LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

VICTOR L AMADOR PARRILLA V CONCILIO IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO

2000 TSPR 47

Poder Judicial de Puerto Rico

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VICTOR L AMADOR PARRILLA V CONCILIO IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO

CC-1997-0775

CC-97-775

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor L. Amador Parrilla

Recurrido

Certiorari

v.

2000 TSPR 47

Concilio Iglesia Universal de

Jesucristo

Recurrente

Número del Caso: CC-1997-0775

Fecha: 23/03/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V

Juez Ponente: Hon. Carmen Ana Pesante Martínez

Abogados de la Parte Recurrente:

Lcdo. Edmundo Ayala Oquendo

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Joyce A. Pagán Nieves

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-97-775

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor L. Amador Parrilla

Demandante-recurrido

v.

CC-97-775

CERTIORARI

Concilio Iglesia Universal

de Jesucristo

Demandado-recurrente

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO

LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2000

El

Concilio

Iglesia

Universal

de

Jesucristo

(Iglesia) es una corporación sin fines de lucro, creada

el 2 de abril de 1938 y reorganizada el 12 de noviembre

de 1972 bajo las disposiciones de la Ley General de

Corporaciones, 14 L.P.R.A. 1101, et seq. Esta Iglesia

se

rige

por

(Reglamento),

el

el

“Reglamento

cual

sujeta

de

a

la

sus

Institución”

miembros

a

la

autoridad de una Junta Pastoral Internacional (Junta).

La Junta, a su vez, es la encargada de designar a

los

líderes

organizados

Iglesia,

existencia

separada

de

sus

el

de

cada

templos.

Reglamento

subgrupos

dentro

comunidad

Por

la

prohibe

con

en

donde

naturaleza

están

de

la

específicamente

la

personalidad

del

jurídica

mismo.

Asimismo, como parte de aquello a lo que se obligan las

personas o grupos que desean formar parte de la Iglesia,

ésta siempre ha exigido que los miembros se sometan a lo

dispuesto en su Reglamento.

Los hechos en este caso se remontan a 1977 cuando la

Iglesia comenzó un programa de reclutamiento en el Barrio

Navarro del Municipio de Gurabo, Puerto Rico. Dicho programa

fue dirigido por Angel Martínez, uno de los pastores de

dicha Iglesia. Un año después, el 9 de mayo de 1978, la

Iglesia compareció como “comprador” en la Escritura Pública

Número 37, otorgada por el notario Jaime Corujo Collazo,

mediante la cual adquirió la parcela 526 del Barrio Navarro

del mencionado Municipio1. Dicho terreno se adquirió con la

aportación monetaria de los residentes del Barrio Navarro y

de la Iglesia. Cada parte aportó la suma de dos mil dólares

para llegar al precio total de venta de cuatro mil dólares

($4,000.00).

La

edificación

que

allí

se

levantó

fue

financiada, en su totalidad, por una aportación en dinero de

los

miembros

de

la

congregación

quienes

pagaron

los

materiales y mano de obra de la estructura2.

La aportación económica para esa construcción fue una

adicional a la aportada por los miembros de la comunidad a

la

Iglesia,

la

cual

continuaba

recibiendo

una

aportación

total de veinticinco por ciento de la cuota que exige el

1

En dicha escritura, compareció como comprador el Sr.

Nicolás Rosario y su esposa Ursula Díaz. Las partes

estipularon, sin embargo,

que estos compradores realmente

comparecieron a nombre y en representación de la Iglesia en

dicha escritura.

2

Este hecho fue estipulado por las partes.

CC-97-775

4

Reglamento de dicha Corporación3. Posteriormente, el 18 de

julio de 1989, y mediante la Escritura Pública Número 17,

otorgada

ante

el

notario

José

Lebrón

Soto,

la

Iglesia

adquirió la parcela número 525 del Barrio Navarro, ubicada

al lado del terreno previamente adquirido.

Resulta

primer

necesario

Reglamento

anteriormente,

rige

señalar

--el

el

que

la

cual,

destino

Iglesia

como

de

la

aprobó

su

expresáramos

misma

y

de

sus

feligreses-- con fecha de 15 de noviembre de 1970, sufriendo

el mismo dos revisiones, a saber: el 28 de marzo de 1981 y

el 1ro. de enero de 1990. Debemos enfatizar el hecho de que

los

tres

(3)

Reglamentos

contienen

una

cláusula

a

los

efectos de que los mismos tendrán vigencia desde de la fecha

de su aprobación por la Asamblea de la Iglesia Universal de

Jesucristo.

En fecha posterior a la construcción del templo en el

Barrio

Navarro,

surgieron

ciertas

desavenencias

entre

la

Iglesia y el líder, y pastor, de la mencionada comunidad,

Víctor L. Amador Parrilla. Este último fue desautorizado por

la Iglesia para continuar en sus funciones como tal pero, en

lugar de abandonar su posición, éste recabó el apoyo de los

feligreses

del

Barrio

continuar

fungiendo

Navarro,

como

su

los

cuales

líder

le

autorizaron

espiritual.

La

controversia se agravó cuando Víctor Amador Parrilla decidió

3

La comunidad aportaba al Concilio quince por ciento de las

donaciones recaudadas anualmente de entre sus miembros.

Adicionalmente se aportaba un diez por ciento de lo

recaudado

para

un

congreso

particular

dentro

de

la

corporación.

CC-97-775

5

continuar esa labor desde las facilidades construidas por la

comunidad

mientras

Iglesia,

de

la

los

cual,

feligreses

formaban

a

esta

raíz

de

parte

de

la

controversia,

se

“desafiliaron”.

Así las cosas, el 7 de julio de 1993, los miembros de

la

comunidad,

organizados

bajo

el

nombre

de

Iglesia

Pentecostal Salvación Eterna, Inc., entablaron una acción de

injunction posesorio, solicitud de sentencia declaratoria,

accesión y daños y perjuicios en el Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Caguas,

Universal

comunidad

de

Jesucristo.

En

esencia

era

copropietaria

de

la

contra

la

alegaron

parcela

Iglesia

que

la

número

525

adquirida por la Iglesia en la escritura pública de 1989. La

comunidad planteó que dicha titularidad surgió debido a la

aportación de, al menos, el setenta y cinco por ciento del

total del precio de venta del terreno. Además, la comunidad

argumentó que la estructura de cemento que allí se levantó

fue costeada por ellos y que la poseyeron en calidad de

dueños.

La

aportara

Iglesia

el

negó,

setenta

y

inicialmente,

cinco

por

que

ciento

la

del

comunidad

precio

del

terreno en cuestión. Estos sostuvieron que la Junta Pastoral

fue la que compró el solar con sus propios fondos. Asimismo,

la Iglesia originalmente sostuvo que fue con fondos suyos

con los que se compraron los materiales de construcción que

sirvieron para hacer la primera planta de la edificación en

disputa.

CC-97-775

6

Ello no obstante, la Iglesia demandada luego aceptó, y

estipuló, que la Parcela 526 se adquirió en 1978 con la

aportación de dos mil dólares de los feligreses del Barrio

Navarro

y

dos

mil

También

estipularon

dólares

que

el

pertenecientes

templo

a

la

construido

Iglesia.

en

dicha

parcela fue costeado en su totalidad con las aportaciones de

dinero que hicieron los feligreses. Además, admitieron que

la parcela 525 se compró en 1989 con un préstamo de quince

mil

dólares

del

cual

los

feligreses

pagaron

trece

mil

dólares mientras la Iglesia aportó los restantes dos mil

dólares.

El 15 de octubre de 1993, el tribunal de instancia

permitió la presentación de una demanda enmendada en donde

se alegó que la acción se radicaba tanto en relación con la

parcela número 526 como para la parcela número 525. Como

expresáramos anteriormente, en la primera parcela fue donde

se construyó el templo, mientras que en la segunda había ya

una edificación que servía de residencia al pastor.

El 26 de octubre de 1993, la parte demandada contestó

la

demanda

enmendada

y

presentó

una

Moción

Solicitando

Sentencia Sumaria a la cual los demandantes se opusieron el

2

de

noviembre

de

1993.

El

5

de

noviembre

de

1993,

el

entonces Tribunal Superior, Sala de Caguas, declaró no ha

lugar la referida moción de sentencia sumaria.

Finalmente, tras un largo proceso de descubrimiento de

prueba y celebración de vista en su fondo, el 24 de junio de

1997, el tribunal de instancia, dictó sentencia a favor de

CC-97-775

7

la parte demandante. Dicho foro, en lo pertinente, resolvió

que en cuanto a las dos parcelas de terreno en controversia

lo

que

existía

era

una

comunidad

de

bienes,

entre

la

I

glesia y los feligreses del Barrio Navarro, razón por

la cual la participación en dicha comunidad de cada una de

las partes sería dividida en proporción a la cantidad de

dinero aportada por éstas para la adquisición de las mismas;

en

relación

al

templo

propiamente,

el

foro

de

instancia

resolvió que el mismo le pertenecía, en su totalidad, a la

congregación del Barrio Navarro, y no a la Iglesia, pues

dicha

comunidad

había

sufragado

su

construcción

mediante

aportaciones económicas que hicieron a esos efectos.4

4

El razonamiento del foro de instancia se puede resumir de

la siguiente manera: que aun cuando la constitución y

reglamentos de una organización son el contrato que regula

la relación entre dicha entidad y sus miembros, razón por la

cual la relación entre las partes es una de naturaleza

contractual y lo pactado tiene fuerza de ley entre las

partes contratantes, en el presente caso se tiene que

acudir, en forma supletoria, a las disposiciones del Código

Civil por razón de no existir pacto contractual alguno sobre

las materias en controversia; que en cuanto a los solares en

controversia,

no

conteniendo

el

Reglamento

aplicable

disposición alguna sobre los mismos, son de aplicación las

disposiciones del Artículo 575 del Código Civil, el cual

regula la donación de cosa inmueble, requiriéndose la

otorgación de una escritura pública; que no habiéndose

otorgado la misma, y habiendo aportado ambas partes a la

compra de éstos, la donación era inoperante, razón por la

cual se estableció una comunidad de bienes, debiéndose

liquidar la misma conforme a lo aportado por ambas partes.

En cuanto al templo propiamente, tratándose igualmente

de una donación de bien inmueble y no habiéndose otorgado

escritura pública, determinó el tribunal que el mismo

pertenece

a

los

feligreses

por

cuanto

los

gastos

relacionados a su edificación fueron sufragados, en su

totalidad, por la congregación del Barrio Navarro y no por

la Iglesia.

CC-97-775

8

Inconformes, los demandados apelaron ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones. Allí, en esencia, plantearon los

mismos errores que hoy traen ante nuestra consideración.5 El

referido

foro

apelativo

intermedio

dictó

sentencia

confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia. Un

examen

de

la

sentencia

emitida

por

el

referido

foro

apelativo demuestra que su razonamiento fue prácticamente el

mismo al utilizado por el foro de instancia.

La parte demandada presentó recurso de Certiorari ante

este

Tribunal.

En

el

mismo,

le

imputó

al

Tribunal

de

Circuito haber errado:

“-Al no interpretar el contrato entre las partes

limitándose a la interpretación literal de una de

sus cláusulas.

-Al

no

aplicar

derecho

positivo

y

la

jurisprudencia interpretativa al Reglamento que es

la ley entre las partes.

-Al adjudicarle personalidad jurídica a los

demandantes-apelados.

-Al resolver que la controversia es una disputa

entre dos entidades religiosas, cuando lo que se

plantea en este caso es una interpretación

contractual entre el Concilio y los miembros que

este agrupa.”

5

“Erró el honorable tribunal al no interpretar el contrato

entre las partes limitándose a la interpretación literal de

una de sus cláusulas.”

“Erró el honorable tribunal al no aplicar derecho

positivo y la jurisprudencia interpretativa al Reglamento

que es la ley entre las partes.”

“Erró el honorable tribunal al adjudicarle personalidad

jurídica a los demandantes-apelados.”

“Erró

el

honorable

tribunal

al

resolver

que

la

controversia es una disputa entre dos entidades religiosas,

cuando lo que se plantea en este caso es una interpretación

contractual entre el Concilio y los miembros que este

agrupa.”

CC-97-775

9

Expedimos el auto. Estando en posición de resolver el

recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I

Antes

marras,

de

entrar

debemos,

establecida

la

en

en

las

consideraciones

primer

jurisdicción

de

del

lugar,

dejar

los

tribunales

caso

de

claramente

en

las

disputas habidas entre facciones dentro de una iglesia.

Sabido es que la jurisdicción de los foros judiciales en

nuestro País está regida por nuestra Constitución y por la

Ley de la Judicatura de 1994, según enmendada. Fundamentados

en

lo

anterior,

nuestros

tribunales

poseen

jurisdicción

general para resolver casos y controversias con la excepción

de

aquellas

materias

que

les

están

vedadas

por

alguna

disposición constitucional o estatutaria local o, en última

instancia, por la Constitución de los Estados Unidos y los

estatutos

federales.

Díaz

v.

Colegio

Nuestra

Señora

del

Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989). Así pues, hemos dicho que en

nuestro sistema de derecho los tribunales son el recurso más

apropiado para resolver conflictos que surjan entre aquellos

ciudadanos que no pueden ponerse de acuerdo con respecto a

sus

derechos

bien

sean

estos

personales

o

de

propiedad.

Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 753 (1981); Díaz v. Colegio

Nuestra Señora del Pilar, ante.

En el citado caso de Díaz v. Colegio aclaramos que los

tribunales civiles no pueden ejercer su jurisdicción para

dilucidar disputas sobre derechos de propiedad relativos a

CC-97-775

10

una iglesia cuando para hacerlo tengan irremediablemente que

pasar juicio sobre materias de doctrina, de disciplina, de

fe o de organización eclesiástica interna. En dicho caso

anticipamos que el problema constitucional que pueda surgir

al

momento

de

intervenir

religiosos

no

depende

en

de

una

la

disputa

naturaleza

entre

grupos

del

derecho

disputado, sino de la posible interferencia del Estado, a

través

de

los

tribunales,

en

el

corazón

mismo

de

la

religión, materia totalmente ajena a la competencia de los

tribunales.

Por

lo

tanto,

lo

que

limita

la

facultad

interventora de un tribunal no es el hecho de que las partes

involucradas

sean

controversia

que

entidades

se

trae

religiosas

ante

la

sino

el

consideración

tipo

del

de

foro

judicial. Véase: Mercado Rivera v. Universidad Católica de

P.R., res. el 27 de junio de 1997.

Tanto la doctrina federal como la nuestra son cónsonas

entre sí con respecto a la interpretación de la Cláusula de

Separación de Iglesia y Estado y la Cláusula de Libertad de

Culto que nos dirigen en torno al curso a seguir en este

asunto.

Ambas

cláusulas

deben

ser

consideradas

por

los

tribunales los cuales deben limitarse a adjudicar aquellas

controversias

en

las

cuales

no

hay

que

intervenir

con

cuestiones de dogmas y principios religiosos. Presbyterian

Church in the United States v. Mary Elizabeth Blue Hill

Memorial Presbyterian Church, 393 U.S. 440 (1969); Agostini

Pascual

v.

Iglesia

Católica,

109

D.P.R.

172

(1979).

Fundamentado en lo resuelto tanto por este Tribunal, como

CC-97-775

por

el

11

Tribunal

determinaciones

Supremo

de

los

de

los

tribunales

Estados

Unidos,

inferiores

las

prevalecerán

siempre y cuando se utilicen aquellos principios neutrales

de derecho aplicables a la controversia. Díaz v. Colegio,

ante.

Este criterio, conocido como la “doctrina de principios

neutrales”,

Estados

y

adoptada

Unidos

en

el

por

caso

el

Tribunal

Supremo

v.

80

Watson

Jones,

de

los

U.S.

679

(1871), se aplica también en Puerto Rico con el propósito de

proteger los intereses de los ciudadanos al tiempo que se

salvaguardan

las

garantías

constitucionales.

Agostini

Pascual v. Iglesia Católica, ante; Díaz v. Colegio, ante;

Academia San Jorge v. Junta de Relaciones del Trabajo, 110

D.P.R. 193 (1980).

En el presente caso estamos frente a una controversia

sobre la titularidad de unos terrenos y un edificio. Nada en

esta

disputa

obliga

a

este

Tribunal

a

entrar

en

consideraciones relacionadas con la fe, dogma o creencias

religiosas de los grupos que alegan tener derechos sobre

dichas

conlleva

propiedades.

una

religiosos

ya

Por

intromisión

que,

por

lo

tanto,

excesiva

el

la

del

contrario,

controversia

Estado

estamos

en

no

asuntos

frente

a

planteamientos de derecho que, lejos de obligarnos a pasar

juicio sobre las creencias religiosas de cada grupo, nos

dirigen

meramente

a

la

aplicación

neutrales de nuestro Código Civil.

de

las

disposiciones

CC-97-775

12

II

La Iglesia sostiene que erró el Tribunal de Circuito al

no interpretar el contrato vigente entre las partes en forma

integral.

En

Reglamento

esencia,

al

cual

los

los

demandados

miembros

sostienen

de

la

que

el

comunidad

se

obligaron, cuando aceptaron formar parte de la Iglesia, es

un contrato válido en el cual específicamente se le requería

a cada uno de sus miembros las aportaciones económicas que

ahora cuestionan.

Los

feligreses

del

Barrio

Navarro,

por

su

parte,

argumentan que aquí estamos frente a un contrato que atenta

contra la ley, la moral y el orden público. Fundamentan su

argumentación en la disposición constitucional que prohibe

que a una persona se le prive de su propiedad sin justa

compensación y sin el debido proceso de ley y que el validar

este

contrato

provocaría

un

enriquecimiento

injusto

por

parte de la Iglesia. Veamos.

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y, en

nuestro ordenamiento, constituyen una de las varias formas

en que las personas pueden obligarse entre sí. Santiago v.

A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987). Un contrato nace desde el

mismo instante en que dos personas consienten a obligarse,

según se dispone en el Artículo 1206 del Código Civil, 31

L.P.R.A.

3371.6

personas

consienten

6

Cuando

se

cumplir,

perfecciona

no

sólo

con

el

lo

acuerdo,

las

expresamente

“El contrato existe desde que una o varias personas

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar

alguna cosa, o prestar algún servicio.” Art. 1206.

CC-97-775

13

pactado, sino también con todo aquello que sea conforme a la

buena fe, el uso y la ley. Colondres v. Bayrón, 114 D.P.R.

833 (1983).

La libertad para contratar es la base de esta fuente de

obligación

Código

en

Puerto

Rico.

Civil,

31

L.P.R.A.

3372,

establecer

los

contratantes

pueden

El

Artículo

1270

dispone

pactos,

de

nuestro

que

“los

cláusulas

y

condiciones que tengan por conveniente, siempre y cuando no

sean contrarios a las leyes, la moral ni al orden público.”

Además,

hemos

reconocido

que,

la

constitución

y

reglamentos de una organización son el contrato que regula

la relación entre dicha entidad y sus miembros y que, por

ello, dicha relación es una de naturaleza contractual. Logia

v. Logia, 72 D.P.R. 488, (1951).

Somos del criterio --en este respecto, al igual que el

foro

de

instancia

y

el

Tribunal

de

Circuito--

que

el

Reglamento que rige a la Iglesia, y al que se obligaron los

feligreses demandantes, constituye la ley entre las partes,

siempre y cuando, claro está, se cumpla con el precepto

básico de que el mismo no atente contra la ley, la moral y

el orden público.7

7

La determinación a esos efectos, naturalmente, no podrá

girar sobre cláusulas de dicho Reglamento que envuelvan

consideraciones relacionadas con la fe, dogma o creencias

religiosas de las partes. Díaz v. Colegio Nuestra Señora del

Pilar, ante.

CC-97-775

14

El primero de dichos Reglamentos --el cual entró en

vigor el 15 de noviembre de 1970-- establece, en la Sección

89 del Artículo XIX del mismo, que:

“Todo donativo hecho a esta Iglesia, no importa

su naturaleza pasará a ser propiedad de ella y no

será devuelto a ninguno de sus miembros o amigos

donantes puesto que se reciben los donativos con

la condición indicada. [...]]” (Enfasis suplido.)

Es de

notar que los

dos (2)

Reglamentos

posteriores

--esto es, el que entró en vigor el 28 de marzo de 1981 y el

1ro.

del

de

enero

de

1990--

contienen

disposiciones

similares.8 Resulta obvio que estas disposiciones --en las

cuales no están envueltas consideraciones relacionadas con la

fe, dogma o creencias religiosas de las partes-- no violan,

prima facie, ni la ley, la moral ni el orden público. Claro

está, un feligrés podía, y puede, hacer a la Iglesia un

donativo

de

bien

mueble

o

inmueble.

Dicho

donativo

naturalmente, tiene que ser hecho en forma cónsona con lo

dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico al respecto. Ello

nos lleva a las disposiciones de los Artículos 574 y 575 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secciones 2009 y

2010.

El primero de ellos, esto es, el Artículo 574 establece

que:

“La donación de cosa mueble podrá hacerse

verbalmente o por escrito.

la

8

La verbal requiere la entrega simultánea de

cosa donada. Faltando este requisito, no

Véase: Sección 103 del Artículo 22, Parte VI del Reglamento

de 1981 y la Sección 192, Artículo 2, Parte VIII del

Reglamento de 1990.

CC-97-775

15

surtirá efecto si no se hace por escrito y consta

en la misma forma la aceptación.” (Enfasis

suplido.)

Por su parte, el citado Artículo 575 señala que:

“Para que sea válida la donación de cosa

inmueble ha de hacerse en escritura pública,

expresándose en ella individualmente los bienes

donados y el valor de los cargas que deba

satisfacer el donatario.

La aceptación podrá hacerse en la misma

escritura de donación o en otra separada; pero no

surtirá efecto si no se hiciere en vida del

donante.

Hecho

en

escritura

separada,

deberá

notificarse la aceptación en forma auténtica al

donante, y su anotará esta diligencia en ambas

escrituras.”

Como podemos notar, existe una gran diferencia en el

trato jurídico que le da el Código a la donación de un bien

mueble y la donación de un bien inmueble. Como surge de la

relación

de

hechos

que

tribunal

de

instancia

hiciéramos

como

el

al

comienzo,

Tribunal

de

tanto

el

Circuito

de

Apelaciones entendieron que nos enfrentamos a una donación de

un bien inmueble, ello tanto en relación a los dos solares

como a la edificación del templo. Es por ello que dichos

foros judiciales determinaron que, al no cumplirse con los

requisitos

que

establece

el

Código

Civil

respecto

a

las

donaciones de bienes inmuebles, las donaciones realizadas por

los feligreses a la Iglesia eran inoperantes; razón por la

cual resolvieron, en cuanto a los dos solares, que existía

una comunidad de bienes entre la Iglesia y los feligreses,

los cuales tenían derecho a una participación proporcional

conforme a lo aportado por cada uno de ellos. Por otro lado,

CC-97-775

y

en

16

cuanto

al

templo

propiamente,

los

referidos

foros

judiciales determinaron que el mismo le pertenecía a los

feligreses en su totalidad por razón de que dicha edificación

había sido construida con dinero de éstos. Erraron al así

resolver.

III

Establece el Artículo 577 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 2001, que:

“Podrán hacer donación todos los que puedan

contratar y disponer de sus bienes”.

Dicho de otra manera, y en lo pertinente al caso que nos

ocupa,

nadie

puede

donar

un

bien

que

no

le

pertenece.

Procede, entonces, que nos cuestionemos si los feligreses del

Barrio Navarro de Gurabo, Puerto Rico, podían donarle a la

Iglesia

Universal

de

Jesucristo

los

dos

solares

que

se

compraron y el templo que se edificó. La contestación en la

negativa parece ser inescapable ya que éstos nunca fueron

dueños de dichos bienes inmuebles.

Los feligreses del Barrio Navarro lo que le donaron a la

Iglesia

Universal

de

Jesucristo

fue

una

suma

de

dinero,

recolectada la misma día a día y semana a semana, con el

propósito

de

que

la

Iglesia

pudiera

adquirir

los

bienes

inmuebles. En otras palabras, lo que dichos feligreses le

donaron a la Iglesia fue un bien mueble. La referida donación

de dinero, conforme establece el antes citado Artículo 574

del Código Civil, es totalmente válida aun cuando la misma se

CC-97-775

17

haga verbalmente, únicamente requiriendo el Código en dicha

alternativa el hecho de que la entrega de la cosa donada sea

simultánea.

En el presente caso nos enfrentamos, no hay duda, a la

donación de un bien mueble de forma verbal donde la entrega

de la ofrenda en dinero fue simultánea a la misma. Siendo

ello así, las donaciones monetarias efectuadas --tanto en los

casos de la compra de los dos solares como en el de la

edificación del templo-- son completamente válidas ya que lo

que se donó, por los feligreses, fue el dinero para comprar

dichos solares y construir el edificio. La Iglesia por medio

de su representante en la comunidad --esto es, el pastor9-aceptó

dicho

donativo,

lo

cual

validó

la

donación

realizada.10

9

Conforme los tres Reglamentos que, en distintas épocas han

regido los destinos de la Iglesia Universal de Jesucristo,

el pastor es la persona “que tiene a cargo una congregación

por mandato de Dios y de la Junta de Directores” de la

referida Iglesia.

10

La decisión que hoy emitimos encuentra apoyo en lo

resuelto en Logia v. Logia, ante. Allí adoptamos la

doctrina, de que cuando dos grupos rivales alegan ser dueños

de un mismo bien, las cortes, de ordinario, deben conceder

los bienes a aquel grupo que ha funcionado dentro de la

estructura prescrita por la constitución y reglamentos de la

organización y que constituyen el contrato que gobierna la

misma.

Esta doctrina es una ampliamente reconocida en las

distintas jurisdicciones estatales de los Estados Unidos.

Véase, a esos efectos: Fuchs v. Meisel, 60 N.W. 773 (1894);

Michigan Congregational Conference v. United Church of

Station, 48 N.W. 2d.108 (1951); Tea v. Protestant Episcopal

Church, 610 P.2d. 181 (1980), Diviese of Newark v. Burns,

417 A.2d. 31 (1980); Protestant Episcopal Church v. Graves,

417 A.2d 19 (1980); Bennison v. Sharp, 329 N.W.2d. 466

(1982).

CC-97-775

Por

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los

fundamentos

expuestos,

procede

decretar

la

revocación de la sentencia emitida en el presente caso por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones, la cual confirmó la

emitida

por

la

Sala

Superior

de

Caguas

del

Tribunal

de

En Michigan Congregational Conference, ante, la Corte

Supremo del Estado de Michigan expresó:

“...while members of a church undoubtedly possess

the legal right to withdraw from it, with or with

them, for their own purposes, or transfer to any

other religious body, property previously without

reason, they may not, in so doing, take conveyed,

to, or dedicated to the use of, the religious

denomination from which they are withdrawing or one

of its member churches, but such property must

remain for the use and benefit of adherents to that

denomination or those who represent it.”

Una determinación contraria a la conclusión a la que hoy

llegamos, aparte del hecho de ser incorrecta desde un punto

de vista jurídico, causaría a nuestro juicio un disloque en

nuestra sociedad.

Resolver, como lo hace el foro de instancia y el

Tribunal de Circuito, en el sentido de que los feligreses

demandantes tienen derecho a participar junto con la Iglesia

en una comunidad de bienes sobre las propiedades que

disfrutaron mientras fueron miembros de la Iglesia Universal

de Jesucristo, plantearía, entre otras, las siguientes

interrogantes:

1. Los feligreses no pueden ser identificados con

absoluta certeza; ello en vista del hecho que es

prácticamente imposible identificar a las personas

que cada día se reunieron en cada uno de Los

servicios religiosos.

2. Su participación en la comunidad de bienes no podría

ser determinada con precisión; esto es así debido a

que estaríamos obligando a los tribunales a tener

que tomar determinaciones en cuanto a la cantidad de

dinero que ofreció cada feligrés en cada uno de los

servicios, tomando también en cuenta a cualquier

otra persona que, habiendo acudido a dicho templo en

alguna ocasión, reclame haber hecho alguna donación

que lo haga parte de la comunidad de bienes de la

feligresía.

3. Cualesquiera de los miembros de la feligresía

podría,

en

cualquier

momento,

solicitar

la

disolución de la comunidad de bienes, ello en vista

de lo dispuesto por el Artículo 334 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1279.

CC-97-775

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Primera Instancia; devolviéndose el caso al foro de instancia

para

procedimientos

ulteriores

consistentes

resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

con

lo

aquí

CC-97-775

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor L. Amador Parrilla

Demandante-recurrido

v.

CC-97-775

CERTIORARI

Concilio Iglesia Universal

de Jesucristo

Demandado-recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida

en el presente caso por el Tribunal de Circuito de

Apelaciones, Circuito Regional V, la cual confirmó la

emitida por la Sala Superior de Caguas del Tribunal de

Primera Instancia; devolviéndose el caso al foro de

instancia para procedimientos ulteriores consistentes

con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo