Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V JOSE A MORALES – PET. MARIA DE LOS A COLOM BAEZ
2000 TSPR 9
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V JOSE A MORALES – PET. MARIA DE LOS A COLOM BAEZ
CC-1999-0336
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
v.
2000 TSPR 9
José A. Morales
Imputado
María de los A. Colom Báez
Peticionaria
Ex Parte
Número del Caso: CC-1999-0336
Fecha: 21/01/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VII
Juez Ponente: Hon. José L. Miranda de Hostos
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Luis R. Lugo Emanuelli
Oficina del Procurador General: Hon. Procurador General
Materia:
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
v.
José A. Morales
CC-1999-336
Certiorari
Imputado
María de los A. Colom Báez
Peticionaria
Ex Parte
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2000
I
En virtud del Reglamento para la Asignación de Abogados
o
Abogadas
Penal,1
el
de
Oficio
26
en
de
Procedimientos
octubre
de
de
Naturaleza
1998,
la
Aprobado el 30 de junio de 1998 en virtud de nuestra
facultad inherente para reglamentar la profesión de la
abogacía
y
establecer
un
sistema
uniforme
que
evite
posibilidad
de
arbitrariedad
en
la
asignación
de
representación legal de oficio, que por mandato constitucional
debe proveérsele a los indigentes.
1
Su génesis la encontramos en Ramos Acevedo v. Tribunal
Superior,
133
D.P.R.
599
(1993).
Allí
sostuvimos
la
constitucionalidad de la obligación de todo abogado prestar
servicios profesionales gratuitos a acusados indigentes.
Creamos un esquema tentativo que sirvió de guía al Comité –
constituido mediante Resolución de 18 de junio de 1993-, que
oportunamente
estudió
y
nos
formuló
un
Informe
con
recomendaciones reglamentarias para la asignación de abogados
de oficio en casos criminales.
CC-1999-336
Región
3
Judicial
de
Fajardo,
efectuó
sorteo
público
para
establecer el orden de asignación. Utilizó como base un
listado de abogados de 22 de octubre de 1998, preparado por
el presidente de la delegación, Lcdo. Máximo Molina Fragosa.
La Lcda. Colom Báez –admitida a la profesión desde el 26 de
junio de 1987- no estaba en el listado ni participó en el
sorteo; por consiguiente, no formó parte de la lista oficial
así preparada el 26 de octubre.2 Sin embargo, el 31 de marzo
de 1999, se emitió Orden Administrativa enmendada 99-1,3 la
cual excluyó abogados –algunos activos- pertenecientes a la
delegación de Fajardo que estaban en la referida lista de 26
de octubre de 1998; incluyó por vez primera a la Lcda. Colom
Báez y la colocó en tercer turno.
Así las cosas, el 7 de abril se le notificó a la Lcda.
Colom
Báez
orden
del
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Subsección de Distrito, Sala de Fajardo, Luquillo (Hon. De
Jesús Collazo), designándola abogada de oficio en varios
criminales,4
casos
celebrarse
“Moción
el
20
Informando
así
de
como
abril.
Reparo
a
El
una
Vista
Preliminar
12,
Colom
Báez
Designación
como
a
presentó
Abogada
de
Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal”. Pidió ser
relevada de dicha representación, aduciendo razones éticas y
profesionales basadas en nunca haber asistido persona alguna
Acta suscrita por la Hon. Magalie Hosta Modestti, Jueza
Administradora del Tribunal de Primera Instancia, Región
Judicial de Fajardo, conteniendo las incidencias del sorteo.
2
Notificada al Presidente de la Delegación de Fajardo el
7 de abril.
3
4
Pueblo de P.R. v. José A. Morales, VP99-271 y VP99-273.
CC-1999-336
en
casos
4
de
naturaleza
penal;
no
practicar
el
Derecho
Criminal, sólo Civil, y otros motivos fundados en principios
profesionales
y
personales.
Se
puso
a
disposición
del
Tribunal para representar indigentes de oficio en casos no
criminales.
El
14
de
abril,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Región Judicial de Fajardo (Hon. Hosta Modestti), se declaró
sin jurisdicción. El 20 de abril la Lcda. Colom Báez, a
tenor con la Regla 32 del mencionado Reglamento acudió al
Tribunal de Circuito de Apelaciones en certiorari y solicitó
un auxilio de jurisdicción. Dicho foro (Hons. Miranda de
Hostos, Rivera Pérez y Rodríguez García), denegó el recurso.
Inconforme,
5
acudió
ante
nos5
y
acordamos
expedir.
Señala:
“A.
Erró
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, Región Judicial VII de Carolina/
Fajardo, al resolver que no se violó la Regla 9
del Reglamento Para La Asignación De Abogados O
Abogadas De Oficio En Procedimientos De Naturaleza
Penal, ante, al incluir a la peticionaria en las
listas y asignarle como abogada de oficio,
habiéndose hecho dicha inclusión y designación de
manera arbitraria y discriminatoria, perjudicándola esta conducta.
B.
Erró
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, Región Judicial VII de Carolina/
Fajardo, al resolver que no se violó la Regla 22
(c) del Reglamento para la Asignación de Abogados
o
Abogadas
de
Oficio
en
Procedimientos
de
Naturaleza Penal, ante, al hacerse la designación
de la peticionaria como abogada de oficio, sin
atender sus reparos, en violación al debido
proceso de ley y el derecho a ser oída.
C.
Erró
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, Región Judicial VII de Carolina/
Fajardo, al resolver que, por virtud del Canon 1
de Ética Profesional, la peticionaria estaba
obligada a representar al acusado, poniendo a ésta
En
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5
síntesis, alega se infringió la Regla 9 del Reglamento al
incluirse en la lista y designarse como abogada de oficio de
forma arbitraria y caprichosa; violación a la Regla 22(c)
del
mismo
Reglamento
al
desatenderse
sus
reparos
en
violación al debido proceso de ley y; conflicto ético al
obligársele a representar casos criminales.
II
En su primer señalamiento, la Lcda. Colom Báez plantea
que las modificaciones a la lista del 26 de octubre de 1998
se hicieron en contra de la Regla 9 del Reglamento, pues no
había terminado el año fiscal 1998-1999, no incluyó todos
los nombres de la lista anterior ni todos los abogados de la
Delegación de Fajardo incluidos en la original y, se le
situó en el tercer turno, no al final como correspondía.
Aduce que esa inclusión y eventual designación es ilegal,
contraria
a
derecho,
arbitraria
y
caprichosa.
No
tiene
razón.
La Regla 9 del Reglamento, rectora de la modificación
de listas, provee:
“A comienzo de cada año fiscal, el presidente
de la Delegación del Colegio de Abogados someterá
al Juez Administrador los nombres de nuevos
abogados que cualifiquen para actuar como abogados
de oficio en su región y de los abogados de oficio
de otras regiones que se hayan integrado a su
en riesgo de violar el Canon 18 del Código de
Ética Profesional, lo cual provoca un choque ético
y conflicto en la aplicación de ambos cánones,
exponiéndola al riesgo de incurrir en conducta
sancionable por este Tribunal e incurrir en
responsabilidad civil ante terceros, todo esto
contrario a lo resuelto en el caso de Ramos
Acevedo v. Tribunal Superior, Op. de 14 de junio
de 1993, 133 D.P.R. ___ (1993), 93 C.D.T. 99.”
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6
región judicial, según las categorías descritas en
la Regla 3(d) de este reglamento. Estos se
colocarán al final de la lista en el orden sugerido
por la Delegación del Colegio de Abogados.
Cuando un abogado de oficio cambie de región
judicial, deberá notificarlo al Juez Administrador
para que se excluya su nombre de la lista de
abogados de oficio de esa región. Antes de hacer
efectiva
dicha
exclusión,
el
abogado
deberá
demostrar que ha sido incluido en la lista de
abogados de oficio de la región judicial a la que
se ha integrado.”
Su
propósito
es
mantener
actualizados
los
listados
anualmente y así, dar oportunidad a los nuevos abogados de
integrarse prontamente. Establece como parámetro temporal el
comienzo
de
cada
año
fiscal;
no
obstante,
la
regla
no
especifica fecha cierta (día exacto) para que el presidente
de la delegación concernida someta los nuevos nombres. El
comentario nos dice que el objeto es que los nuevos abogados
“sean
integrados
prontamente”.
Informe
y
Reglamento
del
Comité Asesor sobre Asignación de Abogados de Oficio en
Causas Criminales, pág. 44. Con vista a ello la frase “a
comienzo de cada año fiscal” pauta un término directivo
afianzado sobre el criterio de prontitud a atemperarse con
las necesidades de los calendarios judiciales.
En vista de que era la primera vez que se implementaba
el Reglamento, no consideramos que el término de casi cuatro
(4) meses fuera irrazonable y viciara de nulidad ab initio
dicha lista. Aclaramos, que en el futuro, esa gestión de los
presidentes de las delegaciones de abogados debe realizarse
en el período más cercano al comienzo de cada año fiscal. En
términos temporales, el momento en que se enmendó el listado
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no
7
convirtió
en
ilegal,
arbitraria
ni
caprichosa
la
inclusión de la Lcda. Colom Báez.
La omisión de no haberse incluido todos los nombres de
los abogados que estaban en la lista anterior y los abogados
de la Región de Fajardo, puede afectar, más bien de modo
indirecto, su inclusión, pero no tiene tampoco el alcance de
invalidarla. Sin embargo, los directivos de las diferentes
regiones judiciales deben estar conscientes que la máxima
eficiencia y beneficios del programa de designación depende
que
se
cumplan
los
requisitos
reglamentarios
para
la
confección y enmienda de los listados.
El planteamiento de que correspondía incluir a la Lcda.
Colom Báez al final del listado, no en el tercer turno, pasa
por alto que dicho orden aplica a los abogados provenientes
de otras regiones; la regla presupone que ya han rendido
servicios pro bono en sus regiones de origen. (Véase, Id.,
pág. 44). La Lcda. Colom Báez no provenía de otra región
judicial,
sino
que
formaba
parte
de
la
demarcación
perteneciente a la Delegación de Fajardo, por lo que no
tenía que ubicársele al final de la lista. En ausencia de
una clara arbitrariedad, la ausencia de guías para ubicar en
la lista de los abogados a aquellos que están en situación
análoga a la Lcda. Colom Báez, deja a la sana y justa
discreción de la Delegación determinarlo.
III
Superados
los
señalamientos
técnico-reglamentarios,
evaluemos el reclamo medular de la Lcda. Colom Báez de que
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8
su designación como abogada de oficio violó su derecho al
debido proceso de ley al no atenderse sus reparos.
Ciertamente la Regla 22(c) establece que “[l]uego de
que se haya determinado que la persona es indigente, el
tribunal le asignará como abogado de oficio a aquel cuyo
nombre
esté
en
turno
en
la
lista
correspondiente.
Para
determinar si en el caso específico el abogado próximo en la
lista
debe
ser
nombrado
o
no,
el
Juez
deberá
tomar
en
consideración [una serie de factores, entre ellos6 “[e]l
reparo que pueda levantar el abogado designado a representar
al
imputado
ya
sea
por
principios
profesionales
o
personales.”
La Regla guarda silencio sobre la forma y momento en
que el Juez considerará tales factores. Sin embargo, la
lógica e imperativo del debido proceso de ley, nos llevan a
concluir en favor de un trámite previo a la designación de
6
Los elementos provistos por la Regla son:
“(1) La complejidad particular o conocimiento
especializado
necesarios
para
atender
el
procedimiento
de
naturaleza
penal
ante
su
consideración.
(2) El período de tiempo que tomará el
proceso y el calendario de señalamientos cercanos
del abogado a ser designado.
(3) El reparo que pueda levantar el abogado
designado a representar al imputado, ya sea por
principios profesionales o personales.
(4) La oposición que pueda levantar el
imputado a la designación. En este caso el tribunal
celebrará una audiencia para recibir la prueba que
sostenga la oposición. Cuando la intimidad del
imputado o el derecho a juicio imparcial así lo
requiera,
la
audiencia
podrá
celebrarse
en
privado.”
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abogados
9
de
oficio
para
considerar
esas
circunstancias.
Primero, imprimiríamos sentido pragmático a la disposición
reglamentaria que provee que los abogados puedan, en casos
particulares,
conclusión
exponer
impediría,
sus
oportunamente
por
un
lado,
que
reparos.
el
Juez
Otra
que
lo
designó sopesara los factores de la Regla y del otro, que el
abogado pudiera expresarse ante dicho foro. La Regla 327 que
concede
jurisdicción
para
revisar
las
designaciones
de
abogados de oficio al Tribunal de Circuito de Apelaciones
parte del supuesto de finalidad. Segundo, es anticipable que
ese
trámite
previo
evitará
al
abogado
incurrir
innecesariamente en gastos de recursos económicos y tiempo
al tener que acudir al Circuito de Apelaciones a exponer sus
7
“Regla 32:
Revisión de determinaciones sobre asignación de
abogados de oficio y sobre compensación y pago por
servicios y gastos de litigación.
Cualquier abogado que reclame que su inclusión
o exclusión de las listas o que su asignación como
abogado de oficio en un caso específico fue hecha de
manera arbitraria o discriminatoria, podrá acudir
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones que
corresponda, según lo dispuesto por la Ley de la
Judicatura mediante petición Ex parte, presentada
dentro del término de diez (10) días a partir de la
fecha en que fue notificado de la determinación que
impugna.
Cualquier abogado de oficio que reclame que el
juez que lo designó para un caso en específico, o
cualquier otro funcionario del tribunal, ha actuado
de manera arbitraria o discriminatoria en relación
con cualquier asunto cubierto por este reglamento, y
que esta conducta le ha perjudicado, podrá acudir
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante
Certiorari. La presentación de tal recurso ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones no interrumpirá
los
procedimientos
en
progreso
ante
el
foro
correspondiente.”
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10
reparos y revisar la determinación de Instancia. Tercero,
aunque la Regla 32 expresa –lo que es norma general-, que la
presentación del certiorari al foro apelativo no interrumpe
los
procedimientos
en
instancia,
lo
cierto
es
que
su
expedición paraliza –salvo que otra cosa se disponga-, lo
cual potencialmente puede afectar los derechos del acusado.
Precisamente ese es el reclamo ante nos de la Lcda.
Colom Báez: advino en conocimiento de que era representante
legal en un caso penal, luego de su designación, lo que le
privó del derecho a exponer sus reparos. Una vez designada,
como pareció estimarlo el Tribunal de Primera Instancia, no
podía
según
una
interpretación
literal
del
Reglamento,
revisar su determinación; a juicio suyo, correspondía al
Circuito de Apelaciones.
IV
Finalmente, la Lcda. Colom Báez expone sus reparos para
asumir la representación legal designádale. Argumenta, que
asumir representación del caso criminal, área con la cual no
está familiarizada -carece de experiencia y las destrezas
que requieren su trámite-, la llevaría inexorablemente a
violar el Canon 18 de los de Ética Profesional. Además la
expondría
a
responsabilidad
civil
frente
a
sus
representados.
En Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599
(1993), -medió criterio unánime al respecto-, expresamos que
ordenar a abogados inexpertos en la práctica criminal asumir
representación en casos penales, los obligaría a infringir
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11
el Canon 18 que exige al abogado competencia al asumir la
representación
D.P.R.
403
de
una
(1989);
In
causa.
re
In
re
Acosta
Vélez
Grubb,
Valentín,
119
D.P.R.
124
595
(1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). En
esas circunstancias, el abogado puede objetar y rechazar una
designación por tales motivos.
Al respecto, la Lcda. Colom Báez, consciente de su
deber ético de ofrecer representación legal gratuita a los
menesterosos
–obligación
moral
que
vincula
y
es
responsabilidad de toda la profesión legal-, se puso a la
disposición del Tribunal de Instancia para llevar causas no
penales de indigentes.
En atención a esta circunstancia y la de otros abogados
activos en situaciones similares –hasta que se disponga de
otro modo-, las delegaciones del Colegio de Abogados y los
Jueces
Administrativos
de
las
diferentes
regiones
judiciales, deben mantener un registro ad hoc paralelo, con
los
nombres
de
abogados
dispensados
por
los
que,
por
tribunales
razones
de
válidas,
prestar
sean
servicio
profesional de naturaleza penal. Los abogados incluidos en
este Registro podrán estar sujetos a prestar gratuitamente
servicios legales en casos relacionados con las personas
indigentes.
ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA
Juez Asociado
CC-1999-336
12
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
v.
José A. Morales
CC-1999-336
Certiorari
Imputado
María de los A. Colom Báez
Peticionaria
Ex Parte
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente, se revoca la Resolución del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, y en su lugar se dicta sentencia y releva a
la Lcda. María de los A. Colom Báez de su designación como
abogada de oficio en los casos criminales que originaron
este recurso, y se acepta su disponibilidad manifestada
ante el Tribunal de Primera Instancia para llevar causas no
penales de indigentes.
A tono con nuestros pronunciamientos, y con referencia
a la Lcda. Colom Báez y otros abogados activos en
situaciones similares –hasta que se disponga de otro modo-,
se ordena a las delegaciones del Colegio de Abogados y los
Jueces
Administrativos
de
las
diferentes
regiones
judiciales, que mantengan un registro ad hoc paralelo, con
los nombres de abogados que, por razones válidas, sean
dispensados
por
los
tribunales
de
prestar
servicio
profesional de naturaleza penal. Los abogados incluidos en
este Registro podrán estar sujetos a prestar gratuitamente
servicios legales en casos relacionados con las personas
indigentes.
Notifíquese
Abogados.
Lo pronunció,
Tribunal Supremo.
manda
el
copia
de
Tribunal
esta
y
Opinión
certifica
la
al
Colegio
de
Secretaria
del
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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