Tribunal Supremo de Puerto Rico
PUEBLO V. PEDRO ACEVEDO ESTRADA
2000 TSPR 8
Poder Judicial de Puerto Rico
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PUEBLO V. PEDRO ACEVEDO ESTRADA
CR-1994-0063
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Apelado
Apelación
v.
2000 TSPR 8
Pedro Acevedo Estrada
Apelante
Número del Caso: CR-1994-0063
Fecha: 19/01/2000
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Hiram Sánchez Martínez
Abogados de la Parte Apelante: Lcdo. Marcelino Ruiz Corujo
Lcdo. Jesús Morales Cordero
Abogados de la Parte Apelada: Hon. Edda Serrano Blasini,
Subprocuradora General
Lcda. Eunice Amaro Garay
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
En el Tribunal supremo de puerto rico
El Pueblo de Puerto Rico
Apelación procedente
del Tribunal Superior,
Sala de Bayamón
Apelado
v.
CR-94-63
Pedro Acevedo Estrada
Infr. Art. 401
Sust. Controladas
Acusado-apelante
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, 19 de enero de 2000
El presente recurso enmarca uno de varios casos
producto
de
un
operativo
“redada
judicial”.
A
raíz
que
se
conoció
de
ésta,
allá
como
la
para
las
postrimerías del año 1993, se radicaron varios cargos
criminales contra funcionarios de la Rama Judicial,
abogados,
y
ciudadanos.
La
investigación
y
procesamiento de estas personas tuvo como base, de
manera principal, el testimonio de un alguacil que
alegadamente actuó como “agente encubierto”: Fernando
L. Collazo.
La naturaleza de la prueba presentada a nivel de
instancia --testimonio de un alegado agente encubierto
que se limitó a establecer los
CR-94-63
3
elementos
mínimos
del
alegado
delito
cometido--
y
la
negativa del juez que presidió el proceso de instruir a los
señores del jurado sobre la forma y manera en que éstos
debían de evaluar dicho testimonio, nos llevan a revocar la
convicción decretada y a devolver el caso al tribunal de
instancia para la celebración de un nuevo juicio. Veamos.
I
Allá, para mayo de 1993, Fernando L. Collazo acudió a
la
oficina
Oficina
de
Julio
Jurado1,
del
Sr.
la
Administración
de
sita
la
misma
Tribunales.
en
la
Collazo
le
expresó a Jurado que, supuestamente, el Alguacil General de
San
Juan
quería
que
él
investigara
la
conducta
de
un
alguacil adscrito al Centro Judicial de San Juan, conocido
como “Mayito”. Collazo informó al Alguacil Jurado que él
había
aceptado
la
encomienda
de
hacer
el
trabajo
2
investigativo.
La investigación comenzó en el centro de trabajo en el
cual laboraba el tal alguacil “Mayito”: el antes mencionado
Centro
Judicial
de
San
Juan.
Inicialmente,
Collazo
reportaba el “progreso” de la investigación a funcionarios
de
la
O.A.T.
Sin
afloraran
indicios
Negociado
de
Departamento
1
embargo,
de
posible
Investigaciones
de
Justicia
luego
que,
alegadamente,
conducta
delictiva,
el
Especiales
(N.I.E.)
del
asumió
las
riendas
de
la
Es un alguacil investigador de la Administración de
Tribunales. Entre sus funciones se encuentra la dirección
de la Unidad Especial de Alguaciles. E.N.P. pág. 106.
CR-94-63
4
investigación.
Hernández
Marrero
3
investigación.
de
En
ciertos
específico,
el
actuó
agente
como
especial
supervisor
Eric
de
la
Como parte de su encomienda, Collazo gozaba
beneficios
disponibles
agente
para
que,
otros
de
ordinario,
alguaciles:
no
i.e.,
estaban
automóvil,
teléfono celular, y busca personas t/c/c “beeper”, entre
otros.4
En
el
Centro
declaración
del
Judicial
agente
de
San
encubierto
Juan,
según
Collazo,
la
algunos
alguaciles, abogados, fiadores y hasta un juez cometieron,
entre otros, delitos de soborno y oferta de soborno. Una
vez se obtuvo la “prueba” con respecto a dichas personas,
Collazo fue trasladado al Centro Judicial de Bayamón. Ello
obedeció
a
que
era
un
Judicial
de
San
Juan,
secreto
que
a
voces,
Collazo
en
actuaba
el
Centro
como
agente
5
encubierto.
El traslado se materializó el 3 de noviembre de 1993.
Al
iniciar
Bayamón,
labores
Collazo
en
el
mencionado
alegadamente
fue
Centro
Judicial
increpado
por
de
otros
compañeros de trabajo en torno a las motivaciones de su
traslado.6
No
obstante
empleados
del
Centro
2
las
Judicial
sospechas
de
de
los
Bayamón,
tan
propios
sólo
dos
E.N.P. pág. 106.
E.N.P. págs. 6 y 95.
4
E.N.P. págs. 36 y ss.
5
E.N.P. pág. 107.
6
Collazo, al ser indagado en torno a su traslado, explicó
a sus compañeros que el traslado se debía a una supuesta
investigación que había en contra suya por haber realizado
varias transacciones en el Centro Judicial de San Juan con
3
CR-94-63
5
semanas luego del traslado, alegadamente, se concretó la
7
transacción que hoy ocupa nuestra atención.
8
Aun cuando, por la propia admisión de Collazo , el aquí
apelante, Pedro Acevedo Estrada, nunca había sido conocido
como persona dedicada al trasiego de drogas y sin que éste
hiciera acercamiento alguno, el 17 de noviembre de 1993, a
eso de las diez u once de la mañana, Collazo se acercó al
Alguacil
Acevedo
Estrada
indicándole
que
“estaba
desesperado, que se metía cualquier cosa”. Esto pues, según
indicó Collazo al Alguacil Acevedo Estrada, él “estaba en
un estado de depresión, de desesperación, estaba en el uso
de sustancias”.9
Alegadamente, el alguacil Acevedo Estrada
le contestó que “se había encontrado una marihuana en la
sala de investigaciones”, respondiendo Collazo: “tráemela,
que yo me la meto”. No se acordó precio alguno; ni tan
siquiera se habló del tema.10
Así las cosas, al otro día, en pleno Centro Judicial,
a
eso
de
las
8:30
a.m.,
alegadamente
se
concretó
la
transacción. Según el testimonio de Collazo, en esa mañana
los hechos ocurrieron de la siguiente manera: “...cuando
iba entrando por la unidad de citaciones y arrestos,...,
inmediatamente cuando yo fui entrando por la puerta, venía
el
Alguacil
Acevedo
Estrada,
de
frente
hacia
mí
y
de
espalda hacia las personas que se encontraban en el fondo
algunos funcionarios, abogados y ciudadanos. La razón para
ello es que intentaba proteger su seguridad. E.N.P. pág. 7.
7
E.N.P. pág. 7.
8
E.N.P. pág. 35.
9
E.N.P. pág. 7.
CR-94-63
6
de la oficina. Entonces, en ese momento nos encontramos de
frente y entonces siento que me dan... que me tocan los
genitales, y me dice[Acevedo] “papi, de quien es eso”, y al
mismo, tiempo siento que me introducen algo en el bolsillo
de la camisa. ... Y entonces cuando siento eso que miro,
que es un pequeño sobre con cierre de presión, de esos
plástico[s], que contenía algo verde, ¿no?, aparentaba ser
marihuana.”11 Todo esto ocurrió a la hora de entrada de
varios
funcionarios
del
Centro
Judicial
y
donde,
como
cuestión de hecho, había varios empleados que comenzaban
sus
labores
diarias.12
Del
récord
se
desprende
que
el
Ministerio Público no presentó como testigo a ninguno de
los presentes para corroborar algún dato de la versión del
alguacil encubierto.
Conforme el testimonio de Collazo, a eso de las 3:45
de
la
tarde,
luego
de
recorrer
las
calles
de
la
zona
metropolitana durante gran parte del día, Collazo acudió al
área de las celdas de confinados en el Centro Judicial de
Bayamón.
Allí,
mientras
cerraba
las
celdas,
en
un
área
donde, según alega, no había nadie, --y sin que se hubiera
acordado anteriormente precio alguno y sin que tan siquiera
hubieran
acordado
encontrarse
entregó
$15.00
Acevedo
a
marihuana.13
10
E.N.P. pág. 47.
E.N.P. págs. 8-9.
12
E.N.P. págs. 49-50.
13
E.N.P. págs. 9-10.
11
en
dicho
Estrada
como
lugar-pago
Collazo
por
la
CR-94-63
7
Pasadas las 5:00 p.m. del 18 de noviembre, Collazo se
encontró con el agente especial del N.I.E. a cargo de la
pesquisa y entregó el sobre plástico que, presuntamente,
contenía marihuana. Acto seguido, Collazo plasmó los hechos
en una declaración jurada. Cuando el agente del N.I.E.,
Hernández
Marrero,
recibió
la
sustancia
controlada
en
cuestión, éste colocó sus iniciales en el sobre junto a las
de Collazo. Entonces la prueba fue guardada en un armario
hasta que cinco días más tarde, el 23 de noviembre, el
agente
del
N.I.E.
la
llevó
al
Instituto
de
Ciencias
Forenses para el análisis químico correspondiente.14
Allí, la sustancia fue recibida por Raquel Lugo Díaz.
Esta, al recibir el sobre, apuntó el número de referencia,
el número del sobre y dos fechas distintas indicando el día
en que recibió la evidencia: en una ocasión escribió la
15
fecha de recibo del 18 de noviembre y en otras la del 23.
En cuanto al sobre que contenía la prueba, el agente del
N.I.E. señaló que “la persona que recibió la evidencia hizo
unas anotaciones pero que no puede decir categóricamente si
esas anotaciones corresponden a las que observó en corte
abierta en el mencionado documento”.16
En el mes de diciembre de 1993, el N.I.E. llevó a cabo
lo que se conoció como la “redada judicial”. Entre los
arrestados
y/o
implicados
se
encontraban,
abogados,
alguaciles, fiadores y hasta un juez. El entonces alguacil,
14
E.N.P. pág. 96.
E.N.P. págs. 101-102.
16
E.N.P. pág. 99.
15
CR-94-63
8
hoy apelante, Acevedo Estrada fue encausado por el cargo de
posesión,
con
intención
de
distribuir,
sustancias
controladas.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
se
celebró
el
juicio contra el apelante ante el antiguo Tribunal Superior
de
Puerto
Rico,
Sala
descansó,
de
manera
“testigo
estrella”,
de
Arecibo.
principal,
el
La
en
agente
prueba
el
de
cargo
testimonio
encubierto
del
Fernando
L.
Collazo. En esencia, la prueba de cargo fue la que hemos
vertido anteriormente según se desprende de la exposición
estipulada de la prueba.
La
defensa,
por
su
parte,
intentó
establecer,
a
priori, tres puntos: el carácter mendaz del testigo; sus
motivaciones
aviesas
para
con
el
apelante
y
la
buena
reputación de éste. Para ello, presentó varios testigos:
alguaciles,
jueces
y
prueba
documental.
El
jurado,
en
votación de 9 a 2 --uno se abstuvo-- halló culpable al
apelante. Aun cuando el tribunal sentenció al apelante a
cinco
años
apelación
de
prisión,
lo
dejó
por
entender
que
libre
la
bajo
misma
fianza
tenía
en
buenas
probabilidades de éxito. Ello, según el juez que presidió
el proceso, porque este Tribunal Supremo podría entender
que el “veredicto rendido por el jurado en este caso no
representa
el
balance
más
racional
prueba presentada en este caso.”17
17
Legajo núm. 2 del Apéndice, pág. 388.
y
justiciero
de
la
CR-94-63
9
En su escrito de apelación, Acevedo Estrada planteó la
supuesta
comisión
naturaleza,
por
de
catorce
parte
del
errores,
tribunal
de
de
variada
instancia.
Posteriormente, el Procurador General compareció ante esta
Curia solicitando que confirmáramos el dictamen del jurado.
Habiendo examinado detenidamente el voluminoso expediente,
la exposición narrativa de la prueba y los escritos de las
partes, nos encontramos en posición de resolver.
II
Por ser dispositivos del asunto ante nos, procedemos a
discutir los errores duodécimo y decimotercero planteados
por el apelante. Veamos.
Antes de evaluar los hechos del caso, es necesario
hacer un breve preludio. No es nueva la honda preocupación
que ha tenido este Tribunal con respecto a varios tipos de
testimonios. Entre ellos, sólo por mencionar algunos, se
encuentran
los
testimonios
estereotipados;
policíacas
no
corroboradas;
transacciones
confidencias
realizadas
a
plena luz del día y/o a plena vista, y, en general, el
testimonio de agentes encubiertos. Pueblo v. Ruiz Negrón,
113 D.P.R. 17 (1982); Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R.
694,
696,
n.2
(1983);
Pueblo
v.
Rodríguez
Sánchez,
109
D.P.R. 243 (1979).
Recientemente, en Pueblo v. Meléndez Clay y otros, 99
TSPR 94, res. el 16 de junio de 1999, reiteramos la norma
de que, en nuestra jurisdicción, “el uso de declaraciones
CR-94-63
10
estereotipadas por cualquier tipo de testigo, en este caso
agentes del orden público, debe ser objeto de escrutinio
riguroso para evitar que declaraciones falsas o inexactas,
vulneren derechos de ciudadanos inocentes.” Hemos definido
el
testimonio
estereotipado
como
establecer
“...los
elementos
sostener
delito
sin
un
incluir
aquel
mínimos
detalles
que
se
ciñe
necesarios
a
para
imprescindibles
para reforzarlos.” Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R.
443, 480 (1989).18
Por otro lado, y en referencia general a los casos en
que la prueba de cargo consiste, de manera principal, en el
testimonio
de
un
agente
encubierto,
hemos
expresado
en
reiteradas ocasiones que no obstante reconocer la necesidad
de la utilización de estos agentes en la guerra contra el
Hace más de veinticinco años, fijamos los parámetros
esenciales para examinar la credibilidad de un testimonio
estereotipado. Estos son:
18
1. El mismo debe ser escudriñado con especial rigor.
2. Tanto los casos de "la evidencia abandonada" o
"lanzada al suelo" como los casos del "acto ilegal
a plena vista" deben, en ausencia de otras
consideraciones, inducir sospecha de la posible
existencia de testimonio estereotipado.
3. Cuando el testimonio es inherentemente irreal o
improbable debe rechazarse.
4. El
testimonio
estereotipado
puede
perder
su
condición de tal si, yendo más allá de los datos
indispensables para probar los requisitos mínimos
de un delito, se le rodea de las circunstancias en
que
funciona
el
agente,
el
término
de
su
investigación, los resultados obtenidos fuera del
caso en trámites y otros detalles.
5. La presencia de contradicciones o vaguedades en el
testimonio debe tender a reforzar el recelo con
que hay que escuchar esta clase de declaraciones.
CR-94-63
crimen,
11
dicha
práctica
“...no
deja
de
ser
un
tanto
inquietante por cuanto implica, en la gran mayoría de los
casos,
que
un
ciudadano
puede
sentenciado
a
prisión
por
ser
un
acusado,
gran
condenado
número
de
y
años,
exclusivamente a base de la declaración, no corroborada en
cuanto a los hechos esenciales de la misma, del agente
encubierto.”
Pueblo
(1983).
ahí,
De
innumerables
v.
la
Sanabria
razón
ocasiones,
Pérez,
para
que
el
113
haber
testimonio
D.P.R.
694
expresado,
en
de
un
agente
encubierto debe ser examinado, o escudriñado, con especial
rigor. Pueblo v. González del Valle, ante.
Este breve preludio nos sirve de base para evaluar uno
de los errores señalados por la defensa: las instrucciones
especiales al jurado. En el caso de autos, concluido el
desfile de prueba, llegó la crucial etapa de instrucciones
al
jurado.
En
ese
momento,
la
defensa,
19
por
escrito ,
solicitó al juez que impartiera una instrucción especial en
cuanto
al
modo
de
evaluar
el
testimonio
de
agentes
encubiertos. El tribunal se negó a brindar la instrucción.20
La pauta general en torno a instrucciones al jurado
impone
que
se
cubran
los
elementos
esenciales
de
las
defensas presentadas por el acusado, así como los aspectos
de derecho que, bajo cualquier teoría razonable, pudieran
estar
presentes
en
las
deliberaciones.
Esto,
aunque
la
Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974);
Pueblo en interés de los menores A.L.R.G. y F.R.G., 132
D.P.R. 990 (1993); Pueblo v. Meléndez Clay y otros, ante.
19
Págs. 275-277 del Legajo núm. 2.
20
Id., pág. 272.
CR-94-63
prueba
12
de
defensa
sea
débil,
inconsistente
o
de
dudosa
credibilidad. Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507,
518 (1992). “Ello es así porque corresponde al jurado y no
al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los
hechos del caso, según aquél aquilate la prueba y determine
los
hechos.”
Pueblo
(1991).
Dicho
desenlace
del
de
v.
González
Colón,
110
otra
manera,
para
asegurar
proceso
adversativo
este
D.P.R.
guiado
815
que
el
por
el
derecho y los hechos, es imprescindible que el jurado, al
aquilatar
la
prueba,
apropiadas.
Sólo
así
cuente
el
con
veredicto
las
instrucciones
será,
cualquiera
que
fuese, uno justo.
No
es
costumbre
que
dictemos
pautas
cuando
de
instrucciones especiales al jurado se trata. Ello obedece a
una
razón
especiales
relativamente
dependen,
casi
sencilla:
las
instrucciones
exclusivamente,
de
los
hechos
particulares del caso en cuestión y/o las defensas que se
presenten en el mismo. Toda vez que estos pueden ser tan
variados
como
especiales
la
experiencia
también
consideraciones
así
humana,
las
serán.
Así
lo
pragmáticas,
es
irreal
instrucciones
pues,
por
establecer
por
adelantado qué instrucción especial procede en cada uno de
los
escenarios.
Esta
determinación
debe
hacerse
caso
a
caso.
Nos compete examinar si en el presente caso, a la luz
de
los
hechos
particulares
del
mismo,
la
instrucción
solicitada era procedente en derecho. Por último, hay que
CR-94-63
13
ponderar si, al omitir la instrucción, se privó al acusado
un
juicio
justo
e
imparcial.
Cf.
Pueblo
v.
Torres
García,
res.
el
de
septiembre
de
1994,
137
D.P.R.
de
19
(1994)21; Pueblo v. Miranda Santiago, ante; Pueblo v. Saenz
Forteza, 100 D.P.R. 956 (1972). Como puede notarse ambos
aspectos están un tanto entrelazados.
La teoría de defensa, en cuanto a este aspecto, fue
neurálgica. El apelante Acevedo Estrada primero, intentó
establecer un patrón de mendacidad de parte de Collazo.
Durante el contrainterrogatorio, confrontó al testigo con
prueba
específica
mendacidad
eslabón,
del
de
conducta
testigo
Acevedo
tendente
encubierto
presentó
prueba
a
demostrar
Collazo.
de
que
Como
la
la
segundo
versión
de
Collazo, actuando como agente encubierto, era falsa puesto
que a la hora y fecha de los hechos --ya fuese cuando se
acordó la transacción;
se hizo la entrega; o el pago-- las
circunstancias eran diametralmente opuestas a las descritas
por éste. Por último, el acusado presentó prueba tendente a
establecer
la
turbia
motivación
del
“agente
encubierto”
para con él.
La instrucción solicitada, en consecuencia, giraba en
torno a un asunto esencial de la teoría principal de la
defensa: la mendacidad del testigo. Somos del criterio que
la
21
instrucción
a
los
efectos
de
que
el
testimonio
de
Debe señalarse que en Torres García, ante, al mencionar
que el apelante no había evaluado las instrucciones por lo
que no podía evaluarse su planteamiento, expresamos que
“[d]ifícilmente podemos caracterizar la prueba como floja,
CR-94-63
14
Collazo debía examinarse con cautela y que el jurado debía
analizar qué aspectos, si alguno, otorgaban confiabilidad
al,
y/o
corroboraban
el,
relato
de
Collazo
era
imprescindible. En fin, somos del criterio que el tribunal
debió
haber
impartido
la
por
Acevedo
Estrada
es
sabido,
hemos
solicitada
instrucción
y
oportunamente
que
erró
al
así
no
resuelto
que
procede
la
hacerlo.
Como
revocación de una convicción, si el error al omitir, o
impartir,
la
instrucción
en
controversia
es
de
tal
naturaleza que de no haberse cometido, probablemente, el
resultado
del
juicio
hubiera
sido
distinto
o
cuando
el
error cometido viola derechos fundamentales o sustanciales
del acusado. Pueblo v. Miranda Santiago, ante, citando a
Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 D.P.R. 730 (1987). Somos
del criterio que este es uno de esos casos.
Recordemos que la votación del jurado en el presente
caso
estuvo
tan
cerrada
como
es
posible.22
Como
jueces
apelativos, muchas veces somos llamados a “ponernos en el
sitio del jurado” para dilucidar asuntos como este. Huelga
decir que es sumamente difícil tal ejercicio pues el mismo
conlleva cierto grado de especulación: nadie puede afirmar
con
certitud
deliberar,
si
cómo
hubiera
hubiese
reaccionado
contado
con
el
el
jurado,
insumo
de
al
cierta
descarnada, estereotipada, inverosímil o insuficiente.”
Dicho caso dista en demasía del de autos.
22
Como relatáramos antes, el jurado rindió veredicto de
culpabilidad por la escasa mayoría de 9 a 2, con una
abstención, la que se cuenta como un voto para absolver.
CR-94-63
15
prueba o, como en el caso ante nos, si se les hubiese
instruido en cuanto a la forma de evaluar el testimonio de
un agente encubierto. Sin embargo, e independientemente de
la
complejidad
del
ejercicio
al
que
somos
llamados
a
realizar como foro apelativo, no podemos abdicar nuestra
responsabilidad: tenemos que necesariamente determinar la
posible influencia que pudo haber tenido en la mente del
jurado la instrucción solicitada y no ofrecida.
Nótese que la función de un agente encubierto es ganar
la
confianza
del
sospechoso
de
forma
tal
que
éste
se
apreste a realizar transacciones criminosas. Por ello, en
el caso de autos, el juzgador tenía que evaluar, entre
otras cosas, si, a la luz de la prueba presentada, existía
tal
confianza.
Dentro
de
ese
contexto,
jugaba
un
papel
importante la instrucción solicitada por la defensa y que
el foro de instancia erróneamente excluyó. Si, cómo norma,
el testimonio de agentes encubiertos debe ser examinado con
cautela, ¿cómo debe evaluarse el de uno que, amén de lo
anterior, supuestamente, había tenido un problema personal
con el acusado? Debemos recordar que esa fue parte de la
prueba de defensa presentada por Acevedo Estrada.
Los tribunales deben tener especial cuidado cuando de
instrucciones al jurado se trata puesto que trascienden el
ámbito
del
derecho
probatorio
e
inciden
en
garantías
constitucionales de los acusados.23 Dado la naturaleza de la
23
Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
CR-94-63
16
prueba presentada por el Estado, el carácter medular de la
teoría de defensa en cuanto a la instrucción solicitada y
la
cerrada
votación
del
jurado
al
determinar
la
culpabilidad del apelante, entendemos que el resultado del
juicio
pudo
haber
sido
distinto
de
haberse
brindado
la
que
procede
revocar
la
instrucción.
En
resumen,
determinamos
convicción decretada en el presente caso, y devolver el
mismo al tribunal de instancia para la celebración de un
nuevo
juicio
por
razón
del
tribunal
sentenciador
haber
errado al no trasmitir al jurado la instrucción solicitada
a los efectos de que el testimonio del testigo principal de
cargo debía ser examinado por ellos con cautela; ello en
vista de que la prueba presentada por la defensa --tendente
a
demostrar
mendacidad
y
motivos
aviesos
de
parte
del
principal testigo de cargo-- así lo hacía necesario.
III
Esta
determinación
encuentra
apoyo,
además,
en
la
fragilidad de la propia prueba de cargo; hecho que, unido a
la
prueba
de
defensa
presentada,
fortalece
nuestra
prueba
parte
un
determinación. Veamos.
La
evaluación
de
la
por
de
foro
apelativo tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, en casos
de
naturaleza
penal,
éstas
deben
sopesarse
y
analizarse
cuidadosamente de forma tal que no se vulnere el derecho
constitucional
de
un
acusado
a
que
establezca más allá de duda razonable.
su
culpabilidad
se
CR-94-63
Al
17
revisar
cuestiones
de
hecho
en
convicciones
criminales, este Tribunal se ha guiado por un principio
básico en nuestra jurisdicción: la apreciación de la prueba
corresponde
al
foro
sentenciador
y
los
tribunales
apelativos sólo intervendrán con ella cuando exista error
manifiesto,
pasión,
prejuicio
o
parcialidad.
Pueblo
v.
Maisonave, 129 D.P.R. 49, 62-63 (1991).
La norma descansa en el hecho de que los foros de
instancia están en mejor posición para evaluar la prueba
desfilada,
pues
tienen
la
oportunidad
de
observar
y
escuchar a los testigos y, por ello, su apreciación merece
gran respeto y deferencia. Pueblo v. Rosario Reyes, res. el
7 de junio de 1995, 138 D.P.R.
(1995); Pueblo v. Cabán
Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Ríos Álvarez, 112
D.P.R.
92
(1982).
Así
pues,
a
menos
que
existan
los
elementos antes mencionados y/o que la apreciación de la
prueba
se
distancie
de
la
realidad
fáctica
o
ésta
sea
inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo
deberá abstenerse de intervenir con la apreciación de la
prueba
hecha
por
el
juzgador
de
los
hechos.
Pueblo
v.
Maisonave, ante; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121
D.P.R. 454 (1988); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R.
817, 826 (1983). En otras palabras, las determinaciones que
hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas
arbitrariamente
criterio
del
ni
foro
tampoco
apelativo,
deben
a
sustituirse
menos
que
de
por
la
el
prueba
CR-94-63
18
admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal
determinación. Pueblo v. Maisonave, ante.
Específicamente, en casos de naturaleza penal, hemos
requerido, para que pueda obtenerse una convicción válida
en
derecho
que
derrote
la
presunción
de
inocencia
que
asiste a todo acusado, que es un requisito sine qua non que
el
Estado
elementos
presente
del
prueba
delito,
su
respecto
conexión
a
cada
uno
de
con
el
acusado
los
y
la
intención o negligencia criminal de éste último. Como es
sabido,
lo
anterior
debe
establecerse
más
allá
de
duda
razonable. Pueblo en interés de F.S.C., 128 D.P.R. 931, 941
(1991); Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287 (1988);
Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986); Pueblo
v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-61 (1985).
La
prueba
satisfactoria,
del
es
Ministerio
decir,
Público
prueba
que
"tiene
produzca
que
ser
certeza
o
convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o
en un ánimo no prevenido." Pueblo v. Rodríguez Román, 128
D.P.R. 121, 131 (1991); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R.
429 (1988); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R.
545,
552
(1974).
Así
conciencia
del
juzgador
conocemos
como
duda
pues,
con
la
esa
razonable.
insatisfacción
de
la
prueba
lo
que
Pueblo
produce
v.
Cabán
Torres,
ante, 652; Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 175 (1963).
Por ello, siendo la apreciación de la prueba desfilada
en
un
juicio
derecho,
una
determinar
cuestión
si
se
entrelazada
probó
la
de
hecho
y
de
culpabilidad
de
un
CR-94-63
acusado
19
más
allá
de
duda
razonable
es
revisable
como
cuestión de derecho. Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar,
ante, pág. 472; Pueblo v. Cabán Torres, ante, pág. 653;
Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).
Claro
está,
el
marco
de
acción
limitado,
a
nivel
apelativo, con respecto a la apreciación de la prueba, no
implica que el foro recurrido sea inmune al error; tampoco
que, so color de la deferencia y el carácter repetitivo del
tipo
de
planteamiento
que
hoy
enfrentamos,
haremos
caso
omiso a los errores que se hayan cometido en el foro de
instancia. Pueblo v. Pagán Díaz, ante, pág. 621. De hecho,
y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, hemos revocado
sentencias
en
las
cuales
las
determinaciones
de
hecho,
aunque sostenidas por la prueba desfilada, no establecen la
culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Pueblo
v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. Rivera
Arroyo,
100
D.P.R.
46
(1971);
Pueblo
v.
Díaz
Just,
97
D.P.R. 59 (1969).
Es por ello que no vacilaremos en dejar sin efecto “un
fallo condenatorio cuando un análisis de la prueba que tuvo
ante sí el tribunal sentenciador nos deja serias dudas,
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.”
Pueblo v. González Román, res. el 20 de junio de 1995, 138
D.P.R.
A
(1995). (Subrayado nuestro.)
esos
efectos,
debemos
recordar
las
palabras
emitiera este Tribunal hace más de veinte años:
“Hasta tanto se disponga de un método
infalible para averiguar sin lugar a dudas dónde
que
CR-94-63
20
está la verdad, su determinación tendrá que ser
una cuestión de conciencia. Ese deber de
conciencia no para en el fallo del tribunal
sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a
tenerla tranquila.
Cuando de aquilatar la prueba se trata es
difícil a veces trazar una línea demarcadora
entre cuestiones de hechos y cuestiones de
derecho. Las pruebas son hechos pero su análisis
pone en movimiento, además de la experiencia del
juzgador, su conocimiento del Derecho para así
llegar
a
una
solución
justa
de
la
controversia.”24
Teniendo todo lo anterior en mente, evaluamos si en el
caso ante nuestra consideración el juzgador de los hechos
pudo haber rendido un veredicto absolutorio, de haber sido
instruido correctamente por el tribunal, por razón de duda
razonable.
Debemos
reconocer
que
los
ciudadanos
que
componen el mismo, al igual que a veces sucede con los
jueces que presiden los juicios por tribunal de derecho,
también pueden cometer un error manifiesto. Por supuesto,
existe una mayor probabilidad de error cuando el jurado ha
recibido
instrucciones
erróneas
o,
como
en
el
caso
de
autos, el juez se niega a impartir una instrucción especial
que
resulta
procedente
en
derecho.
Examinamos
a
la
Rama
Judicial,
en
el
servicio
la
prueba
presentada.
Antes
Collazo
de
se
ingresar
desempeñó
el
testigo
público,
específicamente en la Administración de Corrección. De su
puesto como guardia penal, Collazo fue destituido por haber
incurrido en conducta delictiva en los propios predios de
CR-94-63
21
la institución. Durante el juicio, la defensa, como procede
hacer cuando se pretende impugnar un testigo con prueba
extrínseca ,
25
ofreció
a
aceptar
la
verdad
de
éste
lo
la
oportunidad
aseverado.
de
Sin
negar
o
embargo,
sorpresivamente, Collazo insistió que no fue destituido,
aseveración que no es cierta.26 Por otro lado, tenemos que
el alguacil Collazo, al ingresar a la Rama Judicial omitió,
en
su
solicitud
de
empleo,
deliberadamente
el
antes
mencionado hecho.27
Tiempo después de ingresar a la Rama Judicial, Collazo
acudió a la O.A.T. para “denunciar actos de corrupción”; se
ofreció para investigar el asunto como agente encubierto.
Luego
de
permitírsele
tal
actuación,
Collazo
comenzó
a
recibir, repetimos, ciertos “beneficios marginales”, tales
como un automóvil alquilado, un teléfono celular y un busca
28
personas (beeper).
24
Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551551 (1974). (Énfasis suplido.)
25
Regla 47(b) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 47(b).
26
En carta fechada el 28 de enero de 1982, el Administrador
de Corrección, Sr. Charles Jiménez Nettleship, destituyó de
su empleo a Collazo por poseer un revólver en la
Penitenciaría Estatal sin estar debidamente autorizado para
poseerlo o portarlo. Legajo núm. 1 del Apéndice, pág. 28 y
ss.
27
Uno de los testigos de defensa fue el alguacil Domingo
Moyeno Molina. Éste entrevistó a Collazo para otorgarle el
puesto de alguacil. Durante la misma, según el testimonio
no contradicho de este testigo, se le preguntó a Collazo si
había sido destituido anteriormente del servicio público;
éste contestó que no. De paso, Moyeno Molina señaló que,
como Alguacil General, “estaba obligado a rechazar las
solicitudes de aquellos candidatos que hubiesen sido
destituidos previamente del servicio público.” E.N.P. pág.
116.
28
E.N.P. págs. 36 y ss.
CR-94-63
22
Iniciada
la
pesquisa
en
el
Centro
Judicial
de
San
Juan, Collazo, alegadamente, “obtuvo” prueba incriminatoria
que involucraba a abogados, fiadores, alguaciles y hasta un
juez en actos delictivos. Luego que circulara información
en
el
sentido
de
que
actuaba
como
agente
encubierto,
Collazo fue trasladado al Centro Judicial de Bayamón. Allí,
a sólo dos semanas de haber sido trasladado, y no obstante
las sospechas e inquisiciones en torno a su traslado por
parte de sus compañeros de trabajo, alegadamente realizó la
compraventa de drogas con el apelante.
Collazo
declaró
que
cuando
informó
al
apelante
que
estaba deprimido y usando sustancias controladas, “que se
metía cualquier cosa”, fue a eso de las diez u once de la
mañana, aunque no estaba muy seguro. La prueba de defensa,
sin
embargo,
estableció
que
el
apelante
Acevedo
Estrada
fungió como alguacil de sala, hasta las once y media de la
29
mañana, en la sala 403.
Por otra parte, la alegada transacción ocurrió en las
instalaciones del tribunal, a plena hora de entrada de los
empleados
y
sólo
a
pasos
de
una
sala
donde
varios
funcionarios se disponían a comenzar sus faenas. En este
cuadro,
supuestamente,
el
apelante
colocó
la
bolsita
de
marihuana en el bolsillo de Collazo mientras expresaba la
frase
“papi
conspicua
de
quién
es
eso”,
mientras
realizaba
acción
de
tocar
los
genitales
de
la
Collazo.
CR-94-63
23
Aparentemente, nadie más observó la supuesta transacción.
De
hecho,
el
Estado
no
pudo
producir
ningún
testigo
adicional que corroborara tan siquiera el haber visto a
Collazo junto al aquí apelante en dicho día.
El pago por la sustancia controlada supuestamente se
llevó a cabo en un escenario todavía más controversial.
Según
Collazo,
aun
cuando
en
ningún
momento
se
había
hablado de dinero o algún tipo de remuneración, él le pagó
la marihuana ($15.00) a Acevedo en el área de la unidad de
confinados
(sótano)
del
mencionado
centro
judicial.
Testificó Collazo que el pago ocurrió a eso de las 3:30
p.m. y que allí no había ni un alma. La defensa estableció,
sin embargo, con copiosa prueba, que era falso lo aseverado
por el testigo. Esto, porque las celdas estaban llenas de
30
confinados a la mencionada hora.
29
Testimonio del Alguacil General Auxiliar, Sr. Angel M.
Bermúdez Agosto, pág. 122 de la E.N.P. Ello, de acuerdo al
registro que se lleva a tales efectos.
30
Para establecer dicho hecho la defensa presentó prueba
testifical y documental. Por ejemplo, el testimonio del
alguacil José Flores, quien, para la fecha de los hechos,
estaba asignado a la Unidad de Confinados, y quien, además
de explicar que por las tardes se llevan al tribunal los
confinados citados para “conferencia”, para que puedan ser
entrevistados por los abogados de la Sociedad para
Asistencia Legal, expresó que la tarde en cuestión había de
diez a quince confinados en las celdas. Además, señaló que
el proceso de entrevistas ese día concluyó de 3:30 a 4:00
de la tarde. Asimismo, la defensa presentó al custodio del
libro de registro del Centro Judicial de Bayamón el cual
reflejaba que, en la tarde del día en que se efectuó el
alegado pago, había once confinados para conferencia y
otros que habían permanecido para vistas que se celebrarían
en la tarde. En específico, señaló el custodio que esa
tarde había aproximadamente treinta confinados en el área.
Véase: E.N.P. págs. 113 y 123.
CR-94-63
24
¿Qué motivación pudo haber tenido Collazo para inducir
al
apelante,
Acevedo
Estrada,
a
que
le
“vendiera”
marihuana? No sólo Acevedo Estrada no era conocido como una
persona que distribuyese sustancias controladas, en o fuera
del tribunal, sino que, durante el juicio, desfiló prueba
incontrovertida en torno a las malas relaciones personales
entre ambos. En específico, se estableció que habían tenido
un serio incidente en relación con un ciudadano que había
sido arrestado ilegalmente debido a una confusión en torno
a la identidad del arrestado.31
Finalmente, debemos destacar que algunos jueces del
Tribunal de Primera Instancia, que evaluaron el testimonio
de
Collazo
“redada
en
otros
judicial”,
casos
relacionados
hicieron
con
diversas
la
llamada
y
serias
manifestaciones y determinaciones judiciales negativas con
respecto a éste. Tres jueces, que intervinieron en casos
donde Collazo fue el testigo principal de cargo, y que
fueron testigos de defensa en este caso, señalaron que éste
había mentido ante ellos.32
31
A esos efectos, el Alguacil Salgado Marrero testificó que
Acevedo y Collazo no se hablaban a raíz del mencionado
incidente; “entre ellos no había ninguna relación”.31 Por
otro lado, el Alguacil Sánchez Laureano ratificó que hubo
un incidente entre Collazo y Acevedo que tornó las
relaciones negativas. Para la fecha en que supuestamente
ocurrieron los hechos, Sánchez Laureano señaló que las
relaciones entre ellos estaban tan deterioradas que Collazo
y Acevedo ni se hablaban. Véase: E.N.P. Págs. 112, 121-122.
32
Hons. José A. Torres Caraballo y José A. Caquías Mendoza.
Este último señaló que se había inhibido de seguir
presidiendo vistas preliminares de otros casos de la misma
redada porque “le resultaba difícil darle crédito a
Collazo” debido a que éste había faltado a la verdad en el
CR-94-63
25
En fin, resulta, cuando menos, un tanto difícil de
aceptar la teoría del Estado en el presente caso. Tenemos,
de
testigo
principal,
a
una
persona
con
historial
de
mendacidad que, incluso, niega en corte abierta un hecho
indiscutiblemente cierto; testigo cuyo testimonio, en casos
relacionados,
ha
sido
rechazado
como
falso
por
experimentados y competentes magistrados. Ese testigo narra
una historia que, aun cuando no imposible, resulta difícil
de creer y aceptar; esto es, que una persona, el apelante,
que
prácticamente
no
tenía
relación
alguna
con
él
--de
hecho, no se hablaban debido a un problema surgido entre
ellos-- y que no era conocido como traficante de sustancias
controladas,
le
“regala”
o
vende
cierta
cantidad
de
marihuana, llevándose a cabo el traspaso de la droga, y el
pago de la misma, en circunstancias que son desmentidas y/o
no son corroboradas por otros funcionarios públicos. Si a
ello le añadimos que era de conocimiento público que ese
testigo era un “agente encubierto”, la historia narrada por
éste causa en nuestras consciencias serias interrogantes.
Cf. Pueblo v. González Román, ante.
En fin, nos enfrentamos a una prueba de cargo, cuando
menos,
frágil
que
se
limita
testimonio vertido
misma redada.
en
ciertas
a
establecer
vistas
los
elementos
preliminares
de
la
Por otro lado, la Hon. Ygrí Rivera de Martínez,
habiendo evaluado el testimonio de Collazo con relación a
este mismo operativo, tildó al mismo de “profesional en el
campo de la intriga, de la manipulación, y de todas esas
cosas que desgraciadamente perduran hoy día en las personas
CR-94-63
26
mínimos del delito imputado. Por otro lado, la prueba de
defensa es una que tiende a demostrar que dicha prueba no
es cierta.
Esto, unido al hecho de que el tribunal de primera
instancia se negó a instruir al jurado en cuanto a la forma
en que debía evaluarse el testimonio del testigo principal
de cargo, nos lleva a concluir que, cuando menos, procede
la celebración de un nuevo juicio.
A tenor con todo lo antes expuesto, procede revocar la
sentencia que condenó al apelante, Pedro Acevedo Estrada,
por infracción al Artículo 401 de la Ley de Sustancias
Controladas,
devolviéndose
el
caso
al
foro
de
instancia
para la celebración de un nuevo juicio en el caso de autos.
que buscan satisfacer sus intereses a costa de lo que sea”.
Apéndice IV, pág. 12.
CR-94-63
27
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
JUEZ ASOCIADO
CR-94-63
28
En el Tribunal supremo de puerto rico
El Pueblo de Puerto Rico
Apelación procedente
del Tribunal Superior,
Sala de Bayamón
Apelado
v.
CR-94-63
Pedro Acevedo Estrada
Infr. Art. 401
Sust. Controladas
Acusado-apelante
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, 19 de enero de 2000
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida
por la Sala de Bayamón del antiguo Tribunal Superior
de Puerto Rico; devolviéndose el caso al foro de
instancia para la celebración de un nuevo juicio en el
caso de autos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor Andréu García y el Juez Asociado señor Negrón
García inhibidos. La Juez Asociada señora Naveira de
Rodón disiente sin opinión. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri no intervino.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo