LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

MARITZA IRIZARRY V JOHNSON & JOHNSON

2000 TSPR 15

Poder Judicial de Puerto Rico

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MARITZA IRIZARRY V JOHNSON & JOHNSON

CC-1998-0073

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maritza Irizarry

Recurrida

Certiorari

v.

2000 TSPR 15

Johnson and Johnson Consumer Products

Co., (P.R.), Inc.

Peticionaria

Número del Caso: CC-1998-0073

Fecha: 27/01/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II

Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Abogados de la Parte Peticionaria: Bufete Schuster, Usera, Aguiló

& Santiago

Lcdo. Carl Schuster

Lcda. Miriam B. Toledo-David

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José Alberty Orona

Materia: Discrimen

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maritza Irizarry

Recurrida

vs.

CC-98-73

CERTIORARI

Johnson and Johnson Consumer

Products Co., (P.R.), Inc.

Peticionaria

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2000

En agosto de 1991, la Sra. Maritza Irizarry comenzó

a

trabajar

para

la

compañía

Johnson

and

Johnson

Consumer Products Co.,(P.R.)Inc. (Johnson & Johnson),

ejerciendo el cargo de Analista de Laboratorio en el

Departamento

(“Quality

sus

de

Control

Control”).

labores,

de

Calidad

de

Alegadamente,

antes

del

le

médicos

patrono

Servicios

de

comenzar

practicaron

un

examen médico que reflejó un perfecto estado de salud.

En

octubre

de

1991,

alegadamente,

se

averió

una

máquina, en el área de trabajo de la Sra. Irizarry, que

recoge

envases

químicos

de

y

gases,

basura(DRONES)

y

fue

sustituida

sin

tapa.

A

por

unos

partir

de

entonces, la salud de la Sra. Irizarry, alegadamente,

comenzó a deteriorarse,

CC-98-73

3

diagnosticándosele varias condiciones de tipo respiratorio,

supuestamente

provocadas

por

la

inhalación

de

ácidos

y

solventes en el trabajo.

Al cumplirse los tres (3) meses del periodo probatorio,

Johnson

&

Johnson

realizó

una

evaluación

de

la

labor

rendida por la Sra. Irizarry. La Compañía consideró dicha

labor como inferior a los estándares de la misma, por lo

que elaboró un plan de acción o adiestramiento documentado

para

ella,

por

un

periodo

de

tres

meses,

pudiendo

ser

separada de su empleo antes de la terminación del mismo si

la calidad de su trabajo no mejoraba. A finales de enero de

1992,

la

Sra.

Irizarry

fue

evaluada

nuevamente,

y

aun

cuando se determinó que sus destrezas habían mejorado, ésta

no alcanzó el nivel requerido por la Compañía.

Desde el 16 de enero de 1992, luego de varios exámenes

médicos, de haber sido diagnosticada con alergia severa, y

por recomendación del Dr. Luis M. De Jesús Montes, la Sra.

Irizarry se ausentó del trabajo. El 31 de enero de 1992, el

Dr.

De

Jesús

Montes

expidió

un

certificado

médico

recomendando que la Sra. Irizarry se mantuviera fuera del

trabajo,

por

condición

estaba

declaró

que

Santiago,

que

tiempo

indefinido,

relacionada

comunicó

iba

a

a

con

su

reportarse

para

el

establecer

mismo.

La

supervisora,

al

Fondo

si

recurrida

Sra.

de

su

Evelyn

Seguro

del

Estado por causa del quebranto de salud que le provocaron

los

ácidos

y

solventes

inhalados.

Alegadamente,

ésta

respondió que si lo hacía le podía costar su trabajo.

le

CC-98-73

El

4

6

Irizarry

de

febrero

de

fue

despedida,

1992,

estando

entregándosele

ausente,

la

un

por

cheque

Sra.

la

cantidad correspondiente a la mesada. Ese mismo día, la

Sra. Irizarry acudió al Fondo del Seguro del Estado, y

luego de haber sido atendida por varios médicos, le fue

diagnosticada asma bronquial.

Como consecuencia de lo anterior, el 17 de enero de

1995, la Sra. Irizarry presentó una querella1, al amparo de

la Ley Núm. 2 de 17 de enero de 19612, contra su ex-patrono,

la compañía Johnson & Johnson. Sin embargo, el 23 de enero

de

1995,

luego

de

ser

contestada

la

querella

por

la

Compañía, la Sra. Irizarry desistió sin perjuicio de su

reclamación. Ello no obstante, el 22 de febrero de 1995, la

Sra.

Irizarry

presentó

una

nueva

querella.

En

la

misma

alegó que el despido se debió a que el patrono discriminó

contra

ella

cuando

ella

ofreció,

o

intentó

ofrecer,

testimonio ante un foro administrativo, esto es, ante el

Fondo

del

Seguro

del

Estado;

que

el

despido

fue

injustificado; y que trabajó horas extras sin recibir paga

por ello3.

El

patrono

contestó

la

querella,

alegando

como

defensas afirmativas, primero, que la querella no aducía

hechos que justificaran la concesión de un remedio en ley,

y segundo, que el despido se debía al desempeño deficiente

1

Alegando que Johnson & Johnson discriminó contra ella

cuando ésta ofreció o intentó ofrecer testimonio ante un

foro administrativo.

2

32 L.P.R.A. Sec. 3118 et seq.

CC-98-73

5

y a las reiteradas violaciones de las normas de la empresa

por parte de la Sra. Irizarry. Posteriormente, Johnson &

Johnson solicitó la desestimación sumaria de la querella

bajo el fundamento de que acudir al Fondo del Seguro del

Estado (Fondo), en solicitud de los beneficios concedidos

en la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 19354 (Ley Núm. 45), no

es una “actividad protegida” por la Ley Núm. 115 de 20

diciembre

de

19915,

según

enmendada

(Ley

Núm.

115).

Oportunamente, la Sra. Irizarry, presentó oposición a la

moción de los querellados, y adujo que por existir una

controversia real y sustancial en cuanto a la justa causa

del despido no procedía dictar sentencia sumaria.

Presentada

la

réplica

a

la

moción

en

oposición

a

sentencia sumaria y la dúplica a la misma, el Tribunal de

Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Bayamón,

dictó

sentencia sumaria parcial desestimando las causas de acción

de daños, tanto bajo la Ley Núm. 115, como bajo la Ley 80

de 30 de junio de 19766, según enmendada. Determinó, además,

dicho foro judicial que el despido de la Sra. Irizarry pudo

haber constituido una violación al Artículo 5(A) de la Ley

Núm. 45 del 18 de abril de 19357, pero que por haber sido

presentada la querella fuera del plazo de doce (12) meses

requeridos por dicha Ley, tampoco ésta quedaba amparada por

esta disposición legal.

3

Posteriormente, la querellante desistió de la reclamación

de horas extras.

4

11 L.P.R.A. sec.1 et seq.

5

29 L.P.R.A. sec. 194 et seq.

6

29 L.P.R.A. secs. 185 et seq.

CC-98-73

6

En cuanto a la Ley Núm. 115, el foro de instancia

acogió el planteamiento de Johnson & Johnson, y concluyó

que,

según

estatuto

su

era

exposición

“proteger

de

al

motivos,

empleado

la

que

intención

colabora

o

del

hace

expresiones como parte de una investigación ante cualquier

foro administrativo, judicial o legislativo”, y que, por

tanto,

acudir

al

Fondo

para

solicitar

los

beneficios

brindados por la Ley Núm. 45 no constituye una “actividad

protegida” conforme lo dispuesto por la Ley Núm. 115.

Inconforme,

la

Sra.

Irizarry

presentó

recurso

de

apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el

cual revocó la sentencia del foro de instancia, resolviendo

que, contrario a la alegación de Johnson & Johnson y lo que

sostuvo el Tribunal de Primera Instancia, la Ley Núm. 115

no limita los testimonios o información ofrecida por los

empleados únicamente a aquella vertida en el curso de una

investigación.

Además,

el

tribunal

intermedio

apelativo

determinó que por existir controversia real sobre el motivo

del despido, no procedía la sentencia sumaria.

Por no estar de acuerdo con la actuación del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, los querellados solicitaron la

revisión

de

la

sentencia

ante este Tribunal.

mediante

recurso

de

certiorari

Plantean que:

“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de

Apelaciones al concluir que cuando un empleado

informa al patrono que solicitará, o en efecto

solicita, los beneficios del Fondo del Seguro del

Estado bajo la Ley Núm. 45 del 18 de abril de

1935, 11 L.P.R.A. § 1 et seq., está intentando

7

11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

CC-98-73

7

ofrecer o prestando testimonio ante un foro

administrativo y

por consiguiente se entiende

como una actividad protegida bajo la Ley Núm. 115

(en adelante “Ley Núm. 115”) de 20 de diciembre de

1991, 29 L.P.R.A. § 194 et seq.”

Expedimos el recurso; estando en condiciones de

resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.

I

La

parte

demandada

peticionaria,

Johnson

&

Johnson,

sostiene que la actuación de un empleado que informa al

patrono

que

solicitará

o,

en

efecto,

solicita

los

beneficios del Fondo del Seguro del Estado, bajo la Ley

Núm.

45,

no

protegida”

está

incluida

consistente

en

dentro

ofrecer

de

o

la

“actividad

intentar

ofrecer

testimonio ante un foro administrativo; de éste tener razón

en

su

planteamiento,

ello

significaría

que

el

hecho

de

acudir al Fondo no está entre las actividades cubiertas por

la protección de la Ley Núm 115, y que, por tanto, no se

podría aplicar la consecuencia jurídica que la misma provee

para

estos

demandada

casos

de

peticionaria

discrimen.

En

nos

a

insta

otras

que

palabras,

la

concluyamos,

que

según la Ley Núm. 115, conocida como Ley de Represalias,

ésta únicamente ofrece protección a expresiones realizadas

en el curso de una investigación iniciada a requerimiento

de un foro administrativo, legislativo o judicial.

-A“Es

principio

interpretar

una

cardinal

disposición

de

hermenéutica

específica

de

una

que

‘[a]l

ley,

los

CC-98-73

8

tribunales

deben

siempre

principios

perseguidos

aprobarla

y

nuestra

considerar

por

la

cuales

Asamblea

determinación

fueron

los

Legislativa

al

atribuirle

un

debe

sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso

obtener’... Nuestra obligación fundamental en estos casos,

es

imprimirle

efectividad

a

la

intención

legislativa,

propiciando de esta forma la realización del propósito que

persigue la ley...” Emilio Dorante v. Wrangler, res. el 27

de abril de 1998, 98 TSPR 50. (Citas omitidas)

De entrada debemos acudir siempre al texto de la ley,

pues cuando éste es claro y libre de ambigüedad, no debe

ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 14. Además, hemos sostenido que el texto claro de una

ley

es

la

expresión

legislativa.(Citas

por

excelencia

de

la

intención

omitidas)

Rodríguez

Rosa

v.

Mendez

&

Co., res. el 18 de marzo de 1999, 99 TSPR 23. Con respecto

a las leyes laborales, se ha dicho específicamente que las

mismas

deben

ser

interpretadas

liberalmente,

resolviendo

toda duda a favor del obrero, para así cumplir con sus

propósitos

eminentemente

sociales

y

reparadores.

Méndez

Orellana v. Fondo del Seguro del Estado, res. el 19 de

marzo de 1996, 140 D.P.R. ___ (1996); Santiago v. Kodak

Caribbean, 129 D.P.R. 763 (1992).

A la luz de los preceptos antes esbozados, pasemos a

examinar el texto de la Ley Núm. 115. La Sección 194(a) de

la referida ley establece que:

CC-98-73

9

“[n]ingún patrono podrá despedir, amenazar, o

discriminar contra un empleado con relación a los

términos, condiciones, compensación, ubicación,

beneficios o privilegios del empleo porque el

empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o

por escrito, cualquier testimonio, expresión o

información

ante

un

foro

legislativo,

administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio

ni

constituyan

divulgación

de

información

privilegiada

establecida

por

ley”.

(Enfasis

8

suplido.)

Ciertamente, una simple lectura de la disposición antes

transcrita, demuestra inequívocamente la claridad y falta

de ambigüedad en su contenido; no encontramos nada en la

redacción

del

artículo,

que

remotamente

insinúe,

que

la

intención del legislador, al aprobar la Ley Núm. 115 fuese,

proteger

únicamente

procedimientos

mantener

las

expresiones

investigativos.

presente

que

un

Respecto

tribunal

no

realizadas

a

ello,

está

en

debemos

autorizado

a

adicionar a un estatuto restricciones o limitaciones que no

aparecen en el texto de una ley. Ramírez de Ferrer v. Juan

Mari Bras, res. el 18 de noviembre de 1997, 142 D.P.R. ___

(1997);

Román

Cuando

los

v.

Superintendente,

términos

susceptibles

de

una

significado

común

y

de

un

93

D.P.R.

estatuto

685

son

interpretación

inequívoca

corriente

sus

de

(1966).

claros,

y

según

el

palabras

y

su

construcción gramatical, los tribunales no deben intercalar

palabras ni suplir omisiones al interpretarlo. Pueblo v.

8

La referida Ley Núm. 115 crea, además, una presunción a

favor del trabajador, una vez éste establece que: (1)

participó en una actividad protegida, y (2) que fue luego

despedido, amenazado o discriminado en su contra en el

empleo.

CC-98-73

10

Ortiz Pepín, 105 D.P.R. 547 (1977); Meléndez v. Tribunal

Superior, 90 D.P.R. 656, (1964).

Por

otro

lado

administrativo

del

tenemos

Fondo

que,

del

respecto

Seguro

del

al

carácter

Estado,

no

ha

habido controversia alguna; esto es, las partes en ningún

momento han cuestionado ese hecho. Como sabemos, la Ley de

Procedimiento

Uniforme9,

Administrativo

establece

que

el

concepto “agencia” incluye cualquier corporación pública o

cualquier

Puerto

instrumentalidad

Rico

autorizada

certificados,

permisos,

del

para

Estado

emitir

concesiones

Libre

Asociado

decisiones

y

o

de

expedir

privilegios,

entre

otras funciones.

A

base

de

lo

anteriormente

expresado,

consideramos

que, a los efectos de la Ley de Represalias, un testimonio

ofrecido ante el Fondo del Seguro del Estado obviamente es

uno realizado ante un foro administrativo. Dicha conclusión

no dispone de la interrogante que plantea el caso.

-BLa

parte

demandada

peticionaria,

Johnson

&

Johnson,

plantea que la verdadera intención legislativa surge de la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115. Sabido es que la

exposición de motivos de un estatuto generalmente recoge el

propósito

del

mismo.

En

la

búsqueda

del

propósito

legislativo de una ley, sin embargo, no nos podemos limitar

a

examinar

su

exposición

9

3 L.P.R.A., sec. 2102

de

motivos,

sino

que

debemos

CC-98-73

11

realizar un examen minucioso del historial legislativo de

la misma.

El antecedente de la Ley Núm.115 lo encontramos en la

Ley Núm. 65 de 3 de julio de 1986 (Ley Núm. 65). Esta ley

enmendó la Ley Núm. 8010, ante, para disponer que, en la

determinación sobre si existe justa causa para el despido,

no

“se

empleado

considerará

la

relacionadas

justa

colaboración

con

el

causa

o

para

expresiones

negocio

de

su

el

despido

hechas

patrono,

de

por

un

éste,

en

una

investigación ante cualquier foro administrativo, judicial

o legislativo en Puerto Rico...”. La Exposición de Motivos

de la Ley Núm. 65 reza:

“El poder de investigación es inherente a la

función legislativa. Este poder es amplio y para

llevarlo a cabo la Asamblea Legislativa está

investida de autoridad para expedir citaciones

para la comparecencia de testigos y producción de

documentos.

La política pública vigente y reiterada tienen

en una estimación muy alta la protección de los

trabajadores en sus empleos.

Esta protección se

extiende a la comparecencia de trabajadores a

distintos foros. Es menester ratificar y confirmar

esta protección y que quede clara y patentemente

establecida la protección de los trabajadores en

sus empleos cuando comparecen ante la Legislatura,

foros administrativos y judiciales para colaborar

con dichos foros y además se expresen acerca de

10

La Ley 80, ante, conocida como la Ley de Despido

Injustificado, provee una indemnización para los empleados

contratados por término indefinido que son despedidos sin

justa causa.

Esta ley define específicamente que es justa

causa, Articulo 2, Ley 80, supra, 29 L.P.R.A. sec.185b, y

excluye de la definición de “despido por justa causa aquel

que se hace por mero capricho del patrono o sin razón

relacionada con el buen y normal funcionamiento del

establecimiento”.

El remedio que tiene el ex-empleado es

una indemnización equivalente a un mes de sueldo, más una

semana de compensación por cada año de servicio con el

patrono. Artículo 1, Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. 185a.

CC-98-73

12

los negocios de sus patronos, sin que ello se

considere justa causa para el despido.” Véase la

Exposición de Motivos de la Ley 65.

Según surge del propio texto de la Ley Núm. 65, y de su

Exposición de Motivos, el alcance de este artículo estaba

claramente circunscrito a investigaciones relacionadas con

el negocio del patrono. Posteriormente, la Ley Núm. 65 fue

enmendada por la Ley Núm. 9 de 3 de octubre de 1986, pero

la sección antes citada no fue alterada.

En el 1991, se presentó ante la Asamblea Legislativa el

P. del S. 987 proponiendo una ley general de represalias y

una

enmienda

al

Originalmente,

el

P.

del

represalia

a

“cualquier

contra

información

Artículo

S.

2

987

de

la

Ley

limitaba

la

testimonio,

en una investigación realizada

Núm.

80.

protección

expresión

ante

un

o

foro

legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico...”.

Por su parte, la enmienda propuesta al Artículo 2 de la Ley

Núm. 80 establecía que no “se considerará justa causa para

el despido de un empleado la colaboración o expresiones

hechas por este, relacionadas con el negocio de su patrono,

en una investigación...”. Según surge de diversos informes

de las comisiones legislativas, y la exposición de motivos

del proyecto, el propósito de la Asamblea Legislativa era

ampliar la protección del empleado a cualquier información

o expresión, no necesariamente relacionada a los negocios

de un patrono, pero limitada a las realizadas en el curso

de una investigación. Véase, Exposición de Motivos, P. del

S. 987 del 20 de febrero de 1991.

CC-98-73

13

Mientras la Asamblea Legislativa evaluaba el P. del S.

987, las Comisiones de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos

del

Veterano,

emitieron

previo

un

estudio

informe,

en

y

consideración

el

cual

del

mismo,

recomendaron

su

aprobación, sujeto a varias enmiendas. Entre las enmiendas

sugeridas en dicho Informe, se encontraba la eliminación de

la frase “e

en una investigación realizada” de modo que la

ley general de represalias leyera “t

testimonio, expresión o

información

ante

un

foro

legislativo,

administrativo

o

judicial en Puerto Rico...”, y la enmienda al Artículo 2 de

la Ley 80 leyera “[t]ampoco se considerará justa causa para

el despido de un empleado la colaboración o expresiones

hechas por éste, relacionadas con el negocio de su patrono,

ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo

en Puerto Rico”.

Según surge del mencionado Informe, el propósito de la

enmienda

era

“e

elimina[r]

el

requisito

de

que

los

testimonios ofrecidos por el empleado sean exclusivamente

los vertidos en una investigación. Esta eliminación tiene

el

efecto

información

de

ampliar

ofrecida

procedimiento”.

la

protección

a

en

cualquier

foro

(Enfasis

nuestro.)

Véase,

testimonios

bajo

o

cualquier

Informe

de

la

Comisión de lo Jurídico de Trabajo y Asuntos del Veterano

de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. 987,

pág.4. Luego de evaluar las recomendaciones de la Comisión

de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del Veterano, la

Asamblea Legislativa enmendó el P. del S. 987, conforme a

CC-98-73

14

las enmiendas sugeridas en el Informe, y finalmente, la

medida fue aprobada convirtiéndose en la Ley Núm. 115.

A

pesar

de

que,

como

hemos

visto,

la

enmienda

demuestra, con meridiana claridad, una intención de ampliar

la protección del empleado contra represalias por parte de

su

patrono

a

expresiones

hechas

dentro

de

cualquier

procedimiento, la parte demandada peticionaria insiste en

que, según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115,

ésta solo protege las expresiones hechas por un empleado en

el curso de una investigación. La Exposición de Motivos de

la Ley 115 Núm. dispone lo siguiente:

“Es principio fundamental en nuestro sistema

constitucional de gobierno que el poder para

investigar es inherente a la función legislativa.

Dicha facultad investigativa es amplia y está

acompañada de la autoridad para expedir citaciones

para la comparecencia de testigos y producción de

documentos, de manera que sea efectiva y cumpla

con el propósito de auxiliar a la Rama Legislativa

en su función investigativa.

La política pública vigente tiene en alta

estima la protección de los derechos de los

trabajadores

a

distintos

foros.

Es

menester

ratificar y confirmar esta política pública y

dejar

clara

y

expresamente

establecida

la

protección de los empleos de los trabajadores,

tanto de las instrumentalidades del Estado Libre

Asociado

como

del

sector

privado,

cuando

comparecen ante la Legislatura o alguna de sus

comisiones,

y

ante

foros

administrativos

o

judiciales para colaborar con dichos foros.

Si bien hasta el momento los empleados han

tenido cierta protección en el empleo por haber

ofrecido

información

o

testimonio,

dicha

protección ha sido limitada en la medida en que se

circunscribe exclusivamente a casos en que el

empleado

testifique

sobre

los

negocios

del

patrono, y establece únicamente como remedio la

restitución en el empleo y paga retroactiva. Es

necesario ampliar esta protección a los efectos de

que sea extensiva a información suministrada ante

CC-98-73

15

el requerimiento de un foro, aún cuando la misma

no trate directamente sobre los negocios de un

patrono y para conceder remedios adicionales tales

como compensación por daños reales y emocionales y

honorarios de abogado...” (Enfasis suplido.)

De una simple lectura de la Exposición de Motivos antes

transcrita,

observamos

que

en

efecto,

la

misma

hace

referencia a la facultad investigativa que posee la Rama

Legislativa e indica, en ciertos fragmentos, que se intenta

proteger la información suministrada ante el requerimiento

de o en colaboración con un foro.

Ello no obstante, de un cuidadoso examen del historial

legislativo de la Ley Núm. 115, surge que la intención

original

de

la

Asamblea

Legislativa

era

crear

una

ley

general de represalias, y al igual que en la Ley Núm. 65,

proteger

expresiones

hechas

en

el

curso

de

una

investigación, y por tal razón, la Exposición de Motivos de

P. del S. 987 incorporó casi ad verbatim, lo referente a

los procesos de investigativos de la Exposición de Motivos

de

la

Ley

Núm.

65.

Surge,

además,

que

mediante

las

enmiendas al P. del S. 987, en específico la eliminación de

la frase “e

en una investigación”, la intención original de

la

Asamblea

Legislativa

se

amplió,

permaneciendo

en

su

forma original, la Exposición de Motivos de la misma. En

conclusión,

el

historial

legislativo

demuestra

que

la

verdadera intención legislativa, contrario a lo que alega

la parte demandada peticionaria, no surge de su Exposición

de Motivos, sino de la propia actuación de la Asamblea

Legislativa.

CC-98-73

16

Por lo tanto, a la luz de las enmiendas realizadas al

P. del S. 987 hasta su final aprobación, las normas de

hermenéuticas aplicables, el claro texto de la Ley Núm. 115

y su historial legislativo, concurrimos con el Tribunal de

Circuito de Apelaciones cuando expone que “la intención del

legislador no puede haber sido que la protección que brinda

la Ley Núm. 115 a los trabajadores en sus empleos quede

supeditada al simple hecho de si es el ente del gobierno el

que inicia el procedimiento investigativo en el cual se

vierte la información o testimonio por parte del empleado,

o si es el empleado el que voluntariamente asiste a la

entidad a brindar cierta información y como resultado de

ello comienza la investigación”. Somos del criterio que la

verdadera

intención

legislativa

de

la

Ley

Núm.

115

es

proteger al empleado por expresiones vertidas por éste en

cualquier procedimiento, y por consiguiente, resolvemos que

acudir al Fondo para acogerse a los beneficios de la Ley

Núm. 45 es una “actividad protegida” por la Ley Núm. 115.

Por las razones antes expuestas, procede que se dicte

Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de Bayamón,

el día 24 de diciembre de 1997.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

CC-98-73

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maritza Irizarry

Recurrida

vs.

CC-98-73

CERTIORARI

Johnson and Johnson Consumer

Products Co., (P.R.), Inc.

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,

la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta

Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de Bayamón, a la

cual se refiere este caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Andréu García no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo