Tribunal Supremo de Puerto Rico
MARITZA IRIZARRY V JOHNSON & JOHNSON
2000 TSPR 15
Poder Judicial de Puerto Rico
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MARITZA IRIZARRY V JOHNSON & JOHNSON
CC-1998-0073
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maritza Irizarry
Recurrida
Certiorari
v.
2000 TSPR 15
Johnson and Johnson Consumer Products
Co., (P.R.), Inc.
Peticionaria
Número del Caso: CC-1998-0073
Fecha: 27/01/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Juez Ponente: Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Abogados de la Parte Peticionaria: Bufete Schuster, Usera, Aguiló
& Santiago
Lcdo. Carl Schuster
Lcda. Miriam B. Toledo-David
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José Alberty Orona
Materia: Discrimen
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maritza Irizarry
Recurrida
vs.
CC-98-73
CERTIORARI
Johnson and Johnson Consumer
Products Co., (P.R.), Inc.
Peticionaria
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2000
En agosto de 1991, la Sra. Maritza Irizarry comenzó
a
trabajar
para
la
compañía
Johnson
and
Johnson
Consumer Products Co.,(P.R.)Inc. (Johnson & Johnson),
ejerciendo el cargo de Analista de Laboratorio en el
Departamento
(“Quality
sus
de
Control
Control”).
labores,
de
Calidad
de
Alegadamente,
antes
del
le
médicos
patrono
Servicios
de
comenzar
practicaron
un
examen médico que reflejó un perfecto estado de salud.
En
octubre
de
1991,
alegadamente,
se
averió
una
máquina, en el área de trabajo de la Sra. Irizarry, que
recoge
envases
químicos
de
y
gases,
basura(DRONES)
y
fue
sustituida
sin
tapa.
A
por
unos
partir
de
entonces, la salud de la Sra. Irizarry, alegadamente,
comenzó a deteriorarse,
CC-98-73
3
diagnosticándosele varias condiciones de tipo respiratorio,
supuestamente
provocadas
por
la
inhalación
de
ácidos
y
solventes en el trabajo.
Al cumplirse los tres (3) meses del periodo probatorio,
Johnson
&
Johnson
realizó
una
evaluación
de
la
labor
rendida por la Sra. Irizarry. La Compañía consideró dicha
labor como inferior a los estándares de la misma, por lo
que elaboró un plan de acción o adiestramiento documentado
para
ella,
por
un
periodo
de
tres
meses,
pudiendo
ser
separada de su empleo antes de la terminación del mismo si
la calidad de su trabajo no mejoraba. A finales de enero de
1992,
la
Sra.
Irizarry
fue
evaluada
nuevamente,
y
aun
cuando se determinó que sus destrezas habían mejorado, ésta
no alcanzó el nivel requerido por la Compañía.
Desde el 16 de enero de 1992, luego de varios exámenes
médicos, de haber sido diagnosticada con alergia severa, y
por recomendación del Dr. Luis M. De Jesús Montes, la Sra.
Irizarry se ausentó del trabajo. El 31 de enero de 1992, el
Dr.
De
Jesús
Montes
expidió
un
certificado
médico
recomendando que la Sra. Irizarry se mantuviera fuera del
trabajo,
por
condición
estaba
declaró
que
Santiago,
que
tiempo
indefinido,
relacionada
comunicó
iba
a
a
con
su
reportarse
para
el
establecer
mismo.
La
supervisora,
al
Fondo
si
recurrida
Sra.
de
su
Evelyn
Seguro
del
Estado por causa del quebranto de salud que le provocaron
los
ácidos
y
solventes
inhalados.
Alegadamente,
ésta
respondió que si lo hacía le podía costar su trabajo.
le
CC-98-73
El
4
6
Irizarry
de
febrero
de
fue
despedida,
1992,
estando
entregándosele
ausente,
la
un
por
cheque
Sra.
la
cantidad correspondiente a la mesada. Ese mismo día, la
Sra. Irizarry acudió al Fondo del Seguro del Estado, y
luego de haber sido atendida por varios médicos, le fue
diagnosticada asma bronquial.
Como consecuencia de lo anterior, el 17 de enero de
1995, la Sra. Irizarry presentó una querella1, al amparo de
la Ley Núm. 2 de 17 de enero de 19612, contra su ex-patrono,
la compañía Johnson & Johnson. Sin embargo, el 23 de enero
de
1995,
luego
de
ser
contestada
la
querella
por
la
Compañía, la Sra. Irizarry desistió sin perjuicio de su
reclamación. Ello no obstante, el 22 de febrero de 1995, la
Sra.
Irizarry
presentó
una
nueva
querella.
En
la
misma
alegó que el despido se debió a que el patrono discriminó
contra
ella
cuando
ella
ofreció,
o
intentó
ofrecer,
testimonio ante un foro administrativo, esto es, ante el
Fondo
del
Seguro
del
Estado;
que
el
despido
fue
injustificado; y que trabajó horas extras sin recibir paga
por ello3.
El
patrono
contestó
la
querella,
alegando
como
defensas afirmativas, primero, que la querella no aducía
hechos que justificaran la concesión de un remedio en ley,
y segundo, que el despido se debía al desempeño deficiente
1
Alegando que Johnson & Johnson discriminó contra ella
cuando ésta ofreció o intentó ofrecer testimonio ante un
foro administrativo.
2
32 L.P.R.A. Sec. 3118 et seq.
CC-98-73
5
y a las reiteradas violaciones de las normas de la empresa
por parte de la Sra. Irizarry. Posteriormente, Johnson &
Johnson solicitó la desestimación sumaria de la querella
bajo el fundamento de que acudir al Fondo del Seguro del
Estado (Fondo), en solicitud de los beneficios concedidos
en la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 19354 (Ley Núm. 45), no
es una “actividad protegida” por la Ley Núm. 115 de 20
diciembre
de
19915,
según
enmendada
(Ley
Núm.
115).
Oportunamente, la Sra. Irizarry, presentó oposición a la
moción de los querellados, y adujo que por existir una
controversia real y sustancial en cuanto a la justa causa
del despido no procedía dictar sentencia sumaria.
Presentada
la
réplica
a
la
moción
en
oposición
a
sentencia sumaria y la dúplica a la misma, el Tribunal de
Primera
Instancia,
Sala
Superior
de
Bayamón,
dictó
sentencia sumaria parcial desestimando las causas de acción
de daños, tanto bajo la Ley Núm. 115, como bajo la Ley 80
de 30 de junio de 19766, según enmendada. Determinó, además,
dicho foro judicial que el despido de la Sra. Irizarry pudo
haber constituido una violación al Artículo 5(A) de la Ley
Núm. 45 del 18 de abril de 19357, pero que por haber sido
presentada la querella fuera del plazo de doce (12) meses
requeridos por dicha Ley, tampoco ésta quedaba amparada por
esta disposición legal.
3
Posteriormente, la querellante desistió de la reclamación
de horas extras.
4
11 L.P.R.A. sec.1 et seq.
5
29 L.P.R.A. sec. 194 et seq.
6
29 L.P.R.A. secs. 185 et seq.
CC-98-73
6
En cuanto a la Ley Núm. 115, el foro de instancia
acogió el planteamiento de Johnson & Johnson, y concluyó
que,
según
estatuto
su
era
exposición
“proteger
de
al
motivos,
empleado
la
que
intención
colabora
o
del
hace
expresiones como parte de una investigación ante cualquier
foro administrativo, judicial o legislativo”, y que, por
tanto,
acudir
al
Fondo
para
solicitar
los
beneficios
brindados por la Ley Núm. 45 no constituye una “actividad
protegida” conforme lo dispuesto por la Ley Núm. 115.
Inconforme,
la
Sra.
Irizarry
presentó
recurso
de
apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el
cual revocó la sentencia del foro de instancia, resolviendo
que, contrario a la alegación de Johnson & Johnson y lo que
sostuvo el Tribunal de Primera Instancia, la Ley Núm. 115
no limita los testimonios o información ofrecida por los
empleados únicamente a aquella vertida en el curso de una
investigación.
Además,
el
tribunal
intermedio
apelativo
determinó que por existir controversia real sobre el motivo
del despido, no procedía la sentencia sumaria.
Por no estar de acuerdo con la actuación del Tribunal
de Circuito de Apelaciones, los querellados solicitaron la
revisión
de
la
sentencia
ante este Tribunal.
mediante
recurso
de
certiorari
Plantean que:
“Erró el Honorable Tribunal de Circuito de
Apelaciones al concluir que cuando un empleado
informa al patrono que solicitará, o en efecto
solicita, los beneficios del Fondo del Seguro del
Estado bajo la Ley Núm. 45 del 18 de abril de
1935, 11 L.P.R.A. § 1 et seq., está intentando
7
11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.
CC-98-73
7
ofrecer o prestando testimonio ante un foro
administrativo y
por consiguiente se entiende
como una actividad protegida bajo la Ley Núm. 115
(en adelante “Ley Núm. 115”) de 20 de diciembre de
1991, 29 L.P.R.A. § 194 et seq.”
Expedimos el recurso; estando en condiciones de
resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.
I
La
parte
demandada
peticionaria,
Johnson
&
Johnson,
sostiene que la actuación de un empleado que informa al
patrono
que
solicitará
o,
en
efecto,
solicita
los
beneficios del Fondo del Seguro del Estado, bajo la Ley
Núm.
45,
no
protegida”
está
incluida
consistente
en
dentro
ofrecer
de
o
la
“actividad
intentar
ofrecer
testimonio ante un foro administrativo; de éste tener razón
en
su
planteamiento,
ello
significaría
que
el
hecho
de
acudir al Fondo no está entre las actividades cubiertas por
la protección de la Ley Núm 115, y que, por tanto, no se
podría aplicar la consecuencia jurídica que la misma provee
para
estos
demandada
casos
de
peticionaria
discrimen.
En
nos
a
insta
otras
que
palabras,
la
concluyamos,
que
según la Ley Núm. 115, conocida como Ley de Represalias,
ésta únicamente ofrece protección a expresiones realizadas
en el curso de una investigación iniciada a requerimiento
de un foro administrativo, legislativo o judicial.
-A“Es
principio
interpretar
una
cardinal
disposición
de
hermenéutica
específica
de
una
que
‘[a]l
ley,
los
CC-98-73
8
tribunales
deben
siempre
principios
perseguidos
aprobarla
y
nuestra
considerar
por
la
cuales
Asamblea
determinación
fueron
los
Legislativa
al
atribuirle
un
debe
sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso
obtener’... Nuestra obligación fundamental en estos casos,
es
imprimirle
efectividad
a
la
intención
legislativa,
propiciando de esta forma la realización del propósito que
persigue la ley...” Emilio Dorante v. Wrangler, res. el 27
de abril de 1998, 98 TSPR 50. (Citas omitidas)
De entrada debemos acudir siempre al texto de la ley,
pues cuando éste es claro y libre de ambigüedad, no debe
ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu.
Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
sec. 14. Además, hemos sostenido que el texto claro de una
ley
es
la
expresión
legislativa.(Citas
por
excelencia
de
la
intención
omitidas)
Rodríguez
Rosa
v.
Mendez
&
Co., res. el 18 de marzo de 1999, 99 TSPR 23. Con respecto
a las leyes laborales, se ha dicho específicamente que las
mismas
deben
ser
interpretadas
liberalmente,
resolviendo
toda duda a favor del obrero, para así cumplir con sus
propósitos
eminentemente
sociales
y
reparadores.
Méndez
Orellana v. Fondo del Seguro del Estado, res. el 19 de
marzo de 1996, 140 D.P.R. ___ (1996); Santiago v. Kodak
Caribbean, 129 D.P.R. 763 (1992).
A la luz de los preceptos antes esbozados, pasemos a
examinar el texto de la Ley Núm. 115. La Sección 194(a) de
la referida ley establece que:
CC-98-73
9
“[n]ingún patrono podrá despedir, amenazar, o
discriminar contra un empleado con relación a los
términos, condiciones, compensación, ubicación,
beneficios o privilegios del empleo porque el
empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o
por escrito, cualquier testimonio, expresión o
información
ante
un
foro
legislativo,
administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando
dichas expresiones no sean de carácter difamatorio
ni
constituyan
divulgación
de
información
privilegiada
establecida
por
ley”.
(Enfasis
8
suplido.)
Ciertamente, una simple lectura de la disposición antes
transcrita, demuestra inequívocamente la claridad y falta
de ambigüedad en su contenido; no encontramos nada en la
redacción
del
artículo,
que
remotamente
insinúe,
que
la
intención del legislador, al aprobar la Ley Núm. 115 fuese,
proteger
únicamente
procedimientos
mantener
las
expresiones
investigativos.
presente
que
un
Respecto
tribunal
no
realizadas
a
ello,
está
en
debemos
autorizado
a
adicionar a un estatuto restricciones o limitaciones que no
aparecen en el texto de una ley. Ramírez de Ferrer v. Juan
Mari Bras, res. el 18 de noviembre de 1997, 142 D.P.R. ___
(1997);
Román
Cuando
los
v.
Superintendente,
términos
susceptibles
de
una
significado
común
y
de
un
93
D.P.R.
estatuto
685
son
interpretación
inequívoca
corriente
sus
de
(1966).
claros,
y
según
el
palabras
y
su
construcción gramatical, los tribunales no deben intercalar
palabras ni suplir omisiones al interpretarlo. Pueblo v.
8
La referida Ley Núm. 115 crea, además, una presunción a
favor del trabajador, una vez éste establece que: (1)
participó en una actividad protegida, y (2) que fue luego
despedido, amenazado o discriminado en su contra en el
empleo.
CC-98-73
10
Ortiz Pepín, 105 D.P.R. 547 (1977); Meléndez v. Tribunal
Superior, 90 D.P.R. 656, (1964).
Por
otro
lado
administrativo
del
tenemos
Fondo
que,
del
respecto
Seguro
del
al
carácter
Estado,
no
ha
habido controversia alguna; esto es, las partes en ningún
momento han cuestionado ese hecho. Como sabemos, la Ley de
Procedimiento
Uniforme9,
Administrativo
establece
que
el
concepto “agencia” incluye cualquier corporación pública o
cualquier
Puerto
instrumentalidad
Rico
autorizada
certificados,
permisos,
del
para
Estado
emitir
concesiones
Libre
Asociado
decisiones
y
o
de
expedir
privilegios,
entre
otras funciones.
A
base
de
lo
anteriormente
expresado,
consideramos
que, a los efectos de la Ley de Represalias, un testimonio
ofrecido ante el Fondo del Seguro del Estado obviamente es
uno realizado ante un foro administrativo. Dicha conclusión
no dispone de la interrogante que plantea el caso.
-BLa
parte
demandada
peticionaria,
Johnson
&
Johnson,
plantea que la verdadera intención legislativa surge de la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115. Sabido es que la
exposición de motivos de un estatuto generalmente recoge el
propósito
del
mismo.
En
la
búsqueda
del
propósito
legislativo de una ley, sin embargo, no nos podemos limitar
a
examinar
su
exposición
9
3 L.P.R.A., sec. 2102
de
motivos,
sino
que
debemos
CC-98-73
11
realizar un examen minucioso del historial legislativo de
la misma.
El antecedente de la Ley Núm.115 lo encontramos en la
Ley Núm. 65 de 3 de julio de 1986 (Ley Núm. 65). Esta ley
enmendó la Ley Núm. 8010, ante, para disponer que, en la
determinación sobre si existe justa causa para el despido,
no
“se
empleado
considerará
la
relacionadas
justa
colaboración
con
el
causa
o
para
expresiones
negocio
de
su
el
despido
hechas
patrono,
de
por
un
éste,
en
una
investigación ante cualquier foro administrativo, judicial
o legislativo en Puerto Rico...”. La Exposición de Motivos
de la Ley Núm. 65 reza:
“El poder de investigación es inherente a la
función legislativa. Este poder es amplio y para
llevarlo a cabo la Asamblea Legislativa está
investida de autoridad para expedir citaciones
para la comparecencia de testigos y producción de
documentos.
La política pública vigente y reiterada tienen
en una estimación muy alta la protección de los
trabajadores en sus empleos.
Esta protección se
extiende a la comparecencia de trabajadores a
distintos foros. Es menester ratificar y confirmar
esta protección y que quede clara y patentemente
establecida la protección de los trabajadores en
sus empleos cuando comparecen ante la Legislatura,
foros administrativos y judiciales para colaborar
con dichos foros y además se expresen acerca de
10
La Ley 80, ante, conocida como la Ley de Despido
Injustificado, provee una indemnización para los empleados
contratados por término indefinido que son despedidos sin
justa causa.
Esta ley define específicamente que es justa
causa, Articulo 2, Ley 80, supra, 29 L.P.R.A. sec.185b, y
excluye de la definición de “despido por justa causa aquel
que se hace por mero capricho del patrono o sin razón
relacionada con el buen y normal funcionamiento del
establecimiento”.
El remedio que tiene el ex-empleado es
una indemnización equivalente a un mes de sueldo, más una
semana de compensación por cada año de servicio con el
patrono. Artículo 1, Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. 185a.
CC-98-73
12
los negocios de sus patronos, sin que ello se
considere justa causa para el despido.” Véase la
Exposición de Motivos de la Ley 65.
Según surge del propio texto de la Ley Núm. 65, y de su
Exposición de Motivos, el alcance de este artículo estaba
claramente circunscrito a investigaciones relacionadas con
el negocio del patrono. Posteriormente, la Ley Núm. 65 fue
enmendada por la Ley Núm. 9 de 3 de octubre de 1986, pero
la sección antes citada no fue alterada.
En el 1991, se presentó ante la Asamblea Legislativa el
P. del S. 987 proponiendo una ley general de represalias y
una
enmienda
al
Originalmente,
el
P.
del
represalia
a
“cualquier
contra
información
Artículo
S.
2
987
de
la
Ley
limitaba
la
testimonio,
en una investigación realizada
Núm.
80.
protección
expresión
ante
un
o
foro
legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico...”.
Por su parte, la enmienda propuesta al Artículo 2 de la Ley
Núm. 80 establecía que no “se considerará justa causa para
el despido de un empleado la colaboración o expresiones
hechas por este, relacionadas con el negocio de su patrono,
en una investigación...”. Según surge de diversos informes
de las comisiones legislativas, y la exposición de motivos
del proyecto, el propósito de la Asamblea Legislativa era
ampliar la protección del empleado a cualquier información
o expresión, no necesariamente relacionada a los negocios
de un patrono, pero limitada a las realizadas en el curso
de una investigación. Véase, Exposición de Motivos, P. del
S. 987 del 20 de febrero de 1991.
CC-98-73
13
Mientras la Asamblea Legislativa evaluaba el P. del S.
987, las Comisiones de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos
del
Veterano,
emitieron
previo
un
estudio
informe,
en
y
consideración
el
cual
del
mismo,
recomendaron
su
aprobación, sujeto a varias enmiendas. Entre las enmiendas
sugeridas en dicho Informe, se encontraba la eliminación de
la frase “e
en una investigación realizada” de modo que la
ley general de represalias leyera “t
testimonio, expresión o
información
ante
un
foro
legislativo,
administrativo
o
judicial en Puerto Rico...”, y la enmienda al Artículo 2 de
la Ley 80 leyera “[t]ampoco se considerará justa causa para
el despido de un empleado la colaboración o expresiones
hechas por éste, relacionadas con el negocio de su patrono,
ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo
en Puerto Rico”.
Según surge del mencionado Informe, el propósito de la
enmienda
era
“e
elimina[r]
el
requisito
de
que
los
testimonios ofrecidos por el empleado sean exclusivamente
los vertidos en una investigación. Esta eliminación tiene
el
efecto
información
de
ampliar
ofrecida
procedimiento”.
la
protección
a
en
cualquier
foro
(Enfasis
nuestro.)
Véase,
testimonios
bajo
o
cualquier
Informe
de
la
Comisión de lo Jurídico de Trabajo y Asuntos del Veterano
de la Cámara de Representantes sobre el P. del S. 987,
pág.4. Luego de evaluar las recomendaciones de la Comisión
de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del Veterano, la
Asamblea Legislativa enmendó el P. del S. 987, conforme a
CC-98-73
14
las enmiendas sugeridas en el Informe, y finalmente, la
medida fue aprobada convirtiéndose en la Ley Núm. 115.
A
pesar
de
que,
como
hemos
visto,
la
enmienda
demuestra, con meridiana claridad, una intención de ampliar
la protección del empleado contra represalias por parte de
su
patrono
a
expresiones
hechas
dentro
de
cualquier
procedimiento, la parte demandada peticionaria insiste en
que, según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115,
ésta solo protege las expresiones hechas por un empleado en
el curso de una investigación. La Exposición de Motivos de
la Ley 115 Núm. dispone lo siguiente:
“Es principio fundamental en nuestro sistema
constitucional de gobierno que el poder para
investigar es inherente a la función legislativa.
Dicha facultad investigativa es amplia y está
acompañada de la autoridad para expedir citaciones
para la comparecencia de testigos y producción de
documentos, de manera que sea efectiva y cumpla
con el propósito de auxiliar a la Rama Legislativa
en su función investigativa.
La política pública vigente tiene en alta
estima la protección de los derechos de los
trabajadores
a
distintos
foros.
Es
menester
ratificar y confirmar esta política pública y
dejar
clara
y
expresamente
establecida
la
protección de los empleos de los trabajadores,
tanto de las instrumentalidades del Estado Libre
Asociado
como
del
sector
privado,
cuando
comparecen ante la Legislatura o alguna de sus
comisiones,
y
ante
foros
administrativos
o
judiciales para colaborar con dichos foros.
Si bien hasta el momento los empleados han
tenido cierta protección en el empleo por haber
ofrecido
información
o
testimonio,
dicha
protección ha sido limitada en la medida en que se
circunscribe exclusivamente a casos en que el
empleado
testifique
sobre
los
negocios
del
patrono, y establece únicamente como remedio la
restitución en el empleo y paga retroactiva. Es
necesario ampliar esta protección a los efectos de
que sea extensiva a información suministrada ante
CC-98-73
15
el requerimiento de un foro, aún cuando la misma
no trate directamente sobre los negocios de un
patrono y para conceder remedios adicionales tales
como compensación por daños reales y emocionales y
honorarios de abogado...” (Enfasis suplido.)
De una simple lectura de la Exposición de Motivos antes
transcrita,
observamos
que
en
efecto,
la
misma
hace
referencia a la facultad investigativa que posee la Rama
Legislativa e indica, en ciertos fragmentos, que se intenta
proteger la información suministrada ante el requerimiento
de o en colaboración con un foro.
Ello no obstante, de un cuidadoso examen del historial
legislativo de la Ley Núm. 115, surge que la intención
original
de
la
Asamblea
Legislativa
era
crear
una
ley
general de represalias, y al igual que en la Ley Núm. 65,
proteger
expresiones
hechas
en
el
curso
de
una
investigación, y por tal razón, la Exposición de Motivos de
P. del S. 987 incorporó casi ad verbatim, lo referente a
los procesos de investigativos de la Exposición de Motivos
de
la
Ley
Núm.
65.
Surge,
además,
que
mediante
las
enmiendas al P. del S. 987, en específico la eliminación de
la frase “e
en una investigación”, la intención original de
la
Asamblea
Legislativa
se
amplió,
permaneciendo
en
su
forma original, la Exposición de Motivos de la misma. En
conclusión,
el
historial
legislativo
demuestra
que
la
verdadera intención legislativa, contrario a lo que alega
la parte demandada peticionaria, no surge de su Exposición
de Motivos, sino de la propia actuación de la Asamblea
Legislativa.
CC-98-73
16
Por lo tanto, a la luz de las enmiendas realizadas al
P. del S. 987 hasta su final aprobación, las normas de
hermenéuticas aplicables, el claro texto de la Ley Núm. 115
y su historial legislativo, concurrimos con el Tribunal de
Circuito de Apelaciones cuando expone que “la intención del
legislador no puede haber sido que la protección que brinda
la Ley Núm. 115 a los trabajadores en sus empleos quede
supeditada al simple hecho de si es el ente del gobierno el
que inicia el procedimiento investigativo en el cual se
vierte la información o testimonio por parte del empleado,
o si es el empleado el que voluntariamente asiste a la
entidad a brindar cierta información y como resultado de
ello comienza la investigación”. Somos del criterio que la
verdadera
intención
legislativa
de
la
Ley
Núm.
115
es
proteger al empleado por expresiones vertidas por éste en
cualquier procedimiento, y por consiguiente, resolvemos que
acudir al Fondo para acogerse a los beneficios de la Ley
Núm. 45 es una “actividad protegida” por la Ley Núm. 115.
Por las razones antes expuestas, procede que se dicte
Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de Bayamón,
el día 24 de diciembre de 1997.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado
CC-98-73
17
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maritza Irizarry
Recurrida
vs.
CC-98-73
CERTIORARI
Johnson and Johnson Consumer
Products Co., (P.R.), Inc.
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta
Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de Bayamón, a la
cual se refiere este caso.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Andréu García no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo