Tribunal Supremo de Puerto Rico
EMPRESAS PUERTORRIQUEÑAS V. HDAD. INDP. DE EMPLEADOS TELEFONICOS
2000 TSPR 71
Poder Judicial de Puerto Rico
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EMPRESAS PUERTORRIQUEÑAS V. HDAD. INDP. DE EMPLEADOS TELEFONICOS
CC-1998-0625
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo,
Inc.
Peticionaria
v.
Certiorari
2000 TSPR 71
Hermandad Independiente de Empleados
Telefónicos y otros
Recurrentes
Número del Caso: CC-1998-0625
Fecha: 11/05/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Federico Comas Montalvo
Lcdo. Edgardo Delgado Brás
Lcdo. Hiram Meléndez Rivera
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis Roberto Santos
Lcdo. Pedro Manzano Yates
Lcda. Eldia M. Díaz Olmo
Abogado del Comité Amplio de
Organizaciones Sindicales,
Cívicas y Culturales:
Lcdo. Juan Mari Bras
Materia: Injunction Permanente
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Empresas Puertorriqueñas de
Desarrollo, Inc.
Demandante-Recurrido
vs.
CC-1998-625
Certiorari
Hermandad Independiente de
Empleados Telefónicos y Otros
Demandados-Recurrentes
Opinión del
BERLINGERI.
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2000.
Nos toca determinar si procedía la expedición de un
interdicto preliminar para prohibir unas manifestaciones
de
protesta
realizadas
en
los
predios
de
un
centro
comercial privado sin la autorización de sus dueños.
I
Al
momento
de
demandante-recurrida,
ocurrir
los
Empresas
hechos
del
caso,
Puertorriqueñas
la
de
Desarrollo, Inc. (Empresas), una corporación organizada
al
amparo
Puerto
de
las
leyes
Rico,
era
la
del
Estado
propietaria
del
Libre
Asociado
centro
de
comercial
Mayagüez Mall, localizado en el Km. 15.4 de la carretera
estatal número dos (2), en un predio de más de cien (100)
cuerdas
de
terreno.
CC-1998-625
En
dicho
3
centro
existían
entonces
aproximadamente
ciento
cuarenta y nueve (149) locales comerciales, que ocupaban
alrededor de un millón, cien mil (1,100,000) pies cuadrados
de espacio rentable. Entre los establecimientos del centro
comercial
que
ofrecían
servicios
a
sus
visitantes
se
encontraban varias tiendas para la venta de ropa y calzado,
una zapatería, una tienda de juguetes, una tienda para la
venta
de
teléfonos,
varios
bancos
y
restaurantes,
un
supermercado, una lavandería, varios salones de belleza y de
barbería, varias agencias de viajes, una tienda para la
venta
de
equipo
para
computadoras,
una
librería,
una
farmacia, un centro de juegos de diversión, varias salas de
cine, un garaje para la reparación y venta de piezas de
automóviles y una estación de gasolina. El centro comercial
también
poseía
estacionamiento
unos
para
cinco
mil
vehículos
de
(5,000)
motor.
espacios
Existían
de
varias
vías internas para el tránsito vehícular y peatonal. Tenía
seis (6) entradas principales que daban acceso directo a sus
pasillos
interiores,
y
puertas
adicionales
de
entrada
y
salida que daban acceso al interior del centro comercial
desde
los
estacionamientos
a
través
de
los
locales
comerciales. Además, dentro del centro comercial referido
existía un cuartel de la Policía de Puerto Rico, una oficina
de
la
Autoridad
de
Energía
Eléctrica,
y
otra
del
Departamento de Estado en la cual se atendían solicitudes de
pasaportes.
CC-1998-625
4
Como parte del Mayagüez Mall, Empresas tenía dos (2)
locales
alquilados
a
la
Puerto
Rico
Telephone
Company
(P.R.T.C.), que era entonces una corporación pública. Uno
de esos locales la compañía telefónica lo había dedicado a
su “Oficina Comercial” y el otro a su “Departamento de
Tráfico de la Región Oeste”. Ambos locales tenían puertas
de
entrada
locales
y
desde
salida
sus
que
daban
respectivas
acceso
áreas
directo
de
a
dichos
estacionamiento.
Entre los asuntos que la P.R.T.C. atendía en la Oficina
Comercial se incluían el pago y cobro de deudas, las altas
y bajas del servicio telefónico y las querellas respecto a
dicho
servicio.
Esta
Oficina
Comercial
era
la
única
facilidad de la P.R.T.C. en todo el Municipio de Mayagüez
que sus abonados y clientes podían utilizar con respecto a
los asuntos referidos.
El 27 de mayo de 1998, el Gobernador de Puerto Rico
anunció al país la venta de la P.R.T.C.
Como consecuencia
de ello, el 18 de junio de 1998, la Unión Independiente de
Empleados
Telefónicos
(U.I.E.T.)
y
la
Hermandad
Independiente de Empleados Telefónicos (H.I.E.T.E.L.), cuyo
patrono era la P.R.T.C., iniciaron un paro y una huelga
indefinida
y
abandonaron
los
centros
de
trabajo.
En
respaldo de la acción de estas dos uniones se solidarizó el
Comité Amplio de Organizaciones Sindicales (C.A.O.S.) que
agrupaba
diversas
entidades
sindicales
que
apoyaban
sentir de los empleados unionados de la P.R.T.C.
el
CC-1998-625
En
5
la
misma
agrupaciones
fecha
referida,
mencionadas
miembros
antes
(los
de
todas
las
manifestantes)
iniciaron una manifestación de protesta contra la venta de
la P.R.T.C. en los predios del centro comercial Mayagüez
Mall
aledaños
pancartas
a
las
alusivas
oficinas
a
su
de
esa
protesta,
compañía.
los
Portando
manifestantes
se
colocaron en pequeños grupos en aquella parte del centro
comercial contigua a las puertas de acceso a las oficinas
de
la
P.R.T.C.
cobertizos
Igualmente,
en
dicho
lugar
colocaron
refugiase
del
sol,
sillas,
neveras
comercial
requirió
a
para
portátiles y alimentos.
El
gerente
del
centro
los
manifestantes que abandonaran el área del estacionamiento
donde se encontraban, advirtiéndoles que ésta era propiedad
privada y que ellos no estaban autorizados a realizar tal
actividad
en
ese
lugar.
Ante
la
negativa
de
los
manifestantes de abandonar el lugar referido, el mismo día
18 de junio de 1998 Empresas presentó ante el Tribunal de
Primera
solicitó
Instancia
una
demanda
contra
aquéllos.
a
ese
foro
la
concesión
de
provisional,
así
como
un
interdicto
preliminar
permanente.
Adujo
Empresas
que
las
un
Empresas
entredicho
y
uno
manifestaciones
referidas se realizaban sin su autorización o permiso, que
afectaban sus intereses y que constituían una violación a
su derecho constitucional al disfrute de su propiedad.
El foro de instancia pautó una conferencia entre los
abogados de las partes para el 24 de junio de 1998, y
CC-1998-625
6
señaló una vista para atender la solicitud del interdicto
preliminar para el 29 de junio. Las partes sometieron sus
respectivos memorandos de derecho el 1 de julio de 1998 y
el caso quedó sometido para la consideración del tribunal.
El 3 de julio de 1998, el Tribunal de Primera Instancia
notificó
una
extensa
normativa
pertinente
sentencia
al
asunto
en
en
la
cual
analizó
la
cuestión.
Declaró
sin
lugar la petición de interdicto preliminar ”en cuanto a
ordenar
la
salida
de
los
[manifestantes]
del
centro
comercial”. El foro de instancia determinó, inter alia, que
Empresas no había presentado prueba alguna de que hubiese
sufrido daños a la propiedad o de que hubiesen ocurrido
actos
de
público
violencia
al
centro
o
de
obstrucción
comercial.
a
la
entrada
del
Determinó,
además,
que
tampoco se había presentado “prueba alguna de pérdida de
ingresos
o
efectos
económicos
perjudiciales
que
guarden
relación con la manifestación”. En cuanto a la manera en
que se realizaron las manifestaciones, señaló el foro de
instancia en lo pertinente que:
...las actividades de los manifestantes[,] como
regla general[,] se han llevado a cabo en el área
de la acera, calle y estacionamiento frente a las
oficinas alquiladas a la P.R.T.C. Todas las
manifestaciones han ocurrido en el exterior del
edificio principal. Como regla general[,] los
manifestantes se han mantenido en forma ordenada
y pacífica. (Enfasis suplido.)
No obstante, el foro de instancia encontró probado que en
una ocasión, el 25 de junio de 1998, el área ocupada por
los manifestantes se había extendido hasta un local aledaño
CC-1998-625
7
ocupado por un banco que no pudo ofrecer los servicios de
autoventanilla mientras el espacio estuvo ocupado por los
manifestantes.
En
esa
ocasión,
los
participantes
utilizaron altoparlantes y “entonaron coros y estribillos,
alusivos a la venta de la telefónica, la privatización, el
gobierno y en ocasiones utilizaron lenguaje mal sonante y
ofensivo”.
Al reconocer que “tal tipo de manifestación
ruidosa
con
y
estribillos
disonantes
interrumpe
la
tranquilidad de los usuarios” y que “[l]a armonía de los
intereses en disputa puede lograrse evitando los demandados
tal
tipo
de
manifestación”,
el
tribunal
permitió
la
continuación de las protestas “de forma pacífica, ordenada
y sin ruidos innecesarios en el área que da acceso del
estacionamiento a las puertas de la Oficina Comercial y de
Tráfico de la P.R.T.C.”. Razonó dicho foro que ordenar el
desalojo de los manifestantes de los predios del centro
comercial “tornaría académico su reclamo” porque estarían
“impedidos de llevar su mensaje a quienes acuden a las
oficinas en búsqueda de servicio.”
En
cuanto
instancia
al
determinó
uso
del
que
centro
Empresas
comercial,
había
el
foro
de
aceptado
que
el
centro comercial se había utilizado antes para actividades
no relacionadas directamente con los locales comerciales
tales como la exhibición de cómo se fabrica una cerveza,
espectáculos
musicales
y
un
circo
de
diversiones;
actividades que se llevaban a cabo normalmente fuera del
horario de venta en las tiendas. De igual forma, el foro de
CC-1998-625
8
instancia encontró probado que Empresas había alquilado sus
locales antes para la ubicación de centros de información
particulares
con
fines
no
comerciales.
Específicamente
determinó que había alquilado un espacio a personas que
abogaban
a
favor
de
planta
de
energía
la
construcción
“Cogentrix”.
en
Mayagüez
También
de
determinó
la
que
Empresas no poseía normas escritas que definiesen el nivel
de
sonido
permitido
anteriormente
había
en
el
centro
permitido
el
comercial,
uso
de
y
que
altoparlantes
dentro y fuera del centro comercial. Finalmente, el foro de
instancia determinó que Empresas no tenía normas escritas
que prohibiesen manifestaciones como las de este caso en
los predios del centro comercial.
Inconformes con la determinación del foro de instancia,
el 9 de julio de 1998 Empresas acudió ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones mediante un recurso de certiorari.
Dicho foro emitió una sentencia el 17 de julio de 1998,
expidió el recurso y revocó el dictamen del tribunal de
instancia. Declaró con lugar la solicitud del interdicto
preliminar y ordenó el “cese y desista inmediato de las
actividades de [los manifestantes] dentro de los predios y
edificios del Mayagüez Mall” hasta la disposición final del
litigio. Dispuso que los manifestantes podían realizar sus
expresiones
de
protesta
en
áreas
aledañas
al
centro
comercial. Además, el tribunal apelativo ordenó al foro de
instancia la celebración de una vista el 24 de julio de
1998 para adjudicar la solicitud de interdicto permanente.
CC-1998-625
Dicho
9
foro
realizó
un
concluyó
que
el
ponderado
balance
tribunal
de
de
instancia
“no
equidad
sopesando
los
intereses de las partes, como paso previo a adjudicar en
forma final el asunto crucial sobre si el Mayagüez Mall era
una
plaza
pública,
manifestantes]...
y,
según
había
sido
alegado
por
[los
por
ende,
efectivamente
un
foro
público”.
Inconformes con el dictamen referido, el 23 de julio de
1998,
la
U.I.E.T.
y
la
H.I.E.T.E.L.
acudieron
ante
nos
mediante un recurso de certiorari acompañado de una moción
en auxilio de jurisdicción. Plantearon que el Tribunal de
Circuito
de
Apelaciones
había
errado
al
emitir
el
injunction preliminar. En la misma fecha, Empresas también
compareció ante nos y solicitó la desestimación del recurso
de certiorari instado por los manifestantes.
El 24 de julio de 1998, expedimos el recurso solicitado
por los peticionarios. En auxilio de nuestra jurisdicción,
ordenamos
la
suspensión
de
los
procedimientos
en
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones, y dejamos sin efecto
su dictamen del 17 de julio de 1998. Permitimos así que
continuaran
las
manifestaciones
en
cuestión.
Además,
autorizamos al Tribunal de Primera Instancia a continuar en
forma
expedita
con
los
procedimientos
relativos
al
interdicto permanente solicitado por Empresas, conforme a
su dictamen del 3 de julio de 1998.
El 6 de diciembre de 1998, acogimos como su alegato el
recurso de certiorari presentado por los peticionarios el
CC-1998-625
10
23 de julio de 1998; y el 22 de enero de 1999, Empresas
presentó el suyo. Con el beneficio de la comparecencia de
ambas partes, procedemos a resolver.
II
Academicidad
El 2 de agosto de 1999, el foro de instancia desestimó
la petición de injunction permanente que tenía pendiente en
este caso. Determinó que en vista de que la P.R.T.C. ya
había
sido
vendida,
y
de
que
las
manifestaciones
de
protesta en el centro comercial habían concluido, “resolver
la controversia hoy inexistente sería emitir una opinión
consultiva a la empresa demandante en torno a la legalidad
y legitimidad de protestas o demostraciones pacíficas en
los predios de un Centro Comercial...”. (Enfasis suplido.)
El tribunal de instancia emitió este dictamen a pesar de
que
tanto
Empresas
como
las
organizaciones
demandadas
presentaron sendos escritos oponiéndose a que el caso fuese
desestimado por academicidad.
Inconforme con el dictamen de instancia referido, el 3
de
septiembre
de
1999
Empresas
presentó
un
recurso
de
apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, y el
31
de
marzo
de
2000,
el
foro
apelativo
notificó
su
denegatoria del recurso aludido. Empresas recurrió entonces
ante nos y su recurso sobre el injunction permanente se
encuentra pendiente de nuestra oportuna consideración.
Aunque ninguna de las partes nos ha planteado que el
recurso
particular
del
caso
de
autos
a
su
vez
se
haya
CC-1998-625
tornado
11
académico,
conviene
hacer
un
breve
señalamiento
sobre el particular, para que no haya duda sobre nuestra
jurisdicción.
En pronunciamientos previos hemos indicado que un caso
se torna académico cuando su condición de controversia viva
y
presente
sucumbe
ante
el
paso
del
tiempo.
P.P.D.
v.
Gobernador I, Op. de 22 de diciembre de 1995, 139 D.P.R.
___, 95 JTS 165; Asoc. de Periodistas v. González, 127
D.P.R. 704 (1991); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650
(1988); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115
(1988). “Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un
caso
por
academicidad
cuando
ocurren
cambios
durante
el
trámite judicial de una controversia particular que hacen
que ésta pierda su actualidad, de modo que el remedio que
pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto
real
alguno
en
cuanto
a
esa
controversia.
Con
esta
limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue
evitar
el
uso
innecesario
de
los
recursos
judiciales
y
obviar pronunciamientos autoritativos de los tribunales que
resulten
superfluos.”
C.E.E.
v.
Depto.
de
Estado,
134
D.P.R. 927, 935-36 (1993); Com. de la Mujer v. Srio. de
Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980).
Ahora
bien,
existen
situaciones
especiales
en
las
cuales los tribunales pueden atender un caso que se ha
tornado
académico.
existen
varias
Es
decir,
excepciones
hemos
a
reconocido
la
antes
doctrina
que
de
academicidad. Una de ellas es cuando en un caso se plantea
CC-1998-625
12
una cuestión recurrente, es decir, susceptible de volver a
ocurrir pero que, por la naturaleza efímera de los hechos
que
provocan
la
cuestión,
es
difícil
que
logre
ser
dilucidada por los tribunales. Noriega v. Hernández Colón,
135 D.P.R. 406 (1994); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra;
El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988);
Asoc. de Periodistas v. González, supra; Com. de la Mujer
v. Srio. de Justicia, supra.
En el caso de autos, las manifestaciones específicas
que dieron lugar al recurso ante nos han cesado ya, por lo
que podría estimarse que la controversia concreta que nos
concierne
aquí
sobre
el
injunction
preliminar
se
ha
tornado académica. No obstante, es evidente que la cuestión
novel
e
importante
que
este
pleito
presenta,
de
si
agrupaciones como las peticionarias pueden llevar a cabo
manifestaciones como las del caso de autos en un centro
comercial
privado,
cuando
sus
dueños
se
oponen
a
tales
actos, es una que con razonable probabilidad ha de surgir
de
nuevo.
El
acto
de
expresión
pública
impugnado
puede
volver a concluir antes de que la cuestión referida haya
sido dilucidada judicialmente en los méritos. Tal como ha
sucedido en el caso de autos, la controversia aludida entre
los manifestantes y el centro comercial puede presentarse
otra vez y la situación concreta que la ocasiona puede
volver a desaparecer mientras el caso es examinado por los
CC-1998-625
13
tribunales.1 En tales circunstancias, si no pasamos juicio
sobre
la
controversia
manifestación,
referida
quedaría
aunque
conculcada
haya
así
terminado
nuestra
la
función
revisora.
En efecto, el importante asunto que tenemos planteado
en el caso de autos, ha estado ya antes ante los tribunales
del país sin que se haya podido resolver en sus méritos.2
En
el
caso
anterior
referido
se
intentó
impedir
otras
manifestaciones realizadas precisamente en los predios del
centro comercial Mayagüez Mall. Al igual que como ocurrió
en el caso ante nos ahora, Empresas había alquilado un
local a la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) para la
operación de una oficina comercial de servicio al público.
El 30 de marzo de 1995, a raíz de una disputa obreropatronal, empleados de la A.E.E. pertenecientes a la Unión
de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto
Rico
(U.T.I.E.R.)
contra
la
realizaron
A.E.E.
dentro
manifestaciones
de
del
Mall.
Mayagüez
protesta
Como
consecuencia de ello, el día siguiente, Empresas presentó
una
acción
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala
1
En este caso la demanda fue presentada no solamente
contra la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos
y la Unión Independientes de Empleados Telefónicos, sino
también
contra
el
Comité
Amplio
de
Organizaciones
Sindicales, que es una agrupación obrera activamente
involucrada en muchas de las controversias públicas de
mayor trascendencia en el país.
2
Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v.
U.T.I.E.R., IPE95-0044 (Tribunal Primera Instancia), KLAN9801174 (Tribual de Circuito de Apelaciones) y CC-2000-229
(Tribunal Supremo de Puerto Rico).
CC-1998-625
Superior
14
de
Mayagüez,
y
solicitó
que
se
emitiese
un
entredicho provisional, así como un interdicto preliminar y
uno
permanente.
Luego
de
la
concesión
del
entredicho
provisional y de varios trámites apelativos, el foro de
instancia
resolvió
que
la
acción
de
Empresas
se
había
tornado académica en vista de que las manifestaciones de la
U.T.I.E.R.
tribunal
habían
se
terminado
disponía
a
para
el
tiempo
en
que
dilucidar
el
caso.
Por
el
ende,
desestimó la acción de Empresas, sin resolver la importante
controversia constitucional que se le había planteado.
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
confirmó
El
dicho
dictamen. No cabe dudas, pues, que tenemos ante nos una
clara situación de una controversia recurrente, que es una
de
las
excepciones
cuestión
bien
académica.
conocidas
Resolvemos,
a
la
doctrina
pues,
que
de
la
tenemos
jurisdicción para dilucidar el importante asunto ante nos.
Debe quedar claro que ésta no es la primera vez que
consideramos la validez de actos de protesta después que
dichos
actos
han
cesado
definitivamente.
En
E.L.A.
v.
Rivera Rivera, 105 D.P.R. 640 (1977), un grupo de personas
montaron un piquete de protesta en las inmediaciones de la
Fortaleza, la residencia oficial del Gobernador de Puerto
Rico.
El
Tribunal
Superior,
a
instancias
del
Estado,
expidió un injunction que si bien salvaguardaba el derecho
a
la
libre
limitaba
a
la
expresión
vez
las
de
los
horas
del
manifestantes
día
en
que
aludidos,
se
podían
celebrar los actos de protesta y fijaba otras restricciones
CC-1998-625
15
afines. Los manifestantes apelaron de inmediato ante nos,
cuestionando
injunction
las
limitaciones
referido.
impuestas
mediante
el
rehusamos
suspender
el
Inicialmente
injunction pendiente la apelación.
Posteriormente, año y
medio después de haber terminado los actos de protesta en
cuestión, ejercimos nuestra jurisdicción y adjudicamos la
validez del injunction referido. Igual hicimos con respecto
a
un
injunction
preliminar
y
permanente
que
había
sido
procurado en relación a un piquete, luego de éste haber
concluido, en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R.
436
(1975).
Procede,
pues,
que
en
el
caso
examinar
el
alcance
de
autos
que
tiene
actuemos del mismo modo.
Pasemos
entonces
a
nuestra garantía constitucional de libertad de expresión en
centros comerciales privados como el Mayagüez Mall.
III
Esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de
expresarnos sobre la aplicación del derecho constitucional
a
la
libertad
privados.
Por
de
expresión
tratarse
de
en
un
los
centros
asunto
novel
comerciales
en
nuestra
jurisdicción, es menester considerar los precedentes del
Tribunal
Supremo
vinculantes;
y
a
de
la
Estados
vez
tomar
Unidos
en
que
cuenta
puedan
por
su
ser
valor
CC-1998-625
persuasivo
16
la
jurisprudencia
pertinente
de
otras
jurisdicciones estatales.3
A.
Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos
La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos relacionada al asunto que aquí nos concierne comenzó
con la histórica decisión de ese foro en Marsh v. Alabama,
326 U.S. 501, 66 S. Ct. 276 (1946). En ésta, se resolvió
que en un pueblo operado por una compañía privada (“company
town”), en el cual ésta era dueña de los edificios, aceras,
calles,
tiendas,
etc.,
regía
la
Primera
Enmienda
de
la
Constitución federal. Se determinó que tal lugar era el
equivalente
funcional
norteamericano,
por
de
lo
cualquier
que
en
sus
otro
predios
pueblo
no
podía
prohibirse la distribución de material religioso, aunque
dichos predios fuesen propiedad privada.
El análisis utilizado en Marsh v. Alabama, supra, fue
aplicado
nuevamente
en
Amalgamated
Food
Employees
Union
Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., 391 U.S. 308, 88 S.
Ct.
1601
(1968).
En
esta
federal
reconoció
el
realizar
demostraciones
ocasión,
el
derecho
de
en
centro
un
Tribunal
unos
Supremo
trabajadores
comercial
a
privado
frente a una tienda contra cuyos dueños aquellos mantenían
una contienda laboral. El alto foro federal resolvió que,
al
igual
que
en
Marsh
v.
Alabama,
supra,
las
Hacemos referencia sólo a aquellos casos cuyas
controversias concretas son similares a la que aquí nos
concierne.
3
CC-1998-625
17
características
del
centro
comercial
en
cuestión
le
convertían en el equivalente funcional de un pueblo común,
por
lo
que
le
eran
aplicables
las
disposiciones
de
la
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Unos años más tarde, la postura del Tribunal Supremo
norteamericano con respecto a la aplicación de la referida
Primera
Enmienda
dramáticamente.
Corp.
v.
La
Tanner,
a
centros
nueva
407
comerciales
varió
comenzó
Lloyd
trayectoria
U.S.
551,
92
S.
Ct.
con
2219
(1972).
Contrario a su determinación en Amalgamated Food Employees
Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, Inc., supra, en este
caso el Tribunal Supremo federal se negó a reconocer el
derecho de un grupo de personas opuestas a la guerra de
Vietnam a distribuir propaganda relacionada con sus ideas
en los predios de un centro comercial. Se resolvió en ese
caso que la actividad referida no era afín con el propósito
comercial
del
establecimiento,
y
que
los
manifestantes
tenían otros medios eficaces para difundir su mensaje tales
como el uso de las calles públicas adyacentes al centro
comercial.
Luego, en Hudgens v. N.L.R.B., 424 U.S. 507, 96 S. Ct.
1029 (1976),
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue
aun más lejos.
torno
a
las
En este caso la controversia giraba en
actividades
de
protesta
que
realizaron
los
empleados unionados de un almacén contra sus dueños, por
éstos no aceptar ciertas peticiones sometidas por la unión.
Los empleados realizaron las manifestaciones en cuestión
CC-1998-625
18
frente a una tienda de su patrono que estaba localizada en
un
centro
comercial
aunque
el
almacén
donde
ellos
trabajaban estaba ubicado fuera de los predios del centro
comercial.
Luego
de
revocar
expresamente
lo
resuelto
en
Amalgamated Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley
Plaza, Inc., supra, por entender que era inconsistente con
lo que se había decidido en Lloyd Corp. v. Tanner, supra,
el
más
alto
foro
federal
resolvió
que
por
la
Primera
Enmienda
de
provistas
las
la
garantías
Constitución
federal sólo aplican a situaciones en las que existe acción
estatal (“state action”). Razonó el Tribunal que, por la
ausencia de acción estatal en ese caso, la Primera Enmienda
no
protegía
a
los
manifestantes.
No
obstante,
señaló
expresamente que un estado podía darle una protección a la
libertad de expresión conferida por su propia constitución
que fuese más amplia que la de la Primera Enmienda federal,
y aplicarla incluso a personas o corporaciones privadas.
Cuatro años después de sus pronunciamientos en Hudgens
v. N.L.R.B., supra, el Tribunal Supremo federal se enfrentó
a una decisión del Tribunal Supremo de California mediante
la cual dicho foro extendió la aplicación de la libertad de
expresión de ese estado a un centro comercial privado. En
Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74, 100 S.
Ct.
2035
(1980),
un
grupo
de
estudiantes
de
escuela
superior había colocado una mesa en un centro comercial de
California
con
el
propósito
de
distribuir
información
y
solicitar firmas para una petición pública. Los estudiantes
CC-1998-625
tuvieron
19
que
abandonar
el
lugar
donde
estaban
ubicados
luego de que un guardia de seguridad les informó que su
actividad era contraria a las reglas del centro comercial.
Dichas
reglas
públicas
en
prohibían
la
celebración
centro
que
no
el
de
actividades
estuviesen
relacionadas
directamente con su propósito comercial. Los estudiantes
aludidos instaron acción en un tribunal estatal contra los
dueños del centro comercial por la alegada violación a su
derecho a la libertad de expresión conferídoles tanto por
la constitución federal como por la estatal. El foro de
instancia determinó que los estudiantes no tenían razón en
su reclamo de libertad de expresión en el centro comercial
bajo
ninguna
de
las
apelativo
confirmó
Tribunal
Supremo
dos
dicha
de
constituciones.
determinación.
California
revocó
el
tribunales
Constitución
de
California
que
la
protegía
expresión
de
ideas
por
estudiantes,
los
revisión,
los
Dictaminó
realizadas
tribunal
a
inferiores.
la
En
El
y
actividades
como
cuando
ejercían
se
las
razonablemente en centros comerciales, aunque éstos fuesen
privados, y que ello no afectaba los derechos de propiedad
de sus dueños protegidos por la Constitución federal. Al
confirmar
California,
reiteró
el
el
dictamen
Tribunal
expresamente
la
del
más
alto
foro
Supremo
de
los
facultad
de
un
judicial
de
Estados
Unidos
tribunal
supremo
estatal, a la luz de la Constitución de ese estado, de
ampliar la protección de los derechos constitucionales que
confiere la Constitución de los Estados Unidos. Añadió que,
CC-1998-625
al
20
ejercer
válidamente
propiedad
dicha
facultad,
restricciones
privada
siempre
un
estado
razonables
a
que
ello
con
puede
los
no
imponer
derechos
de
contravenga
alguna de las protecciones específicas conferidas por la
Constitución federal.
En resumen, pues, aunque el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos ha limitado significativamente la aplicación
de la Primera Enmienda de la Constitución federal a los
centros comerciales privados, también ha reconocido que las
jurisdicciones estatales en estos casos pueden definir el
ámbito del derecho de expresión al amparo de sus propias
constituciones de una manera más amplia. Como veremos más
adelante, jurisdicciones tan importantes como California,
Nueva Jersey, Colorado, Oregon y Washington4 así lo han
hecho.
B.
Los tribunales de estados con constitución más amplia
Como
hemos
indicado
ya,
el
Tribunal
Supremo
de
California ha resuelto que su propia Constitución protege
el derecho de expresión de las personas en los centros
comerciales privados. Robins v. Pruneyard Shopping Center,
592
P.
2d
341
(1979),
confirmado
en
Pruneyard
Shopping
Center v. Robins, supra. Dicho Tribunal también ha señalado
que este derecho de expresión no es absoluto y puede estar
4
Como se indica más adelante en la opinión, en el
estado
de
Washington
se
han
permitido
determinadas
actividades en centros comerciales al amparo de una
cláusula particular de su constitución, que no es la
relativa a la libertad de expresión.
CC-1998-625
21
sujeto a restricciones razonables de tiempo, lugar y manera
impuestas por el centro comercial. Dicho foro ha reconocido
expresamente, además, que aunque los derechos de propiedad
de los dueños de los centros comerciales son importantes,
al igual que ocurre con cualquier derecho individual, éstos
están
subordinados
al
interés
colectivo.
En
Schwartz-
Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., 394 P. 2d
921 (1964), el Tribunal Supremo de California resolvió que
los
miembros
de
una
unión
tenían
derecho
a
realizar
piquetes en las inmediaciones de una panadería localizada
en un centro comercial privado, aun contra la voluntad del
dueño
del
centro
comercial.
En
esa
ocasión,
las
manifestaciones de protesta de la unión se realizaron luego
de
que
ésta
trató
infructuosamente
de
organizar
colectivamente a los empleados de la panadería. El más alto
foro judicial de California concluyó lo siguiente:
[t]he prohibition of the picketing would in
substance deprive the union of the opportunity to
conduct its picketing at the most effective point
of
persuation:
the
place
of
the
involved
business.
The interest of the union thus rests
upon the solid substance of public policy and
constitutional
right;
the
interest
of
the
plaintiff lies in the shadow cast by a property
right worn thin by public usage. SchwartzTorrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U., a
la pág. 926.
Cuatro años más tarde, el Tribunal Supremo de California
resolvió el caso de Diamond v. Bland, 477 P. 2d 733 (1970).
En esa ocasión el foro referido concluyó que los dueños de
un centro comercial no podían prohibir en forma absoluta el
ejercicio de los derechos de expresión de los que visitan
CC-1998-625
tal
22
centro
a
menos
sustancialmente
con
que
la
ello
obstaculice
operación
normal
o
del
interfiera
negocio
de
aquéllos.5
Otro estado que ha tenido ante sí la cuestión que nos
ocupa aquí ha sido Colorado. En Bock v. Westminster Mall
Co., 819 P. 2d 55 (Colo. 1991), miembros de una asociación
política instaron acción contra los dueños de un centro
comercial privado en la que alegaron que la política de
prohibir
la
distribución
comunes
del
centro
de
hojas
sueltas
comercial
en
violaba
las
el
áreas
derecho
constitucional estatal a la libertad de expresión de los
demandantes. En esa ocasión, el tribunal de mayor jerarquía
de
Colorado
resolvió
que
la
participación
económica
del
Estado en el desarrollo del centro comercial y la presencia
en éste de varias agencias gubernamentales, incluyendo una
sub-estación
suficiente
centro
de
la
policía
intervención
comercial
constitucional
del
como
estatal
de
de
la
Estado
para
ciudad,
en
la
activar
libertad
de
constituían
operación
la
del
cláusula
expresión.
Señaló
dicho foro que la Constitución de Colorado prohibía a los
dueños de un centro comercial restringir el derecho del
En Robins v. Pruneyard Shopping Center, supra, el
máximo tribunal de California ratificó sus dictámenes tanto
en Schwartz-Torrance Inv. Corp. v. Bakery & Con. Wkrs. U.,
supra, como en Diamond v. Bland, aunque estos habían sido
resueltos en parte bajo una normativa federal que fue
posteriormente revocada. Afirmó su uso como precedentes,
señalando que la jurisprudencia federal era relevante pero
no conclusiva, en vista de la facultad de los tribunales
estatales bajo sus propias constituciones de ampliar el
mínimo de protección que el Tribunal Supremo federal
determine poseen las garantías constitucionales federales.
5
CC-1998-625
23
público que se congrega en las áreas comunes de dicho lugar
a
expresarse
pacíficamente
sobre
asuntos
políticos.
Puntualizó también el foro aludido que las áreas comunes
del centro comercial en cuestión se habían convertido en
lugares de reunión y expresión pública, transformándose,
para todo fin práctico, en un foro público. No obstante, se
reconoció
el
derecho
del
centro
comercial
de
establecer
reglas razonables para restringir el tiempo, lugar y manera
para realizar las actividades referidas.
En Lloyd Corporation v. Whiffen, 849 P. 2d 446 (Or.
1993), el Tribunal Supremo de Oregon también reconoció el
derecho de sus ciudadanos a solicitar firmas en las áreas
comunes
de
restricciones
un
centro
razonables
comercial
privado,
establecidas
por
sujeto
el
a
centro
comercial sobre el tiempo, lugar y manera de realizar tales
actividades. Señaló dicho foro que:
...to prohibit the gathering of signatures on
initiative petitions in the common areas of large
shopping centers such as the Lloyd Center would
“impinge on constitutional rights” conferred on
the citizens of this state by the provisions of
Article
IV,
section
1,
of
the
Oregon
Constitution.
...
It is true... that the right under Article IV,
section 1, to solicit signatures on initiative
petitions is a form of speech and that there also
are other forms of speech. We see no need in our
opinion in this case to anticipate and discuss
problems presented by other forms of speech.
Lloyd Corporation v. Whiffen, supra, a las págs.
453 y 454.
CC-1998-625
24
En New Jersey Coalition v. J.M.B., 650 A. 2d 757 (N.J.
1994),
también
se
aplicó
la
protección
de
la
cláusula
constitucional de libertad de expresión de Nueva Jersey a
los
centros
comerciales
privados.
En
este
caso
una
coalición de diversos grupos opuestos a la intervención de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Kuwait intentó
distribuir material relacionado con sus ideas en diversos
lugares.
Varios
centros
comerciales
permitieron
la
actividad en sus predios, mientras que otros se opusieron o
impusieron
Tribunal
condiciones
Supremo
de
alegadamente
Nueva
Jersey,
muy
restrictivas.
fundamentándose
en
El
un
análisis desarrollado en un caso previo, State v. Schmid,
423 A. 2d 615 (N.J. 1980), y en su propio examen sobre el
valor de la libertad de expresión frente al derecho de
propiedad,
determinó
que
los
propietarios
del
centro
comercial estaban constitucionalmente obligados a permitir
allí la distribución de hojas sueltas que tenía propósitos
no
comerciales,
Tribunal
señaló
sujeto
que
a
los
regulaciones
centros
razonables.
comerciales
Dicho
referidos
tenían todas las características de las áreas de comercio
tradicionales
además,
que
policías
(“downtown
en
dichos
municipales;
business
district”).
centros
existía
y
sus
que
Indicó,
la
presencia
de
dueños
permitían
y
estimulaban la realización de actividades no comerciales
orientadas
al
público
visitante.
El
Tribunal
también
determinó que la invitación que se le hacía al público para
que visitase el centro comercial era amplia. El Tribunal
CC-1998-625
25
concluyó que se podía realizar en los predios del centro
comercial cualquier tipo de actividad que era realizable en
el
área
de
comercio
tradicional
(“downtown”).
En
particular, indicó el Tribunal que la distribución de hojas
sueltas con temas como el que tenían las hojas sueltas de
ese caso era una actividad que siempre se había realizado
en
el
área
de
comercio
tradicional
(“downtown”).
El
Tribunal reiteró su señalamiento previo de que la libertad
de expresión garantizada por la Constitución de ese estado
prevalecía contra acciones de entidades privadas que fuesen
irrazonables u opresivas. State v. Schmid, supra.
Finalmente, debe mencionarse la posición particular del
Tribunal Supremo del estado de Washington. Ese foro, en
Alderwood Assoc. v. Wash. Envir. Council, 635 P 2d 108
(1981),
revocó
una
orden
emitida
por
un
tribunal
de
instancia del estado mediante la cual se le había prohibido
a
una
organización
ambientalista
realizar
demostraciones
comercial
privado.
El
solicitar
firmas
y
en
los
predios
de
un
centro
más
alto
tribunal
de
Washington
determinó que dichas actividades estaban protegidas por la
constitución
estatal.
Posteriormente
ese
Tribunal
aclaró
cuál era el fundamento preciso de la decisión aludida al
señalar que:
...the holding in Alderwood was simply that
people
have
a
right
under
the
initiative
provision of the Constitution of the State of
Washington
to
solicit
signatures
for
an
initiative in a manner that does not violate or
unreasonably restrict the rights of private
property owners. We expressly do not here disturb
CC-1998-625
26
that holding. Southcenter v. National Dem. Policy
Com., 780 P 2d 1282, 1290 (1989).
C.
Otros tribunales estatales
Los tribunales supremos de un gran número de estados
han considerado la cuestión que nos concierne en el caso de
autos
y
han
resuelto
que
sus
propias
constituciones
no
ofrecen una protección a la libertad de expresión que sea
mayor que la que surge de la Constitución federal, según
interpretada
Dichos
por
el
tribunales
Tribunal
han
Supremo
realizado
un
de
Estados
análisis
del
Unidos.
asunto
similar al utilizado actualmente por el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos, y han limitado el alcance del derecho
de expresión establecido en sus respectivas constituciones
a
situaciones
en
las
que
existe
acción
estatal
(“state
action”). De este modo, al resolver que el ámbito de sus
propias cláusulas de libertad de expresión no es mayor que
el
de
la
Constitución
manifestaciones
como
las
federal,
del
caso
no
de
han
autos
permitido
en
centros
comerciales privados cuando el Estado no está involucrado.
En este grupo se encuentran, entre otros, Minnesota, State
v.
Wicklund,
589
N.
W.
2d
793
(Minn.
1999);
Texas,
Republican Party of Texas v. Dietz, 940 S. W. 2d 86 (Tex.
1997); Ohio, Eastwood Mall, Inc. v. Slanco, 626 N. E. 2d 59
(Ohio 1994); Carolina del Sur, Charleston Joint Venture v.
McPherson, 417 S. E. 2d 544 (S.C. 1992); Georgia, Citizens
for Ethical Gov. v. Gwinnett, 392 S. E. 2d 8 (Ga. 1990);
Arizona, Fiesta Mall Venture v. Mecham Recall Com., 767 P.
CC-1998-625
27
2d 719 (Ariz. App. 1988); Wisconsin, Jacobs v. Major, 407
N. W. 2d 832 (Wis. 1987); Pennsylvania, W. Pa. Soc. WRKRS
v. Conn. Gen. Life Ins., 515 A. 2d 1331 (1986); Nueva York,
Shad Alliance v. Smith Haven Mall, 488 N. E. 2d 1211 (N.Y.
1985); Michigan, Woodland v. Michigan Citizens Lobby, 378
N.
W.
2d
Westfarms
337
(Mich.
Associates,
1985);
469
A.
Connecticut,
2d
1201
Cologne
(Conn.
1984);
v.
y
Carolina del Norte, State v. Felmet, 273 S. E. 2d 708 (N.C.
1981).
IV
La libertad de expresión en Puerto Rico
Antes de entrar a resolver el asunto concreto que está
ante nuestra consideración aquí, es menester señalar que
reiteradamente
hemos
reconocido
que
las
interpretaciones
que hace el Tribunal Supremo federal sobre el contenido de
los derechos fundamentales conferidos por la Constitución
de
los
Estados
Unidos
sólo
constituyen
el
mínimo
de
protección que tenemos que reconocer bajo nuestra propia
Constitución a esos derechos. Dichas interpretaciones no
limitan nuestra facultad para reconocer mayor amplitud a
las
garantías
constitucionales
conferidas
por
la
Constitución de Puerto Rico. Así, hemos determinado antes
que nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la
Constitución federal con respecto a derechos tales como la
prohibición
[Bayrón
del
Toro
v.
menoscabo
de
obligaciones
contractuales
Serra,
119
D.P.R.
(1987)],
605
la
CC-1998-625
28
prohibición contra registros y allanamientos irrazonables
[Pueblo v. Meléndez Rodríguez, Op. de 13 de julio de 1994,
136 D.P.R. __, 94 JTS 103; Pueblo v. Rivera Colón, 128
D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R.
470
(1988);
(1986);
Pueblo
Pueblo
v.
v.
Falú
Dolce,
Martínez,
105
D.P.R.
116
D.P.R.
828,
422
(1976)];
la
intimidad [Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, Op. de 18 de
noviembre de 1997, 144 D.P.R. __, 97 JTS 134; E.L.A. v.
Hermandad
de
libertad
de
Empleados,
expresión
104
D.P.R.
[U.N.T.S.
v.
436,
(1975)];
Srio.
de
y
la
Salud,
133
D.P.R. 153 (1993)].
Más aun, ya antes hemos resuelto que la Constitución
del Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial
distinto
a
la
Constitución
de
Estados
Unidos...
nuestra
Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales
con
una
visión
más
abarcadora
y
protectora
que
la
Constitución de Estados Unidos”. López Vives v. Policía de
P.R.,
118
D.P.R.
219
(1987).
Nuestra
doctrina
jurisprudencial, pues, es cónsona con la determinación del
Tribunal Supremo federal en Lloyd Corp. v. Tanner, supra,
reiterada en Pruneyard Shopping Center v. Robins, supra,
que reconoce el derecho de las jurisdicciones estatales a
ampliar
la
protección
amparo
de
sus
propias
de
los
derechos
constituciones
fundamentales
al
más
lo
allá
de
dispuesto por la Constitución federal según interpretada
por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
CC-1998-625
La
29
sección
cuarta
del
Artículo
II
de
nuestra
Constitución consagra el derecho de toda persona a la libre
expresión. En la Asamblea Constituyente se reconoció que
este derecho se debe “ejercitar a plenitud dentro de la más
dilatada libertad...”. Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente de Puerto Rico (Equity, 1961), Vol. 4, pág.
2564.
De igual forma, hemos expresado que el derecho a la
libertad
“para
de
expresión
facilitar
el
fue
concebido,
desarrollo
entre
pleno
del
otras
cosas,
individuo
y
estimular el libre intercambio y la diversidad de ideas,
elementos vitales del proceso democrático”. Velázquez Pagán
v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992). Expresamente hemos
reconocido y reiterado la preeminencia de la libertad de
expresión en nuestro ordenamiento constitucional, Mari Brás
v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 206 (1968), “que nos obliga a su
más celosa protección”, Rodríguez v. Srio. de Instrucción,
109 D.P.R. 251, 255 (1979).
En efecto, en el pasado hemos sido tan celosos con la
protección
de
la
libertad
de
expresión
que
la
hemos
reconocido aun en circunstancias que se apartan de las que
son las más comunes para las manifestaciones de protesta y
para el intercambio y la crítica de ideas. Aunque hemos
reconocido que fuera de los foros públicos tradicionales el
Estado tiene amplias facultades para restringir la libertad
de expresión, no obstante hemos hecho hincapié en que aun
en
tales
foros
poco
tradicionales
no
puede
prohibirse
absolutamente el ejercicio de este derecho tan fundamental.
CC-1998-625
30
U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993). Así
pues, hemos convalidado el derecho a fijar pasquines en
postes
de
alumbrado
y
en
las
columnas
de
puentes
sin
necesidad de la autorización de sus custodios en Pueblo v.
Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530 (1988) y Mari Brás v.
Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972). Igualmente hemos reconocido
el derecho de estudiantes a celebrar mítines y marchas en
terrenos universitarios aun cuando existía un trasfondo de
violencia en la institución causado por una huelga laboral
en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R.
153
(1982).
Asimismo
hemos
protegido
el
derecho
de
maestros a celebrar reuniones en predios escolares durante
la hora de almuerzo en Rodríguez v. Srio. de Instrucción,
109
D.P.R.
altoparlantes
251
en
(1979);
la
y
vecindad
hemos
de
permitido
colegios
el
uso
de
electorales
en
Mari Brás v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).
En
alcance
nuestros
de
la
pronunciamientos
protección
ordinarios
constitucional
a
sobre
la
el
libre
expresión, hemos indicado que ésta depende en gran medida
del lugar o foro en que se desea ejercer ese derecho. Como
se sabe, en los denominados foros públicos tradicionales le
hemos reconocido una protección amplia y abarcadora. Hemos
señalado en Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122
D.P.R. 229 (1988), a las págs. 241 y 242, que:
[d]esde tiempos inmemoriales los parques, las
plazas
y
las
calles
de
Puerto
Rico
han
constituido foros de divulgación, de intercambio
y de crítica de ideas.
Es en ellos en donde la
conciencia ciudadana y particular forma de ver el
mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros
CC-1998-625
31
públicos por excelencia para la divulgación y
expresión de ideas.
Las calles en particular
constituyen un instrumento eficaz de divulgación
de ideas accesible para aquellos individuos y
grupos que no cuentan con suficientes recursos
económicos y que no tienen, por tanto, acceso a
los medios de comunicación masiva como lo son la
radio, la televisión y la prensa. (Enfasis
suplido. (Citas omitidas.)
A pesar de la importancia que han tenido los foros
públicos para la divulgación e intercambio de ideas, es
menester reconocer, sin embargo, que la vitalidad de esos
lugares
tradicionales
menguándose
para
la
expresión
pública
paulatinamente,
al
menos
las
en
ha
ido
comunidades
urbanas del país. Los lugares de reunión en los cuales las
personas tradicionalmente realizaban la divulgación y el
intercambio
de
ideas
de
forma
gratuita
y
efectiva
–las
plazas, los parques y las calles- han ido suplantándose por
otros sitios en los cuales las personas hoy día ejercen
libremente el intercambio de ideas y la crítica sobre lo
que
acontece
en
la
colectividad,
actividades
que
tan
importante sitial tienen en nuestro país.
Al expresarnos previamente sobre esta situación, hemos
señalado que en Puerto Rico los centros comerciales han ido
sustituyendo
las
plazas
públicas
y
otros
lugares
tradicionales como centros de reunión. Así, en J.A.D.M. v.
Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785, (1992), a la
pág. 791, indicamos:
[l]os grandes centros comerciales, los regionales
y subregionales, ofrecen todo tipo de servicios
complementarios, tales como bancos, restaurantes,
sitios de comida ligera, centros de juegos de
diversión y cines, entre otros.
En estos
CC-1998-625
32
modernos centros de mercadeo, bajo techo y
equipados
con
aire
acondicionado
y
amplio
estacionamiento, en ocasiones, debido a las
facilidades de acceso y comodidades que les
brindan a las personas en la comunidad, también
se ofrecen servicios gubernamentales, tales como
correo, facilidades para el pago de facturas de
agua,
luz
y
teléfono,
la
obtención
de
documentación oficial, como pasaportes, etc. Con
el propósito de atraer al mayor número de
personas
posible,
estos
centros
comerciales
periódicamente ofrecen espectáculos y atracciones
no sólo comerciales, sino también artísticas,
educativas, deportivas y cívicas. La combinación
de todos estos factores ha hecho que en ocasiones
los centros comerciales hayan venido a sustituir
las plazas públicas y otros centros de reunión en
las comunidades. (Enfasis suplido.)
Conscientes de lo anterior, a la luz de la normativa
reseñada previamente, pasemos a analizar la controversia
que nos ocupa.
V
Según
se
controversia
en
señaló
el
antes,
caso
de
las
autos
manifestaciones
tenían
como
en
objetivo
protestar contra la determinación gubernamental de vender
la corporación pública conocida como la P.R.T.C. Entre los
manifestantes se encontraban empleados de la corporación
referida
y
otros
obreros
pertenecientes
a
agrupaciones
sindicales que manifestaban su rechazo a la venta de la
P.R.T.C.
Las
únicas
oficinas
comerciales
de
la
compañía
telefónica en el área de Mayagüez estaban localizadas en
los predios del centro comercial en cuestión. Allí tenían
que
acudir
los
clientes
de
la
P.R.T.C.
a
realizar
los
trámites necesarios para obtener los servicios telefónicos
CC-1998-625
33
que interesaban. Para los peticionarios ese era el lugar
más idóneo en Mayagüez para expresar su oposición a la
Así lo reconoció el propio foro de
venta de la P.R.T.C.
instancia al expresar que “[era] difícil concebir un mejor
lugar
de
P.R.T.C.
expresión
la
para
informar
manifestación
privatización”.
Más
oficinas
P.R.T.C.
de
la
aun,
a
los
usuarios
de
la
en
contra
de
la
y
la
en
términos
aludidas
venta
funcionales,
constituían
un
las
lugar
público, un predio gubernamental en el cual ni siquiera el
Estado
puede
expresión
prohibir
el
absolutamente.
ejercicio
Cuando
de
la
Empresas
libertad
de
alquiló
los
locales en cuestión a la P.R.T.C., que era entonces una
corporación pública, ésta sabía que no se trataba de un
arrendatario privado sino de una entidad del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
que
estaba
sujeta
a
normas
y
requerimientos distintos a los de un mero cliente privado.
Como bien señaló el tribunal de instancia, si en estas
facilidades
absoluta
que
de
las
cualquier
la
P.R.T.C.
se
manifestaciones
entidad
pueden
públicas,
gubernamental
prohibir
ello
puede
en
forma
significaría
privar
a
sus
empleados u otras personas de llevar a cabo actividades que
están
constitucionalmente
protegidas
sólo
con
alquilar
locales para sus oficinas de servicio al público en centros
comerciales privados, lo que sería intolerable.
A lo señalado en el párrafo anterior hay que añadirle
el
hecho
incontestable
de
que
el
centro
comercial
en
cuestión es un lugar vital para los residentes de la región
CC-1998-625
34
donde se llevan a cabo múltiples y numerosas actividades
comunales y al cual acuden miles de personas diariamente
para atender muchos asuntos importantes.
Al momento de los
hechos del caso de autos, en dicho centro comercial se
ofrecían servicios bancarios, de zapatería, de lavandería,
de farmacia y de librería. Además de numerosas tiendas para
la venta de toda clase de artículos de uso diario, había
allí restaurantes, un supermercado, salones de belleza y
barbería, agencias de viaje, un garaje para la reparación
de vehículos de motor, salas de cine y una estación de
gasolina. Ocupando un predio de terreno que excedía las 100
cuerdas,
dicho
centro
tenía
miles
de
pies
cuadrados
dedicados a los 5,000 espacios de estacionamiento y a las
varias vías para el tránsito peatonal y vehícular que allí
existían.
Se
trata
evidentemente
del
equivalente
contemporáneo del núcleo tradicional de nuestros pueblos,
que ha venido a sustituir la plaza pública, los parques y
las calles principales de éstos como centros de reunión y
de
convivencia
de
las
personas,
y
que
además
lo
hacen
comparable en su carácter cuasi público al “company town”
de Marsh v. Alabama, supra.
No podemos ignorar, además, que los establecimientos
comerciales
de
gran
magnitud,
como
el
que
aquí
nos
concierne, con frecuencia se dedican deliberadamente a la
tarea de realizar distintos tipos de actividades sociales,
culturales y de otra índole con el propósito de fomentar la
visita
continua
del
mayor
número
de
personas
a
dichos
CC-1998-625
35
establecimientos. En gran medida, pues, la sustitución de
los lugares tradicionales de reunión de las personas por
los centros comerciales ha sido el resultado de un empeño
concertado de los dueños de estos centros.
Finalmente, debe tomarse en cuenta el significativo
nexo del Estado con el centro comunal en cuestión. En dicho
centro existía un cuartel de la Policía de Puerto Rico.
Además de las oficinas de la P.R.T.C., que entonces era una
corporación pública, allí existían también otras oficinas
gubernamentales
como
la
de
la
Autoridad
de
Energía
Eléctrica y la del Departamento de Estado. Más aun, como en
todo centro comercial del tamaño del Mayagüez Mall, también
existía allí un contingente de guardias de seguridad, que
tienen autorización del Estado para portar armas y para
velar por el orden y la paz pública en los establecimientos
privados, lo que es una función que tradicionalmente le
compete al Estado. Véase, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129
D.P.R.
1055
(1992).
Estado
con
el
Todos
centro
estos
comercial
numerosos
referido
vínculos
destacan
del
y
fortalecen el carácter que tenía el Mayagüez Mall de ser
funcionalmente equivalente al núcleo vital tradicional de
nuestros pueblos, comparable a un “company town”.
Los
dueños
del
centro
comercial
en
cuestión
han
invocado ante nos su derecho al disfrute de la propiedad
privada como fundamento para la autoridad que reclaman de
prohibir según les plazca la celebración en dichos centros
de actividades como las de los manifestantes en este caso.
CC-1998-625
36
No cabe duda de que el derecho de toda persona al disfrute
de
la
propiedad
está
reconocido
en
la
sección
7
del
Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo,
reiteradamente
hemos
señalado
que
este
derecho
no
es
absoluto, y que cede ante situaciones en las cuales debe
prevalecer
el
bienestar
Velázquez
Velázquez
v.
común
y
E.L.A.,
el
135
interés
D.P.R.
público.
84
(1994);
Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); The Richards
Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978).
Al
referirnos al desarrollo del concepto de propiedad actual
indicamos en The Richards Group v. Junta de Planificación,
supra, a la pág. 35, que:
...la propiedad en las sociedades democráticas
tradicionales
entraña
determinados
derechos,
pero... estos viven en competencia continua con
otros
intereses,
privados
y
públicos,
de
importancia cambiante y en ocasiones creciente.
La extensión de esos derechos y el grado a que
tienen que ceder ante otros valores dependen de
las circunstancias de cada controversia. (Citas
omitidas.)
En
el
caso
de
autos,
las
distintas
mencionadas
antes
aparejan
una
limitación
propiedad
de
Empresas.
Según
hemos
circunstancias
al
derecho
señalado,
el
de
lugar
concreto donde se llevaron a cabo las manifestaciones de
los peticionarios constituía funcionalmente un apéndice o
prolongación de unas facilidades gubernamentales. Más aun,
estas
facilidades
estaban
comercial,
que
tenía
Estado,
que,
además,
y
ubicadas
otros
era
en
un
enorme
vínculos
importantes
análogo
al
núcleo
centro
con
el
vital
de
nuestros pueblos y ciudades. En tales circunstancias, el
CC-1998-625
37
lugar aludido se asemejaba jurídicamente al foro público
tradicional, en el cual no se puede prohibir de manera
absoluta el ejercicio de la libertad de expresión.
Como señalamos antes, los que formularon nuestra Carta
de
Derechos
asegurar
que
nos
impusieron
en
nuestro
la
país
grave
los
responsabilidad
derechos
de
de
expresión
habrán de ejercerse a plenitud, dentro de la más dilatada
libertad. Esa responsabilidad incluye la labor de atemperar
estos
preciados
valores
jurídicos
a
nuestra
cambiante
realidad. Nadie puede negar que la intensa transformación
de
nuestras
comunidades
urbanas
ha
ido
desplazando
inexorablemente los foros públicos tradicionales de modo
tal que aspectos dinámicos de nuestra convivencia y del
diálogo colectivo ocurren con gran frecuencia, no ya en las
plazas
y
parques
públicos
y
en
las
calles
de
nuestras
ciudades, sino en centros como el que aquí nos concierne.
Por ello, si nos aferramos a la realidad del pasado, si
insistimos en que sólo esas plazas, parques y calles son
los foros principales para el ejercicio de la libertad de
expresión, faltaríamos al mandato constitucional. El libre
intercambio
quedarían
democrático
de
ideas
reducidos
se
y
de
la
crítica
pública
entonces
modo
notable.
Nuestro
proceso
empobrecería.
Se
pondría
en
riesgo
“la
discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para
el
cabal
desarrollo
del
ser
humano,
como
para
la
conservación y el sostenimiento del bienestar común...”.
CC-1998-625
38
Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, a la
pág. 161.
En varias ocasiones antes hemos insistido en que al
interpretar
nuestra
Constitución
debemos
garantizar
la
continuada vigencia de sus valores fundamentales frente a
las nuevas realidades del país. Este principio cardinal lo
reafirmamos en Nogueras v. Hndez. Colón, 127 D.P.R. 405,
411 (1990), al señalar que:
“debemos
evitar
que
interpretaciones
inflexibles y el apego a viejos modelos impidan
su aplicabilidad a las eventualidades del futuro
y en pocos años tornen obsoleta una constitución
diseñada para guiar la vida de un pueblo por
varios siglos... ...Tampoco debemos olvidar que
‘el sentido de hoy no es siempre el sentido de
mañana’ [y que l]a interpretación judicial tiene
por su naturaleza una evolución natural para las
distintas épocas.
Pacheco v. Vargas, Alcaide,
120 D.P.R. 404, 410 (1988), y casos allí
citados.”
Ya anteriormente lo habíamos reiterado de manera palmaria
en P.I.P. v C.E.E., 120 D.P.R. 580, 613 (1988), al señalar
que:
“La permanencia y estabilidad de nuestra
Constitución depende, en última instancia, de su
capacidad
para
responder
a
los
distintos
problemas sociales, económicos y políticos a que
se enfrenta el país. Como intérpretes máximos de
este documento no podemos limitar su alcance ni
congelar sus principios a la época en que se
promulgaron.
Al
interpretar
sus
postulados
básicos
nunca
debemos
olvidar
que
‘[u]na
Constitución no establece, ni debe establecer,
normas para la hora que pasa, sino principios
para un futuro que se expande’. B.M. Cardozo, La
naturaleza de la función judicial, Buenos Aires,
Eds. Arayú, 1955, pág. 64.
Hay que evitar pronunciamientos que la
fosilicen y la conviertan en una pieza de museo
de historia.”;
CC-1998-625
39
y en López Vives v. Policía de P.R., supra, al afirmar que:
“al interpretar sus contornos, debemos garantizar
su vigorosidad y relevancia a los problemas
socio-económicos y políticos de nuestro tiempo.”
El cardinal principio aludido lo explicamos con elocuencia
en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 350 (1983),
al señalar respecto a nuestra Constitución que:
“Su vitalidad descansa en su dinamismo. Es
un
documento
que
rebasa
las
preferencias
personales de sus autores y plasma las esperanzas
de
ulteriores
generaciones.
Su
factura
es
moderna,
de
lenguaje
claro
y
sencillo,
susceptible a una continua renovación. No está
escrito en lengua extinta, arduo de descifrar y
referente a asuntos esotéricos. Interpretamos una
Constitución, no los Rollos del Mar Muerto...
...
‘...En buena teoría de adjudicación, además,
los parlamentos no son los únicos agentes de
cambios sociales necesarios. Cuando se trata de
mantener vivo un esquema constitucional, de
conservarlo en buena sintonía con las realidades
del país, es principal deber de la judicatura
propender igualmente a tal fin,... Figueroa
Ferrer [v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 278 (1978)]’”.
Todas
estas
esclarecidas
expresiones
sobre
nuestra
ingente función de interpretar la Constitución de Puerto
Rico a la altura de los tiempos son particularmente ciertas
cuando
se
trata
Constitución
de
la
garantiza
libertad
de
manera
de
expresión,
más
abarcadora
que
esa
y
más
amplia que la Constitución de los Estados Unidos. Ello es
así porque la libertad de expresión tiene una jerarquía sin
par en nuestro ordenamiento constitucional como la piedra
angular
de
nuestro
sistema
de
vida
democrático.
Lo
CC-1998-625
40
señalamos del modo siguiente recientemente en Coss y U.P.R.
v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886 (1995):
“La libertad de expresión es la quinta
esencia de una sociedad democrática. De forma
multidimensional, en la constelación de valores
democráticos, goza de una primacía peculiar. Todo
individuo está en la libertad de poder expresar
sus opiniones según su conciencia. Esta libertad
intenta
proteger
jurídicamente
el
libre
desenvolvimiento de la personalidad a través de
los
medios
más
eficaces
y
habituales
de
exteriorización de los contenidos de conciencia.”
(Citas omitidas; énfasis suplido).
Nos compete asegurar que esta preclara concepción de la
libertad
de
expresión
no
sea
mera
retórica.
Tenemos
el
deber de hacerla valer plenamente frente a las cambiantes
realidades
del
país
y
evitar
así
que
pueda
convertirse
gradualmente en sólo una vivencia del pasado.
En resumen, pues, la proyección contemporánea de la
amplia libertad de expresión que garantiza nuestra propia
Constitución
nos
requiere
resolver
que
esa
libertad
tan
preeminente no puede conculcarse de modo absoluto en un
lugar como el que aquí nos concierne concretamente, que por
sus características medulares se asemeja jurídicamente al
foro público tradicional. En lugares tan particulares como
el referido, los dueños de la propiedad pueden establecer
normas vinculantes sobre el tiempo, el espacio y el modo de
expresarse, a fin de que no se afecten sustancialmente las
actividades legítimas del establecimiento.
puede
hacer
es
prohibir
absolutamente
Lo que no se
la
libertad
de
expresión, que es esencial para la discusión pública de
temas tan importantes como el de este caso.
CC-1998-625
41
Estamos conscientes de que un centro mercantil como el
del
caso
de
autos,
a
pesar
de
ser
funcionalmente
el
equivalente del antiguo núcleo vital de nuestros pueblos,
sigue siendo una propiedad privada dedicada al comercio.
Por ello, sus dueños pueden limitar la actividad expresiva
en el centro a aquella que sea razonablemente compatible
con
los
objetivos
comerciales
para
los
cuales
éste
se
estableció. Pueden reglamentar el tiempo, el lugar y la
manera
de
la
expresión
de
modo
que
no
se
alteren
sustancialmente las actividades comerciales. Pueden evitar
que manifestaciones como las del caso de autos lleguen a
constituir un entorpecimiento real y serio de las prácticas
comerciales de negocios aledaños. Lo que los dueños del
centro no pueden hacer es prohibir en forma absoluta las
actividades de expresión. Como en tantas otras ocasiones en
el
ámbito
lograr
jurídico,
un
balance
la
clave
en
este
entre
los
intereses
asunto
en
radica
en
conflicto:
la
libertad de expresión de los manifestantes, por un lado, y
el
derecho
de
los
dueños
de
la
empresa
a
conducir
sus
negocios sin interferencias injustificadas, por otro. La
razonabilidad de las restricciones que impongan los dueños
dependerá de las circunstancias particulares de cada caso,
que los tribunales deberán sopesar de surgir conflictos.
Mari Brás v. Casañas, supra, a la pág. 21.
Los
dueños
circunscribir
aquí
no
tenían
razonablemente
la
normas
escritas
conducta
de
para
los
manifestantes. Por el contrario, las facilidades al centro
CC-1998-625
42
comercial habían sido usadas antes para la divulgación de
información con fines no comerciales.
no
estaban
en
posición
manifestaciones
de
pacíficas
prohibir
y
Con ese trasfondo,
de
ordenadas
ningún
modo
las
que
aquí
nos
conciernen. Resolvemos, pues, que no procedía el interdicto
preliminar solicitado por Empresas.
al
conceder
dicho
manifestantes
a
interdicto,
cesar
y
Erró el foro apelativo
y
desistir
al
ordenar
a
los
absolutamente
de
sus
actividades.
VI
Por
los
pronunciamientos
antes
expuestos,
procede
revocar la referida sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones
y,
en
su
lugar,
reinstalar
el
dictamen
del
Tribunal de Primera Instancia.
Se dictará sentencia conforme a lo señalado.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
CC-1998-625
43
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Empresas Puertorriqueñas de
Desarrollo, Inc.
Demandante-Recurrido
vs.
CC-1998-625
Certiorari
Hermandad Independiente de
Empleados Telefónicos y Otros
Demandados-Recurrentes
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
sentencia, se revoca la del Tribunal de Circuito de
Apelaciones y, en su lugar, se reinstala el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Corrada del Río emitió opinión disidente en parte y
concurrente en parte. El Juez Asociado señor Rebollo
López no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-1998-625
44
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Empresas Puertorriqueñas de
Desarrollo, Inc.
Demandante-Recurrido
v.
CC-1998-625
Hermandad Independiente de
Empleados Telefónicos y Otros
Demandados-Recurrentes
Opinión Disidente en parte y Concurrente en parte emitida por el Juez
Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico a 11 de mayo de 2000.
Disiento de la Opinión de la mayoría en este caso por entender que la
controversia ante nos se tornó académica, por lo cual este Tribunal
está emitiendo una opinión consultiva; en los méritos, concurro con
el resultado por fundamentos que no coinciden completamente con la
opinión mayoritaria.
I
La academicidad es una doctrina de autolimitación judicial que mira
hacia
la
determinar
relación
entre
eventos
pasados
y
el
si
aún
existe
un
caso
caso
actual
para
o
controversia
CC-1998-625
45
que satisfaga los requisitos de justiciabilidad. Un caso se
torna académico cuando, por el paso del tiempo, ha perdido su
característica
manera
que
de
su
ser
una
controversia
resolución
se
presente
convertiría
en
y
viva,
una
de
opinión
consultiva. Uno de los elementos esenciales de una controversia
real
lo
constituye
el
interés
opuesto
o
antagónico
de
las
partes.6
La academicidad constituye una de las manifestaciones concretas
del concepto “justiciabilidad”, que, a su vez, acota los límites
de la función judicial. C.E.E. v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R.
927,
934
(1993).
controversia
En
todos
genuina
y
los
viva,
casos,
en
la
tiene
cual
que
estén
haber
una
presentes
intereses opuestos, y que al ser resuelta afecte las relaciones
jurídicas de los litigantes.
Por lo tanto, los tribunales no están constituidos con el fin de
resolver cuestiones de derecho especulativas y abstractas, o
para
establecer
reglas
que
sirvan
de
normas
futuras
a
las
personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están
limitados en su acción judicial a las verdaderas controversias
en que necesariamente están envueltos los derechos legales de
las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente. E.L.A.
v. Aguayo, 80 D.P.R. 554, 583, nota 30 (1958).
Los fundamentos para sostener la doctrina de academicidad son, a
saber: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales;
(2)
asegurar
controversias
suficiente
contienda
para
sean
que
adversativa
competente
y
sobre
las
vigorosamente
presentados ambos lados, y (3) evitar un precedente innecesario.
Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).
No obstante, la jurisprudencia ha reconocido varias situaciones
en
que,
6
a
manera
de
excepción,
no
aplica
la
doctrina
de
Raul Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados
Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I,
CC-1998-625
46
academicidad. Entre otros, se trata de aquellos casos en que,
(1) se plantea una cuestión capaz de repetirse, y que por su
naturaleza evade o hace muy difícil dilucidarla nuevamente ante
los tribunales; (2) donde la situación de hecho ha sido cambiada
por el demandado pero que no tiene visos de permanencia, o (3)
aquellos
casos
que
aparentan
ser
académicos,
pero
que
en
realidad no lo son por sus consecuencias colaterales.7
En el presente caso, la mayoría entiende que no estamos ante una
controversia
académica
repetirse
es
y
ya
probable
que
que
la
misma
evada
la
es
susceptible
jurisdicción
de
de
los
tribunales. No podemos concurrir.
Los casos federales principales que abordan esta excepción a la
doctrina de academicidad son: De Funis v. Odegaard, 416 U.S. 312
(1974) y Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). En De Funis, supra,
el peticionario solicitó admisión a una escuela de derecho y le
fue denegada. Instó una acción civil impugnando los criterios de
admisión de dicha universidad y alegó que se discriminaba contra
él por razón de raza y que también se violaba el debido proceso
de
ley.
El
tribunal
de
instancia
concedió
un
injunction
obligando a la escuela a matricular al demandante, hasta que se
dictase sentencia final y firme en el caso, el cual fue apelado
hasta
el
Tribunal
Supremo
federal.
Para
esa
fecha
el
peticionario cursaba su tercer y último año de derecho. Allí, el
Tribunal Supremo federal no entró en los méritos del caso y
sostuvo que éste era académico, ya que para la fecha en que se
hubiese decidido en su fondo, el peticionario habría conseguido
el remedio que ahora le solicitaba al Tribunal. En este caso el
Tribunal
entendió
que,
de
la
universidad
no
modificar
su
criterio de admisión y éste se impugnara en el futuro, dicho
pág. 104.
7
Íd., a la pág. 122.
CC-1998-625
47
Tribunal podría resolver con la rapidez necesaria para evitar la
academicidad.
En Roe v. Wade, supra, se impugnó la constitucionalidad de las
leyes penales de Texas que prohibían el aborto. Allí el Tribunal
Supremo federal rechazó el planteamiento de academicidad ya que
el
período
de
gestación
embrionaria
en
los
seres
humanos
solamente dura 266 días y en todos los casos el embarazo siempre
terminaría antes de completarse el proceso de apelación. Razonó
que un pleito sobre un embarazo jamás sobreviviría las etapas de
un
juicio
y
se
le
judicial.
Es
decir,
denegaría
aquí
se
a
todo
aplicó
la
apelante
la
excepción
revisión
de
que
la
controversia es “susceptible de repetición, pero que elude la
jurisdicción”.
Por
lo
que
aplicación
hemos
de
la
discutido,
es
razonable
referida
excepción
a
concluir
la
que
la
doctrina
de
academicidad se da en la situación en que hay una “expectativa
razonable” o una “probabilidad
demostrable” de que la misma
controversia recurrirá envolviendo a la misma parte promovente.8
Así también lo afirma Tribe, al explicar esta excepción:
Under this doctrine, in the absence of a
claim for class treatment, a litigant must
establish that: “(1) the challenged action
[is] in its duration too short to be fully
litigated
prior
to
its
cesation
or
expiration, and (2) there [is] reasonable
expectation that the same complaining party
[will] be subjected to the same action
again.”9
Mediante este análisis el Tribunal no tuvo la intención de
concluir que una mera posibilidad física o teórica era
suficiente para satisfacer dicho análisis. Murphy v. Hunt, 455
U.S. 478, 482 (1981). Si así fuera, cualquier asunto de corta
duración sería revisable, eludiendo la doctrina de academicidad.
Íd. Por el contrario, el Tribunal Supremo federal ha resuelto
que debe existir una probabilidad razonable o demostrada de que
la misma controversia es capaz de recurrir, involucrando a la
misma parte promovente. Íd. Es decir, para que esta excepción
8
9
Íd, a la pág. 123.
L.H. Tribe, American Constitutional Law, Ed. Foundation
Press, Nueva York, 2da. Ed., 1988, págs. 84-85, citando a
Weinsten v. Bradford, 423 U.S. 147, 149 (1975).
CC-1998-625
48
aplique es necesario que se satisfagan ambos factores:
probabilidad de recurrencia que involucre a la misma parte
promovente, y probabilidad demostrada o expectativa razonable de
que, de recurrir la controversia nuevamente, se tornará
académica. No es posible concebir “otros protagonistas” ni
adjudicarle una interpretación laxa a lo que constituye la
“misma controversia”, ya que existe el peligro de que la
excepción se trague la regla.10
En C.E.E. v. Dpto. de Estado, supra, el Juez Asociado
Hernández Denton abordó esta excepción en su opinión concurrente
y le imprimió la importancia debida a los requisitos de que
“probablemente se repita; a la misma parte promovente, y que
evite revisión por razones temporales.”11
II
Evaluado el expediente del caso de marras surge que no
existe ninguna controversia a resolver entre las partes. Además,
no nos encontramos ante una de las excepciones a la aplicación
de la doctrina de academicidad. La empresa recurrente aduce que
la excepción anteriormente
discutida
es
aplicable al
presente asunto y que por lo tanto el tribunal de instancia
debió haber emitido la orden interdictal solicitada. No nos
persuade.
Es inescapable concluir que el caso de entredicho
preliminar presentado por la recurrente se tornó académico, toda
vez que los hechos que dieron lugar a dicha solicitud cesaron.
La protesta realizada por los recurrentes tenía el propósito de
evitar la venta de acciones de la PRTC a la empresa privada, la
cual ya se llevó a cabo. La intención del entredicho preliminar
–que es el asunto pendiente ante nos- era evitar que los
manifestantes realizaran su protesta dentro de los predios del
Mayagüez Mall. Tal propósito ya no está presente. Siendo una
realidad indiscutible la referida venta, el remedio perseguido
por los recurrentes ya no posee vigencia alguna. Por lo tanto,
al igual que en De Funis, supra, nos enfrentamos a un caso en
que la recurrente obtuvo el remedio que buscaba con el
entredicho preliminar: que los manifestantes salieran de sus
predios.
Más importante aún, la empresa promovente del remedio
extraordinario de entredicho preliminar, no ha demostrado la
probabilidad o la expectativa razonable de que el asunto o
situación que dio lugar a la presente controversia se repita
nuevamente y, que de recurrir, evada la revisión judicial.
Como expusiéramos anteriormente, la mera posibilidad física
o teórica de que recurra la situación y de que evada la revisión
judicial, no es suficiente para satisfacer el análisis
establecido por el Tribunal Supremo federal y avalado por
nuestra jurisdicción. Murphy v. Hunt, supra. Es por ello que un
caso en el cual se solicite un remedio interdictal, se puede
tornar académico cuando la condición impugnada es de duración
limitada y cesa de existir antes de su revisión final. Tribe,
supra, a las págs. 83-84.
Es menester resaltar, que en la controversia particular
ante nos, los procedimientos de injunction permanente llevados a
cabo ante el Tribunal de Primera Instancia fueron desestimados
por razón de academicidad el 2 de agosto de 1999. Dicho dictamen
fue confirmado por el Tribunal de Circuito de Apelaciones
mediante
sentencia
de
27
de
marzo
de
2000.
Empresas
Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. presentó un recurso de
10
J.J. Alvarez González, Derecho Constitucional, 61 (Núm.
4) Rev. Jur. U.P.R. 637, 666 (1992).
11
C.E.E. v. Dpto. de Estado, supra, a la pág. 946.
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49
certiorari ante nos, CC-2000-398, el cual está pendiente de ser
considerado. Cabe preguntarnos, si los procedimientos sobre
injunction permanente fueron correctamente desestimados por
razón de academicidad, ¿cómo vamos a entender y a resolver que
el entredicho preliminar no es académico? Lo que hace la mayoría
al resolver este caso, es emitir una opinión consultiva a la
recurrida en torno a la legalidad y legitimidad de protestas o
demostraciones en los predios de su centro comercial.
III
Dado el criterio erróneo de la mayoría de que éste caso no
es académico, nos vemos precisados a examinar los méritos del
importante asunto ante nuestra consideración.
La Primera Enmienda de la Constitución federal dispone:
Congress shall make no law respecting an
establishment of religion, or prohibiting the
free excercise thereof; or abridging the
freedom of speech or of the press; or the
right of the people peaceably to assemble,
and to petition the government for a redress
of grievances.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dispone, en la sección 4, Artículo II, que “no se aprobará ley
alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el
derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al
gobierno la reparación de agravios.”
Este derecho a la libre expresión –al igual que todos los
derechos individuales esbozados en la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (con excepción del derecho a la
intimidad) y en la Constitución federal- es oponible únicamente
contra
el
estado.
Es
decir,
los
derechos
individuales
constituyen limitaciones al ejercicio de los poderes del estado
y no a las actuaciones privadas. Por consiguiente, es un
requisito indispensable que exista una “actuación del estado”
(state action) que amenace o restrinja un derecho individual
para que proceda plantear judicialmente alguna violación de un
derecho constitucional.12
Una situación particular en la que se pueden reivindicar
derechos constitucionales individuales ante partes privadas es
cuando se mezclan actos privados y públicos. Esta doctrina es
conocida como “doctrina del nexo entre el estado y la actuación
privada.”13
Se establece la relación conforme a cuatro variedades de
nexos o contactos con el estado, a saber: “otorgamiento de
licencias a la empresa privada y su reglamentación por el
Estado; beneficios mutuos de la empresa privada con el Estado;
ayudas y subsidios por el Estado a la empresa privada; y uso de
facilidades públicas por la empresa privada.”14 Sin embargo, no
existe una fórmula precisa, realizándose el análisis caso a
caso.15
Al amparo de la Primera Enmienda federal se ha desarrollado
la doctrina del foro público, que parte de la premisa de que no
hay un derecho absoluto a ejercer la libertad de expresión en la
12
Serrano Geyls, supra, Vol. II, pág. 799.
13
Íd a la pág. 809.
14
Íd.
15
Íd.
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50
propiedad pública. El mero hecho de que la gente pueda entrar y
salir libremente no convierte automáticamente la propiedad
pública en un foro público. United States v. Grace, 461 U.S.
171, 177-178 (1983).
Entre los tipos de propiedad pública se destaca el foro
público tradicional, el cual, por tradición, ha sido destinado a
la reunión pacífica y al debate público, tales como calles,
aceras y parques. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’, 460
U.S. 37 (1983). Así lo reconocimos en U.N.T.S. v. Srio. de
Salud, 133 D.P.R. 153, 163 (1993), y adoptamos el análisis
establecido en Perry, supra.
En los foros públicos tradicionales, el estado no puede
prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de
palabra. Sólo podrá reglamentar el tiempo, lugar y modo de
expresarse, siempre que la reglamentación sea neutral al
contenido de la expresión, responda a un interés gubernamental
significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para
alcanzar su objetivo y deje abiertas alternativas para la
expresión. Perry, supra, a la pág. 46.
El segundo grupo lo componen los foros públicos por
designación. Los constituyen aquellas propiedades públicas que
el estado ha abierto a la actividad expresiva. Una vez abiertos,
aplican en éstos las mismas limitaciones al poder gubernamental
de reglamentar la expresión que se emplean en los foros públicos
tradicionales. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, a la pág. 163.
La tercera categoría la componen los foros no públicos. Son
aquellas propiedades públicas que no son ni foros públicos
tradicionales ni foros públicos por designación. Íd, a la pág.
164. En estos lugares, la protección a la libertad de expresión
es menor, ya que el estado puede limitar la actividad expresiva
a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue
creada esta propiedad pública. Íd. La reglamentación de la
expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene
que ser la única ni la más razonable, neutral en cuanto a puntos
de vista y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir
la expresión. Íd.
Al interpretar situaciones como la presente, el Tribunal
Supremo federal, en Scott Hudgens v. N.L.R.B., 424 U.S. 507
(1976),
concluyó
que
un
centro
comercial
no
tiene
la
equivalencia funcional a un foro público. Así también, en Lloyd
Corporation, Ltd. v. Donald Tanner, 407 U.S. 551 (1972), el
Tribunal Supremo federal determinó que la operación del centro
comercial dirigida al uso público, no significa que tal
propiedad privada esté expuesta al ejercicio de los derechos
garantizados por la Primera Enmienda de los visitantes a sus
facilidades dentro de las mismas, cuando tales expresiones no
tienen relación con sus operaciones. Concluyó, que los centros
comerciales no pierden su carácter privado y su protección bajo
la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos –de disfrutar su propiedad- meramente porque el público
es generalmente invitado a usar esas facilidades con el
propósito de hacer negocios con los inquilinos del centro
comercial.
Como expone la mayoría, en Pruneyard Shopping Center v.
Robins, 447 U.S. 74 (1980), el Tribunal Supremo de Estados
Unidos reiteró la facultad de un tribunal supremo estatal, a la
luz de la Constitución de ese estado, de ampliar la protección
de los derechos constitucionales que confiere la Constitución
federal. Añadió que al ejercer esa función, un estado puede
imponer válidamente restricciones razonables a los derechos de
propiedad privada siempre que con ello no contravenga alguna de
las protecciones específicas conferidas por la Constitución
federal.
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51
De esta forma, estados como California y Colorado han
resuelto que sus constituciones garantizan el derecho a la
libertad
de
expresión
en
centros
comerciales
privados.
Específicamente, el Tribunal Supremo de Colorado, en Bock v.
Westminster Mall, 819 P.2d 55 (Col. 1991), determinó que la
participación económica del estado en el desarrollo del centro
comercial
y
la
presencia
en
éste
de
varias
agencias
gubernamentales constituían suficiente intervención del estado
en la operación de dicho centro como para activar la cláusula
constitucional estatal de libertad de expresión. Determinó que
el centro comercial se había convertido para todo fin práctico
en un foro público.
Haciéndose eco de estas expresiones y fundamentándose en
que nuestra Constitución es de factura más ancha que la federal,
la mayoría virtualmente le confiere al centro comercial en
cuestión categoría de foro público tradicional, cometiendo un
grave
error,
ya
que
al
considerar
la
validez
de
la
reglamentación
del
ejercicio
del
derecho
a
expresarse
libremente, hay que distinguir entre la propiedad pública con
carácter de foro público y otros tipos de propiedad.
En el presente caso estamos ante propiedad privada, en la
cual es arrendatario el estado. El mero hecho de que haya
oficinas de servicio del gobierno en un centro comercial
privado, no puede conferirle a dicho centro carácter de foro
público tradicional. La mayoría –citando a J.A.D.M. v. Centro
Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1992)- le confiere
virtualmente cualidad de foro público tradicional al centro
comercial privado, ya que dichos centros han ido sustituyendo
las plazas públicas y otros lugares tradicionales como centros
de reunión.16 Nuestras expresiones en J.A.D.M., supra, no
tuvieron el efecto que le atribuye la mayoría.
Al resolver como lo hace hoy, la mayoría no visualiza las
consecuencias jurídicas que acarrea su ratio decidendi. En
primer lugar, equiparar un centro comercial privado a una plaza
pública, coloca aquella propiedad en la misma situación en que
se encuentran los foros públicos tradicionales, donde no puede
prohibirse
de
manera
absoluta
la
expresión,
ni
pueden
establecerse clasificaciones por razón del contenido del
mensaje. Es decir, le impone a la propiedad privada un análisis
más oneroso que a aquellas propiedades públicas que constituyen
foros no públicos, tales como las escuelas y los hospitales.
Véase: U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra. Ello en contra de lo
resuelto por el Tribunal Supremo federal en Scott Hudgens v.
N.L.R.B., supra, en el cual se expresó que un centro comercial
no tiene la equivalencia funcional a un foro público.
En segundo lugar, existe un conflicto de libertad de
expresión versus el derecho al disfrute de la propiedad. La
decisión de la mayoría despacha el derecho al disfrute de la
propiedad que tiene la recurrida, Empresas Puertorriqueñas, con
el hecho de que las circunstancias del presente caso aparejan
una limitación a ese derecho. Pero realmente, no se lleva a cabo
un juicio valorativo de ambos intereses contrapuestos, ni se
visualizan las serias limitaciones al derecho al disfrute de la
propiedad de la recurrida.
Es meritorio precisar, que el antedicho balance ha sido
adoptado por algunas jurisdicciones que han eliminado el
requisito de “acción estatal” en relación con los derechos bajo
la Primera Enmienda. Así el Tribunal Supremo de New Jersey, en
New Jersey Coalition Against War in the Middle East v. J.M.B.
Realty Corp., 650 A. 2d 757 (N.J. 1994) adoptó un análisis para
balancear los intereses de libertad de expresión con el derecho
16
Opinión del Tribunal, a las págs. 28 y 29.
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52
al disfrute de la propiedad de los dueños de un centro
comercial. Dispuso que se deben tomar en consideración: (1) la
naturaleza, propósito y uso primario de la propiedad; es decir
su uso normal; (2) el alcance y naturaleza de la invitación al
público para utilizar la propiedad, y (3) el propósito de la
actividad de expresión llevada a cabo en relación con los usos
tanto privados como públicos de la propiedad. Íd., a la pág.
771.
En el presente caso la mayoría debió realizar un análisis
balanceado entre los intereses contrapuestos. A contrario sensu
obvió, que el hecho de que exista un nexo entre el centro
comercial y el estado, no es óbice para conferirle categoría de
foro no público, en donde la libertad de expresión se garantiza,
pero de forma menos onerosa para la recurrida, ya que ésta podrá
limitar las actividades expresivas a aquéllas que sean
compatibles con el objetivo para el cual fue creada su
propiedad. Así lo resolvimos en U.N.T.S v. Srio., supra, en
donde sin duda había “actuación del estado” y se limitó el
derecho a la libre expresión en un hospital público. También
hemos
limitado
la
libertad
de
expresión
en
predios
residenciales, E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436
(1975) y en las escuelas, Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109
D.P.R. 251 (1979).
IV
Concluimos, que en un centro comercial privado, en el cual
se
encuentran
ubicadas
oficinas
gubernamentales,
existe
“actuación del estado” cuando nos enfrentamos al derecho de
libertad de expresión. No por ello, se trata de un foro público
tradicional, sino de un foro no público, en el cual se podrá
limitar la libertad de expresión más allá de tiempo, lugar y
modo, así como limitarse las actividades expresivas a aquéllas
que sean compatibles con el objetivo para el cual fue creada la
propiedad.
A tenor, si un centro comercial privado decide arrendarle
espacios al estado, tendrá que permitir que, en una forma
ordenada y reglamentada por dicho centro, se lleven a cabo
manifestaciones que estén relacionadas con los servicios o
actuaciones que lleva a cabo dicha institución gubernamental,
sin menoscabar el derecho al disfrute de la propiedad que tienen
los propietarios de dicho centro.
Se trata de armonizar, en este caso específico, el derecho
a la libertad de expresión con el derecho al disfrute de la
propiedad. Es decir, se trata de un justo balance de intereses
entre los que desean hacer una expresión en torno a las
actividades realizadas por las instituciones gubernamentales y
los derechos afectados por dicha actividad. Después de todo,
nuestra Constitución garantiza tanto el derecho a la libre
expresión como el derecho al disfrute de la propiedad. Este
último no puede ser limitado al máximo como pretende la opinión
mayoritaria. El análisis tiene que salvaguardar ambos derechos.
Por tales motivos concurrimos limitadamente con las Partes
III, IV y V de la opinión mayoritaria de este Tribunal.
Modificaríamos el dictamen del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, en vez de revocarlo, para atemperarlo a las normas
contenidas en nuestra opinión.
Baltasar Corrada del Río
Juez Asociado