancia venga obligada a demostrar la
34
CC-1998-876
AC-1998-47
existencia de circunstancias que hagan meritorio modificar las mismas.
Rodríguez Cancel, supra.
Resulta pertinente puntualizar, que si bien es cierto que en
algunos
casos
hemos
hecho
expresiones
a
los
efectos
de
que
los
tribunales de instancia pueden utilizar como guía o punto de partida
las sumas concedidas por este Tribunal en casos similares,9 no menos
cierto es que este factor no es determinante en la estimación de daños.
Recuérdese
que
no
hay
dos
casos
exactamente
iguales;
cada
caso
se
distingue por sus propias y variadas circunstancias. Es por ello que la
decisión
que
valoración
y
se
emita
en
estimación
un
de
caso
daños,
específico,
no
puede
en
relación
con
ser
considerada
la
como
precedente obligatorio para otro caso. Toro Aponte v. E.L.A., res. el
31
de
enero
de
1997,142
D.P.R.___
(1997);
Velázquez
Ortiz,
supra;
Rodríguez Cancel supra. La valoración responde a factores particulares
y únicos que no se prestan a extrapolación indiscriminada entre un caso
y
otro.
La
compensación
otorgada
a
los
demandantes
ha
de
ser
considerada conforme los hechos particulares del caso. Toro Aponte,
supra.
Ahora bien, si un tribunal toma en cuenta como punto de partida
pasadas
valoraciones,
las
cuales,
reiteramos,
no
constituyen
un
precedente obligatorio, es su deber actualizarlas. Ello debido a que el
“valor” del dinero hoy día no es el mismo que hace, digamos diez o
veinte años atrás por razón del alza en el costo de la vida que se
experimenta en nuestra sociedad. Véase, Rojas v. Maldonado, 68 D.P.R.
818 (1948).
Con este trasfondo doctrinal acerca de la estimación y valoración
de los daños en nuestro ordenamiento, resulta pertinente analizar los
criterios que deben regir dicha determinación para cada una de las
partidas específicas concedidas por el Tribunal de Primera Instancia en
9
Véase, por ejemplo, Velázquez Ortiz v. U.P.R. 128 D.P.R 324 (1991);
Molina Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362(1988).
35
CC-1998-876
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el caso de autos. Examinemos, además, si dichas cuantías son razonables
y adecuadas y si encuentran apoyo en la prueba desfilada ante el foro a
quo.
(A) Menoscabo del Potencial de Generar Ingresos
En
Ruiz
Santiago
v.
E.L.A.,
116
D.P.R.
306,
310
(1985),
reconocimos, por primera vez, la modalidad del lucro cesante llamada
"menoscabo
del
potencial
de
generar
ingresos".
Este
tipo
de
compensación no va dirigido a sustituir ingresos (porque la persona
nunca había recibido un ingreso ni lo recibía en el momento del acto
dañoso)
sino
a
indemnizar
mediante
una
suma
global
el
potencial
frustrado de generarlos. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443
(1985). Tal es el caso en el que se causa incapacidad a un menor que no
había recibido ingresos nunca, pero que tiene a su favor la presunción
de que habría sido una persona de condiciones normales y que habría
ganado
lo
que
tal
persona
ganaría.
Ruiz
Santiago,
supra;
Pate
v.
de
una
U.S.A., 120 D.P.R. 566 (1988).
Reconocemos
que
la
cuantificación
y
determinación
compensación adecuada en dichas instancias conlleva unas complicaciones
ya que este tipo de indemnización, al igual que otros tipos de daños,
no están "inmunes de cierto grado de especulación". Ruiz Santiago,
supra; Pate, supra. No obstante, hemos dicho que dichas dificultades no
pueden
servir
cumplida
dependerá
de
justicia.
de
la
obstáculo
Id.
Así,
en
la
consideración
nuestra
principal
estimación
y
de
ponderación
función
este
de
tipo
varios
de
hacer
de
daño
factores
valorativos, sin apego a una fórmula aritmética rigurosa. La cuantía
final específica será de “razonable aproximación judicial”, ya que el
criterio rector para la estimación de este tipo de daño es el de
probabilidad. Ruiz Santiago, supra; Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R.
854, 871 (1978).
36
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Ante la ausencia de un historial previo de actividad retribuida,
los factores que deben tomarse en cuenta, al fijarse la cuantía por el
menoscabo del potencial de generar ingresos, incluyen el status del
menor al momento de la incapacidad y su proyección futura razonable.
Ruiz
Santiago,
factores
a
supra;
considerarse
Rodríguez
son:
el
Cancel,
supra;
Pate,
tipo
núcleo
familiar,
de
Otros
supra.
grado
de
estabilidad del hogar, edad, condición de salud física y mental previa,
inteligencia, su disposición, educación alcanzada, hábitos de estudio,
habilidad en la escuela, talento, intereses específicos, entrenamientos
y destrezas desarrolladas, grado de madurez y experiencia. Id. Las
leyes
de
salario
mínimo,
los
promedios
de
ingreso
en
las
variadas
ocupaciones o profesiones prevalecientes, y los sistemas de retiro o la
edad promedio de retiro forman parte del cuadro total. Id.
Todos estos factores y aquellos adicionales que provean mejores
elementos de juicio, servirán al juzgador para iluminar su conciencia y
valorar
e
indemnizar
global
y
equitativamente
el
menoscabo
del
potencial de generar ingresos. Ruiz Santiago, supra.
En la valoración de este tipo de daño patrimonial sirven de ayuda
las
estadísticas
y
ciencias
económicas
que
permiten
hacer
unas
proyecciones. Los jueces, con la ayuda de peritos en diferentes áreas,
pueden hacer un cálculo educado y razonable de ese daño patrimonial.
En
el
caso
de
marras
es
incuestionable
la
procedencia
de
la
partida por menoscabo del potencial de generar ingresos. Es un hecho no
controvertido que la incapacidad física y mental del menor Hernández
Nieves le impedirá tener un empleo que le permita generar ingresos.10
Opera a su favor la presunción de que habría sido una persona de
condiciones normales y que habría ganado lo que tal persona ganaría.
El tribunal de instancia al fijar la cuantía de $325,000 por la
partida del menoscabo del potencial de generar ingresos, tomó como
punto de partida el informe del perito economista Dr. Jorge Freyre, el
37
CC-1998-876
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cual fue presentado por la parte demandante. Especial énfasis merece el
hecho de que dicho informe fue admitido en evidencia sin la oposición
de
la
demandada.11
parte
Los
demandados
tampoco
contradijeron
dicho
informe.
Al hacer el cálculo, el Dr. Freyre consideró una expectativa de
vida de 70.26 años12 y tomó en cuenta los factores esbozados en Ruiz
Santiago, supra. El Dr. Freyre le proveyó al tribunal dos alternativas
con relación al cómputo de la partida del menoscabo del potencial de
generar ingresos. Por un lado, concluyó que el resultado del cómputo
era $325,000 si se tomaba como base la probabilidad de empleo del
universo
de
varones
en
Puerto
Rico.
El
menoscabo
del
potencial
de
generar ingresos ascendería a $500,000 si se tomaba en consideración el
historial
de
Instancia,
empleo
en
el
del
padre
ejercicio
del
de
su
menor.
El
Tribunal
discreción,
al
de
Primera
evaluar
las
alternativas ofrecidas, escogió la menor de las dos, es decir concedió
$325,000, basándose en el cómputo más conservador. Esto a pesar de que,
como
vimos,
existía
base
suficiente
en
la
prueba
presentada
para
conceder una cuantía mayor.
El tribunal de instancia estableció la cuantía por la partida del
menoscabo de potencial de generar ingresos a tenor con los criterios
expuestos jurisprudencialmente por esta Curia y conforme a la prueba
desfilada. Mas aun, como señalamos anteriormente, basó su determinación
en el cálculo más conservador.
Aun así, la mayoría de este tribunal reduce a la mitad la partida
en cuestión, es decir, reduce la cuantía de $325,000 a $162,500 sin un
análisis
ulterior
de
la
prueba
pericial
y
no
contradicha
por
los
demandados. ¿Qué criterios objetivos tiene este tribunal para disminuir
10
Tal conclusión encuentra apoyo en los testimonios de los peritos Dr.
Agustín García y Dr. Allan Hansknecht.
11
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág.12.
12
Esta expectativa de vida está acorde con el testimonio del perito Dr.
Allan Hausknecht sobre la mortalidad de las personas que sufren de
condiciones similares a las de Hernández Nieves. Sentencia del Tribunal
38
CC-1998-876
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dicha cuantía? Ninguno. ¿Qué datos han ofrecido los demandados que
contradigan los ofrecidos por el perito economista Dr. Freyre, que nos
permitan evaluar la “razonabilidad” de la valorización que se hizo de
este
tipo
de
daño?
Ninguno.
Nada
hay
en
el
expediente,
fuera
de
alegaciones en el vacío de los demandados de que dicha cuantía es
“excesiva”, que amerite dejar reducir la misma.
Consideramos, pues que la cantidad concedida por el Tribunal de
Primera Instancia de $325,000 en concepto del menoscabo de potencial de
generar
ingresos,
es
justa
y
razonable13
y
encuentra
apoyo
en
la
evidencia que consideró el foro a quo.
(B) Daños Físicos y Mentales
Este Tribunal consideró como una cantidad “razonable” por concepto
de daños físicos y mentales sufridos por el menor Hernández Nieves la
cantidad de $375,000, a pesar de que el tribunal de instancia concedió
el doble, es decir, $750,000. Al evaluar la razonabilidad de dicha
partida este Tribunal tomó como punto de comparación el caso de Riley
v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987). Esto por ser un caso
“parecido” al presente caso en vista de que allí una recién nacida, por
razón de la impericia médica de los médicos que atendieron el parto,
sufrió incapacidad física y mental permanente.
En aquella ocasión consideramos razonable la cuantía de $400,000
en concepto de daños físicos y mentales. Nos parece increíble que la
mayoría tome como punto de partida el caso de Riley, supra, que según
sus propias palabras es un caso muy “parecido al caso de autos”, no
para conceder al menos lo que allí se concedió, sino para reducir la
cuantía concedida en el presente caso a una cantidad menor ($375,000) a
la otorgada en Riley, supra.
Hay más, trece (13) años después de nuestra decisión en Riley,
supra, y veintiséis (26) años después de los hechos que dieron lugar a
de Primera Instancia,
Hausknecht, pág. 30.
pág.
12;
T.E.
Testimonio
del
Dr.
Allan
39
CC-1998-876
AC-1998-47
dicha decisión, este Tribunal utiliza dicho caso como guía pasando por
alto
que
la
suma
allí
concedida
indudablemente
tiene
que
ser
actualizada. Es una realidad innegable que el “valor” del dinero hoy
día no es el mismo que hace trece (13) o veintiséis (26) años atrás por
razón del alza en el costo de la vida.
Resulta interesante destacar que lo que constituía $400,000 hace
trece (13) años, podría constituir hoy día una cantidad que supera el
millón de dólares.14 El tribunal de instancia, tomando en cuenta el
valor actual del dinero, pudo haber otorgado dicha suma, si hubiese
usado como referencia el caso de Riley, supra. Sin embargo, una vez más
optó,
en
el
ejercicio
razonable
de
su
discreción,
por
un
cálculo
conservador y concedió la cantidad $750,000.
Aun si no tomáramos como guía el caso de Riley, supra, como hizo
la mayoría de este Tribunal, entendemos que la cantidad concedida por
el tribunal de instancia en concepto de los daños físicos y mentales
sufridos
por
Hernández
Nieves
no
es
excesiva
ni
exagerada.
De
un
análisis minucioso de las declaraciones de los peritos, los cuales le
merecieron entera credibilidad al foro de instancia, se desprende que
Hernández
Nieves
padece,
cerebral,
estrabismo,
entre
displejía
otras
condiciones,
espástica,
atrofia
de
parlesía
óptica
y
varios
tipos de anomalía relacionadas a la cadera y piernas. Es dependiente
para todos los quehaceres cotidianos de la vida, es decir depende de
otras
personas,
por
ejemplo,
para
su
cuido,
alimentación,
aseo,
vestido, y para ir a sus citas médicas y tratamientos.15
Respecto a los daños morales, basta decir, como señaló el juez
sentenciador,
que
la
incapacidad
física
del
menor
supone
“una
alteración significativa de su vida familiar y afectiva”. El menor, “ha
13
Dicha cantidad se reduce en términos reales a una indemnización anual
de $5,701 anuales y de $15.61 diarios, lo cual no tiene nada de
exagerado o punitivo, como alegan los demandados.
14
Tomando como punto de partida una tasa de interés de 8%, el cálculo
exacto
sería
$1,087,868.
Véase
Kieso
&
Weygant,
Intermediate
Accounting, 8va Edición, 1994, pág. 303.
15
Véase, Testimonio del perito Dr. Allan Hausknecht, T.E. pág.74.
40
CC-1998-876
AC-1998-47
sufrido y sufrirá aprensión, privaciones, humillaciones, molestosos y
continuos tratamientos, desvelos, teniendo que ser sometido a delicados
e innecesarios tratamientos”.16
De manera que, a la luz de todo lo antes dicho, consideramos que
no abusó de su discreción el tribunal de instancia al conceder la
cantidad de $750,000 en concepto de daños físicos y mentales sufridos
por Hernández Nieves. No se justifica reducir dicha cuantía.
(C) Daños Especiales
Los
reducen
daños
en
especiales
forma
son
específica
aquellos
el
desembolsos
patrimonio
y
que
o
pérdidas
son
que
consecuencia
directa de la lesión. Herminio Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios
Extracontractuales en Puerto Rico, Tomo I, pág. 433.
otros,
gastos
médicos,
medicinas,
gastos
de
convalecencia,
enfermeras
especiales,
terapias,
y
Incluyen, entre
hospitalización
y
cualquier
de
tipo
asistencia especial requerida. Id.
En el presente caso el Tribunal de Primera Instancia concedió una
suma de $2,900,000 en concepto de daños especiales. En la
interpuesta
se
hicieron
reclamos
transportación,
dietas,
médicos,
por
gastos
hospitales
y
demanda
pasados
y
futuros
de
otros
que
todavía
se
desconocen pero que necesariamente se incurrirán en el tratamiento y
cuido especial que requerirá Hernández Nieves a través de los años.
El
concepto
Tribunal
a
base
de
Primera
de
un
Instancia
estimado
determinó
hecho
por
el
la
suma
perito
en
dicho
Dr.
Allan
Hansknecht. Este perito testificó, entre otras cosas, que el costo de
cuido y tratamiento promedio de las personas con condiciones médicas
similares a las que tiene Hernández Nieves es de $50,000 a $60,000 del
primer año a los 16 o 17 años de edad; entre $70,000 y $75,000 de los
17 a 25 años; y de $60,000 al año cuando esté institucionalizado por no
tener a sus padres u a otro familiar cercano que se ocupen de él.17
16
17
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág.12.
Véase, Testimonio del perito Dr. Allan Hausknecht, T.E. pág. 42-47.
41
CC-1998-876
AC-1998-47
El tribunal de instancia entendió que era razonable tomar como
base la suma menor, es decir, la de $50,000,18 a pesar de tener base
razonable en la prueba conceder unas cuantías más altas, a base del
incremento en gastos que supone el crecimiento del menor. Pero hay más,
el tribunal de instancia, computó esta cuantía tomando como base la
edad del menor al momento de dictarse la sentencia (13 años). No tomó
en cuenta en el cálculo, pudiendo hacerlo, los gastos especiales en los
que se había incurrido antes de dictar la sentencia. Aun así este
Tribunal decide reducir dicha partida de $2,900,000 a $1,450,000. En
otras palabras, reduce la cuantía a la mitad, sin justificación alguna.
Nuevamente, diferimos de dicha actuación.
III.
De
la
anterior
discusión
podemos
colegir
que
el
Tribunal
de
Primera Instancia, al determinar la cuantía de cada una de las partidas
de daños, examinó toda la prueba y las diversas alternativas que de
esta prueba podían ser consideradas. A tenor con su prudente discreción
judicial, siempre optó por los cálculos más conservadores y más bajos.
Un examen cuidadoso del expediente, incluyendo los autos de instancia,
revela que la determinación y computación de los daños encuentra amplio
apoyo en la evidencia presentada. No hallamos fundamento alguno que
justifique alterar las cuantías de daños.
En este caso los daños no fueron especulativos, como arguye la
mayoría de este Tribunal. Se probó la existencia de los daños y que su
causa
próxima
fue
las
acciones
u
omisiones
de
los
demandados.
La
determinación de la cuantía, aun cuando pueda ser aproximada, debe
sostenerse si el cálculo descansa en base razonable y no en el capricho
o la adivinación. El derecho de compensación no puede derrotarse sólo
por el carácter especulativo que en alguna medida supone el cómputo de
daños.
18
El Tribunal de Instancia multiplicó dicha cuantía por el número de
años que le quedaban a Hernández Nieves para llegar a la edad de 70
42
CC-1998-876
AC-1998-47
Tampoco constituyen las cuantías concedidas una medida punitiva,
como sugiere este Tribunal. Es impermisible interpretar que probados
unos hechos, sufridos unos daños, la compensación otorgada, aunque sea
la justa, si se considera alta, debe reducirse bajo el manto de que la
misma es “exageradamente alta” o constituye una “medida punitiva”.
Coincidimos con el Tribunal de Circuito a los efectos de que no
puede perderse de vista que al compensar un daño no estamos premiando a
nadie; no estamos convirtiendo al pobre en rico de la noche a la mañana
como si se tratara de un juego de lotería. Lo que realmente hacemos es
justicia tratando de poner al que sufre el daño en la posición en que
más o menos estaría de no haberlo sufrido.
Por
injusticia
entender
sobre
que
una
la
Opinión
familia
que
ya
del
Tribunal
ha
sufrido
comete
una
gran
una
gran
tragedia,
causada por la impericia profesional de los médicos de la Universidad
de Puerto Rico, disentimos.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
JUEZ ASOCIADO
años. A base de $50,000 por año la cantidad total debió ser $2,850,000.
No obstante, el tribunal de instancia concedió $2,900,000.