Tribunal Supremo de Puerto Rico
FECHA OPINION
2000 TSPR 16
Poder Judicial de Puerto Rico
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FECHA OPINION
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Vigoreaux Lorenzana
Luis A. Vigoreaux Lorenzana
Peticionarios
v.
Junta de Libertad Bajo Palabra
Recurridos
Mandamus
2000 TSPR 16
Lydia Echevarria
Convicta
Número del Caso: MD-2000-1
Fecha: 1/02/2000
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Miguel A. Maza
Lcdo. Juan Carlos Morales
Materia: Derecho Administrativo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Vigoreaux Lorenzana
Luis A. Vigoreaux Lorenzana
Peticionarios
v.
MD-2000-1
Junta de Libertad Bajo Palabra
Constituida por: Lcdo. Enrique
García García y otros
Peticionados
Lydia Echevarría
Convicta
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2000
A la anterior petición
original, no ha lugar.
de
mandamus
en
jurisdicción
En este recurso los peticionarios, hermanos Vigoreaux
Lorenzana nos solicitan en jurisdicción original que
ordenemos, entre otros, a la Junta de Libertad Bajo Palabra
a proveer un inventario de la documentación que obra en el
expediente y que autorice el acceso a los documentos
médicos, psiquiátricos, psicológicos y de rehabilitación de
la Sra. Lydia Echevarría Rodríguez que forman parte del
expediente objeto de consideración ante dicha Junta.
Independientemente de si este recurso de Mandamus
cumple
o
no
con
los
requisitos
necesarios
para
discrecionalmente ejercitar nuestra jurisdicción, el mismo
se ha tornado académico con la decisión de la Junta al
concederle libertad a la Sra. Echevarría Rodríguez.
Este dictamen es sin menoscabo de que la decisión de
la Junta, como agencia administrativa, pueda ser objeto de
revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Asociado
señor
Fuster
Berlingeri emitió un Voto Disidente por separado. El
Juez Asociado señor Hernández Denton no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Vigoreaux Lorenzana
Luis A. Vigoreaux Lorenzana
Peticionarios
vs.
Junta de Libertad Bajo Palabra,
Etc.
Demandados
MD-2000-1
Lydia Echevarría
Convicta
Voto Disidente del Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 1ro. de febrero de 2000.
Debo disentir del dictamen de la mayoría en este
caso. El asunto que nos han planteado los peticionarios
Vigoreaux ha debido ser resuelto por este Tribunal a la
brevedad posible, y este Foro tenía plena facultad para
hacerlo.
El
asunto
que
ha
estado
pendiente
ante
nuestra
consideración NO ES si Lydia Echevarría debe ser puesta
en libertad bajo palabra o no.
Tal cuestión no nos
concierne aquí.
Más bien, lo que sí nos atañe es la importante
cuestión procesal de si los peticionarios tenían derecho
a recibir determinada información de la Junta de Libertad
Bajo Palabra para poder participar debidamente en los
procedimientos de esa Junta relativos a este caso.
La cuestión procesal referida sobre el derecho a información de una
víctima estuvo ante nos recientemente en el pleito que sostuvo la señora
Angueira Navarro contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. Aparentemente
lo que resolvimos en dicho caso no quedó claro porque la controversia se
ha suscitado otra vez en la petición de los hermanos Vigoreaux que la
Junta ha desatendido en este caso.
Es por ello que opino, contrario a
lo
este
que
sostiene
responsabilidad
la
de
mayoría
aclarar
de
este
Tribunal,
asunto
de
una
que
vez
teníamos
en
este
la
caso.
Seguramente la referida controversia entre una víctima y la Junta de
Libertad Bajo Palabra ha de ocurrir nuevamente, y nos compete evitar que
ello continúe sucediendo en otros casos.
Aunque la Junta de Libertad Bajo Palabra ya emitió su decisión en
el caso de autos, ello no nos ha debido impedir de atender y resolver el
planteamiento
de
los
peticionarios.
Ello
es
así
por
dos
razones
importantes. En primer lugar, la propia mayoría del Tribunal reconoce en
su Resolución que la festinada decisión de la Junta en este caso puede
ser
impugnada
por
el
peticionario
ante
el
Tribunal
de
Circuito
Apelaciones. Ello significa que la controversia sigue viva.
de
No se ha
esfumado judicialmente. No es académica si aún es impugnable en el foro
apelativo. Allí tendrá que considerarse el alcance y significado de
nuestra reciente decisión en Angueira Navarro v. Jta. de Libertad Bajo
Palabra, infra. Pero, resulta que tal labor sólo la puede hacer de modo
definitivo este Tribunal, sobre todo si es necesario aclarar lo que allí
resolvimos. Vista la urgencia que tiene este asunto, no es conveniente a
las partes tener que recurrir al foro apelativo, para luego volver ante
nos.
Hemos
podido
y
hemos
debido
obviar
la
pérdida
de
tiempo,
de
esfuerzos, de recursos judiciales y la incertidumbre pública que ese
curso de acción acarrea. No le conviene a nadie que este asunto continúe
ventilándose
de
tribunal
en
tribunal,
demorándose
así
su
solución
definitiva.
En segundo lugar, este Tribunal tiene bien establecida la doctrina
de que si un caso se torna académico, pero su asunto es susceptible de
repetición
sin
considerarlo.
dilucidación
judicial,
tenemos
jurisdicción
para
Se trata de una de las excepciones a la norma de pleito
académico, que existe para evitar que asuntos importantes queden sin
resolverse porque la controversia concreta termina mientras el caso está
pendiente del trámite judicial. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R.
927, 935-936 (1993). La excepción referida existe precisamente para
atender situaciones como la de este caso, en el cual el asunto ante nos
se ha de tornar académico siempre debido a que la Junta, de manera
festinada, resuelve dicho asunto antes de que nosotros lo hayamos podido
resolver.
En
resumen,
pues,
teníamos
jurisdicción
para
atender
el
planteamiento de los peticionarios, y hemos debido resolverlo.
Paso ahora a atender dicho planteamiento, como creo que este Foro
debió hacerlo.
Nuestra reciente opinión en Angueira Navarro v. Junta de Libertad
Bajo Palabra, del 11 de enero de 2000, __ D.P.R. __, 2000 TSPR 2, 2000
JTS 1, en la cual interpretamos la Carta de Derechos de las Víctimas y
Testigos de Delitos, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. 973
ed seq., hace clara referencia al mandato legislativo mediante el cual
se
estableció
para
las
víctimas
de
delitos
el
derecho
a
una
participación activa en los procedimientos para la concesión o negación
del privilegio a la libertad bajo palabra a un convicto celebrados ante
la Junta de Libertad Bajo Palabra.
En el citado caso reconocimos también que el referido derecho de
la víctima a opinar y participar activamente en los procedimientos
aludidos
apareja
un
derecho
de
información
que
haga
posible
la
integración activa de la víctima en tales procedimientos. A tal efecto,
señalamos que:
Precisamente, aquí quien solicita la información es la
víctima de delito con el único propósito de emitir una
“opinión” informada sobre la determinación de la concesión
del privilegio de libertad bajo palabra a uno de sus
ofensores.
Ese trámite, conforme el Art. 7 de la Ley, está
“directamente relacionado con la administración de la
justicia” en un caso criminal. Por ello, la divulgación de
tal información debe considerarse y permitirse. Negarle a la
víctima el acceso al expediente de su ofensor significaría
que la Asamblea Legislativa reconoció sólo proforma el
derecho a opinar, pues, sustancial y prácticamente le haría
imposible ejercerlo informada y adecuadamente.
Carecería de
sentido espiritual y pragmático esta importante legislación.
Estos pronunciamientos nuestros no son de naturaleza exhortativa.
Más bien, constituyen nuestra vinculante interpretación del significado
y del alcance del estatuto en cuestión, por lo que forman parte de lo
que preceptúa dicho estatuto.
El mandato legislativo a la Junta de Libertad Bajo Palabra que
surge del estatuto referido según lo hemos interpretado constituye un
deber ministerial de ésta de permitir a la víctima el acceso a los
documentos que forman parte de sus expedientes.
Es
cierto
que
en
Angueira
Navarro
v.
Junta
de
Libertad
Bajo
Palabra, supra, reconocimos que dicho derecho de información no es
irrestricto. Ello, sin embargo, de modo alguno significa que la Junta
de Libertad Bajo Palabra no tenga un deber de permitirle a la víctima
el
acceso
a
la
información
correspondiente.
Sólo
significa
que
al
ordenarle a dicha Junta que cumpla con su deber ministerial, debemos
emitir
a
la
vez
“una
orden
protectora...
permanente,
so
pena
de
desacato, para asegurar que no se revelen las fuentes de información y
las víctimas se comprometan a utilizar la información exclusivamente
para el fin reclamado, no la divulgación pública”.
En vista de lo anterior, es claro en derecho que la Junta está
sujeta a un deber ministerial de proveer información. De otro modo se
le restaría sentido y utilidad a nuestra decisión en Angueira Navarro
v.
Junta
de
Libertad
significase
que
la
legislativo
sin
que
supuestamente
no
Bajo
Junta
pueda
Palabra,
supra.
no
obligada
medie
está
una
emitir
en
orden
Si
dicha
a
acatar
judicial
Mandamus,
decisión
que
entonces
el
sólo
mandato
este
Foro
hicimos
un
ejercicio fútil al emitirla.
En resumen, pues, entiendo que este Tribunal tenía la autoridad
para expedir el recurso ante nos en este caso, y ordenarle a la Junta
de Libertad Bajo Palabra que permitiese el acceso a la información que
solicitaron los peticionarios, a la vez que ordenábamos a éstos, so
pena de desacato, a mantener la confidencialidad de la información
contenida en el expediente.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO