LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

NELLIE PADIN ESPINOSA V. COMP. DE FOMENTO INDUSTRIAL; TRAVELERS INDEMNITY CO.

2000 TSPR 32

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

NELLIE PADIN ESPINOSA V. COMP. DE FOMENTO INDUSTRIAL; TRAVELERS INDEMNITY CO.

CC-1998-91

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nellie Padín Espinosa

Peticionaria

Certiorari

v.

2000 TSPR 32

Compañía de Fomento Industrial de

Puerto Rico; Travelers Indemnity Co.

Recurridos

Número del Caso: CC-1998-0091

Fecha: 25/02/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III

Juez Ponente: Hon. Igrí Rivera de Martínez

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ariel Rafael Cruz Rivera

Lcdo. Héctor A. Cortés Babilonia

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Edgardo L. Martínez Nazario

Lcdo. Roberto F. López Irizarry

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nellie Padín Espinosa

Demandante-Peticionaria

v.

CC-1998-91

CERTIORARI

Comp. de Fomento Industrial

de PR; Travelers Indemnity Co.

Demandado-Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2000.

Nos

toca

resolver

cuándo

comienza

a

transcurrir

el

término prescriptivo para un obrero instar una acción de

daños y perjuicios contra un tercero responsable cuando el

Fondo del Seguro del Estado determina que un accidente no es

compensable.

I.

El 9 de septiembre de 1992, la peticionaria, Nellie

Padín Espinosa, se dirigía a su automóvil al salir de su

empleo en la fábrica Hanes Menswear, ubicada en el Parque

Industrial de Camuy, Puerto Rico, cuando sufrió una caída en

la acera que era el único acceso al área de estacionamiento

de

la

fábrica.

Como

resultado

de

este

accidente,

la

peticionaria acudió a recibir tratamiento en el Fondo del Seguro del

Estado (el Fondo) el 13 de octubre de 1992.

La peticionaria estuvo bajo tratamiento del Fondo hasta el 11 de

mayo

de

1993,

cuando

éste,

mediante

resolución

emitida

por

su

Administrador, determinó que el accidente no era compensable debido a

que no estaba relacionado con el empleo.

Esta decisión fue notificada

el 19 de mayo de 1993.

El 18 de mayo de 1994, la peticionaria presentó una acción de

daños y perjuicios por los hechos antes relatados contra el Municipio

de

Camuy,

el

Estado

Libre

Asociado,

Compañía

XYZ

y

John

Doe.

Posteriormente, el 1 de julio de 1994, Padín Espinosa desistió de su

reclamación contra el Municipio y el E.L.A. y solicitó enmendar la

demanda para incluir como demandado a la Compañía de Fomento Industrial

(Fomento),

que

era

la

titular

fábrica.

Esta

enmienda

fue

del

área

permitida

de

por

estacionamiento

el

Tribunal

de

de

la

Primera

Instancia.

Luego de ser debidamente emplazada el 14 de octubre de 1994,

Fomento

contestó

la

demanda

y

planteó,

entre

otras

defensas

afirmativas, que la demanda estaba prescrita por haberse presentado en

el 1994 cuando el accidente había ocurrido en septiembre de 1992.

Posteriormente,

Fomento

presentó

una

solicitud

de

sentencia

sumaria en la cual nuevamente alegó que la demanda estaba prescrita.

Adujo que al determinarse que el accidente no era compensable, no le

cobijaba a la peticionaria la protección del Artículo 31 de la Ley de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32, que

dispone que en casos de accidentes causados por terceros el empleado

lesionado debe esperar a que la resolución del Fondo sea final y firme

para instar una acción judicial.

Mediante una sentencia sumaria, dictada el 29 de octubre de 1996 y

notificada el 6 de noviembre del mismo año, el Tribunal de Primera

Instancia determinó que la causa de acción de Padín Espinosa estaba

prescrita.

Resolvió que el término prescriptivo para dicha acción

comenzaba a correr a partir del conocimiento del daño y no desde la

fecha de la decisión del Administrador del Fondo.

El foro de instancia, motu proprio y no empece haber permitido la

enmienda a la demanda, también resolvió que la enmienda a la demanda

mediante la cual se trajo a Fomento al pleito, no era retroactiva por

dos

fundamentos.

Primero,

señaló

que

la

alegación

en

la

demanda

original contra “John Doe” no satisfacía los requisitos de la Regla

15.4 de Procedimiento Civil sobre demandados de nombre desconocido.

Segundo, indicó que la demanda enmendada tampoco cumplía con la Regla

13.3 de las de Procedimiento Civil sobre la retroactividad de las

enmiendas, debido a que la enmienda no se hizo dentro del término

prescriptivo.

No conforme con esta determinación, Padín Espinosa presentó un

recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Alegó

que el Artículo 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo tenía el efecto de interrumpir el término prescriptivo en este

caso.

También alegó que se había cumplido con lo dispuesto en las

reglas 13.3 y 15.4 de Procedimiento Civil; y que Fomento nunca expuso

el planteamiento referido ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo

que había renunciado a éste.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó sentencia el 26 de

noviembre

de

1997,

notificada

el

9

de

diciembre

confirmó la sentencia del foro de instancia.

del

mismo

año,

y

Determinó que el referido

Artículo 31 no contiene procedimiento alguno para casos en que el Fondo

determine que una lesión no es compensable. Expresó que nada impedía a

la peticionaria presentar su acción ante el tribunal dentro del término

prescriptivo contado a partir de la fecha del accidente ya que la

decisión

del

vencimiento

Fondo

de

fue

dicho

emitida

término.

cerca

También

de

cuatro

resolvió

meses

que

antes

aun

si

del

se

considerase que la acción no estaba prescrita, la demandada Fomento y

su aseguradora fueron traídas al pleito en forma impropia, por lo que

el

foro

de

instancia

actuó

correctamente

al

considerar

que

las

alegaciones contra “John Doe” no podían prevalecer en este caso.

Inconforme

con

esta

sentencia,

solicitud de certiorari ante nos.

Ley

de

Compensaciones

por

la

peticionaria

presentó

una

Alegó que las disposiciones de la

Accidentes

del

Trabajo

sobre

lesiones

causadas por tercero le aplicaban a ella aunque se hubiese determinado

que su caída no estaba relacionada con su trabajo.

la

Compañía

de

Fomento

Industrial

había

Alegó, además, que

renunciado

a

la

defensa

afirmativa relativa a la forma en que fue acumulada como parte en el

pleito al litigar el caso durante dos años sin levantar dicha defensa.

El 24 de abril de 1998 expedimos el recurso solicitado.

febrero

de

1999,

la

parte

recurrida

presentó

su

El 22 de

alegato.

Con

el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

II.

Como es conocido, en nuestro ordenamiento jurídico la prescripción

es materia sustantiva y no procesal.

Vega Lozada v. J. Pérez y Cía.,

135 D.P.R. 746 (1994); Olmo v. Young & Rubicam, 110 D.P.R. 740 (1981).

El

propósito

de

la

institución

de

la

prescripción

es

castigar

la

inercia en ejercicio de los derechos y así “evitar litigios difíciles

de adjudicación por la antigüedad de sus reclamaciones.”

Zambrana

Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 751 (1992); De Jesús v. Chardón,

116 D.P.R. 238, 243 (1985).

En Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232,

243 (1984), explicamos estos propósitos de la siguiente manera:

La institución de la prescripción extintiva aspira a

asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los

demás derechos. Aguiló v. ASERCO, 104 D.P.R. 224, 248 (1975).

Su innegable necesidad y valor responden a una presunción legal

de abandono, derivada del hecho del transcurso de un tiempo

determinado sin reclamar un derecho. Eisele v. Orcasitas, 85

D.P.R. 89, 93 1962).

Sin embargo, ninguno de los intereses a

los cuales responde es absoluto – de un lado salvaguardar un

derecho y del otro, darle carácter definido a la incertidumbre

de una posible reclamación – sino que deben ser aquilatados en

su justa proyección.

Véanse además, Alicea v. Córdova, 117

D.P.R. 676 (1986); Ortiz v. Municipio de Orocovis, 113 D.P.R.

484 (1982); Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346

(1946); Cruz v. González, 66 D.P.R. 212 (1946).

La prescripción es, evidentemente, un asunto que admite ajustes

judiciales,

según

sea

requerido

nociones sobre lo que es justo.

por

las

circunstancias

y

nuestras

Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra.

Hemos resuelto reiteradamente que el verdadero punto de partida

para computar el término prescriptivo para instar una acción de daños y

perjuicios

es

la

fecha

ejercitar

su

acción.

en

que

el

agraviado

Por

lo

tanto,

el

supo

del

daño

y

pudo

término

para

ejercer

las

acciones comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino

cuando se conocen todos los elementos necesarios para poder ejercer la

acción.

Martínez v. Bristol Myers, res. el 26 de enero de 1999, 99 JTS

5, 99 TSPR 6; Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra; Toledo Maldonado

v. Cartagena, 132 D.P.R. 249 (1992); Colón Prieto v. Géigel, supra.

El

fundamento para esto es que “no puede ejercitarse una acción si de

buena

fe

el

titular

desconoce

que

Martínez v. Bristol Myers, supra.

tiene

derecho

a

ejercitarla.”

Sin embargo, si el desconocimiento

que impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del

reclamante, entonces no son aplicables estas consideraciones liberales

sobre la prescripción.

Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra; López v.

Aut. de Carreteras, 133 D.P.R. 243 (1993).

El Artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo dispone que todos los obreros y empleados que trabajan para

patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la

vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente

a su trabajo o empleo, están protegidos por esa ley y, por lo tanto,

son acreedores a los remedios compensatorios provistos por la misma. 11

L.P.R.A. sec. 2.

Dicha ley otorga inmunidad al patrono asegurado

frente a acciones civiles de daños y perjuicios que pudieran presentar

los empleados lesionados en su contra.

La ley referida dispone un procedimiento mediante el cual el Fondo

del Seguro del Estado se puede subrogar en los derechos del obrero o

empleado

o

de

sus

beneficiarios

para

incoar

reclamaciones

contra

terceros responsables por los daños compensados o gastos incurridos en

relación con el accidente de trabajo.

Sobre esto el Artículo 31 de

dicha ley dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o

la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado

o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere

provenido bajo circunstancias que hicieren responsables a

tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o

empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y

obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha

lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la

fecha en que fuere firme la resolución del caso por el

Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá

subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus

beneficiarios para entablar la misma acción en la forma

siguiente:

...

El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios

podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción

que tuvieren contra el tercero responsable de los daños,

hasta después de transcurridos noventa días a partir de la

fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del

Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.

Al

interpretar

este

artículo

hemos

resuelto

que

una

acción

presentada por un obrero lesionado que ha acudido al Fondo antes de que

transcurran los noventa días de ser firme la decisión del Administrador

del Fondo es prematura.

Alvarado v. Calaiño, 104 D.P.R. 127 (1975);

Gallart v. González Marrero, 95 D.P.R. 201 (1967); Negrón v. Comisión

Industrial, 76 D.P.R. 301 (1954).

Así, en Tropigas de P.R. v. Tribunal

Superior,

102

D.P.R.

630,

(1974),

lesionado

“no

puede

ejercitar

638

su

resolvimos

causa

de

que

acción

un

obrero

mediante

la

presentación de demanda hasta pasados noventa días de ser firme la

decisión que rindiera el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

... [El Art.31] establece como período prescriptivo de la acción que

tenía el obrero para reclamar por sus propios daños y perjuicios, el de

un año a partir de la fecha en que fuere firme la resolución del

Administrador.” Por su parte, en Martínez v. Bristol Myers, supra,

expresamos

que

“el

perjuicios

contra

un

término

tercero

de

un

año

responsable

para

reclamar

en

daños

y

del

accidente

comienza

a

transcurrir desde el momento en que adquiere firmeza la resolución

final del caso dictada por el Administrador del Fondo.”

En Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra, resolvimos que “el

término prescriptivo para ejercitar la acción de daños y perjuicios en

casos [de patronos no asegurados] comienza a transcurrir desde la fecha

en que el Fondo notifique que el patrono no está asegurado.”

En este

caso, análogo al de marras, la esposa del empleado lesionado presentó

una demanda en daños y perjuicios contra el patrono luego de conocer

que el patrono no estaba asegurado por el Fondo, más de un año después

de

ocurrido

el

accidente.

Resolvimos

que

su

demanda

no

estaba

prescrita puesto que no conocía que podía ejercer su causa de acción

contra el patrono hasta que fue notificada que éste no estaba protegido

por la inmunidad patronal.

III.

A luz de la doctrina expuesta, examinemos los hechos del caso de

autos.

La

peticionaria

sufrió

una

caída

al

salir

de

su

empleo,

mientras se dirigía a su automóvil por el único acceso disponible al

estacionamiento de la fábrica.

espalda

acudió

al

Fondo.

Debido a los dolores que sufría en la

Allí

estuvo

recibiendo

tratamiento

en

descanso, hasta que se le dio de alta en mayo de 1993, cuando el

Administrador del Fondo determinó que no se trataba de un accidente

compensable.

No fue hasta ese momento que Padín Espinosa conoció su

derecho a ejercer la acción contra el tercero responsable.

No fue

hasta

de

ese

momento

que

se

enteró

que

su

lesión

no

resultó

un

accidente del trabajo sino que un tercero era responsable de ella.

La Ley de Compensaciones de Accidentes del Trabajo dispone que un

empleado está obligado a acudir al Fondo dentro de los cinco días de

ocurrido un accidente.

Art. 5, 11 L.P.R.A. sec. 6. El propósito de

esta

permitir

que

el

compensabilidad

del

accidente.

700

(1962).

disposición

adecuadamente

Comisión

la

es

Industrial,

85

D.P.R.

Fondo

La

pueda

investigar

Guzmán

Muñoz

citada

v.

disposición

establece que si el obrero no se presentare al médico dentro de los

cinco días de ocurrido el accidente, podrá ser privado de su derecho a

recibir

compensación

alguna.

Ante

la

posibilidad

de

perder

la

compensación, la decisión más prudente del obrero lesionado es acudir

al

Fondo

y

así

recibir

tratamiento

médico

para

sus

lesiones.

La

peticionaria así hizo, y una vez acudió al Fondo, no fue hasta nueve

meses

después

que

se

le

informó

compensación por su lesión.

que

no

tenía

derecho

a

recibir

Hasta ese momento la peticionaria de buena

fe tenía que suponer que su accidente estaba cobijado por la protección

del Fondo, tanto por el lugar donde ocurrió el accidente como por el

hecho de que estuvo recibiendo tratamiento por el Fondo, sin ninguna

indicación en contrario.

La

parte

alegado

recurrida,

responsable

Fomento,

del

alega

accidente,

la

que

siendo

peticionaria

un

tercero

podía

el

elegir

remedios, de acuerdo a lo establecido por este Tribunal en López v.

Delama, 102 D.P.R. 254 (1974).

Allí resolvimos que bajo el Artículo

31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, un obrero

lesionado

puede

escoger

entre

reclamar

al

Fondo,

renunciar

a

sus

derechos en el Fondo y reclamar directamente al tercero responsable de

sus lesiones, o puede hacer ambas siempre que no haya subrogación de

parte del Administrador del Fondo.

Argumenta la recurrida, y así

resolvió

de

el

Tribunal

de

Circuito

Apelaciones,

que

ante

la

alternativa de optar por esperar por la decisión del Fondo nada le

impedía a la peticionaria presentar su reclamación dentro del término

prescriptivo ya que la decisión de la agencia fue emitida varios meses

antes del vencimiento de dicho término que comenzó a transcurrir el día

en que ocurrió el accidente.

El referido argumento de Fomento, acogido

por el foro apelativo, es contradictorio.

Se invoca el derecho de la

peticionaria a escoger remedios bajo el Art. 31 de la ley, aunque a la

misma vez se alega que dicho Art. 31 no cobija a la peticionaria porque

su lesión no es un accidente compensable.

No se puede argüir a la vez

que el Art. 31 da opciones y que dicho artículo no es aplicable.

Por

otro lado, y más importante aún, tanto el foro apelado como la parte

recurrida erraron al no tomar en consideración que la peticionaria no

sabía

que

tenía

a

su

disposición

otros

remedios

hasta

que

fue

finalmente emitida la resolución del Administrador del Fondo en mayo de

1993, pues fue en ese momento que advino en conocimiento de que su

accidente

no

era

responsabilidad

de

su

patrono

sino

de

personas.

Hasta ese momento, Padín Espinosa desconocía de buena fe que

tenía derecho a ejercitar una acción en los tribunales.

terceras

Martínez v.

Bristol Myers, supra.

No puede imputarse a la peticionaria el conocimiento de que por

que su caída ocurrió en el estacionamiento utilizado por la fábrica,

ésta

no

estaba

cobijada

por

la

ley

del

Fondo,

máxime

cuando

el

accidente ocurrió en el único acceso para salir de la empresa al área

de estacionamiento y en un lugar tan próximo al lugar de trabajo.

Véase, Valentín v. Comisión Industrial, 94 D.P.R. 659 (1967).

claro,

pues,

que

la

peticionaria

desconocía su derecho a ejercerla

no

presentó

su

acción

Es

porque

y no por abandono voluntario de su

causa.

Mas

aun,

decisiones

de

también

este

debe

Foro

en

tomarse

en

cuenta

que

situaciones

análogas

o

en

todas

parecidas

las

hemos

determinado que el término de las acciones judiciales correspondientes

no comienza a transcurrir hasta luego que el Fondo emite la decisión

pertinente.

decisorio

No encontramos razón alguna que justifique seguir un curso

distinto

en

el

caso

de

autos,

sobre

todo

a

la

luz

del

arraigado principio de derecho de que los términos de las acciones

torticeras no comienzan a correr hasta que el agraviado supo que tenía

derecho a ejercitar la acción.

Por todo lo anterior, resolvemos que el término prescriptivo para

un obrero ejercitar la causa de acción de daños y perjuicios contra un

tercero, en casos como el de autos, comienza a transcurrir desde la

fecha en que el Fondo notifique que el accidente no es compensable o

que

no

está

relacionado

con

el

trabajo.

Resolver

de

otro

modo

colocaría a los empleados u obreros acogidos a los beneficios del Fondo

en una situación de incertidumbre.

Si la decisión de que el accidente

no es compensable se emite ya transcurrido el período prescriptivo de

un año, el obrero quedaría desamparado, resultado que sería a todas

luces injusto.

IV.

Una vez resuelto que la demanda original fue presentada dentro del

término prescriptivo, debemos examinar si la parte demandada Fomento y

su aseguradora fueron traídas al pleito correctamente.

La Regla 15.4 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,

permiten que se pueda demandar a una persona cuyo nombre se desconoce

designándolo en la demanda con un nombre ficticio.

A esos efectos

dispone lo siguiente:

Cuando un demandante ignore el verdadero nombre de un

demandado, deberá hacer constar este hecho en la demanda,

exponiendo la reclamación específica que alega tener contra

dicho demandado. En tal caso, el demandante podrá designar a

dicho demandado en cualquier alegación o procedimiento con un

nombre ficticio y al descubrirse el verdadero nombre, hará

con toda prontitud la enmienda correspondiente en la

alegación o procedimiento.

Anteriormente, hemos expresado que esta disposición es aplicable a

la

situación

en

que

un

demandante

verdadero nombre de un demandado.

conoce

la

identidad

mas

no

el

José Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573

(1972); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472 (1967).

Advertimos

entonces

que

“la

ignorancia

del

verdadero

nombre

demandado debe ser real y legítima, y no falsa o espúrea.”

del

Fuentes v.

Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 986-87 (1952).

Un examen de las alegaciones de la demanda original revela la

intención

de

incluir

como

parte

demandada

a

otras

personas

que

intervinieron con las aceras del área donde ocurrió el accidente.

En

la demanda original se hizo constar que se conocía que estas personas

existían pero en esos momentos se desconocía su nombre.

“En ausencia

de una demostración de ocultación deliberada o falta intencional de

diligencia... cabe conceder a la actuación de la demandante toda su

virtualidad a los fines de la interrupción del período prescriptivo.”

Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra.

La demanda original se presentó el 18 de mayo de 1994. Menos de

dos

meses

después,

una

vez

se

conoció

el

verdadero

nombre

de

los

demandados designados con nombre ficticio, la demanda fue enmendada con

permiso del tribunal de instancia. Por ello, de acuerdo a la Regla 13.3

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y nuestra jurisprudencia

interpretativa,

estas

alegaciones

se

presentación de la demanda original.

retrotraen

al

momento

de

la

Ortiz Díaz v. R&R Motors Sales,

131 D.P.R. 829 (1992); Nuñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R.

134 (1988); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra. La demandada

Fomento fue incluida con tiempo suficiente para que pudiera comparecer

al pleito y defenderse.

Nuñez González v. Jiménez Miranda, supra.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia para

revocar la dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se

devolverá el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen

los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nellie Padín Espinosa

Demandante-Peticionaria

v.

CC-1998-91

CERTIORARI

Comp. de Fomento Industrial

de PR; Travelers Indemnity Co.

Demandado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

sentencia, se revoca la dictada por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que continúen los procedimientos conforme a

lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Presidente señor

Andréu García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo