Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: MANUEL TORRES DELGADO
2000 TSPR 65
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: MANUEL TORRES DELGADO
CP-1999-0002
CP-99-2
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Querella
Manuel Torres Delgado
2000 TSPR 65
Número del Caso: CP-1999-0002
Fecha: 26/04/2000
Abogado de la Parte Querellante:
Oficina del Procurador General
Lcda. Ivonne Casanova Pelosi
Abogado de la Parte Querellada:
Por derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y
correciones del proceso de compilación y publicación
oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
CP-99-2
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Manuel Torres Delgado
CP-99-2
PER CURIAM
En San Juan, Perto Rico, a 26 de abril de 2000.
Examinadas
las
conclusiones
de
hecho
formuladas
por
el
Comisionado Especial, Hon. Flavio Cumpiano Villamor, las cuales
fueron sometidas ante este Foro en su Informe sobre las alegadas
violaciones
a
los
Cánones
18
y
19
de
Ética
Profesional,
4
L.P.R.A. Ap. IX, C. 18 y 19, imputadas al querellado, licenciado
Manuel
Torres
Delgado,
se
exonera
al
querellado
de
las
violaciones imputadas y se ordena el archivo de la querella.
I
El 26 de junio de 1996 la señora Georgina Aguiar Rivera
presentó
una
queja
ante
la
Oficina
CP-99-2
3
del Procurador General en la cual alegó que la representación legal
ofrecida por el Lcdo. Manuel Torres Delgado, mientras fungía como su
abogado en el caso Georgina Aguiar Rivera v. Orlando González, CD-926977, fue deficiente, lo cual llevó a la desestimación de su demanda y
del recurso apelativo. En síntesis alegó que el Lcdo. Torres Delgado
sometió el caso por el expediente sin su consentimiento, y sin darle a
ella la oportunidad de declarar o presentar evidencia testifical. Dicho
caso
versaba
sobre
una
acción
en
daños
y
perjuicios
por
una
desavenencia vecinal sobre el color de una pared de colindancia. 1
Tras
los
trámites
de
rigor,
el
14
de
septiembre
de
1998,
el
Procurador General presentó un Informe sobre la conducta profesional
del Lcdo. Torres Delgado. Mediante Resolución de 15 de enero de 1999,
ordenamos al Procurador General formular la correspondiente querella.
El
11
de
febrero
de
1999
el
Procurador
General
querella e imputó al Lcdo. Torres Delgado violación al
presentó
la
Canon 192 de
Etica Profesional, el cual obliga al abogado a mantener a su cliente
debidamente informado sobre todo asunto importante del pleito. También
1
Dicho caso contenía varias reclamaciones: Una demanda en daños y
perjuicios instada por la Sra. Aguiar Rivera contra su vecino Oscar
Rivera porque alegadamente el lado de la verja de la Sra. Aguiar Rivera
que colinda con la propiedad del demandado había sido pintado de un
color distinto al de la residencia de la demandante, y por alegada
persecución maliciosa al haber el demandado formulado denuncias ante
los
Tribunales
y
querellas
ante
ARPE.
Una
reconvención
por
edificaciones y ampliaciones que alegadamente la Sra. Aguiar Rivera
había llevado a cabo en su residencia en contravención de lo
establecido por las servidumbres en equidad vigentes en dicha
urbanización, así como de los Reglamentos de ARPE, y por haber
alegadamente acosado, hostigado y amenazado a la familia Rivera. Una
demanda contra tercero contra el hijo de la Sra. Aguiar Rivera, Alfredo
Medina Aguiar, por alegadamente haber agredido y alterado la paz de la
familia Rivera.
Originalmente la querella imputaba una violación al Canon 17 de Ética
Profesional. En su Réplica a la Querella el Lcdo. Torres Delgado
correctamente señaló que el Canon de Ética Profesional que impone al
abogado el deber de mantener a su cliente informado es el Canon 19.
Celebrada la Conferencia con Antelación a Vista, el Comisionado
Especial ordenó se enmendara la querella para reflejar el canon
correcto.
El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,
le impone al abogado el deber de mantener a su cliente siempre
informado de todos aquellos acontecimientos importantes que surjan en
el caso que le ha sido encomendado. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6
(1978).
2
CP-99-2
4
le imputó violación al Canon 18 de Etica Profesional que obliga a todo
abogado
a
rendir
una
labor
idónea
y
competente,
y
a
defender
diligentemente los intereses de su cliente.3
Examinada la Réplica a la Querella presentada por el Lcdo. Torres
Delgado,
nombramos
al
Hon.
Flavio
Cumpiano
Villamor
Comisionado
Especial con el propósito de que celebrase vista, dirimiese la prueba y
nos sometiera un informe con sus conclusiones de hecho. El Comisionado
Especial ordenó al Tribunal de Primera Instancia elevar el expediente
del caso de Georgina Aguiar Rivera v. Orlando González, CD-92-6977, así
como una transcripción de evidencia.
Examinado el expediente, y considerando la naturaleza particular
de la querella, el Comisionado Especial instó a las partes a un diálogo
transaccional para que examinasen la posibilidad de un resarcimiento
económico a la querellante, ya que lo que estaba en controversia era si
el consentimiento dado por la Sra. Aguiar Rivera para que se sometiese
el caso por el expediente fue uno informado. El Comisionado Especial
consideró que dadas estas particulares circunstancias, el resarcimiento
económico podía constituir satisfacción suficiente para la querellante,
así como un importante atenuante en el procedimiento disciplinario.
El 29 de septiembre de 1999 el Comisionado Especial rindió su
Informe. En el mismo se hace constar que la Sra. Aguiar Rivera fue
reembolsada de todo lo pagado por ella al Lcdo. Torres Delgado en
concepto
de
honorarios.
La
Sra.
Aguiar
Rivera
manifestó
mediante
documento de Relevo suscrito ante el Procurador General, que se sentía
satisfecha
y
que
deseaba
retirar
su
reclamación.
Por
su
parte,
el
Procurador General manifestó que consideraba que el interés público
3
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo
pertinente señala que es deber del abogado defender los intereses del
cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber
y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en
general estima adecuada y responsable.
In re Vélez Valentín,
124
D.P.R. 403 (1989); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987); In
re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986); In re Arana Arana, 112 D.P.R.
838 (1982).
CP-99-2
5
quedaba resarcido con la devolución a la querellante de los honorarios
pagados al Lcdo. Torres Delgado.
II
Antes de considerar en los méritos las alegaciones imputadas en la
querella debemos señalar que el documento de Relevo suscrito por la
Sra. Aguiar Torres ante el Procurador General, en el cual manifiesta
que ha sido reembolsada por los honorarios que pagó y que no desea
proseguir
con
la
querella,
suspenda
o
dé
por
se
no
conlleva
terminado
el
automáticamente
trámite
de
este
el
que
se
procedimiento
disciplinario.
Un
vez
comenzado
el
procedimiento
disciplinario
mediante
la
presentación de una querella, es a este Foro al que le corresponde
determinar si ordena que se retiren los cargos, que se archive la
querella o que se impongan sanciones disciplinarias.
In re Angel M.
Ciordia, 118 D.P.R. 659 (1987).
El ejercicio final de nuestra jurisdicción disciplinaria no puede
ser precluido en virtud de un relevo por la parte querellante. Aunque
el resarcimiento de los honorarios cobrados por el abogado a su cliente
puede ser considerado como un
atenuante a la sanción a imponerse, o
como un factor de peso en la determinación de archivar la querella,
queda a
deberá
discreción de este Tribunal la consideración, si alguna, que
darse
a
dicho
relevo
dentro
del
contexto
del
procedimiento
disciplinario.
Anteriormente hemos tenido la oportunidad
de
una
indemnización
profesional,
y
qué
de
un
abogado
criterios
a
deben
su
regir
de examinar los efectos
cliente,
por
nuestra
negligencia
discreción
al
determinar a la luz de dicha indemnización, si debemos archivar la
querella
disciplinaria.
En
dicha
ocasión
reconocimos
que
una
vez
satisfecho el perjuicio privado de la persona afectada, en ausencia de
que se haya lesionado un interés público mayor, de ordinario el asunto
no
debe
archivo
tener
no
mayor
será
trascendencia.
favorecido
en
Aclaramos,
aquellas
sin
embargo,
situaciones
en
que
el
que
la
CP-99-2
6
negligencia profesional haya ido acompañada de un comportamiento que
atente contra el prestigio y la dignidad pública que debe caracterizar
al
abogado,
depravación
que
envuelva
moral,
fraude,
lesiones
éticas
ilegalidad,
graves
que
falsificación,
impliquen
apropiación
indebida, o conductas nocivas análogas, o un continuado y repetido
curso acumulativo de dejadez, indiferencia y negligencia profesional
demostrativo
de
ineptitud
para
el
ejercicio
de
la
abogacía.
In
re
Samuel Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986).
III
Aclarado lo anterior, nos corresponde examinar si el Lcdo. Torres
Delgado incurrió en conducta que violó los Cánones 18 y 19 de Etica
Profesional,
según
lo
imputado
por
el
Procurador
General
en
su
querella.
De las determinaciones de hechos formuladas por el Comisionado
Especial se desprende que el caso que motivó la querella, Aguiar Rivera
v. Orlando González CD-92-6977, versa sobre relaciones inadecuadas y
desavenencias entre dos vecinos. Un examen del expediente del caso,
demuestra, como correctamente determinó el Comisionado Especial, que el
Lcdo. Torres Delgado llevó a cabo una gestión diligente y adecuada.
En el trámite de dicho caso se celebraron varias conferencias en
el tribunal, y se preparó un extenso y detallado Informe de Conferencia
Preliminar entre abogados. La Minuta refleja que los abogados de las
partes dialogaron extensamente con el juez, que éste examinó toda la
evidencia
y
personalmente
toda
la
prueba
documental
y
el
juez
le
informó
a
las
partes
que
examinado
toda
la
prueba
de
los
había
que
documental.
Posteriormente,
el
23
de
febrero
1995,
abogados
se
reunieron nuevamente en cámara con el juez y dialogaron extensamente
sobre el caso. Se señaló un receso y durante éste, el Lcdo. Torres
Delgado Y la Sra. Aguiar Rivera conversaron sobre la posibilidad de
someter el caso por el expediente y por la prueba documental.
La Sra.
CP-99-2
7
Aguiar Rivera aceptó que en ese momento dio su consentimiento para
someter el caso por el expediente.
Al reaunudarse los procedimientos en Sala la representación legal
de
ambas
partes
presentó
numerosa
prueba
documental
consistente
de
fotografías, cartas, certificaciones registrales, documentos oficiales
del Municipío de Bayamón y de ARPE, denuncias judiciales, Informes de
la
Policía,
citaciones
para
comparecer
ante
magistrado,
cartas
del
Comité de Control Arquitectónico de la urbanización, Resolución de la
Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, así como
planos del proyecto en construcción.
Durante la vista, a preguntas del Juez, los abogados informaron
que sometían el caso a base de la prueba documental presentada y del
expediente. En ese momento el Lcdo. Torres Delgado indicó que la pruebe
documental
ratificaba
las
alegaciones
de
ambas
partes
y
que
de
declarar, las partes declararían el contenido de las aseveraciones de
las alegaciones y sobre el contenido de los documentos sometidos en
evidencia.
El
5
de
determinaciones
abril
de
de
hecho
1995,
ni
en
una
conclusiones
escueta
de
sentencia,
derecho,
el
sin
tribunal
desestimó todas las reclamaciones. Se archivó su notificación en autos
el 4 de mayo de 1995. Oportunamente, el 15 de mayo, el Lcdo. Torres
Delgado solicitó reconsideración fundamentada en que los hechos que
alegadamente
causaron
los
daños
habían
sido
aceptados
por
los
demandados en la contestación a la demanda y sostenidos por la prueba
documental.
Solicitó además, que se hiciesen las determinaciones de
hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, las cuales
el juez sentenciador había omitido hacer.4
El Lcdo. Torres Delgado acepta que cometió un error de buena fe al
consolidar una solicitud de determinaciones de hecho con la Moción de
Reconsideración pasado el término jurisdiccional de diez días requerido
para la solicitud de determinaciones de hecho y conclusiones de
derecho. Dicho error en nada afectó el trámite de la reconsideración o
el trámite apelativo.
4
CP-99-2
8
Por estar el juez sentenciador de vacaciones, otro juez atendió la
Moción de Reconsideración el 5 de junio, primer día hábil del fin de
semana y último día para poder instar la apelación.
emitió
una
orden
requiriendo
a
la
parte
En esa ocasión se
demandante
exponer
su
posición. El 11 de julio, otro juez atendió la moción, paralizó el caso
y lo refirió al juez sentenciador que había sido transferido a otro
municipio. Eventualmente, el juez sentenciador la declaró sin lugar el
26 de octubre de 1995. Su notificación fue archivada en autos el 1 de
noviembre. Oportunamente, el Lcdo. Torres Delgado radicó apelación ante
el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El tribunal apelativo se declaró sin jurisdicción por entender
erróneamente y contrario a la norma vigente en nuestra jurisdicción,
que por no haberse atendido la moción de reconsideración dentro de los
10 días de su presentación, el tribunal de instancia había perdido
jurisdicción para considerarla y no se había interrumpido el término de
apelación.5
En su Informe el Comisionado Especial indica que no tuvo ante si
prueba directa que le pudiese ayudar a apreciar si hubo o no suficiente
orientación a la Sra. Aguiar Rivera por parte del Lcdo. Torres Delgado
antes de ella dar su consentimiento a someter el caso por el expediente
y por la prueba documental. Señala además, que mientras la Sra. Aguiar
Rivera no fundamentó su alegación de que la información ofrecida por el
licenciado fue insuficiente,
la alegación del Lcdo. Torres Delgado a
los efectos de que orientó adecuadamente a la Sra. Aguiar Rivera y que
le recomendó someter el caso tanto por la prueba documental existente
La norma vigente en nuestra jurisdicción establece que aun pasados los
diez días de la presentación sin que el foro de instancia haya tomado
alguna acción respecto a la moción de reconsideración, el término para
la revisión judicial sí queda interrumpido, si el tribunal a quo luego
decide acoger la moción de reconsideración, antes de que haya expirado
el término para interponer el recurso de revisión. Lagares Pérez v.
E.L.A., res. 23 de diciembre de 1997, 143 D.P.R.____ (1997). Pagán v.
Alcalde de Cataño, res. de 30 de mayo de 1997, 143 D.P.R. ___ (1997),
El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965).
5
CP-99-2
9
como por el expediente queda corroborado con la transcripción de los
procedimientos pues eso fue precisamente lo que hizo durante la vista.
IV
Anteriormente
hemos
analizado
la
naturaleza
de
la
función
encomendada a un Comisionado Especial designado por este Foro para
atender una querella incoada contra un abogado.
Hemos determinado que
corresponde al Comisionado Especial recibir prueba y, evaluar y dirimir
la
evidencia
conflictiva
y
que
sus
determinaciones
prueba merecen nuestra mayor deferencia.
al
evaluar
esa
In re Soto López, 145 D.P.R.
642 (1994).
Hemos reiterado que aunque este Foro no está obligado a aceptar el
informe de un Comisionado Especial nombrado para atender una querella
contra un abogado, pudiendo este Tribunal adoptar, modificar o rechazar
tal informe, no alteraremos las conclusiones de hecho de un Comisionado
Especial
salvo
manifiesto.
que
se
demuestre
prejuicio,
parcialidad
o
error
In re Soto López, supra.
Un examen cuidadoso del expediente de este caso, incluyendo la
transcripción de la evidencia, revela que las determinaciones de hecho
del Comisionado Especial se sostienen de la prueba que tuvo ante sí.
Nada hay ante nos que demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o error
manifiesto en las determinaciones de hecho a que llegó el Comisionado
Especial.
Por lo tanto, no existe razón alguna para intervenir, y menos aun
para alterar, la determinación del Comisionado Especial a los efectos
de que nada en el expediente
del caso, ni en la transcripción de
evidencia, lleva a concluir que el Lic. Torres Delgado fue negligente
en la tramitación del caso de la Sra. Aguiar Torres, tanto en el foro
de instancia como en el foro apelativo; o de que la orientación dada a
la Sra. Aguiar Torres antes de solicitar su consentimiento para someter
el caso por el expediente y por la prueba documental, fue deficiente.
Coincidimos con las determinaciones del Comisionado Especial que
señalan que no fue hasta la sentencia desestimatoria de la apelación
CP-99-2
10
que la querellante presentó la queja contra el Lcdo. Torres Delgado
cuestionando por primera vez que no había sido debidamente informada
antes de consentir a someter el caso por el expediente y por la prueba
documental.
Aunque se quejó de que se desestimara su demanda, no hizo
alusión a que también se desestimaron la reconvención en su contra y la
demanda contra tercero contra su hijo.
Aceptó el procedimiento y la
corrección de haber sometido el caso por el expediente y por la extensa
prueba gráfica y documental en las dos determinaciones que le fueron
favorables y se quejó del mismo procedimiento en la determinación que
le fue desfavorable. De todo lo anterior se desprende que el móvil de
la queja con relación a lo planteado por el querellante fue su disgusto
por haber perdido el caso.
En las circunstancias de autos, la prueba reseñada anteriormente
no sostienen los cargos imputados.
En consecuencia y por las razones
expresadas,
querellado
procede
exonerar
al
imputadas, y archivar la querella.
Se dictará la sentencia correspondiente.
de
las
violaciones
CP-99-2
11
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Manuel Torres Delgado
CP-99-2
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2000.
Por las razones expuestas en la Opinión del
Tribunal, la cual se hace formar parte integral de la
presente, se exonera al querellado, Lcdo. Manuel Torres
Delgado, de las violaciones imputadas y se ordena el
archivo de la querella.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Asociado
señor
Fuster
Berlingeri
intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
no