LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

SUC. GILBERTO ALVAREZ V. HON. PEDRO PIERLUISSI

2000 TSPR 21

Poder Judicial de Puerto Rico

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SUC. GILBERTO ALVAREZ V. HON. PEDRO PIERLUISSI

CC-1998-804

CC-1998-804

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Gilberto Alvarez Crespo y

otros

Recurridos

Certiorari

v.

2000 TSPR 21

Hon. Pedro Pierluisi

Secretario de Justicia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurrente

Número del Caso: CC-1998-0804

Fecha: 11/02/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Lady Alfonso de Cumpiano

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Lizette Mejías Avilés

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Suc. Alvarez Crespo: Lcdo. Luis A. Feliciano Carreras

Materia: Sentencia Declaratoria

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

CC-1998-804

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Gilberto Alvarez

Crespo y otros

Demandantes-Recurridos

v.

CC-1998-804

Hon. Pedro Pierluisi,

Secretario de Justicia del

Estado Libre Asociado de P.R.

Demandado-Recurrente

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Corrada del Río

San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2000

El Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico (en adelante el peticionario) acude ante nos

mediante certiorari.

Solicita que revisemos el dictamen del

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de

San Juan1, de 17 de agosto de 1998, mediante el cual revocó

la sentencia del tribunal de instancia declarando sin lugar

una solicitud de sentencia declaratoria.

La

controversia

determinar

1

si

las

en

el

licencias

presente

por

caso

enfermedad

se

ciñe

a

acumuladas

Panel compuesto por su presidenta, la Juez Alfonso de

Cumpiano y los Jueces Giménez Muñoz y Miranda de Hostos;

este último, disintió con opinión escrita.

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3

por un funcionario público fenecido son o no transmisibles a sus

herederos. Concluimos que son transmisibles.

I

El licenciado Gilberto Alvarez Crespo falleció el 1 de mayo

de 1995 mientras fungía como fiscal auxiliar del Departamento de

Justicia de Puerto Rico.

El Lcdo. Alvarez Crespo laboró como

servidor público durante veintiocho (28) años y, a la fecha de su

muerte, tenía acumulados ochenta y dos (82) días de licencia por

enfermedad, lo que conforme a su sueldo, equivalen a $17,739.35.

El peticionario pagó a los herederos del licenciado Alvarez

Crespo

--la

Sucesión

Gilberto

Alvarez

Crespo,

compuesta

por

Gilberto Alvarez Candelario, Zenaida Alvarez Candelario, Dorothy

Alvarez

Ferrer,

Gilberto

Eduardo

Alvarez

Ferrer

y

la

Lcda.

Dorothy Ferrer del Valle (en adelante los recurridos)--, la suma

acumulada por el causante en concepto de licencia por vacaciones.

Sin embargo, denegó el pago de la suma acumulada en concepto de

licencia por enfermedad bajo el fundamento de que ni la Ley de

Personal, ni su Reglamento, contemplaban el mismo.

Inconformes,

el

16

de

julio

de

1996,

los

recurridos

presentaron una “Solicitud de Sentencia Declaratoria” ante el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

San

Juan,

arguyendo tener derecho a heredar el importe de la licencia por

enfermedad acumulada por el licenciado Alvarez Crespo. El 31 de

marzo

de

tribunal

1998,

de

notificada

instancia

la

el

8

declaró

de

abril

sin

del

lugar

mismo

por

año,

el

entender

que

carecía de autoridad en ley para ordenar el pago, ya que la ley

no provee para que los herederos recobren dicha partida.

No conformes, el 7 de mayo de 1998, los recurridos acudieron

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso de

apelación.

Alegaron

que

el

tribunal

de

instancia

erró

al

declarar sin lugar la demanda de sentencia declaratoria;

al

determinar

era

que

la

doctrina

de

enriquecimiento

injusto

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4

inaplicable al caso;

y al resolver que la ley no establece una

distinción irracional, injustificada e inequitativa.

El

17

de

agosto

de

1998,

el

tribunal

apelativo

dictó

sentencia2 mediante la cual revocó la sentencia apelada, declaró

con

lugar

la

demanda

de

sentencia

declaratoria

y

ordenó

al

Secretario de Justicia pagarle a los herederos del licenciado

Alvarez Crespo el importe de la licencia por enfermedad acumulada

a la fecha de su fallecimiento. Por considerarlo innecesario, no

entró

a

injusto,

dilucidar

trato

los

planteamientos

sobre

injustificado

e

inequitativo

sentencia,

peticionario

enriquecimiento

y

clasificación

irrazonable.

De

dicha

mediante

certiorari

el

presentado

el

20

de

recurre

ante

nos

octubre

de

1998,

aduciendo que:

“[e]rró el Tribunal de Circuito de Apelaciones

al interpretar que procedía el pago del balance

acumulado

de

licencia

por

enfermedad

a

los

herederos del causante, a pesar del texto claro de

la ley.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

concluir que el pago del balance acumulado de

licencia por enfermedad es un derecho transmisible

a los herederos.”

El

peticionario

solicita

que

revoquemos

la

sentencia

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y confirmemos el dictamen del

tribunal

de

instancia

sentencia declaratoria.

declarando

sin

lugar

la

solicitud

de

Tratándose de un asunto sobre el cual

aún no nos hemos expresado, el 10 de febrero de 1999, expedimos

auto de certiorari.

Con el beneficio de las comparecencias de

las partes, estamos preparados para resolver.

II

El artículo 608 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 2090, define la herencia como:

2

Se archivó en autos copia de su notificación a las partes

el 31 de agosto de 1998.

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5

“[l]a herencia comprende todos los bienes,

derechos y obligaciones de una persona, que no se

extingan por su muerte.”

Por su parte, el artículo 610, 31 L.P.R.A sec. 2092, añade

que:

“[l]os herederos suceden al difunto por el solo

hecho de su muerte, en todos sus derechos y

obligaciones.”

En nuestro derecho sucesorio, al igual que en el español, el

francés

y

el

romano,

la

herencia

comprende

jurídicas

--tanto

activas

como

pasivas--,

patrimonio

de

persona

a

fecha

la

la

de

las

que

su

relaciones

componían

muerte.

Por

el

el

contrario, en el derecho germánico y anglosajón, la herencia es

el conjunto de relaciones jurídicas activas que dimanan luego de

deducir el valor de las obligaciones del causante. Vélez Torres,

Curso de Derecho Civil - Derecho de Sucesiones, 2da ed., San

Juan, 1992, t. IV, v. III, pág. 8.

En

cuanto

obligaciones

de

a

la

una

heredabilidad

persona

de

los

fallecida,

el

bienes,

derechos

tratadista

y

Lacruz

Berdejo3 expresa que:

“[e]l Código no da una regla general acerca de

ello, y como tampoco en todos los supuestos

particulares

se

pronuncia

acerca

de

la

heredabilidad de determinados elementos, habrá que

decidir sobre este punto conforme a la finalidad de

cada uno de ellos, su contenido social y la

apreciación que en casos semejantes hace la ley.”

(Enfasis nuestro.)

Sobre el mismo asunto, nos comenta el catedrático Efraín

González Tejera que:

“[E]l Código Civil no contiene una regla

uniforme sobre los bienes, derechos y obligaciones

que son transmisibles por herencia y los que, por

ser personalísimos, concluyen con la vida del

titular. Sin embargo, podemos afirmar, que la regla

general es la naturaleza transmisible de todos los

elementos integrantes del patrimonio de una persona

fallecida.... Como señala Puig Brutau, a la regla

general de transmisibilidad se le ha reconocido

3

Lacruz Berdejo, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Bosch,

1971, pág. 26.

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6

algunas

excepciones

que

‘corresponden

a

los

derechos de carácter público, los personalísimos o

ligados de manera esencial a la persona del titular

y

los

derechos

patrimoniales

de

carácter

4

vitalicio.’ (Nota omitida.)”

En ausencia de una regla uniforme en nuestro Código Civil en

torno

a

la

transmisibilidad

de

los

derechos

y

obligaciones,

hacemos referencia al estudio realizado por el tratadista español

José

Brutau5,

Puig

con

respecto

transmisibles

por

herencia.

transmisibles

por

herencia,

patrimoniales;

los

derechos

a

las

relaciones

Según

Puig

Brutau,

jurídicas

entre

otros:

los

socio

en

sociedades

de

las

son

supra,

derechos

de

capitales; la cualidad de socio en las sociedades de personas; la

acción

para

impugnar

los

reclamar

actos

la

o

filiación

negocios

legítima;

jurídicos

la

acción

realizados

para

por

el

causante en fraude de la legítima; las diversas modalidades de la

propiedad

industrial;

el

derecho

de

autor;

las

obligaciones,

salvo las de carácter personalísimo o cuando se trata de una

prestación infungible; la propiedad funeraria; el derecho del

causante a obtener indemnización por los daños y perjuicios que

le hayan ocasionado en vida.

Por el contrario, no son transmisibles por herencia: las

relaciones jurídicas de carácter público, las personalísimas y

las de contenido patrimonial de duración vitalicia; los derechos

reales de carácter vitalicio; algunos derechos de crédito; los

derechos

y

deberes

que

integran

excepto

los

de

contenido

transmisible;

los

derechos

las

relaciones

exclusivamente

que

emergen

de

familiares,

patrimonial

un

y

contrato

de

arrendamiento; los derechos obtenidos como beneficiario en virtud

de

la

legislación

de

accidentes

del

trabajo;

el

derecho

al

4

E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San

Juan, 1983, vol. I, pág. 247.

5

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,

Barcelona, Bosch, 1975, t. V, vol. I, págs. 44-63.

2da

ed.,

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7

nombre;

las

cantidades

que

el

asegurador

deba

entregar

al

asegurado, en cumplimiento del contrato.6

Por su parte, Lacruz Berdejo añade que:

“[n]o

sólo

se

transmiten

los

derechos

subjetivos

ya

nacidos,

sino

también

los

in

fieri....‘[E]l art. 661 proclama que la sucesión a

título universal transmite al heredero el conjunto

de las relaciones jurídicas del causante que no se

extinguen, por razón de su propia naturaleza, con

su muerte, y por tanto ha de operarse la

transmisión en todas sus obligaciones;

pero

también

en

todos

sus

derechos,

ya

estén

consolidados o en vías de consolidación; pues

cuando la posibilidad de ejercitar un derecho

depende del transcurso de un plazo al morir el

causante, el heredero podrá ejercitarlo cuando

transcurra dicho plazo, incluso sin esperar a la

adjudicación... y si esta posibilidad existe en

cuanto a derechos que no pudo ejercitar en vida el

causante, ha de estar legitimado con mayor razón al

suceder en aquellos cuyas acciones pudo ejercitar

dicho causante, aun [sic] cuando por las razones

que fuera no las hubiera ejercitado.’” (Enfasis

suplido.)7

Veamos, pues, las definiciones de ambas licencias en aras de

evaluar

si

se

justifica

que

el

legislador

no

haya

querido

otorgarle carácter de heredable a la licencia por enfermedad.

La

Orden

Administrativo

Ejecutiva

Núm.

de

22

5288A,

de

febrero

define

la

6

de

1989,

licencia

Boletín

de

Nótese, que esta numeración corresponde a bienes, derechos

y

obligaciones

que

no

se

transmiten

por

herencia,

independientemente de que puedan transferirse de otro modo.

7

Lacruz Berdejo, op. cit., págs. 48-49.

CC-1998-804

8

vacaciones como:

“[l]a

licencia

de

vacaciones

tiene

como

propósito ofrecer al funcionario un período de

descanso y distracción que lo releve temporalmente

de las labores y responsabilidades inherentes a su

cargo,

sin

pérdida

de

los

emolumentos

correspondientes. Con ello se pretende proteger la

salud

del

funcionario

y

fomentar

la

unidad

familiar.”

Por su parte, sobre la licencia de enfermedad, dispone que:

“[e]l objeto de la licencia por enfermedad es

autorizar la ausencia del funcionario cuando éste

se encuentra enfermo, impedido temporalmente para

el desempeño efectivo de su cargo, o expuesto a una

enfermedad

contagiosa

que

requiera

mantenerlo

alejado del centro de trabajo.”

Conforme al informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara

de Representantes de 4 de marzo de 19728 y a lo resuelto en

Caballero v. Sistema de Retiro, 129 D.P.R. 146 (1991), el pago

global de la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada por

el funcionario público a su separación del servicio fue otorgado

por el legislador para (1) fomentar el buen uso de la licencia de

enfermedad

y (2) evitar la exclusión de los participantes del sistema de

retiro que se acogen a la jubilación.

Allí mismo, establecimos que:

“[e]l propósito de fomentar el buen uso de

esta licencia se logra reconociéndole, como derecho

al funcionario o empleado, que se le pagará la

licencia acumulada al momento de su separación de

manera que, consciente de que se le pagará y no la

perderá, la utilizará con mayor circunspección. El

propósito de incluir a los participantes del

Sistema de Retiro se cumple igualando su derecho

con el de aquel empleado no participante en dicho

sistema.”9

Cabe indicar que tanto la licencia de vacaciones como la de

enfermedad

son

beneficios

marginales

creados

para

atraer

o

retener empleados públicos. Sobre este asunto, la sección 5.15 de

8

En torno al P. de la C. 1584, págs. 3-4.

9

Caballero v. Sistema de Retiro, supra, pág. 160.

CC-1998-804

9

la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, según

enmendada, supra, dispone que:

“[a]demás de los beneficios marginales que se

establecen para los empleados públicos mediante

leyes especiales, incluyendo las disposiciones

vigentes

sobre

días

feriados,

éstos

tendrán

derecho, entre otros, a los siguientes, según se

disponga mediante reglamento:

(1) licencia de vacaciones;

(2) licencia por enfermedad;

(3) ....

(4) ....”

En J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581, 594 (1990)

reiteramos la norma establecida en J.R.T. v. Junta Adm. Muelle

Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318, 332-333 (1988) sobre las licencias

por enfermedad. La misma sostiene que:

“[e]n su esencia, la licencia por enfermedad

con sueldo es algo más que un beneficio marginal

común y corriente de un empleado. Es una necesidad

fundamental para el trabajador puertorriqueño que

surge de una necesidad involuntaria no imputable al

trabajador.

Cuando

esta

licencia

se

hace

acumulativa, tanto el patrono como el empleado

derivan beneficios de la misma, pues con ella se

disuade el ausentismo y se le provee al trabajador

la oportunidad de acumular la licencia para cuando

la necesite por razones de enfermedad.” (Enfasis en

el original.)

Resumiendo, el

artículo 608 del Código Civil, supra,

CC-1998-804

10

dispone que todos los bienes o derechos patrimoniales, existentes

a la fecha de la muerte del causante, son transmisibles. En vista

de que la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada por el

fenecido Gilberto Alvarez Crespo, es un bien patrimonial, debe

transmitirse a sus herederos.

Cabe señalar que el referido artículo es una disposición de

aplicación general. De modo que, para que determinado bien o

derecho patrimonial sea transmisible, no es necesario que una ley

así lo especifique. No obstante lo anterior, para un análisis más

completo del asunto ante nos, veamos las disposiciones relativas

al

pago

global

de

licencia

de

vacaciones

y

enfermedad

de

funcionarios y empleados públicos.

III

La Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3

L.P.R.A. sec. 703 et seq, regula los pagos globales de licencias

por vacaciones y enfermedad acumuladas y no utilizadas, en los

casos en que los funcionarios y empleados públicos --excepto los

de la Rama Ejecutiva nombrados por el Gobernador y los de las

instrumentales

y

corporaciones

públicas--

se

desvinculan

del

servicio público por cualquier causa. En su artículo 2, dispone

que:

“[t]odo funcionario o empleado del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

excepto

los

funcionarios de la Rama Ejecutiva nombrados por el

Gobernador

y

los

de

instrumentalidades

y

corporaciones públicas, tendrá derecho a que se le

pague y se le pagará una suma global de dinero por

la licencia de vacaciones que tuviere acumulada

hasta un máximo de sesenta (60) días laborables a

su separación del servicio por cualquier causa, y

por

la

licencia

por

enfermedad

que

tuviere

acumulada, hasta un máximo de noventa (90) días

laborables a su separación del servicio para

acogerse a la jubilación si es participante de

algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno,

y si no lo fuere, a su separación definitiva del

servicio si ha prestado, por lo menos, diez (10)

años de servicios.

Esta suma global por concepto

de ambas licencias se pagará a razón del sueldo que

el funcionario o empleado estuviere devengando al

momento

de

su

separación

del

servicio

e

independientemente

de

los

días

que

hubiere

CC-1998-804

11

disfrutado de estas licencias durante el año. Las

disposiciones de esta sección son aplicables a los

fiscales,

procuradores

y

registradores

de

la

propiedad.

Se faculta a los funcionarios nominadores para

autorizar tal pago.

Al cesar la prestación de servicios, el puesto

que venía desempeñando el funcionario o empleado se

considerará vacante y no se considerará como tiempo

servido el período posterior a la fecha en que cesó

la prestación de servicios, equivalente en tiempo

de licencia a dicho pago final.

Si la separación del servicio fuere motivada

por la muerte del funcionario o empleado, se les

pagará a sus beneficiarios la suma que hubiere

correspondido a éste, por razón de la licencia de

vacaciones no utilizada, conforme se dispone en

esta sección.”

A tenor con dicho artículo y con lo dispuesto en el artículo

2 de la Ley Núm. 141 de 30 de junio de 1966, según enmendada, 3

L.P.R.A. sec. 133b-110, los Fiscales del Departamento de Justicia

tienen

derecho

a

acumular

y

disfrutar

de

la

licencia

de

vacaciones y enfermedad, de conformidad con lo provisto en el

artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra.

No obstante, con respecto a los funcionarios nombrados por

el Gobernador –-excepto los miembros de la Judicatura, Fiscales,

Procuradores y Registradores de la Propiedad--, rige el artículo

3 de la Ley Núm. 125, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 703 (b),

el cual establece que:

“[e]l Gobernador reglamentará todo lo relativo

a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía

del pago de compensación final, incluyendo el pago

a los beneficiarios en casos de muerte, a los

funcionarios nombrados por él, con excepción de los

miembros

de

la

Judicatura,

los

fiscales,

procuradores y registradores de la propiedad.

A

los efectos del pago de compensación final, que en

10

El artículo 2 de la Ley Núm. 141, supra, dispone lo

siguiente con relación a las licencias de vacaciones y

enfermedad:

“[l]os fiscales y procuradores del Departamento

Justicia

tendrán derecho a

...continúa

10

de

...continuación

acumular y disfrutar licencia de vacaciones y de

enfermedad de conformidad con las normas aplicables a

los demás empleados del Departamento.”

CC-1998-804

12

ningún caso excederá el equivalente a seis (6)

meses

de

sueldo,

el

Gobernador

tomará

en

consideración, entre otros, factores tales como las

necesidades del servicio, la naturaleza de las

funciones desempeñadas y los créditos de licencia

de vacaciones acumuladas en empleos anteriores en

el Gobierno y no disfrutada [sic] al pasar a ocupar

puestos de nombramiento por el Gobernador.

Los presidentes de las Cámaras Legislativas

reglamentarán lo relativo a los funcionarios y

empleados de la Asamblea Legislativa, en lo

concerniente a concesión y disfrute de licencias, y

en lo concerniente al pago de compensación final se

ajustarán a lo dispuesto en la sec. 703a de este

título.”

De una simple lectura del cuarto párrafo del artículo 2 de

la

Ley

Núm.

exceptuó

a

125,

los

correspondido

al

supra,

podría

colegirse

herederos

del

de

funcionario

o

pago

empleado

la

que

el

suma

por

a

evaluar

la

intención

legislativa,

que

hubiese

concepto

licencia por enfermedad acumulada y no utilizada.

previo

legislador

veamos

de

la

Sin embargo,

las

normas

aplicables a la interpretación de las leyes y al principio de

hermenéutica legal.

El artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 14, dispone que, cuando la ley es clara y libre de toda

ambigüedad, la letra de la ley no debe ser menospreciada bajo el

pretexto de cumplir con su espíritu.11

Empero, en Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla,

Opinión de 29 de diciembre de 1997, 144 D.P.R. ___, 97 J.T.S.

152, reiteramos lo resuelto en Pueblo v. Ortega Santiago, 125

D.P.R. 203, 214 (1990) sobre la discreción judicial. Allí dijimos

que:

“[l]os

tribunales

estamos

autorizados

a

interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no

son claras o concluyentes sobre un punto en

particular;

cuando el objetivo, al realizarlo, es

el de suplir una laguna en la misma; o cuando, con

el propósito de mitigar los efectos adversos de la

aplicación

de

una

ley

a

una

situación

en

11

Véase, además, Pueblo En Interés del Menor J.M.R., Opinión

de 12 de noviembre de 1998, 98 T.S.P.R. 151, 98 J.T.S. 146;

Municipio de San Juan v. Banco Gubernamental de Fomento, Opinión

de 21 de mayo de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 J.T.S. 73.

CC-1998-804

13

particular,

la

justicia

(Enfasis en el original.)

así

lo

requiere....”

Por su parte, los tratadistas Bernier y Cuevas Segarra12

añaden que:

“[a]l aplicar una ley siempre es necesario

interpretarla. (Citas omitidas.) Eso es así ya sean

oscuras o claras las palabras de la ley, por lo que

se puede decir que es falso afirmar que sólo las

leyes oscuras deben ser interpretadas....”

En Municipio de San Juan v. Banco Gubernamental de Fomento,

supra, aclaramos que cuando el lenguaje de un

estatuto

no

necesario

rechazar

claramente

muestra

claramente

la

contraria

la

intención

interpretación

a

la

legislativa,

es

cuando

es

literal,

verdadera

intención

o

ésta

propósito

legislativo.

En Goss v. Dycrex Construction Co., Opinión de 9 de julio de

1996, 141 D.P.R. ___, 96 J.T.S. 103, pág. 1388, sostuvimos que:

“[a]nte la letra de una ley ambigua o

incierta, tenemos la obligación de inclinarnos

‘hacia aquella solución que mejor capte el impacto

del estatuto en términos del bienestar general y

que mejor perciba la intención legislativa al

adoptar la norma enfilada a propiciar el interés

público...’. (Citas omitidas.)” (Enfasis en el

original.)

En

cuanto

establecimos

en

a

la

Pueblo

interpretación

v.

Zayas

literal

Rodríguez,

de

la

Opinión

de

ley,

17

de

febrero de 1999, 99 T.S.P.R. 15, 99 J.T.S. 16, que la letra de la

ley no debe ser seguida ciegamente en casos que no caen dentro de

su espíritu y fin.

Sobre el mismo asunto, Bernier y Cuevas Segarra manifiestan

que:

“[a]l interpretar la ley, cualquier modalidad

que se utilice debe estar fundada en las reglas que

gobiernan la palabra y el pensamiento, ya que la

ley no es letra muerta sino que tiene un contenido

espiritual. Por ende, la interpretación no puede

12

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs.

J.T.S., 1987, pág. 259.

CC-1998-804

14

ser únicamente literal, ni únicamente lógica, sino

ambas a la vez.”13

Como explicó el entonces Juez Presidente señor Trías Monge,

en Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975):

“[a]ún cuando el idioma en su interpretación literal

contradiga el propósito de una disposición estatutaria, lo

que debe ceder es el idioma y no la realidad que motiva el

estatuto. Importa en consecuencia penetrar la superficie

verbal del problema ante nos, precisar el diseño y la

razón de ser de las disposiciones legales que aquí nos

ocupan, sopesar los intereses en juego, para intentar

acercarnos a la interpretación más justiciera.”

Por último, en cuanto a la interpretación integral de las

leyes,

el

artículo

18

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico,

31

L.P.R.A. sec. 18, dispone que:

“[l]as leyes que se refieren a la misma

materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser

interpretadas refiriendo las unas a las otras, por

cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos

pueda ser tomado para explicar lo que resulte

dudoso en otro.”14

Bernier y Cuevas Segarra señalan que, según la regla de

hermenéutica

legal

denominada

“expressio

unius

est

exclusio

alterius”, la mención específica de una persona o cosa implica la

exclusión de otras personas o cosas, independientemente de si la

mención

es

afirmativa

o

negativa.15

No

obstante,

allí

mismo

aclaran que dicha regla no es de aplicación universal. A esos

fines establecen que:

“[e]sta regla de expressio unius est exclusio

alterius debe aplicarse con gran cuidado porque no

es de aplicación universal. No es absoluta, pues su

fin

primordial

es

determinar

la

intención

legislativa y, cuando esta intención surge de otra

manera,

no

debe

utilizarse

como

medio

de

interpretación si su aplicación está en pugna con

el pensamiento del lgislador. (Cita omitida.)

Hay que cuidarse de que la enumeración que

haga el texto no sea sólo un simple ejemplo. (Cita

omitida.) También hay que cuidarse de que ‘la

exclusión no sea una inadvertencia o accidente’. No

13

Id., pág. 263.

14

Véase, además, Pueblo v. Zayas Colón, Opinión de 9 de

octubre de 1995, 139 D.P.R. ___, 95 J.T.S. 127.

15

Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 345.

CC-1998-804

15

debe ser utilizada cuando su aplicación, teniendo

en cuenta la materia a la que ha de ser aplicada,

conduce a incompatibilidad o injusticia. (Cita

omitida.) Además, esta regla constituye únicamente

una ayuda para fijar el significado de la ley y

debe ceder cuando surge una intención contraria de

parte del legislador. (Cita omitida.) ... ”16

(Enfasis nuestro.)

A

tenor

de

lo

resuelto

en

Pueblo

v.

Ferreira

Morales,

Opinión de 10 de diciembre de 1998, 98 T.S.P.R. 165, 98 J.T.S.

150, los tribunales debemos interpretar los estatutos teniendo

presente el propósito social que los inspiró, dándoles un sentido

lógico

a

sus

diversas

disposiciones

y

supliendo

posibles

deficiencias en los casos en que sea necesario.

Reiteradamente, hemos resuelto que cualquier interpretación

de

ley

que

conduzca

a

una

conclusión

absurda,

ha

de

ser

rechazada. Así, pues, al ejercer nuestra función interpretativa,

estamos obligados a armonizar, en la medida posible, todas las

disposiciones de ley envueltas en aras de obtener un resultado

más sensato, lógico y razonable. Municipio de San Juan v. Banco

Gubernamental de Fomento, supra.

No obstante, como bien señaló el tribunal apelativo en su

sentencia de 17 de agosto de 1998 en el caso de autos, “al

adjudicar intención al legislador por omisión, es deber de los

tribunales cerciorarnos de que esa intención está fundamentada,

pues

de

lo

contrario,

podríamos

desvirtuar

los

verdaderos

propósitos de la ley, así como su fin primordial, que es hacer

justicia.” 17

A

esos

fines,

veamos

el

desarrollo

legislativo

y

jurisprudencial del derecho de los empleados públicos al disfrute

de las licencias por vacaciones y enfermedad acumuladas.

IV

16

Id., pág. 346.

17

Apéndice, pág. 9.

CC-1998-804

16

El

artículo

2

de

la

Ley

Núm.

125, supra, según

originalmente aprobado18, dispone para el pago de una suma global

por

licencia

de

vacaciones

acumuladas,

a

los

funcionarios

o

empleados públicos que renuncien a sus puestos o se separen del

servicio

por

abandono.19

cualquier

Nada

causa,

dispone

en

excepto

cuanto

al

muerte,

destitución

pago

licencias

de

o

por

enfermedad acumuladas.

La Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm. 92 de 19 de

junio de 1968, enmendó el artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, a

los fines de eliminar la muerte como causal de exclusión al

derecho

al

pago

de

la

licencia

por

vacaciones

acumuladas.20

Empero, añadió el cuarto párrafo para disponer que, cuando la

separación del servicio se deba a la muerte del funcionario o

18

El artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, según

originalmente aprobado el 10 de junio de 1967, disponía que:

“[a]l renunciar su puesto, o a la separación del

servicio por cualquier causa que no fuere la

muerte, la destitución o el abandono del servicio,

todo funcionario o empleado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, excepto los funcionarios

de la Rama Ejecutiva nombrados por el Gobernador y

los de instrumentalidades o corporaciones públicas,

tendrá derecho a que se le pague, y se le pagará,

una suma global de dinero por la licencia de

vacaciones que tuviere acumulada a la fecha de su

separación del servicio, hasta un máximo de sesenta

(60) días laborables.

Se faculta a los

autorizar tal pago.

funcionarios

nominadores

para

Al cesar la prestación de servicios, el puesto que

venía desempeñando el funcionario o empleado se

considerará vacante y no se considerará como tiempo

servido el período posterior a la fecha en que cesó

la prestación de servicios, equivalente en tiempo a

dicho pago final.”

19

Conforme al Informe de la Comisión de Gobierno de la

Cámara de Representantes, el propósito de la medida fue permitir

cubrir las vacantes sin necesidad de esperar a que el empleado

agotara las vacaciones acumuladas. Informe de 25 de abril de

1966, P. de la C. 567.

20

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes,

mediante su Informe de 21 de mayo de 1968, P. del S. 710, expresó

en torno a dicha medida que “su muerte no debe constituir una

prescripción de ese derecho.”

CC-1998-804

17

empleado, los beneficiarios de éste tendrán derecho a reclamar el

pago de la licencia por vacaciones no utilizada. Así dispone que:

“[s]i

la

separación

del

servicio

fuere

motivada por la muerte del funcionario o empleado,

se les pagará a sus beneficiarios la suma que

hubiere correspondido a éste, por razón de la

licencia de vacaciones no utilizada, conforme se

dispone en este artículo.”21

Posteriormente, la Ley Núm. 37 de 25 de mayo de 1972 enmendó

el artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra, para

eliminar la destitución y el abandono como causales de exclusión

al derecho al pago de la licencia por vacaciones

su

lugar,

dispone

para

el

pago

de

dicha

acumuladas.

licencia

separación del servicio sea “por cualquier causa”.22

primera

vez,

incorporó

el

derecho

al

pago

de

cuando

En

la

Además, por

licencia

por

enfermedad. Así reza el primer párrafo del referido artículo:

“[t]odo funcionario o empleado del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

excepto

los

funcionarios de la Rama Ejecutiva nombrados por el

Gobernador

y

los

de

instrumentalidades

y

corporaciones públicas, tendrá derecho a que se le

pague, y se le pagará, una suma global de dinero

por la licencia de vacaciones que tuviere acumulada

hasta un máximo de sesenta (60) días laborables, a

su separación del servicio por cualquier causa; y

por

la

licencia

por

enfermedad

que

tuviere

acumulada, hasta un máximo de noventa (90) días

laborables, a su separación del servicio para

acogerse a una pensión por retiro por edad o por

incapacidad.

Esta suma global por concepto de

ambas licencias se pagará a razón del sueldo que el

funcionario o empleado estuviere devengando al

momento

de

su

separación

del

servicio

e

independientemente

de

los

días

que

hubiere

disfrutado de estas licencias durante el año.”

Dicha

enmienda,

contrario

a

la

Ley

Núm.

125,

según

inicialmente aprobada, nada dispone en cuanto a la licencia por

enfermedad en aquellos casos en que la separación del servicio

21

Desde luego, nada dispuso en cuanto a la transmisibilidad

de la licencia por enfermedad acumulada puesto que, para esa

fecha, tampoco a los funcionarios o empleados públicos se les

reconocía el derecho a tal licencia.

22

Nótese que, aún cuando la legislatura utilizó un lenguaje

específico, su intención no fue excluir a ningún empleado por

razón de la índole de su jubilación. Así lo aclaró en el Memorial

Explicativo de 12 de noviembre de 1973.

CC-1998-804

18

fuere motivada por la muerte del funcionario o empleado.23 Tampoco

contiene lenguaje excluyente.

El 23 de julio de 1974, se aprobó la Ley Núm. 198 para

enmendar el artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada,

supra, a los fines de aclarar cuándo procederá el pago de la

licencia por enfermedad acumulada. Al respecto, se decretó que “y

por la licencia por enfermedad que tuviere acumulada, hasta un

máximo

de

noventa

(90)

días

laborables,

a

su

separación

del

servicio para acogerse a la jubilación si es participante de

algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno y si no lo

fuere, a su separación definitiva del servicio si ha prestado,

por lo menos, diez años de servicios....”

Por último, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley Núm.

125, según enmendada, supra, fue modificado por la Ley Núm. 40 de

13 de diciembre de 1990, con motivo de reconocer por ley el

derecho

de

los

Fiscales,

Procuradores

y

Registradores

de

la

Propiedad del Departamento de Justicia a acumular las licencias

de vacaciones y enfermedad.24

Cabe

señalar

que,

previo

a

1990,

las

licencias

de

los

fiscales se liquidaban mediante compensación final, al amparo del

artículo 3 de la Ley Núm. 125, según originalmente aprobada en 10

de junio de 1967. Posteriormente, dicho precepto fue enmendado

mediante la Ley Núm. 55 de 19 de junio de 1969, a los fines de

disponer para el pago a los beneficiarios en caso de muerte.

Sobre el particular, la primera oración del primer párrafo de la

referida ley establece que “[e]l Gobernador reglamentará todo lo

relativo a la concesión y disfrute de licencias y la cuantía del

23

El cuarto párrafo del artículo 2, según aprobado mediante

la Ley Núm. 92, supra, no sufrió enmiendas.

24

Así, pues, añadió al final del primer párrafo del artículo

2 que “[l]as disposiciones de este artículo serán aplicables a

los Fiscales, Procuradores y Registradores de la Propiedad del

Departamento de Justicia”.

CC-1998-804

19

pago

de

compensación

final,

incluyendo

el

pago

a

los

beneficiarios en casos de muerte, a los funcionarios nombrados

por él, con excepción de los miembros de la Judicatura.”

No fue hasta 199025, que el legislador excluyó a los fiscales

de

la

aplicación

del

artículo

3

de

la

Ley

Núm.

125,

según

enmendada, supra, y reconoció el derecho de éstos a acumular las

licencias de vacaciones y enfermedad Es decir, hasta entonces,

los beneficiarios de un fiscal fenecido tenían derecho al pago de

la compensación final correspondiente.

Por otra parte, el artículo 12.020 de la Ley Núm. 81 de 30

de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

199126, contiene un lenguaje similar al del artículo 2 de la Ley

Núm. 125, según enmendada, supra. El referido artículo 12.020,

dispone

lo

siguiente

en

cuanto

al

pago

global

de

licencias

acumuladas a funcionarios o empleados municipales:

“[a]l renunciar a su puesto, o a la separación

definitiva del servicio público por cualquier

causa, todo funcionario o empleado municipal tendrá

derecho a percibir, y se le pagará en un término no

mayor de treinta (30) días, una suma global de

dinero por la licencia de vacaciones que tuviere

acumulada a la fecha de su separación del servicio,

hasta un máximo de sesenta (60) días laborables.

De igual forma, a todo funcionario y empleado

municipal se le pagará la licencia por enfermedad

que tenga acumulada, hasta un máximo de noventa

(90) días laborables, a su separación del servicio

para acogerse a la jubilación si es participante de

algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si no lo

fuere a su separación definitiva del servicio, debe

haber prestado, por lo menos, diez (10) años de

servicios. Esta suma global por concepto de ambas

licencias se pagará a razón del sueldo que el

funcionario o empleado esté devengando al momento

de su separación del servicio, independientemente

de los días que hubiere disfrutado de estas

licencias durante el año.

25

Mediante la Ley Núm. 40, supra.

26

21 L.P.R.A. sec. 4570.

CC-1998-804

20

Se faculta a

autorizar tal pago.

la

autoridad

nominadora

para

Si la separación fuere motivada por la muerte

del funcionario o empleado, se le pagará a sus

herederos la suma que hubiere correspondido a él

por razón de las licencias de vacaciones y de

enfermedad no utilizadas, según fuere el caso,

conforme a lo dispuesto en esta sección....”

(Enfasis nuestro.)

En

cuanto

a

la

afinidad

entre

ambas

disposiciones,

el

Secretario de Justicia27 señala que:

"[e]l referido artículo [12.020] contiene

disposiciones muy similares al Artículo 2 de la Ley

Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3

L.P.R.A. sec. 703a, y por tal razón le son

aplicables las mismas interpretaciones legales de

que ha sido objeto el mencionado Artículo 2.”

La similitud entre dichos artículos, así como el criterio

del

Secretario

interpretaciones

de

de

Justicia

uno

son

con

aplicables

respecto

al

otro,

a

que

nos

las

lleva

a

concluir que el legislador no quiso distinguir entre los derechos

de los herederos de un funcionario público y los

de un empleado municipal. Aún más, nótese que el artículo 12.020

de la Ley Núm. 81, supra, fue aprobado con posterioridad al

artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra. Podríamos,

entonces,

concluir

heredable

a

las

que

el

licencias

legislador

por

le

enfermedad

otorgó

carácter

acumuladas

en

de

ambos

casos. ¿Por qué habría de querer el legislador penalizar a los

herederos de un funcionario público del gobierno central que se

dedicó al servicio público hasta su muerte?

Cabe señalar que, la ley también le confiere el derecho al

pago de licencia por enfermedad a los herederos de los empleados

de la rama judicial, al amparo de la sección 19.9 del Reglamento

de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial,

4 L.P.R.A. Ap. XIII.28

27

LXIV Op. Srio. Just. Núm. 24 de 1993.

CC-1998-804

21

Sería un contrasentido interpretar que, en caso de muerte,

los herederos de un funcionario municipal y de un empleado de la

rama judicial tienen derecho a reclamar la licencia de enfermedad

acumulada

por

su

causante,

no

así,

los

herederos

de

un

funcionario público del gobierno central.

En Dorante v. Wrangler of P.R., Opinión de 27 de abril de

1998, 145 D.P.R. ___, 98 J.T.S. 49, reiteramos que, además del

texto de la ley, el historial legislativo del estatuto puede ser

consultado para descubrir la intención del legislador.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 40, supra, la

Asamblea Legislativa –-haciendo referencia a la Orden Ejecutiva

de 1 de diciembre de 1967, Boletín Administrativo Núm. 1312,

según

enmendada--,

aclaró

que,

aún

cuando

los

Procuradores

Especiales de la Sala de Relaciones de Familia, los Fiscales y

los Registradores de la Propiedad son funcionarios nombrados por

el Gobernador, éstos, por excepción, tienen derecho a acumular y

disfrutar las licencias de vacaciones y enfermedad, por cuanto

dichos cargos están adscritos al Departamento de Justicia.

Con respecto a la acumulación y disfrute de tales licencias

estableció lo siguiente:

“[f]undado precisamente en la uniformidad y

consistencia que se pretendió insuflar a la norma

en cuestión, a la hora de la desvinculación o cese

en el servicio de dichos funcionarios tampoco se ha

hecho distinción entre ellos y el resto de los

empleados

del

Departamento

de

Justicia,

considerándolos

indistintamente

bajo

un

mismo

régimen

estatutario.

En

este

sentido,

el

Departamento de Justicia tradicionalmente entendía

que este grupo de funcionarios eran empleados

28

Dicha sección dispone lo siguiente en cuanto al pago

global de licencias de vacaciones y enfermedad al separarse del

servicio un empleado de la rama judicial:

“[t]odos los empleados, o sus sucesores en derecho,

separados

del

servicio

por

cualquier

causa,

incluyendo destitución, tendrán derecho a un pago

global por la licencia de vacaciones y licencia por

enfermedad acumuladas que tuvieran a su crédito a

la fecha de su separación del servicio, hasta un

máximo de noventa (90) días laborables por cada

tipo de licencia....”

CC-1998-804

22

regulares para los fines de liquidación de sus

licencias, extendiéndoseles un pago global de hasta

60 días de vacaciones y 90 días por enfermedad

dependiendo de las circunstancias particulares del

caso.”

El memorial explicativo de 12 de noviembre de 1973 sobre la

enmienda al artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, mediante la Ley

Núm. 37 de 25 de mayo de 1972, aclaró que la misma:

“[r]espondió a una preocupación de la Oficina

de Personal relacionada con el problema del uso

indebido de esta licencia.

Debido a que la

licencia por enfermedad es acumulable hasta un

máximo de noventa días, la tendencia de los

empleados es a utilizarla para no perderla aunque

no sea por razones válidas de enfermedad.

Como

incentivo para inducir a los empleados a hacer un

mejor uso de esta licencia, se propuso el pago de

una suma global por la licencia que éstos tuvieran

acumulada a la fecha de su separación del servicio

para acogerse a la jubilación.”

El

informe

de

la

Comisión

de

Gobierno

de

la

Cámara

de

Representante de 4 de marzo de 1972 añadió al respecto que:

“[e]l propósito de esta propuesta es proveer

un incentivo para inducir a los empleados públicos

a un mejor uso de la licencia por enfermedad para

evitar la práctica señalada y, por otra parte,

añadiría un beneficio marginal adicional lo cual es

un incentivo para atraer y retener personal idóneo

al servicio de carrera pública.”29

Asimismo, el Senado de Puerto Rico, en su informe de 19 de

junio de 1974, recomendó la aprobación del Proyecto

del Senado 719 de 12 de marzo de 197430, cuyo propósito era

liberalizar lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Núm. 125,

según enmendada, supra, como una medida de justicia para los

empleados públicos.

Aún más, tan reciente como en 1996, el legislador reafirmó

su

interés

licencias

por

de

premiar

al

vacaciones

y

empleado

público

enfermedad

de

que

utiliza

las

forma

prudente

y

29

Véase, además, Caballero v. Sistemas de Retiro, supra,

págs. 158-159.

30

Tras su aprobación, pasó a ser la Ley Núm. 198 de 23 de

julio de 1974.

CC-1998-804

23

razonable.

Sobre

dicho

asunto,

expresó

en

la

Exposición

de

Motivos de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 199631 que:

“[e]l Gobierno de Puerto Rico tiene el interés

de identificar los medios necesarios para ofrecer

al

empleado

público

aquellos

beneficios

que

promuevan el adecuado uso de las licencias por

enfermedad y vacaciones, retener el personal que ha

colaborado en el desarrollo de los logros obtenidos

a

través

de

los

años

y

atraer

aquellos

profesionales que tienen el interés de aportar

esfuerzos y trabajo a la dura labor de gobierno.”

Reconocer que un funcionario público que no ha utilizado al

máximo su licencia por enfermedad en vida puede transmitir a sus

herederos el derecho a que se les compense por ese concepto,

redunda

en

evitar

el

uso

irrazonable

de

la

licencia

por

el

funcionario.

Examinados los principios normativos expuestos, veamos su

aplicación al caso de marras.

V

El licenciado Gilberto Alvarez Crespo fungió como fiscal

auxiliar

durante

veintiocho

(28)

años.

Su

separación

del

servicio público se debió a su fallecimiento el 1 de mayo de

1995. Es decir, a su separación definitiva del servicio público —por causa de muerte--, había prestado más de diez (10) años de

servicio.

Por

tanto,

cumplió

con

los

requisitos

para

tener

derecho al pago global de licencia por enfermedad establecidos en

el artículo 2 de la Ley Núm. 125, según enmendada, supra, a

saber, (1) que se separe definitivamente del servicio;

y (2) que

el empleado público haya prestado por lo menos diez (10) años de

servicio.32

No

obstante,

el

Lcdo.

Alvarez

Crespo

se

vio

31

Para enmendar la sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de

octubre de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley de

Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. sec.

1355.

32

Es de notar que, aunque el Lcdo. Alvarez Crespo era

participante del sistema de retiro gubernamental, no le aplicaba

el primer supuesto del antes citado artículo 2 de la Ley Núm.

125, por cuanto su separación del servicio no fue para acogerse a

la jubilación.

CC-1998-804

24

imposibilitado

de

disfrutar

de

su

derecho

a

con

el

referido

debido

a

su

articulado,

el

fallecimiento.

Indudablemente,

tenor

licenciado Alvarez Crespo hubiese sido elegible al pago de la

suma global acumulada por concepto de licencia por enfermedad, de

su separación definitiva del servicio público haber sido motivada

por otra causal que no fuera su muerte. En cuyo caso, tendría

derecho al pago de $17,739.35, equivalentes a los ochenta y dos

(82)

días

que

tenía

acumulados

en

concepto

de

licencia

por

sufrido

el

enfermedad.

Sin

embargo,

las

diversas

enmiendas

que

ha

artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, denotan el interés de la

legislatura de corregir el lenguaje de dicha disposición. Sobre

el particular, resolvimos en Caballero v. Sistemas de Retiro,

supra, pág. 157, que:

“[L]a evolución e historial legislativo de

este artículo [2] de la ley [Núm. 125] y sus

enmiendas demuestran su carácter reparador y su

propósito de proteger los derechos adquiridos por

los servidores públicos, así como de estimular a

aquel servidor público que por servirle a su país

se ha visto imposibilitado del disfrute de sus

vacaciones

regulares

y

de

su

licencia

por

enfermedad

acumulada.

Por

ello

debemos

interpretarlo liberalmente, a favor del empleado,

puesto que dicha ley concede una serie de derechos

en pro del reclutamiento y retención de tales

servidores públicos con el fin del fortalecimiento

mismo del servicio público.” (Enfasis nuestro.)

Allí mismo advertimos que, siendo la Ley Núm 125, supra, una

de carácter reparador, para que un empleado quede excluido de los

beneficios de dicho estatuto, la exclusión tiene que ser expresa.

A

modo

de

ejemplo,

señalamos

a

los

funcionarios

de

instrumentalidades y corporaciones públicas y a los nombrados por

el Gobernador.33 Entonces, por analogía, podríamos concluir que,

al no prohibir expresamente la heredabilidad de la licencia de

33

65.

Caballero v. Sistemas de Retiro, supra, págs. 164-

CC-1998-804

25

enfermedad

acumulada

por

un

funcionario

público

fenecido,

el

legislador no quiso excluirlo. Más bien se debió a una omisión

del legislador.

Por su parte, Bernier y Cuevas Segarra manifiestan que:

“[t]oda

acción

legislativa

persigue

un

propósito. Trata de corregir un mal, alterar una

situación

existente,

complementar

una

reglamentación

vigente,

fomentar

algún

bien

específico o el bienestar general, reconocer o

proteger un derecho, crear una política pública o

formular un plan de gobierno.”34

A modo de ejemplo, en cuanto a la necesidad de corregir el

lenguaje de esta disposición, el Secretario de Justicia sostuvo

que el artículo 2 de la Ley Núm. 125, supra, adolece de una

laguna con respecto al lapso de tiempo que debe transcurrir para

poder determinar si hubo desvinculación del servicio público.

Sobre el particular, indicó que:

“[e]s mi criterio, por tanto, que imponer

determinado período de tiempo como norma general,

aplicable a todos los casos, sería una acción

arbitraria e inefectiva, por carecer de fundamento

legal alguno. Se debe recurrir a la acción

legislativa, a fin de que se enmiende el referido

Artículo 2 de la Ley Núm. 125 de 1967 para aclarar

esta aparente omisión en dicho precepto, según se

recomendó en la Op. Sec. Just. Núm. 16 [de 1 de

junio] de 1982, a la pág. 99.” 35

Estamos

de

acuerdo

con

la

determinación

del

tribunal

apelativo sosteniendo que:

“[d]el

historial

legislativo

no

puede

colegirse intención legislativa alguna de excluir

el pago de licencia acumulada por enfermedad en

caso de muerte al interpretar el último párrafo del

artículo 2 de la Ley Núm. 125. Por otro lado, sí

puede interpretarse que la incorporación específica

de la disposición sobre el pago de licencia

acumulada por vacaciones en el

artículo 2, supra, a los herederos en caso de

muerte, según lo dispuso la Ley Núm. 92 de 1968,

obedeció al hecho de que al aprobarse originalmente

la Ley Núm. 125 se excluyó el pago por el concepto

de licencia por vacaciones en casos de muerte.

Conforme el historial legislativo antes referido,

el legislador tuvo como fin corregir esa situación

y para ello enfatizó, al eliminar la restricción,

34

Bernier y Cuevas Segarra, op. cit. págs. 245-246.

35

LXIII Op. Srio. Just. Núm. 29 de 1992.

CC-1998-804

26

que el pago de esa licencia se efectuaría a los

herederos. Al no haber existido esa limitación por

ley en el caso del pago de licencia por enfermedad,

no había motivo para expresamente reconocer el

derecho o corregir situación alguna.”36

Por

los

impedimento

fundamentos

legal

o

expuestos,

entendemos

interpretativo

que

nos

que

no

existe

restrinja

de

concederle a los herederos del licenciado Gilberto Alvarez Crespo

el derecho al pago de $17,739.35, equivalentes a la licencia por

enfermedad acumulada por éste a la fecha de su fallecimiento.

Lo

contrario, quebrantaría el fin primordial legislativo de que los

empleados públicos hagan buen uso de la licencia por enfermedad.

Concluimos, además, que el pago global de la licencia por

enfermedad acumulada no es personalísimo. Por el contrario, es un

derecho

patrimonial

funcionario

público

transferible

fenecido

al

a

amparo

los

del

herederos

de

un

artículo

608

del

Código Civil, supra.

Expedido previamente el auto de certiorari, confirmamos el

dictamen del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado

36

Apéndice, pág. 12-13.

CC-1998-804

27

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión Gilberto Alvarez

Crespo y otros

Demandantes-Recurridos

v.

CC-1998-804

Hon. Pedro Pierluisi,

Secretario de Justicia del

Estado Libre Asociado de P.R.

Demandado-Recurrente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión precedente,

la

cual

se

confirma

el

hace

formar

dictamen

parte

del

de

esta

Tribunal

de

sentencia,

se

Circuito

de

Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, de 17 de

agosto de 1998, mediante el cual revocó la sentencia del

tribunal de instancia.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo