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Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V JOSE A MORALES – PET. MARIA DE LOS A COLOM BAEZ

2000 TSPR 9

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V JOSE A MORALES – PET. MARIA DE LOS A COLOM BAEZ

CC-1999-0336

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

v.

2000 TSPR 9

José A. Morales

Imputado

María de los A. Colom Báez

Peticionaria

Ex Parte

Número del Caso: CC-1999-0336

Fecha: 21/01/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII

Juez Ponente: Hon. José L. Miranda de Hostos

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Luis R. Lugo Emanuelli

Oficina del Procurador General: Hon. Procurador General

Materia:

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

v.

José A. Morales

CC-1999-336

Certiorari

Imputado

María de los A. Colom Báez

Peticionaria

Ex Parte

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2000

I

En virtud del Reglamento para la Asignación de Abogados

o

Abogadas

Penal,1

el

de

Oficio

26

en

de

Procedimientos

octubre

de

de

Naturaleza

1998,

la

Aprobado el 30 de junio de 1998 en virtud de nuestra

facultad inherente para reglamentar la profesión de la

abogacía

y

establecer

un

sistema

uniforme

que

evite

posibilidad

de

arbitrariedad

en

la

asignación

de

representación legal de oficio, que por mandato constitucional

debe proveérsele a los indigentes.

1

Su génesis la encontramos en Ramos Acevedo v. Tribunal

Superior,

133

D.P.R.

599

(1993).

Allí

sostuvimos

la

constitucionalidad de la obligación de todo abogado prestar

servicios profesionales gratuitos a acusados indigentes.

Creamos un esquema tentativo que sirvió de guía al Comité –

constituido mediante Resolución de 18 de junio de 1993-, que

oportunamente

estudió

y

nos

formuló

un

Informe

con

recomendaciones reglamentarias para la asignación de abogados

de oficio en casos criminales.

CC-1999-336

Región

3

Judicial

de

Fajardo,

efectuó

sorteo

público

para

establecer el orden de asignación. Utilizó como base un

listado de abogados de 22 de octubre de 1998, preparado por

el presidente de la delegación, Lcdo. Máximo Molina Fragosa.

La Lcda. Colom Báez –admitida a la profesión desde el 26 de

junio de 1987- no estaba en el listado ni participó en el

sorteo; por consiguiente, no formó parte de la lista oficial

así preparada el 26 de octubre.2 Sin embargo, el 31 de marzo

de 1999, se emitió Orden Administrativa enmendada 99-1,3 la

cual excluyó abogados –algunos activos- pertenecientes a la

delegación de Fajardo que estaban en la referida lista de 26

de octubre de 1998; incluyó por vez primera a la Lcda. Colom

Báez y la colocó en tercer turno.

Así las cosas, el 7 de abril se le notificó a la Lcda.

Colom

Báez

orden

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Subsección de Distrito, Sala de Fajardo, Luquillo (Hon. De

Jesús Collazo), designándola abogada de oficio en varios

criminales,4

casos

celebrarse

“Moción

el

20

Informando

así

de

como

abril.

Reparo

a

El

una

Vista

Preliminar

12,

Colom

Báez

Designación

como

a

presentó

Abogada

de

Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal”. Pidió ser

relevada de dicha representación, aduciendo razones éticas y

profesionales basadas en nunca haber asistido persona alguna

Acta suscrita por la Hon. Magalie Hosta Modestti, Jueza

Administradora del Tribunal de Primera Instancia, Región

Judicial de Fajardo, conteniendo las incidencias del sorteo.

2

Notificada al Presidente de la Delegación de Fajardo el

7 de abril.

3

4

Pueblo de P.R. v. José A. Morales, VP99-271 y VP99-273.

CC-1999-336

en

casos

4

de

naturaleza

penal;

no

practicar

el

Derecho

Criminal, sólo Civil, y otros motivos fundados en principios

profesionales

y

personales.

Se

puso

a

disposición

del

Tribunal para representar indigentes de oficio en casos no

criminales.

El

14

de

abril,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Región Judicial de Fajardo (Hon. Hosta Modestti), se declaró

sin jurisdicción. El 20 de abril la Lcda. Colom Báez, a

tenor con la Regla 32 del mencionado Reglamento acudió al

Tribunal de Circuito de Apelaciones en certiorari y solicitó

un auxilio de jurisdicción. Dicho foro (Hons. Miranda de

Hostos, Rivera Pérez y Rodríguez García), denegó el recurso.

Inconforme,

5

acudió

ante

nos5

y

acordamos

expedir.

Señala:

“A.

Erró

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, Región Judicial VII de Carolina/

Fajardo, al resolver que no se violó la Regla 9

del Reglamento Para La Asignación De Abogados O

Abogadas De Oficio En Procedimientos De Naturaleza

Penal, ante, al incluir a la peticionaria en las

listas y asignarle como abogada de oficio,

habiéndose hecho dicha inclusión y designación de

manera arbitraria y discriminatoria, perjudicándola esta conducta.

B.

Erró

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, Región Judicial VII de Carolina/

Fajardo, al resolver que no se violó la Regla 22

(c) del Reglamento para la Asignación de Abogados

o

Abogadas

de

Oficio

en

Procedimientos

de

Naturaleza Penal, ante, al hacerse la designación

de la peticionaria como abogada de oficio, sin

atender sus reparos, en violación al debido

proceso de ley y el derecho a ser oída.

C.

Erró

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, Región Judicial VII de Carolina/

Fajardo, al resolver que, por virtud del Canon 1

de Ética Profesional, la peticionaria estaba

obligada a representar al acusado, poniendo a ésta

En

CC-1999-336

5

síntesis, alega se infringió la Regla 9 del Reglamento al

incluirse en la lista y designarse como abogada de oficio de

forma arbitraria y caprichosa; violación a la Regla 22(c)

del

mismo

Reglamento

al

desatenderse

sus

reparos

en

violación al debido proceso de ley y; conflicto ético al

obligársele a representar casos criminales.

II

En su primer señalamiento, la Lcda. Colom Báez plantea

que las modificaciones a la lista del 26 de octubre de 1998

se hicieron en contra de la Regla 9 del Reglamento, pues no

había terminado el año fiscal 1998-1999, no incluyó todos

los nombres de la lista anterior ni todos los abogados de la

Delegación de Fajardo incluidos en la original y, se le

situó en el tercer turno, no al final como correspondía.

Aduce que esa inclusión y eventual designación es ilegal,

contraria

a

derecho,

arbitraria

y

caprichosa.

No

tiene

razón.

La Regla 9 del Reglamento, rectora de la modificación

de listas, provee:

“A comienzo de cada año fiscal, el presidente

de la Delegación del Colegio de Abogados someterá

al Juez Administrador los nombres de nuevos

abogados que cualifiquen para actuar como abogados

de oficio en su región y de los abogados de oficio

de otras regiones que se hayan integrado a su

en riesgo de violar el Canon 18 del Código de

Ética Profesional, lo cual provoca un choque ético

y conflicto en la aplicación de ambos cánones,

exponiéndola al riesgo de incurrir en conducta

sancionable por este Tribunal e incurrir en

responsabilidad civil ante terceros, todo esto

contrario a lo resuelto en el caso de Ramos

Acevedo v. Tribunal Superior, Op. de 14 de junio

de 1993, 133 D.P.R. ___ (1993), 93 C.D.T. 99.”

CC-1999-336

6

región judicial, según las categorías descritas en

la Regla 3(d) de este reglamento. Estos se

colocarán al final de la lista en el orden sugerido

por la Delegación del Colegio de Abogados.

Cuando un abogado de oficio cambie de región

judicial, deberá notificarlo al Juez Administrador

para que se excluya su nombre de la lista de

abogados de oficio de esa región. Antes de hacer

efectiva

dicha

exclusión,

el

abogado

deberá

demostrar que ha sido incluido en la lista de

abogados de oficio de la región judicial a la que

se ha integrado.”

Su

propósito

es

mantener

actualizados

los

listados

anualmente y así, dar oportunidad a los nuevos abogados de

integrarse prontamente. Establece como parámetro temporal el

comienzo

de

cada

año

fiscal;

no

obstante,

la

regla

no

especifica fecha cierta (día exacto) para que el presidente

de la delegación concernida someta los nuevos nombres. El

comentario nos dice que el objeto es que los nuevos abogados

“sean

integrados

prontamente”.

Informe

y

Reglamento

del

Comité Asesor sobre Asignación de Abogados de Oficio en

Causas Criminales, pág. 44. Con vista a ello la frase “a

comienzo de cada año fiscal” pauta un término directivo

afianzado sobre el criterio de prontitud a atemperarse con

las necesidades de los calendarios judiciales.

En vista de que era la primera vez que se implementaba

el Reglamento, no consideramos que el término de casi cuatro

(4) meses fuera irrazonable y viciara de nulidad ab initio

dicha lista. Aclaramos, que en el futuro, esa gestión de los

presidentes de las delegaciones de abogados debe realizarse

en el período más cercano al comienzo de cada año fiscal. En

términos temporales, el momento en que se enmendó el listado

CC-1999-336

no

7

convirtió

en

ilegal,

arbitraria

ni

caprichosa

la

inclusión de la Lcda. Colom Báez.

La omisión de no haberse incluido todos los nombres de

los abogados que estaban en la lista anterior y los abogados

de la Región de Fajardo, puede afectar, más bien de modo

indirecto, su inclusión, pero no tiene tampoco el alcance de

invalidarla. Sin embargo, los directivos de las diferentes

regiones judiciales deben estar conscientes que la máxima

eficiencia y beneficios del programa de designación depende

que

se

cumplan

los

requisitos

reglamentarios

para

la

confección y enmienda de los listados.

El planteamiento de que correspondía incluir a la Lcda.

Colom Báez al final del listado, no en el tercer turno, pasa

por alto que dicho orden aplica a los abogados provenientes

de otras regiones; la regla presupone que ya han rendido

servicios pro bono en sus regiones de origen. (Véase, Id.,

pág. 44). La Lcda. Colom Báez no provenía de otra región

judicial,

sino

que

formaba

parte

de

la

demarcación

perteneciente a la Delegación de Fajardo, por lo que no

tenía que ubicársele al final de la lista. En ausencia de

una clara arbitrariedad, la ausencia de guías para ubicar en

la lista de los abogados a aquellos que están en situación

análoga a la Lcda. Colom Báez, deja a la sana y justa

discreción de la Delegación determinarlo.

III

Superados

los

señalamientos

técnico-reglamentarios,

evaluemos el reclamo medular de la Lcda. Colom Báez de que

CC-1999-336

8

su designación como abogada de oficio violó su derecho al

debido proceso de ley al no atenderse sus reparos.

Ciertamente la Regla 22(c) establece que “[l]uego de

que se haya determinado que la persona es indigente, el

tribunal le asignará como abogado de oficio a aquel cuyo

nombre

esté

en

turno

en

la

lista

correspondiente.

Para

determinar si en el caso específico el abogado próximo en la

lista

debe

ser

nombrado

o

no,

el

Juez

deberá

tomar

en

consideración [una serie de factores, entre ellos6 “[e]l

reparo que pueda levantar el abogado designado a representar

al

imputado

ya

sea

por

principios

profesionales

o

personales.”

La Regla guarda silencio sobre la forma y momento en

que el Juez considerará tales factores. Sin embargo, la

lógica e imperativo del debido proceso de ley, nos llevan a

concluir en favor de un trámite previo a la designación de

6

Los elementos provistos por la Regla son:

“(1) La complejidad particular o conocimiento

especializado

necesarios

para

atender

el

procedimiento

de

naturaleza

penal

ante

su

consideración.

(2) El período de tiempo que tomará el

proceso y el calendario de señalamientos cercanos

del abogado a ser designado.

(3) El reparo que pueda levantar el abogado

designado a representar al imputado, ya sea por

principios profesionales o personales.

(4) La oposición que pueda levantar el

imputado a la designación. En este caso el tribunal

celebrará una audiencia para recibir la prueba que

sostenga la oposición. Cuando la intimidad del

imputado o el derecho a juicio imparcial así lo

requiera,

la

audiencia

podrá

celebrarse

en

privado.”

CC-1999-336

abogados

9

de

oficio

para

considerar

esas

circunstancias.

Primero, imprimiríamos sentido pragmático a la disposición

reglamentaria que provee que los abogados puedan, en casos

particulares,

conclusión

exponer

impediría,

sus

oportunamente

por

un

lado,

que

reparos.

el

Juez

Otra

que

lo

designó sopesara los factores de la Regla y del otro, que el

abogado pudiera expresarse ante dicho foro. La Regla 327 que

concede

jurisdicción

para

revisar

las

designaciones

de

abogados de oficio al Tribunal de Circuito de Apelaciones

parte del supuesto de finalidad. Segundo, es anticipable que

ese

trámite

previo

evitará

al

abogado

incurrir

innecesariamente en gastos de recursos económicos y tiempo

al tener que acudir al Circuito de Apelaciones a exponer sus

7

“Regla 32:

Revisión de determinaciones sobre asignación de

abogados de oficio y sobre compensación y pago por

servicios y gastos de litigación.

Cualquier abogado que reclame que su inclusión

o exclusión de las listas o que su asignación como

abogado de oficio en un caso específico fue hecha de

manera arbitraria o discriminatoria, podrá acudir

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones que

corresponda, según lo dispuesto por la Ley de la

Judicatura mediante petición Ex parte, presentada

dentro del término de diez (10) días a partir de la

fecha en que fue notificado de la determinación que

impugna.

Cualquier abogado de oficio que reclame que el

juez que lo designó para un caso en específico, o

cualquier otro funcionario del tribunal, ha actuado

de manera arbitraria o discriminatoria en relación

con cualquier asunto cubierto por este reglamento, y

que esta conducta le ha perjudicado, podrá acudir

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante

Certiorari. La presentación de tal recurso ante el

Tribunal de Circuito de Apelaciones no interrumpirá

los

procedimientos

en

progreso

ante

el

foro

correspondiente.”

CC-1999-336

10

reparos y revisar la determinación de Instancia. Tercero,

aunque la Regla 32 expresa –lo que es norma general-, que la

presentación del certiorari al foro apelativo no interrumpe

los

procedimientos

en

instancia,

lo

cierto

es

que

su

expedición paraliza –salvo que otra cosa se disponga-, lo

cual potencialmente puede afectar los derechos del acusado.

Precisamente ese es el reclamo ante nos de la Lcda.

Colom Báez: advino en conocimiento de que era representante

legal en un caso penal, luego de su designación, lo que le

privó del derecho a exponer sus reparos. Una vez designada,

como pareció estimarlo el Tribunal de Primera Instancia, no

podía

según

una

interpretación

literal

del

Reglamento,

revisar su determinación; a juicio suyo, correspondía al

Circuito de Apelaciones.

IV

Finalmente, la Lcda. Colom Báez expone sus reparos para

asumir la representación legal designádale. Argumenta, que

asumir representación del caso criminal, área con la cual no

está familiarizada -carece de experiencia y las destrezas

que requieren su trámite-, la llevaría inexorablemente a

violar el Canon 18 de los de Ética Profesional. Además la

expondría

a

responsabilidad

civil

frente

a

sus

representados.

En Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599

(1993), -medió criterio unánime al respecto-, expresamos que

ordenar a abogados inexpertos en la práctica criminal asumir

representación en casos penales, los obligaría a infringir

CC-1999-336

11

el Canon 18 que exige al abogado competencia al asumir la

representación

D.P.R.

403

de

una

(1989);

In

causa.

re

In

re

Acosta

Vélez

Grubb,

Valentín,

119

D.P.R.

124

595

(1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). En

esas circunstancias, el abogado puede objetar y rechazar una

designación por tales motivos.

Al respecto, la Lcda. Colom Báez, consciente de su

deber ético de ofrecer representación legal gratuita a los

menesterosos

–obligación

moral

que

vincula

y

es

responsabilidad de toda la profesión legal-, se puso a la

disposición del Tribunal de Instancia para llevar causas no

penales de indigentes.

En atención a esta circunstancia y la de otros abogados

activos en situaciones similares –hasta que se disponga de

otro modo-, las delegaciones del Colegio de Abogados y los

Jueces

Administrativos

de

las

diferentes

regiones

judiciales, deben mantener un registro ad hoc paralelo, con

los

nombres

de

abogados

dispensados

por

los

que,

por

tribunales

razones

de

válidas,

prestar

sean

servicio

profesional de naturaleza penal. Los abogados incluidos en

este Registro podrán estar sujetos a prestar gratuitamente

servicios legales en casos relacionados con las personas

indigentes.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

CC-1999-336

12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

v.

José A. Morales

CC-1999-336

Certiorari

Imputado

María de los A. Colom Báez

Peticionaria

Ex Parte

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente, se revoca la Resolución del Tribunal de Circuito

de Apelaciones, y en su lugar se dicta sentencia y releva a

la Lcda. María de los A. Colom Báez de su designación como

abogada de oficio en los casos criminales que originaron

este recurso, y se acepta su disponibilidad manifestada

ante el Tribunal de Primera Instancia para llevar causas no

penales de indigentes.

A tono con nuestros pronunciamientos, y con referencia

a la Lcda. Colom Báez y otros abogados activos en

situaciones similares –hasta que se disponga de otro modo-,

se ordena a las delegaciones del Colegio de Abogados y los

Jueces

Administrativos

de

las

diferentes

regiones

judiciales, que mantengan un registro ad hoc paralelo, con

los nombres de abogados que, por razones válidas, sean

dispensados

por

los

tribunales

de

prestar

servicio

profesional de naturaleza penal. Los abogados incluidos en

este Registro podrán estar sujetos a prestar gratuitamente

servicios legales en casos relacionados con las personas

indigentes.

Notifíquese

Abogados.

Lo pronunció,

Tribunal Supremo.

manda

el

copia

de

Tribunal

esta

y

Opinión

certifica

la

al

Colegio

de

Secretaria

del

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1999-336

13