Tribunal Supremo de Puerto Rico
SUC. GILBERTO ALVAREZ V. HON. PEDRO PIERLUISSI
2000 TSPR 21
Poder Judicial de Puerto Rico
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SUC. GILBERTO ALVAREZ V. HON. PEDRO PIERLUISSI
CC-1998-804
CC-1998-804
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Gilberto Alvarez Crespo y
otros
Recurridos
Certiorari
v.
2000 TSPR 21
Hon. Pedro Pierluisi
Secretario de Justicia del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Recurrente
Número del Caso: CC-1998-0804
Fecha: 11/02/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Lady Alfonso de Cumpiano
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Lizette Mejías Avilés
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Suc. Alvarez Crespo: Lcdo. Luis A. Feliciano Carreras
Materia: Sentencia Declaratoria
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
CC-1998-804
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Gilberto Alvarez
Crespo y otros
Demandantes-Recurridos
v.
CC-1998-804
Hon. Pedro Pierluisi,
Secretario de Justicia del
Estado Libre Asociado de P.R.
Demandado-Recurrente
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río
San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2000
El Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (en adelante el peticionario) acude ante nos
mediante certiorari.
Solicita que revisemos el dictamen del
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de
San Juan1, de 17 de agosto de 1998, mediante el cual revocó
la sentencia del tribunal de instancia declarando sin lugar
una solicitud de sentencia declaratoria.
La
controversia
determinar
1
si
las
en
el
licencias
presente
por
caso
enfermedad
se
ciñe
a
acumuladas
Panel compuesto por su presidenta, la Juez Alfonso de
Cumpiano y los Jueces Giménez Muñoz y Miranda de Hostos;
este último, disintió con opinión escrita.
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3
por un funcionario público fenecido son o no transmisibles a sus
herederos. Concluimos que son transmisibles.
I
El licenciado Gilberto Alvarez Crespo falleció el 1 de mayo
de 1995 mientras fungía como fiscal auxiliar del Departamento de
Justicia de Puerto Rico.
El Lcdo. Alvarez Crespo laboró como
servidor público durante veintiocho (28) años y, a la fecha de su
muerte, tenía acumulados ochenta y dos (82) días de licencia por
enfermedad, lo que conforme a su sueldo, equivalen a $17,739.35.
El peticionario pagó a los herederos del licenciado Alvarez
Crespo
--la
Sucesión
Gilberto
Alvarez
Crespo,
compuesta
por
Gilberto Alvarez Candelario, Zenaida Alvarez Candelario, Dorothy
Alvarez
Ferrer,
Gilberto
Eduardo
Alvarez
Ferrer
y
la
Lcda.
Dorothy Ferrer del Valle (en adelante los recurridos)--, la suma
acumulada por el causante en concepto de licencia por vacaciones.
Sin embargo, denegó el pago de la suma acumulada en concepto de
licencia por enfermedad bajo el fundamento de que ni la Ley de
Personal, ni su Reglamento, contemplaban el mismo.
Inconformes,
el
16
de
julio
de
1996,
los
recurridos
presentaron una “Solicitud de Sentencia Declaratoria” ante el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala
Superior
de
San
Juan,
arguyendo tener derecho a heredar el importe de la licencia por
enfermedad acumulada por el licenciado Alvarez Crespo. El 31 de
marzo
de
tribunal
1998,
de
notificada
instancia
la
el
8
declaró
de
abril
sin
del
lugar
mismo
por
año,
el
entender
que
carecía de autoridad en ley para ordenar el pago, ya que la ley
no provee para que los herederos recobren dicha partida.
No conformes, el 7 de mayo de 1998, los recurridos acudieron
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso de
apelación.
Alegaron
que
el
tribunal
de
instancia
erró
al
declarar sin lugar la demanda de sentencia declaratoria;
al
determinar
era
que
la
doctrina
de
enriquecimiento
injusto
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4
inaplicable al caso;
y al resolver que la ley no establece una
distinción irracional, injustificada e inequitativa.
El
17
de
agosto
de
1998,
el
tribunal
apelativo
dictó
sentencia2 mediante la cual revocó la sentencia apelada, declaró
con
lugar
la
demanda
de
sentencia
declaratoria
y
ordenó
al
Secretario de Justicia pagarle a los herederos del licenciado
Alvarez Crespo el importe de la licencia por enfermedad acumulada
a la fecha de su fallecimiento. Por considerarlo innecesario, no
entró
a
injusto,
dilucidar
trato
los
planteamientos
sobre
injustificado
e
inequitativo
sentencia,
peticionario
enriquecimiento
y
clasificación
irrazonable.
De
dicha
mediante
certiorari
el
presentado
el
20
de
recurre
ante
nos
octubre
de
1998,
aduciendo que:
“[e]rró el Tribunal de Circuito de Apelaciones
al interpretar que procedía el pago del balance
acumulado
de
licencia
por
enfermedad
a
los
herederos del causante, a pesar del texto claro de
la ley.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que el pago del balance acumulado de
licencia por enfermedad es un derecho transmisible
a los herederos.”
El
peticionario
solicita
que
revoquemos
la
sentencia
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones y confirmemos el dictamen del
tribunal
de
instancia
sentencia declaratoria.
declarando
sin
lugar
la
solicitud
de
Tratándose de un asunto sobre el cual
aún no nos hemos expresado, el 10 de febrero de 1999, expedimos
auto de certiorari.
Con el beneficio de las comparecencias de
las partes, estamos preparados para resolver.
II
El artículo 608 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
sec. 2090, define la herencia como:
2
Se archivó en autos copia de su notificación a las partes
el 31 de agosto de 1998.
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5
“[l]a herencia comprende todos los bienes,
derechos y obligaciones de una persona, que no se
extingan por su muerte.”
Por su parte, el artículo 610, 31 L.P.R.A sec. 2092, añade
que:
“[l]os herederos suceden al difunto por el solo
hecho de su muerte, en todos sus derechos y
obligaciones.”
En nuestro derecho sucesorio, al igual que en el español, el
francés
y
el
romano,
la
herencia
comprende
jurídicas
--tanto
activas
como
pasivas--,
patrimonio
de
persona
a
fecha
la
la
de
las
que
su
relaciones
componían
muerte.
Por
el
el
contrario, en el derecho germánico y anglosajón, la herencia es
el conjunto de relaciones jurídicas activas que dimanan luego de
deducir el valor de las obligaciones del causante. Vélez Torres,
Curso de Derecho Civil - Derecho de Sucesiones, 2da ed., San
Juan, 1992, t. IV, v. III, pág. 8.
En
cuanto
obligaciones
de
a
la
una
heredabilidad
persona
de
los
fallecida,
el
bienes,
derechos
tratadista
y
Lacruz
Berdejo3 expresa que:
“[e]l Código no da una regla general acerca de
ello, y como tampoco en todos los supuestos
particulares
se
pronuncia
acerca
de
la
heredabilidad de determinados elementos, habrá que
decidir sobre este punto conforme a la finalidad de
cada uno de ellos, su contenido social y la
apreciación que en casos semejantes hace la ley.”
(Enfasis nuestro.)
Sobre el mismo asunto, nos comenta el catedrático Efraín
González Tejera que:
“[E]l Código Civil no contiene una regla
uniforme sobre los bienes, derechos y obligaciones
que son transmisibles por herencia y los que, por
ser personalísimos, concluyen con la vida del
titular. Sin embargo, podemos afirmar, que la regla
general es la naturaleza transmisible de todos los
elementos integrantes del patrimonio de una persona
fallecida.... Como señala Puig Brutau, a la regla
general de transmisibilidad se le ha reconocido
3
Lacruz Berdejo, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Bosch,
1971, pág. 26.
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6
algunas
excepciones
que
‘corresponden
a
los
derechos de carácter público, los personalísimos o
ligados de manera esencial a la persona del titular
y
los
derechos
patrimoniales
de
carácter
4
vitalicio.’ (Nota omitida.)”
En ausencia de una regla uniforme en nuestro Código Civil en
torno
a
la
transmisibilidad
de
los
derechos
y
obligaciones,
hacemos referencia al estudio realizado por el tratadista español
José
Brutau5,
Puig
con
respecto
transmisibles
por
herencia.
transmisibles
por
herencia,
patrimoniales;
los
derechos
a
las
relaciones
Según
Puig
Brutau,
jurídicas
entre
otros:
los
socio
en
sociedades
de
las
son
supra,
derechos
de
capitales; la cualidad de socio en las sociedades de personas; la
acción
para
impugnar
los
reclamar
actos
la
o
filiación
negocios
legítima;
jurídicos
la
acción
realizados
para
por
el
causante en fraude de la legítima; las diversas modalidades de la
propiedad
industrial;
el
derecho
de
autor;
las
obligaciones,
salvo las de carácter personalísimo o cuando se trata de una
prestación infungible; la propiedad funeraria; el derecho del
causante a obtener indemnización por los daños y perjuicios que
le hayan ocasionado en vida.
Por el contrario, no son transmisibles por herencia: las
relaciones jurídicas de carácter público, las personalísimas y
las de contenido patrimonial de duración vitalicia; los derechos
reales de carácter vitalicio; algunos derechos de crédito; los
derechos
y
deberes
que
integran
excepto
los
de
contenido
transmisible;
los
derechos
las
relaciones
exclusivamente
que
emergen
de
familiares,
patrimonial
un
y
contrato
de
arrendamiento; los derechos obtenidos como beneficiario en virtud
de
la
legislación
de
accidentes
del
trabajo;
el
derecho
al
4
E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San
Juan, 1983, vol. I, pág. 247.
5
Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,
Barcelona, Bosch, 1975, t. V, vol. I, págs. 44-63.
2da
ed.,
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7
nombre;
las
cantidades
que
el
asegurador
deba
entregar
al
asegurado, en cumplimiento del contrato.6
Por su parte, Lacruz Berdejo añade que:
“[n]o
sólo
se
transmiten
los
derechos
subjetivos
ya
nacidos,
sino
también
los
in
fieri....‘[E]l art. 661 proclama que la sucesión a
título universal transmite al heredero el conjunto
de las relaciones jurídicas del causante que no se
extinguen, por razón de su propia naturaleza, con
su muerte, y por tanto ha de operarse la
transmisión en todas sus obligaciones;
pero
también
en
todos
sus
derechos,
ya
estén
consolidados o en vías de consolidación; pues
cuando la posibilidad de ejercitar un derecho
depende del transcurso de un plazo al morir el
causante, el heredero podrá ejercitarlo cuando
transcurra dicho plazo, incluso sin esperar a la
adjudicación... y si esta posibilidad existe en
cuanto a derechos que no pudo ejercitar en vida el
causante, ha de estar legitimado con mayor razón al
suceder en aquellos cuyas acciones pudo ejercitar
dicho causante, aun [sic] cuando por las razones
que fuera no las hubiera ejercitado.’” (Enfasis
suplido.)7
Veamos, pues, las definiciones de ambas licencias en aras de
evaluar
si
se
justifica
que
el
legislador
no
haya
querido
otorgarle carácter de heredable a la licencia por enfermedad.
La
Orden
Administrativo
Ejecutiva
Núm.
de
22
5288A,
de
febrero
define
la
6
de
1989,
licencia
Boletín
de
Nótese, que esta numeración corresponde a bienes, derechos
y
obligaciones
que
no
se
transmiten
por
herencia,
independientemente de que puedan transferirse de otro modo.
7
Lacruz Berdejo, op. cit., págs. 48-49.
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8
vacaciones como:
“[l]a
licencia
de
vacaciones
tiene
como
propósito ofrecer al funcionario un período de
descanso y distracción que lo releve temporalmente
de las labores y responsabilidades inherentes a su
cargo,
sin
pérdida
de
los
emolumentos
correspondientes. Con ello se pretende proteger la
salud
del
funcionario
y
fomentar
la
unidad
familiar.”
Por su parte, sobre la licencia de enfermedad, dispone que:
“[e]l objeto de la licencia por enfermedad es
autorizar la ausencia del funcionario cuando éste
se encuentra enfermo, impedido temporalmente para
el desempeño efectivo de su cargo, o expuesto a una
enfermedad
contagiosa
que
requiera
mantenerlo
alejado del centro de trabajo.”
Conforme al informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara
de Representantes de 4 de marzo de 19728 y a lo resuelto en
Caballero v. Sistema de Retiro, 129 D.P.R. 146 (1991), el pago
global de la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada por
el funcionario público a su separación del servicio fue otorgado
por el legislador para (1) fomentar el buen uso de la licencia de
enfermedad
y (2) evitar la exclusión de los participantes del sistema de
retiro que se acogen a la jubilación.
Allí mismo, establecimos que:
“[e]l propósito de fomentar el buen uso de
esta licencia se logra reconociéndole, como derecho
al funcionario o empleado, que se le pagará la
licencia acumulada al momento de su separación de
manera que, consciente de que se le pagará y no la
perderá, la utilizará con mayor circunspección. El
propósito de incluir a los participantes del
Sistema de Retiro se cumple igualando su derecho
con el de aquel empleado no participante en dicho
sistema.”9
Cabe indicar que tanto la licencia de vacaciones como la de
enfermedad
son
beneficios
marginales
creados
para
atraer
o
retener empleados públicos. Sobre este asunto, la sección 5.15 de
8
En torno al P. de la C. 1584, págs. 3-4.
9
Caballero v. Sistema de Retiro, supra, pág. 160.
CC-1998-804
9
la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, según
enmendada, supra, dispone que:
“[a]demás de los beneficios marginales que se
establecen para los empleados públicos mediante
leyes especiales, incluyendo las disposiciones
vigentes
sobre
días
feriados,
éstos
tendrán
derecho, entre otros, a los siguientes, según se
disponga mediante reglamento:
(1) licencia de vacaciones;
(2) licencia por enfermedad;
(3) ....
(4) ....”
En J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581, 594 (1990)
reiteramos la norma establecida en J.R.T. v. Junta Adm. Muelle
Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318, 332-333 (1988) sobre las licencias
por enfermedad. La misma sostiene que:
“[e]n su esencia, la licencia por enfermedad
con sueldo es algo más que un beneficio marginal
común y corriente de un empleado. Es una necesidad
fundamental para el trabajador puertorriqueño que
surge de una necesidad involuntaria no imputable al
trabajador.
Cuando
esta
licencia
se
hace
acumulativa, tanto el patrono como el empleado
derivan beneficios de la misma, pues con ella se
disuade el ausentismo y se le provee al trabajador
la oportunidad de acumular la licencia para cuando
la necesite por razones de enfermedad.” (Enfasis en
el original.)
Resumiendo, el
artículo 608 del Código Civil, supra,
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10
dispone que todos los bienes o derechos patrimoniales, existentes
a la fecha de la muerte del causante, son transmisibles. En vista
de que la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada por el
fenecido Gilberto Alvarez Crespo, es un bien patrimonial, debe
transmitirse a sus herederos.
Cabe señalar que el referido artículo es una disposición de
aplicación general. De modo que, para que determinado bien o
derecho patrimonial sea transmisible, no es necesario que una ley
así lo especifique. No obstante lo anterior, para un análisis más
completo del asunto ante nos, veamos las disposiciones relativas
al
pago
global
de
licencia
de
vacaciones
y
enfermedad
de
funcionarios y empleados públicos.
III
La Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3
L.P.R.A. sec. 703 et seq, regula los pagos globales de licencias
por vacaciones y enfermedad acumuladas y no utilizadas, en los
casos en que los funcionarios y empleados públicos --excepto los
de la Rama Ejecutiva nombrados por el Gobernador y los de las
instrumentales
y
corporaciones
públicas--
se
desvinculan
del
servicio público por cualquier causa. En su artículo 2, dispone
que:
“[t]odo funcionario o empleado del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
excepto
los
funcionarios de la Rama Ejecutiva nombrados por el
Gobernador
y
los
de
instrumentalidades
y
corporaciones públicas, tendrá derecho a que se le
pague y se le pagará una suma global de dinero por
la licencia de vacaciones que tuviere acumulada
hasta un máximo de sesenta (60) días laborables a
su separación del servicio por cualquier causa, y
por
la
licencia
por
enfermedad
que
tuviere
acumulada, hasta un máximo de noventa (90) días
laborables a su separación del servicio para
acogerse a la jubilación si es participante de
algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno,
y si no lo fuere, a su separación definitiva del
servicio si ha prestado, por lo menos, diez (10)
años de servicios.
Esta suma global por concepto
de ambas licencias se pagará a razón del sueldo que
el funcionario o empleado estuviere devengando al
momento
de
su
separación
del
servicio
e
independientemente
de
los
días
que
hubiere
CC-1998-804
11
disfrutado de estas licencias durante el año. Las
disposiciones de esta sección son aplicables a los
fiscales,
procuradores
y
registradores
de
la
propiedad.
Se faculta a los funcionarios nominadores para
autorizar tal pago.
Al cesar la prestación de servicios, el puesto
que venía desempeñando el funcionario o empleado se
considerará vacante y no se considerará como tiempo
servido el período posterior a la fecha en que cesó
la prestación de servicios, equivalente en tiempo
de licencia a dicho pago final.
Si la separación del servicio fuere motivada
por la muerte del funcionario o empleado, se les
pagará a sus beneficiarios la suma que hubiere
correspondido a éste, por razón de la licencia de
vacaciones no utilizada, conforme se dispone en
esta sección.”
A tenor con dicho artículo y con lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley Núm. 141 de 30 de junio de 1966, según enmendada, 3
L.P.R.A. sec. 133b-110, los Fiscales del Departamento de Justicia
tienen
derecho
a
acumular
y
disfrutar
de
la
licencia
de
vacaciones y enfermedad, de conformidad con lo provisto en el
artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra.
No obstante, con respecto a los funcionarios nombrados por
el Gobernador –-excepto los miembros de la Judicatura, Fiscales,
Procuradores y Registradores de la Propiedad--, rige el artículo
3 de la Ley Núm. 125, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 703 (b),
el cual establece que:
“[e]l Gobernador reglamentará todo lo relativo
a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía
del pago de compensación final, incluyendo el pago
a los beneficiarios en casos de muerte, a los
funcionarios nombrados por él, con excepción de los
miembros
de
la
Judicatura,
los
fiscales,
procuradores y registradores de la propiedad.
A
los efectos del pago de compensación final, que en
10
El artículo 2 de la Ley Núm. 141, supra, dispone lo
siguiente con relación a las licencias de vacaciones y
enfermedad:
“[l]os fiscales y procuradores del Departamento
Justicia
tendrán derecho a
...continúa
10
de
...continuación
acumular y disfrutar licencia de vacaciones y de
enfermedad de conformidad con las normas aplicables a
los demás empleados del Departamento.”
CC-1998-804
12
ningún caso excederá el equivalente a seis (6)
meses
de
sueldo,
el
Gobernador
tomará
en
consideración, entre otros, factores tales como las
necesidades del servicio, la naturaleza de las
funciones desempeñadas y los créditos de licencia
de vacaciones acumuladas en empleos anteriores en
el Gobierno y no disfrutada [sic] al pasar a ocupar
puestos de nombramiento por el Gobernador.
Los presidentes de las Cámaras Legislativas
reglamentarán lo relativo a los funcionarios y
empleados de la Asamblea Legislativa, en lo
concerniente a concesión y disfrute de licencias, y
en lo concerniente al pago de compensación final se
ajustarán a lo dispuesto en la sec. 703a de este
título.”
De una simple lectura del cuarto párrafo del artículo 2 de
la
Ley
Núm.
exceptuó
a
125,
los
correspondido
al
supra,
podría
colegirse
herederos
del
de
funcionario
o
pago
empleado
la
que
el
suma
por
a
evaluar
la
intención
legislativa,
que
hubiese
concepto
licencia por enfermedad acumulada y no utilizada.
previo
legislador
veamos
de
la
Sin embargo,
las
normas
aplicables a la interpretación de las leyes y al principio de
hermenéutica legal.
El artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
sec. 14, dispone que, cuando la ley es clara y libre de toda
ambigüedad, la letra de la ley no debe ser menospreciada bajo el
pretexto de cumplir con su espíritu.11
Empero, en Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla,
Opinión de 29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___, 97 J.T.S.
152, reiteramos lo resuelto en Pueblo v. Ortega Santiago, 125
D.P.R. 203, 214 (1990) sobre la discreción judicial. Allí dijimos
que:
“[l]os
tribunales
estamos
autorizados
a
interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no
son claras o concluyentes sobre un punto en
particular;
cuando el objetivo, al realizarlo, es
el de suplir una laguna en la misma; o cuando, con
el propósito de mitigar los efectos adversos de la
aplicación
de
una
ley
a
una
situación
en
11
Véase, además, Pueblo En Interés del Menor J.M.R., Opinión
de 12 de noviembre de 1998, 98 T.S.P.R. 151, 98 J.T.S. 146;
Municipio de San Juan v. Banco Gubernamental de Fomento, Opinión
de 21 de mayo de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 J.T.S. 73.
CC-1998-804
13
particular,
la
justicia
(Enfasis en el original.)
así
lo
requiere....”
Por su parte, los tratadistas Bernier y Cuevas Segarra12
añaden que:
“[a]l aplicar una ley siempre es necesario
interpretarla. (Citas omitidas.) Eso es así ya sean
oscuras o claras las palabras de la ley, por lo que
se puede decir que es falso afirmar que sólo las
leyes oscuras deben ser interpretadas....”
En Municipio de San Juan v. Banco Gubernamental de Fomento,
supra, aclaramos que cuando el lenguaje de un
estatuto
no
necesario
rechazar
claramente
muestra
claramente
la
contraria
la
intención
interpretación
a
la
legislativa,
es
cuando
es
literal,
verdadera
intención
o
ésta
propósito
legislativo.
En Goss v. Dycrex Construction Co., Opinión de 9 de julio de
1996, 141 D.P.R. ___, 96 J.T.S. 103, pág. 1388, sostuvimos que:
“[a]nte la letra de una ley ambigua o
incierta, tenemos la obligación de inclinarnos
‘hacia aquella solución que mejor capte el impacto
del estatuto en términos del bienestar general y
que mejor perciba la intención legislativa al
adoptar la norma enfilada a propiciar el interés
público...’. (Citas omitidas.)” (Enfasis en el
original.)
En
cuanto
establecimos
en
a
la
Pueblo
interpretación
v.
Zayas
literal
Rodríguez,
de
la
Opinión
de
ley,
17
de
febrero de 1999, 99 T.S.P.R. 15, 99 J.T.S. 16, que la letra de la
ley no debe ser seguida ciegamente en casos que no caen dentro de
su espíritu y fin.
Sobre el mismo asunto, Bernier y Cuevas Segarra manifiestan
que:
“[a]l interpretar la ley, cualquier modalidad
que se utilice debe estar fundada en las reglas que
gobiernan la palabra y el pensamiento, ya que la
ley no es letra muerta sino que tiene un contenido
espiritual. Por ende, la interpretación no puede
12
R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e
Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs.
J.T.S., 1987, pág. 259.
CC-1998-804
14
ser únicamente literal, ni únicamente lógica, sino
ambas a la vez.”13
Como explicó el entonces Juez Presidente señor Trías Monge,
en Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975):
“[a]ún cuando el idioma en su interpretación literal
contradiga el propósito de una disposición estatutaria, lo
que debe ceder es el idioma y no la realidad que motiva el
estatuto. Importa en consecuencia penetrar la superficie
verbal del problema ante nos, precisar el diseño y la
razón de ser de las disposiciones legales que aquí nos
ocupan, sopesar los intereses en juego, para intentar
acercarnos a la interpretación más justiciera.”
Por último, en cuanto a la interpretación integral de las
leyes,
el
artículo
18
del
Código
Civil
de
Puerto
Rico,
31
L.P.R.A. sec. 18, dispone que:
“[l]as leyes que se refieren a la misma
materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser
interpretadas refiriendo las unas a las otras, por
cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos
pueda ser tomado para explicar lo que resulte
dudoso en otro.”14
Bernier y Cuevas Segarra señalan que, según la regla de
hermenéutica
legal
denominada
“expressio
unius
est
exclusio
alterius”, la mención específica de una persona o cosa implica la
exclusión de otras personas o cosas, independientemente de si la
mención
es
afirmativa
o
negativa.15
No
obstante,
allí
mismo
aclaran que dicha regla no es de aplicación universal. A esos
fines establecen que:
“[e]sta regla de expressio unius est exclusio
alterius debe aplicarse con gran cuidado porque no
es de aplicación universal. No es absoluta, pues su
fin
primordial
es
determinar
la
intención
legislativa y, cuando esta intención surge de otra
manera,
no
debe
utilizarse
como
medio
de
interpretación si su aplicación está en pugna con
el pensamiento del lgislador. (Cita omitida.)
Hay que cuidarse de que la enumeración que
haga el texto no sea sólo un simple ejemplo. (Cita
omitida.) También hay que cuidarse de que ‘la
exclusión no sea una inadvertencia o accidente’. No
13
Id., pág. 263.
14
Véase, además, Pueblo v. Zayas Colón, Opinión de 9 de
octubre de 1995, 139 D.P.R. ___, 95 J.T.S. 127.
15
Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 345.
CC-1998-804
15
debe ser utilizada cuando su aplicación, teniendo
en cuenta la materia a la que ha de ser aplicada,
conduce a incompatibilidad o injusticia. (Cita
omitida.) Además, esta regla constituye únicamente
una ayuda para fijar el significado de la ley y
debe ceder cuando surge una intención contraria de
parte del legislador. (Cita omitida.) ... ”16
(Enfasis nuestro.)
A
tenor
de
lo
resuelto
en
Pueblo
v.
Ferreira
Morales,
Opinión de 10 de diciembre de 1998, 98 T.S.P.R. 165, 98 J.T.S.
150, los tribunales debemos interpretar los estatutos teniendo
presente el propósito social que los inspiró, dándoles un sentido
lógico
a
sus
diversas
disposiciones
y
supliendo
posibles
deficiencias en los casos en que sea necesario.
Reiteradamente, hemos resuelto que cualquier interpretación
de
ley
que
conduzca
a
una
conclusión
absurda,
ha
de
ser
rechazada. Así, pues, al ejercer nuestra función interpretativa,
estamos obligados a armonizar, en la medida posible, todas las
disposiciones de ley envueltas en aras de obtener un resultado
más sensato, lógico y razonable. Municipio de San Juan v. Banco
Gubernamental de Fomento, supra.
No obstante, como bien señaló el tribunal apelativo en su
sentencia de 17 de agosto de 1998 en el caso de autos, “al
adjudicar intención al legislador por omisión, es deber de los
tribunales cerciorarnos de que esa intención está fundamentada,
pues
de
lo
contrario,
podríamos
desvirtuar
los
verdaderos
propósitos de la ley, así como su fin primordial, que es hacer
justicia.” 17
A
esos
fines,
veamos
el
desarrollo
legislativo
y
jurisprudencial del derecho de los empleados públicos al disfrute
de las licencias por vacaciones y enfermedad acumuladas.
IV
16
Id., pág. 346.
17
Apéndice, pág. 9.
CC-1998-804
16
El
artículo
2
de
la
Ley
Núm.
125, supra, según
originalmente aprobado18, dispone para el pago de una suma global
por
licencia
de
vacaciones
acumuladas,
a
los
funcionarios
o
empleados públicos que renuncien a sus puestos o se separen del
servicio
por
abandono.19
cualquier
Nada
causa,
dispone
en
excepto
cuanto
al
muerte,
destitución
pago
licencias
de
o
por
enfermedad acumuladas.
La Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm. 92 de 19 de
junio de 1968, enmendó el artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, a
los fines de eliminar la muerte como causal de exclusión al
derecho
al
pago
de
la
licencia
por
vacaciones
acumuladas.20
Empero, añadió el cuarto párrafo para disponer que, cuando la
separación del servicio se deba a la muerte del funcionario o
18
El artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, según
originalmente aprobado el 10 de junio de 1967, disponía que:
“[a]l renunciar su puesto, o a la separación del
servicio por cualquier causa que no fuere la
muerte, la destitución o el abandono del servicio,
todo funcionario o empleado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, excepto los funcionarios
de la Rama Ejecutiva nombrados por el Gobernador y
los de instrumentalidades o corporaciones públicas,
tendrá derecho a que se le pague, y se le pagará,
una suma global de dinero por la licencia de
vacaciones que tuviere acumulada a la fecha de su
separación del servicio, hasta un máximo de sesenta
(60) días laborables.
Se faculta a los
autorizar tal pago.
funcionarios
nominadores
para
Al cesar la prestación de servicios, el puesto que
venía desempeñando el funcionario o empleado se
considerará vacante y no se considerará como tiempo
servido el período posterior a la fecha en que cesó
la prestación de servicios, equivalente en tiempo a
dicho pago final.”
19
Conforme al Informe de la Comisión de Gobierno de la
Cámara de Representantes, el propósito de la medida fue permitir
cubrir las vacantes sin necesidad de esperar a que el empleado
agotara las vacaciones acumuladas. Informe de 25 de abril de
1966, P. de la C. 567.
20
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes,
mediante su Informe de 21 de mayo de 1968, P. del S. 710, expresó
en torno a dicha medida que “su muerte no debe constituir una
prescripción de ese derecho.”
CC-1998-804
17
empleado, los beneficiarios de éste tendrán derecho a reclamar el
pago de la licencia por vacaciones no utilizada. Así dispone que:
“[s]i
la
separación
del
servicio
fuere
motivada por la muerte del funcionario o empleado,
se les pagará a sus beneficiarios la suma que
hubiere correspondido a éste, por razón de la
licencia de vacaciones no utilizada, conforme se
dispone en este artículo.”21
Posteriormente, la Ley Núm. 37 de 25 de mayo de 1972 enmendó
el artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra, para
eliminar la destitución y el abandono como causales de exclusión
al derecho al pago de la licencia por vacaciones
su
lugar,
dispone
para
el
pago
de
dicha
acumuladas.
licencia
separación del servicio sea “por cualquier causa”.22
primera
vez,
incorporó
el
derecho
al
pago
de
cuando
En
la
Además, por
licencia
por
enfermedad. Así reza el primer párrafo del referido artículo:
“[t]odo funcionario o empleado del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
excepto
los
funcionarios de la Rama Ejecutiva nombrados por el
Gobernador
y
los
de
instrumentalidades
y
corporaciones públicas, tendrá derecho a que se le
pague, y se le pagará, una suma global de dinero
por la licencia de vacaciones que tuviere acumulada
hasta un máximo de sesenta (60) días laborables, a
su separación del servicio por cualquier causa; y
por
la
licencia
por
enfermedad
que
tuviere
acumulada, hasta un máximo de noventa (90) días
laborables, a su separación del servicio para
acogerse a una pensión por retiro por edad o por
incapacidad.
Esta suma global por concepto de
ambas licencias se pagará a razón del sueldo que el
funcionario o empleado estuviere devengando al
momento
de
su
separación
del
servicio
e
independientemente
de
los
días
que
hubiere
disfrutado de estas licencias durante el año.”
Dicha
enmienda,
contrario
a
la
Ley
Núm.
125,
según
inicialmente aprobada, nada dispone en cuanto a la licencia por
enfermedad en aquellos casos en que la separación del servicio
21
Desde luego, nada dispuso en cuanto a la transmisibilidad
de la licencia por enfermedad acumulada puesto que, para esa
fecha, tampoco a los funcionarios o empleados públicos se les
reconocía el derecho a tal licencia.
22
Nótese que, aún cuando la legislatura utilizó un lenguaje
específico, su intención no fue excluir a ningún empleado por
razón de la índole de su jubilación. Así lo aclaró en el Memorial
Explicativo de 12 de noviembre de 1973.
CC-1998-804
18
fuere motivada por la muerte del funcionario o empleado.23 Tampoco
contiene lenguaje excluyente.
El 23 de julio de 1974, se aprobó la Ley Núm. 198 para
enmendar el artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada,
supra, a los fines de aclarar cuándo procederá el pago de la
licencia por enfermedad acumulada. Al respecto, se decretó que “y
por la licencia por enfermedad que tuviere acumulada, hasta un
máximo
de
noventa
(90)
días
laborables,
a
su
separación
del
servicio para acogerse a la jubilación si es participante de
algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno y si no lo
fuere, a su separación definitiva del servicio si ha prestado,
por lo menos, diez años de servicios....”
Por último, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley Núm.
125, según enmendada, supra, fue modificado por la Ley Núm. 40 de
13 de diciembre de 1990, con motivo de reconocer por ley el
derecho
de
los
Fiscales,
Procuradores
y
Registradores
de
la
Propiedad del Departamento de Justicia a acumular las licencias
de vacaciones y enfermedad.24
Cabe
señalar
que,
previo
a
1990,
las
licencias
de
los
fiscales se liquidaban mediante compensación final, al amparo del
artículo 3 de la Ley Núm. 125, según originalmente aprobada en 10
de junio de 1967. Posteriormente, dicho precepto fue enmendado
mediante la Ley Núm. 55 de 19 de junio de 1969, a los fines de
disponer para el pago a los beneficiarios en caso de muerte.
Sobre el particular, la primera oración del primer párrafo de la
referida ley establece que “[e]l Gobernador reglamentará todo lo
relativo a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía del
23
El cuarto párrafo del artículo 2, según aprobado mediante
la Ley Núm. 92, supra, no sufrió enmiendas.
24
Así, pues, añadió al final del primer párrafo del artículo
2 que “[l]as disposiciones de este artículo serán aplicables a
los Fiscales, Procuradores y Registradores de la Propiedad del
Departamento de Justicia”.
CC-1998-804
19
pago
de
compensación
final,
incluyendo
el
pago
a
los
beneficiarios en casos de muerte, a los funcionarios nombrados
por él, con excepción de los miembros de la Judicatura.”
No fue hasta 199025, que el legislador excluyó a los fiscales
de
la
aplicación
del
artículo
3
de
la
Ley
Núm.
125,
según
enmendada, supra, y reconoció el derecho de éstos a acumular las
licencias de vacaciones y enfermedad Es decir, hasta entonces,
los beneficiarios de un fiscal fenecido tenían derecho al pago de
la compensación final correspondiente.
Por otra parte, el artículo 12.020 de la Ley Núm. 81 de 30
de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
199126, contiene un lenguaje similar al del artículo 2 de la Ley
Núm. 125, según enmendada, supra. El referido artículo 12.020,
dispone
lo
siguiente
en
cuanto
al
pago
global
de
licencias
acumuladas a funcionarios o empleados municipales:
“[a]l renunciar a su puesto, o a la separación
definitiva del servicio público por cualquier
causa, todo funcionario o empleado municipal tendrá
derecho a percibir, y se le pagará en un término no
mayor de treinta (30) días, una suma global de
dinero por la licencia de vacaciones que tuviere
acumulada a la fecha de su separación del servicio,
hasta un máximo de sesenta (60) días laborables.
De igual forma, a todo funcionario y empleado
municipal se le pagará la licencia por enfermedad
que tenga acumulada, hasta un máximo de noventa
(90) días laborables, a su separación del servicio
para acogerse a la jubilación si es participante de
algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si no lo
fuere a su separación definitiva del servicio, debe
haber prestado, por lo menos, diez (10) años de
servicios. Esta suma global por concepto de ambas
licencias se pagará a razón del sueldo que el
funcionario o empleado esté devengando al momento
de su separación del servicio, independientemente
de los días que hubiere disfrutado de estas
licencias durante el año.
25
Mediante la Ley Núm. 40, supra.
26
21 L.P.R.A. sec. 4570.
CC-1998-804
20
Se faculta a
autorizar tal pago.
la
autoridad
nominadora
para
Si la separación fuere motivada por la muerte
del funcionario o empleado, se le pagará a sus
herederos la suma que hubiere correspondido a él
por razón de las licencias de vacaciones y de
enfermedad no utilizadas, según fuere el caso,
conforme a lo dispuesto en esta sección....”
(Enfasis nuestro.)
En
cuanto
a
la
afinidad
entre
ambas
disposiciones,
el
Secretario de Justicia27 señala que:
"[e]l referido artículo [12.020] contiene
disposiciones muy similares al Artículo 2 de la Ley
Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3
L.P.R.A. sec. 703a, y por tal razón le son
aplicables las mismas interpretaciones legales de
que ha sido objeto el mencionado Artículo 2.”
La similitud entre dichos artículos, así como el criterio
del
Secretario
interpretaciones
de
de
Justicia
uno
son
con
aplicables
respecto
al
otro,
a
que
nos
las
lleva
a
concluir que el legislador no quiso distinguir entre los derechos
de los herederos de un funcionario público y los
de un empleado municipal. Aún más, nótese que el artículo 12.020
de la Ley Núm. 81, supra, fue aprobado con posterioridad al
artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra. Podríamos,
entonces,
concluir
heredable
a
las
que
el
licencias
legislador
por
le
enfermedad
otorgó
carácter
acumuladas
en
de
ambos
casos. ¿Por qué habría de querer el legislador penalizar a los
herederos de un funcionario público del gobierno central que se
dedicó al servicio público hasta su muerte?
Cabe señalar que, la ley también le confiere el derecho al
pago de licencia por enfermedad a los herederos de los empleados
de la rama judicial, al amparo de la sección 19.9 del Reglamento
de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial,
4 L.P.R.A. Ap. XIII.28
27
LXIV Op. Srio. Just. Núm. 24 de 1993.
CC-1998-804
21
Sería un contrasentido interpretar que, en caso de muerte,
los herederos de un funcionario municipal y de un empleado de la
rama judicial tienen derecho a reclamar la licencia de enfermedad
acumulada
por
su
causante,
no
así,
los
herederos
de
un
funcionario público del gobierno central.
En Dorante v. Wrangler of P.R., Opinión de 27 de abril de
1998, 145 D.P.R. ___, 98 J.T.S. 49, reiteramos que, además del
texto de la ley, el historial legislativo del estatuto puede ser
consultado para descubrir la intención del legislador.
En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 40, supra, la
Asamblea Legislativa –-haciendo referencia a la Orden Ejecutiva
de 1 de diciembre de 1967, Boletín Administrativo Núm. 1312,
según
enmendada--,
aclaró
que,
aún
cuando
los
Procuradores
Especiales de la Sala de Relaciones de Familia, los Fiscales y
los Registradores de la Propiedad son funcionarios nombrados por
el Gobernador, éstos, por excepción, tienen derecho a acumular y
disfrutar las licencias de vacaciones y enfermedad, por cuanto
dichos cargos están adscritos al Departamento de Justicia.
Con respecto a la acumulación y disfrute de tales licencias
estableció lo siguiente:
“[f]undado precisamente en la uniformidad y
consistencia que se pretendió insuflar a la norma
en cuestión, a la hora de la desvinculación o cese
en el servicio de dichos funcionarios tampoco se ha
hecho distinción entre ellos y el resto de los
empleados
del
Departamento
de
Justicia,
considerándolos
indistintamente
bajo
un
mismo
régimen
estatutario.
En
este
sentido,
el
Departamento de Justicia tradicionalmente entendía
que este grupo de funcionarios eran empleados
28
Dicha sección dispone lo siguiente en cuanto al pago
global de licencias de vacaciones y enfermedad al separarse del
servicio un empleado de la rama judicial:
“[t]odos los empleados, o sus sucesores en derecho,
separados
del
servicio
por
cualquier
causa,
incluyendo destitución, tendrán derecho a un pago
global por la licencia de vacaciones y licencia por
enfermedad acumuladas que tuvieran a su crédito a
la fecha de su separación del servicio, hasta un
máximo de noventa (90) días laborables por cada
tipo de licencia....”
CC-1998-804
22
regulares para los fines de liquidación de sus
licencias, extendiéndoseles un pago global de hasta
60 días de vacaciones y 90 días por enfermedad
dependiendo de las circunstancias particulares del
caso.”
El memorial explicativo de 12 de noviembre de 1973 sobre la
enmienda al artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, mediante la Ley
Núm. 37 de 25 de mayo de 1972, aclaró que la misma:
“[r]espondió a una preocupación de la Oficina
de Personal relacionada con el problema del uso
indebido de esta licencia.
Debido a que la
licencia por enfermedad es acumulable hasta un
máximo de noventa días, la tendencia de los
empleados es a utilizarla para no perderla aunque
no sea por razones válidas de enfermedad.
Como
incentivo para inducir a los empleados a hacer un
mejor uso de esta licencia, se propuso el pago de
una suma global por la licencia que éstos tuvieran
acumulada a la fecha de su separación del servicio
para acogerse a la jubilación.”
El
informe
de
la
Comisión
de
Gobierno
de
la
Cámara
de
Representante de 4 de marzo de 1972 añadió al respecto que:
“[e]l propósito de esta propuesta es proveer
un incentivo para inducir a los empleados públicos
a un mejor uso de la licencia por enfermedad para
evitar la práctica señalada y, por otra parte,
añadiría un beneficio marginal adicional lo cual es
un incentivo para atraer y retener personal idóneo
al servicio de carrera pública.”29
Asimismo, el Senado de Puerto Rico, en su informe de 19 de
junio de 1974, recomendó la aprobación del Proyecto
del Senado 719 de 12 de marzo de 197430, cuyo propósito era
liberalizar lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Núm. 125,
según enmendada, supra, como una medida de justicia para los
empleados públicos.
Aún más, tan reciente como en 1996, el legislador reafirmó
su
interés
licencias
por
de
premiar
al
vacaciones
y
empleado
público
enfermedad
de
que
utiliza
las
forma
prudente
y
29
Véase, además, Caballero v. Sistemas de Retiro, supra,
págs. 158-159.
30
Tras su aprobación, pasó a ser la Ley Núm. 198 de 23 de
julio de 1974.
CC-1998-804
23
razonable.
Sobre
dicho
asunto,
expresó
en
la
Exposición
de
Motivos de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 199631 que:
“[e]l Gobierno de Puerto Rico tiene el interés
de identificar los medios necesarios para ofrecer
al
empleado
público
aquellos
beneficios
que
promuevan el adecuado uso de las licencias por
enfermedad y vacaciones, retener el personal que ha
colaborado en el desarrollo de los logros obtenidos
a
través
de
los
años
y
atraer
aquellos
profesionales que tienen el interés de aportar
esfuerzos y trabajo a la dura labor de gobierno.”
Reconocer que un funcionario público que no ha utilizado al
máximo su licencia por enfermedad en vida puede transmitir a sus
herederos el derecho a que se les compense por ese concepto,
redunda
en
evitar
el
uso
irrazonable
de
la
licencia
por
el
funcionario.
Examinados los principios normativos expuestos, veamos su
aplicación al caso de marras.
V
El licenciado Gilberto Alvarez Crespo fungió como fiscal
auxiliar
durante
veintiocho
(28)
años.
Su
separación
del
servicio público se debió a su fallecimiento el 1 de mayo de
1995. Es decir, a su separación definitiva del servicio público —por causa de muerte--, había prestado más de diez (10) años de
servicio.
Por
tanto,
cumplió
con
los
requisitos
para
tener
derecho al pago global de licencia por enfermedad establecidos en
el artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra, a
saber, (1) que se separe definitivamente del servicio;
y (2) que
el empleado público haya prestado por lo menos diez (10) años de
servicio.32
No
obstante,
el
Lcdo.
Alvarez
Crespo
se
vio
31
Para enmendar la sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de
octubre de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley de
Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. sec.
1355.
32
Es de notar que, aunque el Lcdo. Alvarez Crespo era
participante del sistema de retiro gubernamental, no le aplicaba
el primer supuesto del antes citado artículo 2 de la Ley Núm.
125, por cuanto su separación del servicio no fue para acogerse a
la jubilación.
CC-1998-804
24
imposibilitado
de
disfrutar
de
su
derecho
a
con
el
referido
debido
a
su
articulado,
el
fallecimiento.
Indudablemente,
tenor
licenciado Alvarez Crespo hubiese sido elegible al pago de la
suma global acumulada por concepto de licencia por enfermedad, de
su separación definitiva del servicio público haber sido motivada
por otra causal que no fuera su muerte. En cuyo caso, tendría
derecho al pago de $17,739.35, equivalentes a los ochenta y dos
(82)
días
que
tenía
acumulados
en
concepto
de
licencia
por
sufrido
el
enfermedad.
Sin
embargo,
las
diversas
enmiendas
que
ha
artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, denotan el interés de la
legislatura de corregir el lenguaje de dicha disposición. Sobre
el particular, resolvimos en Caballero v. Sistemas de Retiro,
supra, pág. 157, que:
“[L]a evolución e historial legislativo de
este artículo [2] de la ley [Núm. 125] y sus
enmiendas demuestran su carácter reparador y su
propósito de proteger los derechos adquiridos por
los servidores públicos, así como de estimular a
aquel servidor público que por servirle a su país
se ha visto imposibilitado del disfrute de sus
vacaciones
regulares
y
de
su
licencia
por
enfermedad
acumulada.
Por
ello
debemos
interpretarlo liberalmente, a favor del empleado,
puesto que dicha ley concede una serie de derechos
en pro del reclutamiento y retención de tales
servidores públicos con el fin del fortalecimiento
mismo del servicio público.” (Enfasis nuestro.)
Allí mismo advertimos que, siendo la Ley Núm 125, supra, una
de carácter reparador, para que un empleado quede excluido de los
beneficios de dicho estatuto, la exclusión tiene que ser expresa.
A
modo
de
ejemplo,
señalamos
a
los
funcionarios
de
instrumentalidades y corporaciones públicas y a los nombrados por
el Gobernador.33 Entonces, por analogía, podríamos concluir que,
al no prohibir expresamente la heredabilidad de la licencia de
33
65.
Caballero v. Sistemas de Retiro, supra, págs. 164-
CC-1998-804
25
enfermedad
acumulada
por
un
funcionario
público
fenecido,
el
legislador no quiso excluirlo. Más bien se debió a una omisión
del legislador.
Por su parte, Bernier y Cuevas Segarra manifiestan que:
“[t]oda
acción
legislativa
persigue
un
propósito. Trata de corregir un mal, alterar una
situación
existente,
complementar
una
reglamentación
vigente,
fomentar
algún
bien
específico o el bienestar general, reconocer o
proteger un derecho, crear una política pública o
formular un plan de gobierno.”34
A modo de ejemplo, en cuanto a la necesidad de corregir el
lenguaje de esta disposición, el Secretario de Justicia sostuvo
que el artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, adolece de una
laguna con respecto al lapso de tiempo que debe transcurrir para
poder determinar si hubo desvinculación del servicio público.
Sobre el particular, indicó que:
“[e]s mi criterio, por tanto, que imponer
determinado período de tiempo como norma general,
aplicable a todos los casos, sería una acción
arbitraria e inefectiva, por carecer de fundamento
legal alguno. Se debe recurrir a la acción
legislativa, a fin de que se enmiende el referido
Artículo 2 de la Ley Núm. 125 de 1967 para aclarar
esta aparente omisión en dicho precepto, según se
recomendó en la Op. Sec. Just. Núm. 16 [de 1 de
junio] de 1982, a la pág. 99.” 35
Estamos
de
acuerdo
con
la
determinación
del
tribunal
apelativo sosteniendo que:
“[d]el
historial
legislativo
no
puede
colegirse intención legislativa alguna de excluir
el pago de licencia acumulada por enfermedad en
caso de muerte al interpretar el último párrafo del
artículo 2 de la Ley Núm. 125. Por otro lado, sí
puede interpretarse que la incorporación específica
de la disposición sobre el pago de licencia
acumulada por vacaciones en el
artículo 2, supra, a los herederos en caso de
muerte, según lo dispuso la Ley Núm. 92 de 1968,
obedeció al hecho de que al aprobarse originalmente
la Ley Núm. 125 se excluyó el pago por el concepto
de licencia por vacaciones en casos de muerte.
Conforme el historial legislativo antes referido,
el legislador tuvo como fin corregir esa situación
y para ello enfatizó, al eliminar la restricción,
34
Bernier y Cuevas Segarra, op. cit. págs. 245-246.
35
LXIII Op. Srio. Just. Núm. 29 de 1992.
CC-1998-804
26
que el pago de esa licencia se efectuaría a los
herederos. Al no haber existido esa limitación por
ley en el caso del pago de licencia por enfermedad,
no había motivo para expresamente reconocer el
derecho o corregir situación alguna.”36
Por
los
impedimento
fundamentos
legal
o
expuestos,
entendemos
interpretativo
que
nos
que
no
existe
restrinja
de
concederle a los herederos del licenciado Gilberto Alvarez Crespo
el derecho al pago de $17,739.35, equivalentes a la licencia por
enfermedad acumulada por éste a la fecha de su fallecimiento.
Lo
contrario, quebrantaría el fin primordial legislativo de que los
empleados públicos hagan buen uso de la licencia por enfermedad.
Concluimos, además, que el pago global de la licencia por
enfermedad acumulada no es personalísimo. Por el contrario, es un
derecho
patrimonial
funcionario
público
transferible
fenecido
al
a
amparo
los
del
herederos
de
un
artículo
608
del
Código Civil, supra.
Expedido previamente el auto de certiorari, confirmamos el
dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO
Juez Asociado
36
Apéndice, pág. 12-13.
CC-1998-804
27
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sucesión Gilberto Alvarez
Crespo y otros
Demandantes-Recurridos
v.
CC-1998-804
Hon. Pedro Pierluisi,
Secretario de Justicia del
Estado Libre Asociado de P.R.
Demandado-Recurrente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión precedente,
la
cual
se
confirma
el
hace
formar
dictamen
parte
del
de
esta
Tribunal
de
sentencia,
se
Circuito
de
Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, de 17 de
agosto de 1998, mediante el cual revocó la sentencia del
tribunal de instancia.
Lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo