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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

2000 TSPR 68

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ivette Montañez Rivera

Recurrida

Certiorari

v.

2000 TSPR 68

Policía de Puerto Rico

Peticionario

Número del Caso: CC-1999-0250

Fecha: 03/05/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Panel Integrado por:

Hon. Alfonso de Cumpiano

Hon. Giménez Muñoz

Hon. Miranda de Hostos

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Javier I. Pérez Suárez

Oficina del Procurador General

Lcdo. Angel M. Rivera Rivera

Procurador General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Edgardo Cortés Morales

Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ivette Montañez Rivera

Demandante-recurrido

vs.

CC-99-250

CERTIORARI

Policía de Puerto Rico

Demandado-peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO

LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2000

El 12 de noviembre de 1996 la recurrida, Sra. Ivette

Montañez Rivera, sometió ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones un “Escrito de Apelación”1 para que revisara

una determinación de JASAP, confirmatoria la misma de una

decisión de la Policía de Puerto Rico de no concederle

admisión

al

cuerpo

ni

acceso

a

la

información

confidencial justificativa de dicho rechazo. El “Escrito

de Apelación”, según se desprende de la certificación de

envío, fue notificado al abogado de la Policía. No se

notificó del mismo a JASAP.

1

Realmente se trataba de un recurso de revisión judicial

de una decisión administrativa.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió sentencia el 22 de

abril de 1997, archivándose en autos copia de la notificación de la

misma el día 15 de mayo de 1997, mediante la cual falló en favor de la

Sra.

Montañez

Rivera.

De

esa

sentencia,

la

Policía

de

Puerto

Rico

recurrió ante este Tribunal, siendo denegada la petición de certiorari

el 18 de julio de 1997.

El

26

de

septiembre

de

1997,

JASAP

solicitó

del

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones reconsideración y/o relevo de la sentencia que

había

emitido

en

el

caso

y

cuya

revisión

fuera

denegada

por

este

Tribunal. En síntesis, alegó que todo el proceso judicial de la causa

estaba viciado fatalmente de nulidad debido a que la Sra. Montañez

Rivera no le había notificado del trámite de revisión judicial ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones; solicitud de reconsideración y/o

de relevo de sentencia a la que se unió, o hizo suya, la Oficina del

Procurador General de Puerto Rico en escrito de fecha 22 de octubre de

1997. La misma fue denegada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones2.

De esa denegatoria, compareció ante este Tribunal la Policía de

Puerto Rico, representada por el Procurador General, imputándole al

Tribunal de Circuito de Apelaciones haber errado al rehusar dejar sin

efecto una sentencia nula por falta de jurisdicción. Expedimos el auto

2

En la Resolución que a esos efectos emitiera, de fecha 26 de febrero

de 1999, el foro apelativo intermedio señaló, en primer término y en lo

pertinente, que:

"Esta moción de JASAP [la de relevo] se presentó, por

primera vez, luego de que el Procurador General representando

a la Policía se había sometido a nuestra jurisdicción,

alegando que el recurso aunque titulado como apelación era una

revisión, después de emitida nuestra sentencia y de haber

acudido al Tribunal Supremo,

sin cuestionar la jurisdicción. En resumen, luego de haber

transcurrido un (1) año de haberse tramitado al recurso en

todas las etapas revisoras."

En vista a lo antes

Apelaciones concluyó que:

expuesto,

el

Tribunal

de

Circuito

"..., dadas las circunstancias particulares, no procede

ordenar el relevo de sentencia, luego de haber transcurrido

más de un (1) año de emitida, pues la parte recurrida [la

de

de certiorari. Estando en condiciones de resolver el mismo, procedemos

a así hacerlo.

I

En Olmeda Díaz v. Departamento de Justicia, res. el 27 de junio de

1997, 143 D.P.R.___ (1997), este Tribunal se enfrentó a una situación

análoga a la del caso de autos. Allí señalamos que el Artículo 6 de la

Ley Núm. 247 de 25 de diciembre de 19953 específicamente enmendó el

trámite de los casos de revisión administrativa para establecer no solo

que una parte adversamente afectada por una decisión de una agencia u

organismo apelativo puede solicitar al

Tribunal de Circuito de Apelaciones que revise la decisión dentro de un

término de treinta días sino que para establecer que la solicitud de

revisión tiene que notificarse a todas las partes, y a la agencia

concernida,

dentro

del

plazo

dispuesto

por

ley

para

solicitar

la

revisión judicial.

La notificación antes mencionada es de carácter jurisdiccional. En

lo que concierne al caso hoy ante nuestra consideración, ello tiene la

consecuencia

de

revisar

determinación

una

que

el

foro

de

judicial

carece

JASAP

los

en

de

casos

jurisdicción

en

que

no

para

se

ha

notificado a dicha agencia con copia del recurso de revisión judicial

dentro del plazo señalado.

II

Conforme surge de la relación que de los hechos hiciéramos, fueron

dos

(2)

los

fundamentos

aducidos

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones en apoyo de su negativa a conceder el relevo de sentencia

solicitado, a saber: que la referida solicitud de relevo fue sometida

ante

su

consideración

"luego

de

haber

transcurrido

un

(1)

año

de

haberse tramitado el recurso en todas las etapas revisoras" y por el

Policía de Puerto Rico] no impugnó nuestra jurisdicción ni la

del Tribunal Supremo para que se dilucidara la controversia."

3

3 L.P.R.A. Sec. 2172.

hecho de que la Policía de Puerto Rico nunca impugnó la jurisdicción de

los foros apelativos.

Aparte

del

hecho

de

que

es

erróneo

el

señalamiento

del

foro

apelativo intermedio, a los efectos de que la solicitud de relevo de

sentencia

fue

presentada

fuera

del

término

de

seis

(6)

meses

que

establece la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil4 --pues de

los autos claramente surge que copia de la sentencia emitida por el

Tribunal de Circuito, con fecha del 22 de abril de 1997, fue archivada

en autos el 15 de mayo de 1997 y que JASAP radicó la moción de relevo

el 26 de septiembre del mencionado año-- dicho señalamiento es uno

realmente inconsecuente e irrelevante en vista de que dicha disposición

reglamentaria, por los fundamentos que expondremos, no es realmente

aplicable a los hechos del caso ante nuestra consideración.

Resulta necesario puntualizar que, en estricto derecho, únicamente

lo "anulable" puede ser objeto de "relevo" por el tribunal al amparo de

las disposiciones de la antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil;

ello en vista del hecho de que lo "anulable" es una identidad real bajo

el palio de lo jurídico. Debe quedar claro, sin embargo, que lo que es

"nulo" no puede ser objeto de "relevo" de parte de un tribunal pues lo

nulo

nunca

tuvo

eficacia

alguna,

nunca

"nació"

en

derecho,

nunca

existió.

Una sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una

sentencia

nula

en

derecho

y,

por

lo

tanto,

inexistente.

4

Establece la citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, en lo

pertinente, que:

"Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento

por las siguientes razones:

[...]

(4) Nulidad de sentencia;

[...]

La moción se presentará dentro de un término razonable,

pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de

haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a

cabo el procedimiento. [...]”

En

consecuencia,

debe

quedar

claro

que

cuando

la

Regla

49.2

habla

de

"nulidad" de una sentencia hemos de entender que necesariamente se

refiere a casos de "anulabilidad". En otras palabras, el plazo de seis

(6) meses que establece la citada Regla 49.2 es inoperante ante una

sentencia "nula", no así ante una alegación de "anulabilidad" de una

sentencia.

Dicho

de

otra

forma,

la

discreción

que

tiene

un

tribunal,

al

amparo de las disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

para

relevar

a

una

parte

de

los

efectos

de

una

sentencia

resulta

inaplicable cuando se trata de una sentencia que es "nula"; si es nula,

no hay discreción para el relevo, hay obligación de decretarla nula.

Véase: Banco Santander P.R v. Fajardo Farms Corp., res. el 28 de junio

de 1996; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979).

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que ante la certeza

de

nulidad

inexistencia

de

una

sentencia,

jurídica;

ello

resulta

mandatorio

declarar

del

de

independientemente

hecho

que

su

la

solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado el

plazo de seis (6) meses establecido en la antes citada Regla 49.2 de

Procedimiento Civil. En el presente caso, como hemos visto, dicho plazo

no había transcurrido, situación que, dados los hechos específicos del

caso, resulta totalmente inmaterial.

No habiendo la Sra. Martínez Rivera notificado a JASAP del recurso

de

revisión

judicial

que

radicara

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, en revisión de la decisión que dicha agencia emitió en el

caso, y siendo dicho requisito uno de carácter jurisdiccional, procede

declarar

la

revisión

administrativa

nulidad

de

la

sentencia

emitiera

el

que

en

dicho

referido

procedimiento

tribunal

de

apelativo

intermedio por razón de que dicho foro judicial carecía de jurisdicción

para entender en el mismo; procediendo la devolución del caso al foro

administrativo para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto5.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

5

Nos abstenemos de discutir el segundo de los fundamentos, aducidos por

el Tribunal de Circuito de Apelaciones en apoyo de su negativa a

decretar la nulidad de la sentencia que emitiera, esto es, el hecho de

que la Policía de Puerto Rico no impugnó la jurisdicción de dicho foro

apelativo al originalmente comparecer ante el mismo. Basta con señalar

que una parte no le puede "suplir" jurisdicción a un tribunal en un

caso determinado cuando dicho foro carece de esa jurisdicción, mucho

menos "por omisión".

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ivette Montañez Rivera

Demandante-recurrido

CC-99-250

vs.

CERTIORARI

Policía de Puerto Rico

Demandado-peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia declarando

la nulidad de la sentencia que emitiera el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, con fecha de 22 de abril de

1997, por razón de que dicho foro judicial carecía de

jurisdicción para entender en el procedimiento de

revisión administrativa en controversia; procediendo la

devolución del caso al foro administrativo para

procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

señor Andréu García no intervino. La Juez Asociada

señora Naveira de Rodón concurre en el resultado sin

opinión

escrita.

El

Juez

Asociado

señor

Fuster

Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo