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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

2000 TSPR 37

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2000 TSPR 37

Eric Encarnación Santos

Peticionario

Número del Caso: CC-2000-0068

Fecha: 03/03/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Samuel Nieves Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Eva Samantha soto Castello

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley de Armas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2000-68

CERTIORARI

Eric Encarnación Santos

Acusado-peticionario

OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2000

Por hechos ocurridos el día 31 de agosto de 1998,

el

ministerio

acusatorios

público

contra

el

radicó

aquí

varios

peticionario

pliegos

Eric

Encarnación Santos, ante la Sala Superior de Carolina

del Tribunal de Primera Instancia, en los cuales le

imputó a éste la supuesta comisión de los delitos de

Asesinato en Primer Grado, Escalamiento Agravado, y

varias infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Celebrado el correspondiente acto de lectura de

acusación, y habiendo sido señalado los casos para

juicio en su fondo, la defensa del peticionario radicó

ante el tribunal de instancia un escrito intitulado

“moción sobre

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3

incapacidad mental del imputado”, escrito en el cual, en

síntesis

y

en

lo

pertinente,

alegó

que

tenía

“...serias

dudas sobre el estado y capacidad mental del imputado tanto

al momento de los hechos como en la actualidad...”; razón

por la cual solicitó de dicho tribunal que refiriera “...al

acusado

Eric

Encarnación

Santos,

para

ser

evaluado

con

relación a su capacidad mental al momento de los hechos que

se [le] imputan en el caso de epígrafe y al presente”.

El tribunal de instancia señaló una vista. En la misma,

el

aquí

peticionario

solicitado,

alegando

“amplió”,

que

tenía

por

decirlo

derecho

a

que

así,

lo

se

le

permitiera “...contratar un perito psiquiatra particular con

cargo

al

Estado,

que

lo

asesore

en

la

preparación

y

presentación de su defensa de insanidad mental”. Luego de

escuchar los distintos argumentos de las partes, el tribunal

de instancia: ordenó que el peticionario Encarnación Santos

debía

“...ser

sometido

a

evaluación,

a

los

efectos

de

determinar su estado y capacidad mental al momento de la

comisión

de

los

hechos

imputádoles”;

que

esta

evaluación

“...deberá ser llevada a cabo por un perito del Estado,

diferente

al

que

lo

evaluara

para

la

determinación

de

procesabilidad”; y, finalmente, por “...entender el Tribunal

que no procede el nombramiento de un perito particular con

cargos a la Administración de los Tribunales, se declara NO

HA LUGAR la solicitud a esos efectos.” (Enfasis suplido.)

Inconforme,

Tribunal

de

acudió

Circuito

de

el

aquí

peticionario

Apelaciones,

vía

ante

el

certiorari,

en

CC-2000-68

solicitud

4

de

revisión

de

lo

decretado

por

el

foro

de

instancia. En el escrito que, a esos efectos, radicó ante el

foro apelativo intermedio le imputó al tribunal de instancia

haber

errado

“...al

negarse

a

autorizar

a

la

defensa

a

contratar, con cargo al Estado, a un perito psiquiatra, que

además de evaluar la condición mental del acusado sirviese

de asesor a la defensa en todas las etapas de preparación y

presentación de la defensa de inimputabilidad”.

El Tribunal de Circuito, mediante resolución de fecha

17 de diciembre de 1999, denegó la expedición del auto de

certiorari radicado. Razonó dicho foro, en síntesis y en lo

pertinente, que “...la determinación del tribunal a quo de

nombrar un perito para que evaluara al aquí peticionario,

que fuera diferente al que lo examinaría para efectos de la

determinación sobre su procesabilidad, es una razonable que

cumple,

en

salvaguardar

este

el

momento

derecho

de

de

éste

los

de

procedimientos,

con

tener

ser

acceso

a

evaluado psiquiátricamente por un experto en la materia que

sea neutral a la controversia planteada”.

En vista a dicha determinación, acudió Eric Encarnación

Santos ante este Tribunal en revisión, vía certiorari, de la

decisión emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones

imputándole al foro apelativo intermedio haber errado:

“...al confirmar la Resolución del Honorable

Tribunal de Primera Instancia, negansado (sic) a

distringuir (sic) entre un perito designado por

el Tribunal a los fines de la evaluación de la

capacidad mental de un acusado, y un perito

colaborador de la Defensa en la preparación y

presentación de su caso; colaboración que aún

cuando parte de la evaluación de dicha capacidad

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mental incluye además un asesoramiento en cuanto

a posibles méritos de la misma, manera más

efectiva de presentarla de la forma más favorable

a la Defensa, y la presentación efectiva de la

misma, asesoramiento y colaboración que están

disponibles

para

el

acusado

económicamente

pudiente no así para un acusado indigente al que

se le ha designado un abogado de oficio.”

Resolvemos, sin ulterior trámite, el recurso radicado,

al amparo de las disposiciones de la Regla 50 de nuestro

Reglamento.

I

Aun cuando compartimos, parcialmente, el criterio del

Tribunal de Circuito de Apelaciones a los efectos de que la

determinación tomada por el tribunal de instancia es una

razonable que cumple con salvaguardar el derecho de éste de

tener acceso a ser evaluado psiquiátricamente por un experto

en la materia, somos de la opinión que dicha determinación

debe ser modificada para que, en lugar de disponer que el

psiquiatra que debe examinar al peticionario sea “un perito

del Estado”, como dispuso el tribunal de instancia, el mismo

sea un perito del tribunal, esto es, uno designado por el

tribunal que no labore para el Gobierno de Puerto Rico.

Véase: Pueblo v. Pérez Velázquez, Res. el 19 de marzo de

1999, 99 TSPR 25.1 Veamos por qué.

Conforme a la práctica o procedimiento que se lleva a

cabo,

normal

y

corrientemente,

a

nivel

del

tribunal

de

instancia en el campo de lo penal, cuando un imputado de

1

99 J.T.S. 30.

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delito

6

alega

que

no

está

en

estado

procesable

para

ser

sometido a juicio2, el tribunal de instancia designa, de

ordinario,

a

Departamento

un

de

psiquiatra

Salud

de

--que

Puerto

es

Rico--

empleado

que

examina

del

al

acusado y declara sobre la procesabilidad de éste para ser

sometido a enjuiciamiento. Aun cuando, de ordinario, este

perito del Estado es el único que testifica en esta clase de

procedimiento,

nada

impide,

naturalmente,

que

el

acusado

pueda presentar su propio perito psiquiatra, viniendo el

tribunal

de

instancia

en

la

obligación

de

hacer

su

determinación, sobre si el acusado debe o no ser procesado,

a base de toda la prueba presentada. El hecho de que, en la

mayoría de los casos, el tribunal tome esa determinación, a

base únicamente del testimonio prestado por el perito del

Estado,

no

violenta

ningún

derecho

del

acusado.

Ello

en

vista del hecho de que no se está lidiando con la defensa de

locura como tal; meramente se está emitiendo juicio sobre si

el acusado está o no apto para ser procesado, situación que

2

Véase: Regla 240 de las de Procedimiento Criminal. Esta

disposición reglamentaria establece, en su Inciso (a) que:

“(a) Vista: peritos. En cualquier momento después

de presentada la acusación o denuncia y antes de

dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere

base razonable para creer que el acusado está

mentalmente

incapacitado,

inmediatamente

suspenderá los procedimientos y señalará una

vista para determinar el estado mental del

acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios

peritos para que examinen al acusado y declaren

sobre su estado mental. Se practicará en la vista

cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las

partes.”

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le compete directamente a las Ramas Ejecutivas y Judicial de

nuestro Gobierno.

Distinta,

examen

naturalmente,

psiquiátrico

a

es

la

realizarse

situación

está

cuando

el

encaminado

a

determinar si el acusado, al momento de la supuesta comisión

de

los

hechos,

era

o

no

inimputable,

esto

es,

cuando

lidiamos ya propiamente con la defensa de insanidad mental,

regulada la misma por la Regla 74 de las de Procedimiento

Criminal.

En

esta

clase

de

situación,

de

ordinario,

el

imputado de delito contrata su propio perito psiquíatra para

testificar al respecto.

Nos enfrentamos, en el presente caso, a la particular

situación de un acusado, alegadamente indigente, que reclama

el derecho a presentar la defensa de insanidad mental y que

alega que no puede contratar los servicios de un perito

psiquiatra en la práctica privada de la profesión por razón

de

su

indigencia;

éste,

naturalmente,

no

puede

ser

“penalizado” por su personal situación económica y tiene

derecho, al igual que cualquier otro imputado de delito, a

tener una adecuada defensa.

Somos del criterio que, en esta clase de situaciones,

los tribunales de instancia deben, en primer lugar, celebrar

una vista para determinar si efectivamente el acusado es

indigente. De así determinarlo, entonces, el tribunal debe

designar

un

profesional

de

la

salud,

especialista

en

psiquiatría, que no labore para el Gobierno de Puerto Rico,

para que examine al imputado y asesore y ayude a éste en la

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presentación

de

la

prueba

sobre

insanidad

mental

y,

naturalmente, testifique durante el proceso a ser celebrado.

En otras palabras, no creemos adecuado que sea un perito del

Estado

el

que

deba

ser

designado

en

esta

clase

de

situaciones; el aparente conflicto de intereses no lo hace

conveniente.

Debe quedar claro, sin embargo, que en esta clase de

situaciones el acusado no tiene derecho a que se designe un

perito de su personal selección a ser pagado por el Estado.

Como expresara el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en

Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68 (1985), un acusado indigente no

tiene un derecho constitucional a escoger o seleccionar el

psiquíatra de su predilección, como tampoco tiene derecho a

que se le provean fondos públicos para pagarle al psiquiatra

que él escoja.

Se dictará Sentencia de conformidad4.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

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CERTIORARI

Eric Encarnación Santos

Acusado-peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se expide el auto solicitado y

se dicta Sentencia modificando la emitida por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones --a los efectos de

que el tribunal de instancia debe designar un perito

psiquiatra que no labore para el Gobierno de Puerto

Rico para que examine y asista durante el proceso al

acusado peticionario en relación con la defensa de

insanidad mental-- y así modificada, se confirma la

misma; devolviéndose el caso al tribunal de instancia

para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión

escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo