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Tribunal Supremo de Puerto Rico

LIONEL LUGO RODRIGUEZ V JTA PLANIFICACION

2000 TSPR 3

Poder Judicial de Puerto Rico

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LIONEL LUGO RODRIGUEZ V JTA PLANIFICACION

CC-1998-0371

CC-1998-371

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lionel Lugo Rodríguez

Recurrente

Certiorari

v.

2000 TSPR 3

Junta de Planificación

Recurrida

Número del Caso: CC-1998-0371

Fecha: 12/01/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Juez Ponente: Hon. Roberto González Rivera

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Daniel Martínez Oquendo

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Lizardo W. Mattei Román

Materia: Consulta de Ubicación

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como un servicio público a la comunidad.

CC-1998-371

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lionel Lugo Rodríguez

Recurrente

v.

CC-1998-371

Certiorari

Junta de Planificación

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO

San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2000.

El

Sr.

Lionel

Lugo

Rodríguez

(en

adelante

el

recurrente) acude ante nos mediante certiorari. Solicita

que

expidamos

el

auto

y

revoquemos

la

Resolución

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI

de Caguas, Humacao y Guayama, de 31 de marzo de 1998,

mediante la cual desestimó un recurso de revisión por

entender que no se perfeccionó conforme a la ley, al no

notificar el recurrente con copia del recurso a todas las

partes en el caso.

I

El recurrente, por conducto del arquitecto Ernesto

Gómez

Sampera,

sometió

a

la

consideración

CC-1998-371

3

de la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante la Junta)

una consulta de ubicación1, la cual proponía el desarrollo de un

proyecto comercial sub-regional compuesto de tres (3) edificios,

uno independiente de 13,500 pies cuadrados y dos (2) unidos de

42,900 y 70,900 pies cuadrados, para un total de 126,900 pies

cuadrados, a ser utilizados como área de ventas y almacén en el

Barrio Machete de Guayama.

El predio de terreno donde ubicaría el proyecto tiene cabida

de 9.27 cuerdas y radica en un distrito de baja densidad

poblacional (R-1), conforme al vigente mapa de zonificación de

Guayama.

Está delimitado por el norte con la carretera estatal

núm. 54; por el sur y oeste con terrenos propiedad de la Sucesión

M. Bruno y/o G. Cautiño Bruno;

y por el este con terrenos

propiedad de la Universidad Católica.

La finca es de topografía

semi-llana y ubica en zona inundable (Zona 2), de acuerdo a la

hoja número 55A del mapa de zonas inundables.

El 28 de octubre de 1996, se celebró una vista pública con el

propósito de dilucidar los planteamientos y la prueba de las

partes interesadas y/o posiblemente afectadas por el desarrollo

del referido proyecto.

A la misma comparecieron a oponerse el Sr. Ricardo Requero;

el Ing. César Vázquez, en representación de Plaza Guayama Shopping

Center; la Lcda. Milagros Pérez de Agostini, en representación de

los dueños de farmacias de Guayama; el Sr. Reynaldo Haddock, en

representación de la Asociación de Comerciantes Unidos de Guayama,

Inc.; el Sr. Marcos Vázquez -sustituyendo al señor Héctor Sánchez, en representación de Costa Azul Estates, Inc.; y el Sr. Juan

Cosme.

Posteriormente, en noviembre de 1996, el Sr. Reynaldo

Haddock, representando la Asociación de Comerciantes Unidos de

Guayama, Inc., el Ing. César Vázquez, representando a Plaza

Guayama Shopping Center; el Sr. Héctor Sánchez, representando a

Costa Azul Estates, Inc.; y el Sr. José M. Duprey, representando

al Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, presentaron sus

ponencias ante la Junta.2

La Junta, mediante resolución de 27 de noviembre de 1996,

archivada en autos y notificada el 22 de enero de 1997, decretó un

suspenso de treinta (30) días hasta tanto la parte proponente,

aquí recurrente, replicara a los referidos escritos.

A esos

fines, el 13 de enero de 1997, el consultor Mariano A. Romaguera,

a instancias del recurrente, preparó un documento comentando las

ponencias de los opositores y lo presentó ante la Junta el 17 de

enero del mismo año.3

El 16 de mayo de 1997, luego de evaluar la información

suministrada por las partes, así como las disposiciones de leyes,

reglamentos y normas de planificación vigentes, y el

resultado del estudio desde el punto de vista ambiental, la Junta

Sostuvo que el proyecto propuesto no era

denegó la consulta.4

viable en dicho terreno puesto que: crearía un efecto acumulativo

sobre la infraestructura;

el área propuesta actualmente goza de

usos comerciales adecuados;

los terrenos ubican en zona

inundable, sin niveles; y el proyecto no cumple con los objetivos

y política pública del plan de usos de terrenos de Puerto Rico.

1

Consulta número 96-71-0661-JPU.

En

adelante

nos

referiremos

opositores”.

2

3

a

ellos

como

“los

Véase, Apéndice, pág. 214.

La resolución fue archivada en autos y notificada, entre

otros, a los opositores el 17 de junio de 1997. Véase, Alegato de

la Junta, Anejo 3, págs. 81, 120, 123 y 125.

4

CC-1998-371

4

No conforme, el 7 de julio de 1997, el recurrente, por

conducto del licenciado Daniel Martínez Oquendo, presentó moción

de reconsideración ante la Junta, y certificó haberla notificado a

la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante la

A.R.P.E.) y a los opositores. El 22 del mismo mes y año, la Junta

acogió dicha moción y, el 4 de noviembre de 1997, luego de

prorrogar el término para resolver la moción a tenor con la

sección 3.15 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme (en adelante L.P.A.U.), 3 L.P.R.A sec. 21655, se reiteró

en su determinación previa denegando la consulta que nos ocupa.6

Así las cosas, el 4 de diciembre de 1997, el recurrente

presentó recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones.

Notificó con copia del recurso únicamente a la

Junta. El 23 de diciembre de 1997, notificada el 20 de enero de

1998, el tribunal apelativo emitió resolución concediéndole a la

Junta veinte (20) días para exponer su posición y ordenó a las

partes que mostraran causa por la cual no debía desestimar por

falta de cumplimiento con el requisito de notificación que dispone

la L.P.A.U.

La Junta compareció el 6 de febrero de 1998 mediante escrito

titulado “Moción de Desestimación y/o en Oposición a que se Expida

Recurso de Revisión”. Sostuvo que el tribunal apelativo carece de

jurisdicción para entender en el presente caso, toda vez que el

recurrente no notificó el recurso de revisión a todas las partes

dentro del término establecido por ley.

El 9 de febrero del mismo año, el recurrente compareció en

cumplimiento

de

orden,

arguyendo

que

durante

el

trámite

administrativo no medió solicitud de intervención alguna, por lo

que ningún participante actuó en calidad de parte.

El 31 de marzo de 19987, el tribunal apelativo emitió

resolución desestimando el recurso por entender que los ciudadanos

o entidades que se opusieron al proyecto eran “parte” dentro del

contexto de la sección 1.3 de la L.P.A.U.8 y que, por ende, el

recurrente debió notificarles dentro del término jurisdiccional,

la presentación del recurso de revisión.

Inconforme, el 12 de mayo de 1998, el recurrente acude ante

nos mediante petición de certiorari. Señala que:

5

Dispone: “[...] Tal resolución deberá ser emitida y

archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la

radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la

moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con

relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber

sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término

para solicitar la

continúa...

5...continuación

revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de

dicho término de noventa (90) días salvo

que la agencia, por

justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el

término para resolver por un período que no excederá de treinta

(30) días adicionales.”

6

La resolución fue archivada en autos y notificada, entre

otros, a los opositores, el 14 de noviembre de 1997. Véase,

Alegato de la Junta, Anejo 1, págs. 8, 11, 13 y 51.

7

Archivada en autos y notificada el 13 de abril de 1998.

8

3 L.P.R.A. sec. 2102(j).

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5

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

desestimar el Recurso de Revisión de la Recurrente

por alegadamente no haberse perfeccionado el mismo

apesar [sic] de que dicha parte notificó con copia

del

escrito

a

la

única

otra

parte

en

el

pr[o]cedimiento administrativo, la JP, conforme a

lo

dispuesto

en

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme.

El 7 de agosto de 1998, notificada el día 11 del mismo mes y

año, emitimos resolución expidiendo auto de certiorari.

Ante la

comparecencia de ambas partes, estamos preparados para resolver.

II

La sección 4.2 de la L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. sec. 2172,

dispone que:

Una parte adversamente afectada por una orden

o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la agencia

o

por

el

organismo

administrativo

apelativo

correspondiente podrá presentar una solicitud de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, dentro de un término de 30 días

contados a partir de la fecha del archivo en autos

de la copia de la notificación de la orden o

resolución final de la agencia o a partir de la

fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165

de este título, cuando el término para solicitar la

revisión judicial haya sido interrumpido mediante

la

presentación

oportuna

de

una

moción

de

reconsideración.

La

parte

notificará

la

presentación de la solicitud de revisión a la

agencia y a todas las partes dentro del término

para solicitar dicha revisión. La notificación

podrá hacerse por correo. (Enfasis nuestro.)

Ahora bien, la sección 1.3 de la L.P.A.U., supra, define

“parte” como:

[...] toda persona o agencia autorizada por ley a

quien se dirija específicamente la acción de una

agencia o que sea parte en dicha acción, o que se

le permita intervenir o participar en la misma, o

que haya radicado una petición para la revisión o

cumplimiento de una orden, o que sea designada como

parte en dicho procedimiento.

La sección 3.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2155, dispone

lo siguiente con respecto a la intervención:

Cualquier persona que tenga un interés legítimo

en un procedimiento adjudicativo ante una agencia

podrá

someter

una

solicitud

por

escrito

y

debidamente fundamentada para que se le permita

intervenir o participar en dicho procedimiento. La

agencia podrá conceder o denegar la solicitud, a su

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6

discreción, tomando en consideración entre otros

los siguientes factores:

(a) Que el interés del peticionario pueda ser

afectado

adversamente

por

el

procedimiento

adjudicativo.

(b) Que no existan otros medios en derecho para

que el peticionado pueda proteger adecuadamente su

interés.

(c) Que el interés del peticionario ya esté

representado adecuadamente por las partes en el

procedimiento.

(d) Que la participación del peticionario pueda

ayudar razonablemente a preparar un expediente más

completo del procedimiento.

(e) Que la participación del peticionario pueda

extender o dilatar excesivamente el procedimiento.

(f) Que el peticionario represente o sea portavoz

de otros grupos o entidades de la comunidad.

(g)

Que

el

peticionario

pueda

aportar

información, pericia, conocimientos especializados

o asesoramiento técnico que no estaría disponible

de otro modo en el procedimiento.

La agencia deberá aplicar los criterios que

anteceden de manera liberal y podrá requerir que se

le someta evidencia adicional para poder emitir la

determinación correspondiente con respecto a la

solicitud de intervención.

En Constructora I. Meléndez, S.E. v. Junta de Subastas de

D.T.O.P., Opinión de 14 de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 132, 98

J.T.S. 134, catalogamos de abarcadora la definición de “parte”

establecida en la sección 1.3 de la L.P.A.U., supra.

Además,

clasificamos el contenido del dictamen final de la agencia un

factor importante al determinar si una persona es “parte” en un

procedimiento administrativo.

A esos efectos señalamos que:

“[...] es muy ilustrativo el comentario a la

Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, supra, al señalar que la notificación

del recurso de revisión debe ser hecha a todas las

partes así reconocidas en ‘la disposición final

administrativa de que se trate.

4 L.P.R.A. Ap.

XXII-A, R.58 (Supl.1997).’ Por ello, se le debe de

prestar particular atención al contenido de la

disposición final administrativa, como un factor

importante, a la hora de determinar si una persona,

natural o jurídica, es ‘parte’ en un procedimiento

administrativo a los fines de notificarle el

recurso de revisión judicial.” Id. págs. 156-157.

Por otra parte, nos comenta el Profesor Demetrio Fernández

Quiñones,

en

Procedimientos

Derecho

Administrativo

Administrativos,

Forum,

y

Ley

1993,

Uniforme

pág.

159,

de

que

“[...]es parte aquel que puede demostrar el efecto adverso de la

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7

acción

administrativa

o

cómo

la

inacción

del

proceso

administrativo le puede causar menoscabo a sus derechos”.

A

los

fines

de

distinguir

entre

un

participante

y

un

interventor, Fernández Quiñones9 añade que:

[l]a función del participante se limita al papel

que ha solicitado desempeñar, es decir, ser

testigo, ‘amigo de la corte’, suplir evidencia

documental o prestar una argumentación de carácter

oral.

Por

el

contrario,

la

solicitud

de

interventor

va

más

lejos

y

le

asegura

una

participación más plena en el procedimiento, la

cual se encuentra avalada por el reconocimiento de

que posee un derecho.

La ley es clara al señalar que son “parte” el promovente, el

promovido,

el

interventor

y

aquél

designado

como

tal.

Sin

embargo, la controversia surge en cuanto a aquellos que puedan

reclamar ser partes pero que no caigan dentro de las mencionadas

categorías.

En el ámbito federal, el Federal Administrative Procedure

Act, 5 U.S.C.A. sec. 551 et seq., define “parte” como:

(1) ...

(2) ...

(3) “party” includes a person or agency named or

admitted as a party, or properly seeking and

entitled as of right to be admitted as a

party, in an agency proceeding, and a person

or agency admitted by an agency as a party for

limited purposes.

En

cuanto

a

quiénes

tienen

derecho

a

participar

en

las

vistas administrativas, el tratadista Bernard Schwartz sostiene

que:

“[t]he need to broaden participation in the

hearing process has led the courts to adopt an

increasingly generous answer to the question of who

has a right to appear as a ‘party in interest’

before an agency...

The right of the ‘obvious party’ (the person

whose rights and obligations are directly affected

by the agency act) to appear and be heard presents

little problem. The agency act may, however, have

impact

beyond

those

at

whom

its

action

is

directed...

9

Ibid., pág. 161.

CC-1998-371

8

There has been a progressive broadening of the

concept of ‘party in interest’ from the obvious

party, to competitors, and then to the consuming

public.

The trend has not been uniform, but the

dominant theme has been the public interest in

opening

administrative

proceedings

to

wider

participation...

[...] The notion of ‘party in interest’, said

the court, should be construed to permit those

seriously

affected

to

participate

in

the

administrative proceeding.

The competitor is

adversely affected by and is a ‘party in interest’

in agency orders affecting the matters to which the

competition relates. Seabord & W. Airlines v. CAB,

181 F.2d 515, 518 (D.C. Cir. 1949), cert. denied,

339 U.S. 963 (1950).

See similarly National Coal

Assn. V. FPC, 191 F.2d 462, 466-467 (D.C. Cir.

1951).”10

Schwartz

hace

referencia

a

lo

resuelto

en

Office

of

Communication v. FCC, 359 F.2d 994, 1003 (D.C. Cir. 1966), con

respecto a una parte con interés e indica que:

“[...] The court conceded that previous cases

had granted standing to intervene only to those

alleging

electrical

interference

or

economic

injury. But, asserted Judge Burger, the ‘party in

interest’

concept

is

not

limited

to

these

categories. Economic injury is not the only injury

that the law should recognize; nor should the

interest of the competitor be protected, but not

that of the consumer...”11

Por último, Schwartz señala que el derecho a participar en

los procedimientos no debe circunscribirse a la parte contra quien

se dirija la acción de la agencia.

A esos fines manifiesta que:

“[t]he evolving law makes it no longer

accurate to assert in agencies a discretionary

power

to

exclude

participation

in

their

proceedings.

The right to be heard may not be

limited to the ‘obvious party.’ The competitor and

the consumer must now be considered ‘parties in

interest’ in cases that affect their competitive or

consumer

interests.

They

have

a

right

to

participate that may not be limited to the writing

of letters or to second-class appearance as a

matter of grace at hearings. The agency still

possesses discretion to establish rules governing

participation.

Thus, it may lay down rules for

determining

which

consumers

or

community

representatives are to be allowed to participate;

it may require consolidation of petitions and

briefs to avoid multiplicity of parties and

10

Schwartz, Administrative Law, 3rd. ed., Little, Brown and

Co., 1991, págs. 295-296.

11

Ibid., pág. 297.

CC-1998-371

9

duplication of effort; and it may control the

proceeding so that all participants are required to

adhere to the issues and refrain from introducing

cumulative or irrelevant evidence.

But it may no

longer completely exclude persons who have a

substantial

interest

in

the

proceeding.

‘Any

interested person’ now has the right to intervene

in an agency proceeding ‘so far as the orderly

conduct

of

public

business

permits.’

The

controlling principle was stated by a federal court

of appeals: ‘Efficient and expeditious hearing

should be achieved, not by excluding parties who

have a right to participate, but by controlling the

proceedings so that all parties are required to

adhere

to

the

issues

and

to

refrain

from

introducing

cumulative

or

irrelevant

evidence.’(Escolios omitidos.)”12

En American Communications Assn. v. United States, 298 F.2d

648, 650 (2d Cir. 1962), la Corte de Apelaciones de los Estados

Unidos para el Segundo Circuito expresó que lo más justo es que se

le permita participar desde sus inicios a aquella parte que tenga

un interés reconocido en el dictamen de la agencia. A esos efectos

señala que:

[w]e think that fairness requires that one

with such a recognized interest in the outcome of

the

agency

proceeding

must

be

permitted

to

participate in it from the outset.

Por otra parte, la Corte de Distrito de los Estados Unidos

para el Distrito de Alaska resolvió en Anchorage Bldg. Trades

Council

v.

Department

of

Housing

and

Urban

Development,

D.C.

Alaska 1974, 384 F. Supp. 1236, que:

“Party” does not refer to a hypothetical

party, but rather refers to a person actually

participating in litigation or entitled of right to

be admitted as a party.

Es menester aclarar que no todo aquel que provee información

relacionada con la consulta de ubicación automáticamente pasa a

ser

“parte”

en

el

proceso.

Recientemente,

en

Rivera

Ramos

v.

Morales Blás, Opinión de 2 de noviembre de 1999, 99 T.S.P.R. 167,

99 J.T.S. 170, señalamos que, en aras de tramitar y resolver una

consulta de ubicación, la Junta de Planificación puede celebrar

12

Ibid., pág. 298.

CC-1998-371

10

vistas públicas o privadas a las cuales pueden comparecer las

personas interesadas en expresarse en torno al proyecto propuesto.

También puede solicitar asesoramiento de entidades públicas

o privadas. Sobre el particular, la sección 7.01 del Reglamento

para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación13

dispone que:

“[l]a

Junta

de

Planificación

consultará,

cuando lo considere necesario, a cualquiera de los

organismos gubernamentales, comisiones locales de

planificación y otras entidades públicas y privadas

que de alguna manera tengan relación con los

proyectos bajo estudio [...]”

En

Rivera

sostuvimos

que

Ramos

las

v.

Morales

entidades

Blás,

supra,

consultadas

por

pág.

la

348-349,

Junta

de

Planificación no necesariamente caen bajo la definición de “parte”

contenida en la L.P.A.U. Por el contrario, aclaramos que “[s]u

participación consiste mas [sic] bien en ilustrar a la Junta, en

ayudarla a llevar a cabo su función de evaluar las consultas de

ubicación y considerar la conveniencia o los perjuicios de los

proyectos propuestos.”

Ciertamente, de una simple lectura de la sección 1.3

de la L.P.A.U., supra, y de lo establecido en la jurisdicción

federal, se colige que no sólo el promovente, el promovido, el

interventor y aquél designado como tal se consideran “parte” en un

procedimiento administrativo.

Además,

son

“parte”

las

personas

cuyos

derechos

y

obligaciones puedan verse adversamente afectados por la acción o

inacción de la agencia y, que a su vez, participan activamente en

los procedimientos administrativos.

A esos fines, distinguimos al participante activo de un mero

participante.

Según

el

Profesor

Fernández

Quiñones14,

un

mero

participante se limita a comparecer a la audiencia pública, sin

13

Reglamento Núm. 5244 de 31 de mayo de 1995.

14

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 161

CC-1998-371

11

mayor

intervención;

interés

ulterior

o

declara

en

el

en

asunto;

la

o

misma

pero

únicamente

no

demuestra

suple

evidencia

documental; o participa en calidad de amicus curiae.

Una

participación

activa,

por

el

contrario,

intervención más plena en el procedimiento.

requiere

una

La persona ha de

demostrar que tiene un interés reconocido en el dictamen de la

agencia;

comparece

a

la(s)

vista(s)

y

presenta

su

posición

oralmente y por escrito; y asume un rol activo en el proceso más

allá de una mera participación como testigo o “amigo de la corte”.

Un participante activo es, pues, aquél que utiliza los remedios

disponibles en aras de proteger su interés e interviene de forma

tal

en

el

proceso

que

resultaría

injusto

y

arbitrario

no

considerarlo una “parte”.

En resumen, a tenor con la sección 4.2 de la L.P.A.U., supra,

son

“parte”

a

las

cuales

es

necesario

notificar

copia

de

un

recurso de revisión judicial, (1) el promovente; (2) el promovido;

(3)

el

interventor;

(4)

aquél

que

haya

sido

notificado

de

la

determinación final de la agencia administrativa; (5) aquél que

haya

sido

reconocido

como

“parte”

en

la

disposición

final

administrativa; y (6) aquél que participa activamente durante el

procedimiento

administrativo

y

cuyos

derechos

y

obligaciones

puedan verse adversamente afectados por la acción o inacción de la

agencia.

No son “parte” a quienes tenga que notificárseles copia de

los recursos de revisión, (1) el mero participante; (2) el amicus

curiae15; (3) aquél que comparece a la audiencia pública, sin mayor

intervención; (4) aquél que únicamente declara en la vista, sin

demostrar

ulterior

interés;

(5)

aquél

que

se

limita

a

suplir

evidencia documental; (6) aquél que no demuestre tener un interés

15

Es doctrina establecida que el amicus curiae no puede

convertirse en una parte del litigio.

Hernández Torres v.

Hernández Colón, 127 D.P.R. 974, 977 (1991).

CC-1998-371

que

12

pueda

verse

adversamente

afectado

por

el

dictamen

de

la

agencia.

En Rivera Ramos v. Morales Blás, supra, explicamos que una

persona no tiene que solicitar intervención para ser considerada

“parte” en un proceso administrativo. Basta con tener interés en

el

procedimiento,

comparecer

a

las

vistas

para

oponerse

y

demostrar su interés en formar parte del mismo.

Ante

los

hechos

particulares

de

aquel

caso,

distinguimos

entre un participante que se limitó a oponerse por escrito y otro

que

asumió

un

rol

más

activo

en

el

proceso,

a

los

fines

de

resolver si eran o no una “parte”, a tenor con la L.P.A.U. Con

respecto al primero, resolvimos que no era “parte” por cuanto no

solicitó

intervención,

su

participación

se

circunscribió

a

oponerse mediante carta y tampoco compareció a declarar en las

vistas públicas.

No obstante, aún cuando el otro participante tampoco solicitó

intervención,

estuvimos

de

acuerdo

con

la

determinación

de

la

Junta de considerarlo una “parte”. Veamos por qué.

Primeramente, al ser vecino del sector, entendimos que era

obvio su interés en el pleito.

demanda

de

interdicto

En segundo lugar, al presentar una

provisional

y

permanente

solicitando

la

paralización de la obra, quedó demostrado su interés en formar

parte del proceso.

Lo

anterior,

unido

a

su

comparecencia

a

las

audiencias

públicas para oponerse al proyecto propuesto, lo convirtieron en

un

participante

activo,

y

por

ende

en

“parte”,

aún

cuando

no

Vázquez,

en

solicitó intervención formalmente.

En

el

caso

de

marras,

el

Ing.

César

representación de Plaza Guayama Shopping Center;

el Sr. Reynaldo

Haddock, en representación de la Asociación de Comerciantes Unidos

de Guayama, Inc;

y el Sr. Marcos Vázquez, en representación de

Costa Azul Estates, Inc. comparecieron a la vista celebrada el 28

CC-1998-371

de

13

octubre

de

1996

y

expresaron

su

oposición

al

proyecto

propuesto.

Igualmente surge de los autos, que éstos, así como el

Sr.

M.

José

Detallistas

de

Duprey,

en

Puerto

representación

Rico,

del

Centro

sus

ponencias

presentaron

Unido

a

de

la

consulta en sus respectivas comunicaciones.

Además, la Junta, en su resolución del 27 de noviembre de

1996, ordenó al recurrente, entre otras cosas, replicar a las

ponencias de los opositores y, para ello, dejó en suspenso la

consulta

hasta

tanto

éste

sometiera

la

información

solicitada.

Asimismo, surge de los autos que la resolución de la Junta del 16

de mayo de 1997--denegando la consulta-- y la resolución del 4 de

noviembre

de

1997--reafirmando

su

denegatoria--

le

fueron

notificadas a los opositores el 17 de junio de 1997 y el 14 de

noviembre de 1997, respectivamente.

Aún

más,

el

recurrente

certificó

haber

notificado

su

“Solicitud de Reconsideración” a A.R.P.E., y a los opositores.16

De igual forma, le envió a los opositores copia de sus escritos

titulados

“Moción

Solicitando

Término

para

“Breve Memorando en Apoyo de Consulta”.17

Someter

Escrito”

y

Ciertamente, si ambas

partes notificaron sus escritos a los opositores, ello es indicio

de que éstos los consideraban “parte” en el proceso.

Es cierto que no estamos en el caso de autos ante un grupo de

participantes que presentaron solicitud formal de intervención.

Tampoco

se

trata,

sin

embargo,

de

unos

participantes

que

se

limitaron a presentar un argumento oral o testimonio durante la

vista pública. Los opositores demostraron interés en el asunto;

comparecieron y declararon en la vista;

sometieron sus ponencias;

presentaron réplicas a la moción de reconsideración ante la Junta

y fueron notificados de los escritos de las partes durante el

16

Apéndice, págs. 20-21.

17

Apéndice, págs. 63 y 84-85.

CC-1998-371

14

trámite

administrativo.

Concluimos

que

los

opositores

son

participantes activos y, por ende, “partes” en el presente caso.

De conformidad con las pautas sentadas en Constructora I.

Meléndez,

S.E.

v.

Junta

de

Subastas

de

D.T.O.P.,

supra,

hoy

reafirmadas, advertimos que las agencias administrativas deberán

especificar en la certificación de sus resoluciones las partes a

las cuales le notificaron su dictamen en calidad de “partes” en el

procedimiento,

a

puedan

ejercer

éstas

los

fines

de

evitar

efectivamente

confusiones,

el

derecho

a

y

para

que

la

revisión

judicial conferido por ley.

Finalmente, en Martínez v. Departamento del Trabajo, Opinión

de 28 de mayo de 1998, 145 D.P.R. ___, 98 J.T.S. 63, sostuvimos

que, de conformidad con la sección 4.2 de la L.P.A.U., supra,

surge el claro propósito de fijar un procedimiento uniforme de

revisión de las órdenes o determinaciones finales de las agencias

administrativas y de que el recurso de revisión se perfeccione

dentro

del

término

de

treinta

(30)

días.

En

lo

pertinente

opinamos que:

[...] de un análisis de sus términos, los mismos

denotan

la

intención

legislativa

de

plasmar

indubitadamente el requisito de que los recursos de

revisión se perfeccionen y notifiquen dentro del

término de treinta (30) días, siendo éste un

requisito

de

carácter

jurisdiccional.

En

consecuencia, la falta de notificación dentro del

término prescrito por ley tiene el efecto de privar

de

jurisdicción

a

los

tribunales.

(citas

omitidas).18

El recurrente presentó recurso de revisión ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones, notificando copia de éste únicamente a

la Junta.

Reiteradamente hemos sostenido que el incumplimiento

con el deber de notificar la solicitud de revisión judicial a

todas las partes priva de jurisdicción al tribunal para entender

en los méritos del recurso de revisión.

Constructora I. Meléndez,

S.E. v. Junta de Subastas de D.T.O.P., supra;

Olmeda Díaz v.

CC-1998-371

15

Depto. de Justicia, Opinión de 27 de junio de 1997, 143 D.P.R.

___, 97 J.T.S. 105.

Por ende, el no haber notificado a las demás

partes,

los

entiéndase

opositores,

privó

de

jurisdicción

al

tribunal apelativo para entender en los méritos del recurso.

Expedido previamente el auto de certiorari, confirmamos

dictamen

del

Tribunal

el

de Circuito de Apelaciones desestimando

el recurso de revisión presentado por no haberse perfeccionado

conforme a derecho.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RIO

Juez Asociado

18

Véase, además, Ortiz Quiñones v. A.R.P.E., Opinión de 9

de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 130, 98 J.T.S. 131.

CC-1998-371

16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lionel Lugo Rodríguez

Recurrente

CC-1998-371

v.

Junta de Planificación

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2000.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, confirmamos la sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones emitida el 31 de marzo de

1998 que desestimó el recurso de revisión presentado

ante sí por no haberse perfeccionado conforme a

derecho.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rebollo López disiente con opinión escrita; el

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin

opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu

García no interviene y el Juez Asociado señor

Hernández Denton inhibido.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-1998-371

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO

RICO

Lionel Lugo Rodríguez

Recurrente

vs.

CC-98-371

CERTIORARI

Junta de Planificación

Recurrida

OPINION DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LOPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2000.

La Opinión mayoritaria emitida por el Tribunal en el presente caso nos

hace recordar el refrán pueblerino de que, en ocasiones, “el remedio

resulta peor que la enfermedad”.

Decimos lo anterior debido al hecho de que un somero análisis de

la decisión mayoritaria hoy emitida demuestra que la misma, en lugar

de simplificar y aclarar la controversia planteada en el caso, lo que

hace es complicar la misma y crear una total confusión a nivel de

instancia y en apelación, lo que tendrá el efecto nocivo de hacer

inmanejable, de hoy en adelante, la situación específica a la que nos

enfrentamos.

CC-1998-371

18

Lo realmente grave e incomprensible, sin embargo, es que dicha

situación se puede evitar meramente siguiendo los términos, claros y

sencillos del estatuto que controla la situación en lugar de incurrir

en un craso acto de legislación judicial. Veamos.

I

El problema o controversia a resolver, esto es, quién es “parte”

en un procedimiento administrativo, aun cuando relativamente sencillo,

es

extremadamente

importante.

Ello

así

ya

que

dependiendo

de

la

contestación que brindemos depende, de manera principal, la solución

de la interrogante de a quién viene obligado a notificar, no solo la

agencia concernida de la decisión que ésta emita, sino que la “parte”

que, sintiéndose perjudicada por la decisión administrativa emitida,

decide

acudir

ante

el

foro

judicial

en

revisión

de

la

misma.

El

asunto, como es sabido, resulta neurálgico por cuanto si la parte

recurrente no notifica con copia de su recurso a una “parte”, el mismo

será desestimado.

Como

Sección

correctamente

4.2

de

la

se

Ley

señala

de

en

la

Opinión

Procedimiento

mayoritaria,

Administrativo

la

Uniforme

(L.P.A.U.)19 requiere, en lo pertinente, que la “parte adversamente

afectada

por

presentar

una

una

correspondiente,

orden

o

resolución

solicitud

de

notifique

“...la

final

revisión

de

una

ante

el

presentación

de

agencia”,

foro

la

al

judicial

solicitud

de

revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para

solicitar dicha revisión”. (Enfasis suplido.)

Ahí el problema planteado. Como es sabido, la gran mayoría de las

decisiones que se emiten por las diferentes agencias administrativas

en

nuestra

jurisdicción

afectan

a

muchas

personas;

se

exige,

en

consecuencia, que: éstas sean notificadas de la solicitud que presente

al promovente de la acción ante la agencia, con el propósito obvio de

19

3 L.P.R.A. sec. 2172.

CC-1998-371

19

que puedan, si así lo desean, comparecer a oponerse ante la agencia

concernida; a la agencia igualmente se le requiere que notifique a

todas las “partes” de su decisión; y la parte que pretenda revisar

ante el foro judicial la decisión administrativa emitida viene en la

obligación

de

notificación

notificar

a

una

a

todas

“parte”

las

puede

“partes”.

conllevar

La

la

ausencia

de

“nulidad”

del

procedimiento y/o la desestimación del recurso de revisión judicial

que se radique.

Muchas de estas personas, aun cuando han sido notificadas, no

comparecen

ante

la

agencia;

esto

es,

aun

cuando

pueden

resultar

afectadas por la decisión a emitirse, sencillamente no les importa.

Otras,

aun

cuando

procedimiento;

comparecen,

otras,

no

participan

propiamente

en

el

y

participan

agresivamente

en

el

comparecen

mismo.

El asunto tiene, repetimos, gran relevancia e importancia por

cuanto,

en

un

procedimiento

en

particular,

pueden

estar

envueltas

cientos de personas y el requisito de notificación puede resultar

extremadamente oneroso o gravoso para la agencia y/o para la parte que

interese

acudir

administrativa

al

foro

emitida.

judicial

La

en

situación,

revisión

no

hay

de

la

duda,

decisión

requiere

el

establecimiento de una norma clara, respecto a quién es “parte”, la

cual sea fácil de comprender y seguir.

II

Ante esta situación, ¿qué hace la mayoría del Tribunal? En un

craso

acto

increíble

de

legislación

malabarismo

judicial,

jurídico,

crea

acompañado

el

mismo

por

un

una

norma

que

es

confusa

y

al

pie

de

difícil de cumplir. Veamos.

Comienza

la

Mayoría

disposiciones

de

la

2102(J),

reconoce

y

administrativo

las

por

Sección

que

que

allí

seguir,

1.3

de

la

L.P.A.U.,

la

3

son

“partes”

en

un

se

enumeran.

Procede,

letra,

las

L.P.R.A.

sec.

procedimiento

entonces,

a

CC-1998-371

20

reconocer o crear, por arte de magia y/o fiat judicial, dos clases de

participantes,

a

saber:

el

“participante

activo”

y

participante”,

definiendo

al

primero

“aquél

que

como

el

“mero

participa

activamente durante el procedimiento administrativo y cuyos derechos y

obligaciones

puedan

verse

adversamente

afectados

por

la

acción

o

inacción de la agencia”.

La situación, naturalmente, se le complica a la Mayoría cuando

intentan definir al mero participante. Nos informa la Mayoría que este

mero participante, el cual no es parte, es: “(1) el mero participante;

(2) ....; (3) aquél que comparece a la audiencia pública, sin mayor

intervención;

(4)

aquél

que

únicamente

declara

en

la

vista,

sin

demostrar ulterior interés; (5) aquél que se limita a suplir evidencia

documental; (6) aquél que no demuestra tener un interés que pueda

verse adversamente afectado por el dictamen de la agencia.”

Procede

que

uno

se

cuestione

que

criterios

objetivos

puede

utilizar una persona --que se ve en la necesidad de determinar, so

pena de desestimación de su recurso, quién es, o no, “parte” en un

procedimiento administrativo-- para determinar qué persona compareció

a la vista celebrada “sin mayor intervención”; quién declaró en la

misma

pero

no

demostró

“ulterior

interés”;

quién

no

demostró

“un

interés que pueda verse adversamente afectado por el dictamen de la

agencia”; quién, en fin, es un “mero participante”. (Enfasis suplido.)

Repetimos: “el remedio es peor que la enfermedad”.

III

Lo

verdaderamente

triste,

y

sorprendente,

de

la

decisión

mayoritaria emitida es que el Tribunal, pudiendo hacerlo, no reconoce

que la solución de la interrogante planteada la provee la propia

L.P.A.U.

Dicho estatuto, en su Sección 1.3, define adecuadamente

quién es una “parte” en un procedimiento administrativo. Se expresa en

dicha disposición legal, en lo pertinente, que:

CC-1998-371

21

“...toda persona o agencia autorizada por ley a quien se

dirija específicamente la acción de una agencia o que sea

parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o

participar en la misma, o que haya radicado una petición para

la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada

como parte en dicho procedimiento.”

Una vez se reconoce que esta disposición es la que rige el asunto,

la solución a la controversia planteada, sobre quién es, o no, parte,

en un procedimiento administrativo, resulta ser palmariamente fácil:

aquella persona --que pueda resultar afectada por la decisión a ser

emitida por la agencia administrativa; que verdaderamente tenga interés

en participar y en ser considerada como parte; y que no se encuentre

entre

las

personas

citada

Sección 1.3--

específicamente

deberá

radicar

enumeradas

un

o

escrito

mencionadas

ante

la

en

la

agencia

en

solicitud de intervención para poder ser considerada “parte” en el

procedimiento

o

deberá

ser

reconocido

como

tal

por

la

agencia

administrativa de que se trate.20

Con el establecimiento de esta norma objetiva se evita cualquier

problema o confusión. Solo se le requiere a la parte verdaderamente

interesada que radique este escrito. Estamos seguros de que el que

tenga verdadero interés en el asunto no tendrá mayor objeción a así

hacerlo.

Con esta norma --clara, precisa y objetiva-- se evita que las

personas

tengan

que

estar

adivinando

sobre:

quién

tiene

“ulterior

interés” en el procedimiento; quién compareció a la vista pero tuvo

menor o mayor intervención en la misma; quién no ha demostrado interés;

y, en consecuencia, quién es, o no, “parte” en el mismo.

En

resumen,

disentimos

por

cuanto

somos

del

criterio

que

la

“norma” que hoy establece el Tribunal en el presente caso es una vaga y

20

La determinación sobre si esa persona es, o no, “parte”, dependerá, naturalmente, de la decisión de

la agencia concernida sobre si permite, o no, su intervención en el procedimiento; decisión que es

revisable, tal como ocurrió en Rivera Ramos v. Morales Blás, res. el 2 de noviembre de 1999, 99

TSPR 167. En aquel caso la Junta de Planificación admitió al Sr. Acevedo Vilá como interventor,

decisión que revisamos concluyendo que el mismo no cumplía con los requisitos esbozados para ser

considerado interventor. En el caso de Morales Blás, ante, sin embargo, la Junta le reconoció como

tal interventor y sujeto a nuestra revisión determinamos que efectivamente era acreedor de tal

reconocimiento.

CC-1998-371

difícil

de

22

cumplir

y

seguir;

norma

jurisprudencial

que

de

estar

plasmada en un estatuto sería declarada inconstitucional por razón de

vaguedad.

La

norma

vaga

y difícil

de

cumplir

que

establece

el

Tribunal

atenta, incluso, contra el derecho de una persona “a tener su día en

corte”

ya

que

la

misma

obligará

al

peticionario

en

un

recurso

de

revisión judicial a incluir como “parte” a todo el mundo en caso de

duda;

situación

que

puede

resultar

tan

costosa

y

gravosa

que

efectivamente impida que éste pueda sufragar el costo del procedimiento

de revisión judicial.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado