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Tribunal Supremo de Puerto Rico

FECHA OPINION

2000 TSPR 16

Poder Judicial de Puerto Rico

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FECHA OPINION

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Vigoreaux Lorenzana

Luis A. Vigoreaux Lorenzana

Peticionarios

v.

Junta de Libertad Bajo Palabra

Recurridos

Mandamus

2000 TSPR 16

Lydia Echevarria

Convicta

Número del Caso: MD-2000-1

Fecha: 1/02/2000

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Miguel A. Maza

Lcdo. Juan Carlos Morales

Materia: Derecho Administrativo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Vigoreaux Lorenzana

Luis A. Vigoreaux Lorenzana

Peticionarios

v.

MD-2000-1

Junta de Libertad Bajo Palabra

Constituida por: Lcdo. Enrique

García García y otros

Peticionados

Lydia Echevarría

Convicta

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2000

A la anterior petición

original, no ha lugar.

de

mandamus

en

jurisdicción

En este recurso los peticionarios, hermanos Vigoreaux

Lorenzana nos solicitan en jurisdicción original que

ordenemos, entre otros, a la Junta de Libertad Bajo Palabra

a proveer un inventario de la documentación que obra en el

expediente y que autorice el acceso a los documentos

médicos, psiquiátricos, psicológicos y de rehabilitación de

la Sra. Lydia Echevarría Rodríguez que forman parte del

expediente objeto de consideración ante dicha Junta.

Independientemente de si este recurso de Mandamus

cumple

o

no

con

los

requisitos

necesarios

para

discrecionalmente ejercitar nuestra jurisdicción, el mismo

se ha tornado académico con la decisión de la Junta al

concederle libertad a la Sra. Echevarría Rodríguez.

Este dictamen es sin menoscabo de que la decisión de

la Junta, como agencia administrativa, pueda ser objeto de

revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Fuster

Berlingeri emitió un Voto Disidente por separado. El

Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Vigoreaux Lorenzana

Luis A. Vigoreaux Lorenzana

Peticionarios

vs.

Junta de Libertad Bajo Palabra,

Etc.

Demandados

MD-2000-1

Lydia Echevarría

Convicta

Voto Disidente del Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de febrero de 2000.

Debo disentir del dictamen de la mayoría en este

caso. El asunto que nos han planteado los peticionarios

Vigoreaux ha debido ser resuelto por este Tribunal a la

brevedad posible, y este Foro tenía plena facultad para

hacerlo.

El

asunto

que

ha

estado

pendiente

ante

nuestra

consideración NO ES si Lydia Echevarría debe ser puesta

en libertad bajo palabra o no.

Tal cuestión no nos

concierne aquí.

Más bien, lo que sí nos atañe es la importante

cuestión procesal de si los peticionarios tenían derecho

a recibir determinada información de la Junta de Libertad

Bajo Palabra para poder participar debidamente en los

procedimientos de esa Junta relativos a este caso.

La cuestión procesal referida sobre el derecho a información de una

víctima estuvo ante nos recientemente en el pleito que sostuvo la señora

Angueira Navarro contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. Aparentemente

lo que resolvimos en dicho caso no quedó claro porque la controversia se

ha suscitado otra vez en la petición de los hermanos Vigoreaux que la

Junta ha desatendido en este caso.

Es por ello que opino, contrario a

lo

este

que

sostiene

responsabilidad

la

de

mayoría

aclarar

de

este

Tribunal,

asunto

de

una

que

vez

teníamos

en

este

la

caso.

Seguramente la referida controversia entre una víctima y la Junta de

Libertad Bajo Palabra ha de ocurrir nuevamente, y nos compete evitar que

ello continúe sucediendo en otros casos.

Aunque la Junta de Libertad Bajo Palabra ya emitió su decisión en

el caso de autos, ello no nos ha debido impedir de atender y resolver el

planteamiento

de

los

peticionarios.

Ello

es

así

por

dos

razones

importantes. En primer lugar, la propia mayoría del Tribunal reconoce en

su Resolución que la festinada decisión de la Junta en este caso puede

ser

impugnada

por

el

peticionario

ante

el

Tribunal

de

Circuito

Apelaciones. Ello significa que la controversia sigue viva.

de

No se ha

esfumado judicialmente. No es académica si aún es impugnable en el foro

apelativo. Allí tendrá que considerarse el alcance y significado de

nuestra reciente decisión en Angueira Navarro v. Jta. de Libertad Bajo

Palabra, infra. Pero, resulta que tal labor sólo la puede hacer de modo

definitivo este Tribunal, sobre todo si es necesario aclarar lo que allí

resolvimos. Vista la urgencia que tiene este asunto, no es conveniente a

las partes tener que recurrir al foro apelativo, para luego volver ante

nos.

Hemos

podido

y

hemos

debido

obviar

la

pérdida

de

tiempo,

de

esfuerzos, de recursos judiciales y la incertidumbre pública que ese

curso de acción acarrea. No le conviene a nadie que este asunto continúe

ventilándose

de

tribunal

en

tribunal,

demorándose

así

su

solución

definitiva.

En segundo lugar, este Tribunal tiene bien establecida la doctrina

de que si un caso se torna académico, pero su asunto es susceptible de

repetición

sin

considerarlo.

dilucidación

judicial,

tenemos

jurisdicción

para

Se trata de una de las excepciones a la norma de pleito

académico, que existe para evitar que asuntos importantes queden sin

resolverse porque la controversia concreta termina mientras el caso está

pendiente del trámite judicial. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R.

927, 935-936 (1993). La excepción referida existe precisamente para

atender situaciones como la de este caso, en el cual el asunto ante nos

se ha de tornar académico siempre debido a que la Junta, de manera

festinada, resuelve dicho asunto antes de que nosotros lo hayamos podido

resolver.

En

resumen,

pues,

teníamos

jurisdicción

para

atender

el

planteamiento de los peticionarios, y hemos debido resolverlo.

Paso ahora a atender dicho planteamiento, como creo que este Foro

debió hacerlo.

Nuestra reciente opinión en Angueira Navarro v. Junta de Libertad

Bajo Palabra, del 11 de enero de 2000, __ D.P.R. __, 2000 TSPR 2, 2000

JTS 1, en la cual interpretamos la Carta de Derechos de las Víctimas y

Testigos de Delitos, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. 973

ed seq., hace clara referencia al mandato legislativo mediante el cual

se

estableció

para

las

víctimas

de

delitos

el

derecho

a

una

participación activa en los procedimientos para la concesión o negación

del privilegio a la libertad bajo palabra a un convicto celebrados ante

la Junta de Libertad Bajo Palabra.

En el citado caso reconocimos también que el referido derecho de

la víctima a opinar y participar activamente en los procedimientos

aludidos

apareja

un

derecho

de

información

que

haga

posible

la

integración activa de la víctima en tales procedimientos. A tal efecto,

señalamos que:

Precisamente, aquí quien solicita la información es la

víctima de delito con el único propósito de emitir una

“opinión” informada sobre la determinación de la concesión

del privilegio de libertad bajo palabra a uno de sus

ofensores.

Ese trámite, conforme el Art. 7 de la Ley, está

“directamente relacionado con la administración de la

justicia” en un caso criminal. Por ello, la divulgación de

tal información debe considerarse y permitirse. Negarle a la

víctima el acceso al expediente de su ofensor significaría

que la Asamblea Legislativa reconoció sólo proforma el

derecho a opinar, pues, sustancial y prácticamente le haría

imposible ejercerlo informada y adecuadamente.

Carecería de

sentido espiritual y pragmático esta importante legislación.

Estos pronunciamientos nuestros no son de naturaleza exhortativa.

Más bien, constituyen nuestra vinculante interpretación del significado

y del alcance del estatuto en cuestión, por lo que forman parte de lo

que preceptúa dicho estatuto.

El mandato legislativo a la Junta de Libertad Bajo Palabra que

surge del estatuto referido según lo hemos interpretado constituye un

deber ministerial de ésta de permitir a la víctima el acceso a los

documentos que forman parte de sus expedientes.

Es

cierto

que

en

Angueira

Navarro

v.

Junta

de

Libertad

Bajo

Palabra, supra, reconocimos que dicho derecho de información no es

irrestricto. Ello, sin embargo, de modo alguno significa que la Junta

de Libertad Bajo Palabra no tenga un deber de permitirle a la víctima

el

acceso

a

la

información

correspondiente.

Sólo

significa

que

al

ordenarle a dicha Junta que cumpla con su deber ministerial, debemos

emitir

a

la

vez

“una

orden

protectora...

permanente,

so

pena

de

desacato, para asegurar que no se revelen las fuentes de información y

las víctimas se comprometan a utilizar la información exclusivamente

para el fin reclamado, no la divulgación pública”.

En vista de lo anterior, es claro en derecho que la Junta está

sujeta a un deber ministerial de proveer información. De otro modo se

le restaría sentido y utilidad a nuestra decisión en Angueira Navarro

v.

Junta

de

Libertad

significase

que

la

legislativo

sin

que

supuestamente

no

Bajo

Junta

pueda

Palabra,

supra.

no

obligada

medie

está

una

emitir

en

orden

Si

dicha

a

acatar

judicial

Mandamus,

decisión

que

entonces

el

sólo

mandato

este

Foro

hicimos

un

ejercicio fútil al emitirla.

En resumen, pues, entiendo que este Tribunal tenía la autoridad

para expedir el recurso ante nos en este caso, y ordenarle a la Junta

de Libertad Bajo Palabra que permitiese el acceso a la información que

solicitaron los peticionarios, a la vez que ordenábamos a éstos, so

pena de desacato, a mantener la confidencialidad de la información

contenida en el expediente.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO