Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V RAFAEL PACHECO ARMAND
2000 TSPR 4
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V RAFAEL PACHECO ARMAND
CC-1999-0112
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2000 TSPR 4
Rafael Pacheco Armand
Recurrido
Número del Caso: CC-1999-0112
Fecha: 14/01/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Panel Integrado por: Hon. Negrón Soto
Hon. Negroni Cintrón
Hon. Segarra Oliveras
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda. Mayra J. Serrano Borges
Abogados de la Parte Recurrida: Lcda. Sonia Avilés Lamberty
Materia: Agresión
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Demandante-Peticionario
vs.
CC-1999-112
Certiorari
Rafael Pacheco Armand
Demandado-Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2000.
Nos toca resolver si un dictamen del Tribunal de
Primera Instancia, consignado en una minuta, constituye
una decisión revisable de ese foro.
I
Contra
el
recurrido,
Rafael
Pacheco
Armand,
se
presentaron ante el foro de instancia varias denuncias
imputándole
la
comisión
de
los
delitos
de
agresión
agravada grave (Art. 95 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.
4032);
exposiciones
deshonestas
(Art.
106
del
Código
Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4068); y desacato.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Subsección
de
Distrito, Sala de Ponce, suspendió la vista preliminar
pautada en este caso con respecto a la imputación sobre
agresión
agravada
y
ordenó
la
evaluación
del
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recurrido para determinar su procesabilidad conforme a la Regla
240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.
En la vista de procesabilidad, celebrada el 27 de marzo
de 1998, el Dr. Rafael Cabrera Aguilar, psiquiatra del Estado,
declaró que había examinado al imputado y en su opinión éste no
estaba en condición para ser juzgado.
Por ello, el tribunal
resolvió que el imputado no era procesable en ese momento.
Además, ordenó que se trasladara al imputado del Hospital de
Psiquiatría Correccional donde estaba recluido, al Hospital de
Psiquiatría
Forense,
donde
debía
ser
evaluado
nuevamente.
Posteriormente, el 29 de mayo de 1998, se celebró otra vista de
procesabilidad.
Conforme
al
testimonio
pericial
del
doctor
Cabrera Aguilar de que la condición del imputado no había
cambiado, el tribunal lo declaró “no procesable” otra vez, y
señaló una vista de seguimiento a celebrarse tres meses más
tarde.
El 28 de agosto de 1998, se celebró la vista referida y
el perito declaró que el recurrido había mejorado clínicamente
y
actualmente
se
encontraba
procesable.
No
obstante,
el
tribunal declaró con lugar una solicitud de la defensa para que
el
recurrido
continuara
hospitalizado
en
el
Hospital
de
Psiquiatría Forense y señaló otra vista de seguimiento.
Finalmente, en la vista celebrada el 30 de octubre de
1998, el doctor Cabrera Aguilar testificó que había evaluado al
imputado nuevamente y que en su opinión éste era inimputable.
Recomendó que el recurrido continuara recluido en el Hospital
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de Psiquiatría.
En vista de lo anterior, el foro de instancia
determinó “no causa en el delito de agresión agravada grave”, y
lo
absolvió
en
los
casos
de
exposiciones
deshonestas
y
desacato. Se señaló una vista al amparo de la Regla 241 de
Procedimiento Criminal para una fecha posterior.
De esta última determinación, que consta en una minuta,
el Procurador General acudió mediante recurso de certiorari
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 30 de diciembre
de
1998,
dicho
prematuro.
foro
desestimó
el
recurso
referido
por
El tribunal apelativo concluyó que “mientras no
haya una resolución escrita y por carecer de finalidad, el
dictamen
consignado
en
la
minuta
puede
ser
modificado,
en
cualquier momento, por el Juez que presuntamente lo emitió...,
lo que no sólo le resta certidumbre a la decisión en el caso,
sino que impide que el foro apelativo conozca exactamente cuál
es el dictamen que debe revisar”.
El
Procurador
General
entonces
recurrió
ante
nos
y
planteó la siguiente cuestión:
INCURRIO EN ABUSO DE DISCRECION EL TRIBUNAL DE
CIRCUITO DE APELACIONES AL DESESTIMAR POR PREMATURO
EL RECURSO INSTADO POR EL PUEBLO DE PUERTO RICO POR
RECURRIR ESTE CON UNA MINUTA QUE RECOGE EL DICTAMEN
JUDICIAL A SER REVISADO Y NO CON UNA RESOLUCION
PLASMANDO LA DECISIÓN DE INSTANCIA.
El 12 de marzo de 1999, le concedimos término a la parte
recurrida para que mostrara causa, si alguna tenía, por la
cual no debíamos expedir el auto solicitado por el Pueblo, y
revocar el dictamen del foro apelativo.
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El
5
14
representado
allanó
al
de
abril
por
la
de
1999,
Sociedad
planteamiento
del
compareció
para
el
Asistencia
Procurador
recurrido,
Legal,
General.
y
se
Con
el
beneficio de su comparecencia, pasamos a resolver, según lo
intimado.
II
Antes de proceder al examen de la cuestión ante nuestra
consideración,
estado
es
planteada
menester
en
señalar
numerosas
que
dicha
ocasiones
cuestión
ante
el
ha
foro
apelativo, y que ha sido objeto de decisiones inconsistentes
por parte de distintos paneles de ese foro.1
1
Más aun, la
Véanse los casos de Pueblo v. José A. Collazo González,
KLCE9801327,
Circuito
Regional
VII,
Carolina-Fajardo,
Resolución del 21 de enero de 1999, desestimando el recurso
presentado sin resolución, ni minuta, por prematuro, al no
haber notificado aún al Tribunal de Primera Instancia el
dictamen recurrido; Pueblo v. Ramón Soto Ríos, KLCE9801295,
Circuito Regional VII, Sentencia del 26 de enero de 1999,
notificada y archivada en autos el 26 de enero de 1999,
expidiendo el auto de certiorari solicitado por el Pueblo sin
acompañar resolución ni minuta del dictamen recurrido y
ordenando al Tribunal de Primera Instancia emitir resolución
en el plazo de veinte (20) días, disponiendo que una vez se
notifique la misma el recurrente comparecerá ante el Tribunal
con el recurso correspondiente; Pueblo v. Carlos Hernández,
KLCE9801091 y Pueblo v. Ray Rivera Cartagena, KLCE9800471, en
ambos el Circuito Regional V desestimó por los mismos
fundamentos, no haber incluido resolución escrita, los
recursos presentados en los que el Pueblo fue recurrido;
Pueblo v. Luis D. Rivera Manfredy, KLCE9801230, consolidado
con Pueblo v. Norberto Torres, KLCE981238; Pueblo v. Walter
Quiles, KLCE9801246; Pueblo v. José Estrada, KLCE9801247,
Circuito Regional V de Ponce y Aibonito, el Pueblo acudió con
minuta y el Tribunal de Circuito ordenó al Tribunal de
Primera
Instancia
emitir
la
resolución
en
los
casos
consolidados y habiendo sido emitido expidió el auto y dictó
resolución revocando las mismas; Pueblo v. Oscar Martínez
Hernández y Gerardo González, KLCE981028, Circuito Regional
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cuestión referida ha estado ante nos antes, sin que hayamos
tenido la ocasión para resolverla.2 Se trata claramente de un
asunto que debemos pautar. Veamos.
La
Regla
34(E)(1)(b)
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones dispone lo siguiente:
Regla 34. Contenido de la solicitud de certiorari
[...]
E. Apéndice
(1)
La solicitud incluirá un apéndice que
contendrá una copia literal de:
(b) La decisión del Tribunal de Primera
Instancia
cuya
revisión
se
solicita,
incluyendo las determinaciones de hechos y
las conclusiones de derecho en que esté
fundada, si las hubiere y la notificación del
archivo en autos de copia de la notificación
III Arecibo y Utuado, se acogió el recurso presentado con
minuta que recogía la determinación de suprimir la evidencia
ocupada.
2
Véase, nuestra Resolución de 15 de octubre de 1999 en
Pueblo v. Oquendo Torres, CC-1999-76.
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de la decisión,
suplido).
si
la
hubiere.
(Enfasis
Como puede observarse, la Regla citada no dispone que la
decisión del foro de instancia que se interesa revisar debe
estar contenida en una resolución escrita y firmada por el
juez que la emite.
La Regla sólo requiere que se acompañe
copia literal de la “decisión” del tribunal, sin que importe
si tal decisión se recogió mediante una resolución, una orden
o una minuta.
Lo esencial es que se acompañe copia del
documento en sí que recoge la decisión de instancia.
Por
otro
decisión
lado,
judicial
ya
en
antes
un
habíamos
proceso
reconocido
penal
puede
que
una
recogerse
válidamente en una minuta del tribunal. Conforme al Artículo
326 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec.
969, las minutas forman parte del expediente de un caso en el
Tribunal de Primera Instancia, como constancia del proceso
seguido. En Vélez v. Silva, 65 D.P.R. 674 (1946) interpretamos
el referido Artículo 326, que está aún vigente, y resolvimos
que si una sentencia penal verbal constaba en una minuta, tal
sentencia era válida.
Más
aun,
contrario
a
lo
que
sucede
en
nuestro
ordenamiento procesal civil en virtud de lo dispuesto en la
Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III, en el
ordenamiento procesal penal no existe disposición alguna que
de
ordinario
sentencias
o
requiera
al
resoluciones
tribunal
de
fundamentadas
instancia
como
medio
emitir
para
consignar sus decisiones. En el ordenamiento procesal penal,
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según lo dispone expresamente la Regla 162 de Procedimiento
Criminal, el tribunal de instancia –al explicar las razones
por las cuales le impuso la pena al convicto- puede hacerlo
“verbalmente o por escrito”. Más aun, según lo dispone la
Regla 163, tanto el fallo como la sentencia se dictaran en
sesión pública del tribunal, y “se harán constar... en las
minutas del tribunal, si las hubiere”.
De lo anterior surge evidente que en la esfera de lo
penal las minutas, que los jueces y magistrados aprueban, se
conciben
como
medios
oficiales
para
recoger
distintos
pormenores
acontecidos
en
el
y
conservar
transcurso
de
un
proceso criminal, incluso decisiones judiciales como la del
caso de autos.
En efecto, tanto el Procurador General como la Sociedad
para Asistencia Legal señalan en sus respectivos escritos ante
nos que, en la práctica, en los procesos penales del país los
jueces de instancia emiten la mayor parte de sus decisiones
cotidianas
en
corte
abierta,
sin
formular
una
resolución
escrita que recoja la decisión. Ello es particularmente cierto
con respecto a decisiones judiciales relativas a asuntos de
carácter
interlocutorio.
procesos
penales
dan
Por
su
naturaleza
expedita,
lugar
con
frecuencia
a
los
decisiones
incidentales en sala, que sólo se recogen en minutas. Frente a
esta insoslayable realidad, tanto el Procurador General como
la Sociedad para Asistencia Legal señalan con mucha razón lo
siguiente:
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“Debido a la prontitud con que se celebran
las distintas etapas del proceso, para garantizar
el derecho a juicio rápido del acusado y del
Pueblo, resulta oneroso a las partes requerirles
que no acudan a revisar dictámenes que le son
desfavorables hasta que los obtengan por escrito en
resolución por el magistrado de instancia. Podría
resultar académico revisar una decisión adversa, si
el juicio o la etapa siguiente en el proceso ya
está señalada y la misma no tiene que ser dejada
sin efecto por el Tribunal de Primera Instancia al
no mediar orden alguna de un tribunal de jerarquía
superior por no haber un recurso apelativo incoado.
Consecuentemente,
se
coartarían
derechos
fundamentales de las partes al desalentar así la
revisión de incidentes interlocutorios adversos.”
Debe
resaltarse,
además,
que
nosotros
mismos,
al
realizar nuestra labor de revisión final de dictámenes a quo
descansamos
ocasionalmente
instancia
como
cuando
existe
no
constancias
una
en
las
de
lo
resolución
minutas
del
resuelto
por
que
recoja
la
foro
ese
de
foro,
decisión
correspondiente. Lo hemos hecho así recientemente en Pueblo
v. Bonilla Bonilla, Opinión del Tribunal de 7 de octubre de
1999, ___ D.P.R. ___, 99 JTS 157; y en Zayas v. Royal Ins.
Co., Opinión de 30 de septiembre de 1998, 146 D.P.R. ___, 98
JTS 127. En este último estimamos incluso que el término
jurisdiccional
apelativo
para
transcurrió
presentar
el
recurso
a
de
la
partir
ante
el
notificación
foro
de
la
minuta que recogía el dictamen de instancia impugnado ante el
foro apelativo.
En resumen, pues, no hay nada en nuestro ordenamiento
jurídico que prohiba concretamente el uso de una minuta para
acreditar un dictamen judicial cuya revisión se procura.
Por
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el contrario, el propio ordenamiento jurídico procesal en la
esfera penal y la práctica judicial, incluyendo la de este
Tribunal, permitan y avalan el uso de tales minutas como
constancias de una decisión judicial de instancia, cuando no
existe una resolución escrita que la recoja.
III
Debe quedar claro que para fines apelativos, la mejor
práctica sería que los tribunales de instancia, al adjudicar
controversias importantes como la que aquí nos concierne,
emitiesen resoluciones escritas en las cuales se plasme la
decisión
judicial
facilitaría
la
y
sus
función
fundamentos.
revisora
de
los
Ello
evidentemente
foros
apelativos.
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11
Véase, Torres García v. Dávila Díaz y Otros, Per Curiam de 22
de febrero de 1996, 140 D.P.R. ___, 96 JTS 19.
Sin embargo, por lo señalado antes, resultaría difícil y
oneroso obligar a los tribunales de instancia a que consignen
en
resoluciones
escritas
fundamentadas
todas
sus
determinaciones cotidianas. Por ello, resolvemos que cuando
una minuta recoge en términos claros y precisos la decisión
del juez que se pretende revisar, tal minuta es suficiente
para
cumplir
con
lo
que
exige
la
Regla
34(E)(1)(b)
del
Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Si el
foro apelativo estima que la minuta incluida en el apéndice
del recurso por alguna razón no es adecuada, entonces dicho
foro debe ordenar al tribunal de instancia emitir pronto una
resolución escrita fundamentada. Lo que no procede es que el
tribunal apelativo opte inicialmente por la medida drástica
de la desestimación.
Sociedad Legal v. García López, Per
Curiam de 23 de enero de 1997, 142 D.P.R. ___, 97 JTS 7. Por
ende, erró el foro apelativo en el caso de autos al ordenar
la desestimación del recurso en cuestión.
Por los fundamentos expuestos, procede que se expida el
certiorari que nos fue solicitado en este caso; que se deje
sin efecto el dictamen del foro apelativo; y que se devuelva
el caso a dicho foro para que continúen los procedimientos
allí, conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará la sentencia correspondiente.
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JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
CC-1999-112
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Demandante-Peticionario
vs.
CC-1999-112
Certiorari
Rafael Pacheco Armand
Demandado-Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
sentencia, se expide el certiorari que nos fue solicitado
en este caso; se deja sin efecto el dictamen del Tribunal
de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V; y se
devuelve el caso a dicho foro para que continúen los
procedimientos allí, conforme a lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal
Secretaria del Tribunal Supremo.
y
certifica
la
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo