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Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V RAFAEL PACHECO ARMAND

2000 TSPR 4

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V RAFAEL PACHECO ARMAND

CC-1999-0112

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2000 TSPR 4

Rafael Pacheco Armand

Recurrido

Número del Caso: CC-1999-0112

Fecha: 14/01/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V

Panel Integrado por: Hon. Negrón Soto

Hon. Negroni Cintrón

Hon. Segarra Oliveras

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda. Mayra J. Serrano Borges

Abogados de la Parte Recurrida: Lcda. Sonia Avilés Lamberty

Materia: Agresión

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Demandante-Peticionario

vs.

CC-1999-112

Certiorari

Rafael Pacheco Armand

Demandado-Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2000.

Nos toca resolver si un dictamen del Tribunal de

Primera Instancia, consignado en una minuta, constituye

una decisión revisable de ese foro.

I

Contra

el

recurrido,

Rafael

Pacheco

Armand,

se

presentaron ante el foro de instancia varias denuncias

imputándole

la

comisión

de

los

delitos

de

agresión

agravada grave (Art. 95 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.

4032);

exposiciones

deshonestas

(Art.

106

del

Código

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4068); y desacato.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Subsección

de

Distrito, Sala de Ponce, suspendió la vista preliminar

pautada en este caso con respecto a la imputación sobre

agresión

agravada

y

ordenó

la

evaluación

del

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3

recurrido para determinar su procesabilidad conforme a la Regla

240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

En la vista de procesabilidad, celebrada el 27 de marzo

de 1998, el Dr. Rafael Cabrera Aguilar, psiquiatra del Estado,

declaró que había examinado al imputado y en su opinión éste no

estaba en condición para ser juzgado.

Por ello, el tribunal

resolvió que el imputado no era procesable en ese momento.

Además, ordenó que se trasladara al imputado del Hospital de

Psiquiatría Correccional donde estaba recluido, al Hospital de

Psiquiatría

Forense,

donde

debía

ser

evaluado

nuevamente.

Posteriormente, el 29 de mayo de 1998, se celebró otra vista de

procesabilidad.

Conforme

al

testimonio

pericial

del

doctor

Cabrera Aguilar de que la condición del imputado no había

cambiado, el tribunal lo declaró “no procesable” otra vez, y

señaló una vista de seguimiento a celebrarse tres meses más

tarde.

El 28 de agosto de 1998, se celebró la vista referida y

el perito declaró que el recurrido había mejorado clínicamente

y

actualmente

se

encontraba

procesable.

No

obstante,

el

tribunal declaró con lugar una solicitud de la defensa para que

el

recurrido

continuara

hospitalizado

en

el

Hospital

de

Psiquiatría Forense y señaló otra vista de seguimiento.

Finalmente, en la vista celebrada el 30 de octubre de

1998, el doctor Cabrera Aguilar testificó que había evaluado al

imputado nuevamente y que en su opinión éste era inimputable.

Recomendó que el recurrido continuara recluido en el Hospital

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4

de Psiquiatría.

En vista de lo anterior, el foro de instancia

determinó “no causa en el delito de agresión agravada grave”, y

lo

absolvió

en

los

casos

de

exposiciones

deshonestas

y

desacato. Se señaló una vista al amparo de la Regla 241 de

Procedimiento Criminal para una fecha posterior.

De esta última determinación, que consta en una minuta,

el Procurador General acudió mediante recurso de certiorari

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 30 de diciembre

de

1998,

dicho

prematuro.

foro

desestimó

el

recurso

referido

por

El tribunal apelativo concluyó que “mientras no

haya una resolución escrita y por carecer de finalidad, el

dictamen

consignado

en

la

minuta

puede

ser

modificado,

en

cualquier momento, por el Juez que presuntamente lo emitió...,

lo que no sólo le resta certidumbre a la decisión en el caso,

sino que impide que el foro apelativo conozca exactamente cuál

es el dictamen que debe revisar”.

El

Procurador

General

entonces

recurrió

ante

nos

y

planteó la siguiente cuestión:

INCURRIO EN ABUSO DE DISCRECION EL TRIBUNAL DE

CIRCUITO DE APELACIONES AL DESESTIMAR POR PREMATURO

EL RECURSO INSTADO POR EL PUEBLO DE PUERTO RICO POR

RECURRIR ESTE CON UNA MINUTA QUE RECOGE EL DICTAMEN

JUDICIAL A SER REVISADO Y NO CON UNA RESOLUCION

PLASMANDO LA DECISIÓN DE INSTANCIA.

El 12 de marzo de 1999, le concedimos término a la parte

recurrida para que mostrara causa, si alguna tenía, por la

cual no debíamos expedir el auto solicitado por el Pueblo, y

revocar el dictamen del foro apelativo.

CC-1999-112

El

5

14

representado

allanó

al

de

abril

por

la

de

1999,

Sociedad

planteamiento

del

compareció

para

el

Asistencia

Procurador

recurrido,

Legal,

General.

y

se

Con

el

beneficio de su comparecencia, pasamos a resolver, según lo

intimado.

II

Antes de proceder al examen de la cuestión ante nuestra

consideración,

estado

es

planteada

menester

en

señalar

numerosas

que

dicha

ocasiones

cuestión

ante

el

ha

foro

apelativo, y que ha sido objeto de decisiones inconsistentes

por parte de distintos paneles de ese foro.1

1

Más aun, la

Véanse los casos de Pueblo v. José A. Collazo González,

KLCE9801327,

Circuito

Regional

VII,

Carolina-Fajardo,

Resolución del 21 de enero de 1999, desestimando el recurso

presentado sin resolución, ni minuta, por prematuro, al no

haber notificado aún al Tribunal de Primera Instancia el

dictamen recurrido; Pueblo v. Ramón Soto Ríos, KLCE9801295,

Circuito Regional VII, Sentencia del 26 de enero de 1999,

notificada y archivada en autos el 26 de enero de 1999,

expidiendo el auto de certiorari solicitado por el Pueblo sin

acompañar resolución ni minuta del dictamen recurrido y

ordenando al Tribunal de Primera Instancia emitir resolución

en el plazo de veinte (20) días, disponiendo que una vez se

notifique la misma el recurrente comparecerá ante el Tribunal

con el recurso correspondiente; Pueblo v. Carlos Hernández,

KLCE9801091 y Pueblo v. Ray Rivera Cartagena, KLCE9800471, en

ambos el Circuito Regional V desestimó por los mismos

fundamentos, no haber incluido resolución escrita, los

recursos presentados en los que el Pueblo fue recurrido;

Pueblo v. Luis D. Rivera Manfredy, KLCE9801230, consolidado

con Pueblo v. Norberto Torres, KLCE981238; Pueblo v. Walter

Quiles, KLCE9801246; Pueblo v. José Estrada, KLCE9801247,

Circuito Regional V de Ponce y Aibonito, el Pueblo acudió con

minuta y el Tribunal de Circuito ordenó al Tribunal de

Primera

Instancia

emitir

la

resolución

en

los

casos

consolidados y habiendo sido emitido expidió el auto y dictó

resolución revocando las mismas; Pueblo v. Oscar Martínez

Hernández y Gerardo González, KLCE981028, Circuito Regional

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cuestión referida ha estado ante nos antes, sin que hayamos

tenido la ocasión para resolverla.2 Se trata claramente de un

asunto que debemos pautar. Veamos.

La

Regla

34(E)(1)(b)

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones dispone lo siguiente:

Regla 34. Contenido de la solicitud de certiorari

[...]

E. Apéndice

(1)

La solicitud incluirá un apéndice que

contendrá una copia literal de:

(b) La decisión del Tribunal de Primera

Instancia

cuya

revisión

se

solicita,

incluyendo las determinaciones de hechos y

las conclusiones de derecho en que esté

fundada, si las hubiere y la notificación del

archivo en autos de copia de la notificación

III Arecibo y Utuado, se acogió el recurso presentado con

minuta que recogía la determinación de suprimir la evidencia

ocupada.

2

Véase, nuestra Resolución de 15 de octubre de 1999 en

Pueblo v. Oquendo Torres, CC-1999-76.

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7

de la decisión,

suplido).

si

la

hubiere.

(Enfasis

Como puede observarse, la Regla citada no dispone que la

decisión del foro de instancia que se interesa revisar debe

estar contenida en una resolución escrita y firmada por el

juez que la emite.

La Regla sólo requiere que se acompañe

copia literal de la “decisión” del tribunal, sin que importe

si tal decisión se recogió mediante una resolución, una orden

o una minuta.

Lo esencial es que se acompañe copia del

documento en sí que recoge la decisión de instancia.

Por

otro

decisión

lado,

judicial

ya

en

antes

un

habíamos

proceso

reconocido

penal

puede

que

una

recogerse

válidamente en una minuta del tribunal. Conforme al Artículo

326 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec.

969, las minutas forman parte del expediente de un caso en el

Tribunal de Primera Instancia, como constancia del proceso

seguido. En Vélez v. Silva, 65 D.P.R. 674 (1946) interpretamos

el referido Artículo 326, que está aún vigente, y resolvimos

que si una sentencia penal verbal constaba en una minuta, tal

sentencia era válida.

Más

aun,

contrario

a

lo

que

sucede

en

nuestro

ordenamiento procesal civil en virtud de lo dispuesto en la

Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III, en el

ordenamiento procesal penal no existe disposición alguna que

de

ordinario

sentencias

o

requiera

al

resoluciones

tribunal

de

fundamentadas

instancia

como

medio

emitir

para

consignar sus decisiones. En el ordenamiento procesal penal,

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8

según lo dispone expresamente la Regla 162 de Procedimiento

Criminal, el tribunal de instancia –al explicar las razones

por las cuales le impuso la pena al convicto- puede hacerlo

“verbalmente o por escrito”. Más aun, según lo dispone la

Regla 163, tanto el fallo como la sentencia se dictaran en

sesión pública del tribunal, y “se harán constar... en las

minutas del tribunal, si las hubiere”.

De lo anterior surge evidente que en la esfera de lo

penal las minutas, que los jueces y magistrados aprueban, se

conciben

como

medios

oficiales

para

recoger

distintos

pormenores

acontecidos

en

el

y

conservar

transcurso

de

un

proceso criminal, incluso decisiones judiciales como la del

caso de autos.

En efecto, tanto el Procurador General como la Sociedad

para Asistencia Legal señalan en sus respectivos escritos ante

nos que, en la práctica, en los procesos penales del país los

jueces de instancia emiten la mayor parte de sus decisiones

cotidianas

en

corte

abierta,

sin

formular

una

resolución

escrita que recoja la decisión. Ello es particularmente cierto

con respecto a decisiones judiciales relativas a asuntos de

carácter

interlocutorio.

procesos

penales

dan

Por

su

naturaleza

expedita,

lugar

con

frecuencia

a

los

decisiones

incidentales en sala, que sólo se recogen en minutas. Frente a

esta insoslayable realidad, tanto el Procurador General como

la Sociedad para Asistencia Legal señalan con mucha razón lo

siguiente:

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9

“Debido a la prontitud con que se celebran

las distintas etapas del proceso, para garantizar

el derecho a juicio rápido del acusado y del

Pueblo, resulta oneroso a las partes requerirles

que no acudan a revisar dictámenes que le son

desfavorables hasta que los obtengan por escrito en

resolución por el magistrado de instancia. Podría

resultar académico revisar una decisión adversa, si

el juicio o la etapa siguiente en el proceso ya

está señalada y la misma no tiene que ser dejada

sin efecto por el Tribunal de Primera Instancia al

no mediar orden alguna de un tribunal de jerarquía

superior por no haber un recurso apelativo incoado.

Consecuentemente,

se

coartarían

derechos

fundamentales de las partes al desalentar así la

revisión de incidentes interlocutorios adversos.”

Debe

resaltarse,

además,

que

nosotros

mismos,

al

realizar nuestra labor de revisión final de dictámenes a quo

descansamos

ocasionalmente

instancia

como

cuando

existe

no

constancias

una

en

las

de

lo

resolución

minutas

del

resuelto

por

que

recoja

la

foro

ese

de

foro,

decisión

correspondiente. Lo hemos hecho así recientemente en Pueblo

v. Bonilla Bonilla, Opinión del Tribunal de 7 de octubre de

1999, ___ D.P.R. ___, 99 JTS 157; y en Zayas v. Royal Ins.

Co., Opinión de 30 de septiembre de 1998, 146 D.P.R. ___, 98

JTS 127. En este último estimamos incluso que el término

jurisdiccional

apelativo

para

transcurrió

presentar

el

recurso

a

de

la

partir

ante

el

notificación

foro

de

la

minuta que recogía el dictamen de instancia impugnado ante el

foro apelativo.

En resumen, pues, no hay nada en nuestro ordenamiento

jurídico que prohiba concretamente el uso de una minuta para

acreditar un dictamen judicial cuya revisión se procura.

Por

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10

el contrario, el propio ordenamiento jurídico procesal en la

esfera penal y la práctica judicial, incluyendo la de este

Tribunal, permitan y avalan el uso de tales minutas como

constancias de una decisión judicial de instancia, cuando no

existe una resolución escrita que la recoja.

III

Debe quedar claro que para fines apelativos, la mejor

práctica sería que los tribunales de instancia, al adjudicar

controversias importantes como la que aquí nos concierne,

emitiesen resoluciones escritas en las cuales se plasme la

decisión

judicial

facilitaría

la

y

sus

función

fundamentos.

revisora

de

los

Ello

evidentemente

foros

apelativos.

CC-1999-112

11

Véase, Torres García v. Dávila Díaz y Otros, Per Curiam de 22

de febrero de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 JTS 19.

Sin embargo, por lo señalado antes, resultaría difícil y

oneroso obligar a los tribunales de instancia a que consignen

en

resoluciones

escritas

fundamentadas

todas

sus

determinaciones cotidianas. Por ello, resolvemos que cuando

una minuta recoge en términos claros y precisos la decisión

del juez que se pretende revisar, tal minuta es suficiente

para

cumplir

con

lo

que

exige

la

Regla

34(E)(1)(b)

del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Si el

foro apelativo estima que la minuta incluida en el apéndice

del recurso por alguna razón no es adecuada, entonces dicho

foro debe ordenar al tribunal de instancia emitir pronto una

resolución escrita fundamentada. Lo que no procede es que el

tribunal apelativo opte inicialmente por la medida drástica

de la desestimación.

Sociedad Legal v. García López, Per

Curiam de 23 de enero de 1997, 142 D.P.R. ___, 97 JTS 7. Por

ende, erró el foro apelativo en el caso de autos al ordenar

la desestimación del recurso en cuestión.

Por los fundamentos expuestos, procede que se expida el

certiorari que nos fue solicitado en este caso; que se deje

sin efecto el dictamen del foro apelativo; y que se devuelva

el caso a dicho foro para que continúen los procedimientos

allí, conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará la sentencia correspondiente.

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JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Demandante-Peticionario

vs.

CC-1999-112

Certiorari

Rafael Pacheco Armand

Demandado-Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

sentencia, se expide el certiorari que nos fue solicitado

en este caso; se deja sin efecto el dictamen del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V; y se

devuelve el caso a dicho foro para que continúen los

procedimientos allí, conforme a lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretaria del Tribunal Supremo.

y

certifica

la

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo