Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V. FERDINAND MARTINEZ LUGO
2000 TSPR 20
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V. FERDINAND MARTINEZ LUGO
CC-1999-196
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2000 TSPR 20
Ferdinand Martínez Lugo
Peticionario
Número del Caso: CC-1999-0196
Fecha: 10/02/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Juez Ponente: Hon. Frank Rodríguez García
Abogados de la Parte Recurrente: Lcdo. Israel Roldán González
Abogados de la Parte Recurrida: Oficina del Procurador General
Lcda. Grisel Hernández Esteves
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sustancias Controladas
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Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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En el Tribunal supremo de puerto rico
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-99-196
CERTIORARI
Ferdinand Martínez Lugo
Acusado-peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO
LOPEZ
En San Juan, Puerto Rico, 10 febrero de 2000
Luego de celebrado juicio por tribunal de derecho,
Ferdinand
Martínez
infringir
el
Lugo
Artículo
fue
404
de
hallado
culpable,
la
de
Ley
por
Sustancias
Controladas y el Artículo 4 de la Ley de Armas, por el
antiguo
Tribunal
Superior
de
Puerto
Rico,
Sala
de
Mayaguez.
El 7 de marzo de 1988, luego del informe socio-penal
correspondiente, el tribunal de instancia entendió que
Martínez Lugo, en cuanto al cargo de poseer sustancias
controladas, cualificaba para el procedimiento esbozado
en
el
Artículo
Controladas.
suspendió
En
todo
404(b)
de
la
virtud
de
dicha
procedimiento
imposición de sentencia contra
Ley
de
Sustancias
determinación,
se
--entiéndase
la
CC-1999-196
Martínez
3
Lugo--
y
éste
fue
sometidó
a
un
período
probatorio de dos años. Martínez Lugo tendría que cumplir
con
dos
condiciones:
someterse
a
un
tratamiento
ambulatorio en cierto programa de rehabilitación y poner
al día los pagos de dos pensiones alimentarias1.
El 17 de septiembre de 1990, habiendo expirado el
término original de dos años impuestos por el tribunal, la
Administración de Corrección envió una misiva al Fiscal de
Distrito de Mayagüez en la cual informaba que el probando
había sido evaluado, en febrero de 1988, por el programa
D.S.C.A. y que éste no necesitaba tratamiento alguno pues
las pruebas arrojaron un resultado negativo en cuanto al
uso de drogas. Ello no obstante, en la misma carta se
solicitó al fiscal que acudiera al tribunal en busca de
una
extensión
debido
a
de
que,
un
año
al
alegadamente,
período
Martínez
novecientos
dólares
de
pensión
contravenía
una
las
condiciones
de
de
libertad;
Lugo
alimentaria,
de
su
ello
adeudaba
lo
cual
libertad
a
prueba.
De acuerdo a las recomendaciones de Corrección, el
fiscal presentó, el 26 de octubre de 1990, una moción
mediante la cual solicitó que se extendiera el período por
un año más en vista de que Martínez Lugo había incumplido
con una de las condiciones impuestas. Esta solicitud, se
1
En relación con la infracción por el Artículo 4 de la Ley
de Armas, Martínez Lugo fue sentenciado a pagar una multa
de cien dólares ($100).
CC-1999-196
4
presentó habiendo transcurrido en exceso de siete meses
luego
de
concluido
el
término
original
de
dos
años
impuesto por el tribunal.
Celebrada
Ministerio
la
vista
Público,
la
para
atender
defensa
la
alegó
solicitud
que
el
del
período
probatorio había vencido el 7 de marzo de 1990, por lo que
tanto el informe del oficial probatorio como la solicitud
del
Ministerio
término.
1990,
El
que:
Público,
tribunal
“[e]n
fueron
determinó,
cuanto
a
la
presentadas
el
22
de
extensión
fuera
de
noviembre
de
del
período
probatorio, radicada por el fiscal Velázquez el día 26 de
octubre de 1990, el Tribunal la declara Sin Lugar. En
cuanto
a
la
exoneración
del
acusado,
no
hay
nada
que
2
disponer por cuanto no está planteada.”
En el mes de enero de 1991, la representación legal
de Martínez Lugo solicitó del tribunal que emitiese una
orden para que se devolvieran las fotos y huellas tomadas
al acusado. Al enterarse de dicha solicitud, el Ministerio
Público
solicitó
reconsideración
de
la
denegatoria
del
tribunal a extender el período por un año. Celebrada la
vista, el 29 de enero de 1991, en la cual estuvo presente
Martínez
Lugo,
el
tribunal
reconsideró
su
dictamen
y
ordenó la extensión del término por el plazo de un año.
2
Minuta del 22 de noviembre de 1990, Apéndice V, pág. 19
del Legajo. En dicha minuta, además, se hizo constar que
el fiscal aceptó que, a la luz de las fechas del informe y
la solicitud de extensión, no procedía la extensión.
CC-1999-196
Nada
se
5
dispuso
en
cuanto
a
desde
cuándo
comenzaba
a
decursar ese “nuevo” año.
Durante
el
mes
de
abril
de
1991,
según
alega
el
peticionario, éste consultó con su entonces representante
legal
en
torno
a
la
posibilidad
de
trasladarse
a
los
Estados Unidos toda vez que tenía una oferta de empleo.
Supuestamente,
“porque
ya
su
había
abogado
le
cumplido
indicó
su
que
podía
probatoria”.
hacerlo
Por
ello,
Martínez Lugo se trasladó a vivir en los Estados Unidos,
residiendo allí desde entonces.3
El 23 de septiembre de 1991, la Administración de
Corrección cursó una misiva al Fiscal de Distrito alegando
que Martínez Lugo había violado las condiciones impuestas
para
su
libertad.
El
4
de
octubre
de
1991,
el
fiscal
solicitó del tribunal que se revocara la libertad a prueba
concedida
a
Martínez
Lugo;
ello
en
virtud
de
las
siguientes razones: no satisfacer una deuda por pensión
alimentaria; ausentarse de la jurisdicción sin permiso; no
comparecer
ante
el
oficial
probatorio;
usar
drogas
narcóticas y no recibir tratamiento del D.S.C.A.
La
vista
sumaria
inicial
se
pautó
para
el
12
de
diciembre de 1991. Llegado el día de la vista, Martínez
Lugo no se presentó y, por desconocer su paradero, el
tribunal ordenó su arresto y fijó una fianza de diez mil
dólares. Se reseñaló el asunto para el 17 de enero de
3
Declaración jurada del peticionario, Apéndice IX pág. 2425 del Legajo.
CC-1999-196
1992.
6
Finalmente,
mencionada,
revocó
el
tribunal,
la
libertad
Martínez
Lugo
y
ordenó
anterior,
el
5
de
su
marzo
en
a
la
prueba
arresto.
de
fecha
1992,
antes
concedida
a
En
virtud
de
lo
el
tribunal
dictó
sentencia en contra de Martínez Lugo condenándolo a tres
años de reclusión.
Cinco
años
Martínez
Lugo
solicitó
la
más
tarde,
presentó
el
una
corrección
de
10
de
moción
la
junio
de
1997,
mediante
la
cual
sentencia;
ello
por
el
fundamento de que las subsiguientes modificaciones a la
sentencia
fueron
efectuadas
luego
de
que
“expirara”
el
término de dos años impuesto por el tribunal y que las
actuaciones de éste fueron “ultra vires”, pues violentaban
el debido proceso de ley. Martínez Lugo acompañó su moción
con una declaración jurada en la que expresaba que partió
a los Estados Unidos luego de que su abogado le informara
que
había
además,
cumplido
que
con
la
desconocía
libertad
que
su
a
prueba;
sentencia
indicó,
había
sido
revocada.
Celebrada
la
vista
correspondiente,
el
tribunal
determinó que no entraría a entender en la solicitud de
Martínez Lugo hasta tanto se acreditara que éste se había
entregado
a
las
autoridades
o
estaba
detenido
en
una
institución penal. Solicitada la reconsideración por la
defensa,
para
solicitud,
el
que
se
tribunal
consideraran
de
primera
los
méritos
instancia
resolución mediante la cual denegó la solicitud.
de
la
emitió
una
CC-1999-196
7
Martínez
Lugo
acudió,
vía
ante
certiorari,
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Luego de los tramites
de
rigor,
el
foro
apelativo
intermedio
denegó
la
expedición del auto. Es de esa determinación que acude
ante
nos
Martínez
Lugo
a
través
de
un
recurso
de
certiorari. Plantea que el tribunal de primera instancia
no
tenía
jurisdicción
para
“modificar
una
sentencia
posterior a que la misma fuera [sic] expirada y cumplida a
cabalidad” y que dicho foro había errado al no entender en
su solicitud de corrección de sentencia y al revocar su
probatoria sin las garantías mínimas del debido proceso de
ley.
El
23
de
abril
de
1999,
concedimos
término
al
Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa
por
la
cual
no
debía
revocarse
la
decisión
del
foro
apelativo. En cumplimiento de dicha orden, el Procurador
General ha comparecido. Estudiados los argumentos de las
partes, nos encontramos en posición de resolver.
I
El
vehículo
procesal
que
utilizó
la
defensa
para
atacar la actuación del foro de instancia lo fue la Regla
185(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.
185(a).
Según
interpretada
recientemente,
la
referida
disposición reglamentaria es el mecanismo adecuado para
corregir
y/o
modificar
la
pena
impuesta
a
una
persona
cuando: los términos de la sentencia rebasan los límites
CC-1999-196
8
fijados
por
el
castigo
distinto
estatuto
penal
y/o
se
al
había
sido
establecido.
que
ha
impuesto
Es
un
de
notar que, a través de la Regla 185, no es posible variar
o dejar sin efecto los fallos condenatorios. Pueblo v.
Valdés Sánchez, res. el 29 de marzo de 1996, 140 D.P.R._
(1996). Es importante destacar que la citada Regla, cuando
de sentencias ilegales se trata, no establece límite de
tiempo para utilizarla; es decir, independientemente del
plazo transcurrido, la parte perjudicada por una sentencia
ilegal podrá solicitar su corrección en cualquier momento.
Claro está, en los demás casos, por causa justificada y en
bien de la justicia, la sentencia podrá reducirse dentro
de los 90 días de haberse dictado. Cf. Pueblo v. Cubero
Colón, 116 D.P.R. 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica Cruz,
115 D.P.R. 569 (1984). ¿Constituyeron las subsiguientes
actuaciones del tribunal actos ilegales? Veamos.
II
El
Artículo
404(b)
de
la
Ley
de
Sustancias
Controladas, supra, provee un mecanismo para conceder un
privilegio de libertad a prueba a ciertas personas. Sus
beneficios
están
limitados
infringir
dicho
artículo
anteriormente
por
delitos
a
que
personas
responsables
no
sido
convictas
con
sustancias
hayan
relacionados
de
controladas.4
4
En lo pertinente, el estatuto dispone que “[s]erá ilegal
el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente,
CC-1999-196
9
A través del procedimiento establecido el tribunal
puede,
luego
de
la
celebración
del
juicio
o
de
una
alegación de culpabilidad, someter a la persona a libertad
a
prueba
con
las
condiciones
y
términos
que
estime
apropiados. Aquí, el tribunal no hace pronunciamiento de
convicción como tal y no dicta sentencia. El artículo en
cuestión
dispone
expresamente
que,
en
caso
de
incumplimiento con alguna de las condiciones, el tribunal
revocará el beneficio de libertad a prueba y, entonces,
procederá
a
dictar
la
sentencia
que
estime
correspondiente. Artículo 404(b), supra.
La intención de la Asamblea Legislativa al diseñar el
mecanismo del Inciso (b) del citado Artículo 404 es uno
eminentemente
discreción
rehabilitador.
para
rehabilitación
se
determinar
logrará,
El
tribunal
la
forma
así
como
su
goza
en
de
gran
que
dicha
duración.
Claro
está, la discreción está sujeta a un período máximo que no
excederá
de
cinco
años.
Pueblo
v.
Román
Santiago,
109
D.P.R. 485 (1980).
posea alguna sustancia controlada, a menos que tal
sustancia haya sido obtenida directamente o de conformidad
con la receta u orden de un profesional actuando dentro
del marco de su práctica profesional, o excepto como se
autorice en este Capítulo.”
Ésta no es la única instancia en que la Asamblea
Legislativa ha establecido este tipo de proceder. Véase, a
manera de ejemplo, el Artículo 3.6 de la Ley de Violencia
Doméstica, 8 L.P.R.A. § 636.
CC-1999-196
Este
estatuto
10
sistema,
aunque
general
de
análogo
Sentencias
al
provisto
5
Suspendidas ,
en
el
tiene
sustanciales diferencias. Véase: Pueblo v. Texidor Seda,
128 D.P.R. 578 (1991). Una de las diferencias principales,
entre la “probatoria” tradicional y la contemplada en la
Ley de Sustancias Controladas, supra, es que, bajo esta
última,
no
convicción
hay
por
pronunciamiento
un
delito.
Id.
de
Esto
culpabilidad
es,
no
se
o
dicta
sentencia, todo el proceso queda suspendido hasta tanto
otra
cosa
disponga
el
tribunal.
En
lugar
de
dictar
sentencia, el tribunal fija un período durante el cual la
persona se someterá a tratamiento y/o aquellas condiciones
que
el
tribunal
entienda
apropiadas.
De
ocurrir
algún
incumplimiento por parte del beneficiario, se revoca la
libertad a prueba y entonces se dicta la sentencia. Pueblo
v. Texidor Seda, ante.
Por otro lado, luego de expirado el periodo fijado y
habiendo
cumplido
la
persona
con
las
condiciones
impuestas, el tribunal, luego de celebrar una vista, puede
dar por terminado el periodo probatorio y exonerarlo si
entiende que la persona está rehabilitada.6 Por supuesto,
5
6
34 L.P.R.A. sec. 1026 et. seq.
Desde su concepción, este beneficio fue diseñado “[a]
tono con el concepto prevaleciente de que el drogadicto es
un enfermo, [por ello] la medida provee para la
exoneración condicional por el primer delito de posesión
de una sustancia controlada para consumo propio, bajo
determinadas circunstancias.” Informe conjunto del P. de
la C. 1323, eventualmente convertido en la Ley Núm. 4 de
23 de junio de 1971 conocida como la Ley de Sustancias
CC-1999-196
11
la exoneración no es mandatoria por el mero hecho de que
la persona haya cumplido con las condiciones; es un asunto
que descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v.
Román Santiago, ante.
Cuando el tribunal de instancia actúa afirmativamente
--ya sea para extender el periodo originalmente impuesto
y/o
para
lograr
añadir
la
unas
condiciones,
rehabilitación;
o
para
con
el
propósito
de
dar
por
terminado
el
periodo probatorio impuesto y exonerar a la persona; o
para dar por terminado dicho periodo y sentenciar a la
persona-- no hay ninguna clase de problema. Ahora bien, la
pregunta
de
umbral
es
¿qué
sucede
u
ocurre
con
la
situación en que, habiendo transcurrido el plazo impuesto,
la persona no solicita exoneración, ni el tribunal dicta
sentencia de culpabilidad?7
En el pasado nos hemos enfrentado a situaciones, al
amparo
de
la
Sección
sirven
de
faro
404(b)
rector
para
que,
de
atender
cierto
las
modo,
nos
interrogantes
planteadas. Veamos.
En
el
citado
caso
de
Román
Santiago,
ante,
el
tribunal de instancia estableció un término probatorio de
Controladas. “[E]l adicto no se cura con reclusión en
presidio sino con tratamiento.” Martínez Reyes v. Tribunal
Superior, 104 D.P.R. 407, 409 (1975).
7
Estas interrogantes surgen de la situación fáctica que
debemos desmenuzar. En específico, el hecho de que
Martínez Lugo cumplió con los dos años originalmente
impuestos y, ante una solicitud de extensión por alegadas
violaciones, el tribunal la denegó aunque no decretó el
archivo del caso.
CC-1999-196
12
cuatro años. Mes y medio después que transcurrieran los
cuatro
años,
tribunal
a
petición
del
un
al
extendió
año
oficial
plazo
probatorio,
probatorio.
No
el
hubo
objeción de Román Santiago ni se instó recurso de revisión
contra dicha determinación. Así las cosas, a petición del
fiscal, el tribunal revocó la libertad a prueba concedida
a Román Santiago porque éste había incurrido en una nueva
infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Aunque los
hechos que justificaban la revocación ocurrieron dentro de
la extensión decretada de un año, la solicitud del fiscal
y
la
eventual
revocación
de
la
libertad
a
prueba
ocurrieron luego de que transcurriera el año. Resolvimos
en
Román
Santiago,
ante,
que,
concluido
el
período
probatorio, no es mandatoria la exoneración aun cuando el
beneficiario
haya
cumplido
al
pie
de
la
letra
las
condiciones impuestas8. Al rechazar la contención de Román
Santiago
de
que
el
trámite
para
revocar
el
privilegio
concedido debía iniciarse durante la vigencia del mismo,
expresamos que existe una diferencia fundamental entre el
mecanismo
provisto
la
suspendidas
y
Sustancias
Controladas.
sentencia
8
el
en
del
condenatoria
ley
general
de
Artículo
404(b)
de
y
Finalmente,
la
revocación
sentencias
Ley
de
confirmamos
la
del
la
privilegio
Al así decidir, consignamos que Román Santiago había
incumplido
con
su
tratamiento
rehabilitador
incluso
durante los cuatro años originales que se le impusieron
evadiéndose
de
la
institución
donde
recibía
el
tratamiento. Pueblo v. Román Santiago, ante, pág. 488-489.
CC-1999-196
13
concedido.
Sin
embargo,
considerar
si
sería
prueba
probando
al
transcurrir
cinco
expresamos:
procedente
por
años
revocar
hechos
desde
“[n]o
es
la
libertad
a
luego
de
concedió
tal
ocurridos
que
se
le
menester
beneficio. Tales hechos no están ante nuestra atención.”
Pueblo v. Román Santiago, ante, 489.
En
Pueblo
v.
Texidor
Seda,
ante,
el
acusado
hizo
alegación de culpabilidad por infracción a la Sección 404
de la Ley de Sustancias Controladas. El tribunal suspendió
los procedimientos y sometió a Texidor Seda al régimen de
libertad a prueba por un término de tres años el cual
luego fue reducido a dos años. Durante la vigencia de
dicho
término,
Texidor
Seda
violó
los
términos
de
su
libertad a prueba por lo que la misma fue revocada. Así
pues, el tribunal lo sentenció a tres años de presidio. En
revisión, Texidor Seda cuestionó el que se le “aumentara”
la pena impuesta. Luego de reiterar que la ley general de
sentencias
contemplado
suspendidas
en
la
no
Ley
es
de
idéntica
al
Sustancias
procedimiento
Controladas
--y
establecer que éste es análogo al mecanismo de desvío de
la Regla 247 de Procedimiento Criminal-- resolvimos que no
se configuró la violación planteada por Texidor Seda. En
efecto,
determinamos
que
nunca
se
había
impuesto
pena
alguna al acusado, simplemente tuvo la dicha de gozar de
un privilegio que malogró.
En Pueblo v. Moreu Merced, 130 D.P.R. 702 (1992), nos
enfrentamos
a
un
programa
de
desvío
contemplado
en
la
CC-1999-196
Regla
14
247.1
de
establece
un
Artículo
404(b)
Comenzado
un
Procedimiento
procedimiento
de
la
proceso
Criminal,
igual
Ley
penal
de
al
supra,
provisto
Sustancias
contra
Moreu
que
en
el
Controladas.
Merced
por
el
delito de escalamiento agravado, el mismo fue suspendido
para
que
éste
mencionado.
se
La
acogiera
libertad
a
al
proceso
prueba
de
desvío
concedida
fue
antes
por
un
plazo de dos años. Conforme a las condiciones impuestas,
Moreu
Merced
tratamiento
venciera
tenía
contra
el
que
la
término,
internarse
adicción
Moreu
a
en
un
drogas.
Merced
fue
programa
Antes
de
de
que
expulsado
del
programa. Sin embargo, este hecho no fue notificado al
tribunal antes de que vencieran los dos años originalmente
provistos. Enterado el tribunal, inició --con celeridad-los procedimientos para revocar el beneficio y, como era
de esperarse, así lo hizo. Vía certiorari, resolvimos que:
“...el período probatorio que se le impone a
una persona que se acoge a este procedimiento o
mecanismo
de
desvío...no
termina
automáticamente con el mero transcurso del
período de tiempo[sic] impuesto. Esto es, el
tribunal
no
pierde
jurisdicción
sobre
la
persona que se acogió a dicho procedimiento
hasta tanto no se celebre la vista... [de
exoneración] y hasta que el tribunal da por
terminado el período probatorio, exonerando al
acusado y ordenando el sobreseimiento de la
acusación radicada en su contra.” (Énfasis en
el original.)
Claro
está,
en
Moreu
Merced,
ante,
sujetamos
la
norma
establecida a la condición de que el Ministerio Público
solicite, y el tribunal celebre, la vista en un término
razonable
luego
de
finalizado
el
período
probatorio
CC-1999-196
15
impuesto. Así pues, entendimos que el plazo transcurrido
en dicho caso --ocho días-- fue razonable.
No hay duda de que, en esta clase de situaciones los
tribunales
de
instancia
deben
intentar
mitigar
la
incertidumbre del probando tomando los pasos afirmativos
necesarios para dar por terminado, en una forma u otra, el
caso.
Concluido
instancia
el
viene
término
en
la
probatorio,
el
tribunal
de
obligación
de
tomar
una
determinación con respecto al probando: exonerarlo si está
rehabilitado
y
libertad
prueba;
a
sentenciar
al
cerrar
o
acusado
el
caso;
ampliar
el
plazo
de
dar
por
terminado
el
mismo
y
con
las
si
éste
no
ha
cumplido
condiciones impuestas.
En otras palabras, no debe suceder lo que ocurrió en
el
presente
caso,
esto
es,
que
no
obstante
haber
finalizado el periodo probatorio originalmente impuesto,
el
tribunal
permitió,
con
su
inacción,
que
el
caso
permaneciera en un limbo jurídico.
Además,
someter
a
es
una
importantísimo
persona
a
que
estos
los
tipos
tribunales,
de
al
programas,
adviertan al beneficiario que retienen jurisdicción sobre
su persona aun cuando haya concluido el plazo original y
hasta tanto no se tome una de las determinaciones arriba
mencionadas; principios del debido proceso de ley así lo
requieren.
CC-1999-196
16
III
Examinemos
originalmente
el
caso
impuestos
de
a
autos.
Martínez
Los
Lugo
dos
años
comenzaron
a
decursar el 7 de marzo de 1988 y, por ende, vencieron el 7
de marzo de 1990. No está en disputa el hecho de que el
tribunal retenía jurisdicción sobre éste aun después de
concluido el plazo. El asunto es otro: la diligencia con
que
actuó
el
Ministerio
Público
y
el
tribunal
de
instancia. En el presente caso, habiendo transcurrido seis
meses de expirado el término, fue que la Administración de
Corrección envió una carta al fiscal en solicitud de que
se extendiera el plazo. Luego de que la misiva descansara
por un mes más en la oficina del Fiscal de Distrito, fue
que éste solicitó del tribunal la extensión aludida.
Celebrada
la
vista,
unos
siete
meses
luego
de
expirado el período, el fiscal de turno expresó en sala
que no procedía su propia solicitud por haberse presentado
la misma fuera de término. Por ello, el tribunal, contando
con la presencia de Martínez Lugo en sala, rechazó la
extensión solicitada. No hay duda de que el tribunal de
instancia, en ese momento, debió dar el caso por cerrado y
exonerar al probando. No lo hizo.
Finalmente,
diez
el
meses
original,
es
que
Martínez
Lugo
solicitara
luego
Ministerio
la
de
vencido
Público,
devolución
de
el
plazo
luego
de
que
sus
fotos
y
huellas, solicita una tardía “reconsideración” de la antes
mencionada denegatoria. Por deducción lógica, la cuestión
CC-1999-196
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se reduce a determinar la razonabilidad de los diez meses
de demora en que se incurrió en el presente caso.
Somos del criterio que --contrario al caso de Pueblo
v. Moreu Merced, ante, en el cual tanto el ministerio
fiscal
como
el
tribunal
de
instancia
actuaron
con
una
admirable rapidez-- en el presente caso hubo desidia, y
hasta
negligencia,
de
la
Rama
Ejecutiva
de
nuestro
Gobierno. Esto es, a nuestro juicio resulta impermisible
que en esta clase de situaciones se permita al ministerio
público solicitar del tribunal que se extienda el periodo
probatorio cuando han transcurrido en exceso de diez (10)
meses desde que venció el periodo original fijado.
Lo
expresado
tiene
exonerar
al
peticionario;
extensión
del
aquí
término
era
la
consecuencia
ello
improcedente
así
jurídica
de
ya
que
la
razón
de
--por
incuria-- razón por la cual procede decretar el cierre del
caso y la exoneración del peticionario.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
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En el Tribunal supremo de puerto rico
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-99-196
CERTIORARI
Ferdinand Martínez Lugo
Acusado-peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, 10 febrero de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, ordenándose
el cierre del caso y la exoneración del peticionario
Ferdinand Martínez Lugo; devolviéndose el caso al
tribunal de instancia para procedimientos ulteriores
consistentes con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo