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Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ MELENDEZ

2000 TSPR 41

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ MELENDEZ

CC-1999-0197

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2000 TSPR 41

Gustavo Javier Rodríguez Meléndez

Peticionario

Número del Caso: CC-1999-0197

Fecha: 10/03/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Juez Ponente: Hon. Roberto González Rivera

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Erik A. Rosado Pérez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rose Mary Corchado Lorent

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley 54

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-1999-197

Certiorari

Gustavo Javier Rodríguez

Meléndez

Acusado-peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2000

¿Tiene

jurisdicción

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones para acoger como apelación la solicitud para

revisar un fallo de culpabilidad de un convicto a quien,

en virtud de un trámite especial no se le dictó sentencia,

y se concedió la libertad a prueba?

I

Gustavo

J.

Rodríguez

Meléndez,

fue

acusado

de

infringir el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de

1989, 8 L.P.R.A. sec. 631. Dicho artículo tipifica como

delito el maltrato contra cónyuge, ex-cónyuge, la persona

con quien se sostuviere o se haya sostenido una relación

consensual, o con quien se haya procreado hijo o hija.

CC-1999-197

3

Previo juicio, el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Guayama, (Juez, Hon. José A. Gutiérrez Núñez),

lo declaró culpable y señaló fecha para la lectura de

sentencia. Oportunamente, el tribunal optó por no dictar

sentencia y a tenor con el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54,1

sometió a Rodríguez Meléndez a libertad a prueba.

Inconforme

Meléndez

acudió

con

al

el

fallo

Tribunal

condenatorio,

de Circuito

de

Rodríguez

Apelaciones

mediante recurso de apelación. En mostración de causa, el

Procurador General expuso que la resolución sometiendo a

un

convicto a libertad a prueba era inapelable, pues el

derecho

a

apelar

además,

que

la

precisaba

de una

sentencia. Argumentó

apelación

interpuesta

por

Rodríguez

Meléndez era indicativa de su falta de arrepentimiento por

los hechos cometidos, lo que frustraba el propósito de la

libertad a prueba, la cual debía dejarse sin efecto y en

su lugar dictarse sentencia. En contra, éste sostuvo que

apelar

1

una

decisión

del

tribunal

de

instancia era un

“Una vez celebrado el juicio y convicto que fuere o

que el acusado haga alegación de culpabilidad por

cualesquiera de los delitos tipificados en este Capítulo,

el tribunal podrá, motu proprio o mediante solicitud del

Ministerio Fiscal o de la defensa, suspender todo

procedimiento y someter a la persona convicta a libertad

a prueba, sujeto a que ésta participe en un programa de

reeducación y readiestramiento para personas que incurren

en conducta maltratante en la relación de pareja.

....

Si la persona beneficiada con la libertad a prueba

que

establece

esta

sección

incumpliere

con

las

condiciones de la misma, el tribunal previo celebración

de vista podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y

procederá a dictar sentencia.” 8 L.P.R.A. sec. 636.

CC-1999-197

4

derecho, no un acto demostrativo de falta de conciencia.

No obstante, indicó que no tenía objeción a que su recurso

fuese acogido como certiorari a fin de que se atendieran

sus méritos.

Tras evaluar esos argumentos, Circuito decidió acoger

el recurso como certiorari. Sin embargo, a solicitud del

Procurador

falta

de

General,

en

jurisdicción

sentencia

hacía

el

reconsideración,

al

estimar

asunto

desestimó

por

que

la

ausencia

de

inapelable.

A

petición

de

Rodríguez Meléndez revisamos.

II

El Art. 4.002(a) de la Ley de la Judicatura de 1994,

según enmendada, dispone que el Tribunal de Circuito de

Apelaciones conocerá mediante recurso de apelación de toda

sentencia final dictada en casos originados en el Tribunal

de Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito

durante el proceso de abolición. 4 L.P.R.A. sec. 22K(a).

Hemos

definido

determinación

cuestión

sentencia

del

tribunal

litigiosa.

De

final

que

Jesús

como

resuelva

Maldonado

cualquier

finalmente

v.

la

Corporación

Azucarera, res. en 29 de junio de 1998, 98 TSPR 84, y

casos allí citados.

De otra parte, la Regla 162 de Procedimiento Criminal

define

sentencia

como

el

pronunciamiento

hecho

por

el

Tribunal sobre la pena impuesta al acusado.

En esencia, la contención del Procurador General es

que

ambas

acepciones

son

equivalentes;

esto

es,

la

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5

controversia

en

un

proceso

penal

no

finaliza

hasta

la

imposición de la pena y, por tanto, no puede ser apelada

hasta ese momento. En oposición, Rodríguez Meléndez aduce

que es el fallo –pronunciamiento hecho por el Tribunal

condenando

o

dictamen

que

absolviendo

pone

culpabilidad

o

procedimiento

penal.

Pueblo

v.

acusado;

término

inocencia

Vélez,

al

del

Ambos

76

D.P.R.

al

Regla

proceso,

160-

el

siendo

la

acusado

lo

crucial

descansan

en

lo

142

(1954),

en

un

resuelto

en

donde

haciendo

referencia al estatuto federal que autoriza al juzgador a

suspender la ejecución de una sentencia condenatoria o su

imposición, expusimos “se ha resuelto uniformemente que

cuando el tribunal sentenciador suspende la ejecución de

la sentencia contra un acusado y pone a éste en libertad a

prueba, la misma resulta ser una sentencia final y, por

ende, apelable. Korematsu v. United States, 319 U.S. 432,

87 L. ed. 1497; Berman v. United States, 302 U.S. 211, 82

L. ed. 204; Birnbaum v. United States, 107 F.2d 885, 126

A.L.R. 1207; Commonwealth v. Smith, 198 Atl. 812, 814;

United States v. Lombardo, 174 F.2d 575; Orfield, Criminal

Procedure

From

Asimismo,

que

Arrest

cuando

to

el

Appeal

(1947),

tribunal

juzgador

pág.

584.

meramente

declara culpable al acusado, suspende la imposición de la

sentencia y pone a éste en libertad a prueba, su actuación

al efecto no constituye una sentencia final y no es por

tanto

apelable.

Korematsu

v.

United

States,

supra;

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6

Orfield, op. cit., supra; Cf. United States v. Beekman,

155 F.2d 580.” (Énfasis nuestro).

Distinto a lo expresado, Korematsu resuelve que la

suspensión de la imposición de la sentencia –como ocurrido

en

el

caso

apelación

imponga

al

de

autos-,

no

un

fallo

condenatorio

de

acusado

es

alguna

óbice

medida

para

recurrir

siempre

en

que

se

le

disciplinaria

que

lo

mantenga sometido a la autoridad del Tribunal. En ese caso

se

razonó

que

la

probatoria

pre-sentencia

era

una

modalidad de la pena, de carácter rehabilitador, que no se

distinguía

substancialmente

de

la

probatoria

post-

sentencia.

III

La

polémica

ante

nos

emana

del principio

jurídico

anglosajón de fuerte arraigo que de ordinario equipara la

finalidad de la decisión en un caso penal con el acto de

sentencia.2 Por esta razón, ha sido común la visión de que

la disponibilidad del derecho de apelación se da en casos

donde se suspende la ejecución de una sentencia impuesta.

Berman v. U.S., 302 US 211 (1937); U.S. v. Albers, 115 F2d

833 (1940), CA2 NY); State v. Heron, 374 P2d 871 (1962);

People v. Silva, 241 Cal App 2d 80 (1966, 4th Dist); Hite

v. State, 198 Md. 602 (1951); State v. Miller, 225 NC 213

(1945);

State

v.

Vaughn,

105

Or

App

518

(1991).

Así

resolvimos en Pueblo v. Vélez, supra.

John H. Derrick, Appealability of Order Suspending

Imposition or Execution of Sentence, 51 ALR 4th 939 (1987).

2

CC-1999-197

7

La aplicación automática del mencionado principio y

los

estatutos

reguladores

de

la

práctica

apelativa

de

algunos estados, han llevado a concluir que la suspensión

de

la

imposición

de

la

sentencia

hace

el

fallo

de

culpabilidad inapelable. Véase, State v. Shannon, 60 Wash

2d 883 (1962); State v. Lynch, 679 SW 2d 858 (1984, Mo);

State

v.

Kottenbroch,

319

NW2d

465

(1982,

ND).

Sin

embargo, en la mayoría de los estados y en la jurisdicción

federal

se

ha

establecido

la

apelabilidad

de

un

fallo

condenatorio aun cuando se haya suspendido la imposición

de la Sentencia. Korematsu v. U.S., 319 U.S. 432 (1943);

Corey v. U.S., 375 U.S. 169 (1963); Burton v. Superior

Court

of

County

of

Maricopa,

27

Ariz

App

797

(1977);

People v. Berkowitz, 137 Cal Rptr 313 (1977); McDonald v.

U.S., 415 A2d 538 (1980, Dist Col App); Schultz v. State,

700

So.

2d

56

(1997);

People

v.

Sims,

32

I11

2d

591

(1965); State v. Longmore, 178 Neb 509 (1965); Adamo v.

McCorkle,

13

NJ

561

(1953).

Ante

esquema

legales

especiales, acogemos este último curso decisorio. Veamos.

No hay duda que el fallo es la determinación que pone

fin a la cuestión central -culpabilidad o inocencia de un

acusado-

en

un

procedimiento

penal.

Los

efectos

de

un

fallo pueden ser variados y están contemplados de antemano

por las leyes. Así, el Art. 3.6 de la Ley de Violencia

Doméstica, supra, otorga discreción al Juez para que luego

de una determinación de culpabilidad (fallo) “suspend[a]

todo

procedimiento

y

somet[a]

a

la

persona

convicta

a

CC-1999-197

8

libertad a prueba” siempre que cumpla con las condiciones

provistas por ley. Este mecanismo alterno a la sentencia

clásica revela que el fallo de culpabilidad es lo que

convierte al allí acusado en convicto. Mientras exista una

determinación

de

culpabilidad3

y

esté

sometido

a

la

jurisdicción del Tribunal o el caso no se haya sobreseído,

el

recurso

apropiado

para

cuestionar

el

dictamen

de

culpabilidad será la apelación interpuesta oportunamente a

tenor con la Ley de la Judicatura, y las Reglas 193 y 194

de Procedimiento Criminal.

Por

las

revocatoria

razones

y

ordenará

expuestas

al

se

Tribunal

dictará

de

sentencia

Circuito

de

Apelaciones que asuma jurisdicción sobre la apelación.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

Como sabemos cuando el acusado hace alegación de

culpabilidad, el recurso apropiado para revisar la

sentencia lo es el certiorari. Art. 4.002(d) Ley de la

Judicatura, 1994. Regla 193 de Procedimiento Criminal.

3

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-1999-197

Certiorari

Gustavo Javier Rodríguez

Meléndez

Acusado-peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se revoca la Resolución del Tribunal

de

Circuito

de Apelaciones de fecha 5 de enero de 1999 y

ordena al Tribunal de Circuito de Apelaciones que asuma

jurisdicción sobre la apelación.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretaria del Tribunal Supremo.

y

certifica

la

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo