Tribunal Supremo de Puerto Rico
LIONEL LUGO RODRIGUEZ V JTA PLANIFICACION
2000 TSPR 3
Poder Judicial de Puerto Rico
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LIONEL LUGO RODRIGUEZ V JTA PLANIFICACION
CC-1998-0371
CC-1998-371
1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lionel Lugo Rodríguez
Recurrente
Certiorari
v.
2000 TSPR 3
Junta de Planificación
Recurrida
Número del Caso: CC-1998-0371
Fecha: 12/01/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Roberto González Rivera
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Daniel Martínez Oquendo
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Lizardo W. Mattei Román
Materia: Consulta de Ubicación
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como un servicio público a la comunidad.
CC-1998-371
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lionel Lugo Rodríguez
Recurrente
v.
CC-1998-371
Certiorari
Junta de Planificación
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO
San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2000.
El
Sr.
Lionel
Lugo
Rodríguez
(en
adelante
el
recurrente) acude ante nos mediante certiorari. Solicita
que
expidamos
el
auto
y
revoquemos
la
Resolución
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI
de Caguas, Humacao y Guayama, de 31 de marzo de 1998,
mediante la cual desestimó un recurso de revisión por
entender que no se perfeccionó conforme a la ley, al no
notificar el recurrente con copia del recurso a todas las
partes en el caso.
I
El recurrente, por conducto del arquitecto Ernesto
Gómez
Sampera,
sometió
a
la
consideración
CC-1998-371
3
de la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante la Junta)
una consulta de ubicación1, la cual proponía el desarrollo de un
proyecto comercial sub-regional compuesto de tres (3) edificios,
uno independiente de 13,500 pies cuadrados y dos (2) unidos de
42,900 y 70,900 pies cuadrados, para un total de 126,900 pies
cuadrados, a ser utilizados como área de ventas y almacén en el
Barrio Machete de Guayama.
El predio de terreno donde ubicaría el proyecto tiene cabida
de 9.27 cuerdas y radica en un distrito de baja densidad
poblacional (R-1), conforme al vigente mapa de zonificación de
Guayama.
Está delimitado por el norte con la carretera estatal
núm. 54; por el sur y oeste con terrenos propiedad de la Sucesión
M. Bruno y/o G. Cautiño Bruno;
y por el este con terrenos
propiedad de la Universidad Católica.
La finca es de topografía
semi-llana y ubica en zona inundable (Zona 2), de acuerdo a la
hoja número 55A del mapa de zonas inundables.
El 28 de octubre de 1996, se celebró una vista pública con el
propósito de dilucidar los planteamientos y la prueba de las
partes interesadas y/o posiblemente afectadas por el desarrollo
del referido proyecto.
A la misma comparecieron a oponerse el Sr. Ricardo Requero;
el Ing. César Vázquez, en representación de Plaza Guayama Shopping
Center; la Lcda. Milagros Pérez de Agostini, en representación de
los dueños de farmacias de Guayama; el Sr. Reynaldo Haddock, en
representación de la Asociación de Comerciantes Unidos de Guayama,
Inc.; el Sr. Marcos Vázquez -sustituyendo al señor Héctor Sánchez, en representación de Costa Azul Estates, Inc.; y el Sr. Juan
Cosme.
Posteriormente, en noviembre de 1996, el Sr. Reynaldo
Haddock, representando la Asociación de Comerciantes Unidos de
Guayama, Inc., el Ing. César Vázquez, representando a Plaza
Guayama Shopping Center; el Sr. Héctor Sánchez, representando a
Costa Azul Estates, Inc.; y el Sr. José M. Duprey, representando
al Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, presentaron sus
ponencias ante la Junta.2
La Junta, mediante resolución de 27 de noviembre de 1996,
archivada en autos y notificada el 22 de enero de 1997, decretó un
suspenso de treinta (30) días hasta tanto la parte proponente,
aquí recurrente, replicara a los referidos escritos.
A esos
fines, el 13 de enero de 1997, el consultor Mariano A. Romaguera,
a instancias del recurrente, preparó un documento comentando las
ponencias de los opositores y lo presentó ante la Junta el 17 de
enero del mismo año.3
El 16 de mayo de 1997, luego de evaluar la información
suministrada por las partes, así como las disposiciones de leyes,
reglamentos y normas de planificación vigentes, y el
resultado del estudio desde el punto de vista ambiental, la Junta
Sostuvo que el proyecto propuesto no era
denegó la consulta.4
viable en dicho terreno puesto que: crearía un efecto acumulativo
sobre la infraestructura;
el área propuesta actualmente goza de
usos comerciales adecuados;
los terrenos ubican en zona
inundable, sin niveles; y el proyecto no cumple con los objetivos
y política pública del plan de usos de terrenos de Puerto Rico.
1
Consulta número 96-71-0661-JPU.
En
adelante
nos
referiremos
opositores”.
2
3
a
ellos
como
“los
Véase, Apéndice, pág. 214.
La resolución fue archivada en autos y notificada, entre
otros, a los opositores el 17 de junio de 1997. Véase, Alegato de
la Junta, Anejo 3, págs. 81, 120, 123 y 125.
4
CC-1998-371
4
No conforme, el 7 de julio de 1997, el recurrente, por
conducto del licenciado Daniel Martínez Oquendo, presentó moción
de reconsideración ante la Junta, y certificó haberla notificado a
la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante la
A.R.P.E.) y a los opositores. El 22 del mismo mes y año, la Junta
acogió dicha moción y, el 4 de noviembre de 1997, luego de
prorrogar el término para resolver la moción a tenor con la
sección 3.15 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme (en adelante L.P.A.U.), 3 L.P.R.A sec. 21655, se reiteró
en su determinación previa denegando la consulta que nos ocupa.6
Así las cosas, el 4 de diciembre de 1997, el recurrente
presentó recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones.
Notificó con copia del recurso únicamente a la
Junta. El 23 de diciembre de 1997, notificada el 20 de enero de
1998, el tribunal apelativo emitió resolución concediéndole a la
Junta veinte (20) días para exponer su posición y ordenó a las
partes que mostraran causa por la cual no debía desestimar por
falta de cumplimiento con el requisito de notificación que dispone
la L.P.A.U.
La Junta compareció el 6 de febrero de 1998 mediante escrito
titulado “Moción de Desestimación y/o en Oposición a que se Expida
Recurso de Revisión”. Sostuvo que el tribunal apelativo carece de
jurisdicción para entender en el presente caso, toda vez que el
recurrente no notificó el recurso de revisión a todas las partes
dentro del término establecido por ley.
El 9 de febrero del mismo año, el recurrente compareció en
cumplimiento
de
orden,
arguyendo
que
durante
el
trámite
administrativo no medió solicitud de intervención alguna, por lo
que ningún participante actuó en calidad de parte.
El 31 de marzo de 19987, el tribunal apelativo emitió
resolución desestimando el recurso por entender que los ciudadanos
o entidades que se opusieron al proyecto eran “parte” dentro del
contexto de la sección 1.3 de la L.P.A.U.8 y que, por ende, el
recurrente debió notificarles dentro del término jurisdiccional,
la presentación del recurso de revisión.
Inconforme, el 12 de mayo de 1998, el recurrente acude ante
nos mediante petición de certiorari. Señala que:
5
Dispone: “[...] Tal resolución deberá ser emitida y
archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la
radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la
moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber
sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término
para solicitar la
continúa...
5...continuación
revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de
dicho término de noventa (90) días salvo
que la agencia, por
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el
término para resolver por un período que no excederá de treinta
(30) días adicionales.”
6
La resolución fue archivada en autos y notificada, entre
otros, a los opositores, el 14 de noviembre de 1997. Véase,
Alegato de la Junta, Anejo 1, págs. 8, 11, 13 y 51.
7
Archivada en autos y notificada el 13 de abril de 1998.
8
3 L.P.R.A. sec. 2102(j).
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5
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
desestimar el Recurso de Revisión de la Recurrente
por alegadamente no haberse perfeccionado el mismo
apesar [sic] de que dicha parte notificó con copia
del
escrito
a
la
única
otra
parte
en
el
pr[o]cedimiento administrativo, la JP, conforme a
lo
dispuesto
en
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme.
El 7 de agosto de 1998, notificada el día 11 del mismo mes y
año, emitimos resolución expidiendo auto de certiorari.
Ante la
comparecencia de ambas partes, estamos preparados para resolver.
II
La sección 4.2 de la L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. sec. 2172,
dispone que:
Una parte adversamente afectada por una orden
o resolución final de una agencia y que haya
agotado todos los remedios provistos por la agencia
o
por
el
organismo
administrativo
apelativo
correspondiente podrá presentar una solicitud de
revisión
ante
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones, dentro de un término de 30 días
contados a partir de la fecha del archivo en autos
de la copia de la notificación de la orden o
resolución final de la agencia o a partir de la
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165
de este título, cuando el término para solicitar la
revisión judicial haya sido interrumpido mediante
la
presentación
oportuna
de
una
moción
de
reconsideración.
La
parte
notificará
la
presentación de la solicitud de revisión a la
agencia y a todas las partes dentro del término
para solicitar dicha revisión. La notificación
podrá hacerse por correo. (Enfasis nuestro.)
Ahora bien, la sección 1.3 de la L.P.A.U., supra, define
“parte” como:
[...] toda persona o agencia autorizada por ley a
quien se dirija específicamente la acción de una
agencia o que sea parte en dicha acción, o que se
le permita intervenir o participar en la misma, o
que haya radicado una petición para la revisión o
cumplimiento de una orden, o que sea designada como
parte en dicho procedimiento.
La sección 3.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2155, dispone
lo siguiente con respecto a la intervención:
Cualquier persona que tenga un interés legítimo
en un procedimiento adjudicativo ante una agencia
podrá
someter
una
solicitud
por
escrito
y
debidamente fundamentada para que se le permita
intervenir o participar en dicho procedimiento. La
agencia podrá conceder o denegar la solicitud, a su
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6
discreción, tomando en consideración entre otros
los siguientes factores:
(a) Que el interés del peticionario pueda ser
afectado
adversamente
por
el
procedimiento
adjudicativo.
(b) Que no existan otros medios en derecho para
que el peticionado pueda proteger adecuadamente su
interés.
(c) Que el interés del peticionario ya esté
representado adecuadamente por las partes en el
procedimiento.
(d) Que la participación del peticionario pueda
ayudar razonablemente a preparar un expediente más
completo del procedimiento.
(e) Que la participación del peticionario pueda
extender o dilatar excesivamente el procedimiento.
(f) Que el peticionario represente o sea portavoz
de otros grupos o entidades de la comunidad.
(g)
Que
el
peticionario
pueda
aportar
información, pericia, conocimientos especializados
o asesoramiento técnico que no estaría disponible
de otro modo en el procedimiento.
La agencia deberá aplicar los criterios que
anteceden de manera liberal y podrá requerir que se
le someta evidencia adicional para poder emitir la
determinación correspondiente con respecto a la
solicitud de intervención.
En Constructora I. Meléndez, S.E. v. Junta de Subastas de
D.T.O.P., Opinión de 14 de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 132, 98
J.T.S. 134, catalogamos de abarcadora la definición de “parte”
establecida en la sección 1.3 de la L.P.A.U., supra.
Además,
clasificamos el contenido del dictamen final de la agencia un
factor importante al determinar si una persona es “parte” en un
procedimiento administrativo.
A esos efectos señalamos que:
“[...] es muy ilustrativo el comentario a la
Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Circuito de
Apelaciones, supra, al señalar que la notificación
del recurso de revisión debe ser hecha a todas las
partes así reconocidas en ‘la disposición final
administrativa de que se trate.
4 L.P.R.A. Ap.
XXII-A, R.58 (Supl.1997).’ Por ello, se le debe de
prestar particular atención al contenido de la
disposición final administrativa, como un factor
importante, a la hora de determinar si una persona,
natural o jurídica, es ‘parte’ en un procedimiento
administrativo a los fines de notificarle el
recurso de revisión judicial.” Id. págs. 156-157.
Por otra parte, nos comenta el Profesor Demetrio Fernández
Quiñones,
en
Procedimientos
Derecho
Administrativo
Administrativos,
Forum,
y
Ley
1993,
Uniforme
pág.
159,
de
que
“[...]es parte aquel que puede demostrar el efecto adverso de la
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7
acción
administrativa
o
cómo
la
inacción
del
proceso
administrativo le puede causar menoscabo a sus derechos”.
A
los
fines
de
distinguir
entre
un
participante
y
un
interventor, Fernández Quiñones9 añade que:
[l]a función del participante se limita al papel
que ha solicitado desempeñar, es decir, ser
testigo, ‘amigo de la corte’, suplir evidencia
documental o prestar una argumentación de carácter
oral.
Por
el
contrario,
la
solicitud
de
interventor
va
más
lejos
y
le
asegura
una
participación más plena en el procedimiento, la
cual se encuentra avalada por el reconocimiento de
que posee un derecho.
La ley es clara al señalar que son “parte” el promovente, el
promovido,
el
interventor
y
aquél
designado
como
tal.
Sin
embargo, la controversia surge en cuanto a aquellos que puedan
reclamar ser partes pero que no caigan dentro de las mencionadas
categorías.
En el ámbito federal, el Federal Administrative Procedure
Act, 5 U.S.C.A. sec. 551 et seq., define “parte” como:
(1) ...
(2) ...
(3) “party” includes a person or agency named or
admitted as a party, or properly seeking and
entitled as of right to be admitted as a
party, in an agency proceeding, and a person
or agency admitted by an agency as a party for
limited purposes.
En
cuanto
a
quiénes
tienen
derecho
a
participar
en
las
vistas administrativas, el tratadista Bernard Schwartz sostiene
que:
“[t]he need to broaden participation in the
hearing process has led the courts to adopt an
increasingly generous answer to the question of who
has a right to appear as a ‘party in interest’
before an agency...
The right of the ‘obvious party’ (the person
whose rights and obligations are directly affected
by the agency act) to appear and be heard presents
little problem. The agency act may, however, have
impact
beyond
those
at
whom
its
action
is
directed...
9
Ibid., pág. 161.
CC-1998-371
8
There has been a progressive broadening of the
concept of ‘party in interest’ from the obvious
party, to competitors, and then to the consuming
public.
The trend has not been uniform, but the
dominant theme has been the public interest in
opening
administrative
proceedings
to
wider
participation...
[...] The notion of ‘party in interest’, said
the court, should be construed to permit those
seriously
affected
to
participate
in
the
administrative proceeding.
The competitor is
adversely affected by and is a ‘party in interest’
in agency orders affecting the matters to which the
competition relates. Seabord & W. Airlines v. CAB,
181 F.2d 515, 518 (D.C. Cir. 1949), cert. denied,
339 U.S. 963 (1950).
See similarly National Coal
Assn. V. FPC, 191 F.2d 462, 466-467 (D.C. Cir.
1951).”10
Schwartz
hace
referencia
a
lo
resuelto
en
Office
of
Communication v. FCC, 359 F.2d 994, 1003 (D.C. Cir. 1966), con
respecto a una parte con interés e indica que:
“[...] The court conceded that previous cases
had granted standing to intervene only to those
alleging
electrical
interference
or
economic
injury. But, asserted Judge Burger, the ‘party in
interest’
concept
is
not
limited
to
these
categories. Economic injury is not the only injury
that the law should recognize; nor should the
interest of the competitor be protected, but not
that of the consumer...”11
Por último, Schwartz señala que el derecho a participar en
los procedimientos no debe circunscribirse a la parte contra quien
se dirija la acción de la agencia.
A esos fines manifiesta que:
“[t]he evolving law makes it no longer
accurate to assert in agencies a discretionary
power
to
exclude
participation
in
their
proceedings.
The right to be heard may not be
limited to the ‘obvious party.’ The competitor and
the consumer must now be considered ‘parties in
interest’ in cases that affect their competitive or
consumer
interests.
They
have
a
right
to
participate that may not be limited to the writing
of letters or to second-class appearance as a
matter of grace at hearings. The agency still
possesses discretion to establish rules governing
participation.
Thus, it may lay down rules for
determining
which
consumers
or
community
representatives are to be allowed to participate;
it may require consolidation of petitions and
briefs to avoid multiplicity of parties and
10
Schwartz, Administrative Law, 3rd. ed., Little, Brown and
Co., 1991, págs. 295-296.
11
Ibid., pág. 297.
CC-1998-371
9
duplication of effort; and it may control the
proceeding so that all participants are required to
adhere to the issues and refrain from introducing
cumulative or irrelevant evidence.
But it may no
longer completely exclude persons who have a
substantial
interest
in
the
proceeding.
‘Any
interested person’ now has the right to intervene
in an agency proceeding ‘so far as the orderly
conduct
of
public
business
permits.’
The
controlling principle was stated by a federal court
of appeals: ‘Efficient and expeditious hearing
should be achieved, not by excluding parties who
have a right to participate, but by controlling the
proceedings so that all parties are required to
adhere
to
the
issues
and
to
refrain
from
introducing
cumulative
or
irrelevant
evidence.’(Escolios omitidos.)”12
En American Communications Assn. v. United States, 298 F.2d
648, 650 (2d Cir. 1962), la Corte de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Segundo Circuito expresó que lo más justo es que se
le permita participar desde sus inicios a aquella parte que tenga
un interés reconocido en el dictamen de la agencia. A esos efectos
señala que:
[w]e think that fairness requires that one
with such a recognized interest in the outcome of
the
agency
proceeding
must
be
permitted
to
participate in it from the outset.
Por otra parte, la Corte de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito de Alaska resolvió en Anchorage Bldg. Trades
Council
v.
Department
of
Housing
and
Urban
Development,
D.C.
Alaska 1974, 384 F. Supp. 1236, que:
“Party” does not refer to a hypothetical
party, but rather refers to a person actually
participating in litigation or entitled of right to
be admitted as a party.
Es menester aclarar que no todo aquel que provee información
relacionada con la consulta de ubicación automáticamente pasa a
ser
“parte”
en
el
proceso.
Recientemente,
en
Rivera
Ramos
v.
Morales Blás, Opinión de 2 de noviembre de 1999, 99 T.S.P.R. 167,
99 J.T.S. 170, señalamos que, en aras de tramitar y resolver una
consulta de ubicación, la Junta de Planificación puede celebrar
12
Ibid., pág. 298.
CC-1998-371
10
vistas públicas o privadas a las cuales pueden comparecer las
personas interesadas en expresarse en torno al proyecto propuesto.
También puede solicitar asesoramiento de entidades públicas
o privadas. Sobre el particular, la sección 7.01 del Reglamento
para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación13
dispone que:
“[l]a
Junta
de
Planificación
consultará,
cuando lo considere necesario, a cualquiera de los
organismos gubernamentales, comisiones locales de
planificación y otras entidades públicas y privadas
que de alguna manera tengan relación con los
proyectos bajo estudio [...]”
En
Rivera
sostuvimos
que
Ramos
las
v.
Morales
entidades
Blás,
supra,
consultadas
por
pág.
la
348-349,
Junta
de
Planificación no necesariamente caen bajo la definición de “parte”
contenida en la L.P.A.U. Por el contrario, aclaramos que “[s]u
participación consiste mas [sic] bien en ilustrar a la Junta, en
ayudarla a llevar a cabo su función de evaluar las consultas de
ubicación y considerar la conveniencia o los perjuicios de los
proyectos propuestos.”
Ciertamente, de una simple lectura de la sección 1.3
de la L.P.A.U., supra, y de lo establecido en la jurisdicción
federal, se colige que no sólo el promovente, el promovido, el
interventor y aquél designado como tal se consideran “parte” en un
procedimiento administrativo.
Además,
son
“parte”
las
personas
cuyos
derechos
y
obligaciones puedan verse adversamente afectados por la acción o
inacción de la agencia y, que a su vez, participan activamente en
los procedimientos administrativos.
A esos fines, distinguimos al participante activo de un mero
participante.
Según
el
Profesor
Fernández
Quiñones14,
un
mero
participante se limita a comparecer a la audiencia pública, sin
13
Reglamento Núm. 5244 de 31 de mayo de 1995.
14
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 161
CC-1998-371
11
mayor
intervención;
interés
ulterior
o
declara
en
el
en
asunto;
la
o
misma
pero
únicamente
no
demuestra
suple
evidencia
documental; o participa en calidad de amicus curiae.
Una
participación
activa,
por
el
contrario,
intervención más plena en el procedimiento.
requiere
una
La persona ha de
demostrar que tiene un interés reconocido en el dictamen de la
agencia;
comparece
a
la(s)
vista(s)
y
presenta
su
posición
oralmente y por escrito; y asume un rol activo en el proceso más
allá de una mera participación como testigo o “amigo de la corte”.
Un participante activo es, pues, aquél que utiliza los remedios
disponibles en aras de proteger su interés e interviene de forma
tal
en
el
proceso
que
resultaría
injusto
y
arbitrario
no
considerarlo una “parte”.
En resumen, a tenor con la sección 4.2 de la L.P.A.U., supra,
son
“parte”
a
las
cuales
es
necesario
notificar
copia
de
un
recurso de revisión judicial, (1) el promovente; (2) el promovido;
(3)
el
interventor;
(4)
aquél
que
haya
sido
notificado
de
la
determinación final de la agencia administrativa; (5) aquél que
haya
sido
reconocido
como
“parte”
en
la
disposición
final
administrativa; y (6) aquél que participa activamente durante el
procedimiento
administrativo
y
cuyos
derechos
y
obligaciones
puedan verse adversamente afectados por la acción o inacción de la
agencia.
No son “parte” a quienes tenga que notificárseles copia de
los recursos de revisión, (1) el mero participante; (2) el amicus
curiae15; (3) aquél que comparece a la audiencia pública, sin mayor
intervención; (4) aquél que únicamente declara en la vista, sin
demostrar
ulterior
interés;
(5)
aquél
que
se
limita
a
suplir
evidencia documental; (6) aquél que no demuestre tener un interés
15
Es doctrina establecida que el amicus curiae no puede
convertirse en una parte del litigio.
Hernández Torres v.
Hernández Colón, 127 D.P.R. 974, 977 (1991).
CC-1998-371
que
12
pueda
verse
adversamente
afectado
por
el
dictamen
de
la
agencia.
En Rivera Ramos v. Morales Blás, supra, explicamos que una
persona no tiene que solicitar intervención para ser considerada
“parte” en un proceso administrativo. Basta con tener interés en
el
procedimiento,
comparecer
a
las
vistas
para
oponerse
y
demostrar su interés en formar parte del mismo.
Ante
los
hechos
particulares
de
aquel
caso,
distinguimos
entre un participante que se limitó a oponerse por escrito y otro
que
asumió
un
rol
más
activo
en
el
proceso,
a
los
fines
de
resolver si eran o no una “parte”, a tenor con la L.P.A.U. Con
respecto al primero, resolvimos que no era “parte” por cuanto no
solicitó
intervención,
su
participación
se
circunscribió
a
oponerse mediante carta y tampoco compareció a declarar en las
vistas públicas.
No obstante, aún cuando el otro participante tampoco solicitó
intervención,
estuvimos
de
acuerdo
con
la
determinación
de
la
Junta de considerarlo una “parte”. Veamos por qué.
Primeramente, al ser vecino del sector, entendimos que era
obvio su interés en el pleito.
demanda
de
interdicto
En segundo lugar, al presentar una
provisional
y
permanente
solicitando
la
paralización de la obra, quedó demostrado su interés en formar
parte del proceso.
Lo
anterior,
unido
a
su
comparecencia
a
las
audiencias
públicas para oponerse al proyecto propuesto, lo convirtieron en
un
participante
activo,
y
por
ende
en
“parte”,
aún
cuando
no
Vázquez,
en
solicitó intervención formalmente.
En
el
caso
de
marras,
el
Ing.
César
representación de Plaza Guayama Shopping Center;
el Sr. Reynaldo
Haddock, en representación de la Asociación de Comerciantes Unidos
de Guayama, Inc;
y el Sr. Marcos Vázquez, en representación de
Costa Azul Estates, Inc. comparecieron a la vista celebrada el 28
CC-1998-371
de
13
octubre
de
1996
y
expresaron
su
oposición
al
proyecto
propuesto.
Igualmente surge de los autos, que éstos, así como el
Sr.
M.
José
Detallistas
de
Duprey,
en
Puerto
representación
Rico,
del
Centro
sus
ponencias
presentaron
Unido
a
de
la
consulta en sus respectivas comunicaciones.
Además, la Junta, en su resolución del 27 de noviembre de
1996, ordenó al recurrente, entre otras cosas, replicar a las
ponencias de los opositores y, para ello, dejó en suspenso la
consulta
hasta
tanto
éste
sometiera
la
información
solicitada.
Asimismo, surge de los autos que la resolución de la Junta del 16
de mayo de 1997--denegando la consulta-- y la resolución del 4 de
noviembre
de
1997--reafirmando
su
denegatoria--
le
fueron
notificadas a los opositores el 17 de junio de 1997 y el 14 de
noviembre de 1997, respectivamente.
Aún
más,
el
recurrente
certificó
haber
notificado
su
“Solicitud de Reconsideración” a A.R.P.E., y a los opositores.16
De igual forma, le envió a los opositores copia de sus escritos
titulados
“Moción
Solicitando
Término
para
“Breve Memorando en Apoyo de Consulta”.17
Someter
Escrito”
y
Ciertamente, si ambas
partes notificaron sus escritos a los opositores, ello es indicio
de que éstos los consideraban “parte” en el proceso.
Es cierto que no estamos en el caso de autos ante un grupo de
participantes que presentaron solicitud formal de intervención.
Tampoco
se
trata,
sin
embargo,
de
unos
participantes
que
se
limitaron a presentar un argumento oral o testimonio durante la
vista pública. Los opositores demostraron interés en el asunto;
comparecieron y declararon en la vista;
sometieron sus ponencias;
presentaron réplicas a la moción de reconsideración ante la Junta
y fueron notificados de los escritos de las partes durante el
16
Apéndice, págs. 20-21.
17
Apéndice, págs. 63 y 84-85.
CC-1998-371
14
trámite
administrativo.
Concluimos
que
los
opositores
son
participantes activos y, por ende, “partes” en el presente caso.
De conformidad con las pautas sentadas en Constructora I.
Meléndez,
S.E.
v.
Junta
de
Subastas
de
D.T.O.P.,
supra,
hoy
reafirmadas, advertimos que las agencias administrativas deberán
especificar en la certificación de sus resoluciones las partes a
las cuales le notificaron su dictamen en calidad de “partes” en el
procedimiento,
a
puedan
ejercer
éstas
los
fines
de
evitar
efectivamente
confusiones,
el
derecho
a
y
para
que
la
revisión
judicial conferido por ley.
Finalmente, en Martínez v. Departamento del Trabajo, Opinión
de 28 de mayo de 1998, 145 D.P.R. ___, 98 J.T.S. 63, sostuvimos
que, de conformidad con la sección 4.2 de la L.P.A.U., supra,
surge el claro propósito de fijar un procedimiento uniforme de
revisión de las órdenes o determinaciones finales de las agencias
administrativas y de que el recurso de revisión se perfeccione
dentro
del
término
de
treinta
(30)
días.
En
lo
pertinente
opinamos que:
[...] de un análisis de sus términos, los mismos
denotan
la
intención
legislativa
de
plasmar
indubitadamente el requisito de que los recursos de
revisión se perfeccionen y notifiquen dentro del
término de treinta (30) días, siendo éste un
requisito
de
carácter
jurisdiccional.
En
consecuencia, la falta de notificación dentro del
término prescrito por ley tiene el efecto de privar
de
jurisdicción
a
los
tribunales.
(citas
omitidas).18
El recurrente presentó recurso de revisión ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones, notificando copia de éste únicamente a
la Junta.
Reiteradamente hemos sostenido que el incumplimiento
con el deber de notificar la solicitud de revisión judicial a
todas las partes priva de jurisdicción al tribunal para entender
en los méritos del recurso de revisión.
Constructora I. Meléndez,
S.E. v. Junta de Subastas de D.T.O.P., supra;
Olmeda Díaz v.
CC-1998-371
15
Depto. de Justicia, Opinión de 27 de junio de 1997, 143 D.P.R.
___, 97 J.T.S. 105.
Por ende, el no haber notificado a las demás
partes,
los
entiéndase
opositores,
privó
de
jurisdicción
al
tribunal apelativo para entender en los méritos del recurso.
Expedido previamente el auto de certiorari, confirmamos
dictamen
del
Tribunal
el
de Circuito de Apelaciones desestimando
el recurso de revisión presentado por no haberse perfeccionado
conforme a derecho.
Se dictará sentencia de conformidad.
BALTASAR CORRADA DEL RIO
Juez Asociado
18
Véase, además, Ortiz Quiñones v. A.R.P.E., Opinión de 9
de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 130, 98 J.T.S. 131.
CC-1998-371
16
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lionel Lugo Rodríguez
Recurrente
CC-1998-371
v.
Junta de Planificación
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2000.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, confirmamos la sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones emitida el 31 de marzo de
1998 que desestimó el recurso de revisión presentado
ante sí por no haberse perfeccionado conforme a
derecho.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Rebollo López disiente con opinión escrita; el
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin
opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu
García no interviene y el Juez Asociado señor
Hernández Denton inhibido.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
CC-1998-371
17
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Lionel Lugo Rodríguez
Recurrente
vs.
CC-98-371
CERTIORARI
Junta de Planificación
Recurrida
OPINION DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2000.
La Opinión mayoritaria emitida por el Tribunal en el presente caso nos
hace recordar el refrán pueblerino de que, en ocasiones, “el remedio
resulta peor que la enfermedad”.
Decimos lo anterior debido al hecho de que un somero análisis de
la decisión mayoritaria hoy emitida demuestra que la misma, en lugar
de simplificar y aclarar la controversia planteada en el caso, lo que
hace es complicar la misma y crear una total confusión a nivel de
instancia y en apelación, lo que tendrá el efecto nocivo de hacer
inmanejable, de hoy en adelante, la situación específica a la que nos
enfrentamos.
CC-1998-371
18
Lo realmente grave e incomprensible, sin embargo, es que dicha
situación se puede evitar meramente siguiendo los términos, claros y
sencillos del estatuto que controla la situación en lugar de incurrir
en un craso acto de legislación judicial. Veamos.
I
El problema o controversia a resolver, esto es, quién es “parte”
en un procedimiento administrativo, aun cuando relativamente sencillo,
es
extremadamente
importante.
Ello
así
ya
que
dependiendo
de
la
contestación que brindemos depende, de manera principal, la solución
de la interrogante de a quién viene obligado a notificar, no solo la
agencia concernida de la decisión que ésta emita, sino que la “parte”
que, sintiéndose perjudicada por la decisión administrativa emitida,
decide
acudir
ante
el
foro
judicial
en
revisión
de
la
misma.
El
asunto, como es sabido, resulta neurálgico por cuanto si la parte
recurrente no notifica con copia de su recurso a una “parte”, el mismo
será desestimado.
Como
Sección
correctamente
4.2
de
la
se
Ley
señala
de
en
la
Opinión
Procedimiento
mayoritaria,
Administrativo
la
Uniforme
(L.P.A.U.)19 requiere, en lo pertinente, que la “parte adversamente
afectada
por
presentar
una
una
correspondiente,
orden
o
resolución
solicitud
de
notifique
“...la
final
revisión
de
una
ante
el
presentación
de
agencia”,
foro
la
al
judicial
solicitud
de
revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para
solicitar dicha revisión”. (Enfasis suplido.)
Ahí el problema planteado. Como es sabido, la gran mayoría de las
decisiones que se emiten por las diferentes agencias administrativas
en
nuestra
jurisdicción
afectan
a
muchas
personas;
se
exige,
en
consecuencia, que: éstas sean notificadas de la solicitud que presente
al promovente de la acción ante la agencia, con el propósito obvio de
19
3 L.P.R.A. sec. 2172.
CC-1998-371
19
que puedan, si así lo desean, comparecer a oponerse ante la agencia
concernida; a la agencia igualmente se le requiere que notifique a
todas las “partes” de su decisión; y la parte que pretenda revisar
ante el foro judicial la decisión administrativa emitida viene en la
obligación
de
notificación
notificar
a
una
a
todas
“parte”
las
puede
“partes”.
conllevar
La
la
ausencia
de
“nulidad”
del
procedimiento y/o la desestimación del recurso de revisión judicial
que se radique.
Muchas de estas personas, aun cuando han sido notificadas, no
comparecen
ante
la
agencia;
esto
es,
aun
cuando
pueden
resultar
afectadas por la decisión a emitirse, sencillamente no les importa.
Otras,
aun
cuando
procedimiento;
comparecen,
otras,
no
participan
propiamente
en
el
y
participan
agresivamente
en
el
comparecen
mismo.
El asunto tiene, repetimos, gran relevancia e importancia por
cuanto,
en
un
procedimiento
en
particular,
pueden
estar
envueltas
cientos de personas y el requisito de notificación puede resultar
extremadamente oneroso o gravoso para la agencia y/o para la parte que
interese
acudir
administrativa
al
foro
emitida.
judicial
La
en
situación,
revisión
no
hay
de
la
duda,
decisión
requiere
el
establecimiento de una norma clara, respecto a quién es “parte”, la
cual sea fácil de comprender y seguir.
II
Ante esta situación, ¿qué hace la mayoría del Tribunal? En un
craso
acto
increíble
de
legislación
malabarismo
judicial,
jurídico,
crea
acompañado
el
mismo
por
un
una
norma
que
es
confusa
y
al
pie
de
difícil de cumplir. Veamos.
Comienza
la
Mayoría
disposiciones
de
la
2102(J),
reconoce
y
administrativo
las
por
Sección
que
que
allí
seguir,
1.3
de
la
L.P.A.U.,
la
3
son
“partes”
en
un
se
enumeran.
Procede,
letra,
las
L.P.R.A.
sec.
procedimiento
entonces,
a
CC-1998-371
20
reconocer o crear, por arte de magia y/o fiat judicial, dos clases de
participantes,
a
saber:
el
“participante
activo”
y
participante”,
definiendo
al
primero
“aquél
que
como
el
“mero
participa
activamente durante el procedimiento administrativo y cuyos derechos y
obligaciones
puedan
verse
adversamente
afectados
por
la
acción
o
inacción de la agencia”.
La situación, naturalmente, se le complica a la Mayoría cuando
intentan definir al mero participante. Nos informa la Mayoría que este
mero participante, el cual no es parte, es: “(1) el mero participante;
(2) ....; (3) aquél que comparece a la audiencia pública, sin mayor
intervención;
(4)
aquél
que
únicamente
declara
en
la
vista,
sin
demostrar ulterior interés; (5) aquél que se limita a suplir evidencia
documental; (6) aquél que no demuestra tener un interés que pueda
verse adversamente afectado por el dictamen de la agencia.”
Procede
que
uno
se
cuestione
que
criterios
objetivos
puede
utilizar una persona --que se ve en la necesidad de determinar, so
pena de desestimación de su recurso, quién es, o no, “parte” en un
procedimiento administrativo-- para determinar qué persona compareció
a la vista celebrada “sin mayor intervención”; quién declaró en la
misma
pero
no
demostró
“ulterior
interés”;
quién
no
demostró
“un
interés que pueda verse adversamente afectado por el dictamen de la
agencia”; quién, en fin, es un “mero participante”. (Enfasis suplido.)
Repetimos: “el remedio es peor que la enfermedad”.
III
Lo
verdaderamente
triste,
y
sorprendente,
de
la
decisión
mayoritaria emitida es que el Tribunal, pudiendo hacerlo, no reconoce
que la solución de la interrogante planteada la provee la propia
L.P.A.U.
Dicho estatuto, en su Sección 1.3, define adecuadamente
quién es una “parte” en un procedimiento administrativo. Se expresa en
dicha disposición legal, en lo pertinente, que:
CC-1998-371
21
“...toda persona o agencia autorizada por ley a quien se
dirija específicamente la acción de una agencia o que sea
parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o
participar en la misma, o que haya radicado una petición para
la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada
como parte en dicho procedimiento.”
Una vez se reconoce que esta disposición es la que rige el asunto,
la solución a la controversia planteada, sobre quién es, o no, parte,
en un procedimiento administrativo, resulta ser palmariamente fácil:
aquella persona --que pueda resultar afectada por la decisión a ser
emitida por la agencia administrativa; que verdaderamente tenga interés
en participar y en ser considerada como parte; y que no se encuentre
entre
las
personas
citada
Sección 1.3--
específicamente
deberá
radicar
enumeradas
un
o
escrito
mencionadas
ante
la
en
la
agencia
en
solicitud de intervención para poder ser considerada “parte” en el
procedimiento
o
deberá
ser
reconocido
como
tal
por
la
agencia
administrativa de que se trate.20
Con el establecimiento de esta norma objetiva se evita cualquier
problema o confusión. Solo se le requiere a la parte verdaderamente
interesada que radique este escrito. Estamos seguros de que el que
tenga verdadero interés en el asunto no tendrá mayor objeción a así
hacerlo.
Con esta norma --clara, precisa y objetiva-- se evita que las
personas
tengan
que
estar
adivinando
sobre:
quién
tiene
“ulterior
interés” en el procedimiento; quién compareció a la vista pero tuvo
menor o mayor intervención en la misma; quién no ha demostrado interés;
y, en consecuencia, quién es, o no, “parte” en el mismo.
En
resumen,
disentimos
por
cuanto
somos
del
criterio
que
la
“norma” que hoy establece el Tribunal en el presente caso es una vaga y
20
La determinación sobre si esa persona es, o no, “parte”, dependerá, naturalmente, de la decisión de
la agencia concernida sobre si permite, o no, su intervención en el procedimiento; decisión que es
revisable, tal como ocurrió en Rivera Ramos v. Morales Blás, res. el 2 de noviembre de 1999, 99
TSPR 167. En aquel caso la Junta de Planificación admitió al Sr. Acevedo Vilá como interventor,
decisión que revisamos concluyendo que el mismo no cumplía con los requisitos esbozados para ser
considerado interventor. En el caso de Morales Blás, ante, sin embargo, la Junta le reconoció como
tal interventor y sujeto a nuestra revisión determinamos que efectivamente era acreedor de tal
reconocimiento.
CC-1998-371
difícil
de
22
cumplir
y
seguir;
norma
jurisprudencial
que
de
estar
plasmada en un estatuto sería declarada inconstitucional por razón de
vaguedad.
La
norma
vaga
y difícil
de
cumplir
que
establece
el
Tribunal
atenta, incluso, contra el derecho de una persona “a tener su día en
corte”
ya
que
la
misma
obligará
al
peticionario
en
un
recurso
de
revisión judicial a incluir como “parte” a todo el mundo en caso de
duda;
situación
que
puede
resultar
tan
costosa
y
gravosa
que
efectivamente impida que éste pueda sufragar el costo del procedimiento
de revisión judicial.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ
Juez Asociado