Tribunal Supremo de Puerto Rico
RAFAEL A. NADAL ARCELAY V. DPTO. RECURSOS NATURALES
2000 TSPR 59
Poder Judicial de Puerto Rico
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RAFAEL A. NADAL ARCELAY V. DPTO. RECURSOS NATURALES
AC-1997-0035
AC-1997-35
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael A. Nadal Arcelay
Recurrente
Certiorari
v.
2000 TSPR 59
Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales
Recurrido
Número del Caso: AC-1997-0035
Fecha: 07/04/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago
Abogada de la Parte Recurrente: Lcda. Mayra J. Serrano Borges
Abogada de la Parte Recurrida: Cancio, Nadal, Rivera & Díaz
Lcda. Sara E. Tolosa Ramírez
Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa
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AC-1997-35
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael A. Nadal Arcelay
Recurrente Apelado
v.
AC-97-35
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales
Recurrido Apelante
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2000.
El
Departamento
de
Recursos
Naturales
y
Ambientales, (“D.R.N.A.”) solicita la revisión de
una sentencia emitida por el Tribunal de Circuito
de Apelaciones que revocó una multa administrativa
impuesta
al
Sr.
Rafael
Nadal
Arcelay,
por
considerar que la disposición estatutaria bajo la
cual
impuso
dicha
multa
adolecía
del
defecto de
vaguedad.
Por considerar que un análisis estatutario de
las disposiciones impugnadas sostienen la imposición
de la multa, revocamos.
AC-1997-35
3
I
El
18
de
junio
de
1994,
el
Lcdo.
Rafael
Nadal
Arcelay
se
encontraba en posesión y uso de una lancha Bertran de cuarenta y dos
(42) pies de eslora en el sector conocido como Cayo Luis Peña del
Municipio
de
Culebra,
cuando
el
guardia
Félix
Astor
le
expidió
un
boleto, imponiéndole una multa de mil doscientos dólares ($1,200.00)
por no haber renovado el certificado de inscripción de la embarcación,
según lo dispone el artículo 18 de la Ley Núm. 48 de 26 de junio de
1986, 12 L.P.R.A. sec. 1395 (b).
El Lcdo. Nadal Arcelay impugnó la expedición del boleto ante el
D.R.N.A.,
alegando
que
la
embarcación
tenía
un
certificado
de
inscripción vigente expedido por el Servicio de Aduanas Federal y por
la Guardia Costanera.
El 8 de junio de 1995, después de haberse celebrado una vista
administrativa, el D.R.N.A. emitió resolución mediante la cual concluyó
que
el
certificado
de
documentación
de
la
Guardia
Costanera
no
constituía un certificado de inscripción a los efectos de ley, y no le
eximía del pago de derechos al Estado.
cuantía
de
la
multa
administrativa
El Oficial Examinador redujo la
de
mil
doscientos
dólares
($1,200.00) a mil dólares ($1,000.00), en atención a que el Lcdo. Nadal
Arcelay
no
era
el
dueño
de
la
embarcación
y
había
hecho
algunos
trámites para renovar la inscripción.
El licenciado Nadal Arcelay solicitó reconsideración, la cual fue
declarada sin lugar.
Oportunamente presentó un recurso de revisión
ante el Tribunal de Primera Instancia.
Después de algunos incidentes
procesales ante dicho Tribunal, el recurso fue trasladado al Tribunal
de Circuito de Apelaciones de conformidad con el Artículo 9.004 de la
Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó sentencia revocando
la multa administrativa impuesta por el D.R.N.A., por considerar que la
misma
fue
impuesta
en
virtud
de
unas
disposiciones
que
carecen
de
parámetros suficientes para guiar de forma uniforme la imposición de la
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multa.
4
Determinó
el
Tribunal
Apelativo
que,
al
así
proceder,
el
D.R.N.A. actuó en contravención a la prohibición constitucional que
garantiza el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes,
por
lo
que
la
imposición
de
la
multa
constituyó
un
acto
nulo
en
derecho.
Habiendo examinado el expediente del caso y los alegatos de las
partes, resolvemos.
II
La Ley Núm. 48 del 27 de junio de 1986, 12 L.P.R.A. secs. 13911397e,
tiene
balnearios
y
el
propósito
establecer
de
reglamentar
medidas
de
el
uso
seguridad
recreativo
con
respecto
de
los
a
las
embarcaciones que naveguen en aguas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
El Art. 16 de dicha ley, 12 L.P.R.A. sec. 1395, impone el
requisito
de
numeración
e
inscripción
en
el
D.R.N.A.
de
las
embarcaciones de motor que se encuentren en las aguas territoriales de
Puerto Rico.
La numeración y registro conlleva el pago de derechos
conforme a la clasificación que establece el Artículo 17 de la Ley Núm.
48, 12 L.P.R.A. sec. 1395a, el cual en lo pertinente reza:
El dueño de toda embarcación o nave según se define en
este Capítulo, que deba estar numerada y registrada,
radicará una solicitud en el Departamento para que se le
asigne un número en los formularios que a esos efectos
suministrará el Departamento y que estarán disponibles al
solicitante.
La
solicitud
deberá
estar
acompañada
del
correspondiente pago de derechos al Secretario de Hacienda
de Puerto Rico.
Los derechos a pagar se determinarán de
acuerdo con la clase de embarcación, según clasificadas en
la siguiente tabla:
CLASIFICACION DE EMBARACACIONES O NAVES
CLASE
TAMAÑO
TARIFA
clase 1
Menos de 16 pies de largo---------------$25
clase 2
16 pies o más, pero menos de 22 pies-----50
clase 3
22 pies o más, pero menos de 30 pies----100
clase 4
30 pies o más, pero menos de 40 pies----200
clase 5
40 pies o más, pero menos de 65 pies----300
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5
clase 6
65 pies o más---------------------------400
El Art. 25 de la Ley Núm. 48 establece que toda persona que no
inscriba su embarcación, no renueve la inscripción o deje de notificar
el cambio de dueño dentro de los términos dispuestos en la ley “estará
sujeta a una multa administrativa no mayor del derecho de registro
anual de dicha embarcación multiplicado por cuatro (4)”.
12 L.P.R.A.
secs. 1395i.
Por
su
parte,
la
Sección
28
del
Reglamento
de
Inscripción
de
Embarcaciones de Motor y Reglas Generales de Seguridad del 11 de marzo
de
1988,
aprobado
por
el
Secretario
del
Departamento
de
Recursos
Naturales de conformidad con la Ley Núm. 48, supra, dispone que las
violaciones
del
Art.
25
de
la
Ley
Núm.
48
serán
punibles
administrativamente según lo dispone dicho artículo.
En el caso de autos, al licenciado Nadal Arcelay se le impuso una
multa administrativa de mil doscientos dólares ($1,200.00), equivalente
al derecho de registro anual de una embarcación clase 5, de cuarenta y
dos
(42)
pies
de
eslora,
cuya
tarifa
es
de
trescientos
dólares
($300.00), multiplicada por cuatro (4).
El
Tribunal
disposiciones
de
de
Circuito
ley
impugnadas
de
Apelaciones
concluyó
que,
al
examinar
las
a
tenor
lo
con
establecido por el Art. 25 de la Ley Núm. 48, el ámbito de pena mínima
a máxima era uno muy amplio, de un mínimo de un dólar ($1.00) a un
máximo
de
mil
doscientos
dólares
($1,200.00),
y
que
al
no
existir
criterio en la ley o en el reglamento para efectuar una gradación
uniforme, cada uno de los jueces administrativos podía adjudicar una
misma situación de hechos en forma muy dispar, lo cual propiciaba una
aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley.
El Tribunal añadió
que por no haberse promulgado normas que regulen la amplia discreción
de la agencia, el ejercicio de los poderes administrativos se llevaba a
cabo a base de consideraciones caso por caso, y no en función de ley o
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reglamento
6
igual
para
todos,
lo
cual
hacía
que
las
disposiciones
impugnadas adolecieran del defecto constitucional de vaguedad.1
En su recurso el Procurador General señala que erró el Tribunal de
Circuito de Apelaciones al decretar inconstitucional por vaguedad el
Art. 25 de la Ley Núm. 48 de 26 de junio de 1986, 12 L.P.R.A. sec.
1395i y la sección 28 del Reglamento promulgado a tenor con la misma.2
Sostiene que tanto la Ley Núm. 48, supra, como el Reglamento tienen
estándares que guían la discreción administrativa y no adolecen de
vaguedad.
Es principio de hermenéutica firmemente establecido, que el poder
judicial
debe
esforzarse
por
lograr
interpretaciones
congruentes
y
compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley.
Banco Popular de Puerto Rico v. Municipio de Mayagüez, 126 D.P.R. 653
(1990); P.R.P v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 642 (1984); Milán Rodríguez v.
Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R.
506, 513 (1972).
Es también una norma jurisprudencial de autolimitación judicial,
que no se considerará el aspecto constitucional de una ley cuando se
puede resolver un asunto mediante un análisis estatutario.
P.P.D. v.
Admor. General de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 243 (1981); Pacheco v.
Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592, 601 (1979).
una
interpretación
literal
y
rigurosa
del
Si al adoptarse
estatuto
se
plantean
1
El Tribunal de Circuito de Apelaciones llegó a dicha conclusión
aplicando la norma de Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).
Debemos señalar que la doctrina del caso de Soto, supra, no es de
aplicación al caso de autos.
En dicho ocasión resolvimos que por
tratarse
de
legislación
que
sustraía
del
escrutinio
público
determinados documentos ligados a la fase investigativa de los sucesos
del Cerro Maravilla, hacían falta normas claras y precisas que guiaran
la discreción administrativa.
Determinamos que la disposición
impugnada debía interpretarse restrictivamente a favor del derecho del
pueblo a mantenerse informado, y que por tratarse de una disposición
íntimamente relacionada con la libertad de expresión y el libre flujo
de ideas, era aplicable un análisis del escrutinio estricto.
A
diferencia de Soto, el caso de autos trata de la reglamentación de una
actividad de carácter socio-económico.
2
Tomamos conocimiento judicial de que los Artículos 16, 17, 18, 19 y 25
de la Ley Núm. 48 fueron enmendados por la Ley Núm. 6 de 6 de enero de
1998.
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interrogantes
y
objeciones
de
carácter
constitucional,
atemperará el estatuto, si ello fuere posible.
principios
debemos
evaluar
de
hermenéutica
si
la
y
de
determinación
Es a la luz de
autolimitación
del
tribunal
P.S.P. v. Comisión
Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 429 (1980).
estos
el
Tribunal
judicial
que
Circuito
de
de
Apelaciones fue correcta.
Entendemos que existe una interpretación del Art. 25 de la Ley
Núm. 48, supra, según la cual es innecesario considerar su aspecto
constitucional.
El texto que dice:
administrativa
no
mayor
del
“...estará sujeta a una multa
derecho
de
registro
anual
de
dicha
embarcación multiplicado por cuatro (4)” puede leerse e interpretarse,
sin violentar el texto y el propósito de dicho estatuto, para que se
entienda
que
equivalente
estará
al
sujeta
derecho
de
a
una
multa
registro
administrativa
anual
de
dicha
que
será
embarcación
multiplicado por cuatro (4).
Esta lectura nos parece razonable.
Más aun, un examen de la
enmienda que sufrió el Art. 25 por la Ley Núm. 6 de 6 de enero de 1998,
nos demuestra que ésta es la interpretación que el legislador tenía en
mente.
El Art. 25, según enmendado dispone:
Toda persona que en violación a las disposiciones de este
subcapítulo, no inscriba su embarcación o nave, o vehículo
de navegación, no renueve el marbete o deje de notificar el
cambio de dueño dentro de los términos dispuestos en este
capítulo estará sujeto a una multa administrativa que será
equivalente a la suma del derecho de registro anual de dicha
embarcación o nave, o vehículo de navegación multiplicado
por cuatro (4).
La
interpretación
que
adoptamos
es
cónsona
con
nuestra
jurisprudencia anterior que ha reconocido que una legislación posterior
puede ser considerada para interpretar propiamente el alcance de la
legislación anterior.
R.E. Bernier, Aprobación e interpretación de las
leyes en Puerto Rico, México, Ed. Cultura, 1963, pág. 123, citado con
aprobación
en
Morales
v.
Adm.
Sistemas
(1989).
IV
de
Retiro,
123
D.P.R.
589
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8
De un examen del recurso de revisión surge que el licenciado Nadal
Arcelay nunca planteó en su recurso de revisión la inconstitucionalidad
del Art. 25 de la Ley Núm. 48, supra,3 y que fue el Tribunal de Circuito
de
Apelaciones
el
que
motu
abordó
proprio
el
planteamiento
de
constitucionalidad.
El
tribunal
apelativo
hizo
una
lectura
mecánica
del
texto
y
determinó que, de acuerdo al estatuto, el ámbito de multa a imponerse
variaba
desde
un
mínimo
de
un
dólar
($1.00)
a
un
máximo
de
mil
doscientos dólares ($1,200.00), por lo cual el estatuto adolecía de
vaguedad.4
Al así actuar, el Tribunal de Circuito de Apelaciones no
consideró si existía una interpretación del estatuto que, sin violentar
su lectura y propósito, salvara su constitucionalidad.
Obvió de este
modo la norma reconocida de hermenéutica que dispone que el que un
estatuto
requiera
interpretación,
necesariamente de vaguedad.
no
quiere
decir
que
adolece
Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R.
533, 544 (1984).
Consideramos que era innecesario juzgar la constitucionalidad de
las disposiciones impugnadas, por existir un fundamento alterno que
permitía disponer del caso.
130 D.P.R. 782 (1992).
Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc.,
Un análisis de las disposiciones impugnadas nos
lleva a concluir que es factible hacer un ejercicio de interpretación
estatutaria
que,
siguiendo
las
normas
de
hermenéutica
y
de
autolimitación judicial, nos lleve a leer el texto impugnado en el
3
En su recurso ante dicho foro, Nadal Arcelay se limitó a señalar que
la Resolución de la Agencia había sido emitida en contravención a la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y que el D.R.N.A. le había
impuesto una multa desproporcionada a la conducta constitutiva de
infracción. Argumentó que el tribunal tenía amplia discreción para
reducir la multa, tomando en consideración los factores atenuantes en
su caso.
4
Cabe señalarse que, lo determinante en la imposición de multas
administrativas es que el estatuto establezca un tope máximo de la
penalidad y no tiene que establecerse necesariamente un mínimo. Véase
Butz v. Glover Livestock Comissión Co. Inc., 411 U.S. 182, 185-186
(1973).4
Véase también la Sec. 7.1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2201.
Fernández Quiñones,
Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo, Ed. Fórum
1993, págs. 106-107.
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9
sentido de que se entienda que la multa administrativa será equivalente
al derecho de registro anual de dicha embarcación multiplicado por
cuatro (4).
Al
así
resolver
reiteramos
el
principio
elemental
de
interpretación estatutaria de que cuando la validez de una ley está en
entredicho y existen dos posibles interpretaciones, una de las cuales
sería
inconstitucional,
los
tribunales
debemos
adoptar
interpretación que sostendría su validez constitucional.
la
Ramirez de
Ferrer v. Mari Bras, res. 10 de abril de 1997, 144 D.P.R. ____ (1997).
Por
los
fundamentos
anteriormente
expuestos,
se
revoca
la
Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se sostiene la
legalidad de la multa impuesta.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael A. Nadal Arcelay
Recurrente Apelado
v.
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Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales
Recurrido Apelante
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede la cual se hace formar parte integral de la
presente, se revoca la sentencia del Tribunal de Circuito
de Apelaciones y se sostiene la legalidad de la multa
impuesta.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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