Tribunal Supremo de Puerto Rico
NELLIE PADIN ESPINOSA V. COMP. DE FOMENTO INDUSTRIAL; TRAVELERS INDEMNITY CO.
2000 TSPR 32
Poder Judicial de Puerto Rico
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NELLIE PADIN ESPINOSA V. COMP. DE FOMENTO INDUSTRIAL; TRAVELERS INDEMNITY CO.
CC-1998-91
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nellie Padín Espinosa
Peticionaria
Certiorari
v.
2000 TSPR 32
Compañía de Fomento Industrial de
Puerto Rico; Travelers Indemnity Co.
Recurridos
Número del Caso: CC-1998-0091
Fecha: 25/02/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III
Juez Ponente: Hon. Igrí Rivera de Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Ariel Rafael Cruz Rivera
Lcdo. Héctor A. Cortés Babilonia
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Edgardo L. Martínez Nazario
Lcdo. Roberto F. López Irizarry
Materia: Daños y Perjuicios
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nellie Padín Espinosa
Demandante-Peticionaria
v.
CC-1998-91
CERTIORARI
Comp. de Fomento Industrial
de PR; Travelers Indemnity Co.
Demandado-Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri.
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2000.
Nos
toca
resolver
cuándo
comienza
a
transcurrir
el
término prescriptivo para un obrero instar una acción de
daños y perjuicios contra un tercero responsable cuando el
Fondo del Seguro del Estado determina que un accidente no es
compensable.
I.
El 9 de septiembre de 1992, la peticionaria, Nellie
Padín Espinosa, se dirigía a su automóvil al salir de su
empleo en la fábrica Hanes Menswear, ubicada en el Parque
Industrial de Camuy, Puerto Rico, cuando sufrió una caída en
la acera que era el único acceso al área de estacionamiento
de
la
fábrica.
Como
resultado
de
este
accidente,
la
peticionaria acudió a recibir tratamiento en el Fondo del Seguro del
Estado (el Fondo) el 13 de octubre de 1992.
La peticionaria estuvo bajo tratamiento del Fondo hasta el 11 de
mayo
de
1993,
cuando
éste,
mediante
resolución
emitida
por
su
Administrador, determinó que el accidente no era compensable debido a
que no estaba relacionado con el empleo.
Esta decisión fue notificada
el 19 de mayo de 1993.
El 18 de mayo de 1994, la peticionaria presentó una acción de
daños y perjuicios por los hechos antes relatados contra el Municipio
de
Camuy,
el
Estado
Libre
Asociado,
Compañía
XYZ
y
John
Doe.
Posteriormente, el 1 de julio de 1994, Padín Espinosa desistió de su
reclamación contra el Municipio y el E.L.A. y solicitó enmendar la
demanda para incluir como demandado a la Compañía de Fomento Industrial
(Fomento),
que
era
la
titular
fábrica.
Esta
enmienda
fue
del
área
permitida
de
por
estacionamiento
el
Tribunal
de
de
la
Primera
Instancia.
Luego de ser debidamente emplazada el 14 de octubre de 1994,
Fomento
contestó
la
demanda
y
planteó,
entre
otras
defensas
afirmativas, que la demanda estaba prescrita por haberse presentado en
el 1994 cuando el accidente había ocurrido en septiembre de 1992.
Posteriormente,
Fomento
presentó
una
solicitud
de
sentencia
sumaria en la cual nuevamente alegó que la demanda estaba prescrita.
Adujo que al determinarse que el accidente no era compensable, no le
cobijaba a la peticionaria la protección del Artículo 31 de la Ley de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32, que
dispone que en casos de accidentes causados por terceros el empleado
lesionado debe esperar a que la resolución del Fondo sea final y firme
para instar una acción judicial.
Mediante una sentencia sumaria, dictada el 29 de octubre de 1996 y
notificada el 6 de noviembre del mismo año, el Tribunal de Primera
Instancia determinó que la causa de acción de Padín Espinosa estaba
prescrita.
Resolvió que el término prescriptivo para dicha acción
comenzaba a correr a partir del conocimiento del daño y no desde la
fecha de la decisión del Administrador del Fondo.
El foro de instancia, motu proprio y no empece haber permitido la
enmienda a la demanda, también resolvió que la enmienda a la demanda
mediante la cual se trajo a Fomento al pleito, no era retroactiva por
dos
fundamentos.
Primero,
señaló
que
la
alegación
en
la
demanda
original contra “John Doe” no satisfacía los requisitos de la Regla
15.4 de Procedimiento Civil sobre demandados de nombre desconocido.
Segundo, indicó que la demanda enmendada tampoco cumplía con la Regla
13.3 de las de Procedimiento Civil sobre la retroactividad de las
enmiendas, debido a que la enmienda no se hizo dentro del término
prescriptivo.
No conforme con esta determinación, Padín Espinosa presentó un
recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Alegó
que el Artículo 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo tenía el efecto de interrumpir el término prescriptivo en este
caso.
También alegó que se había cumplido con lo dispuesto en las
reglas 13.3 y 15.4 de Procedimiento Civil; y que Fomento nunca expuso
el planteamiento referido ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo
que había renunciado a éste.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó sentencia el 26 de
noviembre
de
1997,
notificada
el
9
de
diciembre
confirmó la sentencia del foro de instancia.
del
mismo
año,
y
Determinó que el referido
Artículo 31 no contiene procedimiento alguno para casos en que el Fondo
determine que una lesión no es compensable. Expresó que nada impedía a
la peticionaria presentar su acción ante el tribunal dentro del término
prescriptivo contado a partir de la fecha del accidente ya que la
decisión
del
vencimiento
Fondo
de
fue
dicho
emitida
término.
cerca
También
de
cuatro
resolvió
meses
que
antes
aun
si
del
se
considerase que la acción no estaba prescrita, la demandada Fomento y
su aseguradora fueron traídas al pleito en forma impropia, por lo que
el
foro
de
instancia
actuó
correctamente
al
considerar
que
las
alegaciones contra “John Doe” no podían prevalecer en este caso.
Inconforme
con
esta
sentencia,
solicitud de certiorari ante nos.
Ley
de
Compensaciones
por
la
peticionaria
presentó
una
Alegó que las disposiciones de la
Accidentes
del
Trabajo
sobre
lesiones
causadas por tercero le aplicaban a ella aunque se hubiese determinado
que su caída no estaba relacionada con su trabajo.
la
Compañía
de
Fomento
Industrial
había
Alegó, además, que
renunciado
a
la
defensa
afirmativa relativa a la forma en que fue acumulada como parte en el
pleito al litigar el caso durante dos años sin levantar dicha defensa.
El 24 de abril de 1998 expedimos el recurso solicitado.
febrero
de
1999,
la
parte
recurrida
presentó
su
El 22 de
alegato.
Con
el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.
II.
Como es conocido, en nuestro ordenamiento jurídico la prescripción
es materia sustantiva y no procesal.
Vega Lozada v. J. Pérez y Cía.,
135 D.P.R. 746 (1994); Olmo v. Young & Rubicam, 110 D.P.R. 740 (1981).
El
propósito
de
la
institución
de
la
prescripción
es
castigar
la
inercia en ejercicio de los derechos y así “evitar litigios difíciles
de adjudicación por la antigüedad de sus reclamaciones.”
Zambrana
Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 751 (1992); De Jesús v. Chardón,
116 D.P.R. 238, 243 (1985).
En Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232,
243 (1984), explicamos estos propósitos de la siguiente manera:
La institución de la prescripción extintiva aspira a
asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los
demás derechos. Aguiló v. ASERCO, 104 D.P.R. 224, 248 (1975).
Su innegable necesidad y valor responden a una presunción legal
de abandono, derivada del hecho del transcurso de un tiempo
determinado sin reclamar un derecho. Eisele v. Orcasitas, 85
D.P.R. 89, 93 1962).
Sin embargo, ninguno de los intereses a
los cuales responde es absoluto – de un lado salvaguardar un
derecho y del otro, darle carácter definido a la incertidumbre
de una posible reclamación – sino que deben ser aquilatados en
su justa proyección.
Véanse además, Alicea v. Córdova, 117
D.P.R. 676 (1986); Ortiz v. Municipio de Orocovis, 113 D.P.R.
484 (1982); Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346
(1946); Cruz v. González, 66 D.P.R. 212 (1946).
La prescripción es, evidentemente, un asunto que admite ajustes
judiciales,
según
sea
requerido
nociones sobre lo que es justo.
por
las
circunstancias
y
nuestras
Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra.
Hemos resuelto reiteradamente que el verdadero punto de partida
para computar el término prescriptivo para instar una acción de daños y
perjuicios
es
la
fecha
ejercitar
su
acción.
en
que
el
agraviado
Por
lo
tanto,
el
supo
del
daño
y
pudo
término
para
ejercer
las
acciones comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino
cuando se conocen todos los elementos necesarios para poder ejercer la
acción.
Martínez v. Bristol Myers, res. el 26 de enero de 1999, 99 JTS
5, 99 TSPR 6; Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra; Toledo Maldonado
v. Cartagena, 132 D.P.R. 249 (1992); Colón Prieto v. Géigel, supra.
El
fundamento para esto es que “no puede ejercitarse una acción si de
buena
fe
el
titular
desconoce
que
Martínez v. Bristol Myers, supra.
tiene
derecho
a
ejercitarla.”
Sin embargo, si el desconocimiento
que impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del
reclamante, entonces no son aplicables estas consideraciones liberales
sobre la prescripción.
Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra; López v.
Aut. de Carreteras, 133 D.P.R. 243 (1993).
El Artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo dispone que todos los obreros y empleados que trabajan para
patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la
vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente
a su trabajo o empleo, están protegidos por esa ley y, por lo tanto,
son acreedores a los remedios compensatorios provistos por la misma. 11
L.P.R.A. sec. 2.
Dicha ley otorga inmunidad al patrono asegurado
frente a acciones civiles de daños y perjuicios que pudieran presentar
los empleados lesionados en su contra.
La ley referida dispone un procedimiento mediante el cual el Fondo
del Seguro del Estado se puede subrogar en los derechos del obrero o
empleado
o
de
sus
beneficiarios
para
incoar
reclamaciones
contra
terceros responsables por los daños compensados o gastos incurridos en
relación con el accidente de trabajo.
Sobre esto el Artículo 31 de
dicha ley dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o
la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado
o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere
provenido bajo circunstancias que hicieren responsables a
tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o
empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y
obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha
lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la
fecha en que fuere firme la resolución del caso por el
Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá
subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus
beneficiarios para entablar la misma acción en la forma
siguiente:
...
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios
podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción
que tuvieren contra el tercero responsable de los daños,
hasta después de transcurridos noventa días a partir de la
fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del
Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.
Al
interpretar
este
artículo
hemos
resuelto
que
una
acción
presentada por un obrero lesionado que ha acudido al Fondo antes de que
transcurran los noventa días de ser firme la decisión del Administrador
del Fondo es prematura.
Alvarado v. Calaiño, 104 D.P.R. 127 (1975);
Gallart v. González Marrero, 95 D.P.R. 201 (1967); Negrón v. Comisión
Industrial, 76 D.P.R. 301 (1954).
Así, en Tropigas de P.R. v. Tribunal
Superior,
102
D.P.R.
630,
(1974),
lesionado
“no
puede
ejercitar
638
su
resolvimos
causa
de
que
acción
un
obrero
mediante
la
presentación de demanda hasta pasados noventa días de ser firme la
decisión que rindiera el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
... [El Art.31] establece como período prescriptivo de la acción que
tenía el obrero para reclamar por sus propios daños y perjuicios, el de
un año a partir de la fecha en que fuere firme la resolución del
Administrador.” Por su parte, en Martínez v. Bristol Myers, supra,
expresamos
que
“el
perjuicios
contra
un
término
tercero
de
un
año
responsable
para
reclamar
en
daños
y
del
accidente
comienza
a
transcurrir desde el momento en que adquiere firmeza la resolución
final del caso dictada por el Administrador del Fondo.”
En Vega Lozada v. J. Pérez y Cía., supra, resolvimos que “el
término prescriptivo para ejercitar la acción de daños y perjuicios en
casos [de patronos no asegurados] comienza a transcurrir desde la fecha
en que el Fondo notifique que el patrono no está asegurado.”
En este
caso, análogo al de marras, la esposa del empleado lesionado presentó
una demanda en daños y perjuicios contra el patrono luego de conocer
que el patrono no estaba asegurado por el Fondo, más de un año después
de
ocurrido
el
accidente.
Resolvimos
que
su
demanda
no
estaba
prescrita puesto que no conocía que podía ejercer su causa de acción
contra el patrono hasta que fue notificada que éste no estaba protegido
por la inmunidad patronal.
III.
A luz de la doctrina expuesta, examinemos los hechos del caso de
autos.
La
peticionaria
sufrió
una
caída
al
salir
de
su
empleo,
mientras se dirigía a su automóvil por el único acceso disponible al
estacionamiento de la fábrica.
espalda
acudió
al
Fondo.
Debido a los dolores que sufría en la
Allí
estuvo
recibiendo
tratamiento
en
descanso, hasta que se le dio de alta en mayo de 1993, cuando el
Administrador del Fondo determinó que no se trataba de un accidente
compensable.
No fue hasta ese momento que Padín Espinosa conoció su
derecho a ejercer la acción contra el tercero responsable.
No fue
hasta
de
ese
momento
que
se
enteró
que
su
lesión
no
resultó
un
accidente del trabajo sino que un tercero era responsable de ella.
La Ley de Compensaciones de Accidentes del Trabajo dispone que un
empleado está obligado a acudir al Fondo dentro de los cinco días de
ocurrido un accidente.
Art. 5, 11 L.P.R.A. sec. 6. El propósito de
esta
permitir
que
el
compensabilidad
del
accidente.
700
(1962).
disposición
adecuadamente
Comisión
la
es
Industrial,
85
D.P.R.
Fondo
La
pueda
investigar
Guzmán
Muñoz
citada
v.
disposición
establece que si el obrero no se presentare al médico dentro de los
cinco días de ocurrido el accidente, podrá ser privado de su derecho a
recibir
compensación
alguna.
Ante
la
posibilidad
de
perder
la
compensación, la decisión más prudente del obrero lesionado es acudir
al
Fondo
y
así
recibir
tratamiento
médico
para
sus
lesiones.
La
peticionaria así hizo, y una vez acudió al Fondo, no fue hasta nueve
meses
después
que
se
le
informó
compensación por su lesión.
que
no
tenía
derecho
a
recibir
Hasta ese momento la peticionaria de buena
fe tenía que suponer que su accidente estaba cobijado por la protección
del Fondo, tanto por el lugar donde ocurrió el accidente como por el
hecho de que estuvo recibiendo tratamiento por el Fondo, sin ninguna
indicación en contrario.
La
parte
alegado
recurrida,
responsable
Fomento,
del
alega
accidente,
la
que
siendo
peticionaria
un
tercero
podía
el
elegir
remedios, de acuerdo a lo establecido por este Tribunal en López v.
Delama, 102 D.P.R. 254 (1974).
Allí resolvimos que bajo el Artículo
31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, un obrero
lesionado
puede
escoger
entre
reclamar
al
Fondo,
renunciar
a
sus
derechos en el Fondo y reclamar directamente al tercero responsable de
sus lesiones, o puede hacer ambas siempre que no haya subrogación de
parte del Administrador del Fondo.
Argumenta la recurrida, y así
resolvió
de
el
Tribunal
de
Circuito
Apelaciones,
que
ante
la
alternativa de optar por esperar por la decisión del Fondo nada le
impedía a la peticionaria presentar su reclamación dentro del término
prescriptivo ya que la decisión de la agencia fue emitida varios meses
antes del vencimiento de dicho término que comenzó a transcurrir el día
en que ocurrió el accidente.
El referido argumento de Fomento, acogido
por el foro apelativo, es contradictorio.
Se invoca el derecho de la
peticionaria a escoger remedios bajo el Art. 31 de la ley, aunque a la
misma vez se alega que dicho Art. 31 no cobija a la peticionaria porque
su lesión no es un accidente compensable.
No se puede argüir a la vez
que el Art. 31 da opciones y que dicho artículo no es aplicable.
Por
otro lado, y más importante aún, tanto el foro apelado como la parte
recurrida erraron al no tomar en consideración que la peticionaria no
sabía
que
tenía
a
su
disposición
otros
remedios
hasta
que
fue
finalmente emitida la resolución del Administrador del Fondo en mayo de
1993, pues fue en ese momento que advino en conocimiento de que su
accidente
no
era
responsabilidad
de
su
patrono
sino
de
personas.
Hasta ese momento, Padín Espinosa desconocía de buena fe que
tenía derecho a ejercitar una acción en los tribunales.
terceras
Martínez v.
Bristol Myers, supra.
No puede imputarse a la peticionaria el conocimiento de que por
que su caída ocurrió en el estacionamiento utilizado por la fábrica,
ésta
no
estaba
cobijada
por
la
ley
del
Fondo,
máxime
cuando
el
accidente ocurrió en el único acceso para salir de la empresa al área
de estacionamiento y en un lugar tan próximo al lugar de trabajo.
Véase, Valentín v. Comisión Industrial, 94 D.P.R. 659 (1967).
claro,
pues,
que
la
peticionaria
desconocía su derecho a ejercerla
no
presentó
su
acción
Es
porque
y no por abandono voluntario de su
causa.
Mas
aun,
decisiones
de
también
este
debe
Foro
en
tomarse
en
cuenta
que
situaciones
análogas
o
en
todas
parecidas
las
hemos
determinado que el término de las acciones judiciales correspondientes
no comienza a transcurrir hasta luego que el Fondo emite la decisión
pertinente.
decisorio
No encontramos razón alguna que justifique seguir un curso
distinto
en
el
caso
de
autos,
sobre
todo
a
la
luz
del
arraigado principio de derecho de que los términos de las acciones
torticeras no comienzan a correr hasta que el agraviado supo que tenía
derecho a ejercitar la acción.
Por todo lo anterior, resolvemos que el término prescriptivo para
un obrero ejercitar la causa de acción de daños y perjuicios contra un
tercero, en casos como el de autos, comienza a transcurrir desde la
fecha en que el Fondo notifique que el accidente no es compensable o
que
no
está
relacionado
con
el
trabajo.
Resolver
de
otro
modo
colocaría a los empleados u obreros acogidos a los beneficios del Fondo
en una situación de incertidumbre.
Si la decisión de que el accidente
no es compensable se emite ya transcurrido el período prescriptivo de
un año, el obrero quedaría desamparado, resultado que sería a todas
luces injusto.
IV.
Una vez resuelto que la demanda original fue presentada dentro del
término prescriptivo, debemos examinar si la parte demandada Fomento y
su aseguradora fueron traídas al pleito correctamente.
La Regla 15.4 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
permiten que se pueda demandar a una persona cuyo nombre se desconoce
designándolo en la demanda con un nombre ficticio.
A esos efectos
dispone lo siguiente:
Cuando un demandante ignore el verdadero nombre de un
demandado, deberá hacer constar este hecho en la demanda,
exponiendo la reclamación específica que alega tener contra
dicho demandado. En tal caso, el demandante podrá designar a
dicho demandado en cualquier alegación o procedimiento con un
nombre ficticio y al descubrirse el verdadero nombre, hará
con toda prontitud la enmienda correspondiente en la
alegación o procedimiento.
Anteriormente, hemos expresado que esta disposición es aplicable a
la
situación
en
que
un
demandante
verdadero nombre de un demandado.
conoce
la
identidad
mas
no
el
José Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573
(1972); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472 (1967).
Advertimos
entonces
que
“la
ignorancia
del
verdadero
nombre
demandado debe ser real y legítima, y no falsa o espúrea.”
del
Fuentes v.
Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 986-87 (1952).
Un examen de las alegaciones de la demanda original revela la
intención
de
incluir
como
parte
demandada
a
otras
personas
que
intervinieron con las aceras del área donde ocurrió el accidente.
En
la demanda original se hizo constar que se conocía que estas personas
existían pero en esos momentos se desconocía su nombre.
“En ausencia
de una demostración de ocultación deliberada o falta intencional de
diligencia... cabe conceder a la actuación de la demandante toda su
virtualidad a los fines de la interrupción del período prescriptivo.”
Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra.
La demanda original se presentó el 18 de mayo de 1994. Menos de
dos
meses
después,
una
vez
se
conoció
el
verdadero
nombre
de
los
demandados designados con nombre ficticio, la demanda fue enmendada con
permiso del tribunal de instancia. Por ello, de acuerdo a la Regla 13.3
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y nuestra jurisprudencia
interpretativa,
estas
alegaciones
se
presentación de la demanda original.
retrotraen
al
momento
de
la
Ortiz Díaz v. R&R Motors Sales,
131 D.P.R. 829 (1992); Nuñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R.
134 (1988); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra. La demandada
Fomento fue incluida con tiempo suficiente para que pudiera comparecer
al pleito y defenderse.
Nuñez González v. Jiménez Miranda, supra.
V
Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia para
revocar la dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se
devolverá el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen
los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nellie Padín Espinosa
Demandante-Peticionaria
v.
CC-1998-91
CERTIORARI
Comp. de Fomento Industrial
de PR; Travelers Indemnity Co.
Demandado-Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
sentencia, se revoca la dictada por el Tribunal de Circuito
de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que continúen los procedimientos conforme a
lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Presidente señor
Andréu García no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo