LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PUEBLO V. PEDRO ACEVEDO ESTRADA

2000 TSPR 8

Poder Judicial de Puerto Rico

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PUEBLO V. PEDRO ACEVEDO ESTRADA

CR-1994-0063

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Apelado

Apelación

v.

2000 TSPR 8

Pedro Acevedo Estrada

Apelante

Número del Caso: CR-1994-0063

Fecha: 19/01/2000

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

Juez Ponente:

Hon. Hiram Sánchez Martínez

Abogados de la Parte Apelante: Lcdo. Marcelino Ruiz Corujo

Lcdo. Jesús Morales Cordero

Abogados de la Parte Apelada: Hon. Edda Serrano Blasini,

Subprocuradora General

Lcda. Eunice Amaro Garay

Procuradora General Auxiliar

Materia: Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

En el Tribunal supremo de puerto rico

El Pueblo de Puerto Rico

Apelación procedente

del Tribunal Superior,

Sala de Bayamón

Apelado

v.

CR-94-63

Pedro Acevedo Estrada

Infr. Art. 401

Sust. Controladas

Acusado-apelante

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, 19 de enero de 2000

El presente recurso enmarca uno de varios casos

producto

de

un

operativo

“redada

judicial”.

A

raíz

que

se

conoció

de

ésta,

allá

como

la

para

las

postrimerías del año 1993, se radicaron varios cargos

criminales contra funcionarios de la Rama Judicial,

abogados,

y

ciudadanos.

La

investigación

y

procesamiento de estas personas tuvo como base, de

manera principal, el testimonio de un alguacil que

alegadamente actuó como “agente encubierto”: Fernando

L. Collazo.

La naturaleza de la prueba presentada a nivel de

instancia --testimonio de un alegado agente encubierto

que se limitó a establecer los

CR-94-63

3

elementos

mínimos

del

alegado

delito

cometido--

y

la

negativa del juez que presidió el proceso de instruir a los

señores del jurado sobre la forma y manera en que éstos

debían de evaluar dicho testimonio, nos llevan a revocar la

convicción decretada y a devolver el caso al tribunal de

instancia para la celebración de un nuevo juicio. Veamos.

I

Allá, para mayo de 1993, Fernando L. Collazo acudió a

la

oficina

Oficina

de

Julio

Jurado1,

del

Sr.

la

Administración

de

sita

la

misma

Tribunales.

en

la

Collazo

le

expresó a Jurado que, supuestamente, el Alguacil General de

San

Juan

quería

que

él

investigara

la

conducta

de

un

alguacil adscrito al Centro Judicial de San Juan, conocido

como “Mayito”. Collazo informó al Alguacil Jurado que él

había

aceptado

la

encomienda

de

hacer

el

trabajo

2

investigativo.

La investigación comenzó en el centro de trabajo en el

cual laboraba el tal alguacil “Mayito”: el antes mencionado

Centro

Judicial

de

San

Juan.

Inicialmente,

Collazo

reportaba el “progreso” de la investigación a funcionarios

de

la

O.A.T.

Sin

afloraran

indicios

Negociado

de

Departamento

1

embargo,

de

posible

Investigaciones

de

Justicia

luego

que,

alegadamente,

conducta

delictiva,

el

Especiales

(N.I.E.)

del

asumió

las

riendas

de

la

Es un alguacil investigador de la Administración de

Tribunales. Entre sus funciones se encuentra la dirección

de la Unidad Especial de Alguaciles. E.N.P. pág. 106.

CR-94-63

4

investigación.

Hernández

Marrero

3

investigación.

de

En

ciertos

específico,

el

actuó

agente

como

especial

supervisor

Eric

de

la

Como parte de su encomienda, Collazo gozaba

beneficios

disponibles

agente

para

que,

otros

de

ordinario,

alguaciles:

no

i.e.,

estaban

automóvil,

teléfono celular, y busca personas t/c/c “beeper”, entre

otros.4

En

el

Centro

declaración

del

Judicial

agente

de

San

encubierto

Juan,

según

Collazo,

la

algunos

alguaciles, abogados, fiadores y hasta un juez cometieron,

entre otros, delitos de soborno y oferta de soborno. Una

vez se obtuvo la “prueba” con respecto a dichas personas,

Collazo fue trasladado al Centro Judicial de Bayamón. Ello

obedeció

a

que

era

un

Judicial

de

San

Juan,

secreto

que

a

voces,

Collazo

en

actuaba

el

Centro

como

agente

5

encubierto.

El traslado se materializó el 3 de noviembre de 1993.

Al

iniciar

Bayamón,

labores

Collazo

en

el

mencionado

alegadamente

fue

Centro

Judicial

increpado

por

de

otros

compañeros de trabajo en torno a las motivaciones de su

traslado.6

No

obstante

empleados

del

Centro

2

las

Judicial

sospechas

de

de

los

Bayamón,

tan

propios

sólo

dos

E.N.P. pág. 106.

E.N.P. págs. 6 y 95.

4

E.N.P. págs. 36 y ss.

5

E.N.P. pág. 107.

6

Collazo, al ser indagado en torno a su traslado, explicó

a sus compañeros que el traslado se debía a una supuesta

investigación que había en contra suya por haber realizado

varias transacciones en el Centro Judicial de San Juan con

3

CR-94-63

5

semanas luego del traslado, alegadamente, se concretó la

7

transacción que hoy ocupa nuestra atención.

8

Aun cuando, por la propia admisión de Collazo , el aquí

apelante, Pedro Acevedo Estrada, nunca había sido conocido

como persona dedicada al trasiego de drogas y sin que éste

hiciera acercamiento alguno, el 17 de noviembre de 1993, a

eso de las diez u once de la mañana, Collazo se acercó al

Alguacil

Acevedo

Estrada

indicándole

que

“estaba

desesperado, que se metía cualquier cosa”. Esto pues, según

indicó Collazo al Alguacil Acevedo Estrada, él “estaba en

un estado de depresión, de desesperación, estaba en el uso

de sustancias”.9

Alegadamente, el alguacil Acevedo Estrada

le contestó que “se había encontrado una marihuana en la

sala de investigaciones”, respondiendo Collazo: “tráemela,

que yo me la meto”. No se acordó precio alguno; ni tan

siquiera se habló del tema.10

Así las cosas, al otro día, en pleno Centro Judicial,

a

eso

de

las

8:30

a.m.,

alegadamente

se

concretó

la

transacción. Según el testimonio de Collazo, en esa mañana

los hechos ocurrieron de la siguiente manera: “...cuando

iba entrando por la unidad de citaciones y arrestos,...,

inmediatamente cuando yo fui entrando por la puerta, venía

el

Alguacil

Acevedo

Estrada,

de

frente

hacia

mí

y

de

espalda hacia las personas que se encontraban en el fondo

algunos funcionarios, abogados y ciudadanos. La razón para

ello es que intentaba proteger su seguridad. E.N.P. pág. 7.

7

E.N.P. pág. 7.

8

E.N.P. pág. 35.

9

E.N.P. pág. 7.

CR-94-63

6

de la oficina. Entonces, en ese momento nos encontramos de

frente y entonces siento que me dan... que me tocan los

genitales, y me dice[Acevedo] “papi, de quien es eso”, y al

mismo, tiempo siento que me introducen algo en el bolsillo

de la camisa. ... Y entonces cuando siento eso que miro,

que es un pequeño sobre con cierre de presión, de esos

plástico[s], que contenía algo verde, ¿no?, aparentaba ser

marihuana.”11 Todo esto ocurrió a la hora de entrada de

varios

funcionarios

del

Centro

Judicial

y

donde,

como

cuestión de hecho, había varios empleados que comenzaban

sus

labores

diarias.12

Del

récord

se

desprende

que

el

Ministerio Público no presentó como testigo a ninguno de

los presentes para corroborar algún dato de la versión del

alguacil encubierto.

Conforme el testimonio de Collazo, a eso de las 3:45

de

la

tarde,

luego

de

recorrer

las

calles

de

la

zona

metropolitana durante gran parte del día, Collazo acudió al

área de las celdas de confinados en el Centro Judicial de

Bayamón.

Allí,

mientras

cerraba

las

celdas,

en

un

área

donde, según alega, no había nadie, --y sin que se hubiera

acordado anteriormente precio alguno y sin que tan siquiera

hubieran

acordado

encontrarse

entregó

$15.00

Acevedo

a

marihuana.13

10

E.N.P. pág. 47.

E.N.P. págs. 8-9.

12

E.N.P. págs. 49-50.

13

E.N.P. págs. 9-10.

11

en

dicho

Estrada

como

lugar-pago

Collazo

por

la

CR-94-63

7

Pasadas las 5:00 p.m. del 18 de noviembre, Collazo se

encontró con el agente especial del N.I.E. a cargo de la

pesquisa y entregó el sobre plástico que, presuntamente,

contenía marihuana. Acto seguido, Collazo plasmó los hechos

en una declaración jurada. Cuando el agente del N.I.E.,

Hernández

Marrero,

recibió

la

sustancia

controlada

en

cuestión, éste colocó sus iniciales en el sobre junto a las

de Collazo. Entonces la prueba fue guardada en un armario

hasta que cinco días más tarde, el 23 de noviembre, el

agente

del

N.I.E.

la

llevó

al

Instituto

de

Ciencias

Forenses para el análisis químico correspondiente.14

Allí, la sustancia fue recibida por Raquel Lugo Díaz.

Esta, al recibir el sobre, apuntó el número de referencia,

el número del sobre y dos fechas distintas indicando el día

en que recibió la evidencia: en una ocasión escribió la

15

fecha de recibo del 18 de noviembre y en otras la del 23.

En cuanto al sobre que contenía la prueba, el agente del

N.I.E. señaló que “la persona que recibió la evidencia hizo

unas anotaciones pero que no puede decir categóricamente si

esas anotaciones corresponden a las que observó en corte

abierta en el mencionado documento”.16

En el mes de diciembre de 1993, el N.I.E. llevó a cabo

lo que se conoció como la “redada judicial”. Entre los

arrestados

y/o

implicados

se

encontraban,

abogados,

alguaciles, fiadores y hasta un juez. El entonces alguacil,

14

E.N.P. pág. 96.

E.N.P. págs. 101-102.

16

E.N.P. pág. 99.

15

CR-94-63

8

hoy apelante, Acevedo Estrada fue encausado por el cargo de

posesión,

con

intención

de

distribuir,

sustancias

controladas.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

se

celebró

el

juicio contra el apelante ante el antiguo Tribunal Superior

de

Puerto

Rico,

Sala

descansó,

de

manera

“testigo

estrella”,

de

Arecibo.

principal,

el

La

en

agente

prueba

el

de

cargo

testimonio

encubierto

del

Fernando

L.

Collazo. En esencia, la prueba de cargo fue la que hemos

vertido anteriormente según se desprende de la exposición

estipulada de la prueba.

La

defensa,

por

su

parte,

intentó

establecer,

a

priori, tres puntos: el carácter mendaz del testigo; sus

motivaciones

aviesas

para

con

el

apelante

y

la

buena

reputación de éste. Para ello, presentó varios testigos:

alguaciles,

jueces

y

prueba

documental.

El

jurado,

en

votación de 9 a 2 --uno se abstuvo-- halló culpable al

apelante. Aun cuando el tribunal sentenció al apelante a

cinco

años

apelación

de

prisión,

lo

dejó

por

entender

que

libre

la

bajo

misma

fianza

tenía

en

buenas

probabilidades de éxito. Ello, según el juez que presidió

el proceso, porque este Tribunal Supremo podría entender

que el “veredicto rendido por el jurado en este caso no

representa

el

balance

más

racional

prueba presentada en este caso.”17

17

Legajo núm. 2 del Apéndice, pág. 388.

y

justiciero

de

la

CR-94-63

9

En su escrito de apelación, Acevedo Estrada planteó la

supuesta

comisión

naturaleza,

por

de

catorce

parte

del

errores,

tribunal

de

de

variada

instancia.

Posteriormente, el Procurador General compareció ante esta

Curia solicitando que confirmáramos el dictamen del jurado.

Habiendo examinado detenidamente el voluminoso expediente,

la exposición narrativa de la prueba y los escritos de las

partes, nos encontramos en posición de resolver.

II

Por ser dispositivos del asunto ante nos, procedemos a

discutir los errores duodécimo y decimotercero planteados

por el apelante. Veamos.

Antes de evaluar los hechos del caso, es necesario

hacer un breve preludio. No es nueva la honda preocupación

que ha tenido este Tribunal con respecto a varios tipos de

testimonios. Entre ellos, sólo por mencionar algunos, se

encuentran

los

testimonios

estereotipados;

policíacas

no

corroboradas;

transacciones

confidencias

realizadas

a

plena luz del día y/o a plena vista, y, en general, el

testimonio de agentes encubiertos. Pueblo v. Ruiz Negrón,

113 D.P.R. 17 (1982); Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R.

694,

696,

n.2

(1983);

Pueblo

v.

Rodríguez

Sánchez,

109

D.P.R. 243 (1979).

Recientemente, en Pueblo v. Meléndez Clay y otros, 99

TSPR 94, res. el 16 de junio de 1999, reiteramos la norma

de que, en nuestra jurisdicción, “el uso de declaraciones

CR-94-63

10

estereotipadas por cualquier tipo de testigo, en este caso

agentes del orden público, debe ser objeto de escrutinio

riguroso para evitar que declaraciones falsas o inexactas,

vulneren derechos de ciudadanos inocentes.” Hemos definido

el

testimonio

estereotipado

como

establecer

“...los

elementos

sostener

delito

sin

un

incluir

aquel

mínimos

detalles

que

se

ciñe

necesarios

a

para

imprescindibles

para reforzarlos.” Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R.

443, 480 (1989).18

Por otro lado, y en referencia general a los casos en

que la prueba de cargo consiste, de manera principal, en el

testimonio

de

un

agente

encubierto,

hemos

expresado

en

reiteradas ocasiones que no obstante reconocer la necesidad

de la utilización de estos agentes en la guerra contra el

Hace más de veinticinco años, fijamos los parámetros

esenciales para examinar la credibilidad de un testimonio

estereotipado. Estos son:

18

1. El mismo debe ser escudriñado con especial rigor.

2. Tanto los casos de "la evidencia abandonada" o

"lanzada al suelo" como los casos del "acto ilegal

a plena vista" deben, en ausencia de otras

consideraciones, inducir sospecha de la posible

existencia de testimonio estereotipado.

3. Cuando el testimonio es inherentemente irreal o

improbable debe rechazarse.

4. El

testimonio

estereotipado

puede

perder

su

condición de tal si, yendo más allá de los datos

indispensables para probar los requisitos mínimos

de un delito, se le rodea de las circunstancias en

que

funciona

el

agente,

el

término

de

su

investigación, los resultados obtenidos fuera del

caso en trámites y otros detalles.

5. La presencia de contradicciones o vaguedades en el

testimonio debe tender a reforzar el recelo con

que hay que escuchar esta clase de declaraciones.

CR-94-63

crimen,

11

dicha

práctica

“...no

deja

de

ser

un

tanto

inquietante por cuanto implica, en la gran mayoría de los

casos,

que

un

ciudadano

puede

sentenciado

a

prisión

por

ser

un

acusado,

gran

condenado

número

de

y

años,

exclusivamente a base de la declaración, no corroborada en

cuanto a los hechos esenciales de la misma, del agente

encubierto.”

Pueblo

(1983).

ahí,

De

innumerables

v.

la

Sanabria

razón

ocasiones,

Pérez,

para

que

el

113

haber

testimonio

D.P.R.

694

expresado,

en

de

un

agente

encubierto debe ser examinado, o escudriñado, con especial

rigor. Pueblo v. González del Valle, ante.

Este breve preludio nos sirve de base para evaluar uno

de los errores señalados por la defensa: las instrucciones

especiales al jurado. En el caso de autos, concluido el

desfile de prueba, llegó la crucial etapa de instrucciones

al

jurado.

En

ese

momento,

la

defensa,

19

por

escrito ,

solicitó al juez que impartiera una instrucción especial en

cuanto

al

modo

de

evaluar

el

testimonio

de

agentes

encubiertos. El tribunal se negó a brindar la instrucción.20

La pauta general en torno a instrucciones al jurado

impone

que

se

cubran

los

elementos

esenciales

de

las

defensas presentadas por el acusado, así como los aspectos

de derecho que, bajo cualquier teoría razonable, pudieran

estar

presentes

en

las

deliberaciones.

Esto,

aunque

la

Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974);

Pueblo en interés de los menores A.L.R.G. y F.R.G., 132

D.P.R. 990 (1993); Pueblo v. Meléndez Clay y otros, ante.

19

Págs. 275-277 del Legajo núm. 2.

20

Id., pág. 272.

CR-94-63

prueba

12

de

defensa

sea

débil,

inconsistente

o

de

dudosa

credibilidad. Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507,

518 (1992). “Ello es así porque corresponde al jurado y no

al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los

hechos del caso, según aquél aquilate la prueba y determine

los

hechos.”

Pueblo

(1991).

Dicho

desenlace

del

de

v.

González

Colón,

110

otra

manera,

para

asegurar

proceso

adversativo

este

D.P.R.

guiado

815

que

el

por

el

derecho y los hechos, es imprescindible que el jurado, al

aquilatar

la

prueba,

apropiadas.

Sólo

así

cuente

el

con

veredicto

las

instrucciones

será,

cualquiera

que

fuese, uno justo.

No

es

costumbre

que

dictemos

pautas

cuando

de

instrucciones especiales al jurado se trata. Ello obedece a

una

razón

especiales

relativamente

dependen,

casi

sencilla:

las

instrucciones

exclusivamente,

de

los

hechos

particulares del caso en cuestión y/o las defensas que se

presenten en el mismo. Toda vez que estos pueden ser tan

variados

como

especiales

la

experiencia

también

consideraciones

así

humana,

las

serán.

Así

lo

pragmáticas,

es

irreal

instrucciones

pues,

por

establecer

por

adelantado qué instrucción especial procede en cada uno de

los

escenarios.

Esta

determinación

debe

hacerse

caso

a

caso.

Nos compete examinar si en el presente caso, a la luz

de

los

hechos

particulares

del

mismo,

la

instrucción

solicitada era procedente en derecho. Por último, hay que

CR-94-63

13

ponderar si, al omitir la instrucción, se privó al acusado

un

juicio

justo

e

imparcial.

Cf.

Pueblo

v.

Torres

García,

res.

el

de

septiembre

de

1994,

137

D.P.R.

de

19

(1994)21; Pueblo v. Miranda Santiago, ante; Pueblo v. Saenz

Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972). Como puede notarse ambos

aspectos están un tanto entrelazados.

La teoría de defensa, en cuanto a este aspecto, fue

neurálgica. El apelante Acevedo Estrada primero, intentó

establecer un patrón de mendacidad de parte de Collazo.

Durante el contrainterrogatorio, confrontó al testigo con

prueba

específica

mendacidad

eslabón,

del

de

conducta

testigo

Acevedo

tendente

encubierto

presentó

prueba

a

demostrar

Collazo.

de

que

Como

la

la

segundo

versión

de

Collazo, actuando como agente encubierto, era falsa puesto

que a la hora y fecha de los hechos --ya fuese cuando se

acordó la transacción;

se hizo la entrega; o el pago-- las

circunstancias eran diametralmente opuestas a las descritas

por éste. Por último, el acusado presentó prueba tendente a

establecer

la

turbia

motivación

del

“agente

encubierto”

para con él.

La instrucción solicitada, en consecuencia, giraba en

torno a un asunto esencial de la teoría principal de la

defensa: la mendacidad del testigo. Somos del criterio que

la

21

instrucción

a

los

efectos

de

que

el

testimonio

de

Debe señalarse que en Torres García, ante, al mencionar

que el apelante no había evaluado las instrucciones por lo

que no podía evaluarse su planteamiento, expresamos que

“[d]ifícilmente podemos caracterizar la prueba como floja,

CR-94-63

14

Collazo debía examinarse con cautela y que el jurado debía

analizar qué aspectos, si alguno, otorgaban confiabilidad

al,

y/o

corroboraban

el,

relato

de

Collazo

era

imprescindible. En fin, somos del criterio que el tribunal

debió

haber

impartido

la

por

Acevedo

Estrada

es

sabido,

hemos

solicitada

instrucción

y

oportunamente

que

erró

al

así

no

resuelto

que

procede

la

hacerlo.

Como

revocación de una convicción, si el error al omitir, o

impartir,

la

instrucción

en

controversia

es

de

tal

naturaleza que de no haberse cometido, probablemente, el

resultado

del

juicio

hubiera

sido

distinto

o

cuando

el

error cometido viola derechos fundamentales o sustanciales

del acusado. Pueblo v. Miranda Santiago, ante, citando a

Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730 (1987). Somos

del criterio que este es uno de esos casos.

Recordemos que la votación del jurado en el presente

caso

estuvo

tan

cerrada

como

es

posible.22

Como

jueces

apelativos, muchas veces somos llamados a “ponernos en el

sitio del jurado” para dilucidar asuntos como este. Huelga

decir que es sumamente difícil tal ejercicio pues el mismo

conlleva cierto grado de especulación: nadie puede afirmar

con

certitud

deliberar,

si

cómo

hubiera

hubiese

reaccionado

contado

con

el

el

jurado,

insumo

de

al

cierta

descarnada, estereotipada, inverosímil o insuficiente.”

Dicho caso dista en demasía del de autos.

22

Como relatáramos antes, el jurado rindió veredicto de

culpabilidad por la escasa mayoría de 9 a 2, con una

abstención, la que se cuenta como un voto para absolver.

CR-94-63

15

prueba o, como en el caso ante nos, si se les hubiese

instruido en cuanto a la forma de evaluar el testimonio de

un agente encubierto. Sin embargo, e independientemente de

la

complejidad

del

ejercicio

al

que

somos

llamados

a

realizar como foro apelativo, no podemos abdicar nuestra

responsabilidad: tenemos que necesariamente determinar la

posible influencia que pudo haber tenido en la mente del

jurado la instrucción solicitada y no ofrecida.

Nótese que la función de un agente encubierto es ganar

la

confianza

del

sospechoso

de

forma

tal

que

éste

se

apreste a realizar transacciones criminosas. Por ello, en

el caso de autos, el juzgador tenía que evaluar, entre

otras cosas, si, a la luz de la prueba presentada, existía

tal

confianza.

Dentro

de

ese

contexto,

jugaba

un

papel

importante la instrucción solicitada por la defensa y que

el foro de instancia erróneamente excluyó. Si, cómo norma,

el testimonio de agentes encubiertos debe ser examinado con

cautela, ¿cómo debe evaluarse el de uno que, amén de lo

anterior, supuestamente, había tenido un problema personal

con el acusado? Debemos recordar que esa fue parte de la

prueba de defensa presentada por Acevedo Estrada.

Los tribunales deben tener especial cuidado cuando de

instrucciones al jurado se trata puesto que trascienden el

ámbito

del

derecho

probatorio

e

inciden

en

garantías

constitucionales de los acusados.23 Dado la naturaleza de la

23

Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

CR-94-63

16

prueba presentada por el Estado, el carácter medular de la

teoría de defensa en cuanto a la instrucción solicitada y

la

cerrada

votación

del

jurado

al

determinar

la

culpabilidad del apelante, entendemos que el resultado del

juicio

pudo

haber

sido

distinto

de

haberse

brindado

la

que

procede

revocar

la

instrucción.

En

resumen,

determinamos

convicción decretada en el presente caso, y devolver el

mismo al tribunal de instancia para la celebración de un

nuevo

juicio

por

razón

del

tribunal

sentenciador

haber

errado al no trasmitir al jurado la instrucción solicitada

a los efectos de que el testimonio del testigo principal de

cargo debía ser examinado por ellos con cautela; ello en

vista de que la prueba presentada por la defensa --tendente

a

demostrar

mendacidad

y

motivos

aviesos

de

parte

del

principal testigo de cargo-- así lo hacía necesario.

III

Esta

determinación

encuentra

apoyo,

además,

en

la

fragilidad de la propia prueba de cargo; hecho que, unido a

la

prueba

de

defensa

presentada,

fortalece

nuestra

prueba

parte

un

determinación. Veamos.

La

evaluación

de

la

por

de

foro

apelativo tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, en casos

de

naturaleza

penal,

éstas

deben

sopesarse

y

analizarse

cuidadosamente de forma tal que no se vulnere el derecho

constitucional

de

un

acusado

a

que

establezca más allá de duda razonable.

su

culpabilidad

se

CR-94-63

Al

17

revisar

cuestiones

de

hecho

en

convicciones

criminales, este Tribunal se ha guiado por un principio

básico en nuestra jurisdicción: la apreciación de la prueba

corresponde

al

foro

sentenciador

y

los

tribunales

apelativos sólo intervendrán con ella cuando exista error

manifiesto,

pasión,

prejuicio

o

parcialidad.

Pueblo

v.

Maisonave, 129 D.P.R. 49, 62-63 (1991).

La norma descansa en el hecho de que los foros de

instancia están en mejor posición para evaluar la prueba

desfilada,

pues

tienen

la

oportunidad

de

observar

y

escuchar a los testigos y, por ello, su apreciación merece

gran respeto y deferencia. Pueblo v. Rosario Reyes, res. el

7 de junio de 1995, 138 D.P.R.

(1995); Pueblo v. Cabán

Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Ríos Álvarez, 112

D.P.R.

92

(1982).

Así

pues,

a

menos

que

existan

los

elementos antes mencionados y/o que la apreciación de la

prueba

se

distancie

de

la

realidad

fáctica

o

ésta

sea

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo

deberá abstenerse de intervenir con la apreciación de la

prueba

hecha

por

el

juzgador

de

los

hechos.

Pueblo

v.

Maisonave, ante; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121

D.P.R. 454 (1988); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R.

817, 826 (1983). En otras palabras, las determinaciones que

hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas

arbitrariamente

criterio

del

ni

foro

tampoco

apelativo,

deben

a

sustituirse

menos

que

de

por

la

el

prueba

CR-94-63

18

admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal

determinación. Pueblo v. Maisonave, ante.

Específicamente, en casos de naturaleza penal, hemos

requerido, para que pueda obtenerse una convicción válida

en

derecho

que

derrote

la

presunción

de

inocencia

que

asiste a todo acusado, que es un requisito sine qua non que

el

Estado

elementos

presente

del

prueba

delito,

su

respecto

conexión

a

cada

uno

de

con

el

acusado

los

y

la

intención o negligencia criminal de éste último. Como es

sabido,

lo

anterior

debe

establecerse

más

allá

de

duda

razonable. Pueblo en interés de F.S.C., 128 D.P.R. 931, 941

(1991); Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287 (1988);

Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986); Pueblo

v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-61 (1985).

La

prueba

satisfactoria,

del

es

Ministerio

decir,

Público

prueba

que

"tiene

produzca

que

ser

certeza

o

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o

en un ánimo no prevenido." Pueblo v. Rodríguez Román, 128

D.P.R. 121, 131 (1991); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R.

429 (1988); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R.

545,

552

(1974).

Así

conciencia

del

juzgador

conocemos

como

duda

pues,

con

la

esa

razonable.

insatisfacción

de

la

prueba

lo

que

Pueblo

produce

v.

Cabán

Torres,

ante, 652; Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 175 (1963).

Por ello, siendo la apreciación de la prueba desfilada

en

un

juicio

derecho,

una

determinar

cuestión

si

se

entrelazada

probó

la

de

hecho

y

de

culpabilidad

de

un

CR-94-63

acusado

19

más

allá

de

duda

razonable

es

revisable

como

cuestión de derecho. Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar,

ante, pág. 472; Pueblo v. Cabán Torres, ante, pág. 653;

Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

Claro

está,

el

marco

de

acción

limitado,

a

nivel

apelativo, con respecto a la apreciación de la prueba, no

implica que el foro recurrido sea inmune al error; tampoco

que, so color de la deferencia y el carácter repetitivo del

tipo

de

planteamiento

que

hoy

enfrentamos,

haremos

caso

omiso a los errores que se hayan cometido en el foro de

instancia. Pueblo v. Pagán Díaz, ante, pág. 621. De hecho,

y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, hemos revocado

sentencias

en

las

cuales

las

determinaciones

de

hecho,

aunque sostenidas por la prueba desfilada, no establecen la

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Pueblo

v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Rivera

Arroyo,

100

D.P.R.

46

(1971);

Pueblo

v.

Díaz

Just,

97

D.P.R. 59 (1969).

Es por ello que no vacilaremos en dejar sin efecto “un

fallo condenatorio cuando un análisis de la prueba que tuvo

ante sí el tribunal sentenciador nos deja serias dudas,

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.”

Pueblo v. González Román, res. el 20 de junio de 1995, 138

D.P.R.

A

(1995). (Subrayado nuestro.)

esos

efectos,

debemos

recordar

las

palabras

emitiera este Tribunal hace más de veinte años:

“Hasta tanto se disponga de un método

infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde

que

CR-94-63

20

está la verdad, su determinación tendrá que ser

una cuestión de conciencia. Ese deber de

conciencia no para en el fallo del tribunal

sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a

tenerla tranquila.

Cuando de aquilatar la prueba se trata es

difícil a veces trazar una línea demarcadora

entre cuestiones de hechos y cuestiones de

derecho. Las pruebas son hechos pero su análisis

pone en movimiento, además de la experiencia del

juzgador, su conocimiento del Derecho para así

llegar

a

una

solución

justa

de

la

controversia.”24

Teniendo todo lo anterior en mente, evaluamos si en el

caso ante nuestra consideración el juzgador de los hechos

pudo haber rendido un veredicto absolutorio, de haber sido

instruido correctamente por el tribunal, por razón de duda

razonable.

Debemos

reconocer

que

los

ciudadanos

que

componen el mismo, al igual que a veces sucede con los

jueces que presiden los juicios por tribunal de derecho,

también pueden cometer un error manifiesto. Por supuesto,

existe una mayor probabilidad de error cuando el jurado ha

recibido

instrucciones

erróneas

o,

como

en

el

caso

de

autos, el juez se niega a impartir una instrucción especial

que

resulta

procedente

en

derecho.

Examinamos

a

la

Rama

Judicial,

en

el

servicio

la

prueba

presentada.

Antes

Collazo

de

se

ingresar

desempeñó

el

testigo

público,

específicamente en la Administración de Corrección. De su

puesto como guardia penal, Collazo fue destituido por haber

incurrido en conducta delictiva en los propios predios de

CR-94-63

21

la institución. Durante el juicio, la defensa, como procede

hacer cuando se pretende impugnar un testigo con prueba

extrínseca ,

25

ofreció

a

aceptar

la

verdad

de

éste

lo

la

oportunidad

aseverado.

de

Sin

negar

o

embargo,

sorpresivamente, Collazo insistió que no fue destituido,

aseveración que no es cierta.26 Por otro lado, tenemos que

el alguacil Collazo, al ingresar a la Rama Judicial omitió,

en

su

solicitud

de

empleo,

deliberadamente

el

antes

mencionado hecho.27

Tiempo después de ingresar a la Rama Judicial, Collazo

acudió a la O.A.T. para “denunciar actos de corrupción”; se

ofreció para investigar el asunto como agente encubierto.

Luego

de

permitírsele

tal

actuación,

Collazo

comenzó

a

recibir, repetimos, ciertos “beneficios marginales”, tales

como un automóvil alquilado, un teléfono celular y un busca

28

personas (beeper).

24

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551551 (1974). (Énfasis suplido.)

25

Regla 47(b) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 47(b).

26

En carta fechada el 28 de enero de 1982, el Administrador

de Corrección, Sr. Charles Jiménez Nettleship, destituyó de

su empleo a Collazo por poseer un revólver en la

Penitenciaría Estatal sin estar debidamente autorizado para

poseerlo o portarlo. Legajo núm. 1 del Apéndice, pág. 28 y

ss.

27

Uno de los testigos de defensa fue el alguacil Domingo

Moyeno Molina. Éste entrevistó a Collazo para otorgarle el

puesto de alguacil. Durante la misma, según el testimonio

no contradicho de este testigo, se le preguntó a Collazo si

había sido destituido anteriormente del servicio público;

éste contestó que no. De paso, Moyeno Molina señaló que,

como Alguacil General, “estaba obligado a rechazar las

solicitudes de aquellos candidatos que hubiesen sido

destituidos previamente del servicio público.” E.N.P. pág.

116.

28

E.N.P. págs. 36 y ss.

CR-94-63

22

Iniciada

la

pesquisa

en

el

Centro

Judicial

de

San

Juan, Collazo, alegadamente, “obtuvo” prueba incriminatoria

que involucraba a abogados, fiadores, alguaciles y hasta un

juez en actos delictivos. Luego que circulara información

en

el

sentido

de

que

actuaba

como

agente

encubierto,

Collazo fue trasladado al Centro Judicial de Bayamón. Allí,

a sólo dos semanas de haber sido trasladado, y no obstante

las sospechas e inquisiciones en torno a su traslado por

parte de sus compañeros de trabajo, alegadamente realizó la

compraventa de drogas con el apelante.

Collazo

declaró

que

cuando

informó

al

apelante

que

estaba deprimido y usando sustancias controladas, “que se

metía cualquier cosa”, fue a eso de las diez u once de la

mañana, aunque no estaba muy seguro. La prueba de defensa,

sin

embargo,

estableció

que

el

apelante

Acevedo

Estrada

fungió como alguacil de sala, hasta las once y media de la

29

mañana, en la sala 403.

Por otra parte, la alegada transacción ocurrió en las

instalaciones del tribunal, a plena hora de entrada de los

empleados

y

sólo

a

pasos

de

una

sala

donde

varios

funcionarios se disponían a comenzar sus faenas. En este

cuadro,

supuestamente,

el

apelante

colocó

la

bolsita

de

marihuana en el bolsillo de Collazo mientras expresaba la

frase

“papi

conspicua

de

quién

es

eso”,

mientras

realizaba

acción

de

tocar

los

genitales

de

la

Collazo.

CR-94-63

23

Aparentemente, nadie más observó la supuesta transacción.

De

hecho,

el

Estado

no

pudo

producir

ningún

testigo

adicional que corroborara tan siquiera el haber visto a

Collazo junto al aquí apelante en dicho día.

El pago por la sustancia controlada supuestamente se

llevó a cabo en un escenario todavía más controversial.

Según

Collazo,

aun

cuando

en

ningún

momento

se

había

hablado de dinero o algún tipo de remuneración, él le pagó

la marihuana ($15.00) a Acevedo en el área de la unidad de

confinados

(sótano)

del

mencionado

centro

judicial.

Testificó Collazo que el pago ocurrió a eso de las 3:30

p.m. y que allí no había ni un alma. La defensa estableció,

sin embargo, con copiosa prueba, que era falso lo aseverado

por el testigo. Esto, porque las celdas estaban llenas de

30

confinados a la mencionada hora.

29

Testimonio del Alguacil General Auxiliar, Sr. Angel M.

Bermúdez Agosto, pág. 122 de la E.N.P. Ello, de acuerdo al

registro que se lleva a tales efectos.

30

Para establecer dicho hecho la defensa presentó prueba

testifical y documental. Por ejemplo, el testimonio del

alguacil José Flores, quien, para la fecha de los hechos,

estaba asignado a la Unidad de Confinados, y quien, además

de explicar que por las tardes se llevan al tribunal los

confinados citados para “conferencia”, para que puedan ser

entrevistados por los abogados de la Sociedad para

Asistencia Legal, expresó que la tarde en cuestión había de

diez a quince confinados en las celdas. Además, señaló que

el proceso de entrevistas ese día concluyó de 3:30 a 4:00

de la tarde. Asimismo, la defensa presentó al custodio del

libro de registro del Centro Judicial de Bayamón el cual

reflejaba que, en la tarde del día en que se efectuó el

alegado pago, había once confinados para conferencia y

otros que habían permanecido para vistas que se celebrarían

en la tarde. En específico, señaló el custodio que esa

tarde había aproximadamente treinta confinados en el área.

Véase: E.N.P. págs. 113 y 123.

CR-94-63

24

¿Qué motivación pudo haber tenido Collazo para inducir

al

apelante,

Acevedo

Estrada,

a

que

le

“vendiera”

marihuana? No sólo Acevedo Estrada no era conocido como una

persona que distribuyese sustancias controladas, en o fuera

del tribunal, sino que, durante el juicio, desfiló prueba

incontrovertida en torno a las malas relaciones personales

entre ambos. En específico, se estableció que habían tenido

un serio incidente en relación con un ciudadano que había

sido arrestado ilegalmente debido a una confusión en torno

a la identidad del arrestado.31

Finalmente, debemos destacar que algunos jueces del

Tribunal de Primera Instancia, que evaluaron el testimonio

de

Collazo

“redada

en

otros

judicial”,

casos

relacionados

hicieron

con

diversas

la

llamada

y

serias

manifestaciones y determinaciones judiciales negativas con

respecto a éste. Tres jueces, que intervinieron en casos

donde Collazo fue el testigo principal de cargo, y que

fueron testigos de defensa en este caso, señalaron que éste

había mentido ante ellos.32

31

A esos efectos, el Alguacil Salgado Marrero testificó que

Acevedo y Collazo no se hablaban a raíz del mencionado

incidente; “entre ellos no había ninguna relación”.31 Por

otro lado, el Alguacil Sánchez Laureano ratificó que hubo

un incidente entre Collazo y Acevedo que tornó las

relaciones negativas. Para la fecha en que supuestamente

ocurrieron los hechos, Sánchez Laureano señaló que las

relaciones entre ellos estaban tan deterioradas que Collazo

y Acevedo ni se hablaban. Véase: E.N.P. Págs. 112, 121-122.

32

Hons. José A. Torres Caraballo y José A. Caquías Mendoza.

Este último señaló que se había inhibido de seguir

presidiendo vistas preliminares de otros casos de la misma

redada porque “le resultaba difícil darle crédito a

Collazo” debido a que éste había faltado a la verdad en el

CR-94-63

25

En fin, resulta, cuando menos, un tanto difícil de

aceptar la teoría del Estado en el presente caso. Tenemos,

de

testigo

principal,

a

una

persona

con

historial

de

mendacidad que, incluso, niega en corte abierta un hecho

indiscutiblemente cierto; testigo cuyo testimonio, en casos

relacionados,

ha

sido

rechazado

como

falso

por

experimentados y competentes magistrados. Ese testigo narra

una historia que, aun cuando no imposible, resulta difícil

de creer y aceptar; esto es, que una persona, el apelante,

que

prácticamente

no

tenía

relación

alguna

con

él

--de

hecho, no se hablaban debido a un problema surgido entre

ellos-- y que no era conocido como traficante de sustancias

controladas,

le

“regala”

o

vende

cierta

cantidad

de

marihuana, llevándose a cabo el traspaso de la droga, y el

pago de la misma, en circunstancias que son desmentidas y/o

no son corroboradas por otros funcionarios públicos. Si a

ello le añadimos que era de conocimiento público que ese

testigo era un “agente encubierto”, la historia narrada por

éste causa en nuestras consciencias serias interrogantes.

Cf. Pueblo v. González Román, ante.

En fin, nos enfrentamos a una prueba de cargo, cuando

menos,

frágil

que

se

limita

testimonio vertido

misma redada.

en

ciertas

a

establecer

vistas

los

elementos

preliminares

de

la

Por otro lado, la Hon. Ygrí Rivera de Martínez,

habiendo evaluado el testimonio de Collazo con relación a

este mismo operativo, tildó al mismo de “profesional en el

campo de la intriga, de la manipulación, y de todas esas

cosas que desgraciadamente perduran hoy día en las personas

CR-94-63

26

mínimos del delito imputado. Por otro lado, la prueba de

defensa es una que tiende a demostrar que dicha prueba no

es cierta.

Esto, unido al hecho de que el tribunal de primera

instancia se negó a instruir al jurado en cuanto a la forma

en que debía evaluarse el testimonio del testigo principal

de cargo, nos lleva a concluir que, cuando menos, procede

la celebración de un nuevo juicio.

A tenor con todo lo antes expuesto, procede revocar la

sentencia que condenó al apelante, Pedro Acevedo Estrada,

por infracción al Artículo 401 de la Ley de Sustancias

Controladas,

devolviéndose

el

caso

al

foro

de

instancia

para la celebración de un nuevo juicio en el caso de autos.

que buscan satisfacer sus intereses a costa de lo que sea”.

Apéndice IV, pág. 12.

CR-94-63

27

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

JUEZ ASOCIADO

CR-94-63

28

En el Tribunal supremo de puerto rico

El Pueblo de Puerto Rico

Apelación procedente

del Tribunal Superior,

Sala de Bayamón

Apelado

v.

CR-94-63

Pedro Acevedo Estrada

Infr. Art. 401

Sust. Controladas

Acusado-apelante

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 19 de enero de 2000

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida

por la Sala de Bayamón del antiguo Tribunal Superior

de Puerto Rico; devolviéndose el caso al foro de

instancia para la celebración de un nuevo juicio en el

caso de autos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

señor Andréu García y el Juez Asociado señor Negrón

García inhibidos. La Juez Asociada señora Naveira de

Rodón disiente sin opinión. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo