Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
2000 TSPR 68
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivette Montañez Rivera
Recurrida
Certiorari
v.
2000 TSPR 68
Policía de Puerto Rico
Peticionario
Número del Caso: CC-1999-0250
Fecha: 03/05/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Panel Integrado por:
Hon. Alfonso de Cumpiano
Hon. Giménez Muñoz
Hon. Miranda de Hostos
Abogado del Peticionario:
Lcdo. Javier I. Pérez Suárez
Oficina del Procurador General
Lcdo. Angel M. Rivera Rivera
Procurador General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Edgardo Cortés Morales
Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivette Montañez Rivera
Demandante-recurrido
vs.
CC-99-250
CERTIORARI
Policía de Puerto Rico
Demandado-peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO
LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2000
El 12 de noviembre de 1996 la recurrida, Sra. Ivette
Montañez Rivera, sometió ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones un “Escrito de Apelación”1 para que revisara
una determinación de JASAP, confirmatoria la misma de una
decisión de la Policía de Puerto Rico de no concederle
admisión
al
cuerpo
ni
acceso
a
la
información
confidencial justificativa de dicho rechazo. El “Escrito
de Apelación”, según se desprende de la certificación de
envío, fue notificado al abogado de la Policía. No se
notificó del mismo a JASAP.
1
Realmente se trataba de un recurso de revisión judicial
de una decisión administrativa.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió sentencia el 22 de
abril de 1997, archivándose en autos copia de la notificación de la
misma el día 15 de mayo de 1997, mediante la cual falló en favor de la
Sra.
Montañez
Rivera.
De
esa
sentencia,
la
Policía
de
Puerto
Rico
recurrió ante este Tribunal, siendo denegada la petición de certiorari
el 18 de julio de 1997.
El
26
de
septiembre
de
1997,
JASAP
solicitó
del
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones reconsideración y/o relevo de la sentencia que
había
emitido
en
el
caso
y
cuya
revisión
fuera
denegada
por
este
Tribunal. En síntesis, alegó que todo el proceso judicial de la causa
estaba viciado fatalmente de nulidad debido a que la Sra. Montañez
Rivera no le había notificado del trámite de revisión judicial ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones; solicitud de reconsideración y/o
de relevo de sentencia a la que se unió, o hizo suya, la Oficina del
Procurador General de Puerto Rico en escrito de fecha 22 de octubre de
1997. La misma fue denegada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones2.
De esa denegatoria, compareció ante este Tribunal la Policía de
Puerto Rico, representada por el Procurador General, imputándole al
Tribunal de Circuito de Apelaciones haber errado al rehusar dejar sin
efecto una sentencia nula por falta de jurisdicción. Expedimos el auto
2
En la Resolución que a esos efectos emitiera, de fecha 26 de febrero
de 1999, el foro apelativo intermedio señaló, en primer término y en lo
pertinente, que:
"Esta moción de JASAP [la de relevo] se presentó, por
primera vez, luego de que el Procurador General representando
a la Policía se había sometido a nuestra jurisdicción,
alegando que el recurso aunque titulado como apelación era una
revisión, después de emitida nuestra sentencia y de haber
acudido al Tribunal Supremo,
sin cuestionar la jurisdicción. En resumen, luego de haber
transcurrido un (1) año de haberse tramitado al recurso en
todas las etapas revisoras."
En vista a lo antes
Apelaciones concluyó que:
expuesto,
el
Tribunal
de
Circuito
"..., dadas las circunstancias particulares, no procede
ordenar el relevo de sentencia, luego de haber transcurrido
más de un (1) año de emitida, pues la parte recurrida [la
de
de certiorari. Estando en condiciones de resolver el mismo, procedemos
a así hacerlo.
I
En Olmeda Díaz v. Departamento de Justicia, res. el 27 de junio de
1997, 143 D.P.R.___ (1997), este Tribunal se enfrentó a una situación
análoga a la del caso de autos. Allí señalamos que el Artículo 6 de la
Ley Núm. 247 de 25 de diciembre de 19953 específicamente enmendó el
trámite de los casos de revisión administrativa para establecer no solo
que una parte adversamente afectada por una decisión de una agencia u
organismo apelativo puede solicitar al
Tribunal de Circuito de Apelaciones que revise la decisión dentro de un
término de treinta días sino que para establecer que la solicitud de
revisión tiene que notificarse a todas las partes, y a la agencia
concernida,
dentro
del
plazo
dispuesto
por
ley
para
solicitar
la
revisión judicial.
La notificación antes mencionada es de carácter jurisdiccional. En
lo que concierne al caso hoy ante nuestra consideración, ello tiene la
consecuencia
de
revisar
determinación
una
que
el
foro
de
judicial
carece
JASAP
los
en
de
casos
jurisdicción
en
que
no
para
se
ha
notificado a dicha agencia con copia del recurso de revisión judicial
dentro del plazo señalado.
II
Conforme surge de la relación que de los hechos hiciéramos, fueron
dos
(2)
los
fundamentos
aducidos
por
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones en apoyo de su negativa a conceder el relevo de sentencia
solicitado, a saber: que la referida solicitud de relevo fue sometida
ante
su
consideración
"luego
de
haber
transcurrido
un
(1)
año
de
haberse tramitado el recurso en todas las etapas revisoras" y por el
Policía de Puerto Rico] no impugnó nuestra jurisdicción ni la
del Tribunal Supremo para que se dilucidara la controversia."
3
3 L.P.R.A. Sec. 2172.
hecho de que la Policía de Puerto Rico nunca impugnó la jurisdicción de
los foros apelativos.
Aparte
del
hecho
de
que
es
erróneo
el
señalamiento
del
foro
apelativo intermedio, a los efectos de que la solicitud de relevo de
sentencia
fue
presentada
fuera
del
término
de
seis
(6)
meses
que
establece la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil4 --pues de
los autos claramente surge que copia de la sentencia emitida por el
Tribunal de Circuito, con fecha del 22 de abril de 1997, fue archivada
en autos el 15 de mayo de 1997 y que JASAP radicó la moción de relevo
el 26 de septiembre del mencionado año-- dicho señalamiento es uno
realmente inconsecuente e irrelevante en vista de que dicha disposición
reglamentaria, por los fundamentos que expondremos, no es realmente
aplicable a los hechos del caso ante nuestra consideración.
Resulta necesario puntualizar que, en estricto derecho, únicamente
lo "anulable" puede ser objeto de "relevo" por el tribunal al amparo de
las disposiciones de la antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil;
ello en vista del hecho de que lo "anulable" es una identidad real bajo
el palio de lo jurídico. Debe quedar claro, sin embargo, que lo que es
"nulo" no puede ser objeto de "relevo" de parte de un tribunal pues lo
nulo
nunca
tuvo
eficacia
alguna,
nunca
"nació"
en
derecho,
nunca
existió.
Una sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una
sentencia
nula
en
derecho
y,
por
lo
tanto,
inexistente.
4
Establece la citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, en lo
pertinente, que:
"Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento
por las siguientes razones:
[...]
(4) Nulidad de sentencia;
[...]
La moción se presentará dentro de un término razonable,
pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de
haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a
cabo el procedimiento. [...]”
En
consecuencia,
debe
quedar
claro
que
cuando
la
Regla
49.2
habla
de
"nulidad" de una sentencia hemos de entender que necesariamente se
refiere a casos de "anulabilidad". En otras palabras, el plazo de seis
(6) meses que establece la citada Regla 49.2 es inoperante ante una
sentencia "nula", no así ante una alegación de "anulabilidad" de una
sentencia.
Dicho
de
otra
forma,
la
discreción
que
tiene
un
tribunal,
al
amparo de las disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,
para
relevar
a
una
parte
de
los
efectos
de
una
sentencia
resulta
inaplicable cuando se trata de una sentencia que es "nula"; si es nula,
no hay discreción para el relevo, hay obligación de decretarla nula.
Véase: Banco Santander P.R v. Fajardo Farms Corp., res. el 28 de junio
de 1996; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979).
Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que ante la certeza
de
nulidad
inexistencia
de
una
sentencia,
jurídica;
ello
resulta
mandatorio
declarar
del
de
independientemente
hecho
que
su
la
solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado el
plazo de seis (6) meses establecido en la antes citada Regla 49.2 de
Procedimiento Civil. En el presente caso, como hemos visto, dicho plazo
no había transcurrido, situación que, dados los hechos específicos del
caso, resulta totalmente inmaterial.
No habiendo la Sra. Martínez Rivera notificado a JASAP del recurso
de
revisión
judicial
que
radicara
ante
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, en revisión de la decisión que dicha agencia emitió en el
caso, y siendo dicho requisito uno de carácter jurisdiccional, procede
declarar
la
revisión
administrativa
nulidad
de
la
sentencia
emitiera
el
que
en
dicho
referido
procedimiento
tribunal
de
apelativo
intermedio por razón de que dicho foro judicial carecía de jurisdicción
para entender en el mismo; procediendo la devolución del caso al foro
administrativo para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
resuelto5.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
5
Nos abstenemos de discutir el segundo de los fundamentos, aducidos por
el Tribunal de Circuito de Apelaciones en apoyo de su negativa a
decretar la nulidad de la sentencia que emitiera, esto es, el hecho de
que la Policía de Puerto Rico no impugnó la jurisdicción de dicho foro
apelativo al originalmente comparecer ante el mismo. Basta con señalar
que una parte no le puede "suplir" jurisdicción a un tribunal en un
caso determinado cuando dicho foro carece de esa jurisdicción, mucho
menos "por omisión".
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ivette Montañez Rivera
Demandante-recurrido
CC-99-250
vs.
CERTIORARI
Policía de Puerto Rico
Demandado-peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se dicta Sentencia declarando
la nulidad de la sentencia que emitiera el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, con fecha de 22 de abril de
1997, por razón de que dicho foro judicial carecía de
jurisdicción para entender en el procedimiento de
revisión administrativa en controversia; procediendo la
devolución del caso al foro administrativo para
procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor Andréu García no intervino. La Juez Asociada
señora Naveira de Rodón concurre en el resultado sin
opinión
escrita.
El
Juez
Asociado
señor
Fuster
Berlingeri disiente sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo