LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V. FERDINAND MARTINEZ LUGO

2000 TSPR 20

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V. FERDINAND MARTINEZ LUGO

CC-1999-196

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2000 TSPR 20

Ferdinand Martínez Lugo

Peticionario

Número del Caso: CC-1999-0196

Fecha: 10/02/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV

Juez Ponente: Hon. Frank Rodríguez García

Abogados de la Parte Recurrente: Lcdo. Israel Roldán González

Abogados de la Parte Recurrida: Oficina del Procurador General

Lcda. Grisel Hernández Esteves

Procuradora General Auxiliar

Materia: Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

En el Tribunal supremo de puerto rico

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-99-196

CERTIORARI

Ferdinand Martínez Lugo

Acusado-peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO

LOPEZ

En San Juan, Puerto Rico, 10 febrero de 2000

Luego de celebrado juicio por tribunal de derecho,

Ferdinand

Martínez

infringir

el

Lugo

Artículo

fue

404

de

hallado

culpable,

la

de

Ley

por

Sustancias

Controladas y el Artículo 4 de la Ley de Armas, por el

antiguo

Tribunal

Superior

de

Puerto

Rico,

Sala

de

Mayaguez.

El 7 de marzo de 1988, luego del informe socio-penal

correspondiente, el tribunal de instancia entendió que

Martínez Lugo, en cuanto al cargo de poseer sustancias

controladas, cualificaba para el procedimiento esbozado

en

el

Artículo

Controladas.

suspendió

En

todo

404(b)

de

la

virtud

de

dicha

procedimiento

imposición de sentencia contra

Ley

de

Sustancias

determinación,

se

--entiéndase

la

CC-1999-196

Martínez

3

Lugo--

y

éste

fue

sometidó

a

un

período

probatorio de dos años. Martínez Lugo tendría que cumplir

con

dos

condiciones:

someterse

a

un

tratamiento

ambulatorio en cierto programa de rehabilitación y poner

al día los pagos de dos pensiones alimentarias1.

El 17 de septiembre de 1990, habiendo expirado el

término original de dos años impuestos por el tribunal, la

Administración de Corrección envió una misiva al Fiscal de

Distrito de Mayagüez en la cual informaba que el probando

había sido evaluado, en febrero de 1988, por el programa

D.S.C.A. y que éste no necesitaba tratamiento alguno pues

las pruebas arrojaron un resultado negativo en cuanto al

uso de drogas. Ello no obstante, en la misma carta se

solicitó al fiscal que acudiera al tribunal en busca de

una

extensión

debido

a

de

que,

un

año

al

alegadamente,

período

Martínez

novecientos

dólares

de

pensión

contravenía

una

las

condiciones

de

de

libertad;

Lugo

alimentaria,

de

su

ello

adeudaba

lo

cual

libertad

a

prueba.

De acuerdo a las recomendaciones de Corrección, el

fiscal presentó, el 26 de octubre de 1990, una moción

mediante la cual solicitó que se extendiera el período por

un año más en vista de que Martínez Lugo había incumplido

con una de las condiciones impuestas. Esta solicitud, se

1

En relación con la infracción por el Artículo 4 de la Ley

de Armas, Martínez Lugo fue sentenciado a pagar una multa

de cien dólares ($100).

CC-1999-196

4

presentó habiendo transcurrido en exceso de siete meses

luego

de

concluido

el

término

original

de

dos

años

impuesto por el tribunal.

Celebrada

Ministerio

la

vista

Público,

la

para

atender

defensa

la

alegó

solicitud

que

el

del

período

probatorio había vencido el 7 de marzo de 1990, por lo que

tanto el informe del oficial probatorio como la solicitud

del

Ministerio

término.

1990,

El

que:

Público,

tribunal

“[e]n

fueron

determinó,

cuanto

a

la

presentadas

el

22

de

extensión

fuera

de

noviembre

de

del

período

probatorio, radicada por el fiscal Velázquez el día 26 de

octubre de 1990, el Tribunal la declara Sin Lugar. En

cuanto

a

la

exoneración

del

acusado,

no

hay

nada

que

2

disponer por cuanto no está planteada.”

En el mes de enero de 1991, la representación legal

de Martínez Lugo solicitó del tribunal que emitiese una

orden para que se devolvieran las fotos y huellas tomadas

al acusado. Al enterarse de dicha solicitud, el Ministerio

Público

solicitó

reconsideración

de

la

denegatoria

del

tribunal a extender el período por un año. Celebrada la

vista, el 29 de enero de 1991, en la cual estuvo presente

Martínez

Lugo,

el

tribunal

reconsideró

su

dictamen

y

ordenó la extensión del término por el plazo de un año.

2

Minuta del 22 de noviembre de 1990, Apéndice V, pág. 19

del Legajo. En dicha minuta, además, se hizo constar que

el fiscal aceptó que, a la luz de las fechas del informe y

la solicitud de extensión, no procedía la extensión.

CC-1999-196

Nada

se

5

dispuso

en

cuanto

a

desde

cuándo

comenzaba

a

decursar ese “nuevo” año.

Durante

el

mes

de

abril

de

1991,

según

alega

el

peticionario, éste consultó con su entonces representante

legal

en

torno

a

la

posibilidad

de

trasladarse

a

los

Estados Unidos toda vez que tenía una oferta de empleo.

Supuestamente,

“porque

ya

su

había

abogado

le

cumplido

indicó

su

que

podía

probatoria”.

hacerlo

Por

ello,

Martínez Lugo se trasladó a vivir en los Estados Unidos,

residiendo allí desde entonces.3

El 23 de septiembre de 1991, la Administración de

Corrección cursó una misiva al Fiscal de Distrito alegando

que Martínez Lugo había violado las condiciones impuestas

para

su

libertad.

El

4

de

octubre

de

1991,

el

fiscal

solicitó del tribunal que se revocara la libertad a prueba

concedida

a

Martínez

Lugo;

ello

en

virtud

de

las

siguientes razones: no satisfacer una deuda por pensión

alimentaria; ausentarse de la jurisdicción sin permiso; no

comparecer

ante

el

oficial

probatorio;

usar

drogas

narcóticas y no recibir tratamiento del D.S.C.A.

La

vista

sumaria

inicial

se

pautó

para

el

12

de

diciembre de 1991. Llegado el día de la vista, Martínez

Lugo no se presentó y, por desconocer su paradero, el

tribunal ordenó su arresto y fijó una fianza de diez mil

dólares. Se reseñaló el asunto para el 17 de enero de

3

Declaración jurada del peticionario, Apéndice IX pág. 2425 del Legajo.

CC-1999-196

1992.

6

Finalmente,

mencionada,

revocó

el

tribunal,

la

libertad

Martínez

Lugo

y

ordenó

anterior,

el

5

de

su

marzo

en

a

la

prueba

arresto.

de

fecha

1992,

antes

concedida

a

En

virtud

de

lo

el

tribunal

dictó

sentencia en contra de Martínez Lugo condenándolo a tres

años de reclusión.

Cinco

años

Martínez

Lugo

solicitó

la

más

tarde,

presentó

el

una

corrección

de

10

de

moción

la

junio

de

1997,

mediante

la

cual

sentencia;

ello

por

el

fundamento de que las subsiguientes modificaciones a la

sentencia

fueron

efectuadas

luego

de

que

“expirara”

el

término de dos años impuesto por el tribunal y que las

actuaciones de éste fueron “ultra vires”, pues violentaban

el debido proceso de ley. Martínez Lugo acompañó su moción

con una declaración jurada en la que expresaba que partió

a los Estados Unidos luego de que su abogado le informara

que

había

además,

cumplido

que

con

la

desconocía

libertad

que

su

a

prueba;

sentencia

indicó,

había

sido

revocada.

Celebrada

la

vista

correspondiente,

el

tribunal

determinó que no entraría a entender en la solicitud de

Martínez Lugo hasta tanto se acreditara que éste se había

entregado

a

las

autoridades

o

estaba

detenido

en

una

institución penal. Solicitada la reconsideración por la

defensa,

para

solicitud,

el

que

se

tribunal

consideraran

de

primera

los

méritos

instancia

resolución mediante la cual denegó la solicitud.

de

la

emitió

una

CC-1999-196

7

Martínez

Lugo

acudió,

vía

ante

certiorari,

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Luego de los tramites

de

rigor,

el

foro

apelativo

intermedio

denegó

la

expedición del auto. Es de esa determinación que acude

ante

nos

Martínez

Lugo

a

través

de

un

recurso

de

certiorari. Plantea que el tribunal de primera instancia

no

tenía

jurisdicción

para

“modificar

una

sentencia

posterior a que la misma fuera [sic] expirada y cumplida a

cabalidad” y que dicho foro había errado al no entender en

su solicitud de corrección de sentencia y al revocar su

probatoria sin las garantías mínimas del debido proceso de

ley.

El

23

de

abril

de

1999,

concedimos

término

al

Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa

por

la

cual

no

debía

revocarse

la

decisión

del

foro

apelativo. En cumplimiento de dicha orden, el Procurador

General ha comparecido. Estudiados los argumentos de las

partes, nos encontramos en posición de resolver.

I

El

vehículo

procesal

que

utilizó

la

defensa

para

atacar la actuación del foro de instancia lo fue la Regla

185(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.

185(a).

Según

interpretada

recientemente,

la

referida

disposición reglamentaria es el mecanismo adecuado para

corregir

y/o

modificar

la

pena

impuesta

a

una

persona

cuando: los términos de la sentencia rebasan los límites

CC-1999-196

8

fijados

por

el

castigo

distinto

estatuto

penal

y/o

se

al

había

sido

establecido.

que

ha

impuesto

Es

un

de

notar que, a través de la Regla 185, no es posible variar

o dejar sin efecto los fallos condenatorios. Pueblo v.

Valdés Sánchez, res. el 29 de marzo de 1996, 140 D.P.R._

(1996). Es importante destacar que la citada Regla, cuando

de sentencias ilegales se trata, no establece límite de

tiempo para utilizarla; es decir, independientemente del

plazo transcurrido, la parte perjudicada por una sentencia

ilegal podrá solicitar su corrección en cualquier momento.

Claro está, en los demás casos, por causa justificada y en

bien de la justicia, la sentencia podrá reducirse dentro

de los 90 días de haberse dictado. Cf. Pueblo v. Cubero

Colón, 116 D.P.R. 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica Cruz,

115 D.P.R. 569 (1984). ¿Constituyeron las subsiguientes

actuaciones del tribunal actos ilegales? Veamos.

II

El

Artículo

404(b)

de

la

Ley

de

Sustancias

Controladas, supra, provee un mecanismo para conceder un

privilegio de libertad a prueba a ciertas personas. Sus

beneficios

están

limitados

infringir

dicho

artículo

anteriormente

por

delitos

a

que

personas

responsables

no

sido

convictas

con

sustancias

hayan

relacionados

de

controladas.4

4

En lo pertinente, el estatuto dispone que “[s]erá ilegal

el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente,

CC-1999-196

9

A través del procedimiento establecido el tribunal

puede,

luego

de

la

celebración

del

juicio

o

de

una

alegación de culpabilidad, someter a la persona a libertad

a

prueba

con

las

condiciones

y

términos

que

estime

apropiados. Aquí, el tribunal no hace pronunciamiento de

convicción como tal y no dicta sentencia. El artículo en

cuestión

dispone

expresamente

que,

en

caso

de

incumplimiento con alguna de las condiciones, el tribunal

revocará el beneficio de libertad a prueba y, entonces,

procederá

a

dictar

la

sentencia

que

estime

correspondiente. Artículo 404(b), supra.

La intención de la Asamblea Legislativa al diseñar el

mecanismo del Inciso (b) del citado Artículo 404 es uno

eminentemente

discreción

rehabilitador.

para

rehabilitación

se

determinar

logrará,

El

tribunal

la

forma

así

como

su

goza

en

de

gran

que

dicha

duración.

Claro

está, la discreción está sujeta a un período máximo que no

excederá

de

cinco

años.

Pueblo

v.

Román

Santiago,

109

D.P.R. 485 (1980).

posea alguna sustancia controlada, a menos que tal

sustancia haya sido obtenida directamente o de conformidad

con la receta u orden de un profesional actuando dentro

del marco de su práctica profesional, o excepto como se

autorice en este Capítulo.”

Ésta no es la única instancia en que la Asamblea

Legislativa ha establecido este tipo de proceder. Véase, a

manera de ejemplo, el Artículo 3.6 de la Ley de Violencia

Doméstica, 8 L.P.R.A. § 636.

CC-1999-196

Este

estatuto

10

sistema,

aunque

general

de

análogo

Sentencias

al

provisto

5

Suspendidas ,

en

el

tiene

sustanciales diferencias. Véase: Pueblo v. Texidor Seda,

128 D.P.R. 578 (1991). Una de las diferencias principales,

entre la “probatoria” tradicional y la contemplada en la

Ley de Sustancias Controladas, supra, es que, bajo esta

última,

no

convicción

hay

por

pronunciamiento

un

delito.

Id.

de

Esto

culpabilidad

es,

no

se

o

dicta

sentencia, todo el proceso queda suspendido hasta tanto

otra

cosa

disponga

el

tribunal.

En

lugar

de

dictar

sentencia, el tribunal fija un período durante el cual la

persona se someterá a tratamiento y/o aquellas condiciones

que

el

tribunal

entienda

apropiadas.

De

ocurrir

algún

incumplimiento por parte del beneficiario, se revoca la

libertad a prueba y entonces se dicta la sentencia. Pueblo

v. Texidor Seda, ante.

Por otro lado, luego de expirado el periodo fijado y

habiendo

cumplido

la

persona

con

las

condiciones

impuestas, el tribunal, luego de celebrar una vista, puede

dar por terminado el periodo probatorio y exonerarlo si

entiende que la persona está rehabilitada.6 Por supuesto,

5

6

34 L.P.R.A. sec. 1026 et. seq.

Desde su concepción, este beneficio fue diseñado “[a]

tono con el concepto prevaleciente de que el drogadicto es

un enfermo, [por ello] la medida provee para la

exoneración condicional por el primer delito de posesión

de una sustancia controlada para consumo propio, bajo

determinadas circunstancias.” Informe conjunto del P. de

la C. 1323, eventualmente convertido en la Ley Núm. 4 de

23 de junio de 1971 conocida como la Ley de Sustancias

CC-1999-196

11

la exoneración no es mandatoria por el mero hecho de que

la persona haya cumplido con las condiciones; es un asunto

que descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v.

Román Santiago, ante.

Cuando el tribunal de instancia actúa afirmativamente

--ya sea para extender el periodo originalmente impuesto

y/o

para

lograr

añadir

la

unas

condiciones,

rehabilitación;

o

para

con

el

propósito

de

dar

por

terminado

el

periodo probatorio impuesto y exonerar a la persona; o

para dar por terminado dicho periodo y sentenciar a la

persona-- no hay ninguna clase de problema. Ahora bien, la

pregunta

de

umbral

es

¿qué

sucede

u

ocurre

con

la

situación en que, habiendo transcurrido el plazo impuesto,

la persona no solicita exoneración, ni el tribunal dicta

sentencia de culpabilidad?7

En el pasado nos hemos enfrentado a situaciones, al

amparo

de

la

Sección

sirven

de

faro

404(b)

rector

para

que,

de

atender

cierto

las

modo,

nos

interrogantes

planteadas. Veamos.

En

el

citado

caso

de

Román

Santiago,

ante,

el

tribunal de instancia estableció un término probatorio de

Controladas. “[E]l adicto no se cura con reclusión en

presidio sino con tratamiento.” Martínez Reyes v. Tribunal

Superior, 104 D.P.R. 407, 409 (1975).

7

Estas interrogantes surgen de la situación fáctica que

debemos desmenuzar. En específico, el hecho de que

Martínez Lugo cumplió con los dos años originalmente

impuestos y, ante una solicitud de extensión por alegadas

violaciones, el tribunal la denegó aunque no decretó el

archivo del caso.

CC-1999-196

12

cuatro años. Mes y medio después que transcurrieran los

cuatro

años,

tribunal

a

petición

del

un

al

extendió

año

oficial

plazo

probatorio,

probatorio.

No

el

hubo

objeción de Román Santiago ni se instó recurso de revisión

contra dicha determinación. Así las cosas, a petición del

fiscal, el tribunal revocó la libertad a prueba concedida

a Román Santiago porque éste había incurrido en una nueva

infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Aunque los

hechos que justificaban la revocación ocurrieron dentro de

la extensión decretada de un año, la solicitud del fiscal

y

la

eventual

revocación

de

la

libertad

a

prueba

ocurrieron luego de que transcurriera el año. Resolvimos

en

Román

Santiago,

ante,

que,

concluido

el

período

probatorio, no es mandatoria la exoneración aun cuando el

beneficiario

haya

cumplido

al

pie

de

la

letra

las

condiciones impuestas8. Al rechazar la contención de Román

Santiago

de

que

el

trámite

para

revocar

el

privilegio

concedido debía iniciarse durante la vigencia del mismo,

expresamos que existe una diferencia fundamental entre el

mecanismo

provisto

la

suspendidas

y

Sustancias

Controladas.

sentencia

8

el

en

del

condenatoria

ley

general

de

Artículo

404(b)

de

y

Finalmente,

la

revocación

sentencias

Ley

de

confirmamos

la

del

la

privilegio

Al así decidir, consignamos que Román Santiago había

incumplido

con

su

tratamiento

rehabilitador

incluso

durante los cuatro años originales que se le impusieron

evadiéndose

de

la

institución

donde

recibía

el

tratamiento. Pueblo v. Román Santiago, ante, pág. 488-489.

CC-1999-196

13

concedido.

Sin

embargo,

considerar

si

sería

prueba

probando

al

transcurrir

cinco

expresamos:

procedente

por

años

revocar

hechos

desde

“[n]o

es

la

libertad

a

luego

de

concedió

tal

ocurridos

que

se

le

menester

beneficio. Tales hechos no están ante nuestra atención.”

Pueblo v. Román Santiago, ante, 489.

En

Pueblo

v.

Texidor

Seda,

ante,

el

acusado

hizo

alegación de culpabilidad por infracción a la Sección 404

de la Ley de Sustancias Controladas. El tribunal suspendió

los procedimientos y sometió a Texidor Seda al régimen de

libertad a prueba por un término de tres años el cual

luego fue reducido a dos años. Durante la vigencia de

dicho

término,

Texidor

Seda

violó

los

términos

de

su

libertad a prueba por lo que la misma fue revocada. Así

pues, el tribunal lo sentenció a tres años de presidio. En

revisión, Texidor Seda cuestionó el que se le “aumentara”

la pena impuesta. Luego de reiterar que la ley general de

sentencias

contemplado

suspendidas

en

la

no

Ley

es

de

idéntica

al

Sustancias

procedimiento

Controladas

--y

establecer que éste es análogo al mecanismo de desvío de

la Regla 247 de Procedimiento Criminal-- resolvimos que no

se configuró la violación planteada por Texidor Seda. En

efecto,

determinamos

que

nunca

se

había

impuesto

pena

alguna al acusado, simplemente tuvo la dicha de gozar de

un privilegio que malogró.

En Pueblo v. Moreu Merced, 130 D.P.R. 702 (1992), nos

enfrentamos

a

un

programa

de

desvío

contemplado

en

la

CC-1999-196

Regla

14

247.1

de

establece

un

Artículo

404(b)

Comenzado

un

Procedimiento

procedimiento

de

la

proceso

Criminal,

igual

Ley

penal

de

al

supra,

provisto

Sustancias

contra

Moreu

que

en

el

Controladas.

Merced

por

el

delito de escalamiento agravado, el mismo fue suspendido

para

que

éste

mencionado.

se

La

acogiera

libertad

a

al

proceso

prueba

de

desvío

concedida

fue

antes

por

un

plazo de dos años. Conforme a las condiciones impuestas,

Moreu

Merced

tratamiento

venciera

tenía

contra

el

que

la

término,

internarse

adicción

Moreu

a

en

un

drogas.

Merced

fue

programa

Antes

de

de

que

expulsado

del

programa. Sin embargo, este hecho no fue notificado al

tribunal antes de que vencieran los dos años originalmente

provistos. Enterado el tribunal, inició --con celeridad-los procedimientos para revocar el beneficio y, como era

de esperarse, así lo hizo. Vía certiorari, resolvimos que:

“...el período probatorio que se le impone a

una persona que se acoge a este procedimiento o

mecanismo

de

desvío...no

termina

automáticamente con el mero transcurso del

período de tiempo[sic] impuesto. Esto es, el

tribunal

no

pierde

jurisdicción

sobre

la

persona que se acogió a dicho procedimiento

hasta tanto no se celebre la vista... [de

exoneración] y hasta que el tribunal da por

terminado el período probatorio, exonerando al

acusado y ordenando el sobreseimiento de la

acusación radicada en su contra.” (Énfasis en

el original.)

Claro

está,

en

Moreu

Merced,

ante,

sujetamos

la

norma

establecida a la condición de que el Ministerio Público

solicite, y el tribunal celebre, la vista en un término

razonable

luego

de

finalizado

el

período

probatorio

CC-1999-196

15

impuesto. Así pues, entendimos que el plazo transcurrido

en dicho caso --ocho días-- fue razonable.

No hay duda de que, en esta clase de situaciones los

tribunales

de

instancia

deben

intentar

mitigar

la

incertidumbre del probando tomando los pasos afirmativos

necesarios para dar por terminado, en una forma u otra, el

caso.

Concluido

instancia

el

viene

término

en

la

probatorio,

el

tribunal

de

obligación

de

tomar

una

determinación con respecto al probando: exonerarlo si está

rehabilitado

y

libertad

prueba;

a

sentenciar

al

cerrar

o

acusado

el

caso;

ampliar

el

plazo

de

dar

por

terminado

el

mismo

y

con

las

si

éste

no

ha

cumplido

condiciones impuestas.

En otras palabras, no debe suceder lo que ocurrió en

el

presente

caso,

esto

es,

que

no

obstante

haber

finalizado el periodo probatorio originalmente impuesto,

el

tribunal

permitió,

con

su

inacción,

que

el

caso

permaneciera en un limbo jurídico.

Además,

someter

a

es

una

importantísimo

persona

a

que

estos

los

tipos

tribunales,

de

al

programas,

adviertan al beneficiario que retienen jurisdicción sobre

su persona aun cuando haya concluido el plazo original y

hasta tanto no se tome una de las determinaciones arriba

mencionadas; principios del debido proceso de ley así lo

requieren.

CC-1999-196

16

III

Examinemos

originalmente

el

caso

impuestos

de

a

autos.

Martínez

Los

Lugo

dos

años

comenzaron

a

decursar el 7 de marzo de 1988 y, por ende, vencieron el 7

de marzo de 1990. No está en disputa el hecho de que el

tribunal retenía jurisdicción sobre éste aun después de

concluido el plazo. El asunto es otro: la diligencia con

que

actuó

el

Ministerio

Público

y

el

tribunal

de

instancia. En el presente caso, habiendo transcurrido seis

meses de expirado el término, fue que la Administración de

Corrección envió una carta al fiscal en solicitud de que

se extendiera el plazo. Luego de que la misiva descansara

por un mes más en la oficina del Fiscal de Distrito, fue

que éste solicitó del tribunal la extensión aludida.

Celebrada

la

vista,

unos

siete

meses

luego

de

expirado el período, el fiscal de turno expresó en sala

que no procedía su propia solicitud por haberse presentado

la misma fuera de término. Por ello, el tribunal, contando

con la presencia de Martínez Lugo en sala, rechazó la

extensión solicitada. No hay duda de que el tribunal de

instancia, en ese momento, debió dar el caso por cerrado y

exonerar al probando. No lo hizo.

Finalmente,

diez

el

meses

original,

es

que

Martínez

Lugo

solicitara

luego

Ministerio

la

de

vencido

Público,

devolución

de

el

plazo

luego

de

que

sus

fotos

y

huellas, solicita una tardía “reconsideración” de la antes

mencionada denegatoria. Por deducción lógica, la cuestión

CC-1999-196

17

se reduce a determinar la razonabilidad de los diez meses

de demora en que se incurrió en el presente caso.

Somos del criterio que --contrario al caso de Pueblo

v. Moreu Merced, ante, en el cual tanto el ministerio

fiscal

como

el

tribunal

de

instancia

actuaron

con

una

admirable rapidez-- en el presente caso hubo desidia, y

hasta

negligencia,

de

la

Rama

Ejecutiva

de

nuestro

Gobierno. Esto es, a nuestro juicio resulta impermisible

que en esta clase de situaciones se permita al ministerio

público solicitar del tribunal que se extienda el periodo

probatorio cuando han transcurrido en exceso de diez (10)

meses desde que venció el periodo original fijado.

Lo

expresado

tiene

exonerar

al

peticionario;

extensión

del

aquí

término

era

la

consecuencia

ello

improcedente

así

jurídica

de

ya

que

la

razón

de

--por

incuria-- razón por la cual procede decretar el cierre del

caso y la exoneración del peticionario.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

CC-1999-196

18

En el Tribunal supremo de puerto rico

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-99-196

CERTIORARI

Ferdinand Martínez Lugo

Acusado-peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, 10 febrero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida

por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, ordenándose

el cierre del caso y la exoneración del peticionario

Ferdinand Martínez Lugo; devolviéndose el caso al

tribunal de instancia para procedimientos ulteriores

consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo