LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

EMPRESAS PUERTORRIQUEÑAS V. HDAD. INDP. DE EMPLEADOS TELEFONICOS

2000 TSPR 71

Poder Judicial de Puerto Rico

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EMPRESAS PUERTORRIQUEÑAS V. HDAD. INDP. DE EMPLEADOS TELEFONICOS

CC-1998-0625

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo,

Inc.

Peticionaria

v.

Certiorari

2000 TSPR 71

Hermandad Independiente de Empleados

Telefónicos y otros

Recurrentes

Número del Caso: CC-1998-0625

Fecha: 11/05/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Federico Comas Montalvo

Lcdo. Edgardo Delgado Brás

Lcdo. Hiram Meléndez Rivera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Luis Roberto Santos

Lcdo. Pedro Manzano Yates

Lcda. Eldia M. Díaz Olmo

Abogado del Comité Amplio de

Organizaciones Sindicales,

Cívicas y Culturales:

Lcdo. Juan Mari Bras

Materia: Injunction Permanente

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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Empresas Puertorriqueñas de

Desarrollo, Inc.

Demandante-Recurrido

vs.

CC-1998-625

Certiorari

Hermandad Independiente de

Empleados Telefónicos y Otros

Demandados-Recurrentes

Opinión del

BERLINGERI.

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2000.

Nos toca determinar si procedía la expedición de un

interdicto preliminar para prohibir unas manifestaciones

de

protesta

realizadas

en

los

predios

de

un

centro

comercial privado sin la autorización de sus dueños.

I

Al

momento

de

demandante-recurrida,

ocurrir

los

Empresas

hechos

del

caso,

Puertorriqueñas

la

de

Desarrollo, Inc. (Empresas), una corporación organizada

al

amparo

Puerto

de

las

leyes

Rico,

era

la

del

Estado

propietaria

del

Libre

Asociado

centro

de

comercial

Mayagüez Mall, localizado en el Km. 15.4 de la carretera

estatal número dos (2), en un predio de más de cien (100)

cuerdas

de

terreno.

CC-1998-625

En

dicho

3

centro

existían

entonces

aproximadamente

ciento

cuarenta y nueve (149) locales comerciales, que ocupaban

alrededor de un millón, cien mil (1,100,000) pies cuadrados

de espacio rentable. Entre los establecimientos del centro

comercial

que

ofrecían

servicios

a

sus

visitantes

se

encontraban varias tiendas para la venta de ropa y calzado,

una zapatería, una tienda de juguetes, una tienda para la

venta

de

teléfonos,

varios

bancos

y

restaurantes,

un

supermercado, una lavandería, varios salones de belleza y de

barbería, varias agencias de viajes, una tienda para la

venta

de

equipo

para

computadoras,

una

librería,

una

farmacia, un centro de juegos de diversión, varias salas de

cine, un garaje para la reparación y venta de piezas de

automóviles y una estación de gasolina. El centro comercial

también

poseía

estacionamiento

unos

para

cinco

mil

vehículos

de

(5,000)

motor.

espacios

Existían

de

varias

vías internas para el tránsito vehícular y peatonal. Tenía

seis (6) entradas principales que daban acceso directo a sus

pasillos

interiores,

y

puertas

adicionales

de

entrada

y

salida que daban acceso al interior del centro comercial

desde

los

estacionamientos

a

través

de

los

locales

comerciales. Además, dentro del centro comercial referido

existía un cuartel de la Policía de Puerto Rico, una oficina

de

la

Autoridad

de

Energía

Eléctrica,

y

otra

del

Departamento de Estado en la cual se atendían solicitudes de

pasaportes.

CC-1998-625

4

Como parte del Mayagüez Mall, Empresas tenía dos (2)

locales

alquilados

a

la

Puerto

Rico

Telephone

Company

(P.R.T.C.), que era entonces una corporación pública. Uno

de esos locales la compañía telefónica lo había dedicado a

su “Oficina Comercial” y el otro a su “Departamento de

Tráfico de la Región Oeste”. Ambos locales tenían puertas

de

entrada

locales

y

desde

salida

sus

que

daban

respectivas

acceso

áreas

directo

de

a

dichos

estacionamiento.

Entre los asuntos que la P.R.T.C. atendía en la Oficina

Comercial se incluían el pago y cobro de deudas, las altas

y bajas del servicio telefónico y las querellas respecto a

dicho

servicio.

Esta

Oficina

Comercial

era

la

única

facilidad de la P.R.T.C. en todo el Municipio de Mayagüez

que sus abonados y clientes podían utilizar con respecto a

los asuntos referidos.

El 27 de mayo de 1998, el Gobernador de Puerto Rico

anunció al país la venta de la P.R.T.C.

Como consecuencia

de ello, el 18 de junio de 1998, la Unión Independiente de

Empleados

Telefónicos

(U.I.E.T.)

y

la

Hermandad

Independiente de Empleados Telefónicos (H.I.E.T.E.L.), cuyo

patrono era la P.R.T.C., iniciaron un paro y una huelga

indefinida

y

abandonaron

los

centros

de

trabajo.

En

respaldo de la acción de estas dos uniones se solidarizó el

Comité Amplio de Organizaciones Sindicales (C.A.O.S.) que

agrupaba

diversas

entidades

sindicales

que

apoyaban

sentir de los empleados unionados de la P.R.T.C.

el

CC-1998-625

En

5

la

misma

agrupaciones

fecha

referida,

mencionadas

miembros

antes

(los

de

todas

las

manifestantes)

iniciaron una manifestación de protesta contra la venta de

la P.R.T.C. en los predios del centro comercial Mayagüez

Mall

aledaños

pancartas

a

las

alusivas

oficinas

a

su

de

esa

protesta,

compañía.

los

Portando

manifestantes

se

colocaron en pequeños grupos en aquella parte del centro

comercial contigua a las puertas de acceso a las oficinas

de

la

P.R.T.C.

cobertizos

Igualmente,

en

dicho

lugar

colocaron

refugiase

del

sol,

sillas,

neveras

comercial

requirió

a

para

portátiles y alimentos.

El

gerente

del

centro

los

manifestantes que abandonaran el área del estacionamiento

donde se encontraban, advirtiéndoles que ésta era propiedad

privada y que ellos no estaban autorizados a realizar tal

actividad

en

ese

lugar.

Ante

la

negativa

de

los

manifestantes de abandonar el lugar referido, el mismo día

18 de junio de 1998 Empresas presentó ante el Tribunal de

Primera

solicitó

Instancia

una

demanda

contra

aquéllos.

a

ese

foro

la

concesión

de

provisional,

así

como

un

interdicto

preliminar

permanente.

Adujo

Empresas

que

las

un

Empresas

entredicho

y

uno

manifestaciones

referidas se realizaban sin su autorización o permiso, que

afectaban sus intereses y que constituían una violación a

su derecho constitucional al disfrute de su propiedad.

El foro de instancia pautó una conferencia entre los

abogados de las partes para el 24 de junio de 1998, y

CC-1998-625

6

señaló una vista para atender la solicitud del interdicto

preliminar para el 29 de junio. Las partes sometieron sus

respectivos memorandos de derecho el 1 de julio de 1998 y

el caso quedó sometido para la consideración del tribunal.

El 3 de julio de 1998, el Tribunal de Primera Instancia

notificó

una

extensa

normativa

pertinente

sentencia

al

asunto

en

en

la

cual

analizó

la

cuestión.

Declaró

sin

lugar la petición de interdicto preliminar ”en cuanto a

ordenar

la

salida

de

los

[manifestantes]

del

centro

comercial”. El foro de instancia determinó, inter alia, que

Empresas no había presentado prueba alguna de que hubiese

sufrido daños a la propiedad o de que hubiesen ocurrido

actos

de

público

violencia

al

centro

o

de

obstrucción

comercial.

a

la

entrada

del

Determinó,

además,

que

tampoco se había presentado “prueba alguna de pérdida de

ingresos

o

efectos

económicos

perjudiciales

que

guarden

relación con la manifestación”. En cuanto a la manera en

que se realizaron las manifestaciones, señaló el foro de

instancia en lo pertinente que:

...las actividades de los manifestantes[,] como

regla general[,] se han llevado a cabo en el área

de la acera, calle y estacionamiento frente a las

oficinas alquiladas a la P.R.T.C. Todas las

manifestaciones han ocurrido en el exterior del

edificio principal. Como regla general[,] los

manifestantes se han mantenido en forma ordenada

y pacífica. (Enfasis suplido.)

No obstante, el foro de instancia encontró probado que en

una ocasión, el 25 de junio de 1998, el área ocupada por

los manifestantes se había extendido hasta un local aledaño

CC-1998-625

7

ocupado por un banco que no pudo ofrecer los servicios de

autoventanilla mientras el espacio estuvo ocupado por los

manifestantes.

En

esa

ocasión,

los

participantes

utilizaron altoparlantes y “entonaron coros y estribillos,

alusivos a la venta de la telefónica, la privatización, el

gobierno y en ocasiones utilizaron lenguaje mal sonante y

ofensivo”.

Al reconocer que “tal tipo de manifestación

ruidosa

con

y

estribillos

disonantes

interrumpe

la

tranquilidad de los usuarios” y que “[l]a armonía de los

intereses en disputa puede lograrse evitando los demandados

tal

tipo

de

manifestación”,

el

tribunal

permitió

la

continuación de las protestas “de forma pacífica, ordenada

y sin ruidos innecesarios en el área que da acceso del

estacionamiento a las puertas de la Oficina Comercial y de

Tráfico de la P.R.T.C.”. Razonó dicho foro que ordenar el

desalojo de los manifestantes de los predios del centro

comercial “tornaría académico su reclamo” porque estarían

“impedidos de llevar su mensaje a quienes acuden a las

oficinas en búsqueda de servicio.”

En

cuanto

instancia

al

determinó

uso

del

que

centro

Empresas

comercial,

había

el

foro

de

aceptado

que

el

centro comercial se había utilizado antes para actividades

no relacionadas directamente con los locales comerciales

tales como la exhibición de cómo se fabrica una cerveza,

espectáculos

musicales

y

un

circo

de

diversiones;

actividades que se llevaban a cabo normalmente fuera del

horario de venta en las tiendas. De igual forma, el foro de

CC-1998-625

8

instancia encontró probado que Empresas había alquilado sus

locales antes para la ubicación de centros de información

particulares

con

fines

no

comerciales.

Específicamente

determinó que había alquilado un espacio a personas que

abogaban

a

favor

de

planta

de

energía

la

construcción

“Cogentrix”.

en

Mayagüez

También

de

determinó

la

que

Empresas no poseía normas escritas que definiesen el nivel

de

sonido

permitido

anteriormente

había

en

el

centro

permitido

el

comercial,

uso

de

y

que

altoparlantes

dentro y fuera del centro comercial. Finalmente, el foro de

instancia determinó que Empresas no tenía normas escritas

que prohibiesen manifestaciones como las de este caso en

los predios del centro comercial.

Inconformes con la determinación del foro de instancia,

el 9 de julio de 1998 Empresas acudió ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones mediante un recurso de certiorari.

Dicho foro emitió una sentencia el 17 de julio de 1998,

expidió el recurso y revocó el dictamen del tribunal de

instancia. Declaró con lugar la solicitud del interdicto

preliminar y ordenó el “cese y desista inmediato de las

actividades de [los manifestantes] dentro de los predios y

edificios del Mayagüez Mall” hasta la disposición final del

litigio. Dispuso que los manifestantes podían realizar sus

expresiones

de

protesta

en

áreas

aledañas

al

centro

comercial. Además, el tribunal apelativo ordenó al foro de

instancia la celebración de una vista el 24 de julio de

1998 para adjudicar la solicitud de interdicto permanente.

CC-1998-625

Dicho

9

foro

realizó

un

concluyó

que

el

ponderado

balance

tribunal

de

de

instancia

“no

equidad

sopesando

los

intereses de las partes, como paso previo a adjudicar en

forma final el asunto crucial sobre si el Mayagüez Mall era

una

plaza

pública,

manifestantes]...

y,

según

había

sido

alegado

por

[los

por

ende,

efectivamente

un

foro

público”.

Inconformes con el dictamen referido, el 23 de julio de

1998,

la

U.I.E.T.

y

la

H.I.E.T.E.L.

acudieron

ante

nos

mediante un recurso de certiorari acompañado de una moción

en auxilio de jurisdicción. Plantearon que el Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones

había

errado

al

emitir

el

injunction preliminar. En la misma fecha, Empresas también

compareció ante nos y solicitó la desestimación del recurso

de certiorari instado por los manifestantes.

El 24 de julio de 1998, expedimos el recurso solicitado

por los peticionarios. En auxilio de nuestra jurisdicción,

ordenamos

la

suspensión

de

los

procedimientos

en

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, y dejamos sin efecto

su dictamen del 17 de julio de 1998. Permitimos así que

continuaran

las

manifestaciones

en

cuestión.

Además,

autorizamos al Tribunal de Primera Instancia a continuar en

forma

expedita

con

los

procedimientos

relativos

al

interdicto permanente solicitado por Empresas, conforme a

su dictamen del 3 de julio de 1998.

El 6 de diciembre de 1998, acogimos como su alegato el

recurso de certiorari presentado por los peticionarios el

CC-1998-625

10

23 de julio de 1998; y el 22 de enero de 1999, Empresas

presentó el suyo. Con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procedemos a resolver.

II

Academicidad

El 2 de agosto de 1999, el foro de instancia desestimó

la petición de injunction permanente que tenía pendiente en

este caso. Determinó que en vista de que la P.R.T.C. ya

había

sido

vendida,

y

de

que

las

manifestaciones

de

protesta en el centro comercial habían concluido, “resolver

la controversia hoy inexistente sería emitir una opinión

consultiva a la empresa demandante en torno a la legalidad

y legitimidad de protestas o demostraciones pacíficas en

los predios de un Centro Comercial...”. (Enfasis suplido.)

El tribunal de instancia emitió este dictamen a pesar de

que

tanto

Empresas

como

las

organizaciones

demandadas

presentaron sendos escritos oponiéndose a que el caso fuese

desestimado por academicidad.

Inconforme con el dictamen de instancia referido, el 3

de

septiembre

de

1999

Empresas

presentó

un

recurso

de

apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y el

31

de

marzo

de

2000,

el

foro

apelativo

notificó

su

denegatoria del recurso aludido. Empresas recurrió entonces

ante nos y su recurso sobre el injunction permanente se

encuentra pendiente de nuestra oportuna consideración.

Aunque ninguna de las partes nos ha planteado que el

recurso

particular

del

caso

de

autos

a

su

vez

se

haya

CC-1998-625

tornado

11

académico,

conviene

hacer

un

breve

señalamiento

sobre el particular, para que no haya duda sobre nuestra

jurisdicción.

En pronunciamientos previos hemos indicado que un caso

se torna académico cuando su condición de controversia viva

y

presente

sucumbe

ante

el

paso

del

tiempo.

P.P.D.

v.

Gobernador I, Op. de 22 de diciembre de 1995, 139 D.P.R.

___, 95 JTS 165; Asoc. de Periodistas v. González, 127

D.P.R. 704 (1991); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650

(1988); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115

(1988). “Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un

caso

por

academicidad

cuando

ocurren

cambios

durante

el

trámite judicial de una controversia particular que hacen

que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que

pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto

real

alguno

en

cuanto

a

esa

controversia.

Con

esta

limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue

evitar

el

uso

innecesario

de

los

recursos

judiciales

y

obviar pronunciamientos autoritativos de los tribunales que

resulten

superfluos.”

C.E.E.

v.

Depto.

de

Estado,

134

D.P.R. 927, 935-36 (1993); Com. de la Mujer v. Srio. de

Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980).

Ahora

bien,

existen

situaciones

especiales

en

las

cuales los tribunales pueden atender un caso que se ha

tornado

académico.

existen

varias

Es

decir,

excepciones

hemos

a

reconocido

la

antes

doctrina

que

de

academicidad. Una de ellas es cuando en un caso se plantea

CC-1998-625

12

una cuestión recurrente, es decir, susceptible de volver a

ocurrir pero que, por la naturaleza efímera de los hechos

que

provocan

la

cuestión,

es

difícil

que

logre

ser

dilucidada por los tribunales. Noriega v. Hernández Colón,

135 D.P.R. 406 (1994); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra;

El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988);

Asoc. de Periodistas v. González, supra; Com. de la Mujer

v. Srio. de Justicia, supra.

En el caso de autos, las manifestaciones específicas

que dieron lugar al recurso ante nos han cesado ya, por lo

que podría estimarse que la controversia concreta que nos

concierne

aquí

sobre

el

injunction

preliminar

se

ha

tornado académica. No obstante, es evidente que la cuestión

novel

e

importante

que

este

pleito

presenta,

de

si

agrupaciones como las peticionarias pueden llevar a cabo

manifestaciones como las del caso de autos en un centro

comercial

privado,

cuando

sus

dueños

se

oponen

a

tales

actos, es una que con razonable probabilidad ha de surgir

de

nuevo.

El

acto

de

expresión

pública

impugnado

puede

volver a concluir antes de que la cuestión referida haya

sido dilucidada judicialmente en los méritos. Tal como ha

sucedido en el caso de autos, la controversia aludida entre

los manifestantes y el centro comercial puede presentarse

otra vez y la situación concreta que la ocasiona puede

volver a desaparecer mientras el caso es examinado por los

CC-1998-625

13

tribunales.1 En tales circunstancias, si no pasamos juicio

sobre

la

controversia

manifestación,

referida

quedaría

aunque

conculcada

haya

así

terminado

nuestra

la

función

revisora.

En efecto, el importante asunto que tenemos planteado

en el caso de autos, ha estado ya antes ante los tribunales

del país sin que se haya podido resolver en sus méritos.2

En

el

caso

anterior

referido

se

intentó

impedir

otras

manifestaciones realizadas precisamente en los predios del

centro comercial Mayagüez Mall. Al igual que como ocurrió

en el caso ante nos ahora, Empresas había alquilado un

local a la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) para la

operación de una oficina comercial de servicio al público.

El 30 de marzo de 1995, a raíz de una disputa obreropatronal, empleados de la A.E.E. pertenecientes a la Unión

de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto

Rico

(U.T.I.E.R.)

contra

la

realizaron

A.E.E.

dentro

manifestaciones

de

del

Mall.

Mayagüez

protesta

Como

consecuencia de ello, el día siguiente, Empresas presentó

una

acción

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala

1

En este caso la demanda fue presentada no solamente

contra la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos

y la Unión Independientes de Empleados Telefónicos, sino

también

contra

el

Comité

Amplio

de

Organizaciones

Sindicales, que es una agrupación obrera activamente

involucrada en muchas de las controversias públicas de

mayor trascendencia en el país.

2

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v.

U.T.I.E.R., IPE95-0044 (Tribunal Primera Instancia), KLAN9801174 (Tribual de Circuito de Apelaciones) y CC-2000-229

(Tribunal Supremo de Puerto Rico).

CC-1998-625

Superior

14

de

Mayagüez,

y

solicitó

que

se

emitiese

un

entredicho provisional, así como un interdicto preliminar y

uno

permanente.

Luego

de

la

concesión

del

entredicho

provisional y de varios trámites apelativos, el foro de

instancia

resolvió

que

la

acción

de

Empresas

se

había

tornado académica en vista de que las manifestaciones de la

U.T.I.E.R.

tribunal

habían

se

terminado

disponía

a

para

el

tiempo

en

que

dilucidar

el

caso.

Por

el

ende,

desestimó la acción de Empresas, sin resolver la importante

controversia constitucional que se le había planteado.

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

confirmó

El

dicho

dictamen. No cabe dudas, pues, que tenemos ante nos una

clara situación de una controversia recurrente, que es una

de

las

excepciones

cuestión

bien

académica.

conocidas

Resolvemos,

a

la

doctrina

pues,

que

de

la

tenemos

jurisdicción para dilucidar el importante asunto ante nos.

Debe quedar claro que ésta no es la primera vez que

consideramos la validez de actos de protesta después que

dichos

actos

han

cesado

definitivamente.

En

E.L.A.

v.

Rivera Rivera, 105 D.P.R. 640 (1977), un grupo de personas

montaron un piquete de protesta en las inmediaciones de la

Fortaleza, la residencia oficial del Gobernador de Puerto

Rico.

El

Tribunal

Superior,

a

instancias

del

Estado,

expidió un injunction que si bien salvaguardaba el derecho

a

la

libre

limitaba

a

la

expresión

vez

las

de

los

horas

del

manifestantes

día

en

que

aludidos,

se

podían

celebrar los actos de protesta y fijaba otras restricciones

CC-1998-625

15

afines. Los manifestantes apelaron de inmediato ante nos,

cuestionando

injunction

las

limitaciones

referido.

impuestas

mediante

el

rehusamos

suspender

el

Inicialmente

injunction pendiente la apelación.

Posteriormente, año y

medio después de haber terminado los actos de protesta en

cuestión, ejercimos nuestra jurisdicción y adjudicamos la

validez del injunction referido. Igual hicimos con respecto

a

un

injunction

preliminar

y

permanente

que

había

sido

procurado en relación a un piquete, luego de éste haber

concluido, en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R.

436

(1975).

Procede,

pues,

que

en

el

caso

examinar

el

alcance

de

autos

que

tiene

actuemos del mismo modo.

Pasemos

entonces

a

nuestra garantía constitucional de libertad de expresión en

centros comerciales privados como el Mayagüez Mall.

III

Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de

expresarnos sobre la aplicación del derecho constitucional

a

la

libertad

privados.

Por

de

expresión

tratarse

de

en

un

los

centros

asunto

novel

comerciales

en

nuestra

jurisdicción, es menester considerar los precedentes del

Tribunal

Supremo

vinculantes;

y

a

de

la

Estados

vez

tomar

Unidos

en

que

cuenta

puedan

por

su

ser

valor

CC-1998-625

persuasivo

16

la

jurisprudencia

pertinente

de

otras

jurisdicciones estatales.3

A.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados

Unidos relacionada al asunto que aquí nos concierne comenzó

con la histórica decisión de ese foro en Marsh v. Alabama,

326 U.S. 501, 66 S. Ct. 276 (1946). En ésta, se resolvió

que en un pueblo operado por una compañía privada (“company

town”), en el cual ésta era dueña de los edificios, aceras,

calles,

tiendas,

etc.,

regía

la

Primera

Enmienda

de

la

Constitución federal. Se determinó que tal lugar era el

equivalente

funcional

norteamericano,

por

de

lo

cualquier

que

en

sus

otro

predios

pueblo

no

podía

prohibirse la distribución de material religioso, aunque

dichos predios fuesen propiedad privada.

El análisis utilizado en Marsh v. Alabama, supra, fue

aplicado

nuevamente

en

Amalgamated

Food

Employees

Union

Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., 391 U.S. 308, 88 S.

Ct.

1601

(1968).

En

esta

federal

reconoció

el

realizar

demostraciones

ocasión,

el

derecho

de

en

centro

un

Tribunal

unos

Supremo

trabajadores

comercial

a

privado

frente a una tienda contra cuyos dueños aquellos mantenían

una contienda laboral. El alto foro federal resolvió que,

al

igual

que

en

Marsh

v.

Alabama,

supra,

las

Hacemos referencia sólo a aquellos casos cuyas

controversias concretas son similares a la que aquí nos

concierne.

3

CC-1998-625

17

características

del

centro

comercial

en

cuestión

le

convertían en el equivalente funcional de un pueblo común,

por

lo

que

le

eran

aplicables

las

disposiciones

de

la

Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Unos años más tarde, la postura del Tribunal Supremo

norteamericano con respecto a la aplicación de la referida

Primera

Enmienda

dramáticamente.

Corp.

v.

La

Tanner,

a

centros

nueva

407

comerciales

varió

comenzó

Lloyd

trayectoria

U.S.

551,

92

S.

Ct.

con

2219

(1972).

Contrario a su determinación en Amalgamated Food Employees

Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., supra, en este

caso el Tribunal Supremo federal se negó a reconocer el

derecho de un grupo de personas opuestas a la guerra de

Vietnam a distribuir propaganda relacionada con sus ideas

en los predios de un centro comercial. Se resolvió en ese

caso que la actividad referida no era afín con el propósito

comercial

del

establecimiento,

y

que

los

manifestantes

tenían otros medios eficaces para difundir su mensaje tales

como el uso de las calles públicas adyacentes al centro

comercial.

Luego, en Hudgens v. N.L.R.B., 424 U.S. 507, 96 S. Ct.

1029 (1976),

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue

aun más lejos.

torno

a

las

En este caso la controversia giraba en

actividades

de

protesta

que

realizaron

los

empleados unionados de un almacén contra sus dueños, por

éstos no aceptar ciertas peticiones sometidas por la unión.

Los empleados realizaron las manifestaciones en cuestión

CC-1998-625

18

frente a una tienda de su patrono que estaba localizada en

un

centro

comercial

aunque

el

almacén

donde

ellos

trabajaban estaba ubicado fuera de los predios del centro

comercial.

Luego

de

revocar

expresamente

lo

resuelto

en

Amalgamated Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley

Plaza, Inc., supra, por entender que era inconsistente con

lo que se había decidido en Lloyd Corp. v. Tanner, supra,

el

más

alto

foro

federal

resolvió

que

por

la

Primera

Enmienda

de

provistas

las

la

garantías

Constitución

federal sólo aplican a situaciones en las que existe acción

estatal (“state action”). Razonó el Tribunal que, por la

ausencia de acción estatal en ese caso, la Primera Enmienda

no

protegía

a

los

manifestantes.

No

obstante,

señaló

expresamente que un estado podía darle una protección a la

libertad de expresión conferida por su propia constitución

que fuese más amplia que la de la Primera Enmienda federal,

y aplicarla incluso a personas o corporaciones privadas.

Cuatro años después de sus pronunciamientos en Hudgens

v. N.L.R.B., supra, el Tribunal Supremo federal se enfrentó

a una decisión del Tribunal Supremo de California mediante

la cual dicho foro extendió la aplicación de la libertad de

expresión de ese estado a un centro comercial privado. En

Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74, 100 S.

Ct.

2035

(1980),

un

grupo

de

estudiantes

de

escuela

superior había colocado una mesa en un centro comercial de

California

con

el

propósito

de

distribuir

información

y

solicitar firmas para una petición pública. Los estudiantes

CC-1998-625

tuvieron

19

que

abandonar

el

lugar

donde

estaban

ubicados

luego de que un guardia de seguridad les informó que su

actividad era contraria a las reglas del centro comercial.

Dichas

reglas

públicas

en

prohibían

la

celebración

centro

que

no

el

de

actividades

estuviesen

relacionadas

directamente con su propósito comercial. Los estudiantes

aludidos instaron acción en un tribunal estatal contra los

dueños del centro comercial por la alegada violación a su

derecho a la libertad de expresión conferídoles tanto por

la constitución federal como por la estatal. El foro de

instancia determinó que los estudiantes no tenían razón en

su reclamo de libertad de expresión en el centro comercial

bajo

ninguna

de

las

apelativo

confirmó

Tribunal

Supremo

dos

dicha

de

constituciones.

determinación.

California

revocó

el

tribunales

Constitución

de

California

que

la

protegía

expresión

de

ideas

por

estudiantes,

los

revisión,

los

Dictaminó

realizadas

tribunal

a

inferiores.

la

En

El

y

actividades

como

cuando

ejercían

se

las

razonablemente en centros comerciales, aunque éstos fuesen

privados, y que ello no afectaba los derechos de propiedad

de sus dueños protegidos por la Constitución federal. Al

confirmar

California,

reiteró

el

el

dictamen

Tribunal

expresamente

la

del

más

alto

foro

Supremo

de

los

facultad

de

un

judicial

de

Estados

Unidos

tribunal

supremo

estatal, a la luz de la Constitución de ese estado, de

ampliar la protección de los derechos constitucionales que

confiere la Constitución de los Estados Unidos. Añadió que,

CC-1998-625

al

20

ejercer

válidamente

propiedad

dicha

facultad,

restricciones

privada

siempre

un

estado

razonables

a

que

ello

con

puede

los

no

imponer

derechos

de

contravenga

alguna de las protecciones específicas conferidas por la

Constitución federal.

En resumen, pues, aunque el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos ha limitado significativamente la aplicación

de la Primera Enmienda de la Constitución federal a los

centros comerciales privados, también ha reconocido que las

jurisdicciones estatales en estos casos pueden definir el

ámbito del derecho de expresión al amparo de sus propias

constituciones de una manera más amplia. Como veremos más

adelante, jurisdicciones tan importantes como California,

Nueva Jersey, Colorado, Oregon y Washington4 así lo han

hecho.

B.

Los tribunales de estados con constitución más amplia

Como

hemos

indicado

ya,

el

Tribunal

Supremo

de

California ha resuelto que su propia Constitución protege

el derecho de expresión de las personas en los centros

comerciales privados. Robins v. Pruneyard Shopping Center,

592

P.

2d

341

(1979),

confirmado

en

Pruneyard

Shopping

Center v. Robins, supra. Dicho Tribunal también ha señalado

que este derecho de expresión no es absoluto y puede estar

4

Como se indica más adelante en la opinión, en el

estado

de

Washington

se

han

permitido

determinadas

actividades en centros comerciales al amparo de una

cláusula particular de su constitución, que no es la

relativa a la libertad de expresión.

CC-1998-625

21

sujeto a restricciones razonables de tiempo, lugar y manera

impuestas por el centro comercial. Dicho foro ha reconocido

expresamente, además, que aunque los derechos de propiedad

de los dueños de los centros comerciales son importantes,

al igual que ocurre con cualquier derecho individual, éstos

están

subordinados

al

interés

colectivo.

En

Schwartz-

Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., 394 P. 2d

921 (1964), el Tribunal Supremo de California resolvió que

los

miembros

de

una

unión

tenían

derecho

a

realizar

piquetes en las inmediaciones de una panadería localizada

en un centro comercial privado, aun contra la voluntad del

dueño

del

centro

comercial.

En

esa

ocasión,

las

manifestaciones de protesta de la unión se realizaron luego

de

que

ésta

trató

infructuosamente

de

organizar

colectivamente a los empleados de la panadería. El más alto

foro judicial de California concluyó lo siguiente:

[t]he prohibition of the picketing would in

substance deprive the union of the opportunity to

conduct its picketing at the most effective point

of

persuation:

the

place

of

the

involved

business.

The interest of the union thus rests

upon the solid substance of public policy and

constitutional

right;

the

interest

of

the

plaintiff lies in the shadow cast by a property

right worn thin by public usage. SchwartzTorrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., a

la pág. 926.

Cuatro años más tarde, el Tribunal Supremo de California

resolvió el caso de Diamond v. Bland, 477 P. 2d 733 (1970).

En esa ocasión el foro referido concluyó que los dueños de

un centro comercial no podían prohibir en forma absoluta el

ejercicio de los derechos de expresión de los que visitan

CC-1998-625

tal

22

centro

a

menos

sustancialmente

con

que

la

ello

obstaculice

operación

normal

o

del

interfiera

negocio

de

aquéllos.5

Otro estado que ha tenido ante sí la cuestión que nos

ocupa aquí ha sido Colorado. En Bock v. Westminster Mall

Co., 819 P. 2d 55 (Colo. 1991), miembros de una asociación

política instaron acción contra los dueños de un centro

comercial privado en la que alegaron que la política de

prohibir

la

distribución

comunes

del

centro

de

hojas

sueltas

comercial

en

violaba

las

el

áreas

derecho

constitucional estatal a la libertad de expresión de los

demandantes. En esa ocasión, el tribunal de mayor jerarquía

de

Colorado

resolvió

que

la

participación

económica

del

Estado en el desarrollo del centro comercial y la presencia

en éste de varias agencias gubernamentales, incluyendo una

sub-estación

suficiente

centro

de

la

policía

intervención

comercial

constitucional

del

como

estatal

de

de

la

Estado

para

ciudad,

en

la

activar

libertad

de

constituían

operación

la

del

cláusula

expresión.

Señaló

dicho foro que la Constitución de Colorado prohibía a los

dueños de un centro comercial restringir el derecho del

En Robins v. Pruneyard Shopping Center, supra, el

máximo tribunal de California ratificó sus dictámenes tanto

en Schwartz-Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U.,

supra, como en Diamond v. Bland, aunque estos habían sido

resueltos en parte bajo una normativa federal que fue

posteriormente revocada. Afirmó su uso como precedentes,

señalando que la jurisprudencia federal era relevante pero

no conclusiva, en vista de la facultad de los tribunales

estatales bajo sus propias constituciones de ampliar el

mínimo de protección que el Tribunal Supremo federal

determine poseen las garantías constitucionales federales.

5

CC-1998-625

23

público que se congrega en las áreas comunes de dicho lugar

a

expresarse

pacíficamente

sobre

asuntos

políticos.

Puntualizó también el foro aludido que las áreas comunes

del centro comercial en cuestión se habían convertido en

lugares de reunión y expresión pública, transformándose,

para todo fin práctico, en un foro público. No obstante, se

reconoció

el

derecho

del

centro

comercial

de

establecer

reglas razonables para restringir el tiempo, lugar y manera

para realizar las actividades referidas.

En Lloyd Corporation v. Whiffen, 849 P. 2d 446 (Or.

1993), el Tribunal Supremo de Oregon también reconoció el

derecho de sus ciudadanos a solicitar firmas en las áreas

comunes

de

restricciones

un

centro

razonables

comercial

privado,

establecidas

por

sujeto

el

a

centro

comercial sobre el tiempo, lugar y manera de realizar tales

actividades. Señaló dicho foro que:

...to prohibit the gathering of signatures on

initiative petitions in the common areas of large

shopping centers such as the Lloyd Center would

“impinge on constitutional rights” conferred on

the citizens of this state by the provisions of

Article

IV,

section

1,

of

the

Oregon

Constitution.

...

It is true... that the right under Article IV,

section 1, to solicit signatures on initiative

petitions is a form of speech and that there also

are other forms of speech. We see no need in our

opinion in this case to anticipate and discuss

problems presented by other forms of speech.

Lloyd Corporation v. Whiffen, supra, a las págs.

453 y 454.

CC-1998-625

24

En New Jersey Coalition v. J.M.B., 650 A. 2d 757 (N.J.

1994),

también

se

aplicó

la

protección

de

la

cláusula

constitucional de libertad de expresión de Nueva Jersey a

los

centros

comerciales

privados.

En

este

caso

una

coalición de diversos grupos opuestos a la intervención de

las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Kuwait intentó

distribuir material relacionado con sus ideas en diversos

lugares.

Varios

centros

comerciales

permitieron

la

actividad en sus predios, mientras que otros se opusieron o

impusieron

Tribunal

condiciones

Supremo

de

alegadamente

Nueva

Jersey,

muy

restrictivas.

fundamentándose

en

El

un

análisis desarrollado en un caso previo, State v. Schmid,

423 A. 2d 615 (N.J. 1980), y en su propio examen sobre el

valor de la libertad de expresión frente al derecho de

propiedad,

determinó

que

los

propietarios

del

centro

comercial estaban constitucionalmente obligados a permitir

allí la distribución de hojas sueltas que tenía propósitos

no

comerciales,

Tribunal

señaló

sujeto

que

a

los

regulaciones

centros

razonables.

comerciales

Dicho

referidos

tenían todas las características de las áreas de comercio

tradicionales

además,

que

policías

(“downtown

en

dichos

municipales;

business

district”).

centros

existía

y

sus

que

Indicó,

la

presencia

de

dueños

permitían

y

estimulaban la realización de actividades no comerciales

orientadas

al

público

visitante.

El

Tribunal

también

determinó que la invitación que se le hacía al público para

que visitase el centro comercial era amplia. El Tribunal

CC-1998-625

25

concluyó que se podía realizar en los predios del centro

comercial cualquier tipo de actividad que era realizable en

el

área

de

comercio

tradicional

(“downtown”).

En

particular, indicó el Tribunal que la distribución de hojas

sueltas con temas como el que tenían las hojas sueltas de

ese caso era una actividad que siempre se había realizado

en

el

área

de

comercio

tradicional

(“downtown”).

El

Tribunal reiteró su señalamiento previo de que la libertad

de expresión garantizada por la Constitución de ese estado

prevalecía contra acciones de entidades privadas que fuesen

irrazonables u opresivas. State v. Schmid, supra.

Finalmente, debe mencionarse la posición particular del

Tribunal Supremo del estado de Washington. Ese foro, en

Alderwood Assoc. v. Wash. Envir. Council, 635 P 2d 108

(1981),

revocó

una

orden

emitida

por

un

tribunal

de

instancia del estado mediante la cual se le había prohibido

a

una

organización

ambientalista

realizar

demostraciones

comercial

privado.

El

solicitar

firmas

y

en

los

predios

de

un

centro

más

alto

tribunal

de

Washington

determinó que dichas actividades estaban protegidas por la

constitución

estatal.

Posteriormente

ese

Tribunal

aclaró

cuál era el fundamento preciso de la decisión aludida al

señalar que:

...the holding in Alderwood was simply that

people

have

a

right

under

the

initiative

provision of the Constitution of the State of

Washington

to

solicit

signatures

for

an

initiative in a manner that does not violate or

unreasonably restrict the rights of private

property owners. We expressly do not here disturb

CC-1998-625

26

that holding. Southcenter v. National Dem. Policy

Com., 780 P 2d 1282, 1290 (1989).

C.

Otros tribunales estatales

Los tribunales supremos de un gran número de estados

han considerado la cuestión que nos concierne en el caso de

autos

y

han

resuelto

que

sus

propias

constituciones

no

ofrecen una protección a la libertad de expresión que sea

mayor que la que surge de la Constitución federal, según

interpretada

Dichos

por

el

tribunales

Tribunal

han

Supremo

realizado

un

de

Estados

análisis

del

Unidos.

asunto

similar al utilizado actualmente por el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos, y han limitado el alcance del derecho

de expresión establecido en sus respectivas constituciones

a

situaciones

en

las

que

existe

acción

estatal

(“state

action”). De este modo, al resolver que el ámbito de sus

propias cláusulas de libertad de expresión no es mayor que

el

de

la

Constitución

manifestaciones

como

las

federal,

del

caso

no

de

han

autos

permitido

en

centros

comerciales privados cuando el Estado no está involucrado.

En este grupo se encuentran, entre otros, Minnesota, State

v.

Wicklund,

589

N.

W.

2d

793

(Minn.

1999);

Texas,

Republican Party of Texas v. Dietz, 940 S. W. 2d 86 (Tex.

1997); Ohio, Eastwood Mall, Inc. v. Slanco, 626 N. E. 2d 59

(Ohio 1994); Carolina del Sur, Charleston Joint Venture v.

McPherson, 417 S. E. 2d 544 (S.C. 1992); Georgia, Citizens

for Ethical Gov. v. Gwinnett, 392 S. E. 2d 8 (Ga. 1990);

Arizona, Fiesta Mall Venture v. Mecham Recall Com., 767 P.

CC-1998-625

27

2d 719 (Ariz. App. 1988); Wisconsin, Jacobs v. Major, 407

N. W. 2d 832 (Wis. 1987); Pennsylvania, W. Pa. Soc. WRKRS

v. Conn. Gen. Life Ins., 515 A. 2d 1331 (1986); Nueva York,

Shad Alliance v. Smith Haven Mall, 488 N. E. 2d 1211 (N.Y.

1985); Michigan, Woodland v. Michigan Citizens Lobby, 378

N.

W.

2d

Westfarms

337

(Mich.

Associates,

1985);

469

A.

Connecticut,

2d

1201

Cologne

(Conn.

1984);

v.

y

Carolina del Norte, State v. Felmet, 273 S. E. 2d 708 (N.C.

1981).

IV

La libertad de expresión en Puerto Rico

Antes de entrar a resolver el asunto concreto que está

ante nuestra consideración aquí, es menester señalar que

reiteradamente

hemos

reconocido

que

las

interpretaciones

que hace el Tribunal Supremo federal sobre el contenido de

los derechos fundamentales conferidos por la Constitución

de

los

Estados

Unidos

sólo

constituyen

el

mínimo

de

protección que tenemos que reconocer bajo nuestra propia

Constitución a esos derechos. Dichas interpretaciones no

limitan nuestra facultad para reconocer mayor amplitud a

las

garantías

constitucionales

conferidas

por

la

Constitución de Puerto Rico. Así, hemos determinado antes

que nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la

Constitución federal con respecto a derechos tales como la

prohibición

[Bayrón

del

Toro

v.

menoscabo

de

obligaciones

contractuales

Serra,

119

D.P.R.

(1987)],

605

la

CC-1998-625

28

prohibición contra registros y allanamientos irrazonables

[Pueblo v. Meléndez Rodríguez, Op. de 13 de julio de 1994,

136 D.P.R. __, 94 JTS 103; Pueblo v. Rivera Colón, 128

D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R.

470

(1988);

(1986);

Pueblo

Pueblo

v.

v.

Falú

Dolce,

Martínez,

105

D.P.R.

116

D.P.R.

828,

422

(1976)];

la

intimidad [Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, Op. de 18 de

noviembre de 1997, 144 D.P.R. __, 97 JTS 134; E.L.A. v.

Hermandad

de

libertad

de

Empleados,

expresión

104

D.P.R.

[U.N.T.S.

v.

436,

(1975)];

Srio.

de

y

la

Salud,

133

D.P.R. 153 (1993)].

Más aun, ya antes hemos resuelto que la Constitución

del Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial

distinto

a

la

Constitución

de

Estados

Unidos...

nuestra

Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales

con

una

visión

más

abarcadora

y

protectora

que

la

Constitución de Estados Unidos”. López Vives v. Policía de

P.R.,

118

D.P.R.

219

(1987).

Nuestra

doctrina

jurisprudencial, pues, es cónsona con la determinación del

Tribunal Supremo federal en Lloyd Corp. v. Tanner, supra,

reiterada en Pruneyard Shopping Center v. Robins, supra,

que reconoce el derecho de las jurisdicciones estatales a

ampliar

la

protección

amparo

de

sus

propias

de

los

derechos

constituciones

fundamentales

al

más

lo

allá

de

dispuesto por la Constitución federal según interpretada

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

CC-1998-625

La

29

sección

cuarta

del

Artículo

II

de

nuestra

Constitución consagra el derecho de toda persona a la libre

expresión. En la Asamblea Constituyente se reconoció que

este derecho se debe “ejercitar a plenitud dentro de la más

dilatada libertad...”. Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico (Equity, 1961), Vol. 4, pág.

2564.

De igual forma, hemos expresado que el derecho a la

libertad

“para

de

expresión

facilitar

el

fue

concebido,

desarrollo

entre

pleno

del

otras

cosas,

individuo

y

estimular el libre intercambio y la diversidad de ideas,

elementos vitales del proceso democrático”. Velázquez Pagán

v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992). Expresamente hemos

reconocido y reiterado la preeminencia de la libertad de

expresión en nuestro ordenamiento constitucional, Mari Brás

v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 206 (1968), “que nos obliga a su

más celosa protección”, Rodríguez v. Srio. de Instrucción,

109 D.P.R. 251, 255 (1979).

En efecto, en el pasado hemos sido tan celosos con la

protección

de

la

libertad

de

expresión

que

la

hemos

reconocido aun en circunstancias que se apartan de las que

son las más comunes para las manifestaciones de protesta y

para el intercambio y la crítica de ideas. Aunque hemos

reconocido que fuera de los foros públicos tradicionales el

Estado tiene amplias facultades para restringir la libertad

de expresión, no obstante hemos hecho hincapié en que aun

en

tales

foros

poco

tradicionales

no

puede

prohibirse

absolutamente el ejercicio de este derecho tan fundamental.

CC-1998-625

30

U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993). Así

pues, hemos convalidado el derecho a fijar pasquines en

postes

de

alumbrado

y

en

las

columnas

de

puentes

sin

necesidad de la autorización de sus custodios en Pueblo v.

Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530 (1988) y Mari Brás v.

Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972). Igualmente hemos reconocido

el derecho de estudiantes a celebrar mítines y marchas en

terrenos universitarios aun cuando existía un trasfondo de

violencia en la institución causado por una huelga laboral

en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R.

153

(1982).

Asimismo

hemos

protegido

el

derecho

de

maestros a celebrar reuniones en predios escolares durante

la hora de almuerzo en Rodríguez v. Srio. de Instrucción,

109

D.P.R.

altoparlantes

251

en

(1979);

la

y

vecindad

hemos

de

permitido

colegios

el

uso

de

electorales

en

Mari Brás v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).

En

alcance

nuestros

de

la

pronunciamientos

protección

ordinarios

constitucional

a

sobre

la

el

libre

expresión, hemos indicado que ésta depende en gran medida

del lugar o foro en que se desea ejercer ese derecho. Como

se sabe, en los denominados foros públicos tradicionales le

hemos reconocido una protección amplia y abarcadora. Hemos

señalado en Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122

D.P.R. 229 (1988), a las págs. 241 y 242, que:

[d]esde tiempos inmemoriales los parques, las

plazas

y

las

calles

de

Puerto

Rico

han

constituido foros de divulgación, de intercambio

y de crítica de ideas.

Es en ellos en donde la

conciencia ciudadana y particular forma de ver el

mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros

CC-1998-625

31

públicos por excelencia para la divulgación y

expresión de ideas.

Las calles en particular

constituyen un instrumento eficaz de divulgación

de ideas accesible para aquellos individuos y

grupos que no cuentan con suficientes recursos

económicos y que no tienen, por tanto, acceso a

los medios de comunicación masiva como lo son la

radio, la televisión y la prensa. (Enfasis

suplido. (Citas omitidas.)

A pesar de la importancia que han tenido los foros

públicos para la divulgación e intercambio de ideas, es

menester reconocer, sin embargo, que la vitalidad de esos

lugares

tradicionales

menguándose

para

la

expresión

pública

paulatinamente,

al

menos

las

en

ha

ido

comunidades

urbanas del país. Los lugares de reunión en los cuales las

personas tradicionalmente realizaban la divulgación y el

intercambio

de

ideas

de

forma

gratuita

y

efectiva

–las

plazas, los parques y las calles- han ido suplantándose por

otros sitios en los cuales las personas hoy día ejercen

libremente el intercambio de ideas y la crítica sobre lo

que

acontece

en

la

colectividad,

actividades

que

tan

importante sitial tienen en nuestro país.

Al expresarnos previamente sobre esta situación, hemos

señalado que en Puerto Rico los centros comerciales han ido

sustituyendo

las

plazas

públicas

y

otros

lugares

tradicionales como centros de reunión. Así, en J.A.D.M. v.

Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785, (1992), a la

pág. 791, indicamos:

[l]os grandes centros comerciales, los regionales

y subregionales, ofrecen todo tipo de servicios

complementarios, tales como bancos, restaurantes,

sitios de comida ligera, centros de juegos de

diversión y cines, entre otros.

En estos

CC-1998-625

32

modernos centros de mercadeo, bajo techo y

equipados

con

aire

acondicionado

y

amplio

estacionamiento, en ocasiones, debido a las

facilidades de acceso y comodidades que les

brindan a las personas en la comunidad, también

se ofrecen servicios gubernamentales, tales como

correo, facilidades para el pago de facturas de

agua,

luz

y

teléfono,

la

obtención

de

documentación oficial, como pasaportes, etc. Con

el propósito de atraer al mayor número de

personas

posible,

estos

centros

comerciales

periódicamente ofrecen espectáculos y atracciones

no sólo comerciales, sino también artísticas,

educativas, deportivas y cívicas. La combinación

de todos estos factores ha hecho que en ocasiones

los centros comerciales hayan venido a sustituir

las plazas públicas y otros centros de reunión en

las comunidades. (Enfasis suplido.)

Conscientes de lo anterior, a la luz de la normativa

reseñada previamente, pasemos a analizar la controversia

que nos ocupa.

V

Según

se

controversia

en

señaló

el

antes,

caso

de

las

autos

manifestaciones

tenían

como

en

objetivo

protestar contra la determinación gubernamental de vender

la corporación pública conocida como la P.R.T.C. Entre los

manifestantes se encontraban empleados de la corporación

referida

y

otros

obreros

pertenecientes

a

agrupaciones

sindicales que manifestaban su rechazo a la venta de la

P.R.T.C.

Las

únicas

oficinas

comerciales

de

la

compañía

telefónica en el área de Mayagüez estaban localizadas en

los predios del centro comercial en cuestión. Allí tenían

que

acudir

los

clientes

de

la

P.R.T.C.

a

realizar

los

trámites necesarios para obtener los servicios telefónicos

CC-1998-625

33

que interesaban. Para los peticionarios ese era el lugar

más idóneo en Mayagüez para expresar su oposición a la

Así lo reconoció el propio foro de

venta de la P.R.T.C.

instancia al expresar que “[era] difícil concebir un mejor

lugar

de

P.R.T.C.

expresión

la

para

informar

manifestación

privatización”.

Más

oficinas

P.R.T.C.

de

la

aun,

a

los

usuarios

de

la

en

contra

de

la

y

la

en

términos

aludidas

venta

funcionales,

constituían

un

las

lugar

público, un predio gubernamental en el cual ni siquiera el

Estado

puede

expresión

prohibir

el

absolutamente.

ejercicio

Cuando

de

la

Empresas

libertad

de

alquiló

los

locales en cuestión a la P.R.T.C., que era entonces una

corporación pública, ésta sabía que no se trataba de un

arrendatario privado sino de una entidad del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

que

estaba

sujeta

a

normas

y

requerimientos distintos a los de un mero cliente privado.

Como bien señaló el tribunal de instancia, si en estas

facilidades

absoluta

que

de

las

cualquier

la

P.R.T.C.

se

manifestaciones

entidad

pueden

públicas,

gubernamental

prohibir

ello

puede

en

forma

significaría

privar

a

sus

empleados u otras personas de llevar a cabo actividades que

están

constitucionalmente

protegidas

sólo

con

alquilar

locales para sus oficinas de servicio al público en centros

comerciales privados, lo que sería intolerable.

A lo señalado en el párrafo anterior hay que añadirle

el

hecho

incontestable

de

que

el

centro

comercial

en

cuestión es un lugar vital para los residentes de la región

CC-1998-625

34

donde se llevan a cabo múltiples y numerosas actividades

comunales y al cual acuden miles de personas diariamente

para atender muchos asuntos importantes.

Al momento de los

hechos del caso de autos, en dicho centro comercial se

ofrecían servicios bancarios, de zapatería, de lavandería,

de farmacia y de librería. Además de numerosas tiendas para

la venta de toda clase de artículos de uso diario, había

allí restaurantes, un supermercado, salones de belleza y

barbería, agencias de viaje, un garaje para la reparación

de vehículos de motor, salas de cine y una estación de

gasolina. Ocupando un predio de terreno que excedía las 100

cuerdas,

dicho

centro

tenía

miles

de

pies

cuadrados

dedicados a los 5,000 espacios de estacionamiento y a las

varias vías para el tránsito peatonal y vehícular que allí

existían.

Se

trata

evidentemente

del

equivalente

contemporáneo del núcleo tradicional de nuestros pueblos,

que ha venido a sustituir la plaza pública, los parques y

las calles principales de éstos como centros de reunión y

de

convivencia

de

las

personas,

y

que

además

lo

hacen

comparable en su carácter cuasi público al “company town”

de Marsh v. Alabama, supra.

No podemos ignorar, además, que los establecimientos

comerciales

de

gran

magnitud,

como

el

que

aquí

nos

concierne, con frecuencia se dedican deliberadamente a la

tarea de realizar distintos tipos de actividades sociales,

culturales y de otra índole con el propósito de fomentar la

visita

continua

del

mayor

número

de

personas

a

dichos

CC-1998-625

35

establecimientos. En gran medida, pues, la sustitución de

los lugares tradicionales de reunión de las personas por

los centros comerciales ha sido el resultado de un empeño

concertado de los dueños de estos centros.

Finalmente, debe tomarse en cuenta el significativo

nexo del Estado con el centro comunal en cuestión. En dicho

centro existía un cuartel de la Policía de Puerto Rico.

Además de las oficinas de la P.R.T.C., que entonces era una

corporación pública, allí existían también otras oficinas

gubernamentales

como

la

de

la

Autoridad

de

Energía

Eléctrica y la del Departamento de Estado. Más aun, como en

todo centro comercial del tamaño del Mayagüez Mall, también

existía allí un contingente de guardias de seguridad, que

tienen autorización del Estado para portar armas y para

velar por el orden y la paz pública en los establecimientos

privados, lo que es una función que tradicionalmente le

compete al Estado. Véase, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129

D.P.R.

1055

(1992).

Estado

con

el

Todos

centro

estos

comercial

numerosos

referido

vínculos

destacan

del

y

fortalecen el carácter que tenía el Mayagüez Mall de ser

funcionalmente equivalente al núcleo vital tradicional de

nuestros pueblos, comparable a un “company town”.

Los

dueños

del

centro

comercial

en

cuestión

han

invocado ante nos su derecho al disfrute de la propiedad

privada como fundamento para la autoridad que reclaman de

prohibir según les plazca la celebración en dichos centros

de actividades como las de los manifestantes en este caso.

CC-1998-625

36

No cabe duda de que el derecho de toda persona al disfrute

de

la

propiedad

está

reconocido

en

la

sección

7

del

Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo,

reiteradamente

hemos

señalado

que

este

derecho

no

es

absoluto, y que cede ante situaciones en las cuales debe

prevalecer

el

bienestar

Velázquez

Velázquez

v.

común

y

E.L.A.,

el

135

interés

D.P.R.

público.

84

(1994);

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); The Richards

Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978).

Al

referirnos al desarrollo del concepto de propiedad actual

indicamos en The Richards Group v. Junta de Planificación,

supra, a la pág. 35, que:

...la propiedad en las sociedades democráticas

tradicionales

entraña

determinados

derechos,

pero... estos viven en competencia continua con

otros

intereses,

privados

y

públicos,

de

importancia cambiante y en ocasiones creciente.

La extensión de esos derechos y el grado a que

tienen que ceder ante otros valores dependen de

las circunstancias de cada controversia. (Citas

omitidas.)

En

el

caso

de

autos,

las

distintas

mencionadas

antes

aparejan

una

limitación

propiedad

de

Empresas.

Según

hemos

circunstancias

al

derecho

señalado,

el

de

lugar

concreto donde se llevaron a cabo las manifestaciones de

los peticionarios constituía funcionalmente un apéndice o

prolongación de unas facilidades gubernamentales. Más aun,

estas

facilidades

estaban

comercial,

que

tenía

Estado,

que,

además,

y

ubicadas

otros

era

en

un

enorme

vínculos

importantes

análogo

al

núcleo

centro

con

el

vital

de

nuestros pueblos y ciudades. En tales circunstancias, el

CC-1998-625

37

lugar aludido se asemejaba jurídicamente al foro público

tradicional, en el cual no se puede prohibir de manera

absoluta el ejercicio de la libertad de expresión.

Como señalamos antes, los que formularon nuestra Carta

de

Derechos

asegurar

que

nos

impusieron

en

nuestro

la

país

grave

los

responsabilidad

derechos

de

de

expresión

habrán de ejercerse a plenitud, dentro de la más dilatada

libertad. Esa responsabilidad incluye la labor de atemperar

estos

preciados

valores

jurídicos

a

nuestra

cambiante

realidad. Nadie puede negar que la intensa transformación

de

nuestras

comunidades

urbanas

ha

ido

desplazando

inexorablemente los foros públicos tradicionales de modo

tal que aspectos dinámicos de nuestra convivencia y del

diálogo colectivo ocurren con gran frecuencia, no ya en las

plazas

y

parques

públicos

y

en

las

calles

de

nuestras

ciudades, sino en centros como el que aquí nos concierne.

Por ello, si nos aferramos a la realidad del pasado, si

insistimos en que sólo esas plazas, parques y calles son

los foros principales para el ejercicio de la libertad de

expresión, faltaríamos al mandato constitucional. El libre

intercambio

quedarían

democrático

de

ideas

reducidos

se

y

de

la

crítica

pública

entonces

modo

notable.

Nuestro

proceso

empobrecería.

Se

pondría

en

riesgo

“la

discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para

el

cabal

desarrollo

del

ser

humano,

como

para

la

conservación y el sostenimiento del bienestar común...”.

CC-1998-625

38

Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, a la

pág. 161.

En varias ocasiones antes hemos insistido en que al

interpretar

nuestra

Constitución

debemos

garantizar

la

continuada vigencia de sus valores fundamentales frente a

las nuevas realidades del país. Este principio cardinal lo

reafirmamos en Nogueras v. Hndez. Colón, 127 D.P.R. 405,

411 (1990), al señalar que:

“debemos

evitar

que

interpretaciones

inflexibles y el apego a viejos modelos impidan

su aplicabilidad a las eventualidades del futuro

y en pocos años tornen obsoleta una constitución

diseñada para guiar la vida de un pueblo por

varios siglos... ...Tampoco debemos olvidar que

‘el sentido de hoy no es siempre el sentido de

mañana’ [y que l]a interpretación judicial tiene

por su naturaleza una evolución natural para las

distintas épocas.

Pacheco v. Vargas, Alcaide,

120 D.P.R. 404, 410 (1988), y casos allí

citados.”

Ya anteriormente lo habíamos reiterado de manera palmaria

en P.I.P. v C.E.E., 120 D.P.R. 580, 613 (1988), al señalar

que:

“La permanencia y estabilidad de nuestra

Constitución depende, en última instancia, de su

capacidad

para

responder

a

los

distintos

problemas sociales, económicos y políticos a que

se enfrenta el país. Como intérpretes máximos de

este documento no podemos limitar su alcance ni

congelar sus principios a la época en que se

promulgaron.

Al

interpretar

sus

postulados

básicos

nunca

debemos

olvidar

que

‘[u]na

Constitución no establece, ni debe establecer,

normas para la hora que pasa, sino principios

para un futuro que se expande’. B.M. Cardozo, La

naturaleza de la función judicial, Buenos Aires,

Eds. Arayú, 1955, pág. 64.

Hay que evitar pronunciamientos que la

fosilicen y la conviertan en una pieza de museo

de historia.”;

CC-1998-625

39

y en López Vives v. Policía de P.R., supra, al afirmar que:

“al interpretar sus contornos, debemos garantizar

su vigorosidad y relevancia a los problemas

socio-económicos y políticos de nuestro tiempo.”

El cardinal principio aludido lo explicamos con elocuencia

en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 350 (1983),

al señalar respecto a nuestra Constitución que:

“Su vitalidad descansa en su dinamismo. Es

un

documento

que

rebasa

las

preferencias

personales de sus autores y plasma las esperanzas

de

ulteriores

generaciones.

Su

factura

es

moderna,

de

lenguaje

claro

y

sencillo,

susceptible a una continua renovación. No está

escrito en lengua extinta, arduo de descifrar y

referente a asuntos esotéricos. Interpretamos una

Constitución, no los Rollos del Mar Muerto...

...

‘...En buena teoría de adjudicación, además,

los parlamentos no son los únicos agentes de

cambios sociales necesarios. Cuando se trata de

mantener vivo un esquema constitucional, de

conservarlo en buena sintonía con las realidades

del país, es principal deber de la judicatura

propender igualmente a tal fin,... Figueroa

Ferrer [v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 278 (1978)]’”.

Todas

estas

esclarecidas

expresiones

sobre

nuestra

ingente función de interpretar la Constitución de Puerto

Rico a la altura de los tiempos son particularmente ciertas

cuando

se

trata

Constitución

de

la

garantiza

libertad

de

manera

de

expresión,

más

abarcadora

que

esa

y

más

amplia que la Constitución de los Estados Unidos. Ello es

así porque la libertad de expresión tiene una jerarquía sin

par en nuestro ordenamiento constitucional como la piedra

angular

de

nuestro

sistema

de

vida

democrático.

Lo

CC-1998-625

40

señalamos del modo siguiente recientemente en Coss y U.P.R.

v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886 (1995):

“La libertad de expresión es la quinta

esencia de una sociedad democrática. De forma

multidimensional, en la constelación de valores

democráticos, goza de una primacía peculiar. Todo

individuo está en la libertad de poder expresar

sus opiniones según su conciencia. Esta libertad

intenta

proteger

jurídicamente

el

libre

desenvolvimiento de la personalidad a través de

los

medios

más

eficaces

y

habituales

de

exteriorización de los contenidos de conciencia.”

(Citas omitidas; énfasis suplido).

Nos compete asegurar que esta preclara concepción de la

libertad

de

expresión

no

sea

mera

retórica.

Tenemos

el

deber de hacerla valer plenamente frente a las cambiantes

realidades

del

país

y

evitar

así

que

pueda

convertirse

gradualmente en sólo una vivencia del pasado.

En resumen, pues, la proyección contemporánea de la

amplia libertad de expresión que garantiza nuestra propia

Constitución

nos

requiere

resolver

que

esa

libertad

tan

preeminente no puede conculcarse de modo absoluto en un

lugar como el que aquí nos concierne concretamente, que por

sus características medulares se asemeja jurídicamente al

foro público tradicional. En lugares tan particulares como

el referido, los dueños de la propiedad pueden establecer

normas vinculantes sobre el tiempo, el espacio y el modo de

expresarse, a fin de que no se afecten sustancialmente las

actividades legítimas del establecimiento.

puede

hacer

es

prohibir

absolutamente

Lo que no se

la

libertad

de

expresión, que es esencial para la discusión pública de

temas tan importantes como el de este caso.

CC-1998-625

41

Estamos conscientes de que un centro mercantil como el

del

caso

de

autos,

a

pesar

de

ser

funcionalmente

el

equivalente del antiguo núcleo vital de nuestros pueblos,

sigue siendo una propiedad privada dedicada al comercio.

Por ello, sus dueños pueden limitar la actividad expresiva

en el centro a aquella que sea razonablemente compatible

con

los

objetivos

comerciales

para

los

cuales

éste

se

estableció. Pueden reglamentar el tiempo, el lugar y la

manera

de

la

expresión

de

modo

que

no

se

alteren

sustancialmente las actividades comerciales. Pueden evitar

que manifestaciones como las del caso de autos lleguen a

constituir un entorpecimiento real y serio de las prácticas

comerciales de negocios aledaños. Lo que los dueños del

centro no pueden hacer es prohibir en forma absoluta las

actividades de expresión. Como en tantas otras ocasiones en

el

ámbito

lograr

jurídico,

un

balance

la

clave

en

este

entre

los

intereses

asunto

en

radica

en

conflicto:

la

libertad de expresión de los manifestantes, por un lado, y

el

derecho

de

los

dueños

de

la

empresa

a

conducir

sus

negocios sin interferencias injustificadas, por otro. La

razonabilidad de las restricciones que impongan los dueños

dependerá de las circunstancias particulares de cada caso,

que los tribunales deberán sopesar de surgir conflictos.

Mari Brás v. Casañas, supra, a la pág. 21.

Los

dueños

circunscribir

aquí

no

tenían

razonablemente

la

normas

escritas

conducta

de

para

los

manifestantes. Por el contrario, las facilidades al centro

CC-1998-625

42

comercial habían sido usadas antes para la divulgación de

información con fines no comerciales.

no

estaban

en

posición

manifestaciones

de

pacíficas

prohibir

y

Con ese trasfondo,

de

ordenadas

ningún

modo

las

que

aquí

nos

conciernen. Resolvemos, pues, que no procedía el interdicto

preliminar solicitado por Empresas.

al

conceder

dicho

manifestantes

a

interdicto,

cesar

y

Erró el foro apelativo

y

desistir

al

ordenar

a

los

absolutamente

de

sus

actividades.

VI

Por

los

pronunciamientos

antes

expuestos,

procede

revocar la referida sentencia del Tribunal de Circuito de

Apelaciones

y,

en

su

lugar,

reinstalar

el

dictamen

del

Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia conforme a lo señalado.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

CC-1998-625

43

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Empresas Puertorriqueñas de

Desarrollo, Inc.

Demandante-Recurrido

vs.

CC-1998-625

Certiorari

Hermandad Independiente de

Empleados Telefónicos y Otros

Demandados-Recurrentes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

sentencia, se revoca la del Tribunal de Circuito de

Apelaciones y, en su lugar, se reinstala el dictamen del

Tribunal de Primera Instancia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Corrada del Río emitió opinión disidente en parte y

concurrente en parte. El Juez Asociado señor Rebollo

López no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1998-625

44

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Empresas Puertorriqueñas de

Desarrollo, Inc.

Demandante-Recurrido

v.

CC-1998-625

Hermandad Independiente de

Empleados Telefónicos y Otros

Demandados-Recurrentes

Opinión Disidente en parte y Concurrente en parte emitida por el Juez

Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico a 11 de mayo de 2000.

Disiento de la Opinión de la mayoría en este caso por entender que la

controversia ante nos se tornó académica, por lo cual este Tribunal

está emitiendo una opinión consultiva; en los méritos, concurro con

el resultado por fundamentos que no coinciden completamente con la

opinión mayoritaria.

I

La academicidad es una doctrina de autolimitación judicial que mira

hacia

la

determinar

relación

entre

eventos

pasados

y

el

si

aún

existe

un

caso

caso

actual

para

o

controversia

CC-1998-625

45

que satisfaga los requisitos de justiciabilidad. Un caso se

torna académico cuando, por el paso del tiempo, ha perdido su

característica

manera

que

de

su

ser

una

controversia

resolución

se

presente

convertiría

en

y

viva,

una

de

opinión

consultiva. Uno de los elementos esenciales de una controversia

real

lo

constituye

el

interés

opuesto

o

antagónico

de

las

partes.6

La academicidad constituye una de las manifestaciones concretas

del concepto “justiciabilidad”, que, a su vez, acota los límites

de la función judicial. C.E.E. v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R.

927,

934

(1993).

controversia

En

todos

genuina

y

los

viva,

casos,

en

la

tiene

cual

que

estén

haber

una

presentes

intereses opuestos, y que al ser resuelta afecte las relaciones

jurídicas de los litigantes.

Por lo tanto, los tribunales no están constituidos con el fin de

resolver cuestiones de derecho especulativas y abstractas, o

para

establecer

reglas

que

sirvan

de

normas

futuras

a

las

personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están

limitados en su acción judicial a las verdaderas controversias

en que necesariamente están envueltos los derechos legales de

las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente. E.L.A.

v. Aguayo, 80 D.P.R. 554, 583, nota 30 (1958).

Los fundamentos para sostener la doctrina de academicidad son, a

saber: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales;

(2)

asegurar

controversias

suficiente

contienda

para

sean

que

adversativa

competente

y

sobre

las

vigorosamente

presentados ambos lados, y (3) evitar un precedente innecesario.

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

No obstante, la jurisprudencia ha reconocido varias situaciones

en

que,

6

a

manera

de

excepción,

no

aplica

la

doctrina

de

Raul Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados

Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I,

CC-1998-625

46

academicidad. Entre otros, se trata de aquellos casos en que,

(1) se plantea una cuestión capaz de repetirse, y que por su

naturaleza evade o hace muy difícil dilucidarla nuevamente ante

los tribunales; (2) donde la situación de hecho ha sido cambiada

por el demandado pero que no tiene visos de permanencia, o (3)

aquellos

casos

que

aparentan

ser

académicos,

pero

que

en

realidad no lo son por sus consecuencias colaterales.7

En el presente caso, la mayoría entiende que no estamos ante una

controversia

académica

repetirse

es

y

ya

probable

que

que

la

misma

evada

la

es

susceptible

jurisdicción

de

de

los

tribunales. No podemos concurrir.

Los casos federales principales que abordan esta excepción a la

doctrina de academicidad son: De Funis v. Odegaard, 416 U.S. 312

(1974) y Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). En De Funis, supra,

el peticionario solicitó admisión a una escuela de derecho y le

fue denegada. Instó una acción civil impugnando los criterios de

admisión de dicha universidad y alegó que se discriminaba contra

él por razón de raza y que también se violaba el debido proceso

de

ley.

El

tribunal

de

instancia

concedió

un

injunction

obligando a la escuela a matricular al demandante, hasta que se

dictase sentencia final y firme en el caso, el cual fue apelado

hasta

el

Tribunal

Supremo

federal.

Para

esa

fecha

el

peticionario cursaba su tercer y último año de derecho. Allí, el

Tribunal Supremo federal no entró en los méritos del caso y

sostuvo que éste era académico, ya que para la fecha en que se

hubiese decidido en su fondo, el peticionario habría conseguido

el remedio que ahora le solicitaba al Tribunal. En este caso el

Tribunal

entendió

que,

de

la

universidad

no

modificar

su

criterio de admisión y éste se impugnara en el futuro, dicho

pág. 104.

7

Íd., a la pág. 122.

CC-1998-625

47

Tribunal podría resolver con la rapidez necesaria para evitar la

academicidad.

En Roe v. Wade, supra, se impugnó la constitucionalidad de las

leyes penales de Texas que prohibían el aborto. Allí el Tribunal

Supremo federal rechazó el planteamiento de academicidad ya que

el

período

de

gestación

embrionaria

en

los

seres

humanos

solamente dura 266 días y en todos los casos el embarazo siempre

terminaría antes de completarse el proceso de apelación. Razonó

que un pleito sobre un embarazo jamás sobreviviría las etapas de

un

juicio

y

se

le

judicial.

Es

decir,

denegaría

aquí

se

a

todo

aplicó

la

apelante

la

excepción

revisión

de

que

la

controversia es “susceptible de repetición, pero que elude la

jurisdicción”.

Por

lo

que

aplicación

hemos

de

la

discutido,

es

razonable

referida

excepción

a

concluir

la

que

la

doctrina

de

academicidad se da en la situación en que hay una “expectativa

razonable” o una “probabilidad

demostrable” de que la misma

controversia recurrirá envolviendo a la misma parte promovente.8

Así también lo afirma Tribe, al explicar esta excepción:

Under this doctrine, in the absence of a

claim for class treatment, a litigant must

establish that: “(1) the challenged action

[is] in its duration too short to be fully

litigated

prior

to

its

cesation

or

expiration, and (2) there [is] reasonable

expectation that the same complaining party

[will] be subjected to the same action

again.”9

Mediante este análisis el Tribunal no tuvo la intención de

concluir que una mera posibilidad física o teórica era

suficiente para satisfacer dicho análisis. Murphy v. Hunt, 455

U.S. 478, 482 (1981). Si así fuera, cualquier asunto de corta

duración sería revisable, eludiendo la doctrina de academicidad.

Íd. Por el contrario, el Tribunal Supremo federal ha resuelto

que debe existir una probabilidad razonable o demostrada de que

la misma controversia es capaz de recurrir, involucrando a la

misma parte promovente. Íd. Es decir, para que esta excepción

8

9

Íd, a la pág. 123.

L.H. Tribe, American Constitutional Law, Ed. Foundation

Press, Nueva York, 2da. Ed., 1988, págs. 84-85, citando a

Weinsten v. Bradford, 423 U.S. 147, 149 (1975).

CC-1998-625

48

aplique es necesario que se satisfagan ambos factores:

probabilidad de recurrencia que involucre a la misma parte

promovente, y probabilidad demostrada o expectativa razonable de

que, de recurrir la controversia nuevamente, se tornará

académica. No es posible concebir “otros protagonistas” ni

adjudicarle una interpretación laxa a lo que constituye la

“misma controversia”, ya que existe el peligro de que la

excepción se trague la regla.10

En C.E.E. v. Dpto. de Estado, supra, el Juez Asociado

Hernández Denton abordó esta excepción en su opinión concurrente

y le imprimió la importancia debida a los requisitos de que

“probablemente se repita; a la misma parte promovente, y que

evite revisión por razones temporales.”11

II

Evaluado el expediente del caso de marras surge que no

existe ninguna controversia a resolver entre las partes. Además,

no nos encontramos ante una de las excepciones a la aplicación

de la doctrina de academicidad. La empresa recurrente aduce que

la excepción anteriormente

discutida

es

aplicable al

presente asunto y que por lo tanto el tribunal de instancia

debió haber emitido la orden interdictal solicitada. No nos

persuade.

Es inescapable concluir que el caso de entredicho

preliminar presentado por la recurrente se tornó académico, toda

vez que los hechos que dieron lugar a dicha solicitud cesaron.

La protesta realizada por los recurrentes tenía el propósito de

evitar la venta de acciones de la PRTC a la empresa privada, la

cual ya se llevó a cabo. La intención del entredicho preliminar

–que es el asunto pendiente ante nos- era evitar que los

manifestantes realizaran su protesta dentro de los predios del

Mayagüez Mall. Tal propósito ya no está presente. Siendo una

realidad indiscutible la referida venta, el remedio perseguido

por los recurrentes ya no posee vigencia alguna. Por lo tanto,

al igual que en De Funis, supra, nos enfrentamos a un caso en

que la recurrente obtuvo el remedio que buscaba con el

entredicho preliminar: que los manifestantes salieran de sus

predios.

Más importante aún, la empresa promovente del remedio

extraordinario de entredicho preliminar, no ha demostrado la

probabilidad o la expectativa razonable de que el asunto o

situación que dio lugar a la presente controversia se repita

nuevamente y, que de recurrir, evada la revisión judicial.

Como expusiéramos anteriormente, la mera posibilidad física

o teórica de que recurra la situación y de que evada la revisión

judicial, no es suficiente para satisfacer el análisis

establecido por el Tribunal Supremo federal y avalado por

nuestra jurisdicción. Murphy v. Hunt, supra. Es por ello que un

caso en el cual se solicite un remedio interdictal, se puede

tornar académico cuando la condición impugnada es de duración

limitada y cesa de existir antes de su revisión final. Tribe,

supra, a las págs. 83-84.

Es menester resaltar, que en la controversia particular

ante nos, los procedimientos de injunction permanente llevados a

cabo ante el Tribunal de Primera Instancia fueron desestimados

por razón de academicidad el 2 de agosto de 1999. Dicho dictamen

fue confirmado por el Tribunal de Circuito de Apelaciones

mediante

sentencia

de

27

de

marzo

de

2000.

Empresas

Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. presentó un recurso de

10

J.J. Alvarez González, Derecho Constitucional, 61 (Núm.

4) Rev. Jur. U.P.R. 637, 666 (1992).

11

C.E.E. v. Dpto. de Estado, supra, a la pág. 946.

CC-1998-625

49

certiorari ante nos, CC-2000-398, el cual está pendiente de ser

considerado. Cabe preguntarnos, si los procedimientos sobre

injunction permanente fueron correctamente desestimados por

razón de academicidad, ¿cómo vamos a entender y a resolver que

el entredicho preliminar no es académico? Lo que hace la mayoría

al resolver este caso, es emitir una opinión consultiva a la

recurrida en torno a la legalidad y legitimidad de protestas o

demostraciones en los predios de su centro comercial.

III

Dado el criterio erróneo de la mayoría de que éste caso no

es académico, nos vemos precisados a examinar los méritos del

importante asunto ante nuestra consideración.

La Primera Enmienda de la Constitución federal dispone:

Congress shall make no law respecting an

establishment of religion, or prohibiting the

free excercise thereof; or abridging the

freedom of speech or of the press; or the

right of the people peaceably to assemble,

and to petition the government for a redress

of grievances.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dispone, en la sección 4, Artículo II, que “no se aprobará ley

alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el

derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al

gobierno la reparación de agravios.”

Este derecho a la libre expresión –al igual que todos los

derechos individuales esbozados en la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (con excepción del derecho a la

intimidad) y en la Constitución federal- es oponible únicamente

contra

el

estado.

Es

decir,

los

derechos

individuales

constituyen limitaciones al ejercicio de los poderes del estado

y no a las actuaciones privadas. Por consiguiente, es un

requisito indispensable que exista una “actuación del estado”

(state action) que amenace o restrinja un derecho individual

para que proceda plantear judicialmente alguna violación de un

derecho constitucional.12

Una situación particular en la que se pueden reivindicar

derechos constitucionales individuales ante partes privadas es

cuando se mezclan actos privados y públicos. Esta doctrina es

conocida como “doctrina del nexo entre el estado y la actuación

privada.”13

Se establece la relación conforme a cuatro variedades de

nexos o contactos con el estado, a saber: “otorgamiento de

licencias a la empresa privada y su reglamentación por el

Estado; beneficios mutuos de la empresa privada con el Estado;

ayudas y subsidios por el Estado a la empresa privada; y uso de

facilidades públicas por la empresa privada.”14 Sin embargo, no

existe una fórmula precisa, realizándose el análisis caso a

caso.15

Al amparo de la Primera Enmienda federal se ha desarrollado

la doctrina del foro público, que parte de la premisa de que no

hay un derecho absoluto a ejercer la libertad de expresión en la

12

Serrano Geyls, supra, Vol. II, pág. 799.

13

Íd a la pág. 809.

14

Íd.

15

Íd.

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50

propiedad pública. El mero hecho de que la gente pueda entrar y

salir libremente no convierte automáticamente la propiedad

pública en un foro público. United States v. Grace, 461 U.S.

171, 177-178 (1983).

Entre los tipos de propiedad pública se destaca el foro

público tradicional, el cual, por tradición, ha sido destinado a

la reunión pacífica y al debate público, tales como calles,

aceras y parques. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’, 460

U.S. 37 (1983). Así lo reconocimos en U.N.T.S. v. Srio. de

Salud, 133 D.P.R. 153, 163 (1993), y adoptamos el análisis

establecido en Perry, supra.

En los foros públicos tradicionales, el estado no puede

prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de

palabra. Sólo podrá reglamentar el tiempo, lugar y modo de

expresarse, siempre que la reglamentación sea neutral al

contenido de la expresión, responda a un interés gubernamental

significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para

alcanzar su objetivo y deje abiertas alternativas para la

expresión. Perry, supra, a la pág. 46.

El segundo grupo lo componen los foros públicos por

designación. Los constituyen aquellas propiedades públicas que

el estado ha abierto a la actividad expresiva. Una vez abiertos,

aplican en éstos las mismas limitaciones al poder gubernamental

de reglamentar la expresión que se emplean en los foros públicos

tradicionales. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, a la pág. 163.

La tercera categoría la componen los foros no públicos. Son

aquellas propiedades públicas que no son ni foros públicos

tradicionales ni foros públicos por designación. Íd, a la pág.

164. En estos lugares, la protección a la libertad de expresión

es menor, ya que el estado puede limitar la actividad expresiva

a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue

creada esta propiedad pública. Íd. La reglamentación de la

expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene

que ser la única ni la más razonable, neutral en cuanto a puntos

de vista y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir

la expresión. Íd.

Al interpretar situaciones como la presente, el Tribunal

Supremo federal, en Scott Hudgens v. N.L.R.B., 424 U.S. 507

(1976),

concluyó

que

un

centro

comercial

no

tiene

la

equivalencia funcional a un foro público. Así también, en Lloyd

Corporation, Ltd. v. Donald Tanner, 407 U.S. 551 (1972), el

Tribunal Supremo federal determinó que la operación del centro

comercial dirigida al uso público, no significa que tal

propiedad privada esté expuesta al ejercicio de los derechos

garantizados por la Primera Enmienda de los visitantes a sus

facilidades dentro de las mismas, cuando tales expresiones no

tienen relación con sus operaciones. Concluyó, que los centros

comerciales no pierden su carácter privado y su protección bajo

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos –de disfrutar su propiedad- meramente porque el público

es generalmente invitado a usar esas facilidades con el

propósito de hacer negocios con los inquilinos del centro

comercial.

Como expone la mayoría, en Pruneyard Shopping Center v.

Robins, 447 U.S. 74 (1980), el Tribunal Supremo de Estados

Unidos reiteró la facultad de un tribunal supremo estatal, a la

luz de la Constitución de ese estado, de ampliar la protección

de los derechos constitucionales que confiere la Constitución

federal. Añadió que al ejercer esa función, un estado puede

imponer válidamente restricciones razonables a los derechos de

propiedad privada siempre que con ello no contravenga alguna de

las protecciones específicas conferidas por la Constitución

federal.

CC-1998-625

51

De esta forma, estados como California y Colorado han

resuelto que sus constituciones garantizan el derecho a la

libertad

de

expresión

en

centros

comerciales

privados.

Específicamente, el Tribunal Supremo de Colorado, en Bock v.

Westminster Mall, 819 P.2d 55 (Col. 1991), determinó que la

participación económica del estado en el desarrollo del centro

comercial

y

la

presencia

en

éste

de

varias

agencias

gubernamentales constituían suficiente intervención del estado

en la operación de dicho centro como para activar la cláusula

constitucional estatal de libertad de expresión. Determinó que

el centro comercial se había convertido para todo fin práctico

en un foro público.

Haciéndose eco de estas expresiones y fundamentándose en

que nuestra Constitución es de factura más ancha que la federal,

la mayoría virtualmente le confiere al centro comercial en

cuestión categoría de foro público tradicional, cometiendo un

grave

error,

ya

que

al

considerar

la

validez

de

la

reglamentación

del

ejercicio

del

derecho

a

expresarse

libremente, hay que distinguir entre la propiedad pública con

carácter de foro público y otros tipos de propiedad.

En el presente caso estamos ante propiedad privada, en la

cual es arrendatario el estado. El mero hecho de que haya

oficinas de servicio del gobierno en un centro comercial

privado, no puede conferirle a dicho centro carácter de foro

público tradicional. La mayoría –citando a J.A.D.M. v. Centro

Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1992)- le confiere

virtualmente cualidad de foro público tradicional al centro

comercial privado, ya que dichos centros han ido sustituyendo

las plazas públicas y otros lugares tradicionales como centros

de reunión.16 Nuestras expresiones en J.A.D.M., supra, no

tuvieron el efecto que le atribuye la mayoría.

Al resolver como lo hace hoy, la mayoría no visualiza las

consecuencias jurídicas que acarrea su ratio decidendi. En

primer lugar, equiparar un centro comercial privado a una plaza

pública, coloca aquella propiedad en la misma situación en que

se encuentran los foros públicos tradicionales, donde no puede

prohibirse

de

manera

absoluta

la

expresión,

ni

pueden

establecerse clasificaciones por razón del contenido del

mensaje. Es decir, le impone a la propiedad privada un análisis

más oneroso que a aquellas propiedades públicas que constituyen

foros no públicos, tales como las escuelas y los hospitales.

Véase: U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra. Ello en contra de lo

resuelto por el Tribunal Supremo federal en Scott Hudgens v.

N.L.R.B., supra, en el cual se expresó que un centro comercial

no tiene la equivalencia funcional a un foro público.

En segundo lugar, existe un conflicto de libertad de

expresión versus el derecho al disfrute de la propiedad. La

decisión de la mayoría despacha el derecho al disfrute de la

propiedad que tiene la recurrida, Empresas Puertorriqueñas, con

el hecho de que las circunstancias del presente caso aparejan

una limitación a ese derecho. Pero realmente, no se lleva a cabo

un juicio valorativo de ambos intereses contrapuestos, ni se

visualizan las serias limitaciones al derecho al disfrute de la

propiedad de la recurrida.

Es meritorio precisar, que el antedicho balance ha sido

adoptado por algunas jurisdicciones que han eliminado el

requisito de “acción estatal” en relación con los derechos bajo

la Primera Enmienda. Así el Tribunal Supremo de New Jersey, en

New Jersey Coalition Against War in the Middle East v. J.M.B.

Realty Corp., 650 A. 2d 757 (N.J. 1994) adoptó un análisis para

balancear los intereses de libertad de expresión con el derecho

16

Opinión del Tribunal, a las págs. 28 y 29.

CC-1998-625

52

al disfrute de la propiedad de los dueños de un centro

comercial. Dispuso que se deben tomar en consideración: (1) la

naturaleza, propósito y uso primario de la propiedad; es decir

su uso normal; (2) el alcance y naturaleza de la invitación al

público para utilizar la propiedad, y (3) el propósito de la

actividad de expresión llevada a cabo en relación con los usos

tanto privados como públicos de la propiedad. Íd., a la pág.

771.

En el presente caso la mayoría debió realizar un análisis

balanceado entre los intereses contrapuestos. A contrario sensu

obvió, que el hecho de que exista un nexo entre el centro

comercial y el estado, no es óbice para conferirle categoría de

foro no público, en donde la libertad de expresión se garantiza,

pero de forma menos onerosa para la recurrida, ya que ésta podrá

limitar las actividades expresivas a aquéllas que sean

compatibles con el objetivo para el cual fue creada su

propiedad. Así lo resolvimos en U.N.T.S v. Srio., supra, en

donde sin duda había “actuación del estado” y se limitó el

derecho a la libre expresión en un hospital público. También

hemos

limitado

la

libertad

de

expresión

en

predios

residenciales, E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436

(1975) y en las escuelas, Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109

D.P.R. 251 (1979).

IV

Concluimos, que en un centro comercial privado, en el cual

se

encuentran

ubicadas

oficinas

gubernamentales,

existe

“actuación del estado” cuando nos enfrentamos al derecho de

libertad de expresión. No por ello, se trata de un foro público

tradicional, sino de un foro no público, en el cual se podrá

limitar la libertad de expresión más allá de tiempo, lugar y

modo, así como limitarse las actividades expresivas a aquéllas

que sean compatibles con el objetivo para el cual fue creada la

propiedad.

A tenor, si un centro comercial privado decide arrendarle

espacios al estado, tendrá que permitir que, en una forma

ordenada y reglamentada por dicho centro, se lleven a cabo

manifestaciones que estén relacionadas con los servicios o

actuaciones que lleva a cabo dicha institución gubernamental,

sin menoscabar el derecho al disfrute de la propiedad que tienen

los propietarios de dicho centro.

Se trata de armonizar, en este caso específico, el derecho

a la libertad de expresión con el derecho al disfrute de la

propiedad. Es decir, se trata de un justo balance de intereses

entre los que desean hacer una expresión en torno a las

actividades realizadas por las instituciones gubernamentales y

los derechos afectados por dicha actividad. Después de todo,

nuestra Constitución garantiza tanto el derecho a la libre

expresión como el derecho al disfrute de la propiedad. Este

último no puede ser limitado al máximo como pretende la opinión

mayoritaria. El análisis tiene que salvaguardar ambos derechos.

Por tales motivos concurrimos limitadamente con las Partes

III, IV y V de la opinión mayoritaria de este Tribunal.

Modificaríamos el dictamen del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, en vez de revocarlo, para atemperarlo a las normas

contenidas en nuestra opinión.

Baltasar Corrada del Río

Juez Asociado