Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE FERNANDO CAMPOAMOR REDIN
2000 TSPR 13
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE FERNANDO CAMPOAMOR REDIN
PAD-1994-002
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fernando Campoamor Redín
Querella
2000 TSPR 13
Número del Caso: PAD-1994-2
Fecha: 24/01/2000
Oficina del Procurador General: Lcdo. Miguel A. Santana Bagur
Procurador General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada: Lcdo. Fernando Olivero Barreto
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fernando Campoamor Redín
PAD-1994-02
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2000
I
Nuevamente debemos expresarnos en torno a la conducta del
ex juez, Lcdo. Fernando Campoamor Redín, por hechos que se
suscitan como secuela de los casos civiles Sucesión Ramón
Ortiz Ortiz y otros v. Fernando Campoamor Redín y otro,
JAC89-2509 y Fernando Campoamor Redín y otro, v. Héctor Ramón
Ortiz y otro, JAC92-0036 y que motivaran nuestra Opinión y
Sentencia de 19 de enero de 1996, 139 D.P.R. ___ (1996), 96
J.T.S. 5 en la que lo censuramos enérgicamente.
PAD-1994-02
3
II
El 25 de mayo de 1994 la Comisión de Disciplina y
Separación del Servicio de Jueces por Razón de Salud del
Tribunal de Primera Instancia (en adelante, Comisión)
determinó causa probable en la queja de epígrafe, por lo
cual el Procurador General Auxiliar presentó la querella
correspondiente el 24 de junio de 1994.1
imputó
al
licenciado
Campoamor
Redín
En ésta se le
haber
observado
conducta profesional impropia.2
1
Por haber sido presentada en esta fecha, el proceso
disciplinario se llevó a cabo al amparo del procedimiento
adoptado mediante la Ley Núm. 64 de 6 de septiembre de
1992, 4 L.P.R.A. sec. 232, según enmendada, y por
consiguiente, al amparo de las “Reglas de Procedimiento
para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio
por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera
Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico”.
2
Al licenciado
siguiente:
Campoamor
Redín
se
le
imputó
PRIMER CARGO
El Hon. Fernando Campoamor Redín incurrió en
conducta altamente impropia, detrimental al
buen nombre y dignidad del cargo de juez que
ocupa, cuando allá para los meses de julio y
agosto de 1989, tomándose atribuciones que no
le correspondían, dispuso de propiedad ajena
sin la debida autorización de su legítimo
dueño.
Con sus actos, el señor querellado
propició en la referida fecha, que el Municipio
de Aibonito llevar a [sic] cabo una extracción
de cascajo o tosca en la ladera de una montaña
ubicada dentro de la finca propiedad de la
Sucesión Ortiz, en el Barrio Llanos de
Aibonito, sin permiso de sus dueños.
El comportamiento del querellado, según antes
expuesto, viola el Canon XXVI de Etica Judicial
que obliga a los jueces a actuar en todo
momento de forma y manera que enaltezca el
honor tradicional de la judicatura [sic]; el
Canon IV de Etica Judicial que requiere de todo
juez que vele porque la conducta de sus
compañeros jueces –y principalmente la propiase ajusten a los Cánones de Etica tanto en su
proceder personal como en el desempeño de las
lo
PAD-1994-02
4
funciones judiciales; el Canon VIII de Etica
Judicial que establece la sabia admonición de
que los jueces deben evitar toda actividad que
le reste dignidad a su posición como Juez o que
origine notoriedad indeseable; y el Canon I de
Etica Judicial que enuncia el principio rector
de que los jueces, conscientes de la posición
que ocupan en la sociedad y de la trascendencia
de
su
misión,
deben
velar
porque
sus
actuaciones respondan a normas de conducta que
honren la integridad e independencia de su
ministerio y estimulen el respeto y la
confianza de la judicatura.
SEGUNDO CARGO
El Hon. Fernando Campoamor Redín, incurrió en
conducta impropia y reprochable, en menoscabo
de la dignidad y honorabilidad inherentes a su
alta investidura de Juez del Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico, cuando allá
para finales del mes de septiembre de 1989, en
el Barrio Llanos de Aibonito, ordenó cavar tres
(3) trincheras de quince (15) pies de ancho por
cincuenta (50) pies de largo y con una
profundidad de ocho (8) pies en la finca de la
Sucesión Ortiz; cuyas trincheras se hicieron
con el propósito de enterrar más de veinte mil
(20,000) pollos propiedad del señor querellado,
los cuales perecieron en el negocio de éste a
consecuencia del Huracán Hugo.
El
señor
querellado
ordenó
cavar
dichas
trincheras en la finca propiedad de la Sucesión
Ortiz, sin la debida autorización de sus dueños
y a pesar de contar con suficiente terreno en
una finca contigua de su propiedad, el cual
podía destinar para igual propósito, como en
efecto lo hizo una vez la Sucesión Ortiz ordenó
tapar las trincheras abiertas en su finca.
Al actuar así, el señor querellado se apartó
de la norma de conducta de honorabilidad y
respeto a la que deben someterse todos los
actos de un Juez, tanto en su proceder
personal como en el desempeño de las funciones
judiciales, violando, por consiguiente, los
Cánones I, VIII, XXVI de Etica Judicial.
TERCER CARGO
El Hon. Fernando Campoamor Redín incurrió en
conducta profesional impropia cuando, en el
desempeño
de
sus
funciones
judiciales,
entendió en diversos incidentes procesales en
los
cuales
una
de
las
partes
estaba
representada legalmente por un abogado que
había sido anunciado previamente como su
testigo en una causa privada o particular.
PAD-1994-02
En
relación
5
con
la
controversia
que
hoy
nos
corresponde dilucidar, al licenciado Campoamor Redín se le
imputaron violaciones a los Cánones XI y XII de Ética
Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.
Se alegó que incurrió en
El señor querellado anunció al Lcdo. Luis A.
Juan como testigo en el caso civil núm. JAC
89-2509, Sucesión Ramón Ortiz Ortiz, et. al.
v. Fernando Campoamor Redín, et. al., sobre
sentencia declaratoria, injunction y daños y
perjuicios, en el Tribunal Superior, Sala de
Ponce, allá para el 27 de noviembre de 1991,
en un proyecto de acta preparado por las
partes en el referido caso.
Durante el
período comprendido entre esa fecha y los días
17, 18 y 19 de febrero de 1993, fecha en que
se celebró la vista en su fondo del referido
caso JAC-89-2509, consolidado con el JAC-920036, Fernando Campoamor, et. al. v. Héctor
Ramón Ortiz, et. al. sobre incumplimiento de
contrato y daños y perjuicios, el señor
querellado
entendió
en
los
siguientes
procedimientos judiciales en los cuales el
Lcdo. Luis A. Juan representaba a una de las
partes:
El Pueblo de Puerto Rico v. Luis
Antonio Ortiz Cintrón, BVI 92G0015, PD92G0079,
LA92G0086 al 0089; El Pueblo de Puerto Rico v.
José R. Rivera Torres, BLA92G0037, BVI92G0004,
y El Pueblo de Puerto Rico v. José Luis
Meléndez Ortega, BDC1M0004, BIC92G0013.
El comportamiento del querellado, según antes
expuesto, viola los Cánones XI y XII de Etica
Judicial, los cuales requieren, por un lado,
que el Juez “no solamente ha de ser imparcial,
sino que su conducta ha de excluir toda
posible apariencia de que es susceptible de
actuar a base de influencias... “extrañas a
los méritos del caso”; y por el otro, que el
Juez se inhiba de participar en procedimientos
judiciales
en
los
cuales
pudiera
tener
prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de
los abogados que intervengan en el caso o
cuando concurre cualquier “causa que pueda
razonablemente
arrojar
dudas
sobre
su
imparcialidad para adjudicar o que tienda a
minar la confianza pública en el sistema de
justicia.”
En cuanto a los cargos I y II la Comisión
determinó que los mismos resultaron debidamente
juzgados y adjudicados mediante sentencia en
los casos consolidados Sucesión Ramón Ortiz
PAD-1994-02
conflicto
de
6
intereses
porque
intervino
como
juez
en
diversos incidentes procesales en los cuales el Lcdo. Luis
A. Juan compareció como abogado de una de las partes.
El
licenciado Juan había sido anunciado previamente por el
licenciado Campoamor Redín como su testigo en el caso
civil Sucn. Ortiz v. Fernando Campoamor Redín, supra.
El licenciado Campoamor Redín fue notificado de la
querella el 30 de junio de 1994.
Se señaló una vista
evidenciaria para el 25 de enero de 1995.
En ésta, el
querellado alegó falta de competencia de la Comisión para
continuar con el proceso disciplinario, en vista de que él
había cesado en sus funciones como juez superior a partir
de noviembre de 1994.
La Comisión aplazó la determinación sobre si tenía
competencia para ventilar la imputación hecha en el tercer
cargo para el 28 de junio de 1995.3
Tras la celebración
Ortiz y otros v. Fernando Campoamor Redín y
otro, JAC89-2509 y Fernando Campoamor Redín y
otro, v. Héctor Ramón Ortiz y otro, Civil Núm.
JAC92-0036, por lo cual se estimarían fuera de
controversia y serían adjudicados sumariamente
por la Comisión. Sólo sería objeto de prueba
lo concerniente al tercer cargo.
Es menester señalar [que] nosotros nunca nos
hemos pronunciado sobre los cargos I y II, los
cuales, según la determinación de hecho Núm.
23 de la Resolución de la Comisión de 25 de
enero de 1996 (pág. 14), son constitutivos de
los delitos de apropiación ilegal agravada,
usurpación y daños agravados, 33 L.P.R.A.
secs. 4272, 4283 y 4286 respectivamente.
La
Comisión, aun reconociendo la gravedad de los
hechos imputados, solamente recomendó censurar
al querellado, en atención a que fue la parte
perdidosa en el caso civil. En el informe de
la Comisión se analizan los tres cargos en
conjunto.
3
La Comisión conservó la competencia en los cargos I y
PAD-1994-02
7
de una vista, el 25 de enero de 1996, la Comisión emitió
una resolución en la que determinó que tenía competencia
para adjudicar los reclamos.
Fundamentó su decisión en la
Regla 37 de las “Reglas de Procedimiento para Acciones
Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de
Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico”, según vigente en
el
momento
de
los
hechos4.
(en
que
las
partes
adelante,
Reglas
de
Procedimiento).
Después
correspondientes
teorías,
documental como testifical.
se
expusieron
desfiló
prueba
sus
tanto
Aquilatada y ponderada la
misma, la Comisión emitió una resolución en la que hizo
II.
4
El 14 de julio de 1995 enmendamos algunas de las Reglas
de Procedimiento, entre éstas, la Regla 37.
Tras la
enmienda, dicho precepto dispuso, en su parte pertinente,
de la siguiente manera:
La presentación por el juez de la renuncia
al cargo o la expiración del término de un
nombramiento
no
impedirá
que
continúe
el
procedimiento disciplinario en su contra a los
efectos de determinar si la conducta amerita la
recomendación
de
que
se
impongan
medidas
disciplinarias
contra
el
querellado
como
abogado.
A pesar que la Comisión emitió su resolución el 25 de
enero de 1996, cuando la norma enmendada ya había entrado
en vigor, ésta no es de aplicación a los hechos ante
nuestra consideración, debido a que la querella contra el
licenciado Campoamor Redín se presentó el 24 de junio de
1994 y éste cesó en sus funciones como juez en noviembre
de 1994.
Por lo tanto, para la solución del caso ante
nuestra consideración, utilizaremos la Regla 37, según
disponía antes de ser enmendada.
PAD-1994-02
8
las siguientes determinaciones de hecho relacionadas con
la controversia que hoy nos ocupa:
16.
El querellado anunció al Lic. Luis A. Juan
como testigo en el caso Civil Núm. JAC89-2509,
Sucn. Ramón Ortiz Ortiz, et. als. v. Fernando
Campoamor
Redín,
et.
als.
sobre
sentencia
declaratoria, injunction y daños y perjuicios en
el Tribunal Superior, Sala de Ponce, allá para el
27 de noviembre de 1991 en un proyecto de acta
preparado por las partes en el referido caso.
17.
Durante el período comprendido entre el 27
de noviembre de 1991 y los días 17, 18 y 19 de
febrero de 1993, fecha en que se celebró la vista
en su fondo del referido caso, JAC89-2509, el
juez querellado entendió en los siguientes
procedimientos judiciales en los cuales el Lic.
Luis A. Juan, representaba a una de las partes:
El Pueblo de Puerto Rico v. Luis Antonio Ortiz
Cintrón, BVI92-G-0015, PD92-G-0079, LA92-G-0086
al 0089; El Pueblo de Puerto Rico v. José R.
Rivera Torres, BLA92-G-0037, BVI92-G0004 y el
Pueblo de Puerto Rico v. José Luis Meléndez
Ortega, BDC91-M0004, BIC92-G-0013.
18.
La intervención del Lic. Luis A. Juan fueron
[sic] en incidentes procesales representando a
algunas de las partes, tales como moción de
señalamiento, suspensión y otras análogas, a
excepción de los casos de El Pueblo de Puerto
Rico vs. José Luis Meléndez Ortega, donde se
aceptó una alegación pre-acordada.
19.
El 14 de julio de 1992, el Hon. Fernando
Campoamor Redín, presidió una vista en el caso de
El Pueblo de Puerto Rico v. José Luis Meléndez
Ortega, por mutilación y amenazas, criminal núm.
BIC92-G-0013 y BDC91-M0004, donde compareció el
Pueblo de Puerto Rico representado por el fiscal,
Hon. Julio Vargas y el acusado personalmente y
representado por el Lic. Luis A. Juan y el Lic.
José M. Colón. Se informó al tribunal de un preacuerdo consistente en que el acusado renuncia a
su derecho a juicio por jurado y habría de
restituir la suma de $10,000.00 a la parte
perjudicada, Sra. Celia I. Meléndez.
Como
consecuencia de ello, el Fiscal permitiría que el
acusado formule alegación de culpabilidad por un
delito menor comprendido de Agresión Agravada
(menos grave) y por el delito de Amenaza, para
que el acusado fuera referido a la consideración
del oficial probatorio para hacer un estudio e
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9
informe pre-sentencia. Se aceptó la renuncia al
juicio por jurado, la alegación de culpabilidad
formulada por el acusado y se declaró al acusado
culpable y convicto por infracción del Art. 95
del Código Penal, en su modalidad menos grave y
por el delito de amenaza refiriéndose al acusado
a la consideración del oficial probatorio para el
correspondiente informe presentencia.
Se señaló
el 15 de febrero de 1992 para el acto de dictar
sentencia.
20.
Durante la intervención del Lic. Luis A.
Juan en los diversos incidentes no se levantó
objeción por ninguna de las partes ni se solicitó
la inhibición del Juez.
21.
La intervención del entonces Juez Campoamor
Redín, en las situaciones señaladas en el Cargo
Núm. III no violentó Canon de Etica alguno.
24.
El Hon. Fernando Campoamor Redín, cesó en
sus funciones de Juez Superior desde noviembre de
1994, por haber expirado el término de su cargo
durante el mes de junio de 1994 y no ser
renominado antes de la terminación de la próxima
sesión legislativa. (Énfasis nuestro.)
Con
el
beneficio
de las determinaciones de hecho
recogidas en el informe de la Comisión y aquilatadas las
alegaciones de las partes, luego de un análisis de los
documentos que obran en autos, estamos en posición de
resolver.
III
En In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 257 (1961) decidimos
que la “conducta impropia e inmoral observada por un juez
puede dar lugar a su desaforo o suspensión como abogado,
aun
cuando
a
la
fecha
de
la
iniciación
procedimientos hubiese cesado como magistrado.”
nuestro.)
jurisdicción
de
los
(Énfasis
Es decir, resolvimos que mantenemos nuestra
disciplinaria
sobre
un
ex
juez,
PAD-1994-02
10
independientemente
de
la
razón
por
la
cual
éste
haya
cesado sus funciones como tal.
Posteriormente aprobamos las Reglas de Procedimiento,
131 D.P.R. 630 (1992), las que entraron en vigor el 24 de
noviembre de 1992.
La Comisión basó la determinación de
que tenía competencia para continuar con el procedimiento
disciplinario en la Regla 37, supra, pág. 670, la cual
disponía, en su parte pertinente, lo siguiente:
REGLA 37
EFECTO DE RENUNCIA
Si la querella alega conducta constitutiva de
delito, negligencia en el desempeño de sus
funciones o violación a los Cánones de Ética
Judicial o Profesional, la presentación por el
juez de la renuncia al cargo no impedirá que
continúe el procedimiento disciplinario en su
contra si la naturaleza de la conducta
imputada puede dar lugar a su desaforo o
suspensión de la abogacía.
De la regla citada surgía claramente que la renuncia
de un juez querellado no era óbice para que continuase un
proceso disciplinario iniciado en su contra, cuando la
conducta imputada constituía, a su vez, causal de desaforo
o suspensión temporal.5
Para
la
adecuada
solución
del
caso
que
hoy
nos
ocupa debemos determinar si el lenguaje de la Regla 37,
5
Cabe señalar que la acción disciplinaria llevada a cabo
contra el ex Juez licenciado Campoamor Redín, que culminó
con una censura enérgica y advertencia contra futuras
actuaciones, se llevó a cabo al amparo de la Sec. 24 de la
Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4
L.P.R.A. sec. 232 y la Regla 13 del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. 1-A. En la nota al calce
Núm. 2 del caso In re Campoamor Redín, Op. de 19 de enero
de
1996,
139
D.P.R.
__
(1996),
96
J.T.S.
5,
específicamente indicamos que las Reglas de Procedimiento
PAD-1994-02
11
supra, según vigente al momento de los hechos, también
aplicaba
a
aquellas
situaciones
querellado
cesaba
sus
renuncia,
sino
en
porque
el
en
las
que
un
funciones,
no
por
razón
de
para
el
cual
fue
término
nombrado expiró sin que hubiera sido renominado.
juez
Para
ello, debemos interpretar dicho precepto en virtud de la
reconocida norma de hermenéutica de que las leyes deben
interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito
social
que
las
inspira.
No
deben
desvincularse
del
problema humano cuya solución persiguen, ni descarnarse
de las realidades de la vida que la sociedad misma ha
proyectado sobre ellas, pues se tornaría ilusoria y se
perdería
en
el
vacío
genera.
Pueblo
v.
Zayas
Rodríguez,
99
TSPR
15;
febrero
de
1999,
el
deseo
de
El
justicia
res.
Vocero
que
el
de
las
17
de
P.R.
v.
E.L.A., 131 D.P.R. 356, 432 (1992).
La Regla 37, supra, se aprobó con el propósito de
evitar
que
la
justicia
se
pudiera
ver
frustrada,
tornando una querella en académica, solamente porque el
juez querellado renunció a su cargo.
Esto, a pesar de
que la conducta alegada pudiese estar reñida con los
Cánones de Ética Profesional y dar lugar a sanciones
disciplinarias.
Resulta indudable que las querellas también podrían
convertirse en académicas cuando el juez querellado cesa
en
su
cargo
porque
finalizó
no eran de aplicación a dicho caso.
el
término
de
su
PAD-1994-02
12
nombramiento6.
En consecuencia, un magistrado que haya
incurrido en conducta reñida tanto con los Cánones de
Ética Judicial como Profesional, podría quedar eximido de
responsabilidad simplemente porque expiró su nombramiento.
Ello es incompatible tanto con el propósito social de la
Regla 37, supra, como con nuestra facultad inherente para
reglamentar el ejercicio de la profesión de la abogacía.
In re Gómez Morales, res. el 22 de octubre de 1998, 98
TSPR 139.
Si bien es cierto que el texto de la Regla 37, supra,
no contemplaba el cese en el desempeño de las funciones de
un
juez
por
interpretarlo
otra
razón
que
la
renuncia,
restrictiva
ni
literalmente
no
podemos
porque
esto
tendría un resultado opuesto al fin social que persigue
dicha
norma.
Por
el
contrario,
interpretaremos
liberalmente la Regla 37, supra, según vigente al momento
de
los
hechos,
para
evitar
que
la
justicia
se
vea
frustrada cuando un magistrado querellado deja de ocupar
su cargo en otros supuestos, además de la renuncia.
Por lo tanto, a tenor con nuestra facultad inherente
para
disciplinar
y
destituir
jueces
y
tomando
en
consideración el fin primordial de la Regla 37, supra,
resolvemos que el cese en el desempeño de las funciones
como juez, ya sea por motivo de renuncia, por la no
renominación o por la separación del cargo, no era óbice
6
Véase Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991)
sobre la expiración de los términos de los nombramientos
de los jueces.
PAD-1994-02
13
para que continuase el procedimiento disciplinario, si la
naturaleza de la conducta imputada podía dar lugar al
desaforo, a la suspensión de la abogacía o a otras medidas
disciplinarias.
En conclusión, la Comisión tenía competencia para
continuar
con
el
procedimiento
disciplinario
incoado
contra el licenciado Campoamor Redín, a pesar de que en
ese momento él ya no ocupaba el cargo de juez.
IV
En la querella presentada por el Procurador General
se
le
imputó
al
licenciado
Campoamor
Redín
haber
incurrido en violaciones a los Cánones XI y XII de Ética
Judicial,
4
L.P.R.A.
Ap.
IV-A,
sobre
Imparcialidad
e
Independencia Judicial.
El Canon XI establece que el juez no solamente ha de
ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir toda
posible apariencia de que se está actuando a base de
influencias o motivaciones impropias.
El Canon XII, por
su
debe
parte,
establece
que
el
juez
no
entender
en
procedimiento judicial alguno, en el cual tienda a indicar
perjuicio o parcialidad hacia otras personas o abogados
que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el
caso.
Igualmente debe abstenerse de actuar en cualquier
causa
que
pueda
imparcialidad
razonablemente
para
adjudicar
o
arrojar
que
duda
tienda
a
confianza pública en el sistema de justicia.
reitera,
además,
que
el
juez
deberá
sobre
su
minar
la
El Canon
abstenerse
de
participar en un caso, tan pronto conozca de la causa de
PAD-1994-02
14
inhibición, mediante resolución escrita en la que hará
constar dicha causa, con notificación de la misma a todas
las partes.
7
Canon XII, supra.7
Los Cánones XI y XII establecen lo siguiente:
Canon XI.
Imparcialidad; conducta
El Juez no solamente ha de ser imparcial,
sino que su conducta ha de excluir toda posible
apariencia de que es susceptible de actuar a
base de influencias de personas, grupos o
partidos, o de ser influido por el clamor
público, por consideraciones de popularidad o
notoriedad, o por motivaciones impropias. Ha de
tener siempre presente que su único empeño debe
ser el de impartir justicia de conformidad con
el Derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad,
y sin preocuparle el reconocimiento que pueda
darse a su labor, ni la crítica injusta.
El Juez hará todo lo posible para que los
funcionarios y empleados del tribunal que actúen
bajo su dirección actúen de conformidad con
estos principios en la medida en que sean
aplicables a sus labores.
Canon XII.
Limitaciones; inhibición
El Juez no debe entender en procedimiento
judicial alguno en que la ley le prohiba actuar,
incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de
los casos siguientes:
Por tener prejuicio o parcialidad hacia
cualesquiera de las personas o abogados que
intervengan en el pleito o por haber prejuzgado
el caso.
Por
estar
directa
o
indirectamente
interesado en el resultado del caso.
Por haber sido abogado o asesor de
cualesquiera de las partes o de sus abogados en
la materia en controversia, o fiscal en una
investigación o fiscal en una investigación o
procedimiento criminal en el que los hechos
fueron los mismos presentes en el caso ante su
consideración.
Por haber presidido el juicio del mismo
caso en un tribunal inferior o por haber actuado
como magistrado a los fines de expedir la orden
de arresto o citación para determinar causa
probable
en
la
vista
preliminar
de
un
procedimiento criminal.
Por existir parentesco de consanguinidad o
afinidad dentro del cuarto grado con el acusado,
con la víctima del delito, con el abogado
defensor o el fiscal o con un miembro del jurado
en un procedimiento criminal, o con cualesquiera
PAD-1994-02
15
Estos preceptos son similares a la Sec. 455(a) del
Código Judicial Federal, 28 U.S.C. sec. 455, que establece
que cualquier juez o magistrado de los Estados Unidos
deberá
cuales
inhibirse de
su
entender
imparcialidad
cuestionada.
en procedimientos en
pueda
ser
los
razonablemente
El estándar utilizado en el ámbito federal
para la aplicación de este estatuto es uno objetivo:
si
una
las
persona
razonable,
con
conocimiento
de
todas
circunstancias, tendría dudas sobre la imparcialidad de
juez.
Véase Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and
Procedure: Jurisdiction and Related Matters, Sec. 3549,
pág. 499, Vol. 13A, Supp. (1998); Feminist Women’s Health
Center v. Codispoti, 69 F.3d. 399, 400 (9th. Cir. 1995);
Moideen
v.
Gillespie,
55
F.3d.
1478,
1482
(9th.
Cir.
1995);
Yagman v. Republic Ins. 987 F. 2d. 622, 626 (9th.
Cir. 1993); U.S. v. Greenough, 782 F.2d. 1556, 1558 (11th.
Cir. 1986); The State of Idaho v. Freeman, 478 F. Supp.
33, 35 (1979).
Estos
Reglas
de
valores
también
Procedimiento
han
sido
Civil.
La
plasmados
Regla
en
las
63.1(e)
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece las
de las partes o sus abogados en un procedimiento
civil.
Por intervenir en el procedimiento ante él
una persona natural que le haya facilitado o
gestionado
algún
préstamo,
o
una
persona
jurídica que le haya facilitado o gestionado
algún préstamo en el que no se hayan dispensado
las garantías o condiciones usuales.
Por
cualquier
otra
causa
que
pueda
razonablemente
arrojar
dudas
sobre
su
imparcialidad para adjudicar o que tienda a
PAD-1994-02
16
causas para solicitar la inhibición de un juez.
Este
precepto dispone que deberá inhibirse un juez, a su propia
iniciativa o a recusación de parte, entre otras razones,
por estar interesado en el resultado del caso o tener
prejuicio o parcialidad personal hacia cualquiera de las
partes o sus abogados, o por cualquier otra causa que
pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad
para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública
en el sistema de justicia.
(Énfasis nuestro.)
Un análisis ponderado de los documentos que obran en
autos, nos lleva a concluir que la Comisión no erró al
determinar que el licenciado Campoamor Redín no adjudicó
derecho alguno que favoreciera a los clientes del Lcdo.
Luis
A.
Juan.
Esto,
a
pesar
de
que
el
querellado
intervino como juez en casos en los que el licenciado Juan
comparecía como abogado.
No obstante, discrepamos de su
determinación de que no se configuró violación a canon
alguno.
Reiteradamente hemos resuelto que los jueces no deben
aceptar encomiendas o labores que pongan en riesgo la
imagen de imparcialidad y sobriedad que enaltece a la
judicatura ni que arrojen dudas acerca de su capacidad
para actuar con ecuanimidad.
In re: Campoamor Redín, res.
19 de enero de 1996, 139 D.P.R.____(1996), 96 J.T.S. 5, a
la
pág.
576;
Pueblo
v.
Robles
González,
125
D.P.R.
750,766, esc. 7 (1990); Pueblo v. Miranda Marchand, 117
minar la confianza pública en el sistema de
PAD-1994-02
17
D.P.R. 303 (1986).
Según hemos expresado, "[a]l impartir
justicia
preocupación
debe
ser
de
todo
juez
no
sólo
resolver de acuerdo con la ley y los dictados de su
conciencia,
sino también
transmitirle
a
las
partes
el
convencimiento de que verdaderamente han tenido un día en
corte."
Emanuelli Fontánez v. Emanuelli Lugo, 87 D.P.R.
380, 385 (1963).
El licenciado Campoamor Redín violó los Cánones XI y
XII, supra, al colocarse en una posición en la que su
imparcialidad pudo ser razonablemente cuestionada.
Su
imprudencia
el
fue
lesiva
a
la
confianza
pública
en
sistema de justicia, ya que, si bien es cierto que pudo
hacer
abstracción
de
su
propio
beneficio
y
resolver
conforme a derecho, también debió velar porque la balanza
en que se pesan los derechos de los ciudadanos estuviese
libre de sospechas.
482
(1958).
Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463,
Consideramos
que
el
licenciado
Campoamor
Redín tenía el deber ético de abstenerse de participar en
incidentes procesales en los que el Lcdo. Luis A. Juan
compareciese como abogado, para evitar mancillar la imagen
de la judicatura.
Así lo requerían la prudencia y el buen
juicio.
La conducta del licenciado Campoamor Redín estuvo
reñida, además, con el Canon 38 de Éica Profesional.
Este
postula
son
que
los
abogados,
y
los
jueces
también
abogados, deben evitar hasta la apariencia de conducta
justicia.
PAD-1994-02
18
profesional impropia.
Hemos expresado que en casos donde
la ley o la reglamentación no prohiba una actuación o
intervención como abogado, el buen juicio aconseja que,
para
evitar
aun
la
apariencia
de
conducta
impropia
o
conflicto de intereses, se abstenga de intervenir en los
mismos.
In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993); In re
Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778,785 (1984).
La infracción de dicho canon podría incluso conllevar la
suspensión temporal o el desaforo del ejercicio de la
profesión.
V
Por todo lo anteriormente expuesto, merece el Lcdo.
Fernando Campoamor Redín, otra vez, nuestra más enérgica
censura y apercibimiento de que no toleraremos futuras
actuaciones que frustren la fe y minen la confianza del
pueblo en el sistema de justicia y en la profesión legal
en general, ahora, desde su nuevo rol como representante
legal.
Se dictará sentencia de conformidad.
PAD-1994-02
19
PAD-1994-02
20
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Fernando Campoamor Redín
PAD-1994-02
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Per Curiam que
antecede, censuramos enérgicamente las actuaciones del
Lcdo. Fernando Campoamor Redín y lo apercibimos nuevamente
de que no toleraremos futuras actuaciones lesivas a la
confianza del pueblo en el sistema de justicia y en la
profesión legal.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Rebollo López disiente por entender que lo que resulta
procedente es archivar la queja sin ulterior trámite.
El
Juez Presidente señor Andréu García está inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo