Tribunal Supremo de Puerto Rico
ESJ TOWERS V. HON. DEMETRIO TORRE RADA
2000 TSPR 26
Poder Judicial de Puerto Rico
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ESJ TOWERS V. HON. DEMETRIO TORRE RADA
RG-1997-2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ESJ Towers, Inc.
Recurrente
Recurso Gubernativo
v.
2000 TSPR 26
Hon. Demetrio Torre Rada, Registrador
de la Propiedad, Seccion Primera de
Carolina
Recurrido
Número del Caso: RG-1997-0002
Fecha: 15/02/2000
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. José Luis Novas Dueño
Registrador de la Propiedad: Lcdo. Demetrio Torre Rada
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ESJ Towers, Inc.
Recurrente
v.
RG-97-2
Recurso
Gubernativo
Honorable Demetrio Torre Rada
Registrador de la Propiedad,
Sección Primera de Carolina
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2000
El presente recurso nos brinda la oportunidad de
ampliar nuestra interpretación de la Ley de Aranceles
del Registro de la Propiedad y nos permite resolver cuál
es
el
monto
de
los
aranceles
a
pagarse
por
la
cancelación del asiento registral de una hipoteca que ha
quedado extinguida por disposición de ley.
La parte interesada y recurrente ESJ TOWERS, INC.
acude ante nos inconforme con la calificación final
fechada el 5 de noviembre de 1997 y emitida por el
Registrador de la Propiedad, Sección I de Carolina, Hon.
Demetrio Torre Rada.
Nos pide que dilucidemos “cuál es
el verdadero valor de los derechos de hipoteca cuya
cancelación se interesa, para determinar, [a]
base [de] dicho verdadero valor, la cuantía del arancel que debe pagar la
peticionaria
por
la
cancelación
de
los
mismos
en
los
libros
del
registro”.
I.
La recurrente, ESJ TOWERS, tiene inscrita a su favor una finca en
propiedad en la Sección I del Registro de la Propiedad de Carolina.
Dicho inmueble aparece gravado por dos hipotecas que tienen más de veinte
(20) años de constituidas.
No hay controversia en cuanto a que dichos
derechos hipotecarios no han sido prorrogados ni han sido objeto de
acciones para su ejecución o para el cobro de las obligaciones que
garantizan.
Una de dichas obligaciones es por la suma de quinientos mil
dólares ($500,000.00) de principal, y la otra por la suma de quince
millones de dólares ($15,000,000.00) de principal, ambas con tasa de
interés al ocho porciento (8%) anual.
por
sendos
pagarés
a
la
orden
Dichas deudas están evidenciadas
del
portador,
y
vencederos
a
la
presentación.
El 18 de noviembre de 1994, ESJ TOWERS, INC., presentó una Instancia
ante el Registrador recurrido solicitándole se cancelaran los gravámenes
hipotecarios descritos anteriormente, a tenor con lo que ordena el Art.
145 de la Ley Hipotecaria, infra.
Con la Instancia, la Recurrente
acompañó dos dólares ($2.00) por cada derecho a ser cancelado, más los
derechos de presentación y pago correspondiente.1
El 2 de octubre de 1997 el Registrador de la Propiedad calificó la
Instancia presentada, denegando la inscripción de la misma por que no se
acompañó la cantidad de $61,900.00 en derechos.
Entiende el Registrador
que aplica el Apartado (c) del Arancel Número Dos del Art. 1 de la Ley de
Aranceles del Registro de la Propiedad, supra.
ESJ TOWERS estima que
dicho Apartado no es de aplicación a un derecho extinguido por ley, en
este caso un derecho de hipoteca, por lo que recurre ante nos mediante el
1
Esto así porque la recurrente entendía le era de aplicación el Inciso
(a), Arancel Número Dos, del Art. 1 de la Ley de Aranceles del Registro
de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, 30
L.P.R.A. § 1767(a).
presente Recurso Gubernativo.
Considerados y examinados los alegatos de
ambas partes, discrepamos del criterio del Registrador y modificamos la
calificación recurrida.
II.
Precisando conceptos, y para entender a cabalidad cuál es el alcance
de la operación objeto de controversia, se hace necesario distinguir la
extinción de la hipoteca de su cancelación.
En la extinción, desaparece
la hipoteca con todos sus efectos, lo que está en juego es la hipoteca
misma,
tanto
en
relación
a
las
partes
como
a
terceros.
En
la
cancelación, por su parte, lo que se extingue es la inscripción de la
hipoteca en el Registro, por lo que sólo se afectan los efectos de la
hipoteca con relación a terceros.
Véase, Guillermo A. Borda, Tratado de
Derecho Civil, V. III, t. II, Buenos Aires, 1975, Ed. Perrot, a las págs.
334-35.
Los asientos del Registro pierden total o parcialmente su fuerza al
caducar o al ser sustituidos –en todo o en parte- por otros.
La mayoría
de las veces da a conocer el advenimiento de un distinto titular.
explica el verdadero tenor de una inscripción.
Otras,
En ocasiones, el asiento
está dedicado exclusivamente a una negación del anterior contenido del
Registro: a dar cuenta de que algo o todo de ese contenido no debe ser
tenido en cuenta en adelante.
Lacruz Berdejo y Sancho Rebudilla, Derecho
Inmobiliario Registral, Bosch, Barcelona, 1968, a la pág. 286.
Explica Lacruz Berdejo, sin embargo, que sería erróneo considerar la
cancelación, en el Derecho español, como una simple inscripción negativa.
Su regulación difiere bastante de la de las inscripciones: en parte,
porque su materia es más reducida, ya que se limita al campo de la
extinción de los derechos (por tanto, sobre todo, de los derechos reales
limitados) y la de sus asientos.
La
inscripción
de
Id.
contenido
negativo
presupone,
por
su
propio
concepto, derechos inscritos: no se puede cancelar lo que no existe
registralmente.
Es por ello que una cancelación no podría ser nunca una
primera inscripción.
Presupone, en vista de lo anterior, un contenido
positivo al que pueda dejar sin valor.
Es decir, la extinción de los
derechos es constatada en el Registro mediante la cancelación de sus
Id. a la pág. 288.
correspondientes asientos.
El razonamiento nos
muestra, con meridiana claridad, que la extinción acontece fuera del
Registro
y
que
mediante
la
cancelación
se
adecua
la
realidad
extrarregistral –lo que en efecto ya ha ocurrido- con lo que publica el
Registro.
Insiste Lacruz Berdejo en que la cancelación, en general, no tiene
específicos efectos defensivos.
Su existencia no agrava la situación del
titular del derecho que se presume extinto.
Las cosas suceden como si no
existieran, ni el asiento cancelado, ni el asiento cancelatorio: se
presume que el derecho cancelado no existe ya, en la misma relativa
medida en que se presumen que no existen los derechos no inscritos.
Id.
a la pág. 294.
De otro lado, la extinción del derecho inscrito surte efectos entre
las partes desde el momento en que el derecho muere o desaparece; pero
respecto a terceros sólo produce efecto la extinción desde que se anula o
cancela el asiento en donde se hizo constar el derecho en el Registro de
la Propiedad.
Es por ello que las inscripciones no se extinguen, en
cuanto a tercero, sino por su cancelación o por la inscripción de la
transferencia
del
dominio
o
derecho
real
inscrito
a
favor
de
otra
127
la
Ley
persona.
Puede
decirse
entonces,
de
acuerdo
con
el
Art.
de
Hipotecaria, 30 L.P.R.A., § 2451, que la cancelación extingue el asiento,
pero no el derecho.
30
L.P.R.A.
§
Es por ello que el Art. 128 del citado cuerpo legal,
2452,
declara
que
cancelado
un
asiento,
se
presume
extinguido el derecho contenido en éste desde el momento de su extinción.
Sobre el particular, se ha dicho que esta presunción, entre partes, es
juris
tantum,
y
frente
a
tercero,
juris
et
de
jure.
Puede
haber
ocasiones en que el derecho no se haya extinguido en la realidad, como el
caso de una escritura nula, pero la cancelación a base de dicha escritura
es
perfectamente eficaz
para
que
el
tercero
registral
no
tenga
que
responder del derecho que reflejaba el asiento cancelado.
González,
Iniciación
a
los
estudios
de
Derecho
Carmelo Díaz
Hipotecario,
t.
II,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1967, a las págs. 337-347.
En cuanto al Art. 130 de nuestra Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. §
2454, notamos que, en su inciso 2do, dispone la cancelación total de los
asientos
en
el
Registro
cuando
se
extinga
por
completo
el
derecho
registrado.
Así, el Art. 132 de la citada Ley, 30 L.P.R.A. § 2456, dispone que
"las inscripciones, anotaciones preventivas, y notas hechas en virtud de
escritura o documento auténtico, se cancelarán mediante otra escritura o
documento de la misma naturaleza, en que exprese su consentimiento el
titular a cuyo favor se hubiere hecho el asiento...".
No obstante ello, el Art. 134 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. §
2458, manda, inter alia, que cuando por declaración de ley o por resultar
del
título
que
produjo
el
asiento,
quedare
extinguido
el
derecho
contenido en una inscripción, anotación preventiva o nota, se cancelará
el respectivo asiento a instancia de parte interesada, sin exigirse los
requisitos fijados en el Art. 132 de esta ley, supra.
Es decir, no hará
falta cumplir con los requisitos que menciona el citado artículo para las
cancelaciones ordinarias.
Por su parte, y concomitante con lo anterior, el Art. 145 de la Ley
Hipotecaria, 30 L.P.R.A. § 2469, ordena lo siguiente:
A petición de parte, autenticada ante notario, los
registradores cancelarán las hipotecas que tengan más de veinte
años de vencidas o, si no tuvieron término de vencimiento, de
constituidas,
siempre
que
concurran
las
circunstancias
siguientes:
(1) Que del Registro no conste la interposición de
demanda o procedimiento alguno en cobro o ejecución
del gravamen hipotecario.
(2)
Que del Registro tampoco conste que a pesar del
tiempo
transcurrido,
dicho
gravamen
se
mantiene
subsistente en virtud de cualquier reclamación, acto o
reconocimiento que signifique la subsistencia de la
hipoteca, por suspensión o interrupción de la prescripción
liberatoria, u otra causa cualquiera.
Queda claro, entonces, la diferencia que reconoce la ley en cuanto a
las cancelaciones ordinarias -en las que el Registrador viene obligado a
realizar un trámite calificador-2 y luego publica un hecho nuevo, frente
a este tipo de cancelación, que surge por virtud de lo que ya consta en
el propio Registro y a la que viene obligado luego de verificar que se
cumplan los requisitos enumerados en el artículo.
En cuanto a esta prescripción de veinte años, si integramos, notamos
que
la
misma
contradice
la
prescripción
de
obligaciones
puramente
personales –que en última instancia son las que garantizan la hipoteca-,
de acuerdo con el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5294, que es
sólo de quince años.
Esta disposición de nuestro Código Civil, por su
parte, complementa el mandato de la Ley Hipotecaria en su Art. 145,
supra, al disponer también que la acción hipotecaria prescribirá a los
veinte años y que las personales que no tengan señalado término especial
de prescripción, a los quince.
Como bien se ha señalado, dado que no es posible admitir un plazo
distinto de prescripción del crédito y de la garantía, debe entenderse
que los créditos garantizados con hipoteca no prescriben a los quince
años, sino a los veinte, aunque en tal supuesto se da la anomalía de que
lo
accesorio
influye
sobre
lo
principal.
Carmelo
Díaz
González,
Iniciación a los estudios de Derecho Hipotecario, t. III, Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1967, a la pág. 307.
Relacionado, señala Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 8va ed., t.
II, Bosch, Barcelona, 1995, a la pág. 600, que en materia de derechos
reales
no
susceptibles
de
posesión
o
de
protección
posesoria,
prescripción extintiva no perjudicará nunca al tercer adquirente.
su
Esto
equivale a establecer la imprescriptibilidad en cuanto a tercero del
2
Sobre la función calificadora del Registrador, en cuanto persigue
únicamente extender o denegar la inscripción, anotación, nota o
cancelación de los documentos presentados ante la consideración de este
funcionario administrativo, de acuerdo con el Art. 67 de la Ley
Hipotecaria, 30 L.P.R.A. § 2270, véase Rodríguez Morales y otros v.
Registrador, res. el 29 de enero de 1997, 142 D.P.R.
(1997); U.S.I.
Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989); L.Dershowitz &
Co., Inc. v. Registrador, 105 D.P.R. 267 (1976).
derecho real de hipoteca.
Ello resalta la importancia de la cancelación
de asientos registrales.
José
María
Chico
y
Ortiz
discute
cancelación en el Derecho español.
ampliamente
la
doctrina
de
Así, cita a Díez Picazo, junto a
Lacruz Berdejo, sosteniendo la idea de que los asientos registrales no se
extinguen, sino que son sustituidos o pierden vigencia a través de la
extensión de un nuevo asiento.
Continúa la discusión citando la doctrina tradicional, compuesta
por, entre otros, Morrell y Terry, Galindo y Escosura, Campuzano, Casso,
Roca Sastre, quienes entienden la cancelación es un asiento accesorio y
definitivo, por el que se extingue un asiento anterior y a consecuencia
del cual se presume extinguido el derecho a que se refería el asiento
cancelado.
La
doctrina
más
moderna,
representada
por
La
Rica
Maritorena,
coincide en que el asiento de cancelación deja sin efecto otro asiento
principal, bien por extinción del derecho inscrito o anotado, bien por
otra causa legal que taxativamente lo determine.
José María Chico y
Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, t. II, 3ra ed., Marcial Pons,
Madrid, 1994, a las págs. 1215-1219.
Por
“asientos
su
parte,
Sánchez
principales,
que
Cañete
define
recogiendo
una
la
cancelación
decisión
solemne
como
los
dada
por
funcionario competente para ello, de que se ha producido una situación
jurídica o de hecho extintiva de alguno de los elementos que constituyen
el folio registral o de un asiento de él, excluye cualquier otro que
presuponga la vigencia de lo extinguido”.
Buenaventura Camy Sánchez
Cañete, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Vol. VI, 3ra ed.,
Aranzadi, 1983, a la pág. 325 (énfasis nuestro).
Seguidamente, sintetiza
lo dicho describiendo la cancelación como “asientos que declaran la
extinción
de
todos
o
algunos
de
los
elementos
formantes
de
impidiendo la registración de todo lo que pueda desconocerla”.
(énfasis nuestro).
otros,
Id.
Concretamente hablando de la cancelación de hipoteca, Sánchez Cañete
nos enseña:
La sugestiva pero equivocada idea, de que la hipoteca es
ante todo un derecho real, con la secuela de que al extinguirlo
realizamos una operación equivalente a su enajenación, ha hecho
olvidar que el carácter esencial de la hipoteca y el que
justifica su existencia, no es otro que el de ser en todo y por
todo un derecho real accesorio de una obligación personal, que
en modo alguno podrá recoger el Registro sólo como tal
obligación personal.
Esta accesoriedad informa de tal manera al derecho real,
que desaparecida la obligación principal queda inoperante
aquél, conservándose sólo a lo sumo una entelequia, el asiento
registral que lo recoge. Sánchez Cañete, op. cit., a la pág.
766. (énfasis nuestro). Véase, además, Roca Sastre, Derecho
Hipotecario, 8va ed., t. III, Bosch, 1995, a las págs. 133 y
174.
Dicho de otro modo, si la inscripción se cancela, la hipoteca se
extingue, porque la supresión de la publicidad aniquila el derecho real;
sostener lo contrario equivaldría a admitir la existencia de hipotecas
ocultas.
Jorge Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, T. II, 3ra
ed., Montevideo, 1982, a la pág. 339.
El profesor y tratadista Eduardo Vázquez Bote nos aclara el ámbito
de la cancelación en el derecho puertorriqueño.
Así, nos dice:
En sistemas registrales como el de Puerto Rico, en que los
derechos reales nacen fuera del Registro (con la consabida
excepción del derecho real de hipoteca), ya es conocido que
puede producirse una dualidad entre el contenido registral y el
mundo extratabular. Y del mismo modo que la inscripción no se
identifica con la constitución o modificación de un derecho,
sino que es un acto posterior, lo mismo ocurre con la
cancelación, la cual no puede ni debe ser confundida con la
causa que extingue el derecho contenido en el asiento que
aquélla declara, a su vez, igualmente extinto.
La cancelación deviene, pues, en ser expresión registral
de la presencia de causas extintivas de un asiento o de un
derecho. Pero la cancelación, en cuanto expresión formal, no
puede identificarse con la variedad y abundancia de causas –
factor sustancial- que provocan la extinción de un derecho y
que viven, normalmente, fuera del Registro; ni tampoco puede
identificarse con las causas que, surgidas del Registro,
provoquen la ineficacia de un asiento. Eduardo Vázquez Bote,
Derecho Privado Puertorriqueño, Vol. XV, Derecho Inmobiliario
Registral (II), 1992, a la pág. 566. (énfasis nuestro.)
Bien sabemos, por reiterar, que la cancelación en términos generales
no es si no una inscripción de la extinción de un derecho real.
Véase
Don Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, Extinción de Inscripciones y
Anotaciones, 1 Rev. Jur. U.P.R. 3, 28 (1932).
III.
En cuanto a los aranceles que deben ser satisfechos al momento de
realizar
una
cancelación,
ya
sea
mediante
nota
marginal
o
mediante
asiento de cancelación, el Art. 1 de la Ley de Aranceles del Registro de
la Propiedad, supra, fija los derechos que se han de pagar por las
inscripciones, anotaciones, cancelaciones, o liberaciones en el Registro
de la Propiedad.
Nos atañe, de forma particular, lo que dispone el
arancel número dos:
Por la inscripción, anotación, cancelación, liberación,
respecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes
derechos:
(a) Si la finca o derecho vale mil (1,000) dólares
o menos, se pagará dos (2) dólares.
(b) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de
mil (1,000) dólares se pagará dos (2) dólares por
cada mil dólares o fracción de mil dólares de valor
nominal de la finca hasta un valor máximo de
veinticinco mil (25,000) dólares.
(c)
Cuando el valor de una finca o derecho exceda
de veinticinco mil (25,000) dólares, se pagarán
cincuenta (50) dólares por los primeros veinticinco
mil (25,000) dólares y cuatro (4) dólares por cada
mil (1,000) dólares o fracción de mil (1,000)
dólares adicionales.
(d)
Por las notas marginales que no envuelvan
cuantía se pagará cuatro (4) dólares por cada una.
(e)
Por liberaciones gratuitas se pagarán cuatro
(4) dólares por cada finca.
(f) Los derechos por la anotación de la reserva de
prioridad de un contrato en gestación se regirán por
el anterior inciso (a) o (b), pero limitados a un
máximo de veinticinco (25) dólares.
(g) Los derechos por la inscripción del contrato de
opción de compra se regirán por el anterior inciso
(a) o (b) sobre el monto del precio señalado para la
compra, pero limitado a un máximo de veinticinco
(25) dólares. (énfasis nuestro).
Nuestra jurisprudencia ha tenido ocasión de discutir asuntos con
tangencia al caso que nos ocupa.
Así, en S.B. Pharmco v. Registrador,
res. el 18 de mayo de 1999, 99 TSPR 77,
nos enfrentamos a una situación
en la que un contrato de arrendamiento vencido, por haber expirado,
interesaba
ser
cancelado
en
el Registro.
El
Registrador
denegó la
calificación solicitada alegando insuficiencia en el pago de aranceles.
Citando a Correa Sánchez v. Registrador, 113 D.P.R. 581, 590 (1983),
dijimos que el valor del arancel registral requerido para la inscripción
o cancelación de cualquier asiento, ya sea principal o accesorio, queda
establecido en virtud del valor de la finca o derecho a inscribirse o a
cancelarse.
Cuando se tiene por objeto un derecho o interés estimable –
añadimos-, susceptible así de ser justipreciado, bien al presentarse o
cancelarse, nos encontramos ante un acto que envuelve cuantía.
Correa
Sánchez v. Registrador, supra, a las págs. 591-92.
Aclarando aún más, en S.B. Pharmco v. Registrador, supra, elaboramos
sobre lo resuelto en Correa Sánchez v. Registrador, supra, expresando que
la operación registral que pretende cancelar un derecho inscrito, que por
sus propios términos y según surge de la inscripción del mismo ya ha
vencido, según ordena el Artículo 134 de la Ley Hipotecaria, supra, no
puede
envolver
estimable.
cuantía
Como
ni
tiene
consecuencia,
la
por
objeto
inscripción
un
derecho
de
dicho
o
interés
asiento
de
cancelación sólo deberá satisfacer el tipo mínimo de cuatro dólares
($4.00) que contempla el Art. 1 de la Ley de Aranceles, supra.
En S.B. Pharmco teníamos ante nuestra consideración un contrato de
arrendamiento vencido, cosa que se desprendía de sus mismos términos.
acuerdo
con
el
Art.
134
de
la
Ley
Hipotecaria,
supra,
en
De
estas
circunstancias el Registrador viene obligado a cancelar, a instancia de
parte, sin tener que realizar las funciones calificadoras que tendría que
hacer de ordinario en una cancelación.
En el caso particular atendido
allí, la propia ley eximía al Registrador, para la eliminación de tal
inscripción, del procedimiento ordinario antes dicho.
En función de lo
anterior, resolvimos que en esas circunstancias particulares, el arancel
que procedía era el de tipo mínimo, en vista de que la propia letra de la
ley lo distinguía del procedimiento típico de cancelación.
La solución del caso ante nuestra consideración no puede escapar lo
resuelto en S. B. Pharmco y en Correa Sánchez.
hipotecario
que,
extinguido
por
habiendo
mandato
Se trata de un crédito
transcurrido
más
ley.
operación
de
Esta
de
veinte
años,
registral
se
no
ha
puede
envolver cuantía, como tampoco el derecho a cancelar puede ser estimado.
Igual
que
un
vencimiento,
documento
tenemos
ante
que
de
sus
propios
nos
un
derecho
términos
extinguido
por
destila
su
declaración
expresa de ley, según surge del Art. 134 de la Ley Hipotecaria, supra,
que consta así en la publicación que de él hace el Registro y que también
es eximido del rigor del procedimiento ordinario de cancelación.
decir, el Registro no tiene que publicar un hecho nuevo.
Es
Además, el Art.
145 de dicha ley, supra, ordena específicamente a los Registradores que,
a instancia de parte, y verificados los criterios que allí se exponen,
elimine la inscripción una vez transcurrido el término mencionado.
Esta
obligación del Registrador lo exime de ulterior trámite, a diferencia de
lo que acontece con las cancelaciones ordinarias, en las que incluso
estaría precisado a darle publicidad a un hecho que de los propios
términos del Registro no surge.
Contrario a lo que ocurriría al cancelar -como ocurre de ordinarioun derecho estimable o susceptible de ser justipreciado, el derecho cuya
inscripción se interesa eliminar del Registro en este caso, por estar
presentes
en
el
mismo
las
condiciones
que
establecen
los
citados
artículos del Código Civil y la Ley Hipotecaria, carece de valor para
propósitos
del
Art.
Propiedad, supra.
1
de
la
Ley
de
Aranceles
del
Registro
de
la
Por lo tanto, resolvemos que, en esta excepcional
circunstancia, los derechos a pagar corresponden al tipo mínimo que
dispone el Arancel número dos, inciso (d), del Art. 1 de la Ley de
Aranceles del Registro de la Propiedad, supra, y aclaramos que lo aquí
resuelto, así como lo resuelto en S.B.Pharmco, no tiene aplicación a las
cancelaciones que de ordinario se realizan en el Registro de la Propiedad
y que no están cobijadas por las distinciones que la propia ley reconoce.
Después de todo, ya hemos advertido que al computar el arancel sobre
el valor de la finca o derecho, el Registrador debe orientar su criterio
por la cifra que sea más representativa del verdadero valor de la finca o
derecho.
Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 D.P.R. 781, 784
(1978).
Debe, además, descartar el posible valor aparente por el valor
real que satisface la razón y el entendimiento.
Registrador, 105 D.P.R. 136, 142 (1976).
Empire Life Ins. Co. v.
Es decir, el método para
determinar el valor sujeto a arancel acerca la operación registral a la
realidad
del
verdadero
valor
del
inmueble
representan los valores irrisorios.
y
excluye
la
ficción
que
Aponte Parés v. Registrador, 106
D.P.R. 176, 178 (1977).
IV.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
concluimos
que
erró
el
Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección I de Carolina, al
imponerle
a
la
parte
promovente
la
totalidad
del
pago
de
derechos
arancelarios a tenor con el inciso (c) del arancel número dos del Art. I
de la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, supra.
Procederá,
no obstante, el arancel correspondiente de cuatro dólares ($4.00), en
atención a lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
JOSÉ A. ANDRÉU GARCÍA
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
ESJ Towers, Inc.
Recurrente
v.
RG-97-2
Recurso
Gubernativo
Honorable Demetrio Torre Rada
Registrador de la Propiedad,
Sección Primera de Carolina
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se dicta sentencia modificando la calificación
recurrida a los efectos de que el Registrador de la
Propiedad proceda a cobrar el arancel correspondiente de
cuatro dólares ($4.00), a tenor con lo aquí expuesto.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo