LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PARTIDO ACCION CIVIL V. ELA

2000 TSPR 61

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

PARTIDO ACCION CIVIL V. ELA

AC-1999-0020

AC-1999-20

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Acción Civil

Peticionario

Apelación

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

et al

Recurridos

2000 TSPR 61

(RECONSIDERACION)

Número del Caso: AC-1999-0020

Fecha: 25/04/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Guillermo Arbona Lago

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez

Lcdo. Roberto Ariel Fernández

Abogado de la C.E.E.:

Lcdo. Ramón L. Walker Merino

Oficina del Procurador General:

Hon. Gustavo A. Gelpí,

Procurador General

Lcda. Karen Pagán Pagán,

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Comisionado del PNP:

Lcdo. José A. Carlo Rodríguez

Materia: Acción Civil

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y

correciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

AC-1999-20

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Acción Civil

Peticionario

Vs.

Certiorari

AC-1999-20

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al

Recurridos

PER CURIAM

(En Reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2000.

Resolvemos la moción de reconsideración

presentada

nuestra

por

el

Opinión

Partido

Partido

Acción

Civil

de

Acción

Civil

v.

Estado Libre Asociado, et al, res. el 25 de

febrero

de

2000,

2000

T.S.P.R.

sostuvo

la

constitucionalidad

de

29,

los

que

Arts.

3.001(3) y 3.002 de la Ley Electoral, Ley

Núm. 4 de

20 de diciembre de

1977, según

enmendada. 16 L.P.R.A. ss. 3101(3) y 3102.

Con el beneficio de la comparecencia de las

partes

a

la

vista

oral,

así

como

de

los

alegatos y documentos sometidos, se deniega

la moción de reconsideración.

AC-1999-20

3

I

El 25 de febrero de 2000, mediante Opinión del Tribunal,

sostuvimos

la

constitucionalidad

de

los

Arts.

3.001(3)

y

3.002 de la Ley Electoral, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de

1977,

según

enmendada.

16

L.P.R.A.

ss.

3101(3)

y

3102.

Concluimos que dichas disposiciones, las cuales requieren que

un abogado notario certifique las peticiones de endosos de

las

agrupaciones

políticas

que

aspiran

a

convertirse

en

partidos por petición, y que las peticiones sean presentadas

ante la Comisión Estatal de Elecciones dentro de siete días

de su recolección, no violan la doctrina

acceso a la papeleta electoral.

constitucional de

Indicamos, además, que las

referidas disposiciones tampoco contravienen la cláusula de

Igual Protección de las Leyes.

Oportunamente, el Partido Acción Civil presentó Moción

de Reconsideración en la cual nos solicitó que declaráramos

la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas por

considerar

que

era

aplicable

al

caso

de

marras,

como

un

mínimo constitucional, lo resuelto en Meyer v. Grant, 486

U.S. 414 (1988)

y Buckley

v.

American Constitutional Law

Foundation, 525 U.S. 182 (1999).

Además, presentó una solicitud de vista oral, a la cual

accedimos.

Simultáneamente

concedimos

a

las

partes

un

término para que compareciesen e ilustrasen a esta Curia,

respecto a remedios alternos y la viabilidad de que otros

funcionarios

juramentaran

endosos

de

inscripciones

de

partidos por petición.

En su comparecencia ante nos el Partido Acción Civil,

argumentó que al amparo de Meyer, supra y Buckley, supra, el

único mecanismo alterno constitucionalmente permisible es la

utilización de voluntarios no abogados en la recolección y

juramentación de los endosos de inscripción.

AC-1999-20

4

Por su parte, el Estado Libre Asociado y la Comisión

Estatal de Elecciones señalaron que en atención al interés

importante de atender la integridad del proceso electoral,

sólo funcionarios que poseyeran un grado de veracidad en las

certificaciones que juramentan que fuese análogo al de un

abogado

notario,

podían

ser

considerados

como

posibles

funcionarios alternos en la juramentación de los endosos de

inscripción

de

los

partidos

funcionarios,

de

acuerdo

al

por

petición.

Procurador

General

Dichos

y

a

la

Comisión Estatal de Elecciones, lo son los jueces de la Rama

Judicial y los Secretarios de los Tribunales.

Señalaron, además, en su comparecencia las consecuencias

que la entrada de partidos políticos nuevos representa en

cuanto al financiamiento y la forma de operación del aparato

electoral puertorriqueño. De acuerdo a la Comisión, el costo

de

operación

del

sistema

electoral

cuarenta millones de dólares

cuatrienio, y

cada

es

de

aproximadamente

por cada partido

durante el

partido nuevo que se inscribe representa

otro tanto. Dicha cantidad se desglosa en lo asignado por el

Fondo

Electoral,

además

de

los

gastos

operacionales

que

implica cada nuevo partido: un Comisionado Electoral con sus

ayudantes, un representante en cada una de las Juntas de

Inscripción Permanentes, con su equipo y espacio de trabajo,

ocho supervisores y el personal de balance.1

Respecto

al

historial

electoral

del

Partido

Civil, la Comisión certificó que el Partido

1

Acción

Acción Civil

Durante la Vista Oral el Tribunal ordenó a la Comisión

Estatal de Elecciones que sometiera documentos relevantes al

presupuesto de la Comisión y sobre las agrupaciones que han

solicitado quedar certificadas para comenzar el proceso de

inscripción como partidos por petición desde el 1983 al

presente.

De los documentos sometidos por la Comisión en

cumplimiento de dicha orden surge que el costo anual de la

representación de un partido político en las diferentes

AC-1999-20

5

quedó certificado el 20 de mayo de 1998, y que para la fecha

de 25 de marzo de 2000, solamente había presentado treinta y

cinco (35)endosos, de las cuales treinta (30) habían sido

validados y cinco (5) habían sido rechazados.

La Comisión también certificó que el Partido Laboral

Unidad Social, el cual fue certificado el 15 de marzo de

1998, es decir dos meses antes que el Partido Acción Civil,

para la fecha de 29 de marzo de 2000, había presentado un

total de 33,769 endosos, de los cuales 29,894 habían sido

validados,

1,139

habían

sido

rechazados

y

2,736

quedaban

pendientes de validación.

II

La vista argumentativa solicitada por el Partido Acción

Civil se llevó a cabo el 31 de marzo de 2000. Las partes

tuvieron oportunidad de hacer

contestar

las

preguntas

su exposición, así como de

sometidas

por

esta

Curia,

y

de

refutar los argumentos presentados por la otra parte.

El propósito de la celebración de dicha vista fue dar la

oportunidad

al

Partido

Acción

Civil

de

demostrar

las

diligencias llevadas a cabo en el proceso de inscripción del

partido,

pudiésemos

para

que

a

reexaminar

luz

si

de

el

los

esfuerzos

requisito

de

la

realizados,

intervención

notarial era uno severo u oneroso.

Examinada

cuidadosamente

la

comparecencia

del

Partido

Acción Civil, así como su contestación a nuestras preguntas y

lo expresado en su turno de refutación, es forzoso concluir

que no nos ha demostrado que llevó a cabo una diligencia

razonable para lograr la inscripción del partido. Más aun, el

récord demuestra

así

como

una

ausencia de un grado mínimo de esfuerzo,

tendencia

a

depender

exclusivamente

de

la

estructuras de la Comisión es de $5,600,477.00 en cada año no

electoral y de $13,800,477.00 en el año pre-electoral.

AC-1999-20

6

litigación, con el propósito de lograr la inscripción del

partido.

Veamos.

(A) La recolección de endosos

Durante

la

vista

celebrada

el

Tribunal

indagó

específicamente sobre las gestiones o esfuerzos hechos por el

Partido Acción Civil para lograr su inscripción.

Uno de los argumentos principales del Partido Acción

Civil fue que el sistema actual impide que el presidente del

partido o sus familiares o amigos puedan recolectar endosos,

en vista de que esto tienen que hacerlo los notarios.

Indicó

que había sometido seis (6) declaraciones juradas de abogados

que sostienen que sería muy oneroso para ellos abandonar su

práctica para autenticar los endosos requeridos. La Comisión

Estatal de Elecciones señaló que el Partido Acción Civil no

había provisto prueba a los efectos de que no había podido

recolectar los endosos porque los notarios se habían negado a

hacerlo.

Por

su

parte,

la

Comisión

distinguió

entre

la

recolección de endosos y la autenticación de las firmas de

los endosantes. Los miembros o los voluntarios del partido

pueden solicitar o recolectar los endosos, nada les impide

hacerlo. Ahora bien, una vez el endosante accede a dar su

endoso, tendrá que firmar el mismo en presencia de un notario

público.

La Comisión señaló, y el Partido Acción Civil aceptó,

que

a

la

sometido

fecha

treinta

de

la

(30)

vista

endosos

el

Partido

válidos

solamente

ante

la

había

Comisión.

Dichos endosos fueron sometidos en septiembre de 1998. La

representación legal del Partido Acción Civil aclaró que él

era quien había recogido y notarizado los endosos durante un

período de cuatro horas. El Partido Acción Civil aceptó que,

a partir de esa fecha, no había hecho gestión alguna para

AC-1999-20

conseguir

7

endosos,

por

haber

enfocado

sus

esfuerzos

en

impugnar en los tribunales la validez de la Ley Electoral.

La Comisión Estatal señaló además de que a pesar de que

este Tribunal le reconoció al Partido Acción Civil el derecho

a obtener, mediante pago, copia de las listas electorales,

Partido Acción Civil v. Comisión Estatal de Elecciones, res.

el de 27 de sep. de 1999, 99 T.S.P.R. 145, a la fecha de la

vista no había solicitado las mismas de la Comisión2. El

Partido Acción

Civil respondió

que no habían

buscado las

listas electorales en atención a su costo, y al hecho de que

dicho asunto estaba íntimamente relacionado a la controversia

en el caso de autos.

(B) La base electoral del Partido Acción Civil

El Tribunal indagó sobre la base electoral del Partido

Acción Civil, es decir el apoyo popular con que cuenta dicha

agrupación política. El Partido Acción Civil señaló que en

Puerto Rico existen cuatrocientos mil (400,000) votantes no

inscritos

quienes

podrían

constituir

su

apoyo

o

base

electoral. También señaló que como su plataforma promueve la

fórmula de la libre asociación, podrían contar con el apoyo

de los cuatro mil (4,000) electores que votaron por esta

alternativa en el plebiscito de 1999. Finalmente indicó que,

una encuesta, llevada a cabo antes de la celebración del

plebiscito

de

1998,

reveló

que

la

fórmula

de

la

libre

asociación contaba con el apoyo de un quince por ciento (15%)

de los encuestados.

2

La representación legal del Partido Acción Civil argumentó

que no habían recogido las listas electorales porque la

Comisión les estaba cobrando mil ochocientos ($1,800.00)

dólares por ellas. La representación legal de la Comisión

respondió que esa es la cantidad que se cobra a todo aquél

que solicita las listas, y que dicha cantidad es el costo de

reproducción de las listas.

AC-1999-20

8

Por su parte, la Comisión Estatal de Elecciones señaló

que el Partido Acción Civil además de haber sometido sólo

treinta endosos, ni siquiera había presentado un listado de

electores

que

lo

apoyen,

como

evidencia

de

su

pujanza

electoral3.

(C) La diferencia en la regulación de candidatos a primarias

o candidatos independientes y las agrupaciones políticas que

interesan lograr la inscripción como partidos políticos

El

Partido

Acción

Civil

señaló

que

solicitaba

se

le

permitiera utilizar notarios ad hoc para la certificación de

los endosos. El Tribunal indagó cuáles eran las razones para

permitir la utilización de notarios ad hoc en el caso de los

candidatos a primarias y candidatos independientes, y no en

el caso de los partidos por petición.

La Comisión señaló que existe una diferencia fundamental

entre

las

consecuencias

diferencia

fundamental

políticas

que

interesan

políticos

una

vez

que

acarrea

estriba

ser

someten

en

cada

que

las

certificadas

los

proceso.

La

agrupaciones

como

correspondientes

partidos

endosos

y

éstos son validados, tienen unos derechos y prerrogativas que

no tiene un candidato independiente o candidato a primarias.

Sostuvo que merece enfatizarse el hecho de que una vez se

logra la inscripción del partido, éste tiene derecho a fondos

públicos. Por ejemplo, tiene derecho a participar del Fondo

Electoral4,

tiene

derecho

a

tener

representante

en

un

un

Comisionado

cada

Junta

Electoral

de

y

a

Inscripción

3

Debemos señalar que lo único que consta en autos que

podamos interpretar como prueba del apoyo popular con el que

consta el Partido Acción Civil son diez declaraciones juradas

de personas que son miembros del Partido Acción Civil en las

cuales declararon que están dispuestos a recoger endosos para

inscribir el partido.

4

A pesar de que en varias ocasiones durante la vista la

representación legal del Partido Acción Civil señaló la

necesidad e importancia de participar del Fondo Electoral, al

final de la vista señaló que estaba autorizado por su cliente

para renunciar a su participación del Fondo Electoral.

AC-1999-20

9

Permanente,

empleados

cuyos

sueldos

se

pagan

con

fondos

públicos.5 Señaló que esto es así porque en Puerto Rico, a

diferencia de los estados americanos, se subvencionan los

partidos políticos con fondos públicos. Por el contrario, el

candidato a primarias o el

candidato independiente no es

acreedor de tales derechos.

La Comisión Estatal de Elecciones también señaló que la

diferencia en trato se justifica porque el término que tienen

los candidatos independientes y los candidatos a primarias

para someter los endosos que requiere la ley es de dos meses.

Por el contrario, las agrupaciones políticas que buscan la

certificación como partidos políticos tienen un periodo de

tres años y medio para someter los endosos correspondientes.

Por último, la Comisión indicó que el único cedazo que

existe

en

el

caso

de

los

endosos

de

las

agrupaciones

políticas en proceso de inscripción como partidos, es la

certificación por el notario.

A diferencia de esto, respecto

a los candidatos a primarias y los candidatos independientes,

existen unos cedazos o filtros adicionales. Así por ejemplo,

en el caso de los candidatos a primarias, el partido al cual

pertenece ya es un partido inscrito, es decir ha demostrado

un

apoyo

dentro

del

electorado.

El

candidato

primarista

pasa, en primer lugar por el proceso interno de su partido,

en el cual tiene que demostrar que cuenta con un respaldo

significativo a través de los votos de los electores de ese

partido. De resultar victorioso en las primarias pasa por el

cedazo final de las elecciones generales.

(D) Remedio solicitado

La Comisión reiteró en su exposición

expresado en su comparecencia sobre el

público que representa un nuevo partido.

5

argumentativa lo

costo al erario

AC-1999-20

10

El Partido Acción Civil rechazó expresamente el remedio

de que jueces o secretarios de los tribunales autentiquen las

firmas

de

los

endosantes.

También

rechazó

la

alternativa

propuesta en el Voto Disidente del Juez Asociado señor Negrón

García en Partido Acción Civil v. E.L.A., Resolución emitida

el 27 de octubre de 1999, 99 T.S.P.R. 163, de que empleados

de las Juntas de Inscripción Permanente de la Comisión actúen

como notarios ad hoc. El Partido Acción Civil solicitó que se

le permita la certificación de endosos

partido,

sin

necesidad

de

que

por los miembros del

intervengan

en

el

proceso

notarios o funcionarios públicos. Razonó que el estado cuenta

con varios mecanismos para combatir el fraude, como lo son el

procesamiento penal por los delitos de fraude o perjurio y la

posible descertificación del candidato o partido que haya

logrado su inscripción fraudulentamente.

III

Examinados

comparecencia

minuciosamente

del

Partido

los

autos,

así

Acción

Civil

en

como

la

la

vista

argumentativa del pasado 31 de marzo, nos es forzoso concluir

que el Partido Acción Civil no ha demostrado tener un genuino

interés en lograr la inscripción de dicha agrupación como

partido por petición.

Son varios los hechos que nos mueven a esta conclusión:

que en el tiempo transcurrido desde su certificación hasta el

presente haya solamente presentado ante la Comisión treinta

(30) endosos válidos, los cuales, según su propia admisión,

fueron certificados por un solo notario durante el transcurso

de cuatro horas; que tras litigar hasta este Foro el asunto

de las copias de las listas electorales, con el consabido

esfuerzo y costo que esto conlleva tanto para las partes como

para el sistema judicial, no hayan

recogido dichas copias;

la ausencia de un listado de electores dispuestos a endosar

AC-1999-20

11

el partido; la "renuncia" a última hora y como último recurso

a

la

participación

considerar

en

mecanismos

el

Fondo

alternos

Electoral;

para

la

su

negativa

certificación

a

de

endosos por los notarios, que por tratarse de funcionarios

públicos cuenten con un grado de confiabilidad mayor que los

miembros del propio partido. Todo esto nos lleva a determinar

que el Partido Acción Civil no ha demostrado una diligencia

razonable en la defensa del interés concreto que pretende

litigar.

Las peticiones de endosos presentadas por el Partido

Acción Civil ante la Comisión representan un .003% de los

97,784 endosos requeridos para su inscripción. Usando los

números suministrados por la representación legal del Partido

Acción Civil, a los fines de que en cuatro horas recolectó y

notarizó

treinta

(30)

endosos

válidos,

un

simple

cálculo

matemático nos demuestra que nueve (9) notarios certificando

endosos

durante

ocho

(8)

horas

a

la

semana,

hubiesen

notarizado 98,280 endosos durante un período de tres años y

medio,

término

dispuesto

por

la

Ley

Electoral

para

la

inscripción de los partidos por petición.

También cabe señalarse que en Puerto Rico existen ciento

cuatro

dos

(104)

precintos

notarios

por

electorales.

precinto

y

que

Bastaría

cada

con

uno

utilizar

certificase

quinientos endosos para recolectar 104,000 endosos, lo cual

excede el número de endosos

requeridos. Para

dicha tarea

contarían, por supuesto, con los tres años y medio dispuestos

en la Ley Electoral.

Además,

de

la

prueba

presentada

en

la

vista

debemos

concluir que la base electoral con la cual alega contar el

Partido

Acción

Civil

es

una

abstracta

e

hipotética.

A

excepción de diez declaraciones juradas que constan en el

expediente, en las cuales diez miembros del partido expresan

AC-1999-20

12

que están dispuestos a recoger endosos, el Partido Acción

Civil

no

nos

personas

o

ha

demostrado

grupos

que

cuenta

identificables,

lo

con

cual

el

apoyo

necesita

de

toda

agrupación política que aspira a convertirse en un partido

político y a presentar candidatos en todo el país.

IV

Nos

corresponde

Partido Acción

finalmente

Civil de que en

analizar

el

el caso de

argumento

del

autos son de

aplicación los casos federales de Meyer, supra y Buckley,

supra. Concluimos que dicha jurisprudencia no apoya la tesis

del Partido Acción Civil, y es claramente distinguible de la

situación ante nos. Debemos señalar que, a diferencia del

caso

de

autos,

en

Meyer,

supra

y

Buckley,

supra,

los

peticionarios presentaron ante los tribunales de instancia

una

extensa

prueba,

con

el

propósito

de

demostrar

los

esfuerzos realizados, y cómo los requisitos impugnados eran

extremadamente onerosos.

La jurisprudencia citada no versa sobre la regulación de

asociaciones políticas en su esfuerzo de lograr acceso a la

papeleta electoral, sino de la regulación de propuestas de

iniciativa

ciudadana,

Colorado6.

En

ambos

según

casos,

permitido

el

en

Tribunal

el

estado

Supremo

de

federal

invalidó ciertos requisitos exigidos a los recolectores de

endosos

para

iniciativas

de

legislación

popular,

por

considerar que violaban el derecho de libertad de expresión

6

En Meyer, supra, el Tribunal Supremo federal invalidó una

disposición que prohibía que los recolectores de endosos para

impulsar iniciativas de legislación popular recibiesen una

compensación económica. En Buckley, supra, se invalidó el

requisito de que los recolectores de endosos para impulsar

iniciativas de legislación popular tuviesen que ser electores

inscritos; que se les requiriese usar en su vestimenta una

identificación con su nombre; y que obligaba a los

propulsores de la legislación popular a informar el nombre y

la dirección de los recolectores de endosos y la cantidad de

dinero que se le había pagado por su trabajo.

AC-1999-20

13

garantizado

por

la

Primera

Enmienda

de

la

Constitución

Meyer,

supra,

como

Buckley,

federal.

Tanto

en

en

supra,

el

Tribunal concluyó que las restricciones impuestas restringían

de

modo

significativo

electores,

ya

la

que

comunicación

infringían

con

los

posibles

impermisiblemente

la

comunicación política directa ( "one on one communication"),

limitaban el número de personas que podían llevar el mensaje

político envuelto, y en consecuencia limitaban la audiencia a

la cual podía llegarle el mensaje.

En

el

restringen

caso

la

ante

nos

libertad

las

de

disposiciones

expresión

de

los

impugnadas

no

miembros

del

Partido Acción Civil. Nada hay en ellas que imponga unas

restricciones en cuanto a las personas que pueden llevar el

mensaje político esbozado por dicho partido para convencer a

ciudadanos inscritos a endosar las peticiones de inscripción,

ni quienes pueden actuar como recolectores de endosos. Los

miembros

del

partido

aquellas

expresiones

están

que

en

crean

plena

libertad

necesarias,

así

de

hacer

como

de

difundir su mensaje político en los medios que consideren

convenientes.

De

igual

manera,

nada

les

impide

que

se

comuniquen directamente con los posibles electores, es decir

que se acerquen a los posibles electores para comunicarles su

plataforma política, solicitar su apoyo y pedir que llenen

las peticiones de endosos. Todas estas funciones, las cuales

son parte integral y central de la expresión política, están

disponibles a todos los miembros del partido; las mismas no

están restringidas a los abogados notarios.

Por disposición estatutaria, la función del notario está

limitada a la juramentación de las peticiones de inscripción.

Es decir, la intervención del notario se limita a la forma en

que debe de llevarse a cabo el endoso. Los miembros del

AC-1999-20

14

Partido Acción Civil, pueden ejercer a cabalidad su derecho

de expresión política, contrario a lo ocurrido en Buckley,

supra.

No están impedidos de acercarse a los ciudadanos para

transmitir su mensaje político e intentar conseguir su apoyo

para lograr la inscripción del partido. De hecho, no existe

ningún requisito que limite la capacidad de los miembros del

partido a llenar y recolectar los endosos requeridos, con

toda la información pertinente, menos la firma de la persona.

Una vez un ciudadano manifieste su deseo de ayudar en la

inscripción, le corresponde a los recolectores del Partido

Acción Civil, a tenor con el requisito de la Ley Electoral,

hacer las gestiones para que el endoso sea notarizado7.

En el caso de Buckley, supra, las Opiniones Concurrentes

del Juez Thomas y de la Juez O'Connor, a la cual se unió el

Juez Breyer, reconocen que existe una diferencia entre las

disposiciones

que

tienen

el

efecto

de

reglamentar

directamente el aspecto comunicativo de las peticiones, y

aquellas que meramente regulan los mecanismos del proceso

electoral. Id. a las págs. 208 y 214.

Some regulations govern the electoral process

by directing the manner in which an initiative

proposal qualifies for placement on the ballot.

These latter regulations may indirectly burden

speech

but

are

a

step

removed

from

the

communicative

aspect

of

petitioning

and

are

necessary to mantain an orderly electoral process.

Accordingly these regulations should be subjected

to a lesser standard of review. Id. a la pág. 214.

(O'Connor, Op. Concurrente).

Más

aun,

la

Opinión

reconoció

que

es

necesario

7

del

Tribunal

que

exista

en

una

Buckley,

supra,

reglamentación

Para ello pueden valerse de diversos métodos: pueden

enviar o llevar a los electores a las oficinas de los

notarios; pueden tener un notario que los acompañe en sus

campañas de recolección de endosos; pueden localizarse en

lugares estratégicos y de acceso público con personal que

lleve el mensaje político y solicite los endosos y

simultáneamente tener notarios que juramenten los endosos,

etc.

AC-1999-20

15

sustancial del proceso eleccionario, si es que éste ha de ser

justo y honesto, y que los estados tienen amplia discreción

para proteger la integridad del proceso electoral. Id. a las

págs. 185 y 191. Expresamente señaló, citando jurisprudencia

anterior, que el riesgo de fraude y corrupción que existe en

la elección de candidatos, no está presente en las votaciones

de propuestas de legislación popular. Id. a la pág. 203.

V

En

atención

a

lo

anteriormente

expuesto,

confirmamos

nuestra determinación anterior de que las disposiciones de la

Ley Electoral impugnadas no adolecen de vicio constitucional.

Más aun, de los documentos presentados por la Comisión

Estatal de Elecciones en cumplimiento de la Orden dada en la

Vista Oral por este Tribunal, surge que las disposiciones

impugnadas no son tan onerosas como para imposibilitar que

una agrupación política que demuestre un grado de diligencia

razonable logre acceso a la papeleta electoral.

Según el Informe de Relación de Partidos por Petición

radicado ante este Foro el pasado 5 de abril, surge que de

1983

al

presente,

diez

asociaciones

políticas

solicitaron

quedar certificadas ante la Comisión para comenzar el proceso

de inscripción como partidos por petición. De estas diez,

tres lograron su inscripción y participaron en el proceso

electoral: el Partido Renovación Puertorriqueña a nivel isla

en las elecciones de 1984, el Movimiento Local Viequense como

partido local en las elecciones de 1992, y el Partido Frente

Unido Riograndeño como partido local en las elecciones de

1996.

De las siete asociaciones políticas restantes, una, el

Partido

Democrático

podido obtener

Participativo

la certificación

Representativo,

de nombre

no

ha

y emblema, por

estar este asunto pendiente de litigación en los tribunales.

AC-1999-20

16

De las otras seis agrupaciones políticas, al presente hay dos

pendientes

de

inscripción:

el

Partido

Laboral

Unidad

Socialista el cual ha radicado 34,561 endosos, y el Partido

Acción Civil el cual ha presentado 35 endosos.

Las restantes cuatro asociaciones políticas no lograron

su inscripción para participar en las elecciones de 1996. De

estas cuatro, cabe señalarse que tres no radicaron petición

alguna: el Partido Alternativa, el cual fue autorizado para

recoger

endosos

en

diciembre

de

1993,

el

Partido

Unión

Nacional y el Partido Puertorriqueños por P.R., los cuales

fueron autorizados para recoger endosos en febrero de 1996.

La otra agrupación restante, el Partido Reformista de P.R.,

el cual fue autorizado para recoger endosos en octubre de

1993, presentó 1,248 peticiones de las 94,094 requeridas, es

decir un 1.32% de los endosos requeridos, a pesar de haber

tenido más de dos años y medio para demostrar que contaba con

un apoyo del electorado.

Debemos también, tomar en consideración, el hecho de que

el Estado subvenciona los partidos políticos a través del

Fondo Electoral, y el costo que supone la participación de

cada partido en el esquema operacional de la Comisión Estatal

de

Elecciones.

En

nuestra

jurisdicción,

una

vez

las

agrupaciones políticas logran inscribirse como partidos por

petición, tienen derecho a participar en el Fondo Electoral.

Dicha cantidad está fijada por ley, independientemente de la

suma que el partido haya podido recolectar por su cuenta. Es

decir, una vez satisfecho el número de endosos requeridos,

los partidos participan en igualdad de condiciones.

Aunque

existen

diversos

mecanismos

de

financiamiento

público de campaña, en el caso nuestro, el sistema provee

fondos en bloque a los partidos inscritos.

Con el propósito

de garantizar que esta subvención se utilice únicamente por

AC-1999-20

las

17

agrupaciones

convocatoria

contiene

unos

políticas

entre

nuestro

requisitos

que

tienen

un

poder

real

electorado,

la

Ley

Electoral

mínimos

de

elegibilidad.

En

de

ese

sentido se ha expresado:

Any program that gives away taxpayer money

must include some standards to determine who

qualifies for the money. Because one of the goals

of almost all public subsidy programs is to make it

easier for more candidates to run for office, the

qualifying provisions cannot be onerous. If it is

too easy to qualify, however, the program runs the

risk of losing credibility when, for instance, a

marginal candidate makes a career of losing

elections at public expense or simply too many

candidates

flood

the

system.

Eligibility

requirements may be less crucial in matching fund

and rebate or credit programs than they are in

block

grant

programs

because

the

candidate's

subsidy is subjected to a kind of ongoing market

test - the candidates will benefit from public

money only if they are able to raise money on their

own. Daniel, Elizabeth, "Subsidizing Political

Campaigns: The Varieties and Values of Public

Financing",

Brennan

Center

for

Justice,

http://www.brennancenter.org/resources/

resources_cfrseries.html. (énfasis nuestro).

Además, una vez un partido se inscribe tiene derecho a

nombrar un Comisionado Electoral y un Comisionado Alterno, y

a participar con voz y voto en las deliberaciones de la

Comisión Estatal de Elecciones. También tiene derecho a tener

un Comisionado Local en cada precinto electoral y a tener el

personal

de

apoyo

que

de

ordinario

forma

parte

de

la

representación de los partidos en las diferentes dependencias

de la Comisión Estatal de Elecciones. Ley Electoral, según

enmendada, Art. 1.004 et seq., 16 L.P.R.A. sec. 3004 et seq.

En fin, la inscripción de un partido lo convierte en parte

del organismo gubernamental que dirige el proceso electoral y

adquiere

por

ende

unas

funciones

cuasi

públicas

de

gran

importancia en nuestro sistema democrático. P.R.P. v E.L.A.,

115 D.P.R. 631 (1984); Fuster v Busó, 102 D.P.R. 327 (1974).

El

requisito

impugnado

en

el

caso

de

autos

provee

un

mecanismo para que el Estado se asegure que las agrupaciones

AC-1999-20

que

18

formen

parte

fehacientemente

de

que

este

realmente

cuerpo

directivo

constituyen

un

demuestren

partido

que

representa un sector importante del electorado con derecho a

participar

en

las

deliberaciones

de

ese

organismo

gubernamental.

Por

último

debemos

señalar

que

el

requisito

de

la

certificación notarial de los endosos, tomando en cuenta el

historial de fraude político en nuestra jurisdicción, lo que

persigue

precisamente

es

ofrecer

una

garantía

de

confiabilidad que haga innecesario tener que llegar a las

medidas drásticas propuestas por el Partido Acción Civil para

salvaguardar la pureza del proceso electoral, como lo son la

descertificación de un candidato o de un partido, aun después

de celebradas las elecciones.

Si consideramos que de la vista oral celebrada surge que

de 1998 al presente, el peticionario solamente ha dedicado

cuatro horas al esfuerzo de recoger endosos, es altamente

cuestionable y preocupante que mediante el remedio solicitado

pretenda

que

declaremos

secciones

de

nuestro

inconstitucional

esquema

algunas

electoral

que

de

las

tienen

precisamente el propósito de evitar la inscripción indebida

de partidos que no tienen apoyo popular.

Por las razones expuestas anteriormente se deniega la

Moción de Reconsideración.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

AC-1999-20

19

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Acción Civil

Peticionario

v.

Certiorari

AC-1999-20

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, et al

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2000.

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Opinión que antecede, los cuales se hacen

formar parte integral de la presente, se

declara sin lugar la moción de reconsideración

presentada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Negrón García emitió

Opinión Disidente.

La Juez Asociada señora

Naveira de Rodón disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

AC-1999-20

20

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido de Acción Civil

Peticionario

v.

AC-1999-20

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, et al.

Recurridos

Opinión Disidente del Juez Asociado señor Negrón García

(En reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2000

AC-1999-20

21

Por

su

valor

de

precedente

y

carácter

repetitivo, este recurso va más allá y trasciende

los

derechos

constitucionales

de

los

electores

que integran el Partido de Acción Civil (PAC).

El gravoso requisito legislativo que obliga

individualmente a los electores a acudir y

jurar

exclusivamente ante abogados-notarios sus endosos

inscripcionarios, ha subordinado la creación de

cualquier

partido

político

a

esa

clase

profesional.

Se

trata

irritante.

irrazonable

De

de

un

privilegio

elitista

e

su

faz

y

operacionalmente

es

e inconstitucional, pues

concede de manera absoluta a

AC-1999-20

esta

clase

exclusiva

22

profesional,

prerrogativa

en

su

etapa

de

darle

inicial

eficacia

crítica,

la

y virtualidad

jurídica a los derechos de expresión, asociación y sufragio de

los electores. La voluntad electoral se convierte en voluntad

notarial.

El resultado es que,

inconcebiblemente, en el Puerto

Rico de hoy y el de mañana, el reconocimiento de la paternidad

filiatoria en el nacimiento y registro de un partido político

nuevo, en última instancia es notarial, no electoral.

Entregar y dejar sólo en manos de los abogados-notarios

tan valioso derecho no se justifica como única medida contra

el fraude, existiendo otras menos onerosas. Máxime, en aras de

una tradición legislativa imaginaria e inexistente que, en la

práctica, sólo

beneficia la hegemonía y perpetuidad de los

partidos políticos principales que han dominado el escenario

comicial e ideológico puertorriqueño por más de medio siglo.

El Estado no puede aprisionar en el privilegio de una

clase profesional estos derechos constitucionales, ni asfixiar

en

una

cápsula

de

tiempo

las

aspiraciones

electorales

ciudadanas (pocas o muchas en sus inicios, con o sin recursos

económicos), de lograr una franquicia electoral.

I

El Art. 3.001 (3) de la Ley Electoral actual -Núm. 4 de

15 de noviembre de 1978- exige que el endoso de un elector

promoviendo un nuevo partido político sea únicamente por

petición jurada ante abogados-notarios.8 Su texto no obliga,

expresa ni implícitamente, a ningún abogado-notario a realizar

8

Establece:

“Se considerará como ‘Partido por Petición’ a cualquier agrupación de ciudadanos

que, con el propósito de figurar en la papeleta electoral de unas elecciones generales, en o

antes del primero de junio del año de elecciones se inscriba como partido político,

mediante la radicación ante la Comisión de peticiones juradas al efecto, ante notarios

públicos admitidos al ejercicio de la notaría,..., quienes percibirán de la Comisión Electoral

un (1) dólar por cada petición notarizada válida como honorarios, suscritas por un número de

electores no menor del cinco (5%) por ciento del total de votos depositados para todos los

candidatos al cargo de Gobernador en la elección precedente....” (Énfasis nuestro).

AC-1999-20

23

ministerialmente esa función. De optar discrecionalmente

hacerlo, en o fuera de su oficina, mediante la retribución de

un dólar, deberá posteriormente preparar y rendir cuatro

informes: el primero a la Comisión Estatal de Elecciones, y

otro quincenal, nuevamente a dicho organismo. Además tendrá

que transcribir a manuscrito cada endoso en su Libro de

Afidávit, e incluirlos en el índice notarial mensual, que

deberá rendir a la Oficina de Inspector de Protocolos. La Ley

Electoral tampoco provee funcionarios, mecanismos o fórmulas

alternas que viabilizen esos endosos de manera distinta. Antes

no existía este monopolio electoral absoluto de la clase

profesional de abogados-notarios; ahora, sencillamente nadie

más puede hacerlo, no hay otras opciones.

Discriminatoria e irrazonablemente el requisito se impone

sólo a los electores que desean fundar nuevos partidos a nivel

isla o local. No se exige para candidatos independientes,

primarias internas, primarias

presidenciales,

ni

plebiscitos. Según el Informe de la Comisión de Gobierno de la

Cámara el requisito “establece una garantía de veracidad de la

intención del elector expresada en la petición y se protege la

pureza en el procedimiento de inscripción de partidos.”

Argumenta el Estado y la Comisión Estatal de Elecciones que

esa salvaguarda promueve el interés apremiante de evitar el

fraude y constatar que haya una muestra auténtica de apoyo o

base electoral.

Evitar el fraude, reconocemos, es interés apremiante

presente

y

aplicable

a todo trámite y etapa de cualquier

evento electoral, sean elecciones (generales o especiales),

primarias, plebiscitos, referéndums, etc. Los partidos

políticos son vehículos de expresión, mediante los cuales los

ciudadanos manifiestan su

respaldo

u

oposición

a

los

AC-1999-20

24

diversos programas de gobierno, y al mismo tiempo, afianzan la

democracia proponiendo candidatos a cargos públicos. La

constante participación activa y fiscalización recíproca de

sus miembros insertos en la estructura administrativa

electoral, en calidad de funcionarios representativos, imparte

confiabilidad, pureza y viabiliza la celebración ordenada y

justa de los eventos comiciales. Al adquirir sus franquicias

obtienen condición de organismos cuasi-públicos dentro del

entramado constitucional y en el funcionamiento del gobierno.

Tan importantes funciones requieren un cedazo serio que impida

que un grupo, mediante el fraude, llegue a tener esas valiosas

prerrogativas y

responsabilidades.

Pero en casos como el de autos, el Estado ha ido más allá

de lo necesario en su celo y protección contra el fraude. En

su discurso forense –con el aval de una mayoría del Tribunal-,

ha invertido los valores y elevado a categoría de interés

apremiante principal el impacto presupuestario que representa

todo nuevo partido político. Acepta que a los candidatos

independientes no se les requiere que sus peticiones de endoso

estén juramentadas cada una ante abogados-notarios.9 Según

indicado, tampoco se impone a los trámites de inscripción de

los demás eventos de igual naturaleza electoral. Sin embargo,

9

Dispone en parte el Art. 4.027 de la Ley Electoral:

“Se considerará candidato independiente aquella

persona que radique ante la Comisión Estatal de

Elecciones

peticiones

de

nominación

que

ésta

aceptare, en cantidad no menor del cinco por ciento

(5%) del total de votos obtenidos en la última

elección general por todos los candidatos al puesto

electivo que dicha persona aspire.

Los candidatos independientes a cargos de

Senador o Representante por acumulación presentarán

peticiones de nominación en una cantidad igual al

cinco por ciento (5%) del total de votos emitidos

para

Gobernador

en

las

elecciones

generales

precedentes,

dividido

entre

once

(11).

Tales

peticiones sólo podrán ser suscritas por electores

AC-1999-20

25

con referencia a los candidatos independientes apoya esta

diferencia en que éstos no participan del Fondo Electoral, ni

forman parte de la administración en las elecciones. Expone en

términos de millones de dólares su argumento principal. (Per

Curiam, págs. 3-4).

Se olvida así que el antídoto medicinal legislativo

contra

el

fraude

está constitucionalmente contraindicado y

no puede aplicarse si, como “reacción adversa”, se convierte

en veneno mortal contra la salud democrática del cuerpo

electoral ciudadano, simplemente porque hay fondos públicos

envueltos.

El fraude electoral es malum in se, pues devalúa la

integridad del voto, levadura que hace crecer o disminuir

nuestra democracia. Evitarlo es un interés apremiante

incuestionable con o sin Fondo Electoral. No obstante,

rechazamos que la constitucionalidad del requisito único de fe

pública notarial en los endosos pueda sostenerse a base del

Fondo Electoral y las otras consecuencias financieras y

administrativas que recaen sobre el aparato electoral. En la

constelación de los valores constitucionales envueltos

–

libre expresión, asociación, y sufragio-, el impacto

presupuestario, aunque importante, es un factor de segundo

orden a la obtención de la franquicia electoral. Por su

carácter posterior, no puede servir de excusa oficial

apriorística para imponer trabas iniciales, onerosas y

distintas al advenimiento de nuevos partidos políticos. El

argumento, equivocadamente, eleva a principio rector lo

económico y relega a uno inferior el derecho a participar en

que tengan derecho a votar por el cargo a que se

aspire.” 16 L.P.R.A. 3177.

AC-1999-20

26

los procesos electorales, consustancial con los derechos

constitucionales fundamentales mencionados.10

II

La postura legislativa de exigir el requisito de endoso

ante abogados-notarios sólo para partidos por petición,

obstaculiza y contrasta elocuentemente con el resto del

esquema electoral vigente y la legislación especial de época

reciente en que el Estado ha interesado promover determinados

eventos electorales: los plebiscitos.

En torno a esos eventos, la Asamblea Legislativa nunca ha

requerido a los electores compulsoriamente acudir ante

notarios. La historia contemporánea refleja una legislación

laxa y sumamente liberal en cuanto a endosos se refiere, aun

cuando las nuevas agrupaciones han recibido asignaciones

especiales de naturaleza analógica al Fondo Electoral.11

Igualmente han generado desembolsos en la estructura

administrativa de la Comisión Estatal. Nos referimos a las

Leyes Núms. 1 de 23 de diciembre de 1966, Núm. 22 de 4 de

julio de 1993

y Núm. 249 de 17 de agosto

de

1998 -

La mayoría (Per Curiam, pág. 9, escolio 4), singulariza

la renuncia “verbal y prematura” al Fondo Electoral comunicada

por

el

abogado

del

PAC

en

la

vista

oral.

Decimos

prematuramente, pues como indicó el Juez Presidente señor

Andréu García, el PAC no puede renunciar a lo que no tiene

derecho.

10

Para el Plebiscito de 1966 se puso a la disposición de

cada grupo que aceptó la representación de una fórmula de

status la cantidad de $385,000.00, de los cuales $250,000.00

serían

utilizados

para

gastos

generales

de

campaña

y

propaganda; $60,000.00 para transportación de electores y los

restantes $75,000.00 para gastos administrativos. Ley Núm. 1

de 23 de diciembre de 1966, Art. 92.

11

En 1993 se asignaron $2,700,000.00 para los gastos de los

partidos políticos y cualquier agrupación, organización o

entidad certificada para representar una de las fórmulas, los

cuales se dividirían en partes iguales. Ley Núm. 22 de 4 de

julio de 1993, Art. 28.

Por último, la Ley del Plebiscito de 1998 otorgó

$2,000,000.00

a

distribuirse

equitativamente

entre

los

partidos

políticos

o

agrupaciones

certificadas

para

AC-1999-20

27

plebiscitos sobre nuestro status político-, en lo concerniente

a aquellas fórmulas que no estuvieran representadas

por los

partidos políticos inscritos. Para esas circunstancias, la

Asamblea Legislativa fomentó y auspició la creación de

agrupaciones electorales ciudadanas. Uno de los requisitos a

cumplimentar fue la simple presentación de endosos sin estar

jurados individualmente ante notarios. El plebiscito

correspondiente al 1966 sólo requirió una lista con firmas

equivalentes al uno por ciento (1%) de los electores que

votaron en las pasadas elecciones por el partido político que

promovió la fórmula de status a ser representada por la

agrupación. Esta lista tenía que estar acompañada de una sola

declaración jurada del Presidente u otro de los directivos de

la agrupación concernida a los efectos de que las firmas de

los electores eran auténticas, brindadas para conseguir la

representación organizacional deseada y que poseían las

direcciones de cada endosante.

representar una de las columnas. Art. 29, Ley 249 de 17 de

agosto de 1998.

AC-1999-20

28

Para el plebiscito de 1993, el texto de ley únicamente

precisó una lista de los electores endosantes. En el

plebiscito de 1998 se exigieron peticiones de endoso

suscritas, equivalentes a no menos del tres por ciento (3%) de

los electores que votaron en el plebiscito de 1993 por la

opción de status que menos votos obtuvo para dicha consulta.

Como forma de juramentarlas se incorporó la norma liberal que

rige para primarias de notarios ad hoc

–electores

autorizados por la Comisión Estatal-, método que aún subsiste

en el Art. 4.011 de la Ley Electoral:

“La petición de primarias se podrá juramentar,

además de ante los funcionarios autorizados por ley

para tomar juramentos, ante cualquier elector

autorizado por la Comisión para llevar a cabo esa

función a petición de cada candidato en primarias.

Las personas autorizadas a tomar juramentos

relacionados con peticiones de primarias serán

consideradas funcionarios de la Comisión para todos

los efectos legales, y deberán llevar un récord de

todas las personas y de la fecha en que se ha tomado

el juramento. Este récord será firmado y remitido a

la Comisión al finalizar el período durante el cual

se pueden radicar peticiones de primarias.” (Énfasis

suplido).

Se observa pues, que cuando el interés de la Asamblea

Legislativa es promover, viabilizar, y otorgar franquicias

representativas electorales temporales (no permanentes) -y

avalar primarias partidistas-, utiliza dos (2) varas distintas

y contradictorias, aun cuando en todas el interés apremiante

de evitar el fraude es idéntico y de igual intensidad. Lo

mismo podemos decir de los efectos fiscales. En esas

circunstancias cesó de ser importante ese interés aun cuando

existió un Fondo Electoral especial, y las

nuevas

agrupaciones tuvieron impactos presupuestarios significativos.

La única diferencia sustancial detectable es que se trató de

eventos que beneficiaban los intereses partidistas de los tres

partidos políticos tradicionales.

AC-1999-20

29

Es inescapable concluir que en su tratamiento electoral

la Asamblea Legislativa se proyecta circunstancialmente

polifacética: una cara, liberal y generosa, siempre y cuando

convenga políticamente; la otra cara, seria y conservadora, si

implica abrir las puertas para la formación de partidos

políticos nuevos permanentes.

En abono de este tratamiento diferencial, la Comisión

Estatal aduce que la laxitud de endosos sin

abogados-

notarios se justifica pues los plebiscitos fueron eventos

electorales pautados legislativamente para unas fechas

cercanas en que había poco tiempo disponible para exigirlos.

Igual argumento expone respecto las primarias. Ello, a su

juicio, contrasta con la génesis de nuevos partidos, para los

cuales los electores tienen potencialmente tres y medio años

contados desde la última elección general celebrada.

Las diferencias son más aparentes que reales. El

Reglamento para los Procesos de Radicación de Candidaturas y

Primarias de los Partidos Políticos12 requiere que un candidato

a primarias recoja cinco mil firmas en un espacio de dos meses

-desde la apertura del periodo de radicación de candidaturas

el 1º de julio del año anterior al que se celebrarán las

elecciones generales (Reglamento, sec. 3.5), hasta el 1º de

septiembre del mismo año (Reglamento, sec. 3.6(b)). No impone,

sin embargo, el requisito de que cada una esté notarizada

individualmente bajo la premisa de que esta exigencia sería

muy onerosa en un espacio tan corto de tiempo.

En su dimensión matemática-temporal, es de notar que no

hay

diferencia

significativa

entre

la

inscripción

de

un

candidato a primarias y la de un partido por petición. Cinco

mil (5,000) firmas en dos meses equivalen treinta mil (30,000)

en un año, y éstas, proyectadas a un espacio de tres años y

AC-1999-20

30

medio –término máximo que tiene un partido por petición para

inscribirse-

llegan

a

ciento

cinco

mil

(105,000),

cifra

comparable con la requerida a los partidos por petición.

Forzoso

notarización

concluir

que

individual

de

si

es

oneroso

el

requisito

de

firmas

para

los

candidatos

a

primarias –que llevan la ventaja de desenvolverse dentro de

una

estructura

establecida-,

organizacional

también,

con

y

mayor

agrupación

razón,

lo

previamente

es

para

los

partidos por petición.

No obstante, la mayoría al suscribir el argumento de la

Comisión Estatal, expone sus propias y peculiares fórmulas de

distribución de notarios que pudo y debió usar el PAC para

inscribirse dentro de “los tres y medio años dispuestos en la

Ley Electoral”. A tal efecto, nos dice:

“Usando

los

números

suministrados

por

la

representación legal del Partido Acción Civil, a los

fines de que en cuatro horas recolectó y notarizó

treinta (30) endosos válidos, un simple cálculo

matemático

demuestra

que

nueve

(9)

notarios

certificando endosos durante ocho (8) horas a la

semana, hubiesen notarizado 98,280 endosos durante un

período de tres años y medio, término dispuesto por

la Ley Electoral para la inscripción de los partidos

por petición.

También cabe señalarse que en Puerto Rico

existen ciento cuatro (104) precintos electorales.

Bastaría con utilizar dos notarios por precinto y que

cada

uno

certificase

quinientos

endosos

para

recolectar 104,000 endosos, lo cual excede el número

de endosos requeridos. Para dicha tarea contarían,

por supuesto, con los tres años y medio dispuestos en

la Ley Electoral.” (Opinión Per Curiam, pág. 12).

El argumento es peligrosamente antidemocrático. "Es de la

esencia de la libertad ciudadana el cambiar su

opinión y

manifestarse de acuerdo. El proceso electoral fundamentalmente

es una expresión de juicio de los electores y éste tiene que

ser mudable como lo son las circunstancias de la vida de un

12

Comisión Estatal de Elecciones, 26 de mayo de 1999.

AC-1999-20

31

país.” Rivera Lacourt v. Junta Estatal de Elecciones, 100

D.P.R. 1023, 1029 (1971).13

Las fórmulas matemáticas concebidas por la mayoría

descansan en un escenario estático e irreal. Ambas tienen como

punto común de partida, el ideal de que la notarización de

97,874 endosos se inicie en los “tres y medio años dispuesto

en la Ley Electoral.” Podríamos especular otras fórmulas que

en distintos momentos, y en estricta matemática,

esa

posibilidad;

reflejarían

como

Cita tomada del Alegato del Procurador General, avalada

en esa decisión.

13

AC-1999-20

razón

32

de decidir, nos abstenemos. Ese enfoque

temporaliza y

congela

mecánicamente

los

judicial

derechos

constitucionales de expresión, asociación y sufragio a los

inicios de un itinerario cuatrenial. Ignora la naturaleza

cambiante de los seres humanos, y los sucesos cotidianos

sociales que nutren la vitalidad dinámica de una verdadera

democracia. Movimientos y núcleos ciudadanos como los del PAC,

de ordinario no son instantáneos, sino productos de fenómenos

y reacciones sociales paulatinas de la diaria y variante

realidad puertorriqueña ante la buena o mala obra

gubernamental. Pueden surgir inmediatamente, a raíz de unas

elecciones o en cualesquiera de sus años posteriores. De

hecho, la única restricción de característica temporal sobre

el derecho de un elector a cambiar de opinión y endosar la

inscripción de partidos nuevos, -cuya validez constitucional

no está aquí en juicio-, la encontramos en el Art. 3.002(b) de

la Ley Electoral preceptivo de que el elector no puede haber

“firmado durante el período de dos (2) años inmediatamente

precedente una petición para inscribir [a] otro partido.”

En términos de temporalidad cuatrenial, por razón de la

proximidad de las elecciones generales -calendarizadas en el

Art. VI Sec. 4 de nuestra Constitución para “el día del mes de

noviembre que determine la Asamblea Legislativa”-, sólo cabe

legislativamente argüir e interponer una fecha límite válida

para tales inscripciones: actualmente, el 31 de mayo del año

correspondiente a la elección general. Pero ello no niega la

realidad de que el PAC y otras agrupaciones legítimamente

pueden surgir y formarse lenta o rápidamente, en cualquier año

de un cuatrienio, sin que pueda oponerse al ejercicio

ciudadano dinámico, libre y democrático la norma de

exclusividad notarial con el argumento mayoritario de que no

fueron diligentes y, en vez de litigar y depender de este

AC-1999-20

33

recurso (Per Curiam, pág. 5), debieron, para poder lograrlo,

comenzar antes la inscripción y notarización de los 97,874

endosos.

III

Por otro lado, la opinión mayoritaria concluye que el PAC

“no

ha

demostrado

tener

genuino

interés

en

lograr

la

inscripción” como partido por petición. (Per Curiam, pág. 5).

Basa esta conclusión en varias “determinaciones de hechos” que

expondremos

y

evaluaremos

simultáneamente.

Lo

hacemos

conscientes de que este foro –distinto a cuando ejerce su

jurisdicción

original-,

está

simplemente

ejercitando

su

clásica facultad revisora apelativa, no actuando como Tribunal

de Primera Instancia. Ciertamente, hemos de evitar caer en la

tentación de que las vistas orales –con nuestras preguntas y

las respuestas de los abogados de las partes-, se conviertan

realmente en unas evidenciarias, para lo cual carecemos de

facultad. Con esta nota cautelar, examinemos las conclusiones

fácticas de la mayoría, a la luz de los autos originales y la

vista oral.

Primero, la mayoría destaca que el PAC ha recogido sólo

treinta (30) endosos válidos certificados por un notario en

cuatro

(4)

horas.

(Per

Curiam,

págs.

6-7).

Distinto

a

la

percepción mayoritaria, ello no es demostrativo de falta de

diligencia,

sino

de

lo

oneroso

del

requisito

para

los

electores y abogados-notarios. En la vista oral se acreditó la

existencia de una razón poderosa para esta limitada gestión.

El

notario

en

cuestión

–Lcdo.

Nelson

Rosario

Rodríguez,

representante legal del PAC-, aclaró con absoluta honradez y

candidez, que el descargo cotidiano de sus otros compromisos

profesionales

de

abogado,

como

medio

de

vida

para

cumplir

financieramente los deberes paterno-filiales y de manutención,

le impidieron dedicar más tiempo del que ya había consumido

AC-1999-20

34

esas gestiones. Además expresó las dificultades que tuvo en

reclutar,

sin

éxito,

a

otros

abogados-notarios.

No

se

ha

cuestionado la veracidad de estas expresiones.

Segundo, la mayoría enfatiza que el PAC no haya obtenido

las listas electorales luego de un litigio en que finalmente

este foro lo autorizó. (Per Curiam, pág. 7). Otra vez, su

abogado explicó que no se hizo (“ha hecho”) por el costo que

conllevaba $1,800.00, y en espera de que se resolviera este

caso. Para atribuirle falta de diligencia ¿puede en justicia

la

mayoría

del

Tribunal

tomar

como

uno

de

los

elementos

determinantes la capacidad o no económica para adquirirlas? El

PAC solicitó las listas a la Comisión Estatal desde el 26 de

mayo

de

1998.

En

junio

dicho

organismo

se

las

negó.

Subsiguientemente, tanto el Tribunal de Primera Instancia como

el Circuito de Apelaciones también se las negaron. No fue

hasta el pasado 27 de septiembre de 1999 -mandato remitido el

14 de octubre-, que le reconocimos ese derecho. A esa fecha,

estaba pendiente este otro recurso presentado desde el

21

de mayo de dicho año. Dos (2) semanas después del mandato

autorizando la entrega de las listas, la mayoría del Tribunal

le negó al PAC, en auxilio de jurisdicción, el remedio alterno

que

pedían

circunstancias

de

electores

notarios

y

considerando

el

En

ad-hoc.

costo

que

estas

representan

las

listas ¿puede tacharse de irrazonable o estimarse indicativo

de desidia la decisión del PAC de posponer su adquisición,

hasta

tanto

se

resolviera

su

planteamiento

sobre

la

inconstitucionalidad del Art. 3.001 de la Ley Electoral?

Tercero,

menciona

la

mayoría

ausencia

de

“pujanza

electoral”, ya que el PAC no produjo un listado de electores

dispuestos a endosarlo. (Per Curiam, págs. 7-8). ¿Desde cuándo

existe este requisito en ley? ¡Nunca!

AC-1999-20

35

Finalmente, la mayoría señala que la negativa del PAC a

considerar

y

acoger

otros

funcionarios

públicos,

como

mecanismo alterno para certificar los endosos, es demostrativa

de falta de interés en inscribirse. (Per Curiam, pág. 10).

Sobre

este

particular,

tenemos

penalizando

al

ejercitar

decreto

inconstitucionalidad

de

PAC

por

la

y,

impresión

el

derecho

ante

el

que

se

de

pedir

factor

está

un

tiempo,

insistir en el remedio de notarios ad-hoc.

El reclamo judicial del PAC no puede menoscabarse con la

conclusión mayoritaria errónea de que “no ha demostrado una

diligencia razonable en la defensa del interés concreto que

pretende

litigar”.

Tampoco

con

el

aserto

de

que

su

“base

electoral” es abstracta e hipotética, pues sólo produjo diez

(10) declaraciones juradas y, “no nos ha demostrado que cuenta

con el apoyo de personas o grupos identificables, lo cual

necesita toda agrupación política que aspira a convertirse en

un partido político y a presentar candidatos en todo el país.”

(Per Curiam, pág. 13).

Introduce la mayoría un nuevo requisito extralegal para

formular reclamos judiciales -que las agrupaciones acrediten

ante

los

tribunales

“pujanza

electoral”-,

paradójicamente

cuando precisamente se cuestionan exigencias que inciden en la

forma

y

manera

de

demostrar

legalmente

esa

suficiencia

de

fuerza electoral. Decimos extralegal, pues la Ley Electoral y

el Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición

sólo exigen de las agrupaciones en proceso de inscripción una

solicitud jurada, haciendo constar que los solicitantes son

electores debidamente inscritos -el nombre y emblema que se

proponen utilizar, acompañada de su programa de gobierno-, y

los nombres y direcciones de los que constituyan su organismo

directivo.

La “pujanza electoral” bajo la óptica mayoritaria es un

AC-1999-20

36

criterio adjudicativo extraño y erróneamente a destiempo. El

único

apoyo

concreta

y

visualizado

por

la

Ley

Electoral

oportunamente

con

la

muestra

se

demuestra

porcentual

de

los

electores activos, a saber, una cantidad “no menor del cinco

(5) por ciento del total de votos depositados para todos los

candidatos al cargo de Gobernador en la elección precedente”.

Esa es la “pujanza o fuerza electoral” que la Ley Electoral

contempla;

ninguna

otra

podemos

tomar

en

cuenta.

Y

ciertamente, para establecerla y evidenciarla, toda agrupación

de electores tiene hasta el 31 de mayo, pero con la dificultad

actual

–de la cual no podemos abstraernos-, del requisito de

juramento individual exclusivo notarial. No podemos forzar a

los electores a cruzar un puente antes de llegar al río.

Íntimamente relacionado, la mayoría concluye, con vista a

las ejecutorias del Partido Renovación Puertorriqueño (PRP) logró inscribirse para las elecciones generales de 1984-, que

las disposiciones impugnadas “no son tan onerosas como para

imposibilitar

que

una

agrupación

política

que demuestre

un

grado de diligencia razonable logre acceso a la papeleta”.

(Per Curiam, pág. 17; énfasis suplido).

Si algo revela este dato, es lo gravoso del requisito

notarial.

Según

el

Informe

de

Relación

de

Partidos

por

Petición suministrado por la propia Comisión Estatal, de las

agrupaciones que solicitaron quedar certificadas para comenzar

el proceso de inscripción –bajo el requisito de jurat ante

notario-, como partidos por petición a nivel isla (ocho en

total), sólo el PRP logró acceso a la papeleta.

Adjetivar, sin mayor explicación, la diligencia del PRP

como una razonable y conducente a su logro inscripcionario, es

abstraerse

de

las

histórico.

Véase,

contingencias

F.

Bayron

políticas

Toro,

de

aquel

Elecciones

y

momento

Partidos

Políticos de Puerto Rico, Ed. Isla, págs. 307-309 (1989).

AC-1999-20

37

Aparte

de

las

circunstancias

peculiares

del

PRP,

lo

cierto es, que el último “nuevo partido político” que pudo, en

efecto, participar en unas elecciones generales fue el Partido

Socialista

Puertorriqueño

(PSP),

para

el

año

1980.

Curiosamente, aunque el Art. 3.001 de la Ley Electoral fue

enmendado el 15 de noviembre de 1978 –casi dos años exactos

antes de las elecciones de noviembre de 1980-, para incluir el

requisito

de

exclusividad

individual

notarial,

éste

no

fue

exigido a las agrupaciones que buscaron inscribirse para esos

comicios,

debido

a

su

“proximidad”.

El

dato

es

sumamente

revelador y habla por sí solo.

Luego de entrar en vigor el

notarial,

Nuevo

los

requisito de exclusividad

tres

partidos

políticos

Progresista,

Partido

Popular

principales-

Democrático

y

Partido

Partido

Independentista Puertorriqueño- exitosamente han podido dejar

fuera otros movimientos políticos-sociales.

“Aunque los esfuerzos previos realizados por

partidos por petición y candidatos independientes

para cumplir con los requisitos estatutarios de

acceso a la papeleta son evidencia del oneroso

efecto del estatuto, esas consideraciones no deben,

de forma concluyente, determinar la validez de

requisitos de inscripción. Un diligente –o ricopartido o candidato puede recoger un extraordinario

número de firmas, pero la recolección de por sí no

significa

que

el

estatuto

es

constitucional.

Sobreenfatizar

ejecutorias

previas

tiende

a

penalizar

al

candidato

que

cuestiona

la

constitucionalidad de los requisitos y, al mismo

tiempo,

trata

de

cumplir

con

la

ley....Por

consiguiente, el que otros candidatos en el pasado

hayan satisfecho requisitos para acceso a la

papeleta, sólo debe ser de relevancia nominal, al

considerar la constitucionalidad de un estatuto.”

Note, Nominating Petition Requirements for ThirdParty and Independent Candidate Ballot Access, 11

Suffolk U. L. Rev., 974, 990 (1977).

IV

¿Cuáles son los antecedentes históricos-legislativos del

requisito de exclusividad notarial? ¿Es realmente una

tradición?

AC-1999-20

38

Un peregrinaje iniciado desde la primera Ley Electoral

Núm. 79 de 25 de junio de 1919 -por la ruta de la Ley Núm. 2

de 18 de junio de 1924, la Ley Núm. 3 de 5 de octubre de 1965,

el Código Electoral de 1974 y, terminado en la Ley Electoral

de 1977-, derrota contundentemente la conclusión legislativa y

existencia de una exclusividad notarial tradicional.

Así, en su origen, bajo la Sec. 37 Ley Núm. 79 de 1919,

los

electores

endosantes

juraban

“ante

declaración

algún

funcionario autorizado por ley para tomar juramentos”. Ello

incluía

a

todos

los

jueces

y,

obviamente,

a

los

notarios

públicos que estuvieran dispuestos a hacerlo. El proceso era

tan

rápido

y

declaración

sencillo

jurada

que

por

no

era

separado

necesario

para

cada

presentar

una

firmante:

la

certificación del funcionario cubría a todos.14

La posible intervención de un notario duró escasamente

cinco

(5)

años. En

el

1924 se eliminó

su

participación

y

dispuso que el endoso fuera “ante un funcionario judicial de

Puerto Rico autorizado para tomar juramentos”, esto es, los

miembros de la judicatura. Se exigió un certificado separado

para cada juramento y firma.15 Luego, en 1961 la fraseología

cambió

y

dispuso

que

la

petición

fuera

firmada

frente

al

Presidente de la Junta Local de Elecciones, jueces superiores,

de

distrito

o

de

paz.

Continuaron

excluidos

los

abogados-

notarios. Cuatro (4) décadas más tarde del 1924, en el año

1965, se añadió y mencionó expresamente, por primera vez, al

notario

que

acepta

ser

nombrado

por

la

Junta

Estatal

de

Elecciones.

Este texto se mantuvo inalterado en las Leyes Núms. 15

y 74 de 12 de mayo de 1920 y 30 de julio de 1923,

respectivamente.

14

Estas disposiciones permanecieron igual en las Leyes

Núms. 74, 114, 10, 87, y 1 de 6 de julio de 1932, 29 de junio

de 1936, 18 de agosto de 1952, 20 de junio de 1955 y 2 de

septiembre de 1955, respectivamente.

15

AC-1999-20

La

lección

39

es

clara.

Por

más

de

sesenta

(60)

años

prevaleció un esquema legislativo amplio, libre de trabas y

claramente accesible a los electores del país quienes podían

ir ante los Jueces y Presidentes de Juntas Locales. Por la

naturaleza pública de funcionarios públicos, no cabe

AC-1999-20

duda

de

40

que

éstos

tenían

que

cumplir

con

ese

deber

ministerial. El notario público era una alternativa más: no

había necesidad de acudir ante éstos.

Este diseño legislativo abierto quedó cerrado en el año

1978,

al

establecerse

el

monopolio

notarial

para

la

inscripción de nuevos partidos. El legajo legislativo revela

que

se

impuso

involuntaria”

para

supuestamente

superar

durante

aprobación

ocurrida

la

una

“omisión

de

la

Ley

Electoral de 1977, consistente en que no se proveyó para la

juramentación

de

políticos.

justificó

Se

peticiones

a

de

base

inscripción

de

la

de

visión

partidos

legislativa

errónea de “cumplir con una tradición en nuestro proceso de

inscripción

de

partidos

por

petición”.

(Informe

Cámara

de

Representantes, 24 de octubre de 1978).

Distinto a esa percepción legislativa, hemos visto que

nunca existió “tradición de exclusividad notarial” hasta que

fue impuesta en el 1978. La realidad histórica siempre fue de

más amplio acceso a través de funcionarios judiciales,

electorales y, por poco tiempo, notarios públicos

“voluntarios”.

Decimos notarios “voluntarios” pues esa fue la práctica

que prevaleció durante el brevísimo periodo en que la Ley

Electoral los autorizó. Permitió, como complemento a los

jueces y presidentes de las juntas locales, que en las etapas

iniciales de formación las agrupaciones reclutaran notarios

simpatizantes identificados ideológicamente con sus idearios y

programas, los cuales voluntariamente ofrecieron sus servicios

y obtuvieron nombramientos de la Junta Estatal.

Al eliminarse la oportunidad del

juramento ante jueces y

funcionarios electorales, desde el año 1978 la Asamblea

Legislativa creó la barrera infranqueable del monopolio

electoral notarial. Le impone a los electores endosantes la

AC-1999-20

41

obligación de notarizar sus firmas, sin embargo, no obliga a

ningún notario –como tampoco la Ley Notarial— a hacerlo. Se

descansa en la sola voluntariedad y discrecionalidad

de los

abogados-notarios para hacer valer sus derechos. El Estado no

ofrece funcionarios, mecanismos o remedios alternos para

autenticarlas en caso de que se nieguen. Exige el requisito de

endoso único ante notarios pero, paradójicamente, permite que

su implantación descanse en la premisa de que

“voluntariamente” realizarán esta función.

La mayoría, vía escolio, simplifica y no ve dificultad

alguna a esas gestiones notariales para las cuales afirma, las

agrupaciones “pueden valerse de diversos métodos: pueden

enviar o llevar a los electores a las oficinas de los

notarios; pueden tener un notario que los acompañe en sus

campañas de recolección de endosos; pueden localizarse en

lugares estratégicos y de acceso público con personal que

lleve el mensaje político y solicite los endosos y

simultáneamente tener notarios que juramenten los endosos

etc.” (Opinión Per Curiam, pág. 16, escolio 7).

Si algo demuestran estas “gestiones”, es el estado de

dependencia notarial. En su aplicación viva, el requisito de

juramentación de endosos exclusivamente ante notarios

significa que un movimiento en gestación, tendrá primero que

convencer a un sector considerable de la ciudadanía a que

consigne su firma para endosar la inscripción del nuevo

partido político. Después, apelar a la función social del

notariado, persuadir y lograr que ese sub-grupo de ciudadanos

-clase profesional única que ostenta una licencia para

practicar la notaría-, discrecionalmente decida ofrecer el

servicio de autenticar las firmas de los endosantes siguiendo

algunos de los “métodos” que expone el tribunal y luego

radicar los cuatro (4) informes pertinentes, todo por el

AC-1999-20

42

honorario nominal de un dólar. Si bien hay que convencer a

unos, a otros habrá que convencerlos doblemente. Bajo la

óptica mayoritaria ¿apoyo electoral o notarial?

V

Hablamos de convencer, no obligar a los notarios, pues el

Art. 3 de la Ley Notarial vigente -Núm. 75 de 2 de julio de

1987-,

les

otorga

total

autonomía

en

el

descargo

de

sus

funciones. Reza: “[e]l notario estará autorizado para ejercer

su función en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En

tal función disfrutará en plena autonomía e independencia, la

ejercerá

con

imparcialidad

y

estará

bajo

la

dirección

administrativa del Tribunal Supremo.” (Énfasis suplido).

La Ley Notarial anterior -Núm. 99 del 27 de junio de

1956-,

no

significado

hacía

y

mención

alcance

a

no

dicha

hemos

autonomía.

tenido

Sobre

su

oportunidad

de

expresarnos. Podríamos aventurarnos a sugerir que se remite al

principio clásico de voluntariedad en la contratación.

No escapa nuestra consideración que los notarios no son

funcionarios públicos, sino profesionales de Derecho

-Pueblo

v. Central Cambalache, 62 D.P.R. 553 (1943)-, que ejercen una

función

pública,

esto

es,

autorizados

para

dar

fe

y

autenticidad a los negocios jurídicos y demás actos y hechos

que ante él se realicen. Ley Notarial, Art. 2.

Ciertamente

cuando

un

notario

discrecional

y

voluntariamente opta por solicitar y obtener un nombramiento

de

la

Comisión

retribuidos

a

argumentarse

que

Estatal

razón

ese

de

para

un

autenticar

dólar

nombramiento

estos

cada

les

endosos

uno-,

confiere

–

pudiera

condición

limitada de funcionario público de la Comisión Estatal y queda

entonces obligado a realizarla. Ahora bien, el problema es que

esa

exigencia

no

la

requiere

la

Ley

Electoral

ni

la

Ley

Notarial. Acaso la mera mención legislativa de que el jurat

AC-1999-20

43

sea ante abogados-notarios ¿implica una metamorfosis de iure e

investidura de funcionarios públicos que los obliga a cumplir

una

función

cuasi-electoral?

Como

novedosa

inventiva

legislativa ¿emerge la figura de notarios de oficio?

Cabe resaltar y distinguir una vez más la naturaleza y la

dinámica práctica del notario latino vis à vis el notario

público

anglosajón.

Éstos

no

tienen

las

mismas

responsabilidades éticas, fedatarias y secretariales de los

notarios puertorriqueños. Su desempeño notarial es a menudo

incidental o secundario a una profesión o empleo distinto. La

recolección de firmas –activamente, al acudir directamente a

los posibles endosantes, o pasivamente, al hacerse disponible

casi exclusivamente para que los signatarios acudan ante él

para

autenticar

sus

firmas–,

no

resulta

particularmente

difícil para un ciudadano que sólo incidentalmente es notario

público el dedicarse a la búsqueda de endosos. Ahora bien,

como

lo

Instancia

estableció

en

sus

el

PAC,

alegaciones

ante

el

iniciales

Tribunal

no

de

Primera

controvertidas

–

subsiguientemente, mediante afidávits de electores y abogadosnotarios que acompañó en su moción de reconsideración y en la

vista oral-, la disponibilidad es mínima. Se probó que es muy

dificultoso

notarios

y

económicamente

en

nuestra

profesional,

imbricada

gravoso

jurisdicción

de

serias

para

los

abogados-

dejar

su

práctica

responsabilidades

éticas,

para hacerse recolector de firmas por un dólar.

Por

otro

lado,

si

se

les

obligara,

a

menos

de

seis

semanas de la fecha límite (31 de mayo) para el PAC presentar

97,874 endosos, ¿cuáles criterios y quién seleccionará a esos

notarios? ¿Estarán sólo sujetos los que se desempeñen en la

práctica

privada?

¿Se

incluirán

a

los

que

laboran

en

el

gobierno, agencias y otras entidades públicas? ¿Qué horario se

les exigirá? ¿Puede compelérsele a trasladarse fuera de sus

AC-1999-20

oficinas?

44

¿Se

les

impondrá

una

cuota

numérica

mínima

de

juramentos? ¿Qué de los notarios que por razones de sus otros

deberes

profesionales

y

clientes,

como

abogados,

tengan

conflictos y se opongan a notarizar una firma para endosar al

PAC u otra de las agrupaciones partidistas que están en el

mismo proceso? Si la oposición es por razón de no creer en el

nuevo

movimiento

partidos

o

estar

principales

vinculados

existentes

ideológicamente

¿acaso

son

a

los

“objetores

por

conciencia”? Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, res. en 18 de

noviembre

de

1997,

144

D.P.R.

____

(1997),

Opinión

Concurrente, Juez Asociado, señor Negrón García. ¿Qué remedio

tienen los electores rechazados por el notario? ¿Radicar una

queja ante este Tribunal por falta ética?

Si el autenticar la firma es deber ministerial, ¿tendrán

los electores que solicitar un mandamus para obligarlos? ¿Qué

criterios, entonces, utilizaremos para eximir a determinados

notarios

de

esta

nueva

obligación?

¿No

está

el

Estado

erigiendo trabas y obstáculos permanentes impermisibles?

La lista de estas interrogantes no es exhaustiva; ponen

de

manifiesto

que

la

posible

alternativa

de

obligar

legislativa o judicialmente a los abogados-notarios del país a

realizar

esta

función

inconstitucionalidad

del

electoral

estatuto,

como

remedio

ciertamente

a

la

plantea

más

interrogantes jurídicas y crea mayores dificultades prácticas

de las que resuelve.

VI

Hemos

visto

que,

de

su

faz

y

operacionalmente,

bajo

nuestra Constitución y escrutinio estricto judicial,16 estamos

El estándar de revisión aplicado por la Corte Suprema

federal a los casos de acceso de candidatos y partidos

políticos a la papeleta es casuístico en extremo y carece de

un criterio único o un acercamiento sistemático al problema.

16

AC-1999-20

ante

un

45

esquema

restrictivo,

oneroso,

discriminatorio

e

impermisible.

Nuestra

doctrina

jurisprudencial

es

abundantemente

generosa en la interpretación de los derechos electorales; no

debemos abandonarla. Como previamente dijéramos en este caso,

“[l]a visión amplia de nuestra democracia significa que el

ejercicio al sufragio no sólo implica acceso individual a las

urnas sino que –con sujeción a ciertas limitaciones razonables

necesarias-,

se

incluyan

en

las

reflejen las ideas y concepciones

papeletas

opciones

que

del elector de una sociedad

pluralista. A su vez, la libertad de asociación conlleva el

derecho

a

formar

agrupaciones

y

proponer

candidatos

de

su

“Así, la Corte parece estar comprometida a una

revisión judicial independiente de restricciones a

candidatos a través de un examen de balance [de

intereses] un tanto indefinido que sopesa la

restricción a las libertades del votante bajo la

primera y decimocuarta enmiendas contra el interés

del Estado en ayudar a la población a tener

suficientes

elecciones

para

la

selección

de

oficiales públicos. La Corte también examinará los

conflictos

entre

el

derecho

estatal

y

la

reglamentación de los partidos políticos en cuanto a

la

elegibilidad

de

personas

a

participar

en

elecciones primarias como votantes o candidatos para

[así] determinar si el Estado está interfiriendo

inconstitucionalmente con el derecho de asociación

de [aquellas] personas que se han unido para formar

un partido político.”

Ronald D. Rotunda y John E.

Nowak, Treatise on Constitutional Law (3ª edición,

1999), págs. 710-711. (Traducción nuestra).

El criterio principal en cuanto al nivel de escrutinio a

aplicarse a un estatuto limitativo de la inscripción de un

candidato o partido es la severidad de la restricción impuesta

a la capacidad del votante de ejercer una opción electoral, o

al derecho ciudadano de asociarse y expresarse libremente

sobre asuntos políticos. En estos casos se aplicará el

escrutinio estricto.

Si, por el contrario, los derechos de expresión y

asociación de los ciudadanos o la libre opción política del

votante no se ven significativamente afectadas, sólo se hará

un balance de intereses. Id. págs. 711-712. Al amparo de la

Constitución federal, no se activa el escrutinio estricto de

forma automática en casos de acceso a la papeleta, pues no

existe un derecho a ser candidato enunciado allí de forma

explícita. Id. pág. 706. Por lo tanto, el acceso a la papeleta

se fundamenta indirectamente en otros derechos, como las

libertades de expresión y asociación y el derecho al voto.

AC-1999-20

46

predilección para participar en el proceso electoral.

v.

C.E.E.,

110

D.P.R.

400

(1980);

García

Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976).”

P.S.P.

Passalacqua

v.

Partido de Acción

Civil v. E.L.A., res. en 27 de octubre de 1999, 99 TSPR 163,

Voto disidente, Juez Asociado, señor Negrón García.

Por su naturaleza, la inscripción de un partido político

por petición en Puerto Rico, es indistinguible de la práctica

de

propulsar

jurisdicciones

legislación

particular

estadounidenses

en

la

por

endosos

en

que

esta

permite.

se

las

Sustantivamente, los derechos de libre expresión, asociación y

sufragio

envueltos

propósito:

forzar

son

la

los

mismos

discusión

y

persiguen

pública,

sea

de

idéntico

un

asunto

singular, en el caso de una propuesta de legislación, sea de

un

programa,

una

filosofía

política

o

un

conjunto

de

principios, en el caso de la formación de un partido. En su

esencia,

procesalmente,

ambas

utilizan

el

mismo

método:

la

circulación de formularios de endoso en los que los electores

como

ciudadanos

expresar

su

particulares,

acuerdo

con

la

estampan

inclusión

sus

del

firmas

partido

para

o

la

legislación propuesta en la papeleta. Los partidos políticos,

al

igual

que

las

propuestas

populares

de

legislación,

se

inscriben mediante formularios de endoso. No cabe diferenciar

-por sutilezas casuísticas- dos prácticas que, en su sustrato

jurídico, operación y mecanismo, son indistinguibles.

Es cuestionable pues, por no decir errónea, la distinción

mayoritaria (Per Curiam, págs. 13-17), que rechaza el valor

persuasivo de los casos de Meyer v. Grant, 486 U.S. 414 (1987)

y Buckley v. A.C.L.F., 525 U.S. 182 (1999), invocados por el

PAC. La mayoría ignora que ambos validaron un requisito de

afidávit

completamente

distinto

al

ordenado

individual

y

solamente ante notario por el Art. 3.001(3) de nuestra Ley

Electoral. Allá, la legislación exigía que el recolector de

AC-1999-20

47

firmas para la petición o propuesta circulada, jurase ante

notario que todas las firmas en su lista se habían obtenido

legalmente. Éste requisito, razonable por más, dista mucho del

que

cada

firma

individualmente,

en

como

una

de

petición

manera

esté

onerosa,

notarizada

sin

ninguna

otra

alternativa, exige nuestra legislación.

No

casos,

obstante,

la

mayoría

la

de

exclusividad

norma

concluye

que

distinto

notarial

no

a

esos

restringe

la

libertad de expresión de los electores miembros del PAC, pues

no

limita

en

nada

que

“las

personas

que

pueden

llevar

el

mensaje político esbozado por dicho partido para convencer a

ciudadanos inscritos a endosar las peticiones de inscripción,

ni quienes pueden actuar como recolectores de endosos.” (Per

Curiam, págs. 14-15). A juicio suyo, están en plena libertad

de expresión, difundir sus mensajes por cualesquiera medios,

comunicarse

directamente,

solicitando

apoyo

y

pedir

a

los

electores que lleven las peticiones de endoso. Acepta, sin

embargo, que las peticiones y firmas de los electores tienen

que ser individualmente validadas sólo ante notarios. (Id.,

pág.

16).

inicial:

El

que

prisma

el

mayoritario

resultado,

valor

desatiende

y

una

eficacia

realidad

de

las

-

inscripciones electorales, producto del ejercicio del derecho

a la libre expresión y el mensaje previo de los electores,

depende y queda subordinado a que los abogados-notarios del

país la configuren validamente en afidávits individuales.

Con

el

requisito

de

exclusividad

notarial

en

la

autenticación de las firmas en los endosos electorales, el

Estado ha establecido un diseño que delega y deja a la sola

voluntad

de

los

abogados-notarios

cualquier partido político nuevo.

la

inscripción

misma

de

En sus manos está, pues son

los únicos autorizados a ejercer esa función; nadie más puede,

en

Ley,

hacerlo.

Para

entrar

en

la

arena

y

lograr

una

AC-1999-20

48

franquicia electoral, sólo hay una puerta cuya llave la tiene

guardada un grupo profesional que no está obligado a usarla,

no

empece

las

genuinas intenciones de un partido incipiente

a

aportar

otras

ideas

o

concepciones

a

nuestra

sociedad

pluralista; incluso contrario a la voluntad y derecho de un

ciudadano que desea plasmar su firma en una hoja de endoso. Se

coarta, pues, no sólo el derecho del movimiento a entrar al

campo

político-electoral,

hacer

constar

su

sino

endoso

también

y

el

del

oportunamente

ciudadano

darle

a

efectos

políticos y jurídicos prácticos a su voto.

En nuestra democracia, la Asamblea Legislativa tiene, con

ciertas

limitaciones,

amplia

facultad

para

pautar

todo

lo

concerniente a las elecciones. Una de ellas es que no puede

directa

o

indirectamente

elevar

a

categoría

de

virtud

el

sistema y continuismo de los tres grandes partidos ideológicos

mediante el establecimiento de restricciones irrazonables al

nacimiento de nuevos. La exigencia de endosos solamente ante

abogados-notarios

es

un

ejemplo

más

de

PARTIDOCRACIA

inconstitucional.

VII

La

vía

judicial

del

PAC

para

superar

y

terminar

el

gravoso esquema legislativo del monopolio notarial electoral

ha

sido

lenta,

impugnación

Primera

el

difícil

6

Instancia

declarativo.

No

de

al

tuvo

y

octubre

cuesta

de

presentar

éxito.

arriba.

1998

un

Luego

ante

Comenzó

el

con

su

Tribunal

de

injunction

apeló

y

el

y

decreto

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones confirmó. El 21 de mayo de 1999, tocó

las puertas de este foro, y como indicáramos antes,

el 27 de

octubre de 1999, por votación dividida –con el disentir de la

Jueza Asociada señora Naveira de Rodón, Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri y el que suscribe-, se les negó remedio

alterno expedito en auxilio de nuestra jurisdicción. En ese

AC-1999-20

momento

la

49

mayoría

no

acogió

nuestra

propuesta

remedial

rápida, económica y menos onerosa, -igualmente garante contra

el fraude-, de autorizar que los endosos fueran “también ante

los funcionarios de las Juntas de Inscripciones Permanente de

cada

Municipio”.

El

25

de

febrero

de

2000,

por

Opinión

igualmente dividida, el Tribunal confirmó la desestimación del

mandamus.

En

esa

ocasión,

ante

el

reiterado

rechazo

mayoritario a nuestra posición de autorizar los endosos ante

los funcionarios de las Juntas de Inscripciones Permanentes,

por imperativo jurídico la tachamos de inconstitucional.

Al día de hoy, nadie puede negar seriamente que continuar

exigiéndole

al

PAC

solamente

endosos

ante

notarios

le

imposibilita inscribirse en o antes del próximo 31 de mayo.

En estas circunstancias, sin ulterior demora, como único

remedio judicial inmediato autorizaríamos al PAC a reclutar y,

ordenaríamos a la Comisión Estatal de Elecciones a activar, el

método de notarios ad hoc dispuesto por el Art. 4.011 de la

Ley Electoral.

“Tempus fugit” (El tiempo vuela).

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado