LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

RAFAEL A. NADAL ARCELAY V. DPTO. RECURSOS NATURALES

2000 TSPR 59

Poder Judicial de Puerto Rico

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RAFAEL A. NADAL ARCELAY V. DPTO. RECURSOS NATURALES

AC-1997-0035

AC-1997-35

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael A. Nadal Arcelay

Recurrente

Certiorari

v.

2000 TSPR 59

Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales

Recurrido

Número del Caso: AC-1997-0035

Fecha: 07/04/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago

Abogada de la Parte Recurrente: Lcda. Mayra J. Serrano Borges

Abogada de la Parte Recurrida: Cancio, Nadal, Rivera & Díaz

Lcda. Sara E. Tolosa Ramírez

Materia: Revisión de Decisión de Agencia Administrativa

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AC-1997-35

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael A. Nadal Arcelay

Recurrente Apelado

v.

AC-97-35

Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales

Recurrido Apelante

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2000.

El

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales, (“D.R.N.A.”) solicita la revisión de

una sentencia emitida por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones que revocó una multa administrativa

impuesta

al

Sr.

Rafael

Nadal

Arcelay,

por

considerar que la disposición estatutaria bajo la

cual

impuso

dicha

multa

adolecía

del

defecto de

vaguedad.

Por considerar que un análisis estatutario de

las disposiciones impugnadas sostienen la imposición

de la multa, revocamos.

AC-1997-35

3

I

El

18

de

junio

de

1994,

el

Lcdo.

Rafael

Nadal

Arcelay

se

encontraba en posesión y uso de una lancha Bertran de cuarenta y dos

(42) pies de eslora en el sector conocido como Cayo Luis Peña del

Municipio

de

Culebra,

cuando

el

guardia

Félix

Astor

le

expidió

un

boleto, imponiéndole una multa de mil doscientos dólares ($1,200.00)

por no haber renovado el certificado de inscripción de la embarcación,

según lo dispone el artículo 18 de la Ley Núm. 48 de 26 de junio de

1986, 12 L.P.R.A. sec. 1395 (b).

El Lcdo. Nadal Arcelay impugnó la expedición del boleto ante el

D.R.N.A.,

alegando

que

la

embarcación

tenía

un

certificado

de

inscripción vigente expedido por el Servicio de Aduanas Federal y por

la Guardia Costanera.

El 8 de junio de 1995, después de haberse celebrado una vista

administrativa, el D.R.N.A. emitió resolución mediante la cual concluyó

que

el

certificado

de

documentación

de

la

Guardia

Costanera

no

constituía un certificado de inscripción a los efectos de ley, y no le

eximía del pago de derechos al Estado.

cuantía

de

la

multa

administrativa

El Oficial Examinador redujo la

de

mil

doscientos

dólares

($1,200.00) a mil dólares ($1,000.00), en atención a que el Lcdo. Nadal

Arcelay

no

era

el

dueño

de

la

embarcación

y

había

hecho

algunos

trámites para renovar la inscripción.

El licenciado Nadal Arcelay solicitó reconsideración, la cual fue

declarada sin lugar.

Oportunamente presentó un recurso de revisión

ante el Tribunal de Primera Instancia.

Después de algunos incidentes

procesales ante dicho Tribunal, el recurso fue trasladado al Tribunal

de Circuito de Apelaciones de conformidad con el Artículo 9.004 de la

Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó sentencia revocando

la multa administrativa impuesta por el D.R.N.A., por considerar que la

misma

fue

impuesta

en

virtud

de

unas

disposiciones

que

carecen

de

parámetros suficientes para guiar de forma uniforme la imposición de la

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multa.

4

Determinó

el

Tribunal

Apelativo

que,

al

así

proceder,

el

D.R.N.A. actuó en contravención a la prohibición constitucional que

garantiza el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes,

por

lo

que

la

imposición

de

la

multa

constituyó

un

acto

nulo

en

derecho.

Habiendo examinado el expediente del caso y los alegatos de las

partes, resolvemos.

II

La Ley Núm. 48 del 27 de junio de 1986, 12 L.P.R.A. secs. 13911397e,

tiene

balnearios

y

el

propósito

establecer

de

reglamentar

medidas

de

el

uso

seguridad

recreativo

con

respecto

de

los

a

las

embarcaciones que naveguen en aguas del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

El Art. 16 de dicha ley, 12 L.P.R.A. sec. 1395, impone el

requisito

de

numeración

e

inscripción

en

el

D.R.N.A.

de

las

embarcaciones de motor que se encuentren en las aguas territoriales de

Puerto Rico.

La numeración y registro conlleva el pago de derechos

conforme a la clasificación que establece el Artículo 17 de la Ley Núm.

48, 12 L.P.R.A. sec. 1395a, el cual en lo pertinente reza:

El dueño de toda embarcación o nave según se define en

este Capítulo, que deba estar numerada y registrada,

radicará una solicitud en el Departamento para que se le

asigne un número en los formularios que a esos efectos

suministrará el Departamento y que estarán disponibles al

solicitante.

La

solicitud

deberá

estar

acompañada

del

correspondiente pago de derechos al Secretario de Hacienda

de Puerto Rico.

Los derechos a pagar se determinarán de

acuerdo con la clase de embarcación, según clasificadas en

la siguiente tabla:

CLASIFICACION DE EMBARACACIONES O NAVES

CLASE

TAMAÑO

TARIFA

clase 1

Menos de 16 pies de largo---------------$25

clase 2

16 pies o más, pero menos de 22 pies-----50

clase 3

22 pies o más, pero menos de 30 pies----100

clase 4

30 pies o más, pero menos de 40 pies----200

clase 5

40 pies o más, pero menos de 65 pies----300

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5

clase 6

65 pies o más---------------------------400

El Art. 25 de la Ley Núm. 48 establece que toda persona que no

inscriba su embarcación, no renueve la inscripción o deje de notificar

el cambio de dueño dentro de los términos dispuestos en la ley “estará

sujeta a una multa administrativa no mayor del derecho de registro

anual de dicha embarcación multiplicado por cuatro (4)”.

12 L.P.R.A.

secs. 1395i.

Por

su

parte,

la

Sección

28

del

Reglamento

de

Inscripción

de

Embarcaciones de Motor y Reglas Generales de Seguridad del 11 de marzo

de

1988,

aprobado

por

el

Secretario

del

Departamento

de

Recursos

Naturales de conformidad con la Ley Núm. 48, supra, dispone que las

violaciones

del

Art.

25

de

la

Ley

Núm.

48

serán

punibles

administrativamente según lo dispone dicho artículo.

En el caso de autos, al licenciado Nadal Arcelay se le impuso una

multa administrativa de mil doscientos dólares ($1,200.00), equivalente

al derecho de registro anual de una embarcación clase 5, de cuarenta y

dos

(42)

pies

de

eslora,

cuya

tarifa

es

de

trescientos

dólares

($300.00), multiplicada por cuatro (4).

El

Tribunal

disposiciones

de

de

Circuito

ley

impugnadas

de

Apelaciones

concluyó

que,

al

examinar

las

a

tenor

lo

con

establecido por el Art. 25 de la Ley Núm. 48, el ámbito de pena mínima

a máxima era uno muy amplio, de un mínimo de un dólar ($1.00) a un

máximo

de

mil

doscientos

dólares

($1,200.00),

y

que

al

no

existir

criterio en la ley o en el reglamento para efectuar una gradación

uniforme, cada uno de los jueces administrativos podía adjudicar una

misma situación de hechos en forma muy dispar, lo cual propiciaba una

aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley.

El Tribunal añadió

que por no haberse promulgado normas que regulen la amplia discreción

de la agencia, el ejercicio de los poderes administrativos se llevaba a

cabo a base de consideraciones caso por caso, y no en función de ley o

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reglamento

6

igual

para

todos,

lo

cual

hacía

que

las

disposiciones

impugnadas adolecieran del defecto constitucional de vaguedad.1

En su recurso el Procurador General señala que erró el Tribunal de

Circuito de Apelaciones al decretar inconstitucional por vaguedad el

Art. 25 de la Ley Núm. 48 de 26 de junio de 1986, 12 L.P.R.A. sec.

1395i y la sección 28 del Reglamento promulgado a tenor con la misma.2

Sostiene que tanto la Ley Núm. 48, supra, como el Reglamento tienen

estándares que guían la discreción administrativa y no adolecen de

vaguedad.

Es principio de hermenéutica firmemente establecido, que el poder

judicial

debe

esforzarse

por

lograr

interpretaciones

congruentes

y

compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley.

Banco Popular de Puerto Rico v. Municipio de Mayagüez, 126 D.P.R. 653

(1990); P.R.P v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 642 (1984); Milán Rodríguez v.

Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R.

506, 513 (1972).

Es también una norma jurisprudencial de autolimitación judicial,

que no se considerará el aspecto constitucional de una ley cuando se

puede resolver un asunto mediante un análisis estatutario.

P.P.D. v.

Admor. General de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 243 (1981); Pacheco v.

Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592, 601 (1979).

una

interpretación

literal

y

rigurosa

del

Si al adoptarse

estatuto

se

plantean

1

El Tribunal de Circuito de Apelaciones llegó a dicha conclusión

aplicando la norma de Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).

Debemos señalar que la doctrina del caso de Soto, supra, no es de

aplicación al caso de autos.

En dicho ocasión resolvimos que por

tratarse

de

legislación

que

sustraía

del

escrutinio

público

determinados documentos ligados a la fase investigativa de los sucesos

del Cerro Maravilla, hacían falta normas claras y precisas que guiaran

la discreción administrativa.

Determinamos que la disposición

impugnada debía interpretarse restrictivamente a favor del derecho del

pueblo a mantenerse informado, y que por tratarse de una disposición

íntimamente relacionada con la libertad de expresión y el libre flujo

de ideas, era aplicable un análisis del escrutinio estricto.

A

diferencia de Soto, el caso de autos trata de la reglamentación de una

actividad de carácter socio-económico.

2

Tomamos conocimiento judicial de que los Artículos 16, 17, 18, 19 y 25

de la Ley Núm. 48 fueron enmendados por la Ley Núm. 6 de 6 de enero de

1998.

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7

interrogantes

y

objeciones

de

carácter

constitucional,

atemperará el estatuto, si ello fuere posible.

principios

debemos

evaluar

de

hermenéutica

si

la

y

de

determinación

Es a la luz de

autolimitación

del

tribunal

P.S.P. v. Comisión

Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 429 (1980).

estos

el

Tribunal

judicial

que

Circuito

de

de

Apelaciones fue correcta.

Entendemos que existe una interpretación del Art. 25 de la Ley

Núm. 48, supra, según la cual es innecesario considerar su aspecto

constitucional.

El texto que dice:

administrativa

no

mayor

del

“...estará sujeta a una multa

derecho

de

registro

anual

de

dicha

embarcación multiplicado por cuatro (4)” puede leerse e interpretarse,

sin violentar el texto y el propósito de dicho estatuto, para que se

entienda

que

equivalente

estará

al

sujeta

derecho

de

a

una

multa

registro

administrativa

anual

de

dicha

que

será

embarcación

multiplicado por cuatro (4).

Esta lectura nos parece razonable.

Más aun, un examen de la

enmienda que sufrió el Art. 25 por la Ley Núm. 6 de 6 de enero de 1998,

nos demuestra que ésta es la interpretación que el legislador tenía en

mente.

El Art. 25, según enmendado dispone:

Toda persona que en violación a las disposiciones de este

subcapítulo, no inscriba su embarcación o nave, o vehículo

de navegación, no renueve el marbete o deje de notificar el

cambio de dueño dentro de los términos dispuestos en este

capítulo estará sujeto a una multa administrativa que será

equivalente a la suma del derecho de registro anual de dicha

embarcación o nave, o vehículo de navegación multiplicado

por cuatro (4).

La

interpretación

que

adoptamos

es

cónsona

con

nuestra

jurisprudencia anterior que ha reconocido que una legislación posterior

puede ser considerada para interpretar propiamente el alcance de la

legislación anterior.

R.E. Bernier, Aprobación e interpretación de las

leyes en Puerto Rico, México, Ed. Cultura, 1963, pág. 123, citado con

aprobación

en

Morales

v.

Adm.

Sistemas

(1989).

IV

de

Retiro,

123

D.P.R.

589

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8

De un examen del recurso de revisión surge que el licenciado Nadal

Arcelay nunca planteó en su recurso de revisión la inconstitucionalidad

del Art. 25 de la Ley Núm. 48, supra,3 y que fue el Tribunal de Circuito

de

Apelaciones

el

que

motu

abordó

proprio

el

planteamiento

de

constitucionalidad.

El

tribunal

apelativo

hizo

una

lectura

mecánica

del

texto

y

determinó que, de acuerdo al estatuto, el ámbito de multa a imponerse

variaba

desde

un

mínimo

de

un

dólar

($1.00)

a

un

máximo

de

mil

doscientos dólares ($1,200.00), por lo cual el estatuto adolecía de

vaguedad.4

Al así actuar, el Tribunal de Circuito de Apelaciones no

consideró si existía una interpretación del estatuto que, sin violentar

su lectura y propósito, salvara su constitucionalidad.

Obvió de este

modo la norma reconocida de hermenéutica que dispone que el que un

estatuto

requiera

interpretación,

necesariamente de vaguedad.

no

quiere

decir

que

adolece

Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R.

533, 544 (1984).

Consideramos que era innecesario juzgar la constitucionalidad de

las disposiciones impugnadas, por existir un fundamento alterno que

permitía disponer del caso.

130 D.P.R. 782 (1992).

Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc.,

Un análisis de las disposiciones impugnadas nos

lleva a concluir que es factible hacer un ejercicio de interpretación

estatutaria

que,

siguiendo

las

normas

de

hermenéutica

y

de

autolimitación judicial, nos lleve a leer el texto impugnado en el

3

En su recurso ante dicho foro, Nadal Arcelay se limitó a señalar que

la Resolución de la Agencia había sido emitida en contravención a la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y que el D.R.N.A. le había

impuesto una multa desproporcionada a la conducta constitutiva de

infracción. Argumentó que el tribunal tenía amplia discreción para

reducir la multa, tomando en consideración los factores atenuantes en

su caso.

4

Cabe señalarse que, lo determinante en la imposición de multas

administrativas es que el estatuto establezca un tope máximo de la

penalidad y no tiene que establecerse necesariamente un mínimo. Véase

Butz v. Glover Livestock Comissión Co. Inc., 411 U.S. 182, 185-186

(1973).4

Véase también la Sec. 7.1 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2201.

Fernández Quiñones,

Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo, Ed. Fórum

1993, págs. 106-107.

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9

sentido de que se entienda que la multa administrativa será equivalente

al derecho de registro anual de dicha embarcación multiplicado por

cuatro (4).

Al

así

resolver

reiteramos

el

principio

elemental

de

interpretación estatutaria de que cuando la validez de una ley está en

entredicho y existen dos posibles interpretaciones, una de las cuales

sería

inconstitucional,

los

tribunales

debemos

adoptar

interpretación que sostendría su validez constitucional.

la

Ramirez de

Ferrer v. Mari Bras, res. 10 de abril de 1997, 144 D.P.R. ____ (1997).

Por

los

fundamentos

anteriormente

expuestos,

se

revoca

la

Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se sostiene la

legalidad de la multa impuesta.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

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10

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael A. Nadal Arcelay

Recurrente Apelado

v.

AC-1997-35

Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales

Recurrido Apelante

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte integral de la

presente, se revoca la sentencia del Tribunal de Circuito

de Apelaciones y se sostiene la legalidad de la multa

impuesta.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

AC-1997-35

11