LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

ASOC. VECINOS HOSPITAL SAN JORGE V UNITED MEDICAL CORP.

2000 TSPR 7

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

ASOC. VECINOS HOSPITAL SAN JORGE V UNITED MEDICAL CORP.

CC-1998-0382

1

CC-1998-382

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación Vecinos del Hospital San

Jorge

Recurrentes

Consulta de

Ubicación

v.

2000 TSPR 7

United Medical Corporation y Gerónimo

Partnership, etc.

Recurridos

Número del Caso: CC-1998-0382

Fecha: 19/01/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogados de la Parte Recurrente: Lcdo. Rafael E. Silva Almeyda

Abogados de la Parte Recurrida: Fiddler, González & Rodríguez

Lcdo. José A. Acosta Grubb

Lcdo. César T. Alcover Acosta

Lcdo. Juan Carlos Gómez Escarce

Abogados de la Jta. de Planificación: Lcdo. José Rodríguez Rivera

Lcda. Everlidys Rodríguez Pacheco

Materia: Consulta de Ubicación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

2

CC-1998-382

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación Vecinos

del Hospital San Jorge

Demandantes-Recurrentes

Vs.

CC-1998-382

CERTIORARI

United Medical Corporation y

Geronimo Partnership, Etc.

Demandado-Recurridos

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2000.

El

Hospital

de

Niños

de

San

Jorge

adquirió

sendos

solares en la Calle Convento y en la calle San Jorge en

Santurce clasificados dentro del distrito residencial (ZUR1) según el mapa de zonificación de Santurce. En 1996, éste

solicitó una enmienda a los mapas de zonificación con el

propósito de cambiar la zonificación de estos dos solares a

una

comercial

(ZU-G1

o

G2),

con

miras

a

construir

un

edificio que albergaría un estacionamiento así como oficinas

administrativas del Hospital. La Junta de Planificación (la

Junta) denegó esta solicitud.

Del mismo modo, el Hospital, a través de Francinetti

Arquitectos,

solicitó

una

construcción

de

proyecto

anteriormente.

un

Este

Consulta

de

Ubicación

similar

consistía

al

para

la

mencionado

de

un

3

CC-1998-382

3

edificio de 298,700 pies cuadrados con una altura de 8 pisos por la

Calle Convento y 10 pisos por la Calle San Jorge, de los cuales se

utilizarían

279,200

pies

cuadrados

para

acomodar

470

espacios

de

estacionamiento de vehículos de motor y 21,160 pies cuadrados para

albergar servicios y facilidades hospitalarias. El edificio referido se

construiría sobre seis solares contiguos a las facilidades existentes

del

Hospital,

entre

los

cuales

se

encontraban

los

dos

solares

que

comparecieron

residenciales referidos.

Luego

de

celebradas

vistas

públicas,

a

las

varios opositores, aquí peticionarios, el 3 de abril de 1997, la Junta

aprobó la consulta de ubicación para el proyecto referido y notificó su

resolución a esos efectos el 18 de abril de 1997.

Inconformes con esta resolución, los opositores, la Asociación de

Vecinos del Hospital San Jorge (la Asociación) y el Sr. Sebastián

Echeandía Rabell presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones. Este, mediante sentencia emitida el 31 de

marzo

de

1998

y

notificada

el

14

de

abril

de

1998,

confirmó

la

resolución de la Junta que aprobaba la referida consulta.

Oportunamente, la Asociación interpuso el presente recurso ante

nos y planteó, en lo pertinente, lo siguiente:

1.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al confirmar

la resolución de la Junta de Planificación aprobando la

consulta de ubicación de los proponentes-recurridos cuando las

conclusiones de la resolución de esta última no están

sostenidas por evidencia sustancial.

2.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al confirmar

la resolución de la Junta de Planificación que exime a los

proponentes-recurridos de cumplir con los estatutos y la

reglamentación

establecida,

incorrectamente

y

sin

justificación.

El 30 de junio de 1998, en reconsideración, expedimos el recurso

presentado por la Asociación. El 16 de octubre del mismo año, emitimos

una resolución paralizando las obras del proyecto de estacionamiento.

Tanto los proponentes-recurridos como la Junta de Planificación han

comparecido, por lo que estamos en posición de resolver.

4

CC-1998-382

4

II.

Hemos

resuelto

reiteradamente

que

las

determinaciones

de

organismos administrativos especializados merecen gran consideración y

respeto. Misión Industrial de PR v. Junta de Calidad Ambiental, op. de

29 de junio de 1998, 145 D.P.R. ____, 98 JTS 77; San Vicente v. Policía

de P.R., op. de 12 de noviembre de 1996, 142 D.P.R.___(1996), 96 JTS

148; Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., op. de 10 de abril de 1995, 138

D.P.R.____(1995), 95 JTS 39; Fuertes y otros v. A.R.P.E., op. de 17 de

diciembre de 1993, 134 D.P.R.____(1993), 93 JTS 165; y Asoc.

Drs. Med.

Cui. Salud v. v. Morales, op. de 1ro de febrero de 1993, 134 D.P.R.

____(1993), 93 JTS 12. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

en su sección 4.5 establece límites al alcance de la revisión judicial

de

decisiones

administrativas

y

dispone

que

las

determinaciones

de

hecho de las agencias serán sostenidas por el Tribunal si se basan en

evidencia

sustancial

que

obre

en

el

expediente

administrativo.

3

L.P.R.A. sec. 2175. Por lo tanto, estamos obligados a sostener tales

determinaciones si están respaldadas por evidencia suficiente que surja

del

expediente

Industrial,

administrativo

supra;

Facultad

considerado

de

Ciencias

en

su

totalidad.

Sociales

v.

Misión

Consejo

de

Educación Superior, op. de 2 de junio de 1993, 133 D.P.R. _____, 93 JTS

88.

Hemos

definido

evidencia

sustancial

como

“aquella

evidencia

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para

sostener una conclusión.” Misión Industrial v. Junta de Planificación

de PR, 98 TSPR 856; Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R.

679, 687 (1953).

Por

otro

lado,

las

conclusiones

de

derecho

que

no

involucren

interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de especialización de la

agencia son revisables en toda su extensión. Rivera Rentas v. A & C

Development Corp, op. de 26 de noviembre de 1997, 144 D.P.R. _____, 97

JTS 143. No obstante, como regla general los tribunales le reconocen

5

CC-1998-382

5

gran peso y deferencia a las interpretaciones hechas por la agencia

administrativa de las leyes que tiene a su haber poner en vigor. T-JAC

v. Caguas Centrum Limited, op. de 12 de abril de 1999, 147 D.P.R.____,

99 JTS 60. Comisionado de Seguros v. Antilles Ins. Co., op. de 2 de

abril de 1998, 98 JTS 38, Calderón v. Adm Sistemas de Retiro, 129

D.P.R. 1020 (1992).

Esta

deferencia

judicial

al

“expertise”

administrativo,

sin

embargo, cede ante una actuación irrazonable o ilegal. T-JAC v. Caguas

Centrum Limited, supra.

Luego de examinado detenidamente el expediente administrativo en

su totalidad no podemos avalar la conclusión de la Junta. Ésta no está

sustentada por evidencia sustancial.

I.

La

cuestión

del

Veamos.

En

tránsito.

el

caso

de

autos,

los

opositores-peticionarios alegan que no se presentó ningún estudio de

tránsito

vehicular

que

apoyara

la

conclusión

de

que

el

proyecto

recogería y mejoraría el tráfico que discurre por el sector mientras

que sí se presentó testimonio del grave perjuicio que sufrirían los

residentes y la comunidad con la construcción de dicho proyecto.

Los proponentes-recurridos, por su parte, alegan correctamente que

no hay ley ni reglamento que exija la preparación de un estudio de

tránsito. Sin embargo, el Reglamento para Procedimientos Adjudicativos

de la Junta de Planificación, aprobado el 31 de mayo de 1995, otorga a

la Junta el poder de requerir del proponente información adicional o

aclaratoria,

entre

la

que

se

incluye

“estudios

hidrológicos-

hidráulicos, estudios de nivel de ruido, análisis de tránsito...” 23

R.P.P.

sec.

650.236.

Dicho

asegurarse

que

toda

adecuado.

Estos

estudios

reglamento

determinación

son

de

confiere

la

Junta

particularmente

esta

sea

potestad

tomada

importantes

de

para

modo

cuando

la

comunidad que vive en el área donde se propone construir–y que vivirá

con los efectos del proyecto– se opone a éste. Ante el testimonio

vertido por los vecinos del sector, quienes lidian diariamente con la

alegada situación de tránsito, el curso de acción más razonable y

6

CC-1998-382

6

lógico a seguir era requerir del proponente un estudio de tránsito para

permitirle a la Junta tomar una decisión más informada.

Por otro lado,

durante el trámite ante la Junta de Planificación se presentó como

alternativa que el edificio de estacionamiento se construyera en el

mismo lugar utilizado actualmente como estacionamiento. Sobre esto, la

Junta concluyó que “la ubicación propuesta es más conveniente, entre

otros

aspectos,

debido

a

que

tanto

la

entrada

como

la

salida

del

edificio sería a una vía de cuatro carriles....” No vemos como sin

tener ante sí un estudio del flujo de tránsito en el sector y el

impacto que tendría el proyecto sobre éste, la Junta puede llegar a esa

conclusión. Resolvemos que un análisis adecuado sobre el flujo del

tránsito

en

el

área

cercana

al

proyecto

y

el

impacto

de

éste

es

necesario para que la Junta pueda evaluar a cabalidad el proyecto en

cuestión, antes de determinar si ha de aprobarlo y si ha de aprobar

también las variaciones que el proyecto presenta a los reglamentos de

zonificación.

La Junta concluyó que el “edificio propuesto aliviaría el problema

de falta de estacionamiento y la congestión de tránsito en las calles

circundantes.” No podemos concluir que esta conclusión fue razonable de

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración,

puesto que no está apoyada con evidencia adecuada que la sostenga.

Misión Industrial v. Junta de Planificación, supra; Metropolitana S.E.

v. Administración de Reglamentos y Permisos, op. de 10 de abril de

1995, 138 D.P.R. ____, 95 JTS 39.

II.

La cuestión de la contaminación ambiental.

La Junta también

concluye sobre el aspecto de la contaminación ambiental causado por

posible ruido de las alarmas de los carros y el polvo, “que hay que

destacar

que

el

edificio

de

estacionamiento

propuesto

tiene

el

propósito de recoger el tránsito que discurre actualmente por el sector

y que se estacionan en las calles circundantes, por lo que no se puede

concluir

que

va

a

haber

aumento

en

polvo

ni

en

alarmas.”

Esta

conclusión tampoco está sostenida por evidencia sustancial contenida en

7

CC-1998-382

7

el expediente administrativo en ausencia de un estudio de tránsito. La

Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 18 de junio de

1970, 12 L.P.R.A. 1123 et seq., al igual que el National Environmental

Policy Act, 42 U.S.C.A. sec. 4332, incluye dentro de su alcance la

protección de la calidad de vida para los residentes de las ciudades y

reconoce que el ruido del tráfico, la sobrecarga de los sistemas de

transportación y otras condiciones similares afectan el ambiente urbano

y son el resultado de influencias profundas relacionadas a la alta

densidad urbana y la expansión industrial. Véase Hanly v. Mitchell, 460

F 2d 640 (2nd Cir. 1972). Para poder llegar a esta conclusión era, por

lo

tanto,

necesario

que

la

Junta

tuviese

ante

sí

un

estudio

que

examinara concretamente el impacto del proyecto sobre el medio ambiente

del sector respecto a ruidos y polvo.

III.

impugnan

La

la

cuestión

del

determinación

de

Plan

la

Maestro.

Junta

Los

de

no

opositores

requerir

al

también

Hospital

presentar un Plan Maestro que contenga todos los planes de expansión

previsto. Tanto la Junta como el foro recurrido coincidieron en que

aunque hubiese sido preferible tener conocimiento de dicho plan, “dada

la apremiante necesidad del edificio de estacionamiento, no sería lo

más conveniente el requerirlo en este momento.” Del expediente no surge

una

necesidad

de

estacionamiento

tal

que

no

permita

aplazar

la

autorización del proyecto hasta tanto se presente un plan comprensivo

de todo lo que el Hospital planifica desarrollar y expandir en el

futuro. De hecho, del expediente no surge evidencia alguna que tienda a

demostrar la necesidad del proyecto en el área. La consideración de

dicho “plan maestro” permitirá a la Junta tener toda la información

necesaria para poder descargar los deberes delegados a ésta mediante la

Ley Orgánica de la Junta de Planificación. Ley Núm. 75 de 24 de junio

de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 62a. Según esta ley, es responsabilidad de la

Junta

dirigir

“fomente

el

desarrollo

integral

de

en

la

mejor

forma

la

salud,

convivencia,

la

prosperidad,

la

defensa,

Puerto

Rico

seguridad,

la

de

el

cultura,

modo

que

orden,

la

la

solidez

8

CC-1998-382

8

económica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes

del país.” 23 L.P.R.A. sec. 62c. Sin los estudios correspondientes y

sin conocer todos los detalles de lo que se propone hacer, la Junta no

puede llegar a conclusiones que en efecto resultan en un cambio de

zonificación.

Sin

esta

información,

la

Junta

desconoce

todos

los

elementos necesarios para llegar a conclusiones serias y responsables

que

en

última

instancia

afectan

la

calidad

de

vida

de

muchos

ciudadanos.

III.

Como segundo error señalan los peticionarios que el Tribunal de

Circuito de Apelaciones erró al confirmar la determinación de la Junta

que eximía a los proponentes de cumplir con los estatutos y reglamentos

vigentes, sin justificación.

La Junta de Planificación tiene como función principal formular e

implementar la política pública sobre el desarrollo físico, económico y

social de Puerto Rico de una manera integrada. Junta de Planificación

v. JACL, 109 D.P.R. 210, 214 (1979). Como agencia administrativa, una

vez

ha

promulgado

disposiciones.

un

Comité

reglamento

de

está

Vecinos

obligada

a

cumplir

Pro-Mejoramiento

v.

con

sus

Junta

de

Planificación, op. de 19 de marzo de 1999, 147 D.P.R. ___, 99 JTS 32;

García

Cabán

v.

U.P.R.,

120

D.P.R.

167

(1987);

Díaz

de

Llovet

v.

Oficina del Gobernador, 112 D.P.R. 747 (1982); García Troncoso v. Adm

Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978). La agencia reguladora debe

velar que los requisitos estatutarios establecidos en su reglamento

sean cumplidos, sirviendo siempre los propósitos, objetivos y política

pública

que

los

forjaron.

T-JAC,

Inc.(Wal-Mart

Caguas)

v.

Caguas

Centrum, supra; Montoto v. Pelayo Lorié, op. el 11 de marzo de 1998,

145 D.P.R. ____, 98 JTS 25.

La consulta de ubicación es el vehículo administrativo procesal

para que la Junta evalúe, y tome las determinaciones pertinentes sobre

propuestos usos de terrenos que no son permitidos por la reglamentación

9

CC-1998-382

aplicable

en

9

zonificadas

áreas

pero

que

las

disposiciones

reglamentarias proveen para que se consideren. T-JAC, Inc.(Wal-Mart

Caguas) v. Caguas Centrum, supra; Misión Industrial de Puerto Rico v.

Junta de Planificación, 98 J.T.S. 79, res. el 30 de junio de 1998. “En

el ejercicio de esa facultad, la Junta de Planificación tiene gran

discreción pero ciertamente no es un cheque en blanco, ya que está

sujeta a las normas y requisitos consignados en la ley. En el ejercicio

de tal discreción la Junta no puede obviar sus propios estatutos en

cuanto a usos de terrenos.” T-JAC, Inc.(Wal-Mart Caguas) v. Caguas

Centrum, supra.

A la luz de la normativa expuesta, debemos examinar si la Junta

actuó razonablemente al eximir a los proponentes de cumplir con los

reglamentos pertinentes.

En

la

consulta

de

ubicación

objeto

del

presente

recurso,

el

hospital propone construir el edificio de estacionamiento en un área de

seis solares contiguos, dos de los cuales están clasificados ZU-R1

(zona de uso residencial uno) según el Mapa de Ordenamiento Territorial

de Santurce. Los restantes solares tienen una clasificación de ZU-G3

(zona de uso general tres).

Previo

a

presentar

esta

consulta,

los

proponentes

habían

solicitado un cambio de zonificación para los referidos solares. Dicho

cambio de zonificación fue denegado por la Junta de Planificación el 2

de octubre de 1996.

Según la Tabla de Usos Permitidos contenida en la sección 6.17 del

Reglamento

de

Zonificación

Especial

de

Santurce,

23

R.P.R.

sec.

650.1885, un estacionamiento se encuentra entre los usos permitidos en

una zona ZU-G3 pero no así en un distrito ZU-R1. La Junta correctamente

determinó que no justificaba conceder una variación puesto que no se

había establecido que ninguno de los usos permitidos en dicho distrito

no eran factibles en la propiedad. Sección 35.5 del Reglamento de

Zonificación Especial de Santurce, aprobado el 29 de octubre de 1993,

23 R.P.R. sec. 650.1915.

10

CC-1998-382

10

Sin embargo, amparándose en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la

Junta de Planificación, la Junta aprobó un uso no permitido para los

referidos solares. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Junta de

Planificación, 23 L.P.R.A. 62j(7), establece que la Junta puede

[d]ispensar el cumplimiento de uno o varios requisitos

reglamentarios con el propósito de lograr la utilización

óptima de los terrenos y dirigido hacia el objetivo de poner

en práctica el desarrollo urbano compacto; o en los casos en

que un uso no permitido, pero compatible con el carácter

esencial del distrito, la aplicación de los requisitos de los

reglamentos

resulte

en

la

prohibición

o

restricción

irrazonable del disfrute de una pertenencia o propiedad y se

le demuestre, a su satisfacción, que dicha dispensa aliviará

un perjuicio claramente demostrable, pudiendo imponer las

condiciones que el caso amerite para beneficio o protección

del interés público.(énfasis suplido)

La Junta invoca el poder conferido en este artículo para permitir

la construcción del edificio de estacionamiento en un distrito ZU-R1,

concluyendo

que

“toda

vez

que

las

facilidades

del

hospital...van

encaminadas a brindar mejor servicio, se puede concluir que con el

proyecto

se

lograría

la

utilización

óptima

de

los

terrenos

y

el

desarrollo urbano compacto.” Erró al resolver así.

En el caso de autos, la Junta aprobó un uso no permitido al

hospital utilizando como criterio la primera parte del citado artículo

y concluyó que el proyecto propuesto logra la utilización óptima de los

terrenos. El proyecto, como hemos expresado, es un uso no permitido en

los solares con zonificación ZU-R1. El artículo 11 dispone que en casos

de usos no permitidos, la Junta puede dispensar del cumplimiento de

requisitos reglamentarios 1) si la aplicación de éstos resulta en “la

prohibición o restricción irrazonable” del disfrute de una propiedad,

2) si el uso no permitido es compatible con el carácter esencial del

distrito

y

3)

si

se

le

demuestra

a

la

Junta

“que

dicha

dispensa

aliviará un perjuicio claramente demostrable.” No surge del expediente

administrativo que la Junta haya evaluado estos criterios al eximir al

hospital de cumplir con los requisitos reglamentarios. Procede, por lo

tanto, que la Junta evalúe la presente consulta de manera concreta a la

luz de estos factores.

11

CC-1998-382

Por otro

lado,

la

11

altura

del

proyecto

propuesto

excede

la

requerida por el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce. Los

solares en donde se ubicaría el edificio de estacionamiento están sitos

en una Zona de Edificabilidad Aislada ZE-A4. El reglamento dispone para

esta zona una altura mínima de 4 plantas y una altura máxima en el

cuerpo principal de 6 plantas. La altura máxima permitida es de 8

plantas condicionadas a que las dos plantas superiores mantengan un

retiro mínimo de la línea de fachada de dos metros.

El edificio de estacionamiento propuesto tendría diez plantas por

la

Calle

San

Jorge

por

lo

que

no

cumple

con

este

requisito

reglamentario. La Junta concedió una excepción y autorizó el proyecto

con la altura propuesta de 10 plantas. Evaluó el proyecto a la luz de

los factores establecidos en el Capítulo de Excepciones del Reglamento

de Zonificación Especial de Santurce y concluyó que el edificio de

estacionamiento y servicios de salud no afecta la salud, seguridad y

bienestar del sector así como tampoco menoscaba el suministro de luz y

aire a ninguna estructura ni aumenta el peligro de fuego. Concluyó la

Junta que no se había sometido evidencia de que se ocasione reducción o

perjuicio

a

los

valores

de

las

propiedades

establecidas

en

áreas

vecinas y que la viabilidad, adecuacidad y conveniencia del proyecto se

habían demostrado sin lugar a dudas.

Hemos definido el término “excepción” como la autorización para

usar la propiedad en cierto modo que de antemano el propio Reglamento

de Zonificación admite y tolera, siempre que se cumpla con ciertas

condiciones. Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210 (1979);

Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974); López v. Junta de

Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958). La concesión de excepciones es un

medio para controlar ciertos usos que no son frecuentes pero que pueden

tener efecto adverso en el vecindario. “Se conceden únicamente en los

casos expresamente autorizados por el Reglamento y siempre sujeto a las

condiciones en él prescritas.” Quevedo Segarra v. J.A.C.L., supra.

12

CC-1998-382

12

El Capítulo 34 del Reglamento de Zonificación de Santurce dispone

que

la

Junta

ubicación

considerará

solicitudes

los

y

para

usos

de

construcciones

permisos

o

que

indiquen

se

consultas

en

de

el

Reglamento para determinadas zonas de uso. Dicho reglamento detalla

específicamente que usos y construcciones pueden considerarse mediante

excepción. Este no incluye en esta lista una construcción de una altura

distinta a la establecida para una zona ZE-A4 como es la del caso de

autos. La Junta estaba impedida de considerar esta “excepción”, pues

las excepciones sólo se conceden en los casos expresamente autorizados

por el Reglamento. Quevedo Segarra v. J.A.C.L., supra. Por lo tanto,

erró la Junta al aprobar la consulta de ubicación para la construcción

de un edificio de diez plantas.

IV.

Por los fundamentos expresados antes, procede que se deje sin

efecto

tanto

la

sentencia

dictada

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones en el caso de autos como la consulta de ubicación aprobada

por la Junta de Planificación, y devolver el caso a dicho organismo,

para ulteriores procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

sentencia de conformidad.

Se dictará

13

CC-1998-382

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación Vecinos

del Hospital San Jorge

Demandantes-Recurrentes

Vs.

CC-1998-382

CERTIORARI

United Medical Corporation y

Geronimo Partnership, Etc.

Demandado-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente,

se deja sin efecto tanto la sentencia dictada por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso de autos como

la consulta de ubicación aprobada por la Junta de

Planificación, y se devuelve el caso a dicho organismo, para

ulteriores procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Los Jueces Asociados

señores Rebollo López y Corrada del Río disienten sin

opinión escrita.

El Juez Asociado señor Negrón García,

inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo