LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE FERNANDO CAMPOAMOR REDIN

2000 TSPR 13

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE FERNANDO CAMPOAMOR REDIN

PAD-1994-002

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fernando Campoamor Redín

Querella

2000 TSPR 13

Número del Caso: PAD-1994-2

Fecha: 24/01/2000

Oficina del Procurador General: Lcdo. Miguel A. Santana Bagur

Procurador General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada: Lcdo. Fernando Olivero Barreto

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fernando Campoamor Redín

PAD-1994-02

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2000

I

Nuevamente debemos expresarnos en torno a la conducta del

ex juez, Lcdo. Fernando Campoamor Redín, por hechos que se

suscitan como secuela de los casos civiles Sucesión Ramón

Ortiz Ortiz y otros v. Fernando Campoamor Redín y otro,

JAC89-2509 y Fernando Campoamor Redín y otro, v. Héctor Ramón

Ortiz y otro, JAC92-0036 y que motivaran nuestra Opinión y

Sentencia de 19 de enero de 1996, 139 D.P.R. ___ (1996), 96

J.T.S. 5 en la que lo censuramos enérgicamente.

PAD-1994-02

3

II

El 25 de mayo de 1994 la Comisión de Disciplina y

Separación del Servicio de Jueces por Razón de Salud del

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, Comisión)

determinó causa probable en la queja de epígrafe, por lo

cual el Procurador General Auxiliar presentó la querella

correspondiente el 24 de junio de 1994.1

imputó

al

licenciado

Campoamor

Redín

En ésta se le

haber

observado

conducta profesional impropia.2

1

Por haber sido presentada en esta fecha, el proceso

disciplinario se llevó a cabo al amparo del procedimiento

adoptado mediante la Ley Núm. 64 de 6 de septiembre de

1992, 4 L.P.R.A. sec. 232, según enmendada, y por

consiguiente, al amparo de las “Reglas de Procedimiento

para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio

por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera

Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico”.

2

Al licenciado

siguiente:

Campoamor

Redín

se

le

imputó

PRIMER CARGO

El Hon. Fernando Campoamor Redín incurrió en

conducta altamente impropia, detrimental al

buen nombre y dignidad del cargo de juez que

ocupa, cuando allá para los meses de julio y

agosto de 1989, tomándose atribuciones que no

le correspondían, dispuso de propiedad ajena

sin la debida autorización de su legítimo

dueño.

Con sus actos, el señor querellado

propició en la referida fecha, que el Municipio

de Aibonito llevar a [sic] cabo una extracción

de cascajo o tosca en la ladera de una montaña

ubicada dentro de la finca propiedad de la

Sucesión Ortiz, en el Barrio Llanos de

Aibonito, sin permiso de sus dueños.

El comportamiento del querellado, según antes

expuesto, viola el Canon XXVI de Etica Judicial

que obliga a los jueces a actuar en todo

momento de forma y manera que enaltezca el

honor tradicional de la judicatura [sic]; el

Canon IV de Etica Judicial que requiere de todo

juez que vele porque la conducta de sus

compañeros jueces –y principalmente la propiase ajusten a los Cánones de Etica tanto en su

proceder personal como en el desempeño de las

lo

PAD-1994-02

4

funciones judiciales; el Canon VIII de Etica

Judicial que establece la sabia admonición de

que los jueces deben evitar toda actividad que

le reste dignidad a su posición como Juez o que

origine notoriedad indeseable; y el Canon I de

Etica Judicial que enuncia el principio rector

de que los jueces, conscientes de la posición

que ocupan en la sociedad y de la trascendencia

de

su

misión,

deben

velar

porque

sus

actuaciones respondan a normas de conducta que

honren la integridad e independencia de su

ministerio y estimulen el respeto y la

confianza de la judicatura.

SEGUNDO CARGO

El Hon. Fernando Campoamor Redín, incurrió en

conducta impropia y reprochable, en menoscabo

de la dignidad y honorabilidad inherentes a su

alta investidura de Juez del Tribunal de

Primera Instancia de Puerto Rico, cuando allá

para finales del mes de septiembre de 1989, en

el Barrio Llanos de Aibonito, ordenó cavar tres

(3) trincheras de quince (15) pies de ancho por

cincuenta (50) pies de largo y con una

profundidad de ocho (8) pies en la finca de la

Sucesión Ortiz; cuyas trincheras se hicieron

con el propósito de enterrar más de veinte mil

(20,000) pollos propiedad del señor querellado,

los cuales perecieron en el negocio de éste a

consecuencia del Huracán Hugo.

El

señor

querellado

ordenó

cavar

dichas

trincheras en la finca propiedad de la Sucesión

Ortiz, sin la debida autorización de sus dueños

y a pesar de contar con suficiente terreno en

una finca contigua de su propiedad, el cual

podía destinar para igual propósito, como en

efecto lo hizo una vez la Sucesión Ortiz ordenó

tapar las trincheras abiertas en su finca.

Al actuar así, el señor querellado se apartó

de la norma de conducta de honorabilidad y

respeto a la que deben someterse todos los

actos de un Juez, tanto en su proceder

personal como en el desempeño de las funciones

judiciales, violando, por consiguiente, los

Cánones I, VIII, XXVI de Etica Judicial.

TERCER CARGO

El Hon. Fernando Campoamor Redín incurrió en

conducta profesional impropia cuando, en el

desempeño

de

sus

funciones

judiciales,

entendió en diversos incidentes procesales en

los

cuales

una

de

las

partes

estaba

representada legalmente por un abogado que

había sido anunciado previamente como su

testigo en una causa privada o particular.

PAD-1994-02

En

relación

5

con

la

controversia

que

hoy

nos

corresponde dilucidar, al licenciado Campoamor Redín se le

imputaron violaciones a los Cánones XI y XII de Ética

Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

Se alegó que incurrió en

El señor querellado anunció al Lcdo. Luis A.

Juan como testigo en el caso civil núm. JAC

89-2509, Sucesión Ramón Ortiz Ortiz, et. al.

v. Fernando Campoamor Redín, et. al., sobre

sentencia declaratoria, injunction y daños y

perjuicios, en el Tribunal Superior, Sala de

Ponce, allá para el 27 de noviembre de 1991,

en un proyecto de acta preparado por las

partes en el referido caso.

Durante el

período comprendido entre esa fecha y los días

17, 18 y 19 de febrero de 1993, fecha en que

se celebró la vista en su fondo del referido

caso JAC-89-2509, consolidado con el JAC-920036, Fernando Campoamor, et. al. v. Héctor

Ramón Ortiz, et. al. sobre incumplimiento de

contrato y daños y perjuicios, el señor

querellado

entendió

en

los

siguientes

procedimientos judiciales en los cuales el

Lcdo. Luis A. Juan representaba a una de las

partes:

El Pueblo de Puerto Rico v. Luis

Antonio Ortiz Cintrón, BVI 92G0015, PD92G0079,

LA92G0086 al 0089; El Pueblo de Puerto Rico v.

José R. Rivera Torres, BLA92G0037, BVI92G0004,

y El Pueblo de Puerto Rico v. José Luis

Meléndez Ortega, BDC1M0004, BIC92G0013.

El comportamiento del querellado, según antes

expuesto, viola los Cánones XI y XII de Etica

Judicial, los cuales requieren, por un lado,

que el Juez “no solamente ha de ser imparcial,

sino que su conducta ha de excluir toda

posible apariencia de que es susceptible de

actuar a base de influencias... “extrañas a

los méritos del caso”; y por el otro, que el

Juez se inhiba de participar en procedimientos

judiciales

en

los

cuales

pudiera

tener

prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de

los abogados que intervengan en el caso o

cuando concurre cualquier “causa que pueda

razonablemente

arrojar

dudas

sobre

su

imparcialidad para adjudicar o que tienda a

minar la confianza pública en el sistema de

justicia.”

En cuanto a los cargos I y II la Comisión

determinó que los mismos resultaron debidamente

juzgados y adjudicados mediante sentencia en

los casos consolidados Sucesión Ramón Ortiz

PAD-1994-02

conflicto

de

6

intereses

porque

intervino

como

juez

en

diversos incidentes procesales en los cuales el Lcdo. Luis

A. Juan compareció como abogado de una de las partes.

El

licenciado Juan había sido anunciado previamente por el

licenciado Campoamor Redín como su testigo en el caso

civil Sucn. Ortiz v. Fernando Campoamor Redín, supra.

El licenciado Campoamor Redín fue notificado de la

querella el 30 de junio de 1994.

Se señaló una vista

evidenciaria para el 25 de enero de 1995.

En ésta, el

querellado alegó falta de competencia de la Comisión para

continuar con el proceso disciplinario, en vista de que él

había cesado en sus funciones como juez superior a partir

de noviembre de 1994.

La Comisión aplazó la determinación sobre si tenía

competencia para ventilar la imputación hecha en el tercer

cargo para el 28 de junio de 1995.3

Tras la celebración

Ortiz y otros v. Fernando Campoamor Redín y

otro, JAC89-2509 y Fernando Campoamor Redín y

otro, v. Héctor Ramón Ortiz y otro, Civil Núm.

JAC92-0036, por lo cual se estimarían fuera de

controversia y serían adjudicados sumariamente

por la Comisión. Sólo sería objeto de prueba

lo concerniente al tercer cargo.

Es menester señalar [que] nosotros nunca nos

hemos pronunciado sobre los cargos I y II, los

cuales, según la determinación de hecho Núm.

23 de la Resolución de la Comisión de 25 de

enero de 1996 (pág. 14), son constitutivos de

los delitos de apropiación ilegal agravada,

usurpación y daños agravados, 33 L.P.R.A.

secs. 4272, 4283 y 4286 respectivamente.

La

Comisión, aun reconociendo la gravedad de los

hechos imputados, solamente recomendó censurar

al querellado, en atención a que fue la parte

perdidosa en el caso civil. En el informe de

la Comisión se analizan los tres cargos en

conjunto.

3

La Comisión conservó la competencia en los cargos I y

PAD-1994-02

7

de una vista, el 25 de enero de 1996, la Comisión emitió

una resolución en la que determinó que tenía competencia

para adjudicar los reclamos.

Fundamentó su decisión en la

Regla 37 de las “Reglas de Procedimiento para Acciones

Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de

Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico”, según vigente en

el

momento

de

los

hechos4.

(en

que

las

partes

adelante,

Reglas

de

Procedimiento).

Después

correspondientes

teorías,

documental como testifical.

se

expusieron

desfiló

prueba

sus

tanto

Aquilatada y ponderada la

misma, la Comisión emitió una resolución en la que hizo

II.

4

El 14 de julio de 1995 enmendamos algunas de las Reglas

de Procedimiento, entre éstas, la Regla 37.

Tras la

enmienda, dicho precepto dispuso, en su parte pertinente,

de la siguiente manera:

La presentación por el juez de la renuncia

al cargo o la expiración del término de un

nombramiento

no

impedirá

que

continúe

el

procedimiento disciplinario en su contra a los

efectos de determinar si la conducta amerita la

recomendación

de

que

se

impongan

medidas

disciplinarias

contra

el

querellado

como

abogado.

A pesar que la Comisión emitió su resolución el 25 de

enero de 1996, cuando la norma enmendada ya había entrado

en vigor, ésta no es de aplicación a los hechos ante

nuestra consideración, debido a que la querella contra el

licenciado Campoamor Redín se presentó el 24 de junio de

1994 y éste cesó en sus funciones como juez en noviembre

de 1994.

Por lo tanto, para la solución del caso ante

nuestra consideración, utilizaremos la Regla 37, según

disponía antes de ser enmendada.

PAD-1994-02

8

las siguientes determinaciones de hecho relacionadas con

la controversia que hoy nos ocupa:

16.

El querellado anunció al Lic. Luis A. Juan

como testigo en el caso Civil Núm. JAC89-2509,

Sucn. Ramón Ortiz Ortiz, et. als. v. Fernando

Campoamor

Redín,

et.

als.

sobre

sentencia

declaratoria, injunction y daños y perjuicios en

el Tribunal Superior, Sala de Ponce, allá para el

27 de noviembre de 1991 en un proyecto de acta

preparado por las partes en el referido caso.

17.

Durante el período comprendido entre el 27

de noviembre de 1991 y los días 17, 18 y 19 de

febrero de 1993, fecha en que se celebró la vista

en su fondo del referido caso, JAC89-2509, el

juez querellado entendió en los siguientes

procedimientos judiciales en los cuales el Lic.

Luis A. Juan, representaba a una de las partes:

El Pueblo de Puerto Rico v. Luis Antonio Ortiz

Cintrón, BVI92-G-0015, PD92-G-0079, LA92-G-0086

al 0089; El Pueblo de Puerto Rico v. José R.

Rivera Torres, BLA92-G-0037, BVI92-G0004 y el

Pueblo de Puerto Rico v. José Luis Meléndez

Ortega, BDC91-M0004, BIC92-G-0013.

18.

La intervención del Lic. Luis A. Juan fueron

[sic] en incidentes procesales representando a

algunas de las partes, tales como moción de

señalamiento, suspensión y otras análogas, a

excepción de los casos de El Pueblo de Puerto

Rico vs. José Luis Meléndez Ortega, donde se

aceptó una alegación pre-acordada.

19.

El 14 de julio de 1992, el Hon. Fernando

Campoamor Redín, presidió una vista en el caso de

El Pueblo de Puerto Rico v. José Luis Meléndez

Ortega, por mutilación y amenazas, criminal núm.

BIC92-G-0013 y BDC91-M0004, donde compareció el

Pueblo de Puerto Rico representado por el fiscal,

Hon. Julio Vargas y el acusado personalmente y

representado por el Lic. Luis A. Juan y el Lic.

José M. Colón. Se informó al tribunal de un preacuerdo consistente en que el acusado renuncia a

su derecho a juicio por jurado y habría de

restituir la suma de $10,000.00 a la parte

perjudicada, Sra. Celia I. Meléndez.

Como

consecuencia de ello, el Fiscal permitiría que el

acusado formule alegación de culpabilidad por un

delito menor comprendido de Agresión Agravada

(menos grave) y por el delito de Amenaza, para

que el acusado fuera referido a la consideración

del oficial probatorio para hacer un estudio e

PAD-1994-02

9

informe pre-sentencia. Se aceptó la renuncia al

juicio por jurado, la alegación de culpabilidad

formulada por el acusado y se declaró al acusado

culpable y convicto por infracción del Art. 95

del Código Penal, en su modalidad menos grave y

por el delito de amenaza refiriéndose al acusado

a la consideración del oficial probatorio para el

correspondiente informe presentencia.

Se señaló

el 15 de febrero de 1992 para el acto de dictar

sentencia.

20.

Durante la intervención del Lic. Luis A.

Juan en los diversos incidentes no se levantó

objeción por ninguna de las partes ni se solicitó

la inhibición del Juez.

21.

La intervención del entonces Juez Campoamor

Redín, en las situaciones señaladas en el Cargo

Núm. III no violentó Canon de Etica alguno.

24.

El Hon. Fernando Campoamor Redín, cesó en

sus funciones de Juez Superior desde noviembre de

1994, por haber expirado el término de su cargo

durante el mes de junio de 1994 y no ser

renominado antes de la terminación de la próxima

sesión legislativa. (Énfasis nuestro.)

Con

el

beneficio

de las determinaciones de hecho

recogidas en el informe de la Comisión y aquilatadas las

alegaciones de las partes, luego de un análisis de los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

III

En In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 257 (1961) decidimos

que la “conducta impropia e inmoral observada por un juez

puede dar lugar a su desaforo o suspensión como abogado,

aun

cuando

a

la

fecha

de

la

iniciación

procedimientos hubiese cesado como magistrado.”

nuestro.)

jurisdicción

de

los

(Énfasis

Es decir, resolvimos que mantenemos nuestra

disciplinaria

sobre

un

ex

juez,

PAD-1994-02

10

independientemente

de

la

razón

por

la

cual

éste

haya

cesado sus funciones como tal.

Posteriormente aprobamos las Reglas de Procedimiento,

131 D.P.R. 630 (1992), las que entraron en vigor el 24 de

noviembre de 1992.

La Comisión basó la determinación de

que tenía competencia para continuar con el procedimiento

disciplinario en la Regla 37, supra, pág. 670, la cual

disponía, en su parte pertinente, lo siguiente:

REGLA 37

EFECTO DE RENUNCIA

Si la querella alega conducta constitutiva de

delito, negligencia en el desempeño de sus

funciones o violación a los Cánones de Ética

Judicial o Profesional, la presentación por el

juez de la renuncia al cargo no impedirá que

continúe el procedimiento disciplinario en su

contra si la naturaleza de la conducta

imputada puede dar lugar a su desaforo o

suspensión de la abogacía.

De la regla citada surgía claramente que la renuncia

de un juez querellado no era óbice para que continuase un

proceso disciplinario iniciado en su contra, cuando la

conducta imputada constituía, a su vez, causal de desaforo

o suspensión temporal.5

Para

la

adecuada

solución

del

caso

que

hoy

nos

ocupa debemos determinar si el lenguaje de la Regla 37,

5

Cabe señalar que la acción disciplinaria llevada a cabo

contra el ex Juez licenciado Campoamor Redín, que culminó

con una censura enérgica y advertencia contra futuras

actuaciones, se llevó a cabo al amparo de la Sec. 24 de la

Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4

L.P.R.A. sec. 232 y la Regla 13 del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. 1-A. En la nota al calce

Núm. 2 del caso In re Campoamor Redín, Op. de 19 de enero

de

1996,

139

D.P.R.

__

(1996),

96

J.T.S.

5,

específicamente indicamos que las Reglas de Procedimiento

PAD-1994-02

11

supra, según vigente al momento de los hechos, también

aplicaba

a

aquellas

situaciones

querellado

cesaba

sus

renuncia,

sino

en

porque

el

en

las

que

un

funciones,

no

por

razón

de

para

el

cual

fue

término

nombrado expiró sin que hubiera sido renominado.

juez

Para

ello, debemos interpretar dicho precepto en virtud de la

reconocida norma de hermenéutica de que las leyes deben

interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito

social

que

las

inspira.

No

deben

desvincularse

del

problema humano cuya solución persiguen, ni descarnarse

de las realidades de la vida que la sociedad misma ha

proyectado sobre ellas, pues se tornaría ilusoria y se

perdería

en

el

vacío

genera.

Pueblo

v.

Zayas

Rodríguez,

99

TSPR

15;

febrero

de

1999,

el

deseo

de

El

justicia

res.

Vocero

que

el

de

las

17

de

P.R.

v.

E.L.A., 131 D.P.R. 356, 432 (1992).

La Regla 37, supra, se aprobó con el propósito de

evitar

que

la

justicia

se

pudiera

ver

frustrada,

tornando una querella en académica, solamente porque el

juez querellado renunció a su cargo.

Esto, a pesar de

que la conducta alegada pudiese estar reñida con los

Cánones de Ética Profesional y dar lugar a sanciones

disciplinarias.

Resulta indudable que las querellas también podrían

convertirse en académicas cuando el juez querellado cesa

en

su

cargo

porque

finalizó

no eran de aplicación a dicho caso.

el

término

de

su

PAD-1994-02

12

nombramiento6.

En consecuencia, un magistrado que haya

incurrido en conducta reñida tanto con los Cánones de

Ética Judicial como Profesional, podría quedar eximido de

responsabilidad simplemente porque expiró su nombramiento.

Ello es incompatible tanto con el propósito social de la

Regla 37, supra, como con nuestra facultad inherente para

reglamentar el ejercicio de la profesión de la abogacía.

In re Gómez Morales, res. el 22 de octubre de 1998, 98

TSPR 139.

Si bien es cierto que el texto de la Regla 37, supra,

no contemplaba el cese en el desempeño de las funciones de

un

juez

por

interpretarlo

otra

razón

que

la

renuncia,

restrictiva

ni

literalmente

no

podemos

porque

esto

tendría un resultado opuesto al fin social que persigue

dicha

norma.

Por

el

contrario,

interpretaremos

liberalmente la Regla 37, supra, según vigente al momento

de

los

hechos,

para

evitar

que

la

justicia

se

vea

frustrada cuando un magistrado querellado deja de ocupar

su cargo en otros supuestos, además de la renuncia.

Por lo tanto, a tenor con nuestra facultad inherente

para

disciplinar

y

destituir

jueces

y

tomando

en

consideración el fin primordial de la Regla 37, supra,

resolvemos que el cese en el desempeño de las funciones

como juez, ya sea por motivo de renuncia, por la no

renominación o por la separación del cargo, no era óbice

6

Véase Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991)

sobre la expiración de los términos de los nombramientos

de los jueces.

PAD-1994-02

13

para que continuase el procedimiento disciplinario, si la

naturaleza de la conducta imputada podía dar lugar al

desaforo, a la suspensión de la abogacía o a otras medidas

disciplinarias.

En conclusión, la Comisión tenía competencia para

continuar

con

el

procedimiento

disciplinario

incoado

contra el licenciado Campoamor Redín, a pesar de que en

ese momento él ya no ocupaba el cargo de juez.

IV

En la querella presentada por el Procurador General

se

le

imputó

al

licenciado

Campoamor

Redín

haber

incurrido en violaciones a los Cánones XI y XII de Ética

Judicial,

4

L.P.R.A.

Ap.

IV-A,

sobre

Imparcialidad

e

Independencia Judicial.

El Canon XI establece que el juez no solamente ha de

ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir toda

posible apariencia de que se está actuando a base de

influencias o motivaciones impropias.

El Canon XII, por

su

debe

parte,

establece

que

el

juez

no

entender

en

procedimiento judicial alguno, en el cual tienda a indicar

perjuicio o parcialidad hacia otras personas o abogados

que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el

caso.

Igualmente debe abstenerse de actuar en cualquier

causa

que

pueda

imparcialidad

razonablemente

para

adjudicar

o

arrojar

que

duda

tienda

a

confianza pública en el sistema de justicia.

reitera,

además,

que

el

juez

deberá

sobre

su

minar

la

El Canon

abstenerse

de

participar en un caso, tan pronto conozca de la causa de

PAD-1994-02

14

inhibición, mediante resolución escrita en la que hará

constar dicha causa, con notificación de la misma a todas

las partes.

7

Canon XII, supra.7

Los Cánones XI y XII establecen lo siguiente:

Canon XI.

Imparcialidad; conducta

El Juez no solamente ha de ser imparcial,

sino que su conducta ha de excluir toda posible

apariencia de que es susceptible de actuar a

base de influencias de personas, grupos o

partidos, o de ser influido por el clamor

público, por consideraciones de popularidad o

notoriedad, o por motivaciones impropias. Ha de

tener siempre presente que su único empeño debe

ser el de impartir justicia de conformidad con

el Derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad,

y sin preocuparle el reconocimiento que pueda

darse a su labor, ni la crítica injusta.

El Juez hará todo lo posible para que los

funcionarios y empleados del tribunal que actúen

bajo su dirección actúen de conformidad con

estos principios en la medida en que sean

aplicables a sus labores.

Canon XII.

Limitaciones; inhibición

El Juez no debe entender en procedimiento

judicial alguno en que la ley le prohiba actuar,

incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de

los casos siguientes:

Por tener prejuicio o parcialidad hacia

cualesquiera de las personas o abogados que

intervengan en el pleito o por haber prejuzgado

el caso.

Por

estar

directa

o

indirectamente

interesado en el resultado del caso.

Por haber sido abogado o asesor de

cualesquiera de las partes o de sus abogados en

la materia en controversia, o fiscal en una

investigación o fiscal en una investigación o

procedimiento criminal en el que los hechos

fueron los mismos presentes en el caso ante su

consideración.

Por haber presidido el juicio del mismo

caso en un tribunal inferior o por haber actuado

como magistrado a los fines de expedir la orden

de arresto o citación para determinar causa

probable

en

la

vista

preliminar

de

un

procedimiento criminal.

Por existir parentesco de consanguinidad o

afinidad dentro del cuarto grado con el acusado,

con la víctima del delito, con el abogado

defensor o el fiscal o con un miembro del jurado

en un procedimiento criminal, o con cualesquiera

PAD-1994-02

15

Estos preceptos son similares a la Sec. 455(a) del

Código Judicial Federal, 28 U.S.C. sec. 455, que establece

que cualquier juez o magistrado de los Estados Unidos

deberá

cuales

inhibirse de

su

entender

imparcialidad

cuestionada.

en procedimientos en

pueda

ser

los

razonablemente

El estándar utilizado en el ámbito federal

para la aplicación de este estatuto es uno objetivo:

si

una

las

persona

razonable,

con

conocimiento

de

todas

circunstancias, tendría dudas sobre la imparcialidad de

juez.

Véase Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and

Procedure: Jurisdiction and Related Matters, Sec. 3549,

pág. 499, Vol. 13A, Supp. (1998); Feminist Women’s Health

Center v. Codispoti, 69 F.3d. 399, 400 (9th. Cir. 1995);

Moideen

v.

Gillespie,

55

F.3d.

1478,

1482

(9th.

Cir.

1995);

Yagman v. Republic Ins. 987 F. 2d. 622, 626 (9th.

Cir. 1993); U.S. v. Greenough, 782 F.2d. 1556, 1558 (11th.

Cir. 1986); The State of Idaho v. Freeman, 478 F. Supp.

33, 35 (1979).

Estos

Reglas

de

valores

también

Procedimiento

han

sido

Civil.

La

plasmados

Regla

en

las

63.1(e)

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece las

de las partes o sus abogados en un procedimiento

civil.

Por intervenir en el procedimiento ante él

una persona natural que le haya facilitado o

gestionado

algún

préstamo,

o

una

persona

jurídica que le haya facilitado o gestionado

algún préstamo en el que no se hayan dispensado

las garantías o condiciones usuales.

Por

cualquier

otra

causa

que

pueda

razonablemente

arrojar

dudas

sobre

su

imparcialidad para adjudicar o que tienda a

PAD-1994-02

16

causas para solicitar la inhibición de un juez.

Este

precepto dispone que deberá inhibirse un juez, a su propia

iniciativa o a recusación de parte, entre otras razones,

por estar interesado en el resultado del caso o tener

prejuicio o parcialidad personal hacia cualquiera de las

partes o sus abogados, o por cualquier otra causa que

pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad

para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública

en el sistema de justicia.

(Énfasis nuestro.)

Un análisis ponderado de los documentos que obran en

autos, nos lleva a concluir que la Comisión no erró al

determinar que el licenciado Campoamor Redín no adjudicó

derecho alguno que favoreciera a los clientes del Lcdo.

Luis

A.

Juan.

Esto,

a

pesar

de

que

el

querellado

intervino como juez en casos en los que el licenciado Juan

comparecía como abogado.

No obstante, discrepamos de su

determinación de que no se configuró violación a canon

alguno.

Reiteradamente hemos resuelto que los jueces no deben

aceptar encomiendas o labores que pongan en riesgo la

imagen de imparcialidad y sobriedad que enaltece a la

judicatura ni que arrojen dudas acerca de su capacidad

para actuar con ecuanimidad.

In re: Campoamor Redín, res.

19 de enero de 1996, 139 D.P.R.____(1996), 96 J.T.S. 5, a

la

pág.

576;

Pueblo

v.

Robles

González,

125

D.P.R.

750,766, esc. 7 (1990); Pueblo v. Miranda Marchand, 117

minar la confianza pública en el sistema de

PAD-1994-02

17

D.P.R. 303 (1986).

Según hemos expresado, "[a]l impartir

justicia

preocupación

debe

ser

de

todo

juez

no

sólo

resolver de acuerdo con la ley y los dictados de su

conciencia,

sino también

transmitirle

a

las

partes

el

convencimiento de que verdaderamente han tenido un día en

corte."

Emanuelli Fontánez v. Emanuelli Lugo, 87 D.P.R.

380, 385 (1963).

El licenciado Campoamor Redín violó los Cánones XI y

XII, supra, al colocarse en una posición en la que su

imparcialidad pudo ser razonablemente cuestionada.

Su

imprudencia

el

fue

lesiva

a

la

confianza

pública

en

sistema de justicia, ya que, si bien es cierto que pudo

hacer

abstracción

de

su

propio

beneficio

y

resolver

conforme a derecho, también debió velar porque la balanza

en que se pesan los derechos de los ciudadanos estuviese

libre de sospechas.

482

(1958).

Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463,

Consideramos

que

el

licenciado

Campoamor

Redín tenía el deber ético de abstenerse de participar en

incidentes procesales en los que el Lcdo. Luis A. Juan

compareciese como abogado, para evitar mancillar la imagen

de la judicatura.

Así lo requerían la prudencia y el buen

juicio.

La conducta del licenciado Campoamor Redín estuvo

reñida, además, con el Canon 38 de Éica Profesional.

Este

postula

son

que

los

abogados,

y

los

jueces

también

abogados, deben evitar hasta la apariencia de conducta

justicia.

PAD-1994-02

18

profesional impropia.

Hemos expresado que en casos donde

la ley o la reglamentación no prohiba una actuación o

intervención como abogado, el buen juicio aconseja que,

para

evitar

aun

la

apariencia

de

conducta

impropia

o

conflicto de intereses, se abstenga de intervenir en los

mismos.

In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993); In re

Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778,785 (1984).

La infracción de dicho canon podría incluso conllevar la

suspensión temporal o el desaforo del ejercicio de la

profesión.

V

Por todo lo anteriormente expuesto, merece el Lcdo.

Fernando Campoamor Redín, otra vez, nuestra más enérgica

censura y apercibimiento de que no toleraremos futuras

actuaciones que frustren la fe y minen la confianza del

pueblo en el sistema de justicia y en la profesión legal

en general, ahora, desde su nuevo rol como representante

legal.

Se dictará sentencia de conformidad.

PAD-1994-02

19

PAD-1994-02

20

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fernando Campoamor Redín

PAD-1994-02

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Per Curiam que

antecede, censuramos enérgicamente las actuaciones del

Lcdo. Fernando Campoamor Redín y lo apercibimos nuevamente

de que no toleraremos futuras actuaciones lesivas a la

confianza del pueblo en el sistema de justicia y en la

profesión legal.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Rebollo López disiente por entender que lo que resulta

procedente es archivar la queja sin ulterior trámite.

El

Juez Presidente señor Andréu García está inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo