Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
2000 TSPR 37
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2000 TSPR 37
Eric Encarnación Santos
Peticionario
Número del Caso: CC-2000-0068
Fecha: 03/03/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Samuel Nieves Rodríguez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Eva Samantha soto Castello
Procuradora General Auxiliar
Materia: Ley de Armas
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2000-68
CERTIORARI
Eric Encarnación Santos
Acusado-peticionario
OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO
LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2000
Por hechos ocurridos el día 31 de agosto de 1998,
el
ministerio
acusatorios
público
contra
el
radicó
aquí
varios
peticionario
pliegos
Eric
Encarnación Santos, ante la Sala Superior de Carolina
del Tribunal de Primera Instancia, en los cuales le
imputó a éste la supuesta comisión de los delitos de
Asesinato en Primer Grado, Escalamiento Agravado, y
varias infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.
Celebrado el correspondiente acto de lectura de
acusación, y habiendo sido señalado los casos para
juicio en su fondo, la defensa del peticionario radicó
ante el tribunal de instancia un escrito intitulado
“moción sobre
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3
incapacidad mental del imputado”, escrito en el cual, en
síntesis
y
en
lo
pertinente,
alegó
que
tenía
“...serias
dudas sobre el estado y capacidad mental del imputado tanto
al momento de los hechos como en la actualidad...”; razón
por la cual solicitó de dicho tribunal que refiriera “...al
acusado
Eric
Encarnación
Santos,
para
ser
evaluado
con
relación a su capacidad mental al momento de los hechos que
se [le] imputan en el caso de epígrafe y al presente”.
El tribunal de instancia señaló una vista. En la misma,
el
aquí
peticionario
solicitado,
alegando
“amplió”,
que
tenía
por
decirlo
derecho
a
que
así,
lo
se
le
permitiera “...contratar un perito psiquiatra particular con
cargo
al
Estado,
que
lo
asesore
en
la
preparación
y
presentación de su defensa de insanidad mental”. Luego de
escuchar los distintos argumentos de las partes, el tribunal
de instancia: ordenó que el peticionario Encarnación Santos
debía
“...ser
sometido
a
evaluación,
a
los
efectos
de
determinar su estado y capacidad mental al momento de la
comisión
de
los
hechos
imputádoles”;
que
esta
evaluación
“...deberá ser llevada a cabo por un perito del Estado,
diferente
al
que
lo
evaluara
para
la
determinación
de
procesabilidad”; y, finalmente, por “...entender el Tribunal
que no procede el nombramiento de un perito particular con
cargos a la Administración de los Tribunales, se declara NO
HA LUGAR la solicitud a esos efectos.” (Enfasis suplido.)
Inconforme,
Tribunal
de
acudió
Circuito
de
el
aquí
peticionario
Apelaciones,
vía
ante
el
certiorari,
en
CC-2000-68
solicitud
4
de
revisión
de
lo
decretado
por
el
foro
de
instancia. En el escrito que, a esos efectos, radicó ante el
foro apelativo intermedio le imputó al tribunal de instancia
haber
errado
“...al
negarse
a
autorizar
a
la
defensa
a
contratar, con cargo al Estado, a un perito psiquiatra, que
además de evaluar la condición mental del acusado sirviese
de asesor a la defensa en todas las etapas de preparación y
presentación de la defensa de inimputabilidad”.
El Tribunal de Circuito, mediante resolución de fecha
17 de diciembre de 1999, denegó la expedición del auto de
certiorari radicado. Razonó dicho foro, en síntesis y en lo
pertinente, que “...la determinación del tribunal a quo de
nombrar un perito para que evaluara al aquí peticionario,
que fuera diferente al que lo examinaría para efectos de la
determinación sobre su procesabilidad, es una razonable que
cumple,
en
salvaguardar
este
el
momento
derecho
de
de
éste
los
de
procedimientos,
con
tener
ser
acceso
a
evaluado psiquiátricamente por un experto en la materia que
sea neutral a la controversia planteada”.
En vista a dicha determinación, acudió Eric Encarnación
Santos ante este Tribunal en revisión, vía certiorari, de la
decisión emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones
imputándole al foro apelativo intermedio haber errado:
“...al confirmar la Resolución del Honorable
Tribunal de Primera Instancia, negansado (sic) a
distringuir (sic) entre un perito designado por
el Tribunal a los fines de la evaluación de la
capacidad mental de un acusado, y un perito
colaborador de la Defensa en la preparación y
presentación de su caso; colaboración que aún
cuando parte de la evaluación de dicha capacidad
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mental incluye además un asesoramiento en cuanto
a posibles méritos de la misma, manera más
efectiva de presentarla de la forma más favorable
a la Defensa, y la presentación efectiva de la
misma, asesoramiento y colaboración que están
disponibles
para
el
acusado
económicamente
pudiente no así para un acusado indigente al que
se le ha designado un abogado de oficio.”
Resolvemos, sin ulterior trámite, el recurso radicado,
al amparo de las disposiciones de la Regla 50 de nuestro
Reglamento.
I
Aun cuando compartimos, parcialmente, el criterio del
Tribunal de Circuito de Apelaciones a los efectos de que la
determinación tomada por el tribunal de instancia es una
razonable que cumple con salvaguardar el derecho de éste de
tener acceso a ser evaluado psiquiátricamente por un experto
en la materia, somos de la opinión que dicha determinación
debe ser modificada para que, en lugar de disponer que el
psiquiatra que debe examinar al peticionario sea “un perito
del Estado”, como dispuso el tribunal de instancia, el mismo
sea un perito del tribunal, esto es, uno designado por el
tribunal que no labore para el Gobierno de Puerto Rico.
Véase: Pueblo v. Pérez Velázquez, Res. el 19 de marzo de
1999, 99 TSPR 25.1 Veamos por qué.
Conforme a la práctica o procedimiento que se lleva a
cabo,
normal
y
corrientemente,
a
nivel
del
tribunal
de
instancia en el campo de lo penal, cuando un imputado de
1
99 J.T.S. 30.
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delito
6
alega
que
no
está
en
estado
procesable
para
ser
sometido a juicio2, el tribunal de instancia designa, de
ordinario,
a
Departamento
un
de
psiquiatra
Salud
de
--que
Puerto
es
Rico--
empleado
que
examina
del
al
acusado y declara sobre la procesabilidad de éste para ser
sometido a enjuiciamiento. Aun cuando, de ordinario, este
perito del Estado es el único que testifica en esta clase de
procedimiento,
nada
impide,
naturalmente,
que
el
acusado
pueda presentar su propio perito psiquiatra, viniendo el
tribunal
de
instancia
en
la
obligación
de
hacer
su
determinación, sobre si el acusado debe o no ser procesado,
a base de toda la prueba presentada. El hecho de que, en la
mayoría de los casos, el tribunal tome esa determinación, a
base únicamente del testimonio prestado por el perito del
Estado,
no
violenta
ningún
derecho
del
acusado.
Ello
en
vista del hecho de que no se está lidiando con la defensa de
locura como tal; meramente se está emitiendo juicio sobre si
el acusado está o no apto para ser procesado, situación que
2
Véase: Regla 240 de las de Procedimiento Criminal. Esta
disposición reglamentaria establece, en su Inciso (a) que:
“(a) Vista: peritos. En cualquier momento después
de presentada la acusación o denuncia y antes de
dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere
base razonable para creer que el acusado está
mentalmente
incapacitado,
inmediatamente
suspenderá los procedimientos y señalará una
vista para determinar el estado mental del
acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios
peritos para que examinen al acusado y declaren
sobre su estado mental. Se practicará en la vista
cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las
partes.”
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le compete directamente a las Ramas Ejecutivas y Judicial de
nuestro Gobierno.
Distinta,
examen
naturalmente,
psiquiátrico
a
es
la
realizarse
situación
está
cuando
el
encaminado
a
determinar si el acusado, al momento de la supuesta comisión
de
los
hechos,
era
o
no
inimputable,
esto
es,
cuando
lidiamos ya propiamente con la defensa de insanidad mental,
regulada la misma por la Regla 74 de las de Procedimiento
Criminal.
En
esta
clase
de
situación,
de
ordinario,
el
imputado de delito contrata su propio perito psiquíatra para
testificar al respecto.
Nos enfrentamos, en el presente caso, a la particular
situación de un acusado, alegadamente indigente, que reclama
el derecho a presentar la defensa de insanidad mental y que
alega que no puede contratar los servicios de un perito
psiquiatra en la práctica privada de la profesión por razón
de
su
indigencia;
éste,
naturalmente,
no
puede
ser
“penalizado” por su personal situación económica y tiene
derecho, al igual que cualquier otro imputado de delito, a
tener una adecuada defensa.
Somos del criterio que, en esta clase de situaciones,
los tribunales de instancia deben, en primer lugar, celebrar
una vista para determinar si efectivamente el acusado es
indigente. De así determinarlo, entonces, el tribunal debe
designar
un
profesional
de
la
salud,
especialista
en
psiquiatría, que no labore para el Gobierno de Puerto Rico,
para que examine al imputado y asesore y ayude a éste en la
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presentación
de
la
prueba
sobre
insanidad
mental
y,
naturalmente, testifique durante el proceso a ser celebrado.
En otras palabras, no creemos adecuado que sea un perito del
Estado
el
que
deba
ser
designado
en
esta
clase
de
situaciones; el aparente conflicto de intereses no lo hace
conveniente.
Debe quedar claro, sin embargo, que en esta clase de
situaciones el acusado no tiene derecho a que se designe un
perito de su personal selección a ser pagado por el Estado.
Como expresara el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en
Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68 (1985), un acusado indigente no
tiene un derecho constitucional a escoger o seleccionar el
psiquíatra de su predilección, como tampoco tiene derecho a
que se le provean fondos públicos para pagarle al psiquiatra
que él escoja.
Se dictará Sentencia de conformidad4.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
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CERTIORARI
Eric Encarnación Santos
Acusado-peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se expide el auto solicitado y
se dicta Sentencia modificando la emitida por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones --a los efectos de
que el tribunal de instancia debe designar un perito
psiquiatra que no labore para el Gobierno de Puerto
Rico para que examine y asista durante el proceso al
acusado peticionario en relación con la defensa de
insanidad mental-- y así modificada, se confirma la
misma; devolviéndose el caso al tribunal de instancia
para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri concurre en el resultado sin opinión
escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo