Tribunal Supremo de Puerto Rico
DYE-TEX PUERTO RICO INC. V ROYAL INSURANCE CO.
2000 TSPR 54
Poder Judicial de Puerto Rico
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DYE-TEX PUERTO RICO INC. V ROYAL INSURANCE CO.
CC-1998-0830
CC-1998-830
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dye-Tex Puerto Rico, Inc.
Recurrida
Certiorari
v.
2000 TSPR 54
Roya Insurance Company of Puerto Rico,
Inc.
Peticionaria
Número del Caso: CC-1998-0830
Fecha: 27/03/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Yvonne Feliciano
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda. Carmen S. Vélez Vázquez
Lcdo. Amancio Arias Guardiola
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Miguel Limeres Grau
Materia: Acción Civil
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CC-1998-830
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dye-Tex Puerto Rico, Inc.
Demandante-Recurrida
v.
CC-1998-830
Certiorari
Royal Insurance Company
of Puerto Rico, Inc.
Demandada-Peticionaria
Opinión del Tribunal
Hernández Denton
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
Federico
San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2000.
Royal Insurance Company of Puerto Rico, Inc. nos
solicita revisar una sentencia del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, mediante la cual se confirmó un dictamen
del
foro
de
primera
instancia
que
le
ordenó
pagar
cierta suma por los daños que sufriera una caldera
propiedad de la recurrida. Por entender que se incidió
en la apreciación de la prueba pericial relativa a la
causa del fallo de la caldera, revocamos.
I
Dye-Tex Puerto Rico, Inc. (en adelante, Dye-Tex) es
una
compañía
que
se
dedica
a
la
terminación
textiles. En sus labores utilizaba una caldera para
de
CC-1998-830
2
producir vapor, la cual estaba asegurada por Royal Insurance
Company of Puerto Rico (en adelante, Royal). En agosto de
1993
dicha
caldera
sufrió
una
avería,
estimándose
su
reparación en $108,000.00. Por tal razón, Dye-Tex demandó a
Royal
reclamando
de
ésta
cubierta
para
los
gastos
de
reparación de la referida caldera.
La controversia planteada ante el Tribunal de Primera
Instancia quedó circunscrita a determinar la causa del fallo
de la caldera. La existencia de cubierta para la asegurada
depende
exclusivamente
de
tal
determinación.
Las
partes
aceptaron que si la causa del fallo fue un nivel bajo de
agua el daño estaría cubierto por la póliza de seguro. Por
el
contrario,
si
la
causa
del
fallo
fue
el
pobre
mantenimiento de la caldera, no habría cubierta.
La prueba presentada por las partes, para sustentar sus
respectivos
argumentos,
consistió,
esencialmente,
del
testimonio de varios peritos. Royal presentó el testimonio
de los ingenieros Francisco Cabán Vale y Ulpiano Castillo
Vela. Por su parte, Dye-Tex presentó el testimonio del Sr.
James J. Fitzpatrick.
El
Sr.
Francisco
Cabán
Vale,
perito
de
Royal,
es
ingeniero mecánico desde 1967. En 1969 aprobó el examen de
inspector de calderas de la “American Society of Mechanical
Engineers”. Actualmente está a cargo de la inspección de
calderas de alrededor del noventa porciento (90%) de las
farmacéuticas.
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3
Cabán Vale examinó la caldera a los dieciocho (18) días
de ocurrido el fallo y manifestó que lo sucedido no fue un
accidente
sino
producto
del
deterioro
gradual,
debido
a
muchos años de falta de mantenimiento del agua. Testificó
que aunque invitó al señor Fitzpatrick, perito de Dye-Tex, a
que le acompañara en su próxima inspección de la caldera,
éste no aceptó.
El señor Castillo Vela, perito de Royal, es ingeniero
mecánico desde 1949. En dicho año fue certificado por el
Departamento
del
calderas.
Lleva
aspectos
de
Trabajo
sobre
como
inspector
cuarenta
evaluación,
(40)
inspección,
autorizado
de
envuelto
en
construcción
y
años
reparación de calderas.
Inicialmente Castillo Vela fue contratado por Dye-Tex
para investigar la causa del fallo, lo cual hizo a los dos
(2) meses de éste ocurrir. Sin embargo, esta compañía no
estuvo de acuerdo con sus hallazgos, por lo que decidió no
presentarlo
como
perito.
Cabe
resaltar
que
el
ingeniero
Castillo Vela solicitó los registros de mantenimiento de la
caldera
pero
nunca
le
fueron
entregados.
El
referido
ingeniero testificó que era evidente el pobre mantenimiento
de la caldera y que el deterioro que observó sólo podía ser
el
resultado
de
un
largo
periodo
de
mantenimiento
inadecuado.
El Sr. James J. Fitzpatrick, presentado como perito por
Dye-Tex, no posee licencia de ingeniero ni tiene créditos en
metalurgia. Este examinó la caldera ocho (8) meses después
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4
de los hechos, luego de que Dye-Tex descartara los hallazgos
del
ingeniero
Castillo
Vela.
Fitzpatrick
concluyó
que
el
fallo de la caldera se debió a falta de agua. Cabe resaltar
que dicha persona diagnosticó esta condición en el mismo
instante que entró al horno, sin entrevistar testigos ni
observar
récords
de
mantenimiento
o
ver
pruebas
de
laboratorio sobre la calidad del agua de alimentación de la
caldera.
Luego
de
recibir
la
referida
prueba,
el
foro
de
instancia declaró con lugar la demanda al determinar que la
causa
del
fallo
fue
que
la
caldera
dejó
de
recibir
el
suministro de agua necesario.
De esta sentencia Royal acudió al Tribunal de Circuito
de Apelaciones, impugnado así la apreciación de la prueba
pericial que hizo el foro apelado. Analizada dicha prueba,
el
Tribunal
Entendió
de
que
Circuito
la
causa
confirmó
del
fallo
la
sentencia
de
la
recurrida.
caldera
fue
el
resultado de un nivel bajo de agua.
Inconforme con esta decisión Royal recurrió ante nos.
Alega,
en
esencia,
que
erró
el
foro
apelativo
en
la
apreciación de la prueba pericial.
Luego de acoger el recurso de certiorari presentado y
examinar
las
comparecencias
de
las
partes,
procedemos
a
resolver.
II
En
síntesis,
revisemos
la
la
controversia
apreciación
de
la
ante
nos
prueba
requiere
que
pericial
que
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5
realizaran los tribunales a quo. Por tal razón, al analizar
dicha
prueba,
recordemos
lugar
examinemos
lo
que
es
dispuesto
necesario
en
que
nuestro
en
primer
ordenamiento
probatorio.
En el pasado hemos afirmado que los tribunales tienen
amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial
pudiendo, aún, adoptar su propio criterio en la apreciación o
evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte
técnicamente correcta. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A.,
res. el 31 de octubre de 1997, 143 D.P.R.__ (1997); Valldejuli
Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917, 921 (1971);
Prieto v.
Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 623 (1970).
Por
su
parte,
la
Regla
53
de
Evidencia
regula
lo
relativo al testimonio pericial. A tales efectos dispone:
(A) Toda persona está cualificada para declarar
como
testigo
pericial
si
posee
especial
conocimiento,
destreza,
experiencia,
adiestramiento o instrucción suficientes para
cualificarla como un experto o perito en el asunto
sobre el cual habrá de prestar testimonio. Si
hubiere
objeción
de
parte,
dicho
especial
conocimiento,
destreza,
adiestramiento
o
instrucción deberán ser probados antes de que el
testigo pueda declarar como perito.
(B)
El
especial
conocimiento,
destreza,
experiencia, adiestramiento o instrucción de un
testigo pericial podrán ser probados por cualquier
evidencia
admisible,
incluyendo
su
propio
testimonio. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 53.
Como
podrá
apreciarse,
la
referida
regla
adopta
una
norma liberal sobre la capacidad para declarar como perito.1
El peritaje puede ser producto de educación formal, o de
1
E. L. Chiesa, P.P.P.-I, Evidencia, Publicaciones JTS, pág.
244 (1983).
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conocimientos
adquiridos
por
experiencia.2
la
Así,
no
es
necesario poseer una licencia para practicar una profesión o
tener
preparación
perito.
Véase,
académica
Chiesa,
E.
formal
L.
para
Chiesa,
cualificar
Tratado
de
Probatorio, ob. cit a la pág. 563; Louisell
Federal Evidence, Vol. 3,
como
Derecho
& Mueller,
L.C.P.-B.W., sec. 381 (1979);
Weinstein & Berger, Weinstein´s Federal Evidence, Vol. 4,
2da edición, Matthew Bender, sec. 702.06 4 (1999).
Ahora,
si
bien
es
cierto
que
existe
liberalidad
en
cuanto a la capacidad pericial esto no significa que la
mayor o menor competencia del perito sea irrelevante para
apreciar su valor probatorio.3 Aunque un mínimo de evidencia
sea suficiente para establecer la cualificación como perito,
cuando
las
credenciales
de
un
perito
son
excelentes,
conviene ofrecer toda la evidencia en cuanto a ello, de modo
que el valor probatorio sea mayor. E. L. Chiesa, P.P.P.-I,
Evidencia, ob. cit. a la pág. 245.
Según
señala
el
profesor
E.
L.
Chiesa,
el
valor
probatorio del testimonio pericial depende de varios factores,
entre
los
que
se
destacan
los
siguientes:
1)
las
cualificaciones del perito; 2) la solidez de las bases de su
testimonio;
3)
la
confiabilidad
de
la
ciencia
o
técnica
subyacente y; 4) la parcialidad del perito.4
2
E. L. Chiesa, Tratado de Derecho
Publicaciones JTS, pág. 562 (1998).
3
Id. a la pág. 593.
4
Id.
Probatorio,
Tomo
I,
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7
En pasadas ocasiones hemos señalado que la especialidad
de un perito en cierta área puede ser decisiva en cuanto al
valor
probatorio
de
su
testimonio.
Véase,
E.
L.
Chiesa,
Tratado de Derecho Probatorio, ob. cit. a la pág. 594. Así,
en Viuda de Torres v. Womble, 99 D.P.R. 859, 876 (1971), no
le dimos crédito al testimonio pericial de un médico por no
ser un especialista en el campo en cuestión. Igualmente, en
Ríos Ruiz v. Mark, supra, señalamos que el testimonio de un
doctor en medicina deportiva, sin estudios especializados en
oftalmología, era insuficiente para superar la prueba de la
parte
demandada,
que
incluía
los
testimonios
de
dos
especialistas.5
A igual conclusión ha llegado la literatura jurídica más
autorizada sobre este tema. A tales efectos, se afirma que la
carencia
de
especialidad
concernida
afecta
el
peso
de
la
prueba pericial pero no la cualificación. Véase, E. L. Chiesa,
Tratado de Derecho Probatorio, ob. cit. a la pág. 565; Payton
v. Abbott Labs., 780 F.2d 147, 155 (1er Cir. 1985). Esto pues,
la
especialidad
va
más
al
valor
probatorio
que
a
la
admisibilidad o cualificación pericial. Véase, E. L. Chiesa,
P.P.P.-I, Evidencia, ob. cit. a la pág. 46 (1992); Weinstein &
Berger, Weinstein´s Federal Evidence, ob. cit. sec.702.06[8];
Saltzburg, Martin & Capra, Federal Rules of Evidence, Vol. 2,
Lexis Law Publishing, pág. 1221 (1998); Peteet v. Dow Chemical
Co., 868 F.2d 1428, 1431 (5to Cir. 1989).
5
E. L. Chiesa, P.P.P.-I, Evidencia, ob. cit. a la pág. 64,
(1988-89).
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8
En síntesis, aunque un generalista y un especialista
cualifiquen
ambos
como
especialista
está
en
probatorio
de
su
peritos
bajo
la
Regla
mejor
posición
respecto
opinión,
pero
no
ello
53,
al
es
el
valor
factor
determinante para la evaluación del testimonio pericial.6
Tomando en cuenta los pronunciamientos esbozados, nos
corresponde examinar la prueba pericial presentada para así
determinar si se incidió en su apreciación.
III
Luego de examinar la prueba que obra en autos entendemos
que el foro apelativo erró en su apreciación. El cuidadoso
estudio de los documentos presentados nos hace coincidir con
los testimonios de los ingenieros Castillo Vela y Cabán Vale,
quienes
entendieron
ocasionados
por
que
el
los
daños
deficiente
de
la
caldera
tratamiento
fueron
del
agua
utilizado. Ciertamente otorgamos mayor valor probatorio al
testimonio de dichos peritos que al vertido por el señor
Fitzpatrick, quien no posee licencia de ingeniero y examinó
la caldera en una fecha posterior.
Como
liberalidad
mencionáramos
anteriormente,
en
la
cuanto
a
capacidad
aunque
pericial
exista
esto
no
significa que la mayor o menor competencia del perito sea
irrelevante para apreciar su valor probatorio.
6
E. L. Chiesa, P.P.P.-I, Evidencia, ob. cit. a la pág. 270
(1983).
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Las cualificaciones de los ingenieros Castillo Vela y
Cabán
Vale
contrastan
marcadamente
con
las
del
señor
Fitzpatrick. A diferencia del señor Fitzpatrick, los señores
Castillo Vela y Cabán Vale son ingenieros mecánicos con vasta
experiencia
en
la
inspección
de
calderas.
Ciertamente
no
venimos obligados por el testimonio de Castillo Vela y Cabán
Vale, ni por el hecho de que ambos sean especialistas en la
materia. Sin embargo, no existe duda que sus cualificaciones
inciden sobre el valor probatorio de su testimonio.
Igualmente, la solidez de las bases de sus testimonios
superan a las del señor Fitzpatrick. Los ingenieros Castillo
Vela y Cabán Vale examinaron la caldera en un tiempo más
cercano a los hechos. Como mencionamos, no fue hasta ocho (8)
meses después del fallo que el señor Fitzpatrick examinó la
caldera, diagnosticando dicha falla ligeramente sin examinar
testigos ni observar récords algunos. Ciertamente la prontitud
con
que
se
importancia
realicen
los
exámenes
ya
a
mayor
que
pertinentes
tiempo
es
de
transcurrido
suma
menor
probabilidad de que la escena permanezca inalterada.
En lo referente al grado de parcialidad de los peritos,
cabe destacar que el testimonio del ingeniero Castillo Vela
refleja
cierto
grado
de
independencia
de
criterio.
Como
señalamos, inicialmente Castillo Vela fue contratado por DyeTex para examinar la causa del fallo. Sin embargo, a pesar de
esto, dicho ingeniero entendió que la causa del fallo fue el
mantenimiento inadecuado, lo que resultó ser adverso a los
intereses de Dye-Tex. Es luego de esto que dicha compañía
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10
recurre al señor Fitzpatrick, por no estar de acuerdo con los
hallazgos de Castillo Vela.
Esta situación, cuando menos, fortalece el testimonio del
referido
ingeniero
pues
demuestra
un
juicio
profesional
independiente. Por el contrario, no podría decirse lo mismo
del testimonio del señor Fitzpatrick, sobre todo si pensamos
que fue contratado luego de estos eventos y diagnosticó el
fallo
desde
el
mismo
instante
que
entró
al
horno,
sin
entrevistar testigos ni observar récords de mantenimiento.
De la anterior discusión y examinadas las cualificaciones
de los peritos, la solidez de las bases de sus testimonios y
su grado de parcialidad, al igual que la prueba que obra en
autos, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia incidió
en
la apreciación
de la prueba presentada. A su
vez,
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones se equivocó al confirmar
la sentencia de instancia sin examinar adecuadamente la prueba
presentada y la competencia de cada uno de los peritos.
Por los fundamentos que preceden, revocamos tanto el
dictamen del foro apelativo como el del Tribunal de Primera
Instancia.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
Juez Asociado
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dye-Tex Puerto Rico, Inc.
Demandante-Recurrida
v.
CC-1998-830
Certiorari
Royal Insurance Company
of Puerto Rico, Inc.
Demandada-Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se
revoca la sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo