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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE CARMEN ASTACIO CARABALLO

2000 TSPR 11

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE CARMEN ASTACIO CARABALLO

CP-1998-0013

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen Astacio Caraballo

Querella

2000 TSPR 11

Número del Caso: CP-1998-0013

Fecha: 12/08/1999

Oficina del Procurador General: Lcda. Ivonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Querellada: Lcda. Noemi Caraballo López

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen Astacio Caraballo

CP-98-13

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 1999

El 15 de enero de 1991, el Sr. Horacio Rivera

Nieves,

rival

político

de

la

Lcda.

Carmen

Astacio

Caraballo, radicó una queja en contra de ésta ante la

Oficina

del

Procurador

General.

En

síntesis,

alegó

que, dos años y medio antes, dicha abogada había hecho

manifestaciones falsas ante un tribunal de justicia.

El 14 de marzo de 1991, el entonces Director de la

Oficina de Administración de los Tribunales, Hon. René

Arrillaga

Beléndez,

compareció

igualmente

ante

la

Oficina del Procurador General en solicitud de que se

investigara la actuación de la referida abogada.

El 6 de noviembre de 1998, en cumplimiento de nuestra Resolución

de

fecha

28

de septiembre

de 1996,

el

Procurador

General

presentó

querella contra la Lcda. Astacio, imputándole los siguientes cargos:

“CARGO I

La

Lcda.

Carmen

Astacio

Caraballo

violentó

los

principios establecidos por el Canon 35 de Ética Profesional

el cual, entre otras cosas, obliga a todo abogado a ser

sincero y honrado y a utilizar ante los tribunales medios

consistentes con la verdad y a no inducir al juzgador a error

utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o

del derecho.

CARGO II

La

Lcda.

Carmen

Astacio

Caraballo

violentó

los

principios establecidos por el Canon 38 de Ética Profesional

el cual, entre otras cosas, obliga a todo abogado a

esforzarse al máximo de su capacidad a la exaltación del

honor de tal profesión, aportara la mejor administración de

la justicia y a comportarse tanto en su vida privada como

profesional en forma digna y honrada.”

Contestada la querella, nombramos Comisionado Especial al ex-Juez

Superior,

Hon.

Angel

G.

Hermida,

para

que

presidiera

una

vista

probatoria y rindiera un informe con las determinaciones de hecho que

entendiera procedente.

de

la

relación

del

A continuación, exponemos los hechos que surgen

caso

y

de

las

determinaciones

de

hechos

del

Comisionado Especial, así como de los autos del Caso Civil Núm. RF (F)

88-148, sobre divorcio, entre la Lcda. Astacio y el señor José A.

Pacheco, promovido ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao.

I

La Lcda. Astacio

fue admitida por este Tribunal al ejercicio de

la profesión legal el 3 de mayo de 1980. El 10 de junio del mismo año,

le fue expedida autorización para el ejercicio del notariado.

La abogada querellada estuvo casada con el Sr. José A. Pacheco por

más de 25 años, procreando dos hijos en el matrimonio. En 1988, la

querellada presentó demanda de divorcio contra su esposo, por la causal

de separación, ante el entonces Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala

de Humacao. El 20 de mayo de 1988, el Juez Raúl Ferrer Babilonia dictó

sentencia, declarando roto y disuelto el matrimonio entre la abogada de

epígrafe y el señor Pacheco.

Casi dos meses después, el 12 de julio de 1988, la Lcda. Astacio

presentó una moción ante el foro de instancia solicitando se dejase sin

efecto la mencionada sentencia1, ya que alegadamente el Sr. Pacheco y

ella habían zanjado sus diferencias y se habían reconciliado. En dicha

moción, la mencionada abogada no hizo constar que el demandado, Sr.

Pacheco, había fallecido cinco días antes de presentada la misma.

Debe

señalarse

que

la

referida

abogada,

estaba

impedida

de

solicitar, y el Juez de conceder, el remedio mencionado, puesto que la

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.49,

sobre moción de relevo de sentencia, establece que:

“Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean

justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento

por las siguientes razones:

(1)Error,

inadvertencia,

sorpresa

o

negligencia

excusable;

(2) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar

de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a

tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla

48;

(3) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha

denominado intrínseco y también el llamado extrínseco), falsa

representación u otra conducta impropia de una parte adversa;

(4) Nulidad de la sentencia;

(5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba

ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería

equitativo que la sentencia continuara en vigor; O

(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de

un remedio contra los efectos de una sentencia.

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a

las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que

la moción se funde en las razones (3) ó (4)...” (Énfasis

suplido.)

A

pesar

de

las

expresas

disposiciones

en

contrario,

de

la

transcrita Regla 49.2, el Juez concedió a la Lcda. Astacio el relevo de

sentencia solicitado por ella.

El 9 de junio de 1989, la Lcda. Astacio, en calidad de viuda, y sus

hijos, presentaron demanda ante el tribunal de instancia en reclamación

1

Esta sentencia había advenido final y firme debido a que

transcurrido los treinta (30) días para solicitar su revisión.

habían

de

los

daños

y

perjuicios

que

alegadamente

sufrieron

por

el

fallecimiento del Sr. Pacheco, el cual, supuestamente, se debió a la

impericia

médica

de

los

allí

demandados;

reclamaron,

además,

los

sufrimientos y angustias mentales que sufrió el señor Pacheco mientras

estuvo

recluido

en

los

hospitales

demandados.

La

parte

demandada

solicitó la desestimación de la reclamación instada por la Lcda. Astacio

Caraballo, alegando que ella no era viuda sino divorciada.

La Lcda. Astacio, en su contestación a la querella radicada por el

Procurador General, alegó que “los hechos en el presente caso tienen su

explicación y le manifiesta al Honorable Tribunal que no medió intención

alguna de violar los Cánones número 35 y 38 de Etica mencionados en la

querella,

toda

vez

que

a

lo

largo

de

su

carrera

profesional

ha

demostrado responsabilidad, honradez y sinceridad en el desempeño de sus

funciones”. Expuso, además, que “como profesional de la práctica del

derecho,

se

ha

esforzado

en

brindar

sus

servicios

y

dirigir

sus

capacidades hacia los servicios legales de los desvalidos y necesitados,

honrando la profesión, en ocasiones sin recibir remuneración alguna ...

siendo reconocidos sus servicios como abogada del año de Pro Bono en

varias ocasiones... ”.

Expuso la querellada que, al momento del fallecimiento de su exesposo, ambos continuaban conviviendo como esposos y habían acordado

“retirar la sentencia de divorcio” y continuar su matrimonio. Según

manifiesta la abogada querellada, la moción solicitando el retiro de

sentencia fue redactada entre ambos antes de la muerte del Sr. Pacheco,

y fue firmada por la querellada, quedando la moción en su oficina a

cargo de su secretario2. Alegadamente, al fallecer su esposo, la abogada

no regresó durante esos días a su oficina, por hallarse en un estado de

depresión; indica la querellada que la moción se radicó por error o

2

Es de notar, sin embargo, que en una declaración jurada sometida

con anterioridad ante la Oficina del Procurador General, de fecha 15 de

febrero de 1991, la querellada aseveró que la moción fue hecha después

de la muerte del Sr. Pacheco, en cumplimiento de una promesa hecha a

éste poco antes de su muerte.

inadvertencia de su secretario, quien escribió la fecha y la presentó

ante el tribunal sin percatarse del contenido de la misma.

Expresó,

además,

la

Lcda.

Astacio

que

no

tenía

intención

de

defraudar o de obtener ventaja alguna, al radicar el caso Sucn. Pacheco

v. Eastern Med. Assoc., Inc., res. el 6 de abril de 1994, 135 D.P.R. __

(1994),

ya

que,

a

la

fecha

de

los

la

hechos,

Sociedad

Legal

de

Gananciales no había sido liquidada sino que ambos estaban bajo el

control

y

administración

de

sus

bienes

y

ambos

aportaban

con

sus

respectivos ingresos a los bienes en común.

Luego

de

evaluar

toda

la

evidencia

disponible,

el

Comisionado

Especial quedó “convencido” de que la Lcda. Astacio, en efecto, se

había reconciliado con su marido, y de que ésta actuó, como lo hizo,

únicamente para dar efecto jurídico a dicha reconciliación, y para

cumplir con la promesa hecha a su ex–esposo en su lecho de muerte3.

En

cuanto

el

a

la

presentación

de

la

Comisionado Especial llegó a la

demanda

de

daños

conclusión de

y

perjuicios,

que cuando la Lcda.

Astacio solicitó del tribunal de instancia que se dejara sin efecto la

sentencia de divorcio, no lo hizo en consideración a la posterior

presentación de esa reclamación ni de los beneficios económicos que

podría obtener con ella4.

Estando en condiciones de resolver, procedemos a así hacerlo.

II

Discutimos,

de

manera

conjunta,

los

dos

cargos

imputados.

El

primer cargo imputa a la querellada una violación al Canon 35 por

ocultar la verdad e inducir a error al juzgador al presentar una moción

de relevo de sentencia ante el tribunal sin hacer constar en la misma

que la parte demandada había muerto. Mediante el segundo cargo se le

imputa a ésta haber violentado los principios del Canon 38, por haber

atentado contra el honor y la dignidad de la profesión de abogado.

3

4

Informe del Comisionado, pág. 4.

Informe del Comisionado, pág. 6.

El Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 35,

establece lo siguiente:

“La conducta de cualquier miembro de la profesión legal

ante los tribunales, para con sus representados y en las

relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.

No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean

inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a

error utilizando artificios o una falsa relación de los

hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las

citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una

idea contraria a la que el verdadero contexto establece u

ocultar alguna que le es conocida.

El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos

al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros

documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia

documental

o

facilitar

la

desaparición

de

evidencia

testifical en un caso es también altamente reprochable.”

(Énfasis suplido.)

Por otro lado, el Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A., Ap.

IX, C. 38, establece:

“El

abogado

deberá

esforzarse,

al

máximo

de

su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su

profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia. En su conducta como funcionario del

tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal

aportación hacia la consecución de una mejor administración

de la justicia...

Por razón de la confianza en él depositada como miembro

de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida

privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse

en forma digna y honorable...”. (Enfasis suplido.)

El Canon 35, como vemos, impone al abogado un deber de sinceridad

y honradez erga omnes. In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R.

823 (1993). Esto significa que este deber lo tiene el abogado frente a

todos, tanto ante sus representados como en las relaciones con sus

compañeros de profesión y, por

abogados

han

de

conducirse

supuesto, ante

siempre

con

los tribunales.5 Los

integridad

ante

los

foros

judiciales. In re Currás Ortiz, res. el 13 de agosto de 1996, 141

D.P.R. __ (1996). El abogado no puede proveer al tribunal información

5

In re Marrero Figarella, res. el 13 de julio de 1998, 98 TSPR 112; In

re Tormos Blandino, res. el 28 de marzo de 1994, 135 D.P.R. __ (1994).

In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993).

falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede tampoco ocultarle

información certera que deba ser revelada. In re Filardi Guzmán, res.

el 23 de enero de 1998, 98 TSPR 4.

La conducta de

todo abogado ante los tribunales debe ser una

caracterizada por sinceridad y honradez, y no actúa profesionalmente el

abogado que no se ajusta a la verdad de los hechos al presentar las

causas.

In re Peña Clós, res. el 29 de marzo de 1994, 135 D.P.R. __

(1994); In re Enríquez González, 92 D.P.R. 544 (1965). Los abogados no

pueden suscribir con su firma hechos falsos6, debiendo ser fieles a la

realidad de los hechos al redactar o suscribir documentos.7

Hemos

expresado,

en

ocasiones

anteriores,

que

la

firma

de

un

abogado en una moción tiene el efecto legal de un juramento8, y la

declaración bajo juramento de hechos falsos constituye una violación al

Canon 35 de Ética Profesional. El abogado que así actúa, quebranta

además el principio ético proclamado en el Canon 38, supra, que exige

al abogado esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del

honor y dignidad de la profesión.

Estas normas de conducta deben ser observadas por los abogados no

sólo en su dimensión profesional, sino en todas las demás facetas de su

vida privada.9 Estos deberes tienen que ser cumplidos aunque, el así

6

In re John T. Belk Arce y Margarita Serapión, res. el 28 de julio de

1999, 99 D.P.R.TSPR 121; In re Martínez, Odell, res. el 12 de abril de

1999, 99 TSPR 53; Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 752

(1974).

7

In re López de Victoria Bras, res. el 6 de abril de 1994, 135 D.P.R.

__ (1994); In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339

(1987); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, ante.

8

La Regla 9 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. , Ap. III R. 9,

establece, entre otras cosas, lo siguiente: “...La firma de un abogado

equivale a certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo con su

mejor conocimiento, información y creencia está bien fundado; y que no

ha sido interpuesto para causar demora u opresión. Si un escrito no

estuviere firmado, o lo hubiere sido con el propósito de frustrar los

objetivos de esta regla, podrá ser eliminado como simulado y falso, y

el pleito podrá continuar como si no se hubiere notificado tal escrito.

La violación voluntaria de

esta regla por parte de un abogado dará

lugar a la imposición de sanciones en su contra...”. Junta Insular de

Elecciones v. Corte, 63 D.P.R. 819 (1944).

hacerlo, conlleve sacrificios personales. In re John T. Belk Arce y

Margarita Serapión, ante; In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977).

No puede un abogado acudir al sistema de administración de justicia si,

al así hacerlo, y con el fin de adelantar sus propios intereses, falta

a la verdad. In re Filardi Guzmán, ante.

Debemos recordar, por último, que se infringe el deber impuesto

por el Canon 35 con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad, lo

cual

supone

una

conducta

lesiva

a

las

instituciones

de

justicia,

independientemente de los motivos para la falsedad. Véase: In re John

T. Belk Arce y Margarita Serapión, ante. Para incurrir en esta falta,

no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o de

mala fe, con la intención de defraudar o engañar. In re Martínez,

Odell, ante; In re Chaar Cacho, 123 D.P.R. 655 (1989); In re Rivera

Arvelo y Ortiz Velázquez, ante. Tampoco es

necesario para violar el

Canon 35 que se produzca un perjuicio a tercero. In re John T. Belk

Arce

y

Margarita

obstante,

estas

Serapión,

ante.

circunstancias

In

re

podrían,

Martínez,

junto

Odell,

con

ante.

otras,

No

ser

pertinentes a la hora de determinar la sanción disciplinaria que ha de

imponerse al abogado. In re López de Victoria Brás, ante; In re Peña

Clós, ante; In re Martínez, Odell, ante.

Con lo anterior en mente, examinemos los hechos que, conforme al

Informe del Comisionado10, motivaron la presente querella.

9

In re Roldán Figueroa, ante; In re López de Victoria Brás, ante; In re

Currás Ortiz, ante; In re John T. Belk Arce y Margarita Serapión, ante;

In re Martínez, Odell, ante. In re Padilla Rodríguez, res. el 18 de

mayo de 1998, 98 TSPR 56.

10

Tomamos como base los hechos que aparecen en este Informe, puesto

que, como hemos repetido en diversas ocasiones, en ausencia de

prejuicio, parcialidad o error manifiesto del Comisionado Especial al

apreciar la prueba, no alteraremos las determinaciones de hechos que

están sostenidas por la prueba testifical y documental. R.41.5(b) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R.41.5(b). In re Rivera Arvelo y

Ortiz Velázquez, ante. In re Soto López,

res. el 5 de abril

Figarella, ante.

de

1994,

135

D.P.R.

__

(1994).

In

re

Marrero

III

En el caso de autos, la Lcda. Astacio presentó, ante el antiguo

Tribunal Superior, Sala de Humacao, una

firmada

por

ella

únicamente,

improcedente moción de relevo,

solicitando

se

dejara

sin

efecto

el

divorcio decretado entre la abogada y su ex-esposo, el Sr. Pacheco.

Como hemos dicho anteriormente, la Lcda. Astacio radicó dicha moción,

aún cuando obviamente sabía que el Sr. Pacheco había fallecido cinco

(5) días antes. La abogada no informó en ningún momento al tribunal de

la muerte de su ex-esposo.

Al

no

comunicar

este

hecho

al

tribunal,

la

abogada

ocultó

información certera que debió ser revelada, puesto que un tribunal no

puede intervenir con el estado civil de un fallecido. Como es sabido,

la muerte de cualquiera de los cónyuges extingue la acción para anular

el divorcio, perdiendo el tribunal la jurisdicción sobre la persona

fallecida. Pardos v. Sucn. Stella, res. el 17 de junio de 1998, 98 TSPR

77; Hernández v. Zapater, 82 D.P.R. 777 (1961). El estado civil es un

atributo fundamental de la persona. Esto significa que solo la persona

puede cambiar su propio estado civil y que, como regla general, nadie

puede disponer libremente del mismo sin que la persona intervenga.

Sucn. Pachecho v. Eastern Med. Assoc., Inc., ante, citando a J. Puig

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Bosch, 1979, T. I,

Vol. I, págs. 307-308.

La Lcda. Astacio, no hay duda, faltó a su deber de sinceridad para

con el tribunal, lo cual indujo a error al mismo. No cabe duda de que

esta acción constituyó una conducta impropia y violatoria del Canon 35,

supra, así como un quebrantamiento del principio recogido en el Canon

38, supra, que exige al abogado esforzarse en exaltar el honor y la

dignidad de la profesión de abogado.

Conforme

al

Informe

del

Comisionado11,

éste

quedó

“plenamente

convencido” de que la moción de relevo de sentencia fue presentada por

11

Pág. 4, apartado 2.5.

la Lcda. Astacio con la única

intención de dar efecto jurídico a la

reconciliación que había tenido lugar entre ambos cónyuges antes de la

muerte del esposo, y en cumplimiento de una promesa hecha a éste en su

lecho de muerte.12 Aparte del hecho que esta posición es un tanto

difícil de aceptar, como hemos anteriormente expresado, el motivo tras

la actuación no es determinante a la hora de establecer si se violaron

los Cánones 35

y 38. Véase: In

re John T. Belk Arce y Margarita

Serapión, ante.

Ello no obstante, tanto los motivos, como el previo historial del

abogado; su buena reputación en la comunidad y el hecho de que se trate

de

su

primera

falta;

y

la

ausencia

de

perjuicio

a

terceros,

son

circunstancias que, entre otras, este Tribunal acostumbra considerar al

determinar la sanción disciplinaria a imponerse a un abogado.13

Por consiguiente, en vista de que es la primera falta cometida por

la abogada querellada durante los dieciocho (18) años que ha ejercido

la abogacía; teniendo en cuenta que no ha resultado perjudicado tercero

alguno; y considerando que el motivo que llevó a la Lcda. Astacio a

cometer esta falta, conforme la determinación del Comisionado Especial,

no fue el de defraudar u obtener un beneficio propio, sino el de hacer

cumplir la “última voluntad” de su marido, dando efecto jurídico a su

reconciliación,

procede

que,

como

hemos

hecho

en

situaciones

similares14, limitemos en esta ocasión la sanción disciplinaria a una

censura enérgica de la Lcda. Astacio por su conducta. Se le apercibe,

12

En una declaración jurada de fecha 15 de febrero de 1991, la Lcda.

Astacio manifestó que ella y su ex-esposo se reconciliaron y acudieron

a la residencia de la Juez Ana Delia Sánchez el 24 de junio de 1988,

solicitándole que celebrara su matrimonio; y que fue mientras

preparaban la documentación necesaria el Sr. Pacheco enfermó y fue

recluido en el Hospital. No obra en nuestro poder, sin embargo,

declaración alguna de la Juez Sánchez que corrobore estos hechos.

13

In re Calderón Marrero, 122 D.P.R. 557 (1988); In re Rivera Arvelo y

Ortiz Velázquez, ante; In re Bermúdez Rivera, 123 D.P.R. 615 (1989). In

re López de Victoria Brás, ante; In re Peña Clós, ante; In re Vargas

Hernández, res. el 30 de marzo de 1994, 135 D.P.R. __ (1994). In re T.

Belk Arce y Margarita Serapión, ante.

14

In re Padilla Rodríguez, ante; In re Martínez, Odell, ante; In re

John T. Belk Arce y Margarita Serapión, ante.

sin embargo, de que en el futuro deberá ejercer mayor diligencia en sus

actuaciones y dar fiel cumplimiento a los Cánones de Ética Profesional

que rigen la profesión de abogado, pudiendo ser objeto de sanciones

disciplinarias más severas si vuelve a infringir los mismos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen Astacio Caraballo

CP-98-13

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 1999

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Opinión

Per

Curiam

que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se

dicta Sentencia censurando enérgicamente, por su conducta, a la

Lcda. Carmen Astacio Caraballo; apercibiendo a ésta para que en el

futuro

ejerza

cumplimiento

a

mayor

los

diligencia

Cánones

de

en

sus

Etica

actuaciones

Profesional

y

que

dé

fiel

rigen

la

profesión de abogado.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Presidente

señor

Andréu

García

no

intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo