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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: MANUEL TORRES DELGADO

2000 TSPR 65

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: MANUEL TORRES DELGADO

CP-1999-0002

CP-99-2

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Querella

Manuel Torres Delgado

2000 TSPR 65

Número del Caso: CP-1999-0002

Fecha: 26/04/2000

Abogado de la Parte Querellante:

Oficina del Procurador General

Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Abogado de la Parte Querellada:

Por derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y

correciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CP-99-2

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Manuel Torres Delgado

CP-99-2

PER CURIAM

En San Juan, Perto Rico, a 26 de abril de 2000.

Examinadas

las

conclusiones

de

hecho

formuladas

por

el

Comisionado Especial, Hon. Flavio Cumpiano Villamor, las cuales

fueron sometidas ante este Foro en su Informe sobre las alegadas

violaciones

a

los

Cánones

18

y

19

de

Ética

Profesional,

4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 18 y 19, imputadas al querellado, licenciado

Manuel

Torres

Delgado,

se

exonera

al

querellado

de

las

violaciones imputadas y se ordena el archivo de la querella.

I

El 26 de junio de 1996 la señora Georgina Aguiar Rivera

presentó

una

queja

ante

la

Oficina

CP-99-2

3

del Procurador General en la cual alegó que la representación legal

ofrecida por el Lcdo. Manuel Torres Delgado, mientras fungía como su

abogado en el caso Georgina Aguiar Rivera v. Orlando González, CD-926977, fue deficiente, lo cual llevó a la desestimación de su demanda y

del recurso apelativo. En síntesis alegó que el Lcdo. Torres Delgado

sometió el caso por el expediente sin su consentimiento, y sin darle a

ella la oportunidad de declarar o presentar evidencia testifical. Dicho

caso

versaba

sobre

una

acción

en

daños

y

perjuicios

por

una

desavenencia vecinal sobre el color de una pared de colindancia. 1

Tras

los

trámites

de

rigor,

el

14

de

septiembre

de

1998,

el

Procurador General presentó un Informe sobre la conducta profesional

del Lcdo. Torres Delgado. Mediante Resolución de 15 de enero de 1999,

ordenamos al Procurador General formular la correspondiente querella.

El

11

de

febrero

de

1999

el

Procurador

General

querella e imputó al Lcdo. Torres Delgado violación al

presentó

la

Canon 192 de

Etica Profesional, el cual obliga al abogado a mantener a su cliente

debidamente informado sobre todo asunto importante del pleito. También

1

Dicho caso contenía varias reclamaciones: Una demanda en daños y

perjuicios instada por la Sra. Aguiar Rivera contra su vecino Oscar

Rivera porque alegadamente el lado de la verja de la Sra. Aguiar Rivera

que colinda con la propiedad del demandado había sido pintado de un

color distinto al de la residencia de la demandante, y por alegada

persecución maliciosa al haber el demandado formulado denuncias ante

los

Tribunales

y

querellas

ante

ARPE.

Una

reconvención

por

edificaciones y ampliaciones que alegadamente la Sra. Aguiar Rivera

había llevado a cabo en su residencia en contravención de lo

establecido por las servidumbres en equidad vigentes en dicha

urbanización, así como de los Reglamentos de ARPE, y por haber

alegadamente acosado, hostigado y amenazado a la familia Rivera. Una

demanda contra tercero contra el hijo de la Sra. Aguiar Rivera, Alfredo

Medina Aguiar, por alegadamente haber agredido y alterado la paz de la

familia Rivera.

Originalmente la querella imputaba una violación al Canon 17 de Ética

Profesional. En su Réplica a la Querella el Lcdo. Torres Delgado

correctamente señaló que el Canon de Ética Profesional que impone al

abogado el deber de mantener a su cliente informado es el Canon 19.

Celebrada la Conferencia con Antelación a Vista, el Comisionado

Especial ordenó se enmendara la querella para reflejar el canon

correcto.

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,

le impone al abogado el deber de mantener a su cliente siempre

informado de todos aquellos acontecimientos importantes que surjan en

el caso que le ha sido encomendado. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6

(1978).

2

CP-99-2

4

le imputó violación al Canon 18 de Etica Profesional que obliga a todo

abogado

a

rendir

una

labor

idónea

y

competente,

y

a

defender

diligentemente los intereses de su cliente.3

Examinada la Réplica a la Querella presentada por el Lcdo. Torres

Delgado,

nombramos

al

Hon.

Flavio

Cumpiano

Villamor

Comisionado

Especial con el propósito de que celebrase vista, dirimiese la prueba y

nos sometiera un informe con sus conclusiones de hecho. El Comisionado

Especial ordenó al Tribunal de Primera Instancia elevar el expediente

del caso de Georgina Aguiar Rivera v. Orlando González, CD-92-6977, así

como una transcripción de evidencia.

Examinado el expediente, y considerando la naturaleza particular

de la querella, el Comisionado Especial instó a las partes a un diálogo

transaccional para que examinasen la posibilidad de un resarcimiento

económico a la querellante, ya que lo que estaba en controversia era si

el consentimiento dado por la Sra. Aguiar Rivera para que se sometiese

el caso por el expediente fue uno informado. El Comisionado Especial

consideró que dadas estas particulares circunstancias, el resarcimiento

económico podía constituir satisfacción suficiente para la querellante,

así como un importante atenuante en el procedimiento disciplinario.

El 29 de septiembre de 1999 el Comisionado Especial rindió su

Informe. En el mismo se hace constar que la Sra. Aguiar Rivera fue

reembolsada de todo lo pagado por ella al Lcdo. Torres Delgado en

concepto

de

honorarios.

La

Sra.

Aguiar

Rivera

manifestó

mediante

documento de Relevo suscrito ante el Procurador General, que se sentía

satisfecha

y

que

deseaba

retirar

su

reclamación.

Por

su

parte,

el

Procurador General manifestó que consideraba que el interés público

3

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo

pertinente señala que es deber del abogado defender los intereses del

cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber

y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en

general estima adecuada y responsable.

In re Vélez Valentín,

124

D.P.R. 403 (1989); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987); In

re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986); In re Arana Arana, 112 D.P.R.

838 (1982).

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5

quedaba resarcido con la devolución a la querellante de los honorarios

pagados al Lcdo. Torres Delgado.

II

Antes de considerar en los méritos las alegaciones imputadas en la

querella debemos señalar que el documento de Relevo suscrito por la

Sra. Aguiar Torres ante el Procurador General, en el cual manifiesta

que ha sido reembolsada por los honorarios que pagó y que no desea

proseguir

con

la

querella,

suspenda

o

dé

por

se

no

conlleva

terminado

el

automáticamente

trámite

de

este

el

que

se

procedimiento

disciplinario.

Un

vez

comenzado

el

procedimiento

disciplinario

mediante

la

presentación de una querella, es a este Foro al que le corresponde

determinar si ordena que se retiren los cargos, que se archive la

querella o que se impongan sanciones disciplinarias.

In re Angel M.

Ciordia, 118 D.P.R. 659 (1987).

El ejercicio final de nuestra jurisdicción disciplinaria no puede

ser precluido en virtud de un relevo por la parte querellante. Aunque

el resarcimiento de los honorarios cobrados por el abogado a su cliente

puede ser considerado como un

atenuante a la sanción a imponerse, o

como un factor de peso en la determinación de archivar la querella,

queda a

deberá

discreción de este Tribunal la consideración, si alguna, que

darse

a

dicho

relevo

dentro

del

contexto

del

procedimiento

disciplinario.

Anteriormente hemos tenido la oportunidad

de

una

indemnización

profesional,

y

qué

de

un

abogado

criterios

a

deben

su

regir

de examinar los efectos

cliente,

por

nuestra

negligencia

discreción

al

determinar a la luz de dicha indemnización, si debemos archivar la

querella

disciplinaria.

En

dicha

ocasión

reconocimos

que

una

vez

satisfecho el perjuicio privado de la persona afectada, en ausencia de

que se haya lesionado un interés público mayor, de ordinario el asunto

no

debe

archivo

tener

no

mayor

será

trascendencia.

favorecido

en

Aclaramos,

aquellas

sin

embargo,

situaciones

en

que

el

que

la

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negligencia profesional haya ido acompañada de un comportamiento que

atente contra el prestigio y la dignidad pública que debe caracterizar

al

abogado,

depravación

que

envuelva

moral,

fraude,

lesiones

éticas

ilegalidad,

graves

que

falsificación,

impliquen

apropiación

indebida, o conductas nocivas análogas, o un continuado y repetido

curso acumulativo de dejadez, indiferencia y negligencia profesional

demostrativo

de

ineptitud

para

el

ejercicio

de

la

abogacía.

In

re

Samuel Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986).

III

Aclarado lo anterior, nos corresponde examinar si el Lcdo. Torres

Delgado incurrió en conducta que violó los Cánones 18 y 19 de Etica

Profesional,

según

lo

imputado

por

el

Procurador

General

en

su

querella.

De las determinaciones de hechos formuladas por el Comisionado

Especial se desprende que el caso que motivó la querella, Aguiar Rivera

v. Orlando González CD-92-6977, versa sobre relaciones inadecuadas y

desavenencias entre dos vecinos. Un examen del expediente del caso,

demuestra, como correctamente determinó el Comisionado Especial, que el

Lcdo. Torres Delgado llevó a cabo una gestión diligente y adecuada.

En el trámite de dicho caso se celebraron varias conferencias en

el tribunal, y se preparó un extenso y detallado Informe de Conferencia

Preliminar entre abogados. La Minuta refleja que los abogados de las

partes dialogaron extensamente con el juez, que éste examinó toda la

evidencia

y

personalmente

toda

la

prueba

documental

y

el

juez

le

informó

a

las

partes

que

examinado

toda

la

prueba

de

los

había

que

documental.

Posteriormente,

el

23

de

febrero

1995,

abogados

se

reunieron nuevamente en cámara con el juez y dialogaron extensamente

sobre el caso. Se señaló un receso y durante éste, el Lcdo. Torres

Delgado Y la Sra. Aguiar Rivera conversaron sobre la posibilidad de

someter el caso por el expediente y por la prueba documental.

La Sra.

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7

Aguiar Rivera aceptó que en ese momento dio su consentimiento para

someter el caso por el expediente.

Al reaunudarse los procedimientos en Sala la representación legal

de

ambas

partes

presentó

numerosa

prueba

documental

consistente

de

fotografías, cartas, certificaciones registrales, documentos oficiales

del Municipío de Bayamón y de ARPE, denuncias judiciales, Informes de

la

Policía,

citaciones

para

comparecer

ante

magistrado,

cartas

del

Comité de Control Arquitectónico de la urbanización, Resolución de la

Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, así como

planos del proyecto en construcción.

Durante la vista, a preguntas del Juez, los abogados informaron

que sometían el caso a base de la prueba documental presentada y del

expediente. En ese momento el Lcdo. Torres Delgado indicó que la pruebe

documental

ratificaba

las

alegaciones

de

ambas

partes

y

que

de

declarar, las partes declararían el contenido de las aseveraciones de

las alegaciones y sobre el contenido de los documentos sometidos en

evidencia.

El

5

de

determinaciones

abril

de

de

hecho

1995,

ni

en

una

conclusiones

escueta

de

sentencia,

derecho,

el

sin

tribunal

desestimó todas las reclamaciones. Se archivó su notificación en autos

el 4 de mayo de 1995. Oportunamente, el 15 de mayo, el Lcdo. Torres

Delgado solicitó reconsideración fundamentada en que los hechos que

alegadamente

causaron

los

daños

habían

sido

aceptados

por

los

demandados en la contestación a la demanda y sostenidos por la prueba

documental.

Solicitó además, que se hiciesen las determinaciones de

hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, las cuales

el juez sentenciador había omitido hacer.4

El Lcdo. Torres Delgado acepta que cometió un error de buena fe al

consolidar una solicitud de determinaciones de hecho con la Moción de

Reconsideración pasado el término jurisdiccional de diez días requerido

para la solicitud de determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho. Dicho error en nada afectó el trámite de la reconsideración o

el trámite apelativo.

4

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8

Por estar el juez sentenciador de vacaciones, otro juez atendió la

Moción de Reconsideración el 5 de junio, primer día hábil del fin de

semana y último día para poder instar la apelación.

emitió

una

orden

requiriendo

a

la

parte

En esa ocasión se

demandante

exponer

su

posición. El 11 de julio, otro juez atendió la moción, paralizó el caso

y lo refirió al juez sentenciador que había sido transferido a otro

municipio. Eventualmente, el juez sentenciador la declaró sin lugar el

26 de octubre de 1995. Su notificación fue archivada en autos el 1 de

noviembre. Oportunamente, el Lcdo. Torres Delgado radicó apelación ante

el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El tribunal apelativo se declaró sin jurisdicción por entender

erróneamente y contrario a la norma vigente en nuestra jurisdicción,

que por no haberse atendido la moción de reconsideración dentro de los

10 días de su presentación, el tribunal de instancia había perdido

jurisdicción para considerarla y no se había interrumpido el término de

apelación.5

En su Informe el Comisionado Especial indica que no tuvo ante si

prueba directa que le pudiese ayudar a apreciar si hubo o no suficiente

orientación a la Sra. Aguiar Rivera por parte del Lcdo. Torres Delgado

antes de ella dar su consentimiento a someter el caso por el expediente

y por la prueba documental. Señala además, que mientras la Sra. Aguiar

Rivera no fundamentó su alegación de que la información ofrecida por el

licenciado fue insuficiente,

la alegación del Lcdo. Torres Delgado a

los efectos de que orientó adecuadamente a la Sra. Aguiar Rivera y que

le recomendó someter el caso tanto por la prueba documental existente

La norma vigente en nuestra jurisdicción establece que aun pasados los

diez días de la presentación sin que el foro de instancia haya tomado

alguna acción respecto a la moción de reconsideración, el término para

la revisión judicial sí queda interrumpido, si el tribunal a quo luego

decide acoger la moción de reconsideración, antes de que haya expirado

el término para interponer el recurso de revisión. Lagares Pérez v.

E.L.A., res. 23 de diciembre de 1997, 143 D.P.R.____ (1997). Pagán v.

Alcalde de Cataño, res. de 30 de mayo de 1997, 143 D.P.R. ___ (1997),

El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965).

5

CP-99-2

9

como por el expediente queda corroborado con la transcripción de los

procedimientos pues eso fue precisamente lo que hizo durante la vista.

IV

Anteriormente

hemos

analizado

la

naturaleza

de

la

función

encomendada a un Comisionado Especial designado por este Foro para

atender una querella incoada contra un abogado.

Hemos determinado que

corresponde al Comisionado Especial recibir prueba y, evaluar y dirimir

la

evidencia

conflictiva

y

que

sus

determinaciones

prueba merecen nuestra mayor deferencia.

al

evaluar

esa

In re Soto López, 145 D.P.R.

642 (1994).

Hemos reiterado que aunque este Foro no está obligado a aceptar el

informe de un Comisionado Especial nombrado para atender una querella

contra un abogado, pudiendo este Tribunal adoptar, modificar o rechazar

tal informe, no alteraremos las conclusiones de hecho de un Comisionado

Especial

salvo

manifiesto.

que

se

demuestre

prejuicio,

parcialidad

o

error

In re Soto López, supra.

Un examen cuidadoso del expediente de este caso, incluyendo la

transcripción de la evidencia, revela que las determinaciones de hecho

del Comisionado Especial se sostienen de la prueba que tuvo ante sí.

Nada hay ante nos que demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o error

manifiesto en las determinaciones de hecho a que llegó el Comisionado

Especial.

Por lo tanto, no existe razón alguna para intervenir, y menos aun

para alterar, la determinación del Comisionado Especial a los efectos

de que nada en el expediente

del caso, ni en la transcripción de

evidencia, lleva a concluir que el Lic. Torres Delgado fue negligente

en la tramitación del caso de la Sra. Aguiar Torres, tanto en el foro

de instancia como en el foro apelativo; o de que la orientación dada a

la Sra. Aguiar Torres antes de solicitar su consentimiento para someter

el caso por el expediente y por la prueba documental, fue deficiente.

Coincidimos con las determinaciones del Comisionado Especial que

señalan que no fue hasta la sentencia desestimatoria de la apelación

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10

que la querellante presentó la queja contra el Lcdo. Torres Delgado

cuestionando por primera vez que no había sido debidamente informada

antes de consentir a someter el caso por el expediente y por la prueba

documental.

Aunque se quejó de que se desestimara su demanda, no hizo

alusión a que también se desestimaron la reconvención en su contra y la

demanda contra tercero contra su hijo.

Aceptó el procedimiento y la

corrección de haber sometido el caso por el expediente y por la extensa

prueba gráfica y documental en las dos determinaciones que le fueron

favorables y se quejó del mismo procedimiento en la determinación que

le fue desfavorable. De todo lo anterior se desprende que el móvil de

la queja con relación a lo planteado por el querellante fue su disgusto

por haber perdido el caso.

En las circunstancias de autos, la prueba reseñada anteriormente

no sostienen los cargos imputados.

En consecuencia y por las razones

expresadas,

querellado

procede

exonerar

al

imputadas, y archivar la querella.

Se dictará la sentencia correspondiente.

de

las

violaciones

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11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Manuel Torres Delgado

CP-99-2

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2000.

Por las razones expuestas en la Opinión del

Tribunal, la cual se hace formar parte integral de la

presente, se exonera al querellado, Lcdo. Manuel Torres

Delgado, de las violaciones imputadas y se ordena el

archivo de la querella.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Fuster

Berlingeri

intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

no