LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ESJ TOWERS V. HON. DEMETRIO TORRE RADA

2000 TSPR 26

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

ESJ TOWERS V. HON. DEMETRIO TORRE RADA

RG-1997-2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ESJ Towers, Inc.

Recurrente

Recurso Gubernativo

v.

2000 TSPR 26

Hon. Demetrio Torre Rada, Registrador

de la Propiedad, Seccion Primera de

Carolina

Recurrido

Número del Caso: RG-1997-0002

Fecha: 15/02/2000

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. José Luis Novas Dueño

Registrador de la Propiedad: Lcdo. Demetrio Torre Rada

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ESJ Towers, Inc.

Recurrente

v.

RG-97-2

Recurso

Gubernativo

Honorable Demetrio Torre Rada

Registrador de la Propiedad,

Sección Primera de Carolina

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García

San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2000

El presente recurso nos brinda la oportunidad de

ampliar nuestra interpretación de la Ley de Aranceles

del Registro de la Propiedad y nos permite resolver cuál

es

el

monto

de

los

aranceles

a

pagarse

por

la

cancelación del asiento registral de una hipoteca que ha

quedado extinguida por disposición de ley.

La parte interesada y recurrente ESJ TOWERS, INC.

acude ante nos inconforme con la calificación final

fechada el 5 de noviembre de 1997 y emitida por el

Registrador de la Propiedad, Sección I de Carolina, Hon.

Demetrio Torre Rada.

Nos pide que dilucidemos “cuál es

el verdadero valor de los derechos de hipoteca cuya

cancelación se interesa, para determinar, [a]

base [de] dicho verdadero valor, la cuantía del arancel que debe pagar la

peticionaria

por

la

cancelación

de

los

mismos

en

los

libros

del

registro”.

I.

La recurrente, ESJ TOWERS, tiene inscrita a su favor una finca en

propiedad en la Sección I del Registro de la Propiedad de Carolina.

Dicho inmueble aparece gravado por dos hipotecas que tienen más de veinte

(20) años de constituidas.

No hay controversia en cuanto a que dichos

derechos hipotecarios no han sido prorrogados ni han sido objeto de

acciones para su ejecución o para el cobro de las obligaciones que

garantizan.

Una de dichas obligaciones es por la suma de quinientos mil

dólares ($500,000.00) de principal, y la otra por la suma de quince

millones de dólares ($15,000,000.00) de principal, ambas con tasa de

interés al ocho porciento (8%) anual.

por

sendos

pagarés

a

la

orden

Dichas deudas están evidenciadas

del

portador,

y

vencederos

a

la

presentación.

El 18 de noviembre de 1994, ESJ TOWERS, INC., presentó una Instancia

ante el Registrador recurrido solicitándole se cancelaran los gravámenes

hipotecarios descritos anteriormente, a tenor con lo que ordena el Art.

145 de la Ley Hipotecaria, infra.

Con la Instancia, la Recurrente

acompañó dos dólares ($2.00) por cada derecho a ser cancelado, más los

derechos de presentación y pago correspondiente.1

El 2 de octubre de 1997 el Registrador de la Propiedad calificó la

Instancia presentada, denegando la inscripción de la misma por que no se

acompañó la cantidad de $61,900.00 en derechos.

Entiende el Registrador

que aplica el Apartado (c) del Arancel Número Dos del Art. 1 de la Ley de

Aranceles del Registro de la Propiedad, supra.

ESJ TOWERS estima que

dicho Apartado no es de aplicación a un derecho extinguido por ley, en

este caso un derecho de hipoteca, por lo que recurre ante nos mediante el

1

Esto así porque la recurrente entendía le era de aplicación el Inciso

(a), Arancel Número Dos, del Art. 1 de la Ley de Aranceles del Registro

de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, 30

L.P.R.A. § 1767(a).

presente Recurso Gubernativo.

Considerados y examinados los alegatos de

ambas partes, discrepamos del criterio del Registrador y modificamos la

calificación recurrida.

II.

Precisando conceptos, y para entender a cabalidad cuál es el alcance

de la operación objeto de controversia, se hace necesario distinguir la

extinción de la hipoteca de su cancelación.

En la extinción, desaparece

la hipoteca con todos sus efectos, lo que está en juego es la hipoteca

misma,

tanto

en

relación

a

las

partes

como

a

terceros.

En

la

cancelación, por su parte, lo que se extingue es la inscripción de la

hipoteca en el Registro, por lo que sólo se afectan los efectos de la

hipoteca con relación a terceros.

Véase, Guillermo A. Borda, Tratado de

Derecho Civil, V. III, t. II, Buenos Aires, 1975, Ed. Perrot, a las págs.

334-35.

Los asientos del Registro pierden total o parcialmente su fuerza al

caducar o al ser sustituidos –en todo o en parte- por otros.

La mayoría

de las veces da a conocer el advenimiento de un distinto titular.

explica el verdadero tenor de una inscripción.

Otras,

En ocasiones, el asiento

está dedicado exclusivamente a una negación del anterior contenido del

Registro: a dar cuenta de que algo o todo de ese contenido no debe ser

tenido en cuenta en adelante.

Lacruz Berdejo y Sancho Rebudilla, Derecho

Inmobiliario Registral, Bosch, Barcelona, 1968, a la pág. 286.

Explica Lacruz Berdejo, sin embargo, que sería erróneo considerar la

cancelación, en el Derecho español, como una simple inscripción negativa.

Su regulación difiere bastante de la de las inscripciones: en parte,

porque su materia es más reducida, ya que se limita al campo de la

extinción de los derechos (por tanto, sobre todo, de los derechos reales

limitados) y la de sus asientos.

La

inscripción

de

Id.

contenido

negativo

presupone,

por

su

propio

concepto, derechos inscritos: no se puede cancelar lo que no existe

registralmente.

Es por ello que una cancelación no podría ser nunca una

primera inscripción.

Presupone, en vista de lo anterior, un contenido

positivo al que pueda dejar sin valor.

Es decir, la extinción de los

derechos es constatada en el Registro mediante la cancelación de sus

Id. a la pág. 288.

correspondientes asientos.

El razonamiento nos

muestra, con meridiana claridad, que la extinción acontece fuera del

Registro

y

que

mediante

la

cancelación

se

adecua

la

realidad

extrarregistral –lo que en efecto ya ha ocurrido- con lo que publica el

Registro.

Insiste Lacruz Berdejo en que la cancelación, en general, no tiene

específicos efectos defensivos.

Su existencia no agrava la situación del

titular del derecho que se presume extinto.

Las cosas suceden como si no

existieran, ni el asiento cancelado, ni el asiento cancelatorio: se

presume que el derecho cancelado no existe ya, en la misma relativa

medida en que se presumen que no existen los derechos no inscritos.

Id.

a la pág. 294.

De otro lado, la extinción del derecho inscrito surte efectos entre

las partes desde el momento en que el derecho muere o desaparece; pero

respecto a terceros sólo produce efecto la extinción desde que se anula o

cancela el asiento en donde se hizo constar el derecho en el Registro de

la Propiedad.

Es por ello que las inscripciones no se extinguen, en

cuanto a tercero, sino por su cancelación o por la inscripción de la

transferencia

del

dominio

o

derecho

real

inscrito

a

favor

de

otra

127

la

Ley

persona.

Puede

decirse

entonces,

de

acuerdo

con

el

Art.

de

Hipotecaria, 30 L.P.R.A., § 2451, que la cancelación extingue el asiento,

pero no el derecho.

30

L.P.R.A.

§

Es por ello que el Art. 128 del citado cuerpo legal,

2452,

declara

que

cancelado

un

asiento,

se

presume

extinguido el derecho contenido en éste desde el momento de su extinción.

Sobre el particular, se ha dicho que esta presunción, entre partes, es

juris

tantum,

y

frente

a

tercero,

juris

et

de

jure.

Puede

haber

ocasiones en que el derecho no se haya extinguido en la realidad, como el

caso de una escritura nula, pero la cancelación a base de dicha escritura

es

perfectamente eficaz

para

que

el

tercero

registral

no

tenga

que

responder del derecho que reflejaba el asiento cancelado.

González,

Iniciación

a

los

estudios

de

Derecho

Carmelo Díaz

Hipotecario,

t.

II,

Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1967, a las págs. 337-347.

En cuanto al Art. 130 de nuestra Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. §

2454, notamos que, en su inciso 2do, dispone la cancelación total de los

asientos

en

el

Registro

cuando

se

extinga

por

completo

el

derecho

registrado.

Así, el Art. 132 de la citada Ley, 30 L.P.R.A. § 2456, dispone que

"las inscripciones, anotaciones preventivas, y notas hechas en virtud de

escritura o documento auténtico, se cancelarán mediante otra escritura o

documento de la misma naturaleza, en que exprese su consentimiento el

titular a cuyo favor se hubiere hecho el asiento...".

No obstante ello, el Art. 134 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. §

2458, manda, inter alia, que cuando por declaración de ley o por resultar

del

título

que

produjo

el

asiento,

quedare

extinguido

el

derecho

contenido en una inscripción, anotación preventiva o nota, se cancelará

el respectivo asiento a instancia de parte interesada, sin exigirse los

requisitos fijados en el Art. 132 de esta ley, supra.

Es decir, no hará

falta cumplir con los requisitos que menciona el citado artículo para las

cancelaciones ordinarias.

Por su parte, y concomitante con lo anterior, el Art. 145 de la Ley

Hipotecaria, 30 L.P.R.A. § 2469, ordena lo siguiente:

A petición de parte, autenticada ante notario, los

registradores cancelarán las hipotecas que tengan más de veinte

años de vencidas o, si no tuvieron término de vencimiento, de

constituidas,

siempre

que

concurran

las

circunstancias

siguientes:

(1) Que del Registro no conste la interposición de

demanda o procedimiento alguno en cobro o ejecución

del gravamen hipotecario.

(2)

Que del Registro tampoco conste que a pesar del

tiempo

transcurrido,

dicho

gravamen

se

mantiene

subsistente en virtud de cualquier reclamación, acto o

reconocimiento que signifique la subsistencia de la

hipoteca, por suspensión o interrupción de la prescripción

liberatoria, u otra causa cualquiera.

Queda claro, entonces, la diferencia que reconoce la ley en cuanto a

las cancelaciones ordinarias -en las que el Registrador viene obligado a

realizar un trámite calificador-2 y luego publica un hecho nuevo, frente

a este tipo de cancelación, que surge por virtud de lo que ya consta en

el propio Registro y a la que viene obligado luego de verificar que se

cumplan los requisitos enumerados en el artículo.

En cuanto a esta prescripción de veinte años, si integramos, notamos

que

la

misma

contradice

la

prescripción

de

obligaciones

puramente

personales –que en última instancia son las que garantizan la hipoteca-,

de acuerdo con el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5294, que es

sólo de quince años.

Esta disposición de nuestro Código Civil, por su

parte, complementa el mandato de la Ley Hipotecaria en su Art. 145,

supra, al disponer también que la acción hipotecaria prescribirá a los

veinte años y que las personales que no tengan señalado término especial

de prescripción, a los quince.

Como bien se ha señalado, dado que no es posible admitir un plazo

distinto de prescripción del crédito y de la garantía, debe entenderse

que los créditos garantizados con hipoteca no prescriben a los quince

años, sino a los veinte, aunque en tal supuesto se da la anomalía de que

lo

accesorio

influye

sobre

lo

principal.

Carmelo

Díaz

González,

Iniciación a los estudios de Derecho Hipotecario, t. III, Ed. Revista de

Derecho Privado, Madrid, 1967, a la pág. 307.

Relacionado, señala Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 8va ed., t.

II, Bosch, Barcelona, 1995, a la pág. 600, que en materia de derechos

reales

no

susceptibles

de

posesión

o

de

protección

posesoria,

prescripción extintiva no perjudicará nunca al tercer adquirente.

su

Esto

equivale a establecer la imprescriptibilidad en cuanto a tercero del

2

Sobre la función calificadora del Registrador, en cuanto persigue

únicamente extender o denegar la inscripción, anotación, nota o

cancelación de los documentos presentados ante la consideración de este

funcionario administrativo, de acuerdo con el Art. 67 de la Ley

Hipotecaria, 30 L.P.R.A. § 2270, véase Rodríguez Morales y otros v.

Registrador, res. el 29 de enero de 1997, 142 D.P.R.

(1997); U.S.I.

Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989); L.Dershowitz &

Co., Inc. v. Registrador, 105 D.P.R. 267 (1976).

derecho real de hipoteca.

Ello resalta la importancia de la cancelación

de asientos registrales.

José

María

Chico

y

Ortiz

discute

cancelación en el Derecho español.

ampliamente

la

doctrina

de

Así, cita a Díez Picazo, junto a

Lacruz Berdejo, sosteniendo la idea de que los asientos registrales no se

extinguen, sino que son sustituidos o pierden vigencia a través de la

extensión de un nuevo asiento.

Continúa la discusión citando la doctrina tradicional, compuesta

por, entre otros, Morrell y Terry, Galindo y Escosura, Campuzano, Casso,

Roca Sastre, quienes entienden la cancelación es un asiento accesorio y

definitivo, por el que se extingue un asiento anterior y a consecuencia

del cual se presume extinguido el derecho a que se refería el asiento

cancelado.

La

doctrina

más

moderna,

representada

por

La

Rica

Maritorena,

coincide en que el asiento de cancelación deja sin efecto otro asiento

principal, bien por extinción del derecho inscrito o anotado, bien por

otra causa legal que taxativamente lo determine.

José María Chico y

Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, t. II, 3ra ed., Marcial Pons,

Madrid, 1994, a las págs. 1215-1219.

Por

“asientos

su

parte,

Sánchez

principales,

que

Cañete

define

recogiendo

una

la

cancelación

decisión

solemne

como

los

dada

por

funcionario competente para ello, de que se ha producido una situación

jurídica o de hecho extintiva de alguno de los elementos que constituyen

el folio registral o de un asiento de él, excluye cualquier otro que

presuponga la vigencia de lo extinguido”.

Buenaventura Camy Sánchez

Cañete, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Vol. VI, 3ra ed.,

Aranzadi, 1983, a la pág. 325 (énfasis nuestro).

Seguidamente, sintetiza

lo dicho describiendo la cancelación como “asientos que declaran la

extinción

de

todos

o

algunos

de

los

elementos

formantes

de

impidiendo la registración de todo lo que pueda desconocerla”.

(énfasis nuestro).

otros,

Id.

Concretamente hablando de la cancelación de hipoteca, Sánchez Cañete

nos enseña:

La sugestiva pero equivocada idea, de que la hipoteca es

ante todo un derecho real, con la secuela de que al extinguirlo

realizamos una operación equivalente a su enajenación, ha hecho

olvidar que el carácter esencial de la hipoteca y el que

justifica su existencia, no es otro que el de ser en todo y por

todo un derecho real accesorio de una obligación personal, que

en modo alguno podrá recoger el Registro sólo como tal

obligación personal.

Esta accesoriedad informa de tal manera al derecho real,

que desaparecida la obligación principal queda inoperante

aquél, conservándose sólo a lo sumo una entelequia, el asiento

registral que lo recoge. Sánchez Cañete, op. cit., a la pág.

766. (énfasis nuestro). Véase, además, Roca Sastre, Derecho

Hipotecario, 8va ed., t. III, Bosch, 1995, a las págs. 133 y

174.

Dicho de otro modo, si la inscripción se cancela, la hipoteca se

extingue, porque la supresión de la publicidad aniquila el derecho real;

sostener lo contrario equivaldría a admitir la existencia de hipotecas

ocultas.

Jorge Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, T. II, 3ra

ed., Montevideo, 1982, a la pág. 339.

El profesor y tratadista Eduardo Vázquez Bote nos aclara el ámbito

de la cancelación en el derecho puertorriqueño.

Así, nos dice:

En sistemas registrales como el de Puerto Rico, en que los

derechos reales nacen fuera del Registro (con la consabida

excepción del derecho real de hipoteca), ya es conocido que

puede producirse una dualidad entre el contenido registral y el

mundo extratabular. Y del mismo modo que la inscripción no se

identifica con la constitución o modificación de un derecho,

sino que es un acto posterior, lo mismo ocurre con la

cancelación, la cual no puede ni debe ser confundida con la

causa que extingue el derecho contenido en el asiento que

aquélla declara, a su vez, igualmente extinto.

La cancelación deviene, pues, en ser expresión registral

de la presencia de causas extintivas de un asiento o de un

derecho. Pero la cancelación, en cuanto expresión formal, no

puede identificarse con la variedad y abundancia de causas –

factor sustancial- que provocan la extinción de un derecho y

que viven, normalmente, fuera del Registro; ni tampoco puede

identificarse con las causas que, surgidas del Registro,

provoquen la ineficacia de un asiento. Eduardo Vázquez Bote,

Derecho Privado Puertorriqueño, Vol. XV, Derecho Inmobiliario

Registral (II), 1992, a la pág. 566. (énfasis nuestro.)

Bien sabemos, por reiterar, que la cancelación en términos generales

no es si no una inscripción de la extinción de un derecho real.

Véase

Don Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, Extinción de Inscripciones y

Anotaciones, 1 Rev. Jur. U.P.R. 3, 28 (1932).

III.

En cuanto a los aranceles que deben ser satisfechos al momento de

realizar

una

cancelación,

ya

sea

mediante

nota

marginal

o

mediante

asiento de cancelación, el Art. 1 de la Ley de Aranceles del Registro de

la Propiedad, supra, fija los derechos que se han de pagar por las

inscripciones, anotaciones, cancelaciones, o liberaciones en el Registro

de la Propiedad.

Nos atañe, de forma particular, lo que dispone el

arancel número dos:

Por la inscripción, anotación, cancelación, liberación,

respecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes

derechos:

(a) Si la finca o derecho vale mil (1,000) dólares

o menos, se pagará dos (2) dólares.

(b) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de

mil (1,000) dólares se pagará dos (2) dólares por

cada mil dólares o fracción de mil dólares de valor

nominal de la finca hasta un valor máximo de

veinticinco mil (25,000) dólares.

(c)

Cuando el valor de una finca o derecho exceda

de veinticinco mil (25,000) dólares, se pagarán

cincuenta (50) dólares por los primeros veinticinco

mil (25,000) dólares y cuatro (4) dólares por cada

mil (1,000) dólares o fracción de mil (1,000)

dólares adicionales.

(d)

Por las notas marginales que no envuelvan

cuantía se pagará cuatro (4) dólares por cada una.

(e)

Por liberaciones gratuitas se pagarán cuatro

(4) dólares por cada finca.

(f) Los derechos por la anotación de la reserva de

prioridad de un contrato en gestación se regirán por

el anterior inciso (a) o (b), pero limitados a un

máximo de veinticinco (25) dólares.

(g) Los derechos por la inscripción del contrato de

opción de compra se regirán por el anterior inciso

(a) o (b) sobre el monto del precio señalado para la

compra, pero limitado a un máximo de veinticinco

(25) dólares. (énfasis nuestro).

Nuestra jurisprudencia ha tenido ocasión de discutir asuntos con

tangencia al caso que nos ocupa.

Así, en S.B. Pharmco v. Registrador,

res. el 18 de mayo de 1999, 99 TSPR 77,

nos enfrentamos a una situación

en la que un contrato de arrendamiento vencido, por haber expirado,

interesaba

ser

cancelado

en

el Registro.

El

Registrador

denegó la

calificación solicitada alegando insuficiencia en el pago de aranceles.

Citando a Correa Sánchez v. Registrador, 113 D.P.R. 581, 590 (1983),

dijimos que el valor del arancel registral requerido para la inscripción

o cancelación de cualquier asiento, ya sea principal o accesorio, queda

establecido en virtud del valor de la finca o derecho a inscribirse o a

cancelarse.

Cuando se tiene por objeto un derecho o interés estimable –

añadimos-, susceptible así de ser justipreciado, bien al presentarse o

cancelarse, nos encontramos ante un acto que envuelve cuantía.

Correa

Sánchez v. Registrador, supra, a las págs. 591-92.

Aclarando aún más, en S.B. Pharmco v. Registrador, supra, elaboramos

sobre lo resuelto en Correa Sánchez v. Registrador, supra, expresando que

la operación registral que pretende cancelar un derecho inscrito, que por

sus propios términos y según surge de la inscripción del mismo ya ha

vencido, según ordena el Artículo 134 de la Ley Hipotecaria, supra, no

puede

envolver

estimable.

cuantía

Como

ni

tiene

consecuencia,

la

por

objeto

inscripción

un

derecho

de

dicho

o

interés

asiento

de

cancelación sólo deberá satisfacer el tipo mínimo de cuatro dólares

($4.00) que contempla el Art. 1 de la Ley de Aranceles, supra.

En S.B. Pharmco teníamos ante nuestra consideración un contrato de

arrendamiento vencido, cosa que se desprendía de sus mismos términos.

acuerdo

con

el

Art.

134

de

la

Ley

Hipotecaria,

supra,

en

De

estas

circunstancias el Registrador viene obligado a cancelar, a instancia de

parte, sin tener que realizar las funciones calificadoras que tendría que

hacer de ordinario en una cancelación.

En el caso particular atendido

allí, la propia ley eximía al Registrador, para la eliminación de tal

inscripción, del procedimiento ordinario antes dicho.

En función de lo

anterior, resolvimos que en esas circunstancias particulares, el arancel

que procedía era el de tipo mínimo, en vista de que la propia letra de la

ley lo distinguía del procedimiento típico de cancelación.

La solución del caso ante nuestra consideración no puede escapar lo

resuelto en S. B. Pharmco y en Correa Sánchez.

hipotecario

que,

extinguido

por

habiendo

mandato

Se trata de un crédito

transcurrido

más

ley.

operación

de

Esta

de

veinte

años,

registral

se

no

ha

puede

envolver cuantía, como tampoco el derecho a cancelar puede ser estimado.

Igual

que

un

vencimiento,

documento

tenemos

ante

que

de

sus

propios

nos

un

derecho

términos

extinguido

por

destila

su

declaración

expresa de ley, según surge del Art. 134 de la Ley Hipotecaria, supra,

que consta así en la publicación que de él hace el Registro y que también

es eximido del rigor del procedimiento ordinario de cancelación.

decir, el Registro no tiene que publicar un hecho nuevo.

Es

Además, el Art.

145 de dicha ley, supra, ordena específicamente a los Registradores que,

a instancia de parte, y verificados los criterios que allí se exponen,

elimine la inscripción una vez transcurrido el término mencionado.

Esta

obligación del Registrador lo exime de ulterior trámite, a diferencia de

lo que acontece con las cancelaciones ordinarias, en las que incluso

estaría precisado a darle publicidad a un hecho que de los propios

términos del Registro no surge.

Contrario a lo que ocurriría al cancelar -como ocurre de ordinarioun derecho estimable o susceptible de ser justipreciado, el derecho cuya

inscripción se interesa eliminar del Registro en este caso, por estar

presentes

en

el

mismo

las

condiciones

que

establecen

los

citados

artículos del Código Civil y la Ley Hipotecaria, carece de valor para

propósitos

del

Art.

Propiedad, supra.

1

de

la

Ley

de

Aranceles

del

Registro

de

la

Por lo tanto, resolvemos que, en esta excepcional

circunstancia, los derechos a pagar corresponden al tipo mínimo que

dispone el Arancel número dos, inciso (d), del Art. 1 de la Ley de

Aranceles del Registro de la Propiedad, supra, y aclaramos que lo aquí

resuelto, así como lo resuelto en S.B.Pharmco, no tiene aplicación a las

cancelaciones que de ordinario se realizan en el Registro de la Propiedad

y que no están cobijadas por las distinciones que la propia ley reconoce.

Después de todo, ya hemos advertido que al computar el arancel sobre

el valor de la finca o derecho, el Registrador debe orientar su criterio

por la cifra que sea más representativa del verdadero valor de la finca o

derecho.

Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 D.P.R. 781, 784

(1978).

Debe, además, descartar el posible valor aparente por el valor

real que satisface la razón y el entendimiento.

Registrador, 105 D.P.R. 136, 142 (1976).

Empire Life Ins. Co. v.

Es decir, el método para

determinar el valor sujeto a arancel acerca la operación registral a la

realidad

del

verdadero

valor

del

inmueble

representan los valores irrisorios.

y

excluye

la

ficción

que

Aponte Parés v. Registrador, 106

D.P.R. 176, 178 (1977).

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

concluimos

que

erró

el

Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección I de Carolina, al

imponerle

a

la

parte

promovente

la

totalidad

del

pago

de

derechos

arancelarios a tenor con el inciso (c) del arancel número dos del Art. I

de la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, supra.

Procederá,

no obstante, el arancel correspondiente de cuatro dólares ($4.00), en

atención a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

JOSÉ A. ANDRÉU GARCÍA

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

ESJ Towers, Inc.

Recurrente

v.

RG-97-2

Recurso

Gubernativo

Honorable Demetrio Torre Rada

Registrador de la Propiedad,

Sección Primera de Carolina

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se dicta sentencia modificando la calificación

recurrida a los efectos de que el Registrador de la

Propiedad proceda a cobrar el arancel correspondiente de

cuatro dólares ($4.00), a tenor con lo aquí expuesto.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo